Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06766-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06766-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06766-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de marzo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Demandante: CARLOS ORLANDO CARO SÁNCHEZ
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA
POR OCUPACIÓN DE PREDIO. SE CONFIRMA LA
DECISIÓN QUE NEGÓ EL AMPARO.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión del fallo que modificó la decisión de
primera instancia en la que se accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa
por la ocupación permanente de su predio, a su juicio, en la decisión se incurrió en un defecto
fáctico. La Sala confirmará la decisión que negó el amparo, por cuanto no se logró acreditar el
defecto alegado.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 6 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la que se decidió:
“Primero. Negar el amparo invocado por el señor Carlos Orlando Caro Sánchez, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.”. (índice 21 aplicativo
SAMAI, negrillas del original)
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 9 de diciembre de 20241, el señor Carlos Orlando Caro
Sánchez promovió proceso de acción de tutela en contra de la sentencia del 22 de mayo
de 20242 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
el proceso de reparación directa con radicación 15001-23-33-000-2012-00010-01.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El actor presentó una demanda en ejercicio del medio de control judicial de reparación
directa en contra del Consorcio Solarte Solarte SA y el Instituto Nacional de Concesiones,
actualmente, Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de que se les declarara
responsables por los perjuicios ocasionados por la ocupación permanente por obra
pública en el inmueble de su propiedad, ubicado en el municipio de Ventaquemada
(Boyacá), con la construcción de la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso.
2) En la demanda ordinaria expuso que, como consecuencia de las obras, se destruyó
un nacimiento de agua del que se servía el negocio de zanahoria y papa de su propiedad
y, adicionalmente, se obstruyó en su totalidad el acceso a la vía principal del predio, por
lo cual se le impidió continuar con el uso y goce del mismo y con el desarrollo del negocio.
3) Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2016 3 el Tribunal Administrativo de
Boyacá accedió a las pretensiones de la demanda y condenó s olidariamente a las
demandadas a pagar i) en concreto, el valor correspondiente a la franja de terreno
ocupado, avaluada en $22.377.550 y ii) en abstracto, a título de daño emergente, el valor
de la afectación a la infraestructura del negocio de lavado de tubérculos y, a título de lucro
cesante, lo dejado de percibir con el negocio por el término de seis meses.
4) El tribunal sostuvo que, el Consorcio Solarte Solarte, actuando en su propio nombre y
por delegación de la Agencia Nacional de Infraestructura, inició el proceso de enajenación
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Índice 2 del expediente digital en Samai.
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Índice 21 del expediente digital del proceso ordinario en Samai.
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Índice 12 del expediente digital en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
voluntaria del predio “San Martín”, de propiedad del demandante; sin embargo, la última
etapa prevista para la enajenación voluntaria del predio, consistente en la celebración de
un contrato de compraventa elevado a escritura pública no se cumplió, por lo cual no
podía considerarse que existió “mutación del dominio”, en tanto para ello no bastaba con
la entrega material del inmueble que hiciera su propietario, sino que implicaba la
existencia de un acuerdo sobre el precio y la solemnidad mediante la celebración del
contrato de compraventa a través de escritura pública, por ello, expuso que existió una
ocupación permanente de una parte del predio del demandante con ocasión de la
ejecución de una obra pública.
5) Además, afirmó que en el proceso se demostró que, antes de la ejecución de la obra,
el demandante tenía un negocio de lavado de zanahoria y papa en el predio de su
propiedad, lo cual no fue tenido en cuenta por las demandadas durante el proceso de
enajenación voluntaria, pese a que fue informado por parte del actor a la Agencia
Nacional de Infraestructura para que se hiciera la correspondiente compensación de su
negocio.
6) Expuso que el negocio de lavado de zanahoria y papa del demandante se vio afectado
por la obra pública porque destruyó el nacimiento de agua del que se servía y se abrió
una zanja en frente del predio, la cual impide el acceso directo que tenía a la vía nacional.
Añadió que la aseguradora QBE SEGUROS SA, resultaba llamada a responder por la
responsabilidad endilgada a la Agencia Nacional de Infraestructura.
7) La Agencia Nacional de Infraestructura 4, el Consorcio Solarte Solarte 5 y la aseguradora
QBE Seguros S.A 6., apelaron la anterior decisión y en sentencia del 22 de mayo de 2024 7
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la providencia de
4
Sostuvo que de conformidad con el Decreto 4165 de 2001 dicha autoridad no tiene entre sus funciones
la adquisición predial, ni la construcción y adelantamiento de obras de los proyectos, pues el ejecutor directo
es el concesionario.
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Expuso que el tribunal encontró demostrada la existencia del negocio de lavado del demandante con la
Resolución 359 del 25 de mayo de 2007 expedida por Corpochivor, mediante la cual se le otorgó al
demandante permiso de vertimiento de aguas residuales provenientes de las industrias de lavado de
zanahoria y papa ubicadas en el predio San Martín y, con base en la inspección judicial del predio en la
que se encontró la infraestructura del negocio de lavado de zanahoria, tanques de tratamiento de aguas y
una máquina lavadora de zanahoria. Sin embargo, en el interrogatorio de parte, el demandante demostró
no tener conocimiento de “lo que producía el negocio” y tampoco presentó soporte alguno de sus ingresos
y egresos.
6
Solicitó que se le absolviera de la condena impuesta ante la falta de concurrencia de los elementos de
responsabilidad respecto a la ANI, pues la responsabilidad debía ser atribuida exclusivamente al consorcio,
el cual ejecutaba el contrato cuando se presentaron los daños reclamados por el demandante.
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Índice 21 del expediente digital del proceso ordinario en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
primera instancia, en el sentido de declarar responsable a la Agencia Nacional de
Infraestructura por los perjuicios causados y, en consecuencia, i) la condenó a pagar, en
la modalidad de perjuicios materiales por daño emergente, el valor de la franja de terreno
sujeto a ocupación permanente, valorado en $34.346.637, ii) ordenó que la titularidad del
predio “San Martín” en concordancia con el área de ocupación delimitada en inspección
judicial pasaría a nombre del INVÍAS, siendo la sentencia el título traslaticio de dominio y
iii) negó las demás pretensiones de la demanda.
8) El fallador de segunda instancia negó el reconocimiento de los perjuicios por concepto
de daño emergente y lucro cesante por la imposibilidad del demandante de continuar
desarrollando su negocio de lavado de zanahoria, pues, en primer lugar, el tribunal
encontró probada la existencia del negocio de lavado de zanahoria y papa de
conformidad con un informe técnico de Corpochivor; no obstante, de un análisis integral
de las pruebas era posible observar que lo que se evidenció fue que en el predio vecino
al del demandante, existía un lavadero de zanahoria y papa a cargo de “unos señores de
apellido Garay” quienes, con su actividad, “estaban generando escorrentías que
perjudicaban el predio del demandante”.
9) Además, afirmó que, la única prueba que daba cuenta de la actividad invocada por el
demandante fue la Resolución 359 del 25 de mayo de 2007, mediante la cual se otorgó
permiso para vertimientos de las industrias de lavado de zanahoria y papa, no obstante,
la simple expedición de un acto administrativo que confiere permiso de vertimientos no
demostraba eficazmente la existencia del negocio alegado.
10) Adicional a lo anterior, precisó que las Resoluciones 359 de 25 de mayo de 2007 y
69 de 15 de marzo de 2011, por las cuales se otorgó al demandante permiso de
vertimientos y prórroga, no coincidían en la descripción contenida en los insumos técnicos
levantados previo al inicio de la gestión de adquisición predial.
11) En consecuencia, sostuvo que las condenas proferidas en abstracto debían ser
revocadas por ausencia de prueba del perjuicio que las sustentara.
Fundamentos de la vulneración
La parte demandante afirmó que la providencia proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado adolece de un “defecto fáctico”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
A su juicio, la autoridad judicial demandada realizó una valoración parcializada de las
pruebas, porque se desestimaron aquellas que corroboraban la existencia del negocio de
lavado de zanahoria en el predio de su propiedad, a saber:
a) El concepto técnico emitido el 2 de mayo de 2006 realizado por Corporchivor se derivó
de una queja presentada por el demandante “porque los hermanos Sánchez Garay,
quienes también tenían un negocio de zanahoria, estaban generando afectación en el
nacimiento de agua de su predio”8.
b) Las Resoluciones 359 del 27 de mayo de 2007 y 69 del 15 de marzo de 2011 proferidas
por Corpochivor, que le otorgaron permiso de vertimientos para desarrollar la actividad
de industrias de lavado de zanahoria y papa en el predio San Martín.
c) En el registro mercantil de 2011 se evidencia que el lavadero de zanahoria y papa
funcionaba desde el año 2009.
d) La inspección judicial y el dictamen pericial acreditaron la existencia de un lavadero de
zanahoria y que con las obras adelantadas para la construcción de la doble calzada se
afectó el nacimiento de agua y el reservorio, lo cual le impidió seguir desarrollando el
negocio.
e) Las fotografías aportadas con la demanda evidencian que en el desarrollo de la obra
“seguía saliendo el agua, lo que determina la existencia de un nacimiento de agua” 9.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de
defensa y acceso a la administración de justicia, por el defecto fáctico consistente en
la parcializada e indebida valoración probatoria trasgredidos por el Consejo de
Estado, Sección Tercera – Subsección C.
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Índice 2 del expediente digital en Samai.
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Índice 2 del expediente digital en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
SEGUNDO: Se ordene al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C-,
proferir una sentencia de reemplazo, haciendo una correcta valoración probatoria que
avala la existencia de la industria de lavado de zanahoria y papa, en especial,
inspección judicial, el dictamen pericial y los documentos que respaldan la puesta en
funcionamiento de dicho negocio, confirmando la sentencia de primera instancia10.”
(Indice 0002 aplicativo SAMAI – mayúsculas y negrillas del original).
Actuación procesal
Mediante auto del 13 de diciembre de 2024 11 la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación de los magistrados
integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, vinculó
como terceros con interés, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Consorcio Solarte
y Solarte y Q.B.E. Seguros SA, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción; a su vez, requirió al Tribunal Administrativo de
Boyacá para que remitiera copia digital del expediente del medio de control de reparación
directa.
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 6 de febrero de 2025 12 la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, por no haberse configurado el defecto
fáctico alegado, por cuanto la autoridad judicial demandada valoró los documentos
aportados por el demandante, entre ellos, el informe técnico de visita ocular del 2 de mayo
de 2006, practicada por un ingeniero sanitario y ambiental contratista de Corpochivor, en
el que afirmó que “la descarga de los vertimientos líquidos generados por el lavado de
zanahoria ejercido a título de patrocinio Sánchez Garay genera afectación al nacimiento
y reservorio ubicado en el lote de Orlando Caro Sánchez (…) Se recomienda que se
ordene la suspensión inmediata del vertimiento líquido que causa afectación al reservorio
y nacimiento en el predio de Orlando Caro S., producido por el lavadero de zanahoria a
cargo de Virgilio Sánchez Garay y José Patrocinio Sánchez Garay”.
Asimismo, la autoridad judicial demandada sostuvo que las Resoluciones 359 de 27 de
mayo de 2007 y 69 de 15 de marzo de 2011, mediante las cuales Corpochivor le otorgó
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Índice 2 del expediente digital en Samai.
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Índice 5 del expediente digital en Samai.
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Índice 21 del expediente digital en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
al demandante el permiso de vertimientos y prórroga, no eran coincidentes en la
descripción contenida en los insumos técnicos realizados previo al inicio de la gestión de
adquisición predial, aunado a que en dichas resoluciones se aludía a industrias de lavado
de zanahoria y papa ubicadas en los predios San Martín y Villa Rosita, último que no
corresponde con el predio del demandante.
De otro lado, la autoridad demandada afirmó que no existía certeza ni claridad acerca de
la existencia de la industria en el predio San Martín, pues en escrito presentado por el
demandante, este manifestó que el negocio de lavadero de zanahoria se ubicaba en un
predio distinto.
Adicionalmente, en contraste de las Resoluciones 359 de 27 de mayo de 2007 y 69 de
15 de marzo de 2011 con el registro mercantil invocado por el accionante, señaló que, en
este último se registró únicamente una industria denominada “Lavadora de Zanahoria
San Martín”, que empezaba operaciones el 1º de enero de 2009, por lo cual la
autorización de vertimientos de 2007 no podía referirse a la industria que el actor dijo
tener en su predio para el año 2010, o se refería a una explotación distinta.
Impugnación
El demandante insistió en los argumentos de la acción de tutela 13 respecto del análisis
probatorio parcializado y aclaró que no solicitó una nueva valoración probatoria, sino que,
por el contrario, pretende evidenciar que en la sentencia de segunda instancia se realizó
una valoración indebida de las mismas, que desconoció la actividad que desarrollaba y
que contaba con los permisos correspondientes, las demandadas conocían de la
existencia de dicho negocio, al destruirse el nacimiento de agua se afectó su negocio, el
cual durante el tiempo de construcción no pudo desarrollar su actividad con la máquina
lavadora de zanahoria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
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Índice 25 del expediente digital en Samai.
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Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de 22 de mayo de 2024 mediante
la cual se modificó la decisión del 22 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el sentido de negar los perjuicios correspondientes al lucro
cesante y al daño emergente respecto de la afectación del negocio de lavado de papa y
zanahoria.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión que
negó las pretensiones de la acción de tutela con fundamento en lo siguiente:
La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por
la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, en tanto se invocó un defecto fáctico, argumento que no pudo
ser planteado en el curso del proceso ordinario, máxime cuando la providencia que se
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
ataca modificó la decisión de primera instancia que fue relativamente favorable a los
intereses de la parte actora; ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial
disponibles al alcance de las personas afectadas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser
tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que afecte los
derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela y, vi) se cumplió con el requisito
de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia cuestionada 14.
2.2 Caracterización del defecto fáctico
1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico de
acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional ha reconocido
que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.
2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo (i) ignorar
o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya
sea (i) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (ii) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
2.2 El análisis del defecto fáctico en el caso concreto
1) En el presente asunto el demandante alegó la configuración de un defecto fáctico
porque, a su juicio, la autoridad judicial demandada realizó una valoración “ parcializada”
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La sentencia cuestionada se notificó el 26 de junio de 2024 y la demanda de acción de tutela se presentó
el 9 de diciembre de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
de las pruebas aportadas al proceso de reparación directa que, en su concepto,
demostraban la existencia del lavadero de zanahoria y papa en el predio de su propiedad.
2) Para resolver los planteamientos del demandante basta con señalar que en la
sentencia cuestionada la autoridad judicial demandada realizó un análisis integral y
razonable de las pruebas aportadas por las partes en el proceso ordinario, de las cuales
concluyó que no existía elemento de prueba que acreditara que para la época de los
hechos existía un negocio de lavado de zanahoria y de papa en el predio del demandante.
Al respecto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo:
“De lo anterior se desprende que, la contundencia que el Tribunal a quo derivó del informe
técnico de Corpochivor para dar por sentada la prexistencia del negocio de lavado de
zanahoria y papa, pierde consistencia a la luz de un análisis integral de las pruebas,
porque todo parece indicar que lo que allí se estableció fue que en el predio vecino
al del demandante, existía un lavadero de zanahoria y papa a cargo de unos señores
de apellido Garay, quienes, con su actividad, estaban generando escorrentías que
perjudicaban el predio del señor Caro Sánchez. Esto, aunado a que, tal como lo dijo el
Consorcio recurrente, la única prueba documental que pudiera dar cuenta de la actividad
invocada por la parte actora resultó ser la resolución 359 del 25 de mayo de 2007 expedida
por Corpochivor, mediante la cual se otorgó permiso para vertimientos de las industrias
de lavado de zanahoria y papa, no obstante, la simple expedición de un acto administrativo
que confiere un permiso de vertimientos no demuestra eficazmente la existencia del
negocio alegado, en un ámbito en el que, al igual que sucede con el daño, el perjuicio
debe revestirse de certidumbre (…).
En lo que toca a la industria o establecimiento de lavado de Zanahoria San Martín,
representado legalmente por Carlos Orlando Caro Sánchez, registrado bajo No. 433 el 2
de enero de 2007, ante la Tesorería Municipal de Ventaquemada, para iniciar actividades
a partir del 2 de enero de 2009, con inscripción vigente y a paz y salvo para el año gravable
2009, según obra en el documento del 4 de abril de 2011 expedido por la mencionada
Tesorería, allí no se expresa que dicho negocio o establecimiento tuviera por sede
el predio San Martín de propiedad del actor, lo cual explica de alguna manera por
qué razón, cuando con ocasión de la gestión predial adelantada por el
Concesionario Solarte Solarte, se visitó dicho predio, tal industria no fue percibida
por quienes levantaron la ficha predial, el inventario y avalúo, infraestructura o
industria alguna.
Ahora, vistas en contraste las Resoluciones números 359 de mayo 27 de 2007 y 69
del 15 de marzo de 2011, con el registro mercantil aludido, nada dice este sobre la
existencia de dos industrias, pues sólo alude a una, que estando registrada desde
2006, se nominaba “Lavadora de Zanahoria San Martín” y empezaba operaciones
para el 1 de enero de 2009, de modo tal que, la autorización de vertimientos dada en
2007, no podía referirse a la industria que el actor dijo tener plantada en su predio
para el año 2010, o se refería a una explotación distinta, que bien pudo ser llevada a cabo
en los predios de la finca Villa Rosita que funcionaba, según expresó el mismo actor, en
el inmueble de doña Cecilia Mesa, también sometido a intervención (…).15” (negrillas de
la Sala)
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
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Acción de tutela
3) Adicionalmente, la autoridad judicial demandada expuso que en la diligencia de
inspección judicial tampoco pudo demostrarse la existencia del negocio en el predio del
demandante, pues en esta únicamente se hizo una referencia indirecta, en la que se
estableció “No es posible determinar si el ingreso al sector donde se encuentran las
instalaciones de la lavadora de zanahoria se hacía por el ingreso que actualmente
aparece en el canal abierto que fue construido por el demandado como parte de la
intervención de la vía. Este ingreso actualmente visible es parte del lote contiguo al
que es propiedad del demandante y corresponde a parte de propiedad de su
progenitora (…) 16”. (negrillas de la Sala).
4) Igualmente, señaló que las pruebas aportadas con la demanda ordinaria para probar
la existencia del lavadero se desvirtuaron con las pruebas practicadas en el proceso y las
aportadas por las demandadas, se constató con la gestión predial que sirvió para la
opción de compra en Oficio BTS-0531 de 14 de abril de 2010, (la ficha predial, el avalúo,
el contrato de compraventa de mejoras y el acta de entrega y recibo del predio y sus
mejoras) no se hacía referencia a nacimiento de agua alguno, sino a dos reservorios, así
como tampoco se hizo referencia a infraestructura o industria para lavado de zanahoria
y papa.
5) A su vez, afirmó que no existía certeza ni claridad acerca de la existencia de la industria
en el predio San Martín, pues el demandante en memorial dirigido al Consorcio Solarte
Solarte SAS, manifestó que el negocio de lavadero de zanahoria se ubicaba en un predio
distinto, pues afirmó “Quiero aclarar que el reservorio que allí se habla (…), corresponde
a un nacimiento de agua, la misma que bombeo para el funcionamiento del negocio de
lavadora de zanahoria de mi propiedad, ubicado en el lote que tengo en arriendo de
propiedad de la señora Cecilia Mesa”.
6) De conformidad con lo anterior, la Sala coincide con lo expuesto por el fallador de
primera instancia, en tanto se valoraron los elementos de prueba obrantes en el proceso
de reparación directa, de los cuales la autoridad judicial demandada llegó a la conclusión
de que, pese a que en distintos medios de prueba se hizo referencia a la existencia de
un negocio de lavado de zanahoria y de papa, no existió medio de convicción que
acreditara que para la época de los hechos dicho negocio se encontraba en el predio del
demandante.
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Acción de tutela
Por esta razón, la Sala advierte que, fue del análisis integral de las pruebas que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado encontró que ni la industria
de lavado de zanahoria ni la explotación comercial de la misma fue demostrada, por lo
que únicamente se logró demostrar los perjuicios derivados de la ocupación del terreno.
7) Así entonces, tal como se indicó en la sentencia de tutela de primera instancia, la Sala
considera que la autoridad judicial demandada realizó una valoración razonable y
completa de los medios de prueba, en ejercicio de su facultad interpretativa como juez
de la causa, cuestión diferente es que les haya dado un alcance distinto al pretendido por
la parte actora.
8) No es posible que por la vía de tutela el demandante pretenda que se imponga un
criterio diferente al de dicho juez por el simple hecho de estar inconforme, puesto que la
acción de tutela no fue instituida como una herramienta para perseguir que se modifique
la apreciación probatoria realizada por aquel simplemente por encontrarse en
desacuerdo, como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.
9) De acuerdo con lo expuesto, esta Sala concluye que no hay lugar a declarar la
configuración de un defecto fáctico en la providencia atacada, razón por la cual se
confirmará la decisión que negó las pretensiones de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción
de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06766-01
Actor: Carlos Orlando Caro Sánchez
Acción de tutela
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
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