Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-003-2011-00399-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-003-2011-00399-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-003-2011-00399-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
21 de noviembre de 2022
Radicado: 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629)
Demandante: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629)
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO
Demandante:
NACIONAL
Demandado: JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MEDELLÍN.
Referencia: Acción de repetición.
Tema 1: Alcance de la apelación. Subtema 1.1: El carácter recurrible de los puntos de la
sentencia de primera instancia que no desfavorecieron a la parte apelante. Tema 2:
Interrupción de la caducidad de la acción. Tema 3: Costas. Subtema 3.1: Carácter recurrible
de las costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el doce (12) de
septiembre de dos mil diecisiete (2017), que desestimó las excepciones de
caducidad y prescripción propuestas por el demandado, así como las pretensiones
de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas.
I. SÍNTESIS
El 27 de marzo de 1998, en Pesca (Boyacá), el soldado voluntario Pedro José Ruiz
Hostos perdió la vida, cuando al suboficial José Luis Sánchez Medellín se le disparó
su arma de dotación oficial. Como consecuencia de ello, el suboficial Sánchez
Medellín fue condenado a dos (2) años de prisión, por el delito de homicidio culposo.
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional se obligó, mediante acto
conciliatorio, a reparar los perjuicios morales causados a los familiares del soldado
Ruiz Hostos. Este acuerdo fue aprobado judicialmente.
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pretende el reintegro de los
perjuicios pagados en cumplimiento del acuerdo conciliatorio; perjuicios que —
afirma— fueron ocasionados por un actuar gravemente culposo del suboficial
demandado. Pese a que las pretensiones fueron desestimadas en el fallo recurrido,
el demandado busca que, en esta instancia, se estimen las excepciones de
caducidad y prescripción que propuso al contestar la demanda, y que la
demandante sea condenada en costas.
II. ANTECEDENTES:
2.1. El veintiocho (28) de mayo de dos mil dos (2002)1, la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, en ejercicio de la acción de repetición, presentó
demanda contra José Luis Sánchez Medellín, en la que pretende: (i) que se
declare su responsabilidad por haber actuado con culpa grave, cuando se le disparó
1 Folio 19 (reverso).
Radicado: 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629)
Demandante: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
su arma de dotación oficial el 27 de marzo de 1998 en el municipio de Pesca
(Boyacá), terminando con la vida del soldado voluntario Pedro José Ruiz Hostos,
hechos éstos que dieron lugar al reconocimiento de indemnización mediante
acuerdo conciliatorio aprobado a través de providencia del 7 de junio de 2000; y (ii)
que, como consecuencia de lo anterior, se le condene al pago de $54.832.304,
cancelados por la entidad a "los perjudicados con el hecho dañoso".
En sustento de las anteriores pretensiones, la demandante enunció los hechos
sintetizados en el acápite anterior y, a manera de fundamento jurídico, reclama
consecuencia de los artículos 90 de la Constitución, 78, 86 (modificado por la Ley
446 de 1998) 137 y 206 del Código Contencioso Administrativo ("CCA"); del artículo
73 de la Ley 270 de 1996; y de los artículos 2, 4, 7, 10 y 11 de la Ley 678 de 2001.
2.2. Mediante auto del 19 de febrero de 20032, el Tribunal Administrativo de Boyacá
ordenó remitir este asunto al Tribunal Administrativo de Arauca, en razón al domicilio
del demandado (artículo 134 D, CCA). La demandante interpuso recurso de
reposición contra la anterior providencias, en virtud del cual esta fue revocada, con
auto del 20 de agosto de 2003. 4
8 el Tribunal Administrativo de Boyacá
2.3. A través de auto de 21 de enero de 2004,
inadmitió la demanda, porque no se anexó copia auténtica de la resolución en la
que se especificaran las funciones correspondientes al cargo de la poderdante, ni
el comprobante de egreso núm. 281 de 26 de febrero de 2001. El 30 de enero de
2004, la demanda fue subsanada con la presentación de los anteriores
documentos8.
2.4. Según consta en acta de reparto del 5 de agosto de 20067, el presente asunto
fue asignado al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja, el cual
resolvió admitir la demanda y ordenó la notificación de esta decisión, por medio de
auto del 20 de septiembre de 20068. Luego de que el demandado contestara la
demanda8 y fueran decretadas las prueba& °, con auto del 13 de julio de 201111, el
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja declaró la nulidad de todo
lo actuado desde la admisión de la demanda, de acuerdo con el artículo 7 de la
Ley 678 de 2001 y la jurisprudencia de esta Corporación12, y ordenó remitir el
expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá.
2.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda, con auto del 14 de
marzo de 201213, en el que: ordenó su notificación —de acuerdo con el artículo 315
del Código de Procedimiento Civil— y que la actora consignara las expensas
requeridas para tal notificación dentro del término de ejecutoria del auto. Luego de
que se cumpliera el anterior término sin que las expensas hubieran sido
2 Folio 21.
3 Folios 23 y 24.
4 Fonos 27 y 28.
5 Folio 30.
6 Folios 31 a 36.
7 Folio 38.
6 Folios 42 y 43.
9 Folios 53 a 60.
10 Autos del 15 de agosto de 2007 (folios 64 a 66), del 18 de abril de 2008 (folios 101 a 103) y del 16 de julio de
2008 (folio 107).
11 Folios 268 a 276.
12 De la cual refirió los autos de la Sala Plena de lo Contenciosos Administrativo proferidos el 11 de diciembre
de 2007 (rad. núm. 11001-03-15-000-2007-00433-00), el 21 de abril de 2009 (red. núm. 25000-23-26-000-2001-
02061-01); además de unos autos proferidos por la Sección Tercera el 18 de agosto de 2009, el 25 de marzo
de 2010 y el 9 de diciembre de 2010.
13 Folios 280 y 281.
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Demandante: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
consignadas14, el Tribunal requirió a la actora para que cancelara las expensas
ordenadas15, la cual procedió, en efecto, allegando el comprobante de la
consignación el 1 de junio de 201216. Después de intentar, sin éxito, la notificación
personal de la admisión de la demanda17, el Tribunal ordenó su notificación por
emplazamiento en periódico de amplia circulación nacional, de la cual el interesado
debía allegar copia al proceso". Sin embargo, posteriormente, el Tribunal resolvió
corregir el auto admisorio de la demanda19, en el que se había denominado
erróneamente al demandado, lo que podía generar confusión y eventuales
nulidades en la notificación por emplazamiento.
A continuación, el Tribunal profirió edicto ennplazatorio29 que no fue retirado por la
demandante21, por lo que fue requerida con autos del 28 de mayo de 201422 y del
28 de enero de 201523. El 30 de abril de 2015, la demandante allegó copia del edicto
publicado el 12 de abril de 201524. Como el demandado no se presentó a notificarse
de la admisión de la demanda, el Tribunal ordenó el nombramiento de curador ad
litem, mediante auto del 24 de junio de 201525.
2.9. Luego de que el curador ad litem se hubiera posesionado26 y el asunto se
hubiera fijado en lista27, la demanda fue contestada por el demandado, con
escrito28, en el que manifestó que, por el cambio del número de radicación y de la
autoridad judicial competente, presentaría un nuevo poder, y propuso las siguientes
excepciones: (i) de caducidad de la acción, porque la demandante había
abandonado el proceso y luego de trece años se le había notificado la demanda; (ii)
de prescripción de la obligación de indemnizar, debido a que, de acuerdo con el
artículo 2358 del Código Civil, la acción caducaba dentro de los términos previstos
en el Código Penal y esta había sido declarada por el Juez Décimo de Instancia de
Brigadas XVI y XVIII, en providencia del 26 de marzo de 2007; (iii) caso fortuito, ya
que la conducta imputada al demandado había sido accidental e involuntaria; (iv)
fuerza mayor, porque la muerte del soldado Ruiz Hostos había sido el resultado de
una atención médica inoportuna; (v) ausencia de culpa grave, debido a que se le
había imputado una actuación culposa sin calificación, la cual sería así levemente
culposa, según el artículo 63 del Código Civil; y de (iv) ausencia de nexo causal,
porque la muerte del soldado Ruiz Hostos había sido ocasionada por una atención
médica inoportuna e ineficiente.
2.10. Por medio de auto del 13 de abril de 201629, el Tribunal requirió al apoderado
del demandado, para que allegara: "(1) nuevo [sic] memorial poder que le fuere
otorgado por quien [sic] en actúa en este momento como demandado, (ii) dirección
de notificación José Luis Sánchez Medellín". Luego de que el apoderado del
demandado diera cumplimiento al anterior requerimiento", el Tribunal le reconoció
14 Folio 282,
15 Auto del 16 de mayo de 2012, folios 283 y 284.
16 Folios 256 y 257.
17 Folios 303 a 319.
16 Auto del 17 de abril de 2013, folio 319.
13 Auto del 9 de octubre de 2013, folio 322.
20 Folio 337.
21 Folio 338.
22 Folio 340.
23 Folio 345.
24 Folios 348 y 349.
25 Folios 351 y 352.
26 Folio 356.
27 Folio 360.
28 Folios 361 a 365.
26 Folio 380.
3° Folios 393 y 384.
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Demandante: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
personería para actuar en el proceso y decretó las pruebas pedidas por las partes,
por medio de auto del 21 de julio de 201631.
2.11. El Tribunal puso fin a la etapa probatoria con auto del 18 de agosto de 201632,
en el que corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para
conceptuar. Esta oportunidad fue aprovechada únicamente por el demandado,
quien reiteró las excepciones propuestas anteriormente33
2.12. El doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal
Administrativo de Boyacá profirió sentencia de primera instanciam, en la que
desestimó las excepciones de caducidad y prescripción propuestas por el
demandado, así como las pretensiones de la demanda, sin condena en costas35.
Como fundamento de ello, el Tribunal, en síntesis, tomó en consideración:
2.12.1. Que, de acuerdo con lo determinado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 2001, el término de caducidad de dos años previsto en
el artículo 136.9 del CCA se cuenta a partir del momento en el que se haya
pagado la obligación indemnizatoria por la actora o se haya vencido el
término de dieciocho (18) meses para ello establecido en el artículo 177 del
CCA. En este caso, la caducidad no operó "[...] al haberse efectuado el pago
de la condena [sic] el 28 de mayo de 2002, siendo el plazo máximo para
acudir a la jurisdicción el 26 de febrero de 2003".
Agregó el Tribunal que, si bien la admisión de la demanda se había producido
trece (13) años después de su radicación, ello respondió que mediante auto
del 14 de marzo de 2012 se había declarado la nulidad de todo lo actuado
por falta de competencia funcional, tras lo cual la demanda fue admitida por
la autoridad judicial competente, con la orden subsiguiente de emplazar al
demandado, ante la falta de una dirección actualizada para notificación; "[...]
decisión que junto con todas la demás que le siguieron fueron notificadas por
estado, y pese a que el demandado y su apoderado conocían con antelación
la existencia del mismo, se abstuvieron de efectuar manifestación alguna que
permitiera trabar la litis en debida forma, esperando hasta que el proceso
fuera fijado en lista para proceder a dar contestación a la demanda el 27 de
julio de 2015, situación que deja entrever que quien ahora alega la excepción
de caducidad, contribuyó con su conducta omisiva a que se desarrollara
eficientemente el trámite normal del proceso [...]".
2.12.2. Que la acción de repetición, con la que no se indemniza un daño, sino
que se reintegran recursos públicos pagados, en cumplimiento de una
obligación de indemnizar, es autónoma e independiente a la acción civil, cuya
prescripción se regula en el artículo 2358 del Código Civil y en los artículos
94 y siguientes del Código Penal. Por tanto, atendiendo a que, conforme a lo
expuesto al despachar desfavorablemente la excepción de caducidad, el
órgano demandante acudió oportunamente a la jurisdicción y que la
prescripción sanciona el abandonó del ejercicio del derecho por su titular, la
presente acción no prescribió.
31 Folios 387 a 389.
n Folio 392.
33 Folios 394 a 409.
34 Folios 411 a 427.
35 «PRIMERO.- Declarar NO probadas las excepciones de "caducidad de la acción" y de "prescripción de la
obligación" propuestas por la parte demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva. II SEGUNDO.-
NEGAR las pretensiones de la demanda, por los argumentos expuestos anteriormente. TERCERO.- Sin costas
en esta instancia. II CUARTO.- En firme esta providencia, archlvese el expediente y déjense las constancias de
rigor».
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2.12.3. Que la demandante acreditó la condición de miembro activo del
Ejército Nacional del demandado cuando sucedieron los hechos que
generaron la obligación indemnizatoria del ente actor, con certificación
expedida por el jefe de personal de Batallón de Contraguerrillas 36
Comuneros, apreciada en conjunto con las fallos de primera y segunda
instancia proferidos por el Consejo Verbal de Guerra Adscrito al Batallón de
Contraguerrillas 35 y por el Tribunal Superior Militar.
2.12.4. Que el órgano actor acreditó que, mediante acuerdo conciliatorio
aprobado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el ente demandante
reconoció el pago de perjuicios morales por un monto de 2700 gramos oro,
como consecuencia de la muerte del soldado voluntario Pedro José Ruiz
Hostos el 27 de marzo de 1998.
Agregó el Tribunal que la acción de repetición es el mecanismo idóneo para
obtener el reintegro de fondos públicos erogados en cumplimiento de
condena judicial, acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación de un
conflicto. Por lo tanto, "[...] no es de recibo la argumentación expuesta por la
defensa del demandado al considerar que en el sub judice no había lugar a
repetir contra el accionado si se tiene en cuenta que el pago de los dineros
cuyo reintegro se procura, no acaeció como producto de la orden emitida en
una sentencia judicial, pues la evolución tanto normativa como jurisprudencial
establecen que la indemnización a favor de particulares producto de acuerdo
conciliatorio, también da lugar a la acción de repetición, máxime si el Juez
Contencioso Administrativo competente le imparte la aprobación al acuerdo
respectivo por considerar que el mismo cumple con los parámetros
normativos fijados para el efecto y se vislumbra la existencia de una eventual
condena en contra de la Administración, como sin duda ocurrió en el caso
que ocupa el estudio de la Corporación".
2.12.5. Que la demandante probó el pago de $62.256.964,69 a la apoderada
de los familiares del soldado voluntario Pedro José Ruiz Hostos, en
cumplimiento del anterior acuerdo conciliatorio, mediante comprobante de
pago núm. 281 del 24 de febrero de 2001 y la resolución núm. 2085 del 27
de diciembre de 2000.
2.12.6. Que la demandante no acreditó que la indemnización por perjuicios
morales referida anteriormente hubiera sido ocasionada por un actuar
gravemente culposo del demandado, ya que, además de no mencionar
siquiera las circunstancias con las que en el caso esta se configura, como
prueba de ello aportó únicamente las sentencias de las autoridades judiciales
militares, de las que únicamente se desprende una "actuación imprevista, o
una negligencia simple —más no grave o lata—".
Advirtió, por demás, el Tribunal que, Id» acuerdo con los diferentes
pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado36, es oportuno
hacer un llamado de atención a la entidad demandante para recordarle que
si bien está en el deber de ejercer la acción de repetición, lo cierto es que su
participación en el decurso del proceso debe ser activa sobre todo cuando en
ella recae la carga probatoria, orientada a demostrar jurídicamente los
presupuestos objetivos (sentencia condenatoria y pago) y la conducta dolosa
o gravemente culposa del agente público (elemento subjetivo)".
« 36 Ver la sentencia [de] 31 de agosto de 2006, exp. 17482, entre otras».
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2.12.7. El Tribunal resolvió, por último, no imponer condena en costas, al
considerar que, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay
lugar a ello cuando alguna de las partes actuara temerariamente, sin que esto
hubiera ocurrido en este proceso.
2.13. El demandado interpuso recurso de apelación37 contra la anterior sentencia,
con el que "[...] pretende la revocatoria de los numerales [sic] PRIMERO y
TERCERO de la parte resolutiva del fallo cuestionado para que en su reemplazo se
acceda a declarar probadas no solo las excepciones de caducidad y de prescripción
sino también las otras excepciones propuestas por la parte demandada y se
condene en costas a la entidad [sic] demandada". A modo de sustento de su
solicitud, el demandado adujo, en síntesis:
2.13.1. Que, conforme a lo resuelto en el ordinal primero de la parte resolutiva
del fallo apelado y a sus consideraciones, únicamente habían sido
despachadas desfavorablemente las excepciones de prescripción y
caducidad, sin que tal desestimación tuviera lugar porque la demandante
acudió a una autoridad judicial errónea y no pagó oportunamente las
expensas para la notificación, y no dio respuesta así a las demás
excepciones propuestas por la demandada, a las cuales se remitió.
2.13.2. Que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 no exige una actuación
temeraria de la parte vencida para la imposición de costas en su contra, las
cuales se causan por aplicación de los artículos 72 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil, los artículos 1626 y 1629 del Código Civil, y por un
"principio de justicia", de los cuales "[...] se deduce la conveniencia de que la
jurisprudencia vuelva sobre la interpretación de las normas relacionadas con
la condena en costas, cuya imposición corresponde a un derecho de la
víctima consagrado en una regla general, objetiva, fundada en el hecho de
ganar la contienda judicial que tuvo que adelantar con gastos determinados
para que el fallador dictara la sentencia que corresponda en derecho, para
solucionar el objeto del litigio". Agregó que, en este proceso, la gestión
profesional del apoderado del demandado se había extendido por más de
quince (15) años y que aquel tenía su domicilio en Bogotá, habiéndose
tramitado la primera instancia de este caso en Tunja.
2.14. El recurso fue concedido38, admitido39 y se corrió traslado49 para los
alegatos de las partes y el concepto del Ministerio Público.
2.14.1. Esta oportunidad fue aprovechada por la demandante, que, como alegatos,
dijo que:
"En respeto por el tiempo de esa Magistratura, no voy a repetir las razones
expuestas en la formulación del escrito de apelación, para sustentarlas razones de
hecho y de derecho por las cuales se solicitó que se acojan las excepciones de
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN y de PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE
INDEMNIZAR.
Respecto de las demás excepciones que fueron desestimadas acertadamente en el
fallo proferido el 12 de septiembre de 2017, es pertinente su confirmación al
evidenciarse, tanto probatoria como jurídicamente que fueron demostradas.
37 Folios 430 a 434.
38 Auto del 4 de octubre de 2017, folio 436.
39 Autos del 28 de febrero de 2018 y del 11 de mayo de 2018, folios 442 y 446.
4° Auto del 6 de julio de 2018, folio 448.
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Finalmente, es necesario que la jurisprudencia de esa Alta Corporación de justicia
lleve a las entidades públicas a obrar, no en forma automática respecto a la
promoción de acciones de repetición sino que decidan en forma ponderada frente a
cada caso, en acatamiento de los principios consagrados en el artículo 209 de la
Constitución Política, máxime cuando es un hecho notorio que la rama jurisdiccional
carga con un exceso de trabajo y que no se justifica propiciar un desgaste del
aparato judicial con la innecesaria y poco sopesada instauración de nuevos litigios".
2.14.2. El Ministerio Público, a través del Procurador Primero Delegado ante el
Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales —quien actualmente forma parte de
esta Subsección— solicitó la confirmación del fallo impugnado41, debido a: (i) que
las consideraciones en que se basó fueron "acertadas y claras"; (ii) que, al haber
sido negadas las pretensiones de la demanda, el estudio de las excepciones
formuladas resultaba inane; y (iii) que el legislador había establecido un criterio
subjetivo para la imposición de costas en procesos contencioso-administrativos, sin
que se advirtiera una actuación temeraria de la demandante.
2.14.3. Mediante auto del 20 de octubre de 2022 se declaró fundado el impedimento
manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales (artículo 141, numeral 12,
Código General del Proceso)42.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición
contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado
una condena contra una entidad pública, conforme al artículo 58 del CCA y el
artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para desatar
el recurso de apelación interpuesto, según el inciso 2° del artículo 7 de la Ley 678
de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de
1998.
3.1. Sobre el alcance de la apelación y la competencia del ad quem
De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") —aplicable
en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada"— el
"recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión". En estos términos, el objeto de la
apelación recae sobre las decisiones adoptadas en las providencias recurridas,
razón por la que el impugnante tiene el deber de cumplir con la carga de sustentar
el recurso", exponiendo los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de
primera instancia al resolver el litigio planteado.
41 Folios 452 a 458.
42 SAMAI, índices 36 y 38.
43 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-
00395-01(U).
" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial
No. 2415: «Si, como ya está dicho, la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada
de la voz latina "impugnare", que significa "combatir, contradecir, refutar'', tiene que aceptarse que el deber de
sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto
que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el
escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su
contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación [...]. Cree la Corte que no
pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de
este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injurídica
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Radicado: 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629)
Demandante: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
Así las cosas, la competencia funcional del juzgador de segunda instancia se
circunscribe a los argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión
que se hubiera adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o
perjudicial a sus derechos o interés. Por lo cual, en principio, los demás aspectos
se excluyen del debate en la instancia superior, pues en el recurso de apelación
opera tanto el principio de ninguna reforma para empeorar (non reformado in pejus)
como el principio dispositivo, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la
formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él persigue.
El alcance referido de la apelación se deriva, así mismo, del artículo 328 del CGP,
el cual establece que "el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", en línea con la
jurisprudencia constitucional, que de antaño ha considerado que "las pretensiones
del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia
deljuez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos,
constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: tantum
devolutum quantum appellatum [involucró tanto como se le Ilamó]"4s.
3.2. Sobre el carácter recurrible de los puntos de la sentencia de primera
instancia que no desfavorecieron a la parte apelante
3.2.1. De acuerdo con el artículo 320 del CGP, "[p]odrá interponer elrecurso la pede
a quien le haya sido desfavorable la providencia". No es pues procedente el recurso
de apelación sobre los puntos de la providencia que hayan favorecido a la parte
impugnante, lo que fue puesto de presente por el representante del Ministerio
Público en esta instancia, quien conceptuó46 que, ante la desestimación de las
pretensiones de la demanda en la sentencia recurrida, resultaba inane el análisis de
los cargos de la apelación interpuesta por la parte demandada.
Al punto, resulta oportuno recordar que, en sustento de la alzada, el demandado
dijo inicialmente que el Tribunal no se había pronunciado sobre las excepciones
propuestas diferentes a las de caducidad y de prescripción47. Sin embargo, en los
alegatos de instancia, el apelante precisó expresamente que sobre estas se había
pronunciado acertadamente el fallo recurrido, por lo que su confirmación resultaba
pertinente.
3.2.2. No obstante, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada
de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre
todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito,
tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia
de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada"48. Y es que, como
o irregular tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, "si hay prueba de los hecho.? u otras
semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión
no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las
deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en su proveído impugnado».
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2021, expediente 48450:
"[...] la sala debe reiterar que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por la parte actora en
su recurso, en tanto a través de ella se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión
judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia
presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle aljuez de superior
jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia [...r.
45 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-327 de 1995, criterio reiterado en la sentencia C-583 de 1997.
46 Aptado. 2.14.2.
47 Aptado. 2.13.1.
" CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
8
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lo ha precisado la doctrina", sin el cumplimiento de los referidos presupuestos, no
se configura la relación jurídica procesal, por lo que el proceso no nace válidamente
—por lo que se consideran previos a este— ni, consecuentemente, el juez tiene la
obligación de pronunciarse sobre el fondo del asunto. En razón a ello y al interés
público que envuelve el proceso judicial, el juez debe verificar el cumplimiento de
los presupuestos procesales, por lo que la Sala se pronunciará sobre la caducidad
de la acción, mas no sobre la prescripción, que es un aspecto sustancial del litigios°.
3.2.3. Aparte, observa la Sala que —como lo conceptuó el Ministerio Públicosi—
abordar las excepciones de caso fortuito, fuerza mayor y ausencia de nexo causal,
propuestas en la contestación de la demanda52, resulta inane, en cuanto hacen
referencia a circunstancias enervantes de la responsabilidad, la cual no se configuró
en este asunto y a la ausencia de un elemento de la imputación (el fáctico) que
tampoco se configuró. Además, la configuración de las anteriores excepciones no
traería consigo la revocación ni la reforma de la decisión de primer grado, por lo
que, según el artículo 320 del CGP53, no son objeto de la apelación. En
consecuencia, la Sala no se pronunciará sobre los referidos aspectos del fondo del
asunto.
3.2.4. En este orden de ideas, el primer cargo de la apelación da lugar al siguiente
problema jurídico:
¿Operó la caducidad de la acción, en razón al incumplimiento de las cargas
procesales en cabeza de la actora, porque la admisión de la demanda se
produjo tardíamente?
3.3. Análisis del primer problema jurídico
El siete (7) de junio de dos mil (2000), el Tribunal Administrativo de Boyacá aprobó
el acuerdo conciliatorio con el que fueron reconocidos los perjuicios ocasionados
con la muerte del soldado Pedro José Ruiz Hostos, a causa del disparo accidental
percutido por el cabo segundo del Ejército nacional José Luis Sánchez Medellín"-
55. El pago de estos perjuicios se realizó, mediante depósito bancario, el veintiséis
(26) de febrero de dos mil uno (2001), según la orden de pago y el comprobante del
depósito56. Por lo tanto, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188757, el término
para el ejercicio oportuno de la acción se rige por el CCA.
45 DEVIS ECHANDIA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, 9a edición, Editorial ABC, Bogotá,
1983, pp. 259-260.
50 "La prescripción se predica propiamente de los derechos sustanciales; la caducidad, de las acciones
instituidas piara obtener su protección y operancia; la caducidad es consrcuencia de la extinción del término
perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones. El Consejo de Estado prohiba la doctrina
sostenida al respecto por la Corte Suprema de Justicia en fallo de 1 de octubre de 1946 ("G. J", T LXI, p. 583
y ss.). fi IV. Estas doctrinas fueron RATIFICADAS posteriormente en fallos de 15 de no-viembre y 4 de diciembre
de 1963". CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 11 de octubre de 1963, rad. núm. 1634.
51 Aptado. 2.14.2.
52 Aptado. 2.9.
53 Aptado. 3.1.
54 Copia a folios 197 a 202.
55 Conforme a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 (exp. 25022), en aras a garantizar el principio
constitucional de buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, la Sala valorará
las copias simples que hacen parte del acervo probatorio, en cuanto estas hayan obrado a lo largo de todo el
proceso, sin que fueran tachadas, ni su validez fuera controvertida.
56 Copia auténtica a folio 36.
57 "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a mgir. Pero los términos arre hubieren empezado a correr
y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la lev vigente al tiempo de su iniciación"
(subrayado añadido).
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De acuerdo con el artículo 135.9 del CCA y lo establecido por la Corte Constitucional
en la sentencia C-832 de 200158, la acción de repetición tiene un término de
caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la
condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento
del plazo de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
según el inciso 4° del artículo 177 del CCA".
3.3.1. Ahora bien, en este proceso se acreditó que: (i) el auto de aprobación judicial
del acuerdo conciliatorio en el que se impuso una obligación indemnizatoria a la
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional fue notificado por estado del
dieciséis (16) de junio de dos mil (2000)8°, por lo que cobró ejecutoria el veintidós
(22) de junio de dos mil (2000)81-82; (ii) la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional contaba así con un plazo de dieciocho (18) meses para dar cumplimiento
a lo acordado y este término se cumplió el veintidós (22) de diciembre de dos mil
uno (2001); y (iii) el veintiséis (26) de febrero de dos mil uno (2001), el órgano
demandante pagó $62.256.964,69 en cumplimiento del acuerdo conciliatorio
referido".
Por lo tanto, en este caso, el término de caducidad de la acción de repetición
operaba el veintisiete (27) de febrero de dos mil tres (2003). Según el artículo 143
del CCA" y la jurisprudencia reiterada", en materia contencioso-administrativa la
caducidad se interrumpe únicamente con la presentación de la demanda que
cumpla con los requisitos y formalidades; requisitos que, en este proceso, se
cumplieron cuando, luego de la inadnnisión de la demanda", esta fue subsanada,
con la presentación de la documentación requerida, el treinta (30) de enero de dos
mil cuatro (2004)87.
3.3.2. Sin embargo, como lo ha considerado la jurisprudencia administrativa", en
línea con la jurisprudencia constitucional", "en los eventos en que el demandante
ha presentado oportunamente su demanda, las decisiones que resuelvan conflictos
de jurisdicción o competencia no llenen que incidir en la oportunidad, para lo cual
deviene en imperativa la remisión oficiosa de la actuación al funcionario competente,
58 "Declarar EXEQUIBLE la expresión 'contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado
por la entidad', contenida en el numeral 9° del articulo 136 del Código Contencioso Administrativo, bajo el
entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente
se matice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177
inciso 4 del Código Contencioso Administrativo". CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-832 de 2001.
59 CCA. "Artículo 177. [...] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los
presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto.
Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su
ejecutoria".
6° Folio 202 (anverso).
61 CCA. "Artículo 267.En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
en lo contencioso administrativo".
62 CPC. "Artículo 331. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas,
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso
de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez
ejecutoriada la que la resuelva".
63 Copia auténtica a folio 36.
""Atticulo 143. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos
anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción. [...]".
65 CONSEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, auto del 2 de marzo de 2001, rad. núm. 08001-23-31-000-2000-
1412-01(10909); Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 10 de noviembre de 2010, exp. 35756; y del
13 de junio de 2013, exp. 2679, entre otras.
66 Auto del 30 de enero de 2004, folio 30.
67 Folios 31 a 36.
68 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de septiembre de 2017, exp.
34563.
69 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-227 de 2009.
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sin que tal hecho dé lugar a la prescripción o caducidaclw". En consecuencia, los
conflictos de competencia que se susciten en la admisión de la demanda no inciden
en el conteo de la caducidad ni de la prescripción.
En este proceso, mediante auto del 19 de febrero de 200371, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, con base en el artículo 134 D del CCA, ordenó remitir el
asunto al Tribunal Administrativo de Arauca, porque la acción se dirigía contra un
particular con domicilio en ese departamento. Esta providencia fue recurrida por el
demandante, en reposición, quien argumentó que, de acuerdo con el artículo 7 de
la Ley 678 de 2001, que es una norma posterior y especial, la competencia le asistía
al juez o tribunal ante el cual se hubiera tramitado el proceso de responsabilidad
patrimonial del Estadon; recurso este que fue estimado, acogiendo los argumentos
del ente demandante, con auto del 20 de agosto de 200373. No cabe, pues, derivar
de esta controversia sobre la competencia unos efectos limitativos del acceso de
administración de justicia hara la demandante, quien, por demás, acudió ante la
autoridad competente.
3.3.3. Como se mencionó anteriormente, la demanda fue presentada en debida
forma el treinta (30) de enero de dos mil cuatro (2004)74, lo que ocurrió siete (7) días
después de que el auto inadmisorio le fuera notificado al ente actor76. Por lo tanto,
como la acción de repetición caducaba el veintisiete (27) de febrero de dos mil tres
(2003)76 y la demanda fue presentada el veintiocho (28) de mayo de dos mil dos
(2002)77, la Sala concluye que la acción de repetición fue incoada
oportunamente, aun cuando se computaran los siete (7) días que tardó la
demandante en allegar la documentación requerida.
3.3.4. Así pues, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se impone una
respuesta negativa al primer problema jurídico planteado en esta instancia, por lo
que la demanda será confirmada en la desestimación tanto de las excepciones y
como de las pretensiones.
3.4. Sobre el carácter recurrible de las costas
Las costas son las inversiones que las partes deben realizar para el desarrollo del
proceso, sin que estas comprendan todas las inversiones económicas que para ello
se requieren, como lo son las que realiza el Estado para la sustanciación,
denominado arancel judicial".
« 70 En la jurisdicción contencioso administrativa, esta materia está tratada con mayor racionalidad, por cuanto
tal como lo establece el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo: "(...) En caso de falta de jurisdicción
o de competencia mediante decisión motivada eljuez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor
brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la
corporación o juzgado que ordena la remisión". En ese orden, la Corte declaró la EXEQUIBILIDAD del numeral
3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de
2003, en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil, "en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la
caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produzca por culpa del demandante"».
71 Folios 21 y 22.
72 Folios 23 y 24.
73 Folio 30.
74 Folios 31 a 36.
75 Folio 38 (reverso).
76 Aptado. 4.2.1.
77 Folio 19 (reverso).
78 "Se trata, entonces, de un instrumento impositivo, que coadyuva al logro del objetivo de tener una justicia
razonablemente más rápida y eficaz, que ha sido acogido incluso en países desarrollados y económicamente
poderosos, como estrategia para buscar mayores recursos que permitan afrontar y superar los inconvenientes
que surgen alrededor de una mayor demanda de justicia. Conforme con su finalidad, existe una clara distinción
doctrinal entre los conceptos de arancel judicial y agencias en derecho, costas y expensas. El arancel judicial
se mira con criterio amplio, en el sentido de que comprende todos los gastos que puedan tener lugar con ocasión
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3.4.1. Con base en los desarrollos del derecho romano78, en la doctrina se han
propuesto fundamentaciones diversas de las costas. Desde una perspectiva
peculiar, se ha defendido que las costas provienen de una relación cuasicontractual,
que se traba con la contestación de la demanda y que genera la obligación recíproca
de reintegrarlas. A su vez, en el Código de Napoleón, las costas se fundaron en la
obligación de indemnizar los perjuicios causados al patrimonio de una de las partes
en pugna con base en la culpa, aún presunta, por la prudencia y diligencia que se
imponen a quien acude a la jurisdicción. Aparte, bajo una visión objetivista, la
causación de costas se ha basado en la teoría del riesgo, porque, al acudir al
proceso, tanto el demandante como el demandado asumen un riesgo que hubieran
podido evitar. Así mismo, se ha defendido que las costas tienen el carácter de multa,
cuando estas son fijadas en función del reproche de conducta de la parte y con
independencia de los gastos ocasionados8°.
Finalmente, se ha considerado que las costas tienen un carácter netamente
procesal. En ello, se tiene en cuenta que las costas son impuestas mediante
condena judicial, con independencia del petitum, así como el ámbito —judicial— en
el que se generan, y que se imponen a la parte vencida por este solo hecho, con
independencia de su conducta en el proceso, para cubrir los gastos de quienes
participan en el proceso81.
3.4.2. Esta última perspectiva de las costas, que atiende únicamente al éxito o al
fracaso de las pretensiones, fue la acogida en el Código de Procedimiento Civil
("CPC") (artículos 392 y 393). Esta codificación contemplaba, además, la imposición
de multas (artículos 39.1 y 394) y la responsabilidad patrimonial de las partes y de
sus apoderados, quienes, con independencia de las costas, deben indemnizar los
perjuicios causados a terceros con sus actuaciones temerarias o de mala fe
(artículos 72 y 73)82. Coexisten así, en el CPC, sanciones procesales, así como
unos presupuestos de la responsabilidad civil de las partes y de sus apoderados, y
una visión netamente procesalista de las costas.
Una concepción distinta de las costas fue adoptada con la modificación al CCA que,
en esta materia, fue introducida con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. Esta
norma83, en la que se ordenaba que para condenar en costas a la parte vencida se
tuviera en cuenta la conducta de las partes, fue interpretada en la jurisprudencia de
de activar el aparato judicial, razón por la cual, los recursos que por esa vía se obtengan se destinan al servicio
de la administración de justicia en general. Tratándose de las agencias, costas y expensas, estas se desarrollan
en un ámbito conceptual más restringido, materializado en los gastos que deben satisfacer las partes como
consecuencia del proceso que promueven, y de los que una de ellas podría resarcirse en caso de producirse la
condena en costas de la parte contraria. De esa forma, los recursos obtenidos con ocasión de las agencias y
costas, a diferencia de lo que ocurre con los aranceles, se destinan exclusivamente a cubrirlos gastos que ha
generado el proceso y nada más. Desde ese punto de vista, cuando se hace referencia al concepto de arancel
judicial, se esta hablando, por regla general, de las tarifas oficiales que determinan los derechos que se han de
pagar por el hecho de activar el aparato judicial, o lo que es igual, por adelantar o promover un procedimiento
ante la justicia". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-368 de 2011.
79 En el derecho romano, del que proviene la imposición de costas, estas no se causaban en un primer momento,
tras el cual se impusieron unas multas procesales para el litigante temerario, que se incrementaban en función
de la gravedad de la conducta. Pero luego, cuando fue aceptado el cobro estipendios por los advocatus, también
fue admitido el pago de gastos del juicio por la parte vencida (discutiéndose, no obstante, si ello respondía a
ese solo hecho o a la temeridad de la parte). Con base en lo anterior, los glosadores, en el siglo XII, construyeron
una teoría, de acuerdo con la cual con las costas se castiga a la parte derrotada únicamente cuando hubiera
incurrido en dolo o un abuso procedimental.
8'3 GOZAINI, Osvaldo, Costas Procesales: Doctrina y jurisprudencia, 3a edición, EDIAR, aptados. 5 y 6.
81 lbidem.
82 Un escenario análogo se contempla en el Código General del Proceso, en el cual la condena en costas se
supedita únicamente a la prosperidad de las pretensiones o recursos (articulo 365).
83 "Artículo 55. Condena en costas. El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, quedara así: fi
Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez,
teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil".
12
a.
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esta Corporación" —reiterada por la Corte Constitucional88— en la cual la
imposición de costas fue concebida como una modalidad de abuso de derecho que,
como tal, exige una valoración subjetiva de la conducta (procesal) de la parte
condenada.
En nuestro ordenamiento, la jurisprudencia ha juzgado la responsabilidad por abuso
del derecho de acuerdo con las reglas de la responsabilidad civil, al considerar que
la culpa —referida en el artículo 2341 del Código Civil— comprende tanto los actos
ilegales como los abusivos88. Las costas causadas en lo contencioso administrativo
asumen así un fundamento análogo al de la responsabilidad patrimonial de las
partes y sus apoderados, adoptada en el CPC (artículos 72 y 73), que es una
responsabilidad de carácter civil". Las costas, así establecidas en el CCA, adoptan
un carácter sustancial, y no meramente procesal, que implica un juicio de
responsabilidad independiente al del análisis de las pretensiones.
3.4.3. Pese a que la Ley 446 de 1998 incorporó al proceso contencioso-
administrativo una concepción de las costas propia de la responsabilidad civil, el
CCA continuó remitiéndose, en lo demás, a las reglas sobre la materia del CPC, en
el que —como se mencionó anteriormente— se había adoptado una visión
netamente procesal de las costas. Esta última codificación, a su vez, prevé que "Mas
costas serán liquidadas en el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que las imponga o la de
obedecimiento a lo resuelto por el superior [...fi (artículo 393). Finalmente, la
liquidación de las costas puede ser objetada por las partes, en un trámite incidental
que culmina con la decisión del juez o magistrado (artículo 393, numerales 1 a 6)88.
Así, en el CPC, la liquidación de las costas, mas no su imposición, puede ser
discutida únicamente en el referido trámite incidental.
No contiene, pues, la norma adjetiva aplicable de forma supletiva en lo contencioso
administrativo una disposición específica sobre la decisión de condenar, o no, en
costas; vacío que se explica, en cuanto la imposición de costas en el CPC (y en el
COP) no implica un juicio independiente al de la estimación o desestimación de las
pretensiones o del recurso, como sí ocurre en el CCA.
3.4.4. Ahora, como lo ha precisado recientemente la jurisprudencia administrativa:
«[...] es relevante comprender que el recurso de alzada contra sentencias, dentro
de la estructura de la administración de justicia, está concebido como un mecanismo
de control de la actuación judicial, que encuentra fundamento en la necesidad de
preservar el principio de legalidad en las decisiones de los jueces, pues obra como
84 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, rad. núm. 10775 (citada en
el apartado 3.5.1 de esta providencia).
85 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-043 de 2004.
88 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de agosto de 1937, Gaceta Judicial,
Tomo XLV, núm. 1927, pp. 418 - 422
87 "El abuso del derecho de litigar o la temeridad (que se identifican) no existe siempre que se pierde el pleito,
porque puede haber causa seria para incoado. Se requiere el uso anormal, mal intencionado, imprudente,
inconducente o excesivo en relación con la finalidad legítima que ofrecen las leyes rituales para el
reconocimiento y la efectividad o la defensa en los derechos. Es una calificación que en cada caso debe ser
examinada por el juzgador. [...] El nuevo c.P.C. consagró esa responsabilidad patrimonial de las partes y la
extendió a los apoderados, con lo cual eliminó cualquier discusión que pudiera presentarse respecto a la
aplicación (en nuestro concepto indudable) de los textos civiles sobre responsabilidad extracontractual. Es decir,
la responsabilidad ha existido siempre al tenor de las normas civiles; pero ahora quedó expresa y se permite
hacerla efectiva en el mismo proceso, donde ocurra la actuación temeraria o de mala fe, lo cual es una gran
economía de tiempo y trabajo". DEVIS ECHANDIA, Hernando, compendio de Derecho Procesal, tomo I, 98
edición, Editorial ABC, Bogotá, 1983. pp. 366-367.
88 El CGP prevé, igualmente, que las costas son liquidadas por el secretario y aprobadas por el juez de la causa,
y pueden ser controvertidas únicamente a través de los recursos de apelación y reposición del auto liquidatario
(articulo 366, numerales 1 a 6).
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garantía de corrección de los eventuales yerros en que pueda incurrir el fallador de
primera instancia al clausurar el proceso.
De allí que, por regla general, este dispositivo concrete de forma principal el amparo
que ofrece el ordenamiento jurídico, al disponer que sea el superior jerárquico quien
determine si la decisión reprochada está o no ajustada a derecho; revisión que, de
contera, añade mayor probabilidad de acierto en la administración de justicia.
Al respecto, bien viene recordar la definición que del recurso de apelación ha
ofrecido la doctrina especializada, al señalar que éste corresponde al "remedio
procesal que tiene por objeto el control de la función judicial y se funda en una
aspiración de mejor justicia, remedio por el cual se faculta al litigante agraviado por
una sentencia o interlocutora, a requerir un nuevo pronunciamiento de un tribunal
jerárquicamente superior para que, ( ...) examine en todo o en parte la decisión
impugnada como erróneamente, por falsa apreciación de los hechos o equivocada
aplicación o interpretación del derecho y la reforme o revoque en la medida de lo
solicitado" 590•
El recurso de apelación es así un mecanismo que, ante la falibilidad de la persona,
busca preservar la legalidad de las decisiones judiciales, mediante su revisión por
el superior jerárquico, el cual examina total o parcialmente la providencia de primera
instancia, en sus elementos fácticos y jurídicos.
3.4.5. Así pues, como la imposición o denegación de costas en el CCA implica un
juicio basado en hechos y normas jurídicas91, a partir del cual surge una obligación
dineraria resarcitoria92, el cual es independiente al juicio de estimación o
desestimación de las pretensiones, esta decisión puede ser recurrida en apelación
por la parte que hubiera resultado desfavorecida, para que el superior jerárquico
examine la legalidad del juicio de primer grado; situación que no se presenta en los
regímenes de costas en los que estas dependen únicamente de la prosperidad de
las pretensiones, por lo que su revisión independiente por el superior jerárquico
sería inocua.
3.4.6. En este orden de ideas, el segundo cargo de la impugnación da lugar el
siguiente problema jurídico:
¿Deben reconocerse costas procesales a favor del demandado, de acuerdo
con una interpretación objetiva del artículo 55 de la Ley 446 de 1998, los
artículos 72 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, los artículos 1626
y 1629 del Código Civil, y por un "principio de justicia"?
«89 COSTA Agustín. Citado por TAWIL Guido Santiago: Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema
de Justicia, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1990. Pág. 40».
9° CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021, exp.
61864.
91 "De las clasificaciones que existen sobre las sentencias, la más conocida tiene en cuenta el derecho que
pone en vigor y que se corresponde con la especie de proceso al cual sirve como medio de decisión. Pueden
ser declarativas, constitutivas o de condena. [...] b) CONDENATORIAS. Una sentencia es de condena cuando,
además de declara el derecho en el caso concreto, impone al obligado el cumplimiento de una prestación o le
ordena abstenerse de realizar ciertos actos". LUQUI, Roberto Enrique, Revisión Judicial de la Actividad
Administrativa, tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 2005, pp. 306-307.
92 «La condena en costas es la imposición por resolución judicial a una de las partes de la obligación de pagar
los gastos ocasionados por la contraria. Y como esta las ha satisfecho con anterioridad, más que una obligación
de pagar, es, como se ha dicho, "una obligación de reembolsar el gasto realizado, una obligación que tiene
carácter accesorio respecto de las restantes situaciones jurídicas a que se refiere la decisión"». GONZALEZ
PÉREZ, Jesús, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, Temis, Bogotá, 1985, p. 417.
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Demandante: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
3.5. Análisis del segundo problema jurídico
De conformidad con los artículos 3 y 40 de la Ley 153 de 1887, en materia de costas
se aplica, en este asunto, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, por ser una norma
especial sobre este punto en lo contencioso administrativo, y posterior al Código
Civil, la cual estaba en vigor cuando inició este proceso. No cabe, pues, la aplicación
de las normas de esta última codificación, ni del Código de Procedimiento Civil,
como lo arguye el recurrente93, salvo en lo que la misma norma lo determine.
Ahora bien, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 estableció que:
"En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez teniendo
en cuenta la conducta asumida por las partes podrá condenar en costas a la vencida
en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil (subrayado añadido).
3.5.1. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación", reiterada por la Corte
Constitucional95 al analizar la exequibilidad de la norma referida:
«La nueva disposición contiene dos modificaciones sustanciales: a) posibilita la
condena en costas para la entidad pública vencida, pues bajo la vigencia del artículo
171 del C.C.A. sólo se permitía dicha condena para el litigante particular vencido en
el proceso, incidente o recurso, con lo cual se atiende por este aspecto al principio
de igualdad de las partes y, b) exige una valoración subietiva para su condena, en
tanto que en la norma anterior el criterio para su procedencia era simplemente
objetivo, pues remitía al artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.
En la nueva regulación de las costas en el proceso administrativo no basta entonces
que la parte sea vencida, toda vez que se requiere una valoración de la conducta
observada por ella en el proceso. La dificultad surge al determinar los criterios que
debe tener en cuenta el juez para decidir cuando la conducta de la parte justifica la
condena en costas.
La norma remite así a lo que la doctrina ha denominado "cláusulas abiertas" o
"conceptos jurídicos indeterminados", los cuales no dan vía libre a la arbitrariedad
del operador jurídico sino a una aplicación razonable de la norma con un mayor
margen de apreciación.
Respecto de los criterios jurídicos indeterminados ha sostenido García de Enterría
que el margen de apreciación que los conceptos jurídicos indeterminados permiten
no implican en ningún caso una discrecionalidad para determinar si ellos
objetivamente existen o no96. En este sentido el articulo 36 del Código Contencioso
Administrativo en relación con los actos administrativos señala que "en la medida en
que el contenido de una decisión... sea discrecional, debe ser adecuada a los fines
de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa'67.
Es decir que en el caso concreto, la cláusula abierta que contiene el articulo 56 de
la ley 446 de 1998 no faculta al luez para decidir a su arbitrio sobre la existencia
material de la conducta procesal, sino para resolver en frente de una actuación
claramente verificable, cuándo ella amerita la condena al reembolso de los gastos
93 Aptado. 4.2.3.
94 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, rad. núm. 10775.
" CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-043 de 2004.
« 96 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRIA. La lucha contra las inmunidades delpoder. Madrid, cuadernos Civiles.,
1983. pag 63».
« 97 Sobre el terna ver sentencias de la Corte Constitucional C - 530 de 1993, c - 024 de 1994, C - 473 de
1994
y C - 081 de 1996».
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S.
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hechos por la parte favorecida con el juicio, incidente o recurso, en consideración a
los fines de esa facultad discrecional.
La Sala considera que el juicio que en este caso debe hacerse implica un reproche
frente a la parte vencida, pues sólo en la medida en que su actuación no se acomode
a un adecuado ejercicio de su derecho a acceder a la administración de iusticia sino
que implique un abuso del mismo, habrá lugar a le condena respectiva.
En otros términos, en la medida en que la demanda o su oposición sean temerarias
porque no asiste a quien la presenta un fundamento razonable, o hay' de su parte
una injustificada falta de colaboración en el apode o práctica de pruebas, o acude a
la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio se considerará que
ha incurrido en una conducta reprochable que la obliga a correr con los gastos
realizados por la otra parte para obtener un pronunciamiento judicial» (subrayado
añadido).
3.5.2. En este orden de ideas, la posición esgrimida por el recurrente, quien defiende
una imposición objetiva de costas, no solo resulta opuesta a la jurisprudencia
administrativa y constitucional, así como al margen de discrecionalidad que le asiste
al juzgador, sino que además es abiertamente incompatible con el contenido de la
norma, la cual requiere una valoración de la conducta procesal de la parte. Así, el
denominado principio de justicia que invoca el apelante únicamente devela una
concepción de lo justo que difiere de la que orientó la regulación de las costas
procesales en el Derecho aplicable a este proceso. Por lo tanto, se impone
igualmente una respuesta negativa al segundo problema jurídico.
VI. COSTAS
No hay condena en costas, porque —como se expuso anteriormente— de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a su
imposición, cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, como
en este caso no se observa que se hubiese actuado de esa manera, no se hará
condena alguna en ese sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMESE la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de
Boyacá el doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), de acuerdo con
las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente
al Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase
JAIM IQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
L
GUILLERMO SÁNC
agistrado
-J
LUQUE
Aclaro voto
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