Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2012-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2012-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-33-000-2012-00010-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
22 de mayo de 2024
Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159).
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez.
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otros.
Referencia: Acción de reparación directa.
Tema: Responsabilidad del Estado por ocupación permanente de predios por obra pública.
Subtema 1: Límites de la apelación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Solarte
Solarte, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y la llamada en garantía QBE
Seguros S.A. contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el
veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que accedió parcialmente a
las pretensiones.
I. SÍNTESIS
El señor Carlos Orlando Caro Sánchez, propietario del predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 070-81626, ubicado en la vereda Puente Boyacá del
municipio de Ventaquemada, acusa que la Agencia Nacional de Infraestructura “ANI”,
a través del concesionario Consorcio Solarte Solarte ocupó permanentemente una
faja de terreno de su fundo, en desarrollo de las obras de Rehabilitación, Construcción
y Mejoramiento de la segunda calzada de la vía Briceño-Tunja-Sogamoso ejecutadas
a través del contrato de concesión No. 377 de 2002. Con el fin de que se indemnicen
los daños y perjuicios ocasionados con la ocupación de una faja del predio, el
demandante acude ante esta jurisdicción a través del medio de control de reparación
directa.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Carlos Orlando Caro Sánchez presentó, el nueve (9) de julio de dos mil doce (2012),
demanda de reparación directa 1 contra CSS Constructores S.A., y el Instituto
Nacional de Concesiones (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), para que se
declare administrativamente responsables a las citadas entidades por todos los daños
y perjuicios que le causó la ocupación permanente del predio de su propiedad
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 070-81626, por cuenta de la
realización de las obras públicas de construcción de la doble calzada en la concesión
Briceño-Tunja-Sogamoso, pues se “destruyó un nacimiento de agua” (afectación de
fuente hídrica) y se obstruyó el acceso a la vía principal, acontecimientos que
generaron una afectación para su negocio de “lavadero de zanahoria y de papa”. Todo
lo cual impactó de forma genérica en el compromiso para el uso y goce del predio y
generó una afectación en su subsistencia derivada de la obstaculización de su fuente
económica de ingresos.
1 Demanda introductoria de la litis. Folios 1 a 17 del C. Principal 1°
Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
Puntualmente, por concepto de perjuicios materiales solicitó las siguientes sumas: (i)
por daño emergente $35.639.223 como estimativo del terreno adicional utilizado para
la ejecución de las obras y, $102.350.000 por concepto de la profundidad mayor del
reservorio; y (ii) por lucro cesante derivado de parálisis de la industria de lavado de
zanahoria $413.424.000 y, (iii) por perjuicios morales deprecó el equivalente a 100
SMLMV.
2.2. Trámite procesal relevante de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda2 en proveído del 24 de
septiembre de 2012, debidamente notificado3. La sociedad CSS Constructores S.A4
allegó contestación en la que se opuso a las pretensiones, al considerar que se
mantuvo la accesibilidad al predio en idénticas condiciones a como se encontraba
antes de la intervención. Adujo que en el predio denominado 10F-013 no se desarrolló
“lavado de zanahoria y de papa” y, que la lonja contratada para la identificación de la
afectación a la propiedad citada certificó solo la existencia de “dos reservorios en
tierra” -que no corresponde a un nacimiento de agua-. Propuso como excepciones: (i)
inexistencia de causalidad; (ii) falta de prueba de la responsabilidad de la sociedad
demandada; (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva; (iv) falta de requisitos
sustanciales para la prosperidad de la pretensión; (v) prevalencia del interés general
sobre el particular; y (vi) “la genérica”. En escrito separado5, formuló como excepción
previa la falta de prueba sobre la calidad con la que se citó a la sociedad.
Por su parte, la ANI en la contestación de la demanda6 solicitó vincular al proceso
al Consorcio Solarte Solarte, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y planteó
las siguientes excepciones: (i) responsabilidad de adquisición de predios en cabeza
del concesionario Consorcio Solarte Solarte; (ii) inexistencia de responsabilidad
patrimonial por ausencia de falla en el servicio que desestructura el nexo causal; (iii)
falta de legitimación en la causa por pasiva; (iv) ausencia de material probatorio; (v)
inexistencia de la obligación de reparar un daño presunto; y (vi) las demás que resulten
probadas en el proceso. Esta entidad, en escrito separado, solicitó llamar en
garantía7 a la aseguradora QBE Seguros S.A (en adelante QBE)8 para que, en caso
de declararse su responsabilidad, esta última respondiera en virtud de la póliza de
responsabilidad civil extracontractual número 0007015812869.
Las demás partes guardaron silencio durante término de traslado de la demanda.
El Consorcio Solarte, vinculado en la audiencia inicial del 13 de junio de 201310
contestó la demanda11 con la consideración previa que no procedía su vinculación
al no haberse agotado con sus integrantes la conciliación prejudicial como requisito
de procedibilidad para demandar, aunado a que no constituía una persona jurídica
distinta de sus consorciados. Bajo tales términos, se opuso a las declaraciones y
condenas por falta de prueba de los requisitos que permitieran predicar la
responsabilidad extracontractual y, formuló como excepciones: (i) inexistencia de la
causalidad; (ii) falta de prueba de la responsabilidad; (iii) falta de requisitos
sustanciales para la prosperidad de la pretensión; (iv) prevalencia del interés general
sobre el particular; y (v) la "genérica”.
2 Auto admisorio de la demanda y notificación. Folios 141 a 142 y 155 a 159 del C. Principal 1°
3 Folios 143-144 y 155-159 del C. 1, contentivo de las constancias de notificación electrónica.
4 Contestación de la demandada CSS Constructores S.A. Folios 160 a 170 Ibidem
5 Excepción previa de la demandada CSS Constructores S.A. Folios 215 a 216 Ibidem
6 Contestación de la demandada ANI. Folios 223 a 238 Ibidem
7 Llamamiento en garantía de la ANI. Folios 1 a 4 del C. 3°
8 Esta solicitud fue reiterada por la ANI el 17 de junio de 2013. Folios 386 Cuaderno 2°.
9 Póliza de responsabilidad civil extracontractual emitida por QEB Seguros con el tomador y asegurado la ANI,
folios 5 a 6 Cuaderno 3°.
10 Folios 363-365, del cuaderno 2.
11 Contestación de la demanda de Consorcio Solarte Solarte. Folios 412 a 425, cuaderno principal 2°.
2
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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá dictó auto el 17 de octubre de
201312 en el que ordenó la sustitución en el proceso del integrante del Consorcio
Solarte Solarte Luis Héctor Solarte de conformidad con el registro civil de defunción
número 5603402 allegado, y, posteriormente, en providencias del 30 de enero de
2014, reconoció a Gabriel David, Diego Alejandro y Luis Fernando Solarte Viveros y a
Luis Fernando Solarte Marcillo, como sucesores procesales de Luis Héctor Solarte13
y aceptó el llamamiento en garantía de QBE Seguros poniendo en conocimiento
de la ANI que la fecha de ocurrencia de los hechos (2010-2011) no corresponde con
la vigencia de la póliza aportada, mientras que negó el llamamiento de Seguros del
Estado S.A, al considerar que fue realizado “de manera informal sin cumplir con los
requisitos que exige la ley, y fuera de la oportunidad procesal pertinente”14-15.
El 13 de marzo de 2014 QBE Seguros contestó la demanda y el llamamiento16 en
oposición a la imposición de condena en contra de la ANI, y mencionó que la póliza
garante para momento en que ocurrió el hecho dañoso (desde el 30 de junio de 2010
al 2011), era la número 120100001155 vigente desde el 20 de agosto de 2009 al 07
de octubre de 2011, que continuó amparando los mismos conceptos bajo la póliza
número 000701155413 vigente desde el 07 de octubre de 2011 hasta el 28 de febrero
de 2012. Como excepciones planteó: (i) prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguros; (ii) eximente de responsabilidad del hecho de un tercero; (iii)
inexistencia de la obligación de pago por la asegurada; (iv) inexistencia de obligación
solidaria a cargo de QBE Seguros; (v) indemnidad de la aseguradora; (vi) ausencia de
certeza de la consolidación, cuantificación y exigibilidad de las pretensiones de la
demanda; (vii) ausencia de asunción del lucro cesante y del daño moral en las pólizas
números 120100001155, 0000701155413 y 000701581286; (viii) inexistencia de
exclusiones absolutas y comunes para las pólizas citadas; y (ix) excepciones “del
régimen legal”.
El Tribunal Administrativo de Boyacá citó a las partes para celebrar audiencia inicial,
cuya primera sesión se realizó el 13 de junio de 201317. Mediante auto adiado el 30
de abril de 2014 se citó para su continuación18. Llegadas la fecha y hora señaladas19,
el a quo declaró improbadas las excepciones previas de “Falta de legitimación en la
causa por pasiva” propuesta por la “ANI”20; de “Prescripción de la acción derivada del
contrato de seguro” propuesta por QBE Seguros y, probada la propuesta por CSS
Constructores S.A. “Falta de legitimación en la causa” por no haberse presentado
prueba de la calidad en que se le citó. Seguidamente, se procedió a la fijación del
litigio, que se contrajo a “determinar, si son individual y solidariamente
responsables, administrativa y extracontractualmente, la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI y los miembros del Consorcio Solarte Solarte por los
supuestos perjuicios materiales y morales sufridos por el señor Orlando Caro
Sánchez, en un predio de su propiedad, con ocasión de la ejecución de las obras
12 Auto que ordenó comparecencia de herederos, cónyuge, albacea o curador del 17 de octubre de 2013. Folio
431 Cuaderno principal 2°.
13 Providencia del 30 de enero de 2014 en la que el Tribunal Administrativo de Boyacá aceptó sucesores procesales
y determinó la comparecencia al proceso de los miembros del Consorcio Solarte Solarte. Folios 455 a 456
Cuaderno principal 2°
14 Providencia del 30 de enero de 2014 en la que el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió sobre el llamamiento
en garantía de la ANI. Folios 7 a 9 Cuaderno 3°
15 Visto lo anterior, la ANI allegó memorial el 04 de febrero de 201415 en el que aportó, entre otras, copia de las
pólizas de cubrimiento de responsabilidad civil extracontractual números 120100001155 y 000701155413 cuyo
tomador fue el INCO y con vigencias, respectivamente, del 20 de agosto de 2009 al 01 de febrero de 2011 15; del
01 de febrero de 2011 al 07 de octubre de 201115; del 07 de octubre de 2011 al 19 de diciembre de 201115; y del
20 de diciembre de 2011 al 25 de enero de 201215. Cfr. Memorial de la ANI del 04 de febrero de 2014. Folio 15,
Cuaderno 3, Póliza número 120100001155 suscrita entre QBE Seguros y el INCO. Vigencia del 20 de agosto de
2009 al 01 de febrero de 2011. Folio 17, Cuaderno 3, Póliza número 120100001155 suscrita entre QBE Seguros
y el INCO. Vigencia del 01 de febrero de 2011 al 07 de octubre de 2011. Folio 18, Cuaderno 3. Póliza número
000701155413 suscrita entre QBE Seguros y el INCO. Vigencia del 07 de octubre de 2011 al 19 de diciembre de
2011. Folios 20 a 21, Cuaderno 3°. Póliza número 000701155413 suscrita entre QBE Seguros y el INCO. Vigencia
del 20 de diciembre de 2011 al 25 de enero de 2012. Folio 22, Cuaderno 3.
16 Contestación de la llamada en garantía QBE Seguros. Folios 40 a 56, Cuaderno 3°.
17 Folios 363-365, del cuaderno 2.
18 Auto que citó a audiencia inicial el 22 de mayo de 2014. Folio 464, Cuaderno principal 2°.
19 Audiencia inicial. Folios 477 a 484 vto. de C. principal 2°. CD contentivo de su desarrollo Folio 476 Ibidem
20 La “ANI” interpuso recurso de reposición contra la decisión que declaró impróspera su excepción, y, el ponente
decidió no reponer la decisión denegatoria. Las partes estuvieron conformes con la decisión.
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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
adelantadas para la construcción de la vía Briceño-Tunja-Sogamoso, durante el
año 2010. En el evento de que se profiera condena se tendrá que establecer si
la llamada en garantía QBE debe hacer el pago de indemnización
correspondiente atendiendo a las pólizas que obran en el expediente”. Las partes
hicieron expresa su conformidad, quedando notificadas en estrados.
Advino luego el decreto de pruebas21, en el que, entre otras, se dispuso la práctica de
un dictamen pericial con el objeto establecer los daños causados al predio 070-81626,
valor de los mismos, valor del terreno, valor de los frutos dejados de percibir con
ocasión de la ocupación, estado actual del predio, valor perdido por el demandante en
su negocio de lavadora de zanahoria, condiciones del terreno antes y después de la
ocupación, porcentajes del predio que quedaron a los ocupantes y al actor,
condiciones de entrada al predio y la zanja o vallado lateral abierto, salida de la aguas
residuales de la actividad de lavado de zanahoria antes y después de la construcción
de la doble calzada.
El perito Pablo Guillermo Santamaria Carvajal, el 1º de julio de 2014, hizo entrega de
la experticia2223. CSS Constructores S.A., cuya falta de legitimación en la causa fue
declarada desde de la audiencia inicial, presentó objeción del dictamen por error
grave24; objeción que no será tenida en cuenta como quiera que quien la propuso no
ostenta ya el carácter de parte dentro del proceso, según se definió desde la audiencia
inicial.
Revisado el expediente y, habiéndose constatado que se habían recaudado las
pruebas decretadas, el ponente prescindió de la audiencia de alegaciones y, en
cambio, dio traslado por 10 días a las partes para que alegaran de conclusión,
decisión con la cual las partes estuvieron de acuerdo. De esta prerrogativa hicieron
ejercicio los apoderados de QBE Seguros S.A.25, la parte actora26, la Agencia Nacional
de Infraestructura27 y el Consorcio Solarte Solarte28; quienes, en su orden, reiteraron
los argumentos expuestos en su respuesta al llamamiento en garantía, demanda, y
contestaciones de demanda.
Hallándose el proceso al Despacho para fallo, con el fin de esclarecer los puntos
oscuros o difusos de la contienda, oficiosamente el despacho decretó inspección
judicial al predio matriculado bajo enseña 070-81626 denominado San Martín.29, la
cual se llevó a cabo el día 3 de febrero de 2015.30
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Boyacá dictó sentencia de primera instancia 31 el
veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) en la que declaró imprósperas
las excepciones propuestas por las demandadas y, en su lugar, declaró administrativa
21 El decreto de pruebas tuvo por tales los documentos aportados con la demanda y se decretó el peritaje pedido
por el actor; por la parte demandada “ANI” se tuvo por pruebas los documentos arrimados con la respuesta de
demanda; por los miembros del Consorcio Solarte Solarte, se tuvo por tales, los documentos anexos que se
allegaron con su litis contestatio, se denegó el exhorto a la “ANI” por ellos pedido y se accedió al testimonio del
ingeniero Nelson Bravo Portilla, como al interrogatorio de parte demandante; por QBE Seguros se tuvieron por
pruebas las anejas a su contestación del llamamiento en garantía, se denegó por inutilidad, el interrogatorio de
parte del representante legal del Consorcio Solarte Solarte. Se notificó el decreto suasorio en estrados y las partes
e intervinientes estuvieron conformes
22 El dictamen se hizo acompañar de los siguientes documentos: varias fotografías del predio, plano catastral,
plancha de la finca San Martín, plancha del lote No 2 donde también trabajaba el actor, 1 CD contentivo entre
varios documentos, del EOT del municipio de Ventaquemada, Resoluciones 359 del 25 de mayo de 2007 y 69 del
15 de marzo de 2011, por las que Corpochivor otorga y prorroga licencia de vertimientos al actor, formulario de
matrícula de industria y comercio, Resolución 0658 de 2003, por la que se autoriza la cesión de una licencia
ambiental.
23 Peritaje. Folios 520 a 542 Ibídem
24 Objeción al dictamen por error grave de CSS Constructores S.A. Folios 610 a 617 del C. Principal 3
25 Alegaciones Conclusivas QBE Seguros S.A. Folios 1043 a 1047 Ibidem
26 Alegaciones Conclusivas parte actora. Folios 1048 a 1054 Ibidem
27 Alegaciones Conclusivas “ANI”. Folios 1055 a 1060 Ibidem
28 Alegaciones conclusivas Consorcio Solarte Solarte. Folios 1083 a 1086 Ibidem
29 Decreto oficioso de inspección judicial. Folio 1088 Ibidem
30 Acta de diligencia de Inspección Judicial y CD contentivo de su desarrollo. Folios 1115 a 1117 vto. y 1114 Bis
31 Sentencia de primera instancia. Folios 1048 a 1070 vto. del Cuaderno Principal
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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
y extracontractualmente responsable a la ANI y al Consorcio Solarte Solarte por los
perjuicios infligidos a Carlos Orlando Caro Sánchez, por lo que efectúo las siguientes
condenas:
“TERCERO. Condenar en concreto al CONSORCIO SOLARTE SOLARTE y
solidariamente a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, a pagar, por
perjuicios materiales a título de daño emergente, al señor CARLOS ORLANDO CARO
SANCHEZ, por concepto de valor del terreno de su propiedad, ocupado
permanentemente, la suma de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($22.377.550), por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Condenar en abstracto a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA y al CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, a pagar al señor
CARLOS ORLANDO CARO SANCHEZ, los perjuicios materiales, a título de daño
emergente, el valor de la infraestructura del negocio de lavado de zanahoria, esto es,
los tanques de tratamiento del agua de su propiedad y las instalaciones encontradas
en la inspección judicial, debiéndose liquidar el valor de tales bienes mediante prueba
pericial al interior del incidente de perjuicios que se promueva dentro de los 60 días
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, de acuerdo con los parámetros señalados
en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. Condenar en abstracto a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA y al CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, a pagar al señor
CARLOS ORLANDO CARO SANCHEZ los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante, en cuantía equivalente a lo dejado de percibir en el negocio de lavado
de zanahoria y papa, con ocasión de la ejecución de la obra de la doble calzada BTS,
por el término de seis (6) meses contados a partir del veintitrés (23) de agosto de dos
mil diez (2010). Dicha suma deberá ser actualizada aplicando al efecto el índice de
precios al consumidor, a la fecha de la providencia que resuelva el respectivo incidente.
Lo anterior de acuerdo con el valor que se determine en el incidente de perjuicios que
se promueva dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, de
acuerdo con los parámetros señalados en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO. La Compañía QEB SEGUROS S.A deberá asumir la parte correspondiente a
la condena impuesta a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI de
acuerdo a la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 120100001155 cuya
continuación fue la póliza No. 000701155413, hasta el momento de los amparos y
valores asegurados. (…)”.
Adicionalmente, condenó en costas a la parte demandada, fijó como agencias en
derecho a su cargo la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000)
correspondiente al 2% de las pretensiones por perjuicios materiales, ordenó liquidar
las requeridas por Secretaría y negó las demás pretensiones de la demanda.
Concretó que el daño antijurídico comprendido como una lesión a la propiedad y a la
posesión que el demandante tenía como causa eficiente la ocupación parcial del
inmueble denominado “San Martín” como consecuencia de la ejecución del proyecto
vial para la rehabilitación y construcción de la segunda calzada en la vía Briceño-
Tunja-Sogamoso, suceso por el que el Consorcio Solarte Solarte le ofreció al
demandante la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($35.639.223.64) fraccionada en un valor de TRECE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($13.399.923.64) atinente al terreno y de
VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
PESOS ($22.239.300) por concepto de mejoras 32, no obstante, dicha enajenación
voluntaria, a pesar del pago, no se finalizó con la respectiva tradición consistente en
la celebración de un contrato de compraventa consignado en escritura pública, lo que
32 Frente a las sumas precisó que el valor de las mejoras fue recibido por el demandante conforme él mismo lo
manifestó en petición del 06 de abril de 2011, empero que en lo atinente al terreno la oferta de compra nunca se
materializó y la suma no le ha sido cancelada.
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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
impide considerar que hubo una efectiva mutación del dominio sobre la fracción
predial requerida y, antes bien, se produjo una ocupación de hecho.
Consideró que quedó probada, entre otras, la titularidad del predio ocupado en cabeza
del demandante, aunado a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le
otorgó al INVIAS una licencia ambiental para la construcción de la segunda calzada
de la vía Briceño-Tunja-Sogamoso, derechos que fueron cedidos por el ente
ministerial al Consorcio Solarte Solarte33, y, por su parte, que el señor Caro Sánchez
registró el 04 de abril de 2011 un establecimiento de comercio activo de lavadora de
zanahoria llamado “San Martín” . Además, se constató la existencia de un nacimiento
de agua y un reservorio en el predio del demandante, sumado al trámite que impartió
al proceso de enajenación voluntaria ante el consorcio aludido, y, en general, la
radicación de escritos de petición ante el INCO en manifestación de su inconformismo
con la obra desarrollada. Indicó que no se pronunciaría sobre los daños ambientales
materializados el reservorio de agua por ser ello competencia exclusiva de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Precisó que si bien originalmente el área solicitada por los demandados conforme al
plano topográfico que estos realizaron y la ficha predial número 10F013 que elaboró
Camacol correspondía a 1.127.45 metros cuadrados (en adelante mt.2) de la extensión
total del predio de 3.500 mt.2, lo que le dejaría un remanente al señor Caro Sánchez
de 2.372.55 mt.2, la inspección judicial que se le practicó al predio arrojó como
resultado un área total antes de la ejecución de la obra de 2.218.58 mt.2, con 1.482.30
mt.2 ocupados permanentemente por las demandadas y un área sobrante de 736.28
mt.2. Analizó que, la inspección judicial fijó un área ocupada como derecho de vía fue
de 372.61 mt.2 de los 1.482.30 mt.2 comprendidos por la ocupación permanente, de
modo que si bien las “fajas de retiro o de reserva vial” son de interés público conforme
el artículo 3 de la Ley 1128 de 2008, existe una obligación de indemnizar ante la
inobservancia de adelantar los trámites administrativos tendientes a la adquisición de
las fajas conforme lo regula el artículo 35 de la Ley 105 de 1993.
Encontró probado que entre las partes existió acuerdo y pago por concepto de
mejoras, tal como obra en el contrato de compraventa correspondiente; sin embargo,
en lo que respecta a la faja de terreno ocupada, aunque existió una oferta de compra
y la entrega del predio, el a quo constató suma por este concepto no se le canceló al
demandante, razón por la cual ordenó el pago de lo adeudado en consideración a los
1.127.45 mt.2 referidos como área requerida según la ficha predial, aunado a la porción
de terreno adicional necesaria para completar los 1.482.30 mt.2 que en efecto fue la
porción ocupada.
El Tribunal encontró demostrado que antes de la ejecución de la obra el accionante
tenía un negocio de lavado de zanahoria y papa, cuya existencia se probó con la
Resolución No. 359 del 25 de mayo de 2007 expedida por Corpochivor, mediante la
cual se otorgó permiso al demandante para que vertiera las aguas residuales
provenientes de las industrias de lavado de zanahoria y papa ubicadas en los predios
“San Martín”, la cual fue prorrogada mediante Resolución 69 de 2011 y,
adicionalmente en la inspección judicial se corroboró la existencia de la infraestructura
del negocio. Refirió el a quo que la existencia de este negocio fue soslayada por los
órganos demandados durante el proceso de enajenación voluntaria, a pesar de que
este, en múltiples ocupaciones peticionó con el cometido de que fuera incluido en el
trámite de enajenación voluntaria.
En relación con los perjuicios por la obstaculización del acceso al predio con ocasión
de la construcción de una zanja, el Tribunal advirtió que la Zanja no impedía el acceso
vehicular o peatonal al predio.
Respecto de la objeción por error grave que formuló el Consorcio Solarte Solarte,
señaló que el dictamen pericial carecía de soportes y de una determinación en cuanto
a los métodos empleados para arribar a sus conclusiones, por lo que no habrían de
33 Otorgándole la responsabilidad de la adquisición de los predios requeridos para ejecutar el proyecto vial.
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Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
ser acogidas sus precisiones. También, que en materia de la responsabilidad del
llamado en garantía QEB SEGUROS S.A., su deber era predicable por la existencia
de la póliza número 120100001155 con vigencia del 20 de agosto de 2009 al 07 de
octubre de 2011.
Como al proceso se allegó, mediante Oficio No. 0505 del 22 de mayo de 2014, una
solicitud de embargo y retención de los dineros que llegaren a reconocerse por la
presente reparación directa en favor del señor Carlos Orlando Caro Sánchez
proveniente del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja y dictaminada dentro
del proceso ejecutivo laboral radicado al número 150013105000 34, respecto de dicha
solicitud el Tribunal a quo indicó que al haberse fijado dentro de la reparación directa
una condena en abstracto no era posible garantizar la medida cautelar, por lo que
quedaría con anotación pendiente a la espera del incidente de reconocimiento de
perjuicios.
2.4. Los recursos de apelación
Las demandadas Agencia Nacional de Infraestructura “ANI”35 y el Consorcio Solarte
Solarte36, como la llamada en garantía QBE Seguros S.A.37, en tiempo recurrieron
en apelación en contra de la sentencia adversa.
QBE Seguros S.A, solicitó la revocación íntegra de la sentencia dictada para que, en
su lugar, se le absolviera de la condena impuesta ante la falta de concurrencia de los
elementos de la responsabilidad con respecto a la ANI, lo que argumentó así:
• En el contrato de concesión número 377 de 2002 se pactó una cláusula de
indemnidad de daños y perjuicios en relación con las obligaciones
contractuales contraídas por el concesionario como único ejecutor de la obra,
por lo que, desvirtuada la responsabilidad de la ANI, debe ser atribuida esta
exclusivamente al consorcio, quien deberá asumirla bajo el amparo de su
propio patrimonio, con lo que resulta inoperante acudir a la póliza número
120100001155 y a sus coberturas concretas. El Consorcio Solarte Solarte
ejecutaba el contrato cuando se presentaron los daños que reclamó el
demandante y, en virtud del instrumento de exclusión, asumió como propias las
condenas que llegaren a surgir como consecuencia de la obra, con lo que no
podría predicarse responsabilidad alguna para la ANI.
• Conforme a las condiciones generales y específicas de la póliza aseguradora,
al objeto del seguro y a la cláusula primera de amparo contenida en las
condiciones generales, la finalidad del seguro se materializaba en la figura de
garante frente al asegurado que en este caso fue la ANI, sin que por tanto el
mismo sea extensivo al Consorcio Solarte Solarte o a CSS Constructores como
contratista de la primera. Delimítese el alcance de la responsabilidad de la
aseguradora bajo los lineamientos normativos de los artículos 1056 y 1127 del
Código de Comercio.
• Las modalidades de daño emergente y de lucro cesante no fueron objeto de
aseguramiento en la póliza que nos vinculó al proceso, ni siquiera como
cobertura adicional, por lo que para ello se requería de un acuerdo expreso
entre el asegurador y el asegurado.
• La sentencia no abordó la excepción propuesta denominada “PRESCRIPCIÓN
DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO” que está
probada conforme lo disponen los artículos 1081 y 1131 del Código de
Comercio. Puntualmente al considerar que los hechos por los que se imputó
34 Folio 492, C. 2. La medida cautelar estaba limitada a la suma de sesenta millones de pesos mcte. ($60.000.000).
Mediante auto del 10 de junio de 2014, respecto de la solicitud de medida cautelar, el Tribunal dispuso tenerla en
cuenta en caso de que las pretensiones de la demanda prosperaran. Folio 501 C. 2.
35 Recurso de apelación de la “ANI”. Folios 1081 a 1086 del C. de 2ª instancia
36 Recurso de alzada del Consorcio Solarte Solarte. Folios 1077 a 1080 Ibidem
37 Impugnación del asegurador QBE Seguros S.A. Folios 1073 a 1076 Ibidem
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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
responsabilidad a la ANI tuvieron lugar en junio de 2010, de modo que
transcurrieron más de 2 años entre dicha fecha y el momento en que
efectivamente nos vincularon como aseguradora al proceso, cuestión que solo
ocurrió concretamente el 30 de enero de 2014 por medio del auto que aceptó
el llamamiento en garantía.
• La póliza número 120100001155 contiene otras exclusiones que no fueron
abordadas en la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, contenidas en
la cláusula segunda-exclusiones, motivo por el cual la cobertura frente a la ANI
excluye expresamente el pago de la indemnización ante la ocurrencia de las
situaciones allí determinadas.
El Consorcio Solarte Solarte recabó la revocación de la sentencia de primer grado
con asiento en los siguientes motivos de disenso:
• El Tribunal encontró demostrada la existencia del negocio de lavado de
zanahoria del demandante con “la Resolución No.359 del 25 de mayo de 2007,
expedida por Corpochivor, aportada con la demanda, mediante la que se otorgó
al actor permiso de vertimiento de aguas residuales provenientes de las
industrias de lavado de zanahoria y papa, ubicadas en el predio San Martín;
prorrogada por Resolución No. 69 del 2011; como en inspección judicial del
predio, en la que el día 3 de febrero de 2015 se encontró infraestructura del
negocio de lavado de zanahoria, tanques de tratamiento de aguas y una
máquina lavadora de zanahoria. Sin embargo, extrañamente, en el
interrogatorio de parte, el demandante mostró no tener la más mínima idea de
lo que producía el negocio, dato que tendría presente hasta el más negligente
y descuidado de los empresarios; como no presentó tampoco soporte alguno,
así fuera informal, de sus ingresos y egresos, como de la más leve organización
empresarial.
• La simple expedición del acto administrativo señalado -permiso de
vertimientos-, no evidencia eficazmente la existencia del negocio alegado por
el demandante, pues aquel pudo no haber sido usado, como suele suceder con
las licencias de construcción.
• La presencia de la infraestructura necesaria para la ejecución del negocio, nada
dice frente al indicio desprendido de la declaración del actor, quien como ya se
dijo, expresó no tener idea de la dinámica de su negocio, cosa que habría que
preguntarse al abogado.
• De otro lado, como es sabido, la adquisición del terreno no fue posible dentro
del proceso de enajenación voluntaria previsto en la Ley 388 de 1997, en
cuanto el bien estaba gravado con hipoteca, por lo que el Concesionario sugirió
a la “ANI” adquirir su dominio por expropiación judicial o administrativa.
• Probado quedó en el plenario que la compraventa de las mejoras existentes
sobre el predio, aceptada voluntariamente por el demandante, incluía lo que
existía en el momento de la negociación, por lo que la compraventa de mejoras
no incluyó el negocio, en cuanto el actor no lo tenía, de otro modo no hubiera
consentido en la compraventa. En el mismo sentido, la ficha predial número
10F013 ninguna referencia hizo a dicho negocio, pero ésta no fue valorada por
el a quo.
• Si los componentes de la industria de lavado de papa y zanahoria están en su
poder, como evidenció la inspección judicial, no había lugar al reconocimiento
de su valor por el Tribunal, pues no quedó probado que estuvieran dañados o
deteriorados, configurándose con la venia del fallador de primera instancia un
enriquecimiento sin causa en favor del actor, en abierta oposición al artículo 16
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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
de la Ley 446 de 1998, que establece el principio de equidad en las
indemnizaciones.
• Finalmente, la condena en costas tasada por el Tribunal en el 2% de las
pretensiones por perjuicios materiales, desconoció el artículo 3.1.2 del Acuerdo
1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que impone
contraer las agencias en derecho, hasta el 20% del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.
• Iteró la revocación de la sentencia en sus numerales cuarto, quinto y octavo,
para que, en su lugar, se absuelva a las demandadas de las condenas
impuestas en los numerales primero y segundo, y se ajuste el monto impuesto
por agencias en derecho.
La Agencia Nacional de Infraestructura “ANI” recabó la prosperidad de la
excepción “Falta de legitimación en la causa” y/o denegación de las pretensiones
de la demanda, y soportó su recurso de alzada en los siguientes motivos de
disconformidad:
• Quedó probado que conforme al Decreto 4165 de 2011, la “ANI” no cuenta
entre sus funciones la adquisición predial, construcción y adelantamiento de
obras de los proyectos, pues u ejecutor directo es el Concesionario.
• Conforme al Contrato de Concesión 377 de 2002 -Proyecto Vial Briceño-Tunja-
Sogamoso BTS-, suscrito por el “INVIAS” (el cual subrogó al Instituto Nacional
de Concesiones “INCO” -hoy Agencia Nacional de Infraestructura “ANI”), con
el Consorcio Solarte Solarte (hoy CSS Constructores S.A.), cuyo objeto era
ejecutar por el sistema de concesión los estudios y diseños definitivos, obras
de construcción, rehabilitación y mejoramiento, operación y el mantenimiento
de los trayectos, éste era el encargado de la construcción, mantenimiento y
rehabilitación vial; contando entre sus obligaciones contractuales, la
adquisición de predios, para la ejecución del proyecto Briceño-Tunja-
Sogamoso -Cláusula 21, numeral 21.12.1.-, contratar o elaborar directamente
las fichas prediales definitivas a que hubiere lugar; siendo en consecuencia el
único responsable de las correcta identificación y determinación de las áreas a
adquirir, y, manteniendo indemne al INCO por las reclamaciones judiciales o
acciones de terceros relacionadas con la gestión predial. Así, reposando la
construcción y rehabilitación vial en su cabeza, ejecutada por su cuenta y
riesgo, el a quo se equivocó, habida cuenta que la “ANI” no tuvo injerencia
alguna en la ejecución del proyecto vial, pues no ejecutó, ni mucho menos
ocupó; de modo que la imputación que se le hizo, carece por completo de
fundamento.
• La “ANI” solo tiene deberes de vigilancia y supervisión sobre el Concesionario,
en aspectos como el material, técnico, financiero y jurídico, que escapan al
objeto de este litigio.
• En virtud de la cesión del contrato de concesión No. 377 de 2002, suscrita entre
el Consorcio Solarte Solarte y la sociedad CSS Constructores S.A., es esta
última la ejecutora del contrato, quien asumió las obligaciones, derechos y
deberes, en el estado contractual en que se encontraban, entidad que también
compareció al proceso.
• Atendiendo a la naturaleza particular de estos sujetos, el a quo ha debido estar
a las previsiones del artículo 140 del CPACA, determinando la proporción en
que cada demandado debe responder.
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Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
2.4.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto del 10 de noviembre de
2016, antes de pronunciarse sobre las alzadas, en acatamiento del inciso 4 del artículo
140 del CPACA, señaló fecha y hora para la conciliación previa a la admisión38 -
17-11-2016-, La diligencia de conciliación se declaró fallida39 y se concedieron los
recursos40.
3. Trámite en segunda instancia
3.1. Mediante auto del 9 de agosto de 2017, se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por las demandadas41. Por proveído del 24 de mayo de 2018,
el Magistrado ponente dio traslado a las partes para alegar de conclusión, como al
Ministerio Público para rendir concepto42. Prerrogativa de la que hicieron ejercicio QBE
Seguros S.A.43, el Consorcio Solarte Solarte44 y el Ministerio Público45.
El primero replicó conclusivamente los argumentos expuestos en su recurso de
apelación, trayendo a colación una nueva exclusión prevista en el clausulado
general de la Póliza No.120100001155 por la que se le vinculó al proceso, en
virtud de la cual “La compañía no indemniza los daños o perjuicios causados
directa o indirectamente por y/o como consecuencia de: 3.3. Contratistas o
subcontratistas al servicio del asegurado o vinculados a éste en virtud de
contratos o convenios”, circunstancia que hace que la póliza no tenga cobertura
por haber operado la exclusión descrita y por tanto no se encuentra llamada a
responder por la indemnización de perjuicios reclamada por el señor Carlos
Orlando Caro Sánchez.
El segundo -Consorcio Solarte Solarte-, expuso los mismos argumentos que
sustentaron su apelación, haciendo énfasis en deficiente valoración probatoria
del a quo en lo que atañe al interrogatorio de parte del demandante y a la ficha
predial No. 10F013 en que no aparece actividad económica alguna de lavado
de papas y zanahoria.
El Ministerio Público, luego de recrear los antecedentes del caso, concluyó que
no se probó que el demandante hubiera recibido dinero por el terreno, pues no
se allegó nuevo folio de matrícula que evidenciara la venta a la “ANI”, lo cual
fue admitido por ésta que expresó que sólo pagó las mejoras; en lo que toca al
lucro cesante, el reconocimiento deberá ser revocado, como quiera que no se
acreditó su existencia, desvirtuada por manifestaciones del mismo
demandante, quien no supo ni siquiera de manera aproximada la utilidad o
rentabilidad de su propio negocio, de lo que puede deducirse que no se había
realizado o no se estaba realizando para la época de la oferta de compra; omitió
el a quo hacer la deducción de la condena por daño emergente, impuesta por
el artículo 219 del C.C.A. -deducción por valorización-, en relación con el
asegurador, no operó la prescripción del contrato de seguro alegada -.
38 Auto que señala audiencia de conciliación previa a la admisión del recurso de alzada. Folios 1100 a 1101 vto.
C. de 2ª instancia
39 El 28 de marzo de 2017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, sin que las partes conciliaran y terminó con
concesión del recurso de apelación propuesto por la “ANI” y orden de remisión del expediente al Consejo de
Estado. Cfr. Audiencia de conciliación y concesión de apelación de la “ANI”. Folios 1174 a 1177 del C. de 2ª
instancia, Auto que admite recursos de alzada propuestos por QBE Seguros S.A., Consorcio Solarte Solarte y la
“ANI”. Folio 1185 Ibidem.
40 Inicialmente se había declarado desierto el recurso de la ANI, por razones de extemporaneidad. Frente a la
denegación y declaración de desierto del recurso de alzada, la “ANI” acudió en reposición y en subsidio queja,
bajo argumento según el cual, habiendo sido notificada de la sentencia a su buzón de correo electrónico el día 23
de septiembre de 2016, el término para apelar corrió entre el 26 de septiembre y el 7 de octubre, como lo admite
la providencia objeto de reparo. Coetáneamente y bajo los mismos argumentos se propuso incidente de nulidad;
pedimentos a los que accedió el Tribunal, dejando sin efectos la decisión proferida en audiencia del 17 de
noviembre de 2016, en lo que toca a la declaratoria de desierto del recurso. Cfr. Acta de audiencia de conciliación
y CD que contiene su desarrollo. Concesión del recurso de apelación. Folios 1106 a 1109 vto. y 1105 bis Ibidem,
Recursos de reposición y queja contra decisión que denegó y declaró desierta la apelación de la “ANI”. Folios 1119
a 1120 vto. Ibidem. Acuse de recibo de recursos por el Tribunal a quo. Folio 1128 Ibidem
41 Auto que admite recursos de alzada propuestos por QBE Seguros S.A., Consorcio Solarte Solarte y la “ANI”.
Folio 1185 Ibidem
42 Traslado para alegaciones conclusivas y concepto del Ministerio Público. Folios 1193 y 1193 vto. Ibídem
43 Alegaciones conclusivas de QBE Seguros S.A. Folios 1195 a 1202 Ibidem
44 Alegaciones Consorcio Solarte Solarte. Folios 1204 a 1207 Ibidem
45 Vista pública del Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado. Folios 1208 a 1223 Ibidem
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Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
Se precisa que el doctor Nicolás Yepes Corrales fungió como Procurador Delegado
ante esta Corporación, por lo que en dicha calidad, fue quien presentó el concepto en
el sub examine, motivo por el cual formuló su respectiva manifestación de
impedimento para conocer el asunto de conformidad con lo previsto en el inciso 1° del
artículo 140 y en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP).
El doctor Yepes Corrales se ausentó del recinto para propiciar la deliberación.
Discutida la solicitud, aquella fue aprobada en Sala de Decisión por los demás
miembros de la Subsección, de ahí que el proyecto respectivo fuera discutido y
aprobado por Sala dual.
III. MARCO DE JUZGAMIENTO Y FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS
JURÍDICOS
3.1 Entendido el daño como la afectación, detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o
molestia que se causa a una persona, sus bienes, libertad, honor, afectos o creencias,
que carezca de título jurídico válido y que exceda el conjunto de las cargas que
normalmente debe soportar el individuo en su vida social, quedó probado dentro del
plenario que el Consorcio Solarte Solarte, efectivamente, para el 23 de agosto de
2010, recibió de manos del actor parte del predio de su dominio, denominado para
esos efectos 10F013 y matriculado en la oficina de registro competente bajo enseña
070-81626; como también, que la enajenación voluntaria hubo de suspenderse por
cuanto sobre el predio pretendido por el contratista pesaba gravamen hipotecario y
embargo; circunstancia que impidió que se concretara la adquisición del predio y, por
tanto, su tenencia por parte de las demandadas se tornó en una cuestión de facto,
sobre la cual no hay discusión alguna en el proceso, ni frente a dicha ocupación se
eleva protesta en los recursos propuestos por la parte demandada. Siendo así, la
existencia del daño en lo atinente a la ocupación se reduce a una cuestión ya zanjada.
Ahora, en lo que tiene que ver con el área mayor intervenida, en diligencia de
inspección judicial en asocio de topógrafos, decretada oficiosamente por el Tribunal y
llevada a cabo el día 3 de febrero de 201546, se pudo establecer en grado de certeza
que, efectivamente, el predio San Martín fue afectado con la ocupación en un área
mayor a la negociada, equivalente a 1482.30 mt2., incluido el derecho de vía, que no
los 1127,45 mts.2 de que da cuenta la ficha predial, diferencia con la que estuvieron
conformes las partes e intervinientes en dicha diligencia. Entonces, lo que tiene que
ver con el área de la porción de terreno ocupado, también se trata de una discusión
clausurada.
3.2. Conforme al artículo 328 del C.G. del P. y en atención a que únicamente la parte
demandada ocurrió en apelación, la Sala contraerá el estudio sólo a los argumentos
expuestos por ésta, habida cuenta que la parte actora, ni apeló, ni adhirió a la
apelación de la parte vencida en juicio; como a la solución de los siguientes
cuestionamientos:
3.2.1. La cláusula de indemnidad pactada con el Consorcio Solarte Solarte en el
Contrato No. 377 de 2002, ¿libera de toda responsabilidad en el presente caso a
la Agencia Nacional de Infraestructura “ANI”?
Definido el anterior problema jurídico la Sala deberá plantearse en cuál de las
demandadas, o si en ambas, recae la obligación indemnizatoria. Con tal fin
dilucidará la siguiente cuestión:
3.2.2. ¿Deben responder solidariamente los demandados Agencia Nacional de
Infraestructura “ANI” y el Consorcio Solarte Solarte (hoy CSS Constructores S.A.
46 Diligencia de Inspección Judicial en asocio de topógrafos. Folios 1115 a 1117 vto. del C. Principal 3°
11
Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
como sustituto procesal), por los perjuicios derivados de la ocupación permanente
del predio F013 del Tramo 10 del Proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso o, solamente
uno de ellos?
Establecido lo anterior, la Sala se ocupará de resolver el siguiente problema:
3.2.3. ¿Probó la parte demandante los perjuicios reconocidos en su favor por la
primera instancia?
Finalmente, la Sala deberá resolver el siguiente cuestionamiento:
3.2.4. ¿Operó en favor del asegurador QBE Seguros S.A. la prescripción del
contrato de seguro representado por la póliza de responsabilidad civil
extracontractual No. 120100001155, sustituida por la Póliza No. 000701155413, por
la que se aseguró a la Agencia Nacional de Infraestructura “ANI”?
Si la respuesta al anterior problema es de signo negativo, la Sala deberá abordar
estos otros cuestionamientos:
3.2.5 ¿ La póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 120100001155 de
QBE seguros ampara solamente a la ANI? De ser así, ¿excluye de su cobertura los
perjuicios sufridos por el demandante con ocasión a los hechos lesivos que le
puedan ser endilgados al Consorcio Solarte y Solarte?
3.2.6. ¿La póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 120100001155 de
QBE seguros incluyó dentro de sus amparos las modalidades de daño emergente y
lucro cesante ya fuera como un amparo directo o como una cobertura adicional?
3.2.7. Frente a una posible obligación de reembolso por parte de QBE seguros,
¿debe limitarse el alcance de la responsabilidad de la aseguradora a las
prescripciones de los artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio?
3.2.8. ¿Procede la modificación de la condena en costas reconocidas en primera
instancia?
3.3. Hechos probados para la resolución de los problemas jurídicos
De acuerdo con las pruebas documentales arrimadas en copia simple, cuyo valor a tenor
de lo dispuesto por el artículo 246 del C.G. del P. equivale al de los originales, habiendo
certeza de su procedencia, contenidos y fecha de expedición, y, como quiera que no
fueron tachados de falsos, se acreditaron los siguientes hechos relevantes:
▪ Que el señor Carlos Orlando Caro Sánchez registra como propietario del predio
denominado “San Martín ubicado en la vereda “Puente de Boyacá” del municipio
de Ventaquemada, identificado con matrícula inmobiliaria No. 070-8162647.
▪ Que el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y el Consorcio Solarte Solarte -
beneficiario de la adjudicación-, para el año 2002 celebraron contrato de
concesión que tuvo por objeto los estudios y diseños definitivos, las obras de
construcción, rehabilitación y mejoramiento de la doble calzada Briceño-Tunja-
Sogamoso48.
▪ Que, el Consorcio Solarte elaboró los documentos técnicos pertinentes para
llevar a cabo procedimiento administrativo de gestión de adquisición predial de
una porción del fundo del demandante, el cual identificó con la ficha predial
10F013 que describe la cabida, área requerida, caracterización social, inventario
y avalúo. En consecuencia, presentó la oferta formal de compra al actor de
1127,45 mts. de los 3500 mts. del predio dicho (32.21%), comprometidos en el
proyecto, a través de Oficio No. BTS-0531 del 14 de abril de 2010, inscrita como
medida cautelar en el folio de matrícula respectivo bajo anotación 9, y,
47 Certificado de tradición y libertad del predio 070-81626. Folios 18 a 19 del C. Principal 1°
48 Contrato de Concesión 377 de 2002 –“INVIAS-Consorcio Solarte Solarte. Folios 244 a 325 Ibidem
12
Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
posteriormente cancelada conforme consta en la anotación 12 del mismo
documento49.
▪ Que, la Oferta que se notificó al actor por edicto BTS-E035 fijado el 27 de mayo
de 2010 y desfijado el 17 de junio de la misma calenda50; en la que, en principio,
hubo consenso entre oferente y actor.
▪ Que, conforme a ficha predial, inventario y avalúo, se estableció que el área a
negociar y ocupar por el Concesionario medía 1127,45 mts2 de los 3500 mts2
que tenía el globo completo, y contenía mejoras determinadas por “Cerca
medianera con postes en madera y 3 hilos de alambre de púas; Cerca interna
con postes en madera y 3 hilos en alambre de púas; Reservorio en tierra de área
21 mts.2 por 1 mt. de profundidad; Cerca medianera con postes en madera por 2
hilos de alambre de púas; Reservorio en tierra de área 409,40 mts.2 por
profundidad de 1 mt.”51.
▪ Que, el trámite administrativo adelantado conforme a las Leyes 9ª de 1989 y 388
de 1997, hubo de suspenderse hasta tanto se cancelara el gravamen con
garantía real, por cuanto el predio a comprar y ocupar resultó gravado con
hipoteca y embargo52. No obstante, el demandante alcanzó a recibir el importe
de las mejoras -$22.239.300-, el día 23 de agosto de 2010, previa suscripción de
contrato de compraventa53.
▪ Que, en la misma fecha ─23 de agosto de 2010─, el actor hizo entrega del bien
al Consorcio demandado, a entera satisfacción del accionado54.
▪ Que, el actor no estuvo conforme con el arreglo o compensación, en cuanto
según expresó en múltiples comunicaciones dirigidas al Consorcio e “INCO” 55, se
ocupó un área mayor a la negociada, se privó de acceso directo de su predio a
la vía principal, se desconoció la existencia en su predio de nacimiento natural de
agua, el cual fue eliminado con la ocupación, derivando de ello el cierre de
actividades de una industria dedicada al lavado de zanahoria y papa situada en
el mismo predio, además, se dio una profundidad de 1 mt. al reservorio de 21
mts.2, cuando en realidad tenía 6 mts. de profundidad56.
▪ Que, el importe de las mejoras avaluadas en la suma de $ 22.239.300 como se
dijo, le fue entregado al actor, pero que la indemnización por el predio, avaluado
en $13.399.923,40 no lo fue57.
▪ Que, mediante póliza de responsabilidad civil extracontractual No.
120100001155 expedida el 28 de agosto de 2009 por la compañía de seguros
QBE, cuyo tomador y asegurado fue el otrora Instituto Nacional de Concesiones
INCO – hoy ANI, se ampararon los perjuicios por lesiones, muerte a personas,
destrucción o pérdida de bienes causados durante el giro normal de sus
actividades, póliza que se mantuvo vigente desde el 20 de agosto de 2009 hasta
el 1 de febrero de 201158. De acuerdo con el anexo de la póliza que forma parte
integral de las condiciones generales, como cobertura básica se estipuló:
Predios, labores y operaciones. (Incluyendo incendio y explosión). La
compañía se obliga a indemnizar, sujeto a los términos y condiciones
establecidas tanto en las condiciones generales como en las particulares de la
póliza los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley
colombiana, por hechos imputables al asegurado, que causen la muerte, lesión
o menoscabo en la salud de las personas (daños personales) y/o el deterioro
o destrucción de bienes (daños materiales) y perjuicios económicos,
49 Oferta formal de compra e inscripción en Registro de Instrumentos Públicos. Folios 657 y 657 vto. 654 y 654 vto.
del C. Principal 2°
50 Edicto que publica y notifica oferta formal de compra de parte del predio del actor. Folios 655 a 656 Ibidem
51 Ficha predial, inventario y avalúo del predio No. 070-81626. Folios 626 a 631 Ibidem
52 Estudio de títulos del predio F013 de propiedad dl actor, Folios 632 a 634 vto. del C.P.2°
53 Contrato de compra venta de mejoras del predio F013 del dominio del actor. Folios 662 a 663 Ibidem
54 Entrega del predio No. 070-81626 (F013) ocupado y negociado, Folios 661 y 661 vto. Ibidem
55 Folios 68-88 del cuaderno 1.
56 Comunicaciones que expresan disenso del actor con la Oferta de compra del bien. Folios 48 a 50, 55 a 58 y 64
a 65 del C. Principal 1°
57 Contrato de compraventa de mejoras BTS No. 10-7013. Folios 662 a 663 Ibidem
58 Folios 57-72 del cuaderno de llamamiento en garantía.
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Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
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incluyendo lucro cesante y daño moral, como consecuencia directa de tales
daños personales y/o daños materiales.
(…).
Contratistas y subcontratistas independientes, en exceso de las garantías
exigidas por la Ley 80 de 1993. Sublímite evento de $100.000.000/vigencia
$200.000.000.
(…)59.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado
por los artículos 150 y 152-5 del CPACA60, como que la cuantía del presente asunto
tasada en $551.413.223 supera de lejos los 500 S.M.L.M.V.; como a la oportuna
presentación de la demanda, pues la ocupación de la faja parcial del predio del
demandante se materializó de manera definitiva el 23 de agosto de 2010 con la entrega
de la misma, lo que quiere decir que el término bienal fenecía el 24 de agosto de 2012
y, como la demanda se presenté el 9 de julio de 2012 aquello sucedió dentro del plazo
previsto por el artículo 164-2, literal i) Ibidem 61 , aún sin tomar en consideración la
tramitación de la conciliación prejudicial62. El quantum de las pretensiones
4.1.2. Legitimación en la causa
El señor Carlos Orlando Caro Sánchez, en cuanto propietario inscrito del predio San
Martín matriculado bajo enseña 070-81626, ubicado en el municipio de Ventaquemada,
vereda Puente de Boyacá, denominado dentro del trámite de la gestión predial como
F013 del Trayecto 10, está legitimado en la causa por activa63.
En el extremo pasivo está legitimada la Agencia Nacional de Infraestructura “ANI” en
cuanto promotora y beneficiaria del proyecto de vía Briceño-Tunja-Sogamoso Tramo 10;
como lo están también en virtud del fuero de atracción64, los particulares Consorcio
Solarte Solarte -ejecutor del proyecto- y QBE Seguros S.A. llamado en garantía, con
asiento en las pólizas números 120100001155, 000701155413 y 000701581286 en
vigor para la época de los hechos65.
59 Folios 61-62 del cuaderno de llamamiento en garantía.
60 CPACA. Art.150. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”.
61 Art. 164-2 literal i) “PORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia. (..)”.
La solicitud de conciliación de radicó a los 13 días de enero de 2012 por lo que se suspendió el termino de
caducidad hasta el 14 de febrero de la misma calenda en que resultó fallida la conciliación. Fls. 135 a 138 C.1°
62 La solicitud de conciliación se elevó el 13 de enero de 2012 y concluyó el 14 de febrero de 2012 ante la falta de
ánimo conciliatorio. Folios 135-138 del C. 1.
63 Certificado de tradición y libertad del predio 070-81626. Folios 18 a 19 del C. Principal 1°
64 CPACA Art. 140. “REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando
la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente
de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. (…)”.
Art. 165 Ibidem “ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la demanda se podrán acumular pretensiones de
nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que
sean conexas y concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad
con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se
afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán
acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento
y resolución. (…)”.
65 Pólizas de Responsabilidad Civil relativas a la Concesión No. 0377 de 2002. Fls. 57 a 95 del C. 3° del
Llamamiento en Garantía.
14
Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
4.1.3. Análisis del caso concreto
Para el desarrollo de la actividad de construcción de obras públicas, en ocasiones, un
agente puede dar lugar a la responsabilidad estatal, al ocupar un predio temporal o
permanentemente, generando daños a los propietarios o poseedores del inmueble,
quienes pueden ver afectados sus derechos, especialmente, el de propiedad
establecido en el artículo 58 de la Constitución colombiana, por lo que el Estado no debe
ocupar predios, sin el reconocimiento de una indemnización previa, un acuerdo con el
propietario o una sentencia judicial; es decir, observando los procedimientos previstos
en el ordenamiento jurídico.
Dicha ocupación afecta la propiedad sobre el inmueble, puede ser de forma temporal, o
permanente. En la ocupación provisoria el Estado utiliza el predio por un tiempo
determinado y lo restituye a su propietario o poseedor; mientras que, en los casos de
ocupación permanente, se trasforman los titulares de la posesión o de la propiedad,
porque la intención de la persona de derecho público es la de utilizar definitivamente el
inmueble para un fin preestablecido.
En uno y otro caso, las personas que consideren que se les han vulnerado sus derechos
con ocasión la ocupación temporal o permanente de bienes inmuebles, pueden procurar
la reparación del daño que ello comporta, mediante el ejercicio del medio de control de
reparación directa (artículo 140 del CPACA).
El régimen de imputación del daño que ha aplicado en estos casos la jurisdicción
contencioso administrativa ha sido por lo general de tipo objetivo; sin embargo, en la
actualidad, también es posible realizar un análisis con base en el título de imputación
subjetivo de la falla del servicio. En Cualquier evento, es necesaria la prueba de los
elementos fundamentales de la responsabilidad patrimonial pública66, los cuales han
s ido decantados a partir de la fórmula general de la responsabilidad patrimonial
pública que fijó el artículo 90 Constitucional, vale decir, el daño antijurídico y la
imputación del daño al Estado, por causa de la acción u omisión de autoridad.
4.1.3.1. Primer problema jurídico – Inoponibilidad de la cláusula de indemnidad
pactada entre el Concesionario y la ANI
Aduce Q.B.E. Seguros S.A., que dentro del contrato de Concesión No. 0377 de 2002
los contratantes pactaron, entre otras, cláusulas “denominadas como “obligaciones
del contratante”. Obligaciones del Concesionario” y Clausula de indemnidad”, a partir
de las cuales se puede establecer que “frente a los hechos específicos de la demanda”
el único llamado a responder sea el Concesionario.
Pues bien, revisado en su integralidad el clausulado que compone el mencionado
contrato no se advierte una cláusula de indemnidad en el sentido que invoca este
apelante, empezando porque no existe una cláusula que así se denomine y, en las
cláusulas pertinentes a las obligaciones del Concesionario ─cláusulas 21 y 43─ no se
advierte una redacción encaminada a la indemnidad de la entidad concedente. Lo
meridianamente parecido a un pacto de indemnidad se contiene en la cláusula 21
atinente a la adquisición de predios, pero aquella se contrae únicamente a
sobrecostos en el proceso de compra de bienes, en cuanto se estipuló que: “En el
evento en que el Concesionario decida pagar a los propietarios una suma superior a
la determinada por el avalúo comercial, lo hará bajo su propio costo y riesgo y no
tendrá derecho a reclamos o compensación alguna al INVÍAS”67.
No obstante, en el Otrosí modificatorio de dicho contrato para el esquema de
adquisición de predios en desarrollo del proyecto vial Briceño – Tunja - Sogamoso, se
pactó en la cláusula quinta bajo el rótulo de “Indemnidad” en la que se estipula que
“no habrá lugar a indemnizaciones o compensaciones entre las partes, distintas de las
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de septiembre de 2020, exp. 57623.
67 Folio 288 del cuaderno 1.
15
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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
convenidas en este [otrosí], por lo que renuncian a cualquier reclamación que pudieran
tener o que pudiera estar relacionada con estas modificaciones”68. Como puede verse,
esta cláusula tampoco tiene el alcance ni el sentido que le atribuye el apelante.
Si bien la intervención física de las franjas ocupadas se efectuó a través del
Concesionario, porque así quedó pactado en el contrato, no puede olvidarse que el
titular de la función administrativa es y será siempre el Estado, representado en este
asunto por el INCO hoy ANI, organismo que, amén de la “delegación” que prevé el
artículo 34 de la Ley 105 de 1993, contaba con potestades contractuales de
seguimiento y conminación sobre la labor y actividad predial que adelantó el Consorcio
Solarte Solarte. En efecto, el mencionado artículo prescribe:
ARTÍCULO 34. ADQUISICIONES DE PREDIOS. En la adquisición de predios para
la construcción de obras de infraestructura de transporte, la entidad estatal
concedente podrá delegar esta función, en el concesionario o en un tercero. Los
predios adquiridos figurarán a nombre de la entidad pública.
El máximo valor a pagar por los predios o por las mejoras, lo establecerá la entidad
estatal contratante, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, o
mediante avalúos comerciales que se harán por firmas afiliadas a las Lonjas de
propiedad raíz, con base en los criterios generales que determine para el efecto el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
En todo caso, el carácter de público de la actividad no se pierde porque la
administración deba acudir a la colaboración de los particulares para su
ejecución. Además, el contratista no se vuelve agente de la administración ni
funcionario suyo; es el Estado mismo el que actúa, precisó”69.
Como la presente demanda versa sobre la ocupación permanente de una porción de
terreno que pasó a constituirse como parte de la vía “Briceño – Tunja – Sogamoso,
tramo que compone la denominada “Troncal Central del Norte”70 que, por tratarse de
una vía primaria71 o de primer orden es carácter nacional, en función de lo cual fue el
INVÍAS - INCO quien suscribió el contrato de concesión, al margen de que se hubiera
pactado una cláusula como la que aduce el apelante, la misma no produce los efectos
liberatorios que supone el recurrente, por las siguientes razones: (i) tratándose de
una vía nacional a cargo del INCO – hoy ANI, tal como lo prevé el artículo 34 de la
Ley 105 de 1993, la entidad estatal podrá encargar al Concesionario la función para
la adquisición de predios para la construcción de obras de infraestructura de
transporte, no obstante los predios adquiridos figurarán a nombre de la entidad
pública, lo que viene a indicar que ésta es la dueña de la vía; (ii) como reflejo de esta
disposición normativa, en el contrato de concesión, en el parágrafo de la cláusula
21.4.1. concerniente a las obligaciones del INVÍAS - INCO en materia predial, se
dispuso que sería el INCO quien suscribiría las respectivas escrituras de compraventa
o los contratos a que hubiere lugar; así mismo, el INCO era el encargado de proveer
el presupuesto necesario para la adquisición predial.
Sobre la responsabilidad extracontractual del INCO como titular de los derechos
reales sobre los predios que componen el corredor vial, esta Corporación ha dicho
que, aunque la ANI alegue que no responde por ningún daño generado con la
ejecución del contrato, debido a la cláusula de indemnidad pactada, dicho pacto solo
68 Folios 205-211, C. 1.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 73001233100020000101201 (27530), mayo
2013.
70 Tal como se describe a dicha vía en el “Mapa de carreteras”, creado por el INVÏAS y, disponible en:
https://hermes2.invias.gov.co/Sistema_de_Informacion_Vial/
71 De acuerdo con lo previsto en el numeral 1.2.1.1. de la “Guía para realizar la categorización de la red vial, al
igual que también así lo dispone el numeral 2.3. del Manual de Diseño Geométrico de 2008, las vías primarias
"Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la función básica de
integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo
de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto. Las carreteras
consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas”.
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Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
surte efectos entre las partes del convenio y, por lo tanto, es inoponible a
terceros72.
Al respecto, la Corporación 73 tiene dicho que el hecho de que se pacte que el
contratista responderá por los daños a terceros no tiene por efecto jurídico que la
administración no responda, máxime cuando se trata de obligaciones que solo van en
provecho de la entidad estatal como ocurre con la adquisición predial que, luego del
proceso administrativo o judicial que la preceda, la propiedad pasa a su acervo. Por
consiguiente, la cláusula de indemnidad, no puede interpretarse como exonerante de
responsabilidad administrativa.
Con tal fundamento es que la imputación que se hace extensiva a la “ANI” como
gestora y beneficiaria del proyecto en cuestión -Doble calzada de la vía Briceño-Tunja-
Sogamoso Tramo 10- a quien, de una parte, conforme a la cláusula 14 del Contrato
de Concesión No. 377 de 2002 se han de devolver y revertir los bienes que hacen
parte del proyecto.
Así las cosas, la respuesta al primer problema jurídico será negativa, en el sentido de
advertir que la cláusula de indemnidad pactada en el Otrosí del contrato No. 0377 de
2002 no coloca por fuera del ámbito obligacional de la ANI el deber de responder por
la ocupación permanente de predios que sirvieron a la vía y, tal cláusula tampoco está
llamada a producir efectos frente a terceros en materia de adquisición predial.
4.1.3.2. Segundo problema jurídico – la imputación de responsabilidad
Hasta este punto, se tiene establecido, conforme a lo expuesto previamente que la
ANI, por ser ente responsable de la ejecución del proyecto y, a su vez, el titular del
corredor vial que, por haber ocupado de manera permanente una faja de terreno del
demandante, en cabida de 1482.30 m2, tal como quedó establecido en la inspección,
porción que se incorporó al trazado de la troncal central del norte, está en la obligación
de indemnizar al titular del predio, esto es, al señor Carlos Orlando Caro Sánchez.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Boyacá también consideró que el Consorcio
Solarte Solarte estaba llamado a responder de manera solidaria por ser el encargado
de ejecutar las obras. El referido Consorcio, en la apelación, se dedicó a cuestionar
los perjuicios, no obstante, en uno de sus argumentos dio señales de inconformidad
con la atribución de responsabilidad, en tanto indicó que la enajenación del predio no
pudo concluirse por razones ajenas a su encargo y que, en tal caso, era al INVÍAS a
quien correspondía tramitar la respectiva expropiación, queriendo decir con ello, que
en lo que estaba dentro del resorte de sus obligaciones no figuraba omisión alguna
que diera lugar al daño que se reclama. Esto último le permite a la Sala analizar la
responsabilidad de dicho demandado.
De cara a este asunto, con fundamento en las mismas razones que hubo para
determinar el deber de responsabilidad del INCO – hoy ANI, prácticamente se excluye
la obligación en tal sentido para el Consorcio ya que, como se indicó, el daño se
configuró por la ocupación permanente de un predio que, surtida la indemnización
correspondiente y, posteriormente la reversión del contrato de concesión, su
titularidad pasará a ser de la entidad pública demandada. A esto se añade que las
obligaciones contraídas en el contrato de concesión 0377 en lo atinente a la
adquisición predial, ubican a Solarte y Solarte para el desarrollo de la gestión predial,
con obligaciones de garantizar que la escrituración o titularidad recayera en favor de
la entidad pública.
72 Al respecto, la Corporación dijo: “ “Aunque la cláusula esté pactada contractualmente, la responsabilidad frente
a terceros sigue siendo extracontractual: es una responsabilidad de esta índole reglamentada por un contrato y
descartada para una de las partes por una cláusula de no responsabilidad.
“La cláusula así convenida obliga a las partes. Pero ella es ‛res inter alias acta’ frente a los terceros. (…) Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 73001233100020000101201 (27530), 2 de mayo 2013.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 73001233100020000101201 (27530), mayo
2013.
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Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
No quiere decir con ello que, en todos los eventos de responsabilidad extracontractual
que se susciten en desarrollo de obras de infraestructura la obligación de indemnizar
recaiga exclusivamente en la entidad concedente, sino que, en el caso particular, por
tratarse de una ocupación permanente y atendiendo los efectos jurídicos que esta
acarrea sobre la titularidad del bien ocupado, el único beneficiado y, por ende el único
llamado a responder es el ente público dueño de la vía, aunado a que no se advierte
a través de las pruebas que la entidad hubiese desplegado, pudiendo hacerlo, sus
funciones de supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones en materia
predial que le asistían al Consorcio.
Así las cosas, la sentencia será modificada para absolver de responsabilidad al
Consorcio Solarte y Solarte y, en su lugar, depositar la responsabilidad plena en
cabeza de la ANI, sucesora contractual del INCO y este, a su vez, del INVÍAS.
4.1.3.3. Tercer problema jurídico - análisis de los perjuicios
La primera instancia encontró como demostrados los siguientes perjuicios: (i) la
ocupación material de la faja de terreno, inclusive, en una extensión mayor al área
inicialmente negociada entre las partes; (ii) el valor de la infraestructura del negocio
de lavado de zanahoria ─tanques de tratamiento de agua e instalaciones─; (iii) el
lucro cesante correspondiente a lo dejado de percibir por el negocio de lavado de
zanahoria y papa. Las entidades demandadas, por su parte, sostienen que dichos
perjuicios no se encuentran probados.
Con el fin de determinar y cuantificar los perjuicios derivados la afectación de su
interés tutelado por el ordenamiento jurídico, como los motivos de inconformidad con
la oferta de compra comunicada mediante Oficio No. BTS-0531 del 14 de abril de
2010, la parte actora allegó con la demanda documentos varios, entre los que se
encuentran;
✓ Copia del Certificado de Tradición y Libertad correspondiente al predio San Martín,
matriculado bajo enseña No. 070-8162674.
✓ Copias de las Resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente números 0708 -13-
07-2000 y 0658 -16-062003-, por las que se concede licencia ambiental al “INVIAS”
para llevar a cabo la ejecución del Proyecto de Rehabilitación y Construcción de la
Segunda Calzada Carretera Briceño-Tunja-Sogamoso, y se autoriza la cesión de
dicha licencia al Consorcio Solarte Solarte a quien se tendrá en adelante como
titular75.
✓ Copia de informe técnico de visita ocular practicada por ingeniero sanitario y
ambiental contratista de CORPOCHIVOR, el 2 de mayo de 2006, en el que, en
punto de VERIFICACION DE LOS HECHOS se afirma que, “La descarga de los
vertimientos líquidos generados por el lavado de zanahoria ejercido a título de
Patrocinio Sánchez Garay y Virgilio Sánchez Garay genera afectación al
nacimiento y reservorio ubicado en el lote de Orlando Caro Sánchez como se
muestra en el siguiente gráfico: (...). 7. CONCEPTO TECNICO 7.1 Se recomienda
que se ordene la suspensión inmediata del vertimiento líquido que causa
afectación al reservorio y nacimiento en el predio de Orlando Caro S., producido
por el lavadero de zanahoria a cargo de Virgilio Sánchez Garay (...) y José
Patrocinio Sánchez Garay (...), en concordancia con lo establecido en el literal a,
del artículo 91 del Decreto 1594/84. (...)”.76
✓ Formulario de matrícula de Industria y Comercio correspondiente al Registro No.
433 por la Tesorería Municipal de Ventaquemada, elaborado el 4 de abril de 2011,
en el que se lee que la Lavadora de Zanahoria San Martín, cuyo representante
legal es Carlos Orlando Caro Sánchez, está inscrito desde el 2 de enero de 2006,
74 Folio de matrícula inmobiliaria predio No 070-81626 Folios 18 a 19 del C. Principal 1°
75 Resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente sobre Licencia Ambiental al “INVIAS” y autorización de cesión.
Folios 20 a 41 del C. Principal 1°
76 Informe técnico de visita de CORPOCHIVOR al predio del actor. Folios 42 a 46 Ibidem
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Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
inicia actividades el 1 de enero de 2009, que tiene inscripción vigente y está a paz
y salvo por el año gravable de 200977.
De lo anterior se desprende que, la contundencia que el Tribunal a quo derivó del
informe técnico de Corpochivor para dar por sentada la prexistencia del negocio de
lavado de zanahoria y papa, pierde consistencia a la luz de un análisis integral de las
pruebas, porque todo parece indicar que lo que allí se estableció fue que en el predio
vecino al del demandante, existía un lavadero de zanahoria y papa a cargo de unos
señores de apellido Garay, quienes, con su actividad, estaban generando escorrentías
que perjudicaban el predio del señor Caro Sánchez. Esto, aunado a que, tal como lo dijo
el Consorcio recurrente, la única prueba documental que pudiera dar cuenta de la
actividad invocada por la parte actora resultó ser la resolución 359 del 25 de mayo de
200778 expedida por Corpochivor, mediante la cual se otorgó permiso para vertimientos
de las industrias de lavado de zanahoria y papa, no obstante, la simple expedición de
un acto administrativo que confiere un permiso de vertimientos no demuestra
eficazmente la existencia del negocio alegado, en un ámbito en el que, al igual que
sucede con el daño, el perjuicio debe revestirse de certidumbre. Valga acotar que las Resoluciones números 359 de mayo 27 de 2007 y 69 del 15 de
marzo de 2011, por las que se le otorgó al demandante por parte de CORPOCHIVOR
permiso de vertimientos y prórroga, no son coincidentes en la descripción contenida en
los insumos técnicos levantados previo al inicio de la gestión de adquisición predial; a lo
que se suma que en las mencionadas resoluciones se alude a industrias de lavado de
zanahoria y papa, ubicadas en los predios San Martín y Villa Rosita, este último que no
corresponde con el denominado fundo del accionante. En definitiva, los contenidos de las pruebas aportadas por el demandante son
palmariamente opuestos a los de documentos levantados por las demandadas con
ocasión de la gestión predial que devino en opción de compra contenida en Oficio No. BTS-0531 del 14 de abril de 2010, pues en ellos como se demuestra, verbi gracia, con
la ficha predial, el avalúo, el contrato de compraventa de mejoras y el acta de entrega y
recibo del predio y sus mejoras, no se hace referencia a nacimiento de agua alguno,
sino a dos reservorios, como tampoco a infraestructura o industria para lavado de
zanahoria y papa, pues lo que se consignó en ellos es que el predio rural No. F013,
matriculado bajo enseña No. 070-81626, identificado catastralmente bajo cédula No. 00-
01-0001-1266-000, con área de 3500 mts.2 de forma trapezoidal, de los cuales se
intervendrán 1127,45 mts.2, tiene por uso actual agricultura y ganadería y dos
reservorios en tierra de profundidad de 1 mt. cada uno. En concreto, respecto de las
mejoras se aludió a la existencia de cercados. En lo que toca a la industria o establecimiento de lavado de Zanahoria San Martín,
representado legalmente por Carlos Orlando Caro Sánchez, registrado bajo No. 433 el
2 de enero de 2007, ante la Tesorería Municipal de Ventaquemada, para iniciar
actividades a partir del 2 de enero de 2009, con inscripción vigente y a paz y salvo para
el año gravable 2009, según obra en el documento del 4 de abril de 2011 expedido por
la mencionada Tesorería, allí no se expresa que dicho negocio o establecimiento tuviera
por sede el predio San Martín de propiedad del actor, lo cual explica de alguna manera
por qué razón, cuando con ocasión de la gestión predial adelantada por el Concesionario
Solarte Solarte, se visitó dicho predio, tal industria no fue percibida por quienes
levantaron la ficha predial, el inventario y avalúo, infraestructura o industria alguna. Advierte, asimismo la Sala que, el memorial dirigido por el actor al señor Luis Héctor
Solarte Solarte, como representante del Consorcio demandado, el 30 de junio del año
2010, acompañado con la demanda dice: “(...).
1) Quiero aclarar que el reservorio que
allí se habla de 409,14 mts.3, corresponde a un nacimiento de agua, la misma que
bombeo para el funcionamiento del negocio de lavadora de zanahoria de mi propiedad,
ubicado en el lote que tengo en arriendo de propiedad de la señora Cecilia Mesa, predio
este que a propósito fue afectado por la Compañía Solarte Solarte y ahora entonces me
77 Formulario de Registro de Matrícula de Industria y Comercio. Folio 67 Ibidem
78 Folios 122-126 del cuaderno 1.
19
Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
condenan ustedes a acabar mi negocio (...)”79. Nótese que ninguna certeza ni claridad
acerca de la existencia de esta industria en el predio San Martín queda, pues el mismo
actor en el documento antes transcrito parcialmente, manifestó que el negocio de
lavadero de zanahoria se ubica en un predio distinto, que además lleva a la misma
intelección que el informe técnico de Corpochivor del año 2007. Ahora, vistas en contraste las Resoluciones números 359 de mayo 27 de 2007 y 69 del
15 de marzo de 2011, con el registro mercantil aludido, nada dice este sobre la
existencia de dos industrias, pues sólo alude a una, que estando registrada desde 2006,
se nominaba “Lavadora de Zanahoria San Martín” y empezaba operaciones para el 1
de enero de 2009, de modo tal que, la autorización de vertimientos dada en 2007, no
podía referirse a la industria que el actor dijo tener plantada en su predio para el año
2010, o se refería a una explotación distinta, que bien pudo ser llevada a cabo en los
predios de la finca Villa Rosita que funcionaba, según expresó el mismo actor, en el
inmueble de doña Cecilia Mesa, también sometido a intervención. Unos y otros documentos -De registro y Resoluciones de permiso de vertimiento-, no
resultan suficientes para acreditar la existencia de la industria de lavado de zanahoria y
papa que manifestó el demandante, tenía para el momento en que se produjo la
ocupación de la faja, pues se echan de menos otros medios suasorios que dieran cuenta
de su existencia real, dinámica, de algún ejercicio industrial o productividad;
circunstancia por la que no se tiene por probado el perjuicio relacionado con la supuesta
frustración de negocio o empresa que causó la ocupación del predio del actor, en cuanto
no hay noticia en el plenario que la industria de lavado de zanahoria y papa estuviera
activa y asentada en el lote F013 de propiedad del actor, mucho menos de sus
utilidades, pues no se allegó un balance, un asiento contable o documento fiscal que lo
evidencie. Como puede observarse, ni siquiera en la diligencia de inspección judicial se pudo
establecer este aspecto, pues en el acta que recogió las incidencias de esta sólo se
hace referencia indirecta, así: “(…). No es posible determinar si el ingreso al sector
donde se encuentran las instalaciones de la lavadora de zanahoria se hacía por el
ingreso que actualmente aparece en el canal abierto que fue construido por el
demandado como parte de la intervención de la vía. Este ingreso actualmente visible
es parte del lote contiguo al que es de propiedad del demandante y corresponde a parte
de propiedad de su progenitora según lo manifestado tanto por ella como por el
demandante. (…)”80. Con fundamento en lo anterior, esto es, la divergencia que existe entre lo plasmado en
la ficha predial y las afirmaciones del demandante sobre la profundidad de 6 metros de
los reservorios y no de uno como se consignó en la ficha, se llega respecto de este
perjuicio al mismo estado de incertidumbre que ronda la actividad de lavado de
zanahorias y papas, razón por la cual el perjuicio relacionado con la mayor profundidad
de los reservorios corre la misma suerte denegatoria. Cabe indicar, además, que la ficha predial que se levanta por parte del Concesionario
previo al inicio de las obras viales, se constituye en un documento público que, en los
términos de los artículos 251 y 252 se presume auténtico, comoquiera que el
demandante no postulo ninguna tacha en su contra. Corolario de lo expuesto, a pesar de que en diferentes medios de prueba se aludió a la
existencia de un negocio de lavado de zanahoria y papa, no existe en el plenario medio
de convicción que acredite que en el predio del demandante efectivamente para la época
de los hechos funcionaba un negocio de tal naturaleza.
En consecuencia, las condenas que en abstracto o in genere profirió el a quo, serán
revocadas por ausencia de prueba del perjuicio que las sustente, en cuanto ni la
industria de lavado de zanahoria, ni la explotación comercial de dicha industria fueron
cabal y plenamente demostrados. Así, lo único que logró acreditar el demandante en
materia de perjuicios, corresponde a los derivados de la ocupación de la faja de
terreno que, conforme a la prueba traída a este proceso corresponde a un área de
79 Folios 48 a 50 del C. Principal 1°
80 Acta diligencia de inspección judicial. Folios 1115 a 1117 vto. del C. Principal 3°
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1.482.30 metros cuadrados ( mts.2), como se fijó en la inspección judicial y no a los
1.127.45 que inicialmente se establecieron en la ficha predial levantada por el
Consorcio en el marco del fallido proceso de enajenación voluntaria.
Porción de terreno ─la de 1482.30 mts.2─ que, tal como consideró la primera instancia
sin oposición de las demandadas, se indemnizará a prorrata del valor del metro
cuadrado establecido por el avalúo que la Cámara Colombiana de la Construcción 81
realizó en su momento cuando se estaba tramitando la frustrada enajenación
voluntaria y que se determinó a razón de $11.885,16 por metro cuadrado; de tal
manera que la Sala se limitará, en este punto, a hacer la respectiva actualización.
4.1.3.4. Cuarto a séptimo problemas jurídicos – oportunidad, responsabilidad y
alcance del llamado en garantía
En lo que toca QBE Seguros, llamado en garantía en relación con la póliza que
amparaba los riegos derivados de la ejecución del contrato de concesión No. 377 de
2002, que, en principio, tenía como tomador y asegurado al “INVIAS”, y,
posteriormente, como sucesor suyo a partir del Decreto 1800 del 26 de junio de 2006
al Instituto Nacional de Concesiones “INCO” y luego a la Agencia Nacional de
Infraestructura “ANI”, mediante pólizas números 120100001155 vigente del 20 de
agosto de 2009 hasta el 7 de octubre del 2011, continuada bajo las mismas
condiciones, amparos y exclusiones, por la Póliza No. 000701155413, vigente del 7
de octubre de 2011 al 28 de febrero de 2012. En consecuencia, estas garantías
estaban vigentes para la época de los hechos, determinada a partir de la fecha de
entrega del bien -23 de agosto de 2010-, lo que quiere decir que el llamado en garantía
debe prosperar en los términos y condiciones de la mencionada póliza.
Ahora, en lo que respecta a la prescripción alegada por QBE Seguros, la Sala
establece que aquella no operó, como quiera que no se superó el bienio establecido
por el artículo 1081 del C de Co, computable a partir del momento en que el interesado
tuvo o debió tener conocimiento del hecho que dio pie a la acción, esto es, a partir de
la notificación de la demanda a la asegurada “ANI”, la cual se surtió a través de
mensaje de datos remitido el día 13 de febrero de 2013 82, y para efectos de la
prescripción contractual alegada por el Asegurador, se extendía hasta el día 13 de
febrero de 2015, por lo que habiendo sido este notificado del llamamiento en garantía
desde el día 14 de febrero de 2014, se vinculó al proceso antes que expirara el término
bienal establecido por el artículo 1018 del C. de Co.83
Adicionalmente, protesta el llamado en garantía que, comoquiera la póliza tiene como
tomador y asegurado al INCO – hoy ANI, la póliza no ampara los perjuicios
ocasionados por el Concesionario. Al punto, basta con indicar por parte de la Sala que
en esta instancia se llegó a la conclusión de que quien debe asumir la responsabilidad
y la condena es la ANI y no el Concesionario. Por sustracción, este cargo de la
apelación queda zanjado.
En relación con la exclusión a los amparos del daño emergente y lucro cesante que
aduce la llamada en garantía, la Sala acude al contenido del anexo de la referida
póliza, en la que aparece dentro de la cobertura mencionado el lucro cesante. En
cuanto al daño emergente que está representado por la pérdida que sufre el
patrimonio del asegurado, entiende la Sala que este se corresponde con el daño
constitutivo de siniestro ─porción de terreno ocupada─, de ahí que la ausencia de su
mención en la póliza no sea óbice para entenderlo como ínsito en la cobertura de la
póliza, pues en el anexo se refiere a “daños materiales” que comprende tanto
“deterioro como destrucción de bienes y perjuicios económicos.
81 Folios 660, C. 2.
82 Notificación electrónica del auto admisorio de demanda a la “ANI” Folio 155 del C. Principal 1°
83 Acta de conciliación fallida. Folios 136 a 138 del C. Principal 1°
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Finalmente, en cuanto a si debe limitarse la responsabilidad de la aseguradora a lo
previsto en los artículos 105684 y 112785 del Código de Comercio, la Sala encuentra
que el segundo de los mencionados artículos únicamente define lo que es el seguro
de responsabilidad y el primero supedita el arbitrio del asegurador a las restricciones
legales, estas últimas, dentro de las cuales habrá de entenderse contenidas las
estipulaciones contractuales del seguro, bajo la máxima de que el contrato es ley para
las partes.
En suma, el asegurador habrá de responder en los términos y límites dispuestos en la
póliza.
4.1.3.5. Octavo problema jurídico – la condena en costas en primera instancia
Aduce el apelante que el Tribunal tasó las agencias en derecho en el 2% de las
pretensiones por perjuicios materiales, con lo que se desconoció el artículo 3.1.2 del
Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que impone
contraer las agencias en derecho, hasta el 20% del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.
Al respecto, cabe advertir que, aun cuando en uno de los cargos del recurso de
apelación se recurrió la condena en costas impuesta por la primera instancia, a la luz de
la que prescribe el artículo 188 del CPACA y a diferencia de lo que sucedía en vigencia
del artículo 55 de la Ley 446 de 1998 86 , la condena costas está supeditada a la
prosperidad de las pretensiones, de tal manera que, siendo una cuestión de mero
derecho, no tiene vocación de recurribilidad87. Así mismo, la determinación del monto o
cuantificación de las costas es un asunto que concierne al juez del caso y, cualquier
discrepancia sólo puede ser controvertible en los términos del artículo 366 del CGP
─aplicable por la remisión de que trata el artículo 188 del CPACA─, a través de los
recursos de reposición y apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas88.
Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que en el caso concreto el porcentaje cuantificado
por la primera instancia no rebosa el margen de cuantificación establecido en el numeral
3.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, por lo que, de cualquier forma, este argumento de la
apelación no resulta procedente.
4.1.3.6. Liquidación y actualización del perjuicio acreditado.
Como se acaba de anotar el único aspecto atinente a perjuicios que tiene respaldo
probatorio dentro del acervo, es el que atañe al área real ocupada por el las obras
viales, como quiera que en la Inspección Judicial decretada de oficio por el Tribunal a
quo, se pudo establecer con grado de certeza y sin que ninguna de las partes hiciera
reparo alguno, que la ocupación determinada a partir de la entrega del bien,
consumada el 23 de agosto de 2010, fue de 1.482, 30 mts.2 y no de 1.127,45 mts.2,
por lo que se impone en aras de los principios que gobiernan la reparación integral, el
84 ARTÍCULO 1056. ASUNCIÓN DE RIESGOS. Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio,
asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la
persona del asegurado.
85 ARTÍCULO 1127. DEFINICIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD. Modificado por el art. 84, Ley 45 de
1990. El nuevo texto es el siguiente: El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación
de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad
en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud,
se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al
asegurado.
Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la
restricción indicada en el artículo 1055.
86 Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 (CAPACA).
87 Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2022,
exp. 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629).
88 Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 31 de mayo de 2022,
Rad, 11001-03-15-000-2021-11312-00 (IJ).
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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
reconocimiento y pago del total del metraje, habida cuenta que sobre este particular
no se efectuó pago alguno, teniendo en cuenta el avalúo que hiciera dentro del trámite
de gestión predial, la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, a razón de
$11.885,16 mt.2, para un total acumulado de $ 17.617.373 que, deberán ser
actualizados de conformidad con la fórmula financiera de la indexación, así: Ra = Rh
índice final / Índice inicial.
De donde (Rh) es igual a la renta histórica, esto es, la suma reconocida por el Tribunal
de primera instancia ($ 17.617.372,67) multiplicada por la cifra que resulte de dividir
el índice de precios al consumidor del mes anterior al de esta sentencia por el índice
de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió la sentencia de primera
instancia.
Índice final – abril de 2024 (142.32)
Ra = $ 17.617.373----------------------------------------------------
Índice inicial – agosto de 2010 (73,00)
Ra = $ 34.346.637
4.1.3.7. Aplicación del artículo 191 de CPACA
Como en el presente asunto el daño indemnizable se concreta en la ocupación de una
faja de terreno del demandante que, por virtud de lo decidido en esta providencia y lo
previsto en el artículo 191 del CPACA89, su titularidad quedará radicada en el INVÍAS,
se entenderá que la presente providencia obra como título traslaticio de dominio.
4.1.3.8. De la medida cautelar
Teniendo en cuenta que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja solicitó, en
aplicación de una medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo laboral No.
150013105000 tramitado en ese despacho en contra del demandante, el embargo y
retención de los dineros que llegaren a reconocer dentro de este proceso de
reparación directa; dese cumplimiento a tal medida, previo oficio por Secretaría de la
Sección con destino al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja para que
certifique lo que corresponda sobre su vigencia.
Como corolario de lo expuesto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia
para acceder únicamente al reconocimiento del perjuicio correspondiente a la faja de
terreno efectivamente ocupada. Los demás perjuicios serán revocados.
V. COSTAS
La Sala procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia
conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA90, que remite a las disposiciones
del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto es, por
expensas y gastos procesales, horarios de auxiliares de la justicia y agencias en
derecho que deben ser “tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente”91. En cuanto a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que procede en contra de la parte vencida o contra quien
se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, “solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”92.
89 ARTÍCULO 191. TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD. Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad
inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago
de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio.
90 CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
91 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la justicia) y 366-4
(agencias en derecho).
92 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
Conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas, la Sala observa que
en este caso no procede su imposición, por cuanto los recursos de apelación
interpuestos por el extremo demandado prosperaron parcialmente.
No evidencia la Sala, en los términos del numeral 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso, demostración alguna de causación de costas en esta instancia, por lo
que no se condenará por este concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento presentado por el magistrado
Nicolás Yepes Corrales.
SEGUNDO: MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, el veintidós (22) de septiembre de dos mil diez y seis (2016), que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda para, en su lugar:
DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI por los perjuicios causados al señor
CARLOS ORLANDO CARO SÁNCHEZ, por las razones expuestas en la parte motiva.
CONDÉNASE a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI a pagar, por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente al señor CARLOS
ORLANDO CARO SÁNCHEZ, por concepto del valor del terreno de su propiedad ocupado
permanentemente la suma de pesos TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA
CORRIENTE Y LEGAL COLOMBIANA ($ 34.346.637,oo).
ORDÉNASE a la Compañía QEB SEGUROS S.A. a asumir la parte correspondiente a la
condena impuesta a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, de
acuerdo a la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 120100001155, cuya
continuación fue la póliza No. 000701155413, hasta el monto de los amparos y valores
asegurados.
SEGUNDO. ORDÉNASE en aplicación de lo previsto en el artículo 191 del CPACA,
que la titularidad del predio denominado “San Martín ubicado en la vereda “Puente de
Boyacá” del municipio de Ventaquemada, identificado con matrícula inmobiliaria No.
070-81626, en una cabida superficiaria de mil cuatrocientos ochenta y dos punto
treinta metros cuadrados (1.482.30 mts.2), en concordancia con el área de ocupación
delimitada en la inspección judicial del tres (3) de febrero de dos mil quince (2015)
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a
aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.
CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo,
el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el
máximo de dichas tarifas.”. Al respecto ver: Acuerdo No.1887 de 2003, artículo 3. “CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. (…) 3.1.3. Segunda instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%)
del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…)”.
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Radicado: 15001-23-33-000-2012-00010-01 (59159)
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
pasará a nombre de el INVÍAS, a cuyo efecto la presente sentencia obra como título
traslaticio de dominio.
TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: APLÍCASE lo previsto en el artículo 191 del CAPCA.
QUINTO: Sin condena en costas en segunda instancia.
SEXTO: OFÍCIESE, por Secretaría de la Sección Tercera al Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Tunja para lo de su cargo.
SÉPTIMO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
FAO
25
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