Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06757-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06757-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06757-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06757-01
Accionante: Jorge Emiro Landazábal Sequeda
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06757-01
Accionante: Jorge Emiro Landazábal Sequeda
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad del acto de
elección. Subtema 2: causal de doble militancia. Subtema 3: defecto fáctico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir la
impugnación interpuesta por el señor Jorge Emiro Landazábal Sequeda en contra de
la sentencia de primera instancia del 7 de febrero de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera de esta corporación.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jorge Emiro Landazábal Sequeda presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación y al acceso
a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la Sección Quinta del
Consejo de Estado con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 14 de
noviembre de 2024 proferida dentro del proceso con radicado núm. 20001-23-33-000-
2023-00301-02.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
2. El señor Alfredo Bohórquez Gallardo postuló su nombre al cargo de alcalde del
municipio de Pueblo Bello (Cesar), en su condición de militante del Partido
Conservador Colombiano, colectividad que suscribió un acuerdo de coalición respecto
de dicho cargo con el partido Cambio Radical. Cada una de estas organizaciones
inscribió una lista propia e independiente para la elección de los concejales.
3. El señor Jorge Emiro Landazábal Sequeda presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral, en la que solicitó la nulidad del formato E-26
ALC del 7 de noviembre de 2023 que declaró la elección del señor Bohórquez Gallardo
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como alcalde del municipio de Pueblo Bello (Cesar), para el periodo constitucional
2024-2027. Argumentó la configuración de la causal de inhabilidad de doble militancia.
4. El asunto correspondió en primera instancia, bajo el radicado núm. 20001-23-33-
000-2023-00301-00, al Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad que declaró la
nulidad del acto acusado en sentencia del 5 de agosto de 20241. La corporación judicial
indicó que, de la valoración conjunta de las pruebas documentales, la publicación en
redes sociales realizada por el señor Bohórquez Gallardo y el interrogatorio rendido
por este en el proceso judicial, había certeza de que el demandado apoyó a la
candidata Adriana Delgado al concejo municipal del partido Cambio Radical, conducta
constitutiva de la causal de inhabilidad de doble militancia.
5. Interpuesto el recurso de apelación, la Sección Quinta del Consejo de Estado
emitió fallo el 14 de noviembre de 20242, en el que revocó la sentencia de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda. El alto tribunal explicó las normas y
la jurisprudencia que regula la materia y, de las pruebas aportadas, encontró
acreditada la inscripción del señor Bohórquez Gallardo como candidato al cargo de
alcalde del municipio de Pueblo Bello (Cesar), por la coalición suscrita entre los
partidos Conservador Colombiano y Cambio Radical, organizaciones que inscribieron
de forma independiente aspirantes al concejo municipal.
6. Además, respecto de la publicación realizada por el señor Bohórquez en sus redes
sociales, en la que calificó a la señora Adriana Delgado como «nuestra candidata» al
concejo, la Sección Quinta citó una sentencia en la que analizó un caso similar al objeto
de estudio y concluyó que la «mera manifestación» efectuada, no permitía concluir la
existencia de un acto inequívoco y expreso de apoyo que conllevara a afirmar al
operador judicial, más allá de toda duda razonable, la configuración de la prohibición
endilgada.
7. Indicó que no era posible afirmar que los registros fotográficos aportados con la
demanda, en los que aparecen ambos aspirantes con terceras personas, formaban
parte de la referida publicación. Agregó que, si bien el demandado reconoció que los
retratos fueron tomados en el evento divulgado en redes sociales, lo cierto era que
únicamente evidenciaban la presencia de un candidato a la alcaldía y una candidata
al concejo en un mismo lugar y fecha, lo cual no demostraba por sí solo la existencia
de un favorecimiento o invitación del primero a votar por la segunda.
8. Destacó que las pruebas documentales de origen fotográfico contenían publicidad
de la candidata al concejo, pero no signos distintivos de la campaña del demandado.
También, que no existió elemento de convicción que permitiera evidenciar que el
evento político haya sido organizado por el señor Bohórquez Gallardo, o que este
hubiera aprobado la edición de las fotos con el logo del partido Cambio Radical.
9. Por último, la Sección Quinta consideró que la colectividad a la que pertenecía la
candidata al concejo hacía parte de la coalición que postuló al señor Bohórquez
Gallardo, de manera que podía comprenderse que al mencionarla como «nuestra
candidata» lo hacía en el entendido de que era la aspirante de una de las
1 Samai, exp. 20001-23-33-000-2023-00301-00, índice 85, certificado núm. F701191011DEB5F8
FFD31C8BE3670347 034D84C05750C4AB DE33567F1981BBF2.
2 Samai, exp. 20001-23-33-000-2023-00301-02, índice 14, certificado núm. FC7067920020D3EB
FB2F4C3148783FA3 942381B0A68F7C4A 9EC5577302935DEC.
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organizaciones que promovieron la aspiración política de este. Por lo expuesto,
concluyó lo siguiente:
133. Lo anterior, no conlleva a concluir que el deber de fidelidad partidista se pierda en
estos casos, pues como se indicó en consideraciones anteriores, aquel nace siempre
que la colectividad de base postule candidatos propios, más allá de la existencia o no de
la coalición. Lo que sucede en esta oportunidad, es que la generalidad de la expresión
del señor Bohórquez Gallardo no tiene la entidad suficiente para encontrar acreditada la
conducta que se reprocha.
134. Finalmente, es de indicar que el video arrimado al proceso tampoco permiten
evidenciar la existencia de un acto claro, inequívoco y expreso de apoyo, en tanto si bien
se identifica en aquel al accionado caminando en una vía pública con un grupo de
personas detrás, nuevamente, ello denota la mera coincidencia de ambos candidatos,
más no, la presunta invitación del demandado a sufragar por la señora Adriana Funkey
Delgado Izquierdo3.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. El señor Jorge Emiro Landazábal Sequeda formuló en el escrito de tutela4, como
consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, a la participación y al acceso a la administración de justicia, las siguientes
pretensiones:
1.- Declarar sin ningún valor ni efecto, la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2024
expedida en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del
proceso de nulidad electoral identificado con el radicado No.
20001233300020230030100, por medio de la cual revocó la sentencia de fecha 5 de
agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar por medio de la cual
se accedió a las súplicas de la demanda.
2.- Ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los quince días
siguientes a la notificación de la decisión de amparo, profiera una nueva sentencia en
segunda instancia en el referido proceso de nulidad electoral que acate las
consideraciones que en aquella se realicen
3.- Prevenir a las autoridades accionadas para que en adelanten ejerzan sus funciones
jurisdiccionales con apego a las garantías del debido proceso legal5.
11. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que en el proceso
ordinario demostró que el señor Bohórquez Gallardo publicó en sus redes sociales, en
su condición de candidato a la alcaldía de Pueblo Bello, que reconocía a Adriana
Delgado como su candidata al concejo, lo que constituyó un claro apoyo y
acompañamiento. Asimismo, que en la reunión política concentró su esfuerzo
publicitario en fotografiarse con la aspirante y terceras personas junto al logo del
partido Cambio Radical. Agregó que el video aportado demostró que el demandado
marchó con esta por las calles del municipio como una manifestación de respaldo.
12. Afirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en un «protuberante» error en la apreciación de las pruebas,
en la aplicación del derecho y al desconocer el precedente judicial sobre la materia.
3 Se transcribe incluso con errores contenidos en la sentencia objeto de tutela.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06757-01, índice 4, certificado núm. 46677249D885D226
A19E28BE2E79AC33 ADB93F420E4FA839 48A1C9541F57F341.
5 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela.
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13. Respecto de lo primero, atinente a un defecto fáctico, explicó que la autoridad
accionada dejó de lado las pruebas documentales, en su conjunto, para acoger
aisladamente la justificación que dio el señor Bohórquez Gallardo en su interrogatorio
respecto de la publicación de redes sociales, con la que pretendió aclarar que dicha
publicación hacía referencia a una reunión política que contó con la presencia de una
candidata del partido Cambio Radical, organización que formaba parte de la coalición.
Sostuvo que la explicación que dio el demandado evidenció claramente que incurrió
en la conducta de doble militancia. En tal sentido, expuso lo siguiente:
En estas condiciones la justificación dada por el demandado y la aceptación que de ella
hace la autoridad accionada, para dejar de valorar el resto del acervo probatorio es
contraevidente y pierde de vista que fue vertida únicamente con el fin de evitar las
consecuencias de su conducta de ofrecer apoyo en que incurrió, habida cuenta de que,
si no existía coalición entre esos dos partidos para elegir concejales, ALFREDO
BOHORQUEZ GALLARDO como candidato a la alcaldía no podía llamar a otros
candidatos distintos a los de su partido, el Conservador, “nuestros candidatos” puesto
que el deber de fidelidad al partido tal como lo reconoce la misma autoridad accionada
nace siempre que la colectividad de base postule candidatos propios, más allá de la
existencia o no de la coalición.
En sentido contrario, quienes sí podían usar la expresión “nuestro candidato a la
alcaldía”, eran los candidatos al concejo municipal, de ambos partidos, el conservador y
cambio radical, por causa de la coalición que éstos suscribieron para elegir alcalde. Por
eso es irrazonable que se diga en la sentencia que no se incurre en la prohibición de
doble militancia por lo que estaba pensando ALFREDO BOHORQUEZ GALLARDO y no
por lo que efectivamente hizo en ayuda, asistencia, respaldo y acompañamiento a la
candidatura de ADRIANA FUNKEY DELGADO IZQUIERDO6.
14. Aseguró que la autoridad accionada dejó de valorar la publicación del 25 de
septiembre de 2023 para interpretarla de forma distinta y justificar que no se configuró
la causal de doble militancia, premisa sin soporte probatorio en el expediente. Adujo
que en el proceso no estaba acreditada la coalición para la elección del alcalde, y que
quedó demostrado que el señor Bohórquez Gallardo formó parte de la campaña de la
candidata al concejo, pues incluso fue a la única aspirante que invitó al evento político
en cuestión y a la que se refirió como «nuestra candidata» en la publicación en redes
sociales.
15. Agregó que la Sección Quinta de esta corporación contrarió su propia
jurisprudencia al evaluar la legalidad del acto enjuiciado, en particular, la sentencia del
17 de octubre de 20247, pues estimó que la manifestación del accionado en redes
sociales fue en época de campaña electoral y solo buscaba poner de presente que el
evento político contó con la presencia de una candidata del partido Cambio Radical,
aunque dicha expresión en otros casos ha sido suficiente para anular el acto de
elección y a pesar de que existían otras pruebas que demostraban que el demandado
se tomó las fotografías exhibiendo la publicidad de la candidata al concejo.
2.3. Trámite Procesal
16. La tutela correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que, a través del despacho ponente, profirió auto el 18 de diciembre de 2024
6 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela.
7 Expediente núm. 52001-23-33-000-2023-00407-01.
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Accionante: Jorge Emiro Landazábal Sequeda
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en el que aceptó el impedimento manifestado por el magistrado Fernando Alexei Pardo
Flórez; admitió la solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, al señor
Alfredo Bohórquez Gallardo, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la
Comisión Escrutadora del municipio de Pueblo Bello; requirió al tribunal de primera
instancia el expediente ordinario; y ordenó las notificaciones de rigor8.
2.4. Intervenciones
17. La Sección Quinta del Consejo de Estado contestó9 que la tutela no contiene
relevancia constitucional. Indicó que la parte accionante expuso su inconformidad con
la valoración probatoria, pero no refirió una situación que conlleve la vulneración de
sus derechos fundamentales. Afirmó que valoró todo el material probatorio del proceso
ordinario y concluyó que no se acreditó que el señor Bohórquez Gallardo incurriera en
la causal endilgada.
18. Reiteró que ha considerado en otras oportunidades que la expresión «nuestro
candidato» individualmente no es suficiente para configurar actos de apoyo a un
candidato de otra colectividad. Explicó que en el caso que finalizó con la sentencia del
17 de octubre de 2024 se presentaron diferencias sustanciales que justificaron la
decisión de declarar la nulidad de la elección. Solicitó que se declaren improcedentes
las pretensiones de amparo o que se niegue la tutela.
19. La Registraduría Nacional del Estado Civil10 y su delegado en el departamento del
Cesar11 expresaron que no tienen competencia para pronunciarse sobre los hechos
objeto de tutela.
20. El señor Alfredo Bohórquez Gallardo aseguró que en el trámite de nulidad electoral
se garantizaron a las partes las oportunidades procesales para presentar recursos
judiciales y ejercer la debida defensa y contradicción. Se opuso a las pretensiones de
amparo y manifestó que la tutela no expuso las razones de la vulneración de derechos
fundamentales sino una subjetiva apreciación de las pruebas y la aplicación del
derecho. Por último, agregó que la sentencia controvertida estuvo debidamente
sustentada12.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia
de primera instancia, el 7 de febrero de 2025, en la que declaró improcedente la
solicitud de amparo al considerar que lo pretendido por el señor Jorge Emiro
Landazábal Sequeda no tiene relevancia constitucional, pues pretendió agotar una
instancia adicional al medio de control de nulidad electoral. Para lo anterior, reiteró los
8 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2024-06757-00, índice 10, certificado E188BBF034F1E94B
E0330B2DD4F20EF8 10C5060340E6E64D 106FFAD4A777267C.
9 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2024-06757-00, índice 17, certificado 7C52A3A9378BFAA7
E39443274AF738FE 025A98B93FF3989C 4190A8AD9AA8EB8A.
10 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2024-06757-00, índice 15, certificado E35F35BE09C9BC18
52CAD55152189379 F5AD592F92D2A4E0 D17FC5A74A16F515.
11 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2024-06757-00, índice 14, certificado E7F25DE196AB003B
1ADABF2EFCC6A209 FF27286700203255 D6590A248BFED000.
12 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2024-06757-00, índice 16, certificado 90032EE3215B36A4
0FCE4C9E74D6F108 C783FA3AD277FB42 A832591AB4929735.
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argumentos de la providencia cuestionada, ya que estimó que las inconformidades del
accionante solo buscaron imponer una tesis del modo como se debió zanjar el litigio13.
2.6. Impugnación
22. El accionante presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia del 7 de
febrero de 202514, para lo cual expuso que la argumentación de la tutela está dirigida
a desvirtuar las conclusiones probatorias a las que llegó la Sección Quinta del Consejo
de Estado que vulneraron sus derechos fundamentales. Además, reiteró los cargos del
escrito de amparo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene competencia
para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 32
del Decreto 2591 de 199115.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
24. La legitimación en la causa por activa del señor Jorge Emiro Landazábal Sequeda
se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante en el proceso de nulidad
electoral que finalizó con la sentencia del 14 de noviembre de 2024 objeto de tutela, y,
por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró fueron vulnerados.
25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, por ser la autoridad que profirió la anterior providencia, la cual,
según afirmó el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
26. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado16 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional17.
27.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
13 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2024-06757-00, índice 25, certificado 29ED61EA26081D53
668A2100C676FF62 6A65C4BA601C9775 A02C177AA580C783.
14 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2024-06757-00, índice 29, certificado 84E0851F28444EFB
274D9E429219CED4 A722B3194CBE7381 3A88319622D2FD81.
15 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
28. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales18 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
29. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución19.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
30. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional20
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia21.
31. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurados los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial en la sentencia del 14 de noviembre de 2024, quedaría acreditada
la causal de doble militancia dentro del proceso ordinario y, en ese escenario, la
decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la
18 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
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demanda compromete y afecta los derechos fundamentales del señor Jorge Emiro
Landazábal Sequeda, para cuyo amparo acudió a esta acción constitucional.
32. Respecto de los cargos de la tutela, el accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad electoral en el que se
profirió la decisión objeto de reproches.
33. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto
de reparos fue proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 14 de
noviembre de 2024, y la demanda de tutela se presentó el 9 de diciembre siguiente,
esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional22 y del Consejo de Estado23 como razonable.
34. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales y estos no exponen una irregularidad procedimental. Finalmente, la
providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.
35. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en
los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
36. La Sala debe decidir si revoca o modifica el fallo de primera instancia del 7 de
febrero de 2025. Para ello, deberá establecer si la Sección Quinta del Consejo de
Estado incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial con la sentencia del 14 de noviembre de 2024, que revocó la
decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda interpuesta en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral.
3.4.1. Generalidades del defecto fáctico
37. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto fáctico
cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, fla-
grante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión»25 objeto de tutela. Además,
puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.
38. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia y da
valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración
por “completo equivocada”»26. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los
funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes
en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el
caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad
22 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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probatoria de oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»27.
39. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración
probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso28.
40. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el análisis del
defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial29, lo que
exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, por qué el juez ordinario incurrió en el
defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas ge-
nerales de competencia»30.
41. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por lo me-
nos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial cuestio-
nada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en cada caso:
El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios.
El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo. Es
el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.
El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o si,
por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras,
sin que exista justificación para ello.
El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas [impertinentes,
inconducentes o ilícitas]31.
3.4.2. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
42. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y rele-
vantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
27 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
29 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
30 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas32.
43. Al respecto, la Corte Constitucional33 ha considerado que el precedente se define
como la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso
determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas jurí-
dicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades judiciales
al momento de emitir un fallo posterior34. Frente a la obligatoriedad del precedente, la
Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino obliga-
torio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del prece-
dente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la
Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de
la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además com-
prende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Consti-
tución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los
órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de segu-
ridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento consti-
tucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio relevante,
pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de la ley y por
otras prescripciones constitucionales.
44. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasifi-
car en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por autori-
dades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario; y ii)
vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autori-
dad encargada de unificar la jurisprudencia35.
45. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «determinar si él mismo
o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación con
casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales fun-
cionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»36.
32 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la
vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en
estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma
manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un
asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio
decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el precedente
horizontal».
33 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
34 Se transcribe incluso con errores de texto.
35 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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46. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la inter-
pretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de que el
cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los de-
rechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al de-
bido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela37.
47. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación38.
48. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este de-
recho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» 39 de ma-
nera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarden las exigencias de la au-
tonomía judicial.
3.5. Caso concreto
49. En el asunto bajo estudio, el señor Jorge Emiro Landazábal Sequeda presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, en la que solicitó la
nulidad de la elección del señor Bohórquez Gallardo como alcalde del municipio de
Pueblo Bello (Cesar), para el periodo constitucional 2024-2027, ya que incurrió en la
causal de doble militancia.
50. El Tribunal Administrativo del Cesar expidió sentencia el 5 de agosto de 2024 en
la que declaró la nulidad del acto acusado. En segunda instancia, la Sección Quinta
del Consejo de Estado emitió fallo el 14 de noviembre siguiente, en el que revocó la
anterior decisión y negó las pretensiones de la demanda.
51. Ahora bien, el señor Jorge Emiro Landazábal Sequeda presentó acción de tutela
en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, pues consideró vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación y al acceso
a la administración de justicia con la sentencia del 14 de noviembre de 2024, puesto
que, afirmó, la autoridad judicial incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
37 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero
exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica
demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial.
Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades
como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
38 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
39
Ibidem.
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52. Frente al primer reproche, en términos generales, el tutelante afirmó que la
autoridad accionada no valoró, en conjunto, las pruebas del proceso ordinario, en la
medida en que, con la captura de pantalla, los registros fotográficos y el video
aportados, demostró que el señor Bohórquez Gallardo incurrió en doble militancia al
brindar apoyo y acompañamiento a una candidata al concejo que no pertenecía al
Partido Conservador Colombiano. Agregó que en la sentencia del 14 de noviembre de
2024 se acogió, de manera aislada, la versión que dio el demandado en el
interrogatorio sobre la publicación que realizó en redes sociales.
53. De lo expuesto, es preciso advertir que los reproches de la tutela, lejos de exponer
la posible configuración del defecto fáctico, realmente buscan insistir en los
argumentos formulados en la demanda ordinaria de nulidad electoral, atinentes a que
el señor Bohórquez Gallardo incurrió en doble militancia pues, en su concepto, brindó
apoyo y acompañamiento a una candidata al concejo del partido Cambio Radical. En
particular, el accionante pretende imponer su interpretación de las pruebas sin
acreditar una valoración irrazonable o arbitraria por parte de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
54. En consecuencia, no resulta procedente que el accionante procure utilizar el
mecanismo constitucional de tutela para presentar inconformidades con lo resuelto en
la sentencia del 14 de noviembre de 2024 e insistir en una solución favorable a sus
intereses, con desconocimiento de los fundamentos que, en ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, sustentaron la decisión que negó las pretensiones de la
demanda electoral.
55. En todo caso, la Subsección no pasa por alto que la Sección Quinta del Consejo
de Estado analizó las pruebas aportadas al proceso ordinario y encontró que el señor
Alfredo Bohórquez Gallardo se inscribió como candidato a la alcaldía del municipio de
Pueblo Bello (Cesar), por la coalición integrada por los partidos Conservador
Colombiano y Cambio Radical. Asimismo, que estas organizaciones políticas
inscribieron de manera independiente listas de aspirantes al concejo municipal, y que
la señora Adriana Delgado participó en la contienda como integrante de la colectividad
distinta a la del demandado.
56. Respecto de la «captura de pantalla» de la publicación en redes sociales y de los
registros fotográficos, el ad quem estableció que ocurrieron luego del cierre de
inscripciones de candidatos y antes de la fecha de elección, y que corresponden a un
mismo evento proselitista. Además, respecto de la primera prueba mencionada,
concluyó lo siguiente:
Se trata de una publicación en las redes sociales del demandado, en la que se observa
la inclusión de dos fotografías completas:
(i) La primera, un paneo general de un evento público, en el que se observa a primer
plano una mesa principal, con dos personas de espaldas. Una vestida de amarillo y
sombrero, así como gorra azul. Se resalta que cuando este elemento de convicción fue
puesto de presente al demandado en el interrogatorio de parte, se reconoció como la
primera de las personas descritas, e identificó a su esposa como la otra63.
(ii) Otra fotografía en la que se observa al demandado (de sombrero) dirigiéndose al
público.
Finalmente, se tiene un registro parcial de lo que sería una tercera fotografía, pero no
se evidencia su contenido completo.
A su vez, el post está acompañado de una leyenda, en la que, entre otras cosas, indicó:
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«Celebramos el día del amor y la amistad con nuestros amigos de coomalpe, nuestra
candidata al concejo Adriana Delgado y nuestro amigo José Mario Barriga. Vamos de
victoria en victoria».
57. En ese orden, la Sección Quinta de esta corporación, contrario a lo que afirmó el
tutelante, no desconoció que el señor Bohórquez Gallardo publicó en sus redes
sociales que la señora Adriana Delgado era «nuestra candidata», pese a que estaba
inscrita en el partido Cambio Radical.
58. Cuestión distinta es que la autoridad judicial considerara que, según su
jurisprudencia, dicha manifestación por sí sola no resultaba suficiente para configurar
el tipo de apoyo que sanciona la norma electoral, de manera que era necesario estudiar
otros elementos de convicción. En este sentido, en la sentencia del 14 de noviembre
de 2024 se explicó lo siguiente:
114. El razonamiento antes expuesto, pone de presente que la mera manifestación
efectuada por el aquí demandado, al referirse a la señora Adriana Delgado Izquierdo
como «nuestra candidata», no permite concluir la existencia de un acto inequívoco y
expreso de apoyo, que conlleve a este operador judicial a señalar, más allá de toda duda
razonable, la configuración de la prohibición endilgada al accionado.
59. De acuerdo con lo anterior, la autoridad accionada realizó un análisis conjunto de
la captura de pantalla de la publicación con los demás elementos probatorios
aportados al proceso ordinario, y encontró que no era posible afirmar que los registros
fotográficos integraron el soporte visual de la manifestación hecha en redes sociales y
que, por lo tanto, hubieran sido replicados en esa oportunidad. Frente al tema, expuso
que:
119. Así las cosas, sólo se tiene prueba de la actividad del demandado en sus redes
sociales, relativa al post del 25 de septiembre del 2023 que obra en el expediente, de la
cual, más allá de la manifestación de «nuestra candidata», no es posible observar a la
presuntamente apoyada, ni a la publicidad que la identifica. Por ello, si bien el
demandado reconoció que las otras fotografías corresponden al evento llevado a cabo
en COOMALPE, lo cierto es que no se tiene certeza que las mismas hagan parte de la
publicación antes mencionada.
60. Además, cabe destacar que la Sección Quinta, al analizar los registros fotográficos
también encontró que, si bien el demandado reconoció que estos fueron tomados en
el evento político que publicó en sus redes sociales, lo cierto era que solo daban cuenta
de la presencia de ambos aspirantes en un lugar y fecha, pero no de la existencia de
un favorecimiento o encauzamiento del electorado en determinado sentido.
61. También se cuestionó en la sentencia objeto de reparos que las fotografías
contenían logo y eslogan de la señora Adriana Delgado y su partido político, pero no
signos distintivos de la campaña del demandado, y que no quedó demostrado que el
señor Bohórquez Gallardo hubiera organizado el mencionado evento o que hubiera
aprobado la edición de las fotos con publicidad del partido Cambio Radical. Por lo
expuesto, la Sección Quinta concluyó:
Por lo dicho, se puede concluir que la expresión «nuestra candidata al concejo»
presentada por el demandado en su publicación del 25 de septiembre del 2023, en
conjunto con las demás fotografías aportadas al proceso, no permiten concluir la
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existencia de un acto de apoyo claro, inequívoco y expreso a favor de la aspiración de
la señora Adriana Funkey Delgado Izquierdo.
62. En cuanto al video aportado con la demanda, la autoridad accionada expuso que
solo permitió observar al demandado caminando en una vía pública con un grupo de
personas, lo que no era suficiente para evidenciar la existencia de un acto claro,
inequívoco y expreso de apoyo por parte del demandado a una candidata
perteneciente a un partido distinto al suyo.
63. Así pues, la Sala observa que no es cierto lo que sostuvo el accionante en el escrito
de tutela, consistente en que la Sección Quinta del Consejo de Estado sustentó su
decisión en la declaración que el señor Bohórquez Gallardo rindió en su interrogatorio
sobre su publicación en redes sociales, pues, al revisar el fallo del 14 de noviembre de
2024, es posible advertir que la decisión de negar las pretensiones de la demanda fue
el resultado del análisis conjunto de las pruebas aportadas al proceso.
64. Cuestión distinta es que, en la sentencia del 14 de noviembre de 2024, se agregara
a las anteriores consideraciones, lo siguiente:
129. Lo transcrito no denota que el demandado haya señalado que apoyó la aspiración
de la señora Adriana Funkey Delgado Izquierdo, toda vez que, contrario a ello, lo que
refiere es que aquella hacía parte de su campaña, de su equipo de trabajo, y que, si
bien la identificó como «nuestra candidata», lo cierto es que ello lo hizo en el entendido
de ser la aspirante «de la coalición».
[…]
132. Por esto, no resulta irrazonable considerar, que la manifestación del accionado,
aunque efectuada en el marco de su campaña electoral como él bien lo reconoció, lo
cierto es que buscaba poner de presente que la reunión contó con la presencia de una
candidata del partido Cambio Radical en un evento político, colectividad que, a su vez,
hizo parte del acuerdo de coalición bajo el cual aquel fue inscrito.
65. De acuerdo con lo anterior, esta Sala considera que la Sección Quinta del Consejo
de Estado, lejos de incurrir en el defecto fáctico, estudió las pruebas aportadas
oportunamente al proceso de nulidad electoral y, de manera razonable y bajo los
parámetros de autonomía e independencia judicial, concluyó que no se probó la causal
de doble militancia.
66. En cuanto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, el
tutelante afirmó que la autoridad accionada se apartó del precedente contenido en la
sentencia del 17 de octubre de 202440. Sobre este punto, la Subsección advierte que
el señor Jorge Emiro Landazábal Sequeda no explicó los hechos y los fundamentos
de derecho de la decisión del fallo que adujo fue desatendido, de manera que
permitiera comprender su pertinencia en el caso bajo estudio.
67.En todo caso, revisada dicha providencia, se observa que en esa oportunidad la
Sección Quinta analizó una demanda interpuesta por la causal de doble militancia, y
que confirmó la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de la elección. Sin
embargo, el acervo probatorio aportado por las partes fue mayor y más contundente
en acreditar la configuración de la conducta prohibida, pues las manifestaciones
40 Expediente núm. 52001-23-33-000-2023-00407-01.
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públicas del demandado fueron directas y claras en brindar apoyo a un candidato
perteneciente a otro partido político.
68. Finalmente, la Sala destaca que la decisión objeto de tutela tuvo sustento en la
sentencia que la misma Sección Quinta emitió el 29 de agosto de 202441, en la que, al
estudiar un caso con similares argumentos fácticos y jurídicos, determinó que
manifestaciones como «nuestra candidata», por sí sola, no resultaban suficientes para
entender configurada la causal de doble militancia.
69. En ese orden, la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, ya que, además de que el
accionante no expuso con claridad los argumentos que justificaban ese reparo, la Sala
encontró que la sentencia del 14 de noviembre de 2024 no se apartó del precedente
sobre la materia y, por el contrario, mantuvo su línea jurisprudencial en relación con
casos similares definidos con anterioridad.
IV. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas, la Sala modificará la sentencia del 7 de febrero de 2025
proferida en primera instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que declaró improcedentes las pretensiones de amparo y, en su lugar,
negará la solicitud de amparo, por las razones expuestas en esta providencia.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 7 de febrero de 2025 que profirió la
Subsección A Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en
esta providencia. En su lugar, quedará así:
PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor Jorge Emiro Landazábal
Sequeda en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones
consignadas en esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
41 Expediente núm. 52001-23-33-000-2023-00358-01.
15
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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
DACJ/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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