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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01601-01

Fecha
24 de julio de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01601-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, para, en su lugar: DECLÁRASE la CADUCIDAD respecto de los posibles daños que hubiera podido causar el Ejército Nacional con el comunicado de prensa del ocho (8) de abril de dos mil trece (2013) y de los posibles daños que hubiera generado la divulgación noticiosa del Periódico Extra que circuló el ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013). CONFÍRMASE la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, pero, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte demandante, para lo cual, el Tribunal de primera instancia deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, teniéndose en cuenta que en esta instancia se fijaron agencias en derecho por 0.001% del monto de las pretensiones. TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-01601-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

24 de julio de 2024

Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)

Demandante: Oscar Albey Gómez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa.

Tema 1. Responsabilidad del Estado por actos de persecución en contra de ciudadano. Subtema 1.1.
Responsabilidad del Estado por la omisión al deber de protección de la ciudadanía. Subtema 1.2.
Responsabilidad del Estado por declaraciones calumniosas en contra de ciudadano. Subtema 1.3.
Responsabilidad de un medio de comunicación por divulgaciones noticiosas sin verificar la veracidad de
la información. Subtema 1.3.1. Fuero de atracción. Subtema 1.4. Daño antijurídico – No acreditado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó
las pretensiones de la demanda con fundamento en la culpa exclusiva de la víctima.

I. SÍNTESIS

Se narra en la demanda que el señor Oscar Albey Gómez, abogado de profesión, tenía
oficina jurídica en las ciudades de Granada y Villavicencio -Meta, donde atendía por,
sobre todo, a soldados y policías heridos en combate y reservistas en relación con las
compensaciones económicas y prestacionales a las que tenían derecho. Indicó que,
ante la acogida que tuvo su labor, fue objeto de persecución por parte del Secretario de
Gobierno Departamental, quien desinformó a sus clientes y emitió, ante medios de
comunicación que no verificaron la veracidad de la información, declaraciones
presentándolo como un estafador; tales declaraciones crearon confusión en sus
clientes, quienes lo amenazaron y tomaron represalias en su contra, razón por la cual
tuvo que cerrar sus oficinas, aunado al desprestigio profesional que le devino. Adujo
que, pese a haber solicitado acompañamiento y vigilancia, el Ministerio de Defensa,
dicha entidad no verificó los actos de persecución en su contra, como tampoco entregó
las constancias de los factores salariales que él solicitaba para realizar los trámites de
sus clientes y, además, le exigió requisitos inexistentes para la verificación de firmas de
los usuarios. Arguye que la Alcaldía de Villavicencio, mediante actos de persecución y
vías de hecho, propició el cierre de sus oficinas.

La primera instancia negó las pretensiones con fundamento en la culpa exclusiva de la
víctima y le condenó en costas. El recurso de apelación, la parte actora invoca la
aplicación de un régimen objetivo, insiste en las omisiones y actuaciones irregulares de
las demandadas y protesta la condena en costas.

Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda

Los señores Oscar Albey Gómez Vanegas1, en nombre propio y en representación de
su menor hija Valentina Gómez Serrano y, la señora Cecilia Vanegas en su condición
de madre del primero de los mentados, el seis (6) de julio de dos mil quince (2015)
presentaron demanda de reparación directa, con la pretensión de que esta
Jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación – Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional, Departamento del Meta, municipio de Villavicencio y
Grupo Editorial El Periódico S.A.S. – Periódico Extra, como consecuencia de las
afectaciones que manifiestan, sufrieron los demandantes, relacionadas con la
persecución, vías de hecho, amenazas, calumnias, desprestigio, desplazamiento y
desprestigio profesional de que fue objeto el señor Oscar Albey por parte de las
demandadas, en razón a su desempeño como abogado asesor en asuntos
relacionados con reclamaciones y prestaciones económicas del personal de soldados
y policías2.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

Admitida la demanda3, notificado el auto admisorio4 y corridos los traslados que
ordena la ley5, el Departamento del Meta presentó escrito de contestación a la
demanda6. Se opuso a las pretensiones de la parte demandante, no sin antes advertir
las dificultades que tenía para pronunciarse sobre los hechos, dada la confusa
redacción de aquellos. Propuso las siguientes excepciones: i) “inexistencia de hecho
dañoso atribuible al Departamento del Meta”, bajo la consideración de que se le vinculó
por, supuestamente, haberle permitido al Secretario de Gobierno “blasfemar y destruir
el buen nombre del señor Gómez Vanegas y su núcleo familiar”; sin embargo ninguna
de las pruebas allegadas al proceso demuestran tal suceso y, más aún, no se entiende
de qué forma las manifestaciones vertidas en un periódico sin un destinatario específico
pueden afectar el buen nombre del demandante; ii) “Ausencia de demostración del
supuesto daño antijurídico causado al demandante”, pues, pese a que en la demanda
se abunda en elogios sobre la condición profesional de quien considera afectado su
buen nombre, no se trajo prueba de la existencia del daño ni de su afectación; e iii)
“inexistencia de nexo de causalidad”.

El municipio de Villavicencio también contestó la demanda7. Se opuso a las
pretensiones e, invocó como excepciones: i) “[Falta de] legitimación en la causa por
pasiva”, toda vez que el municipio no intervino activa o pasivamente en los hechos
referidos en la confusa demanda, más aún, la demandante no se preocupó en lo mínimo
por establecer contra quién deberían dirigirse las pretensiones, ni por aportar prueba
que acreditara sus dichos; ii) “Ausencia de falla del servicio”, pues la demanda no es
clara sobre la responsabilidad que le enrostra al ente territorial; iii) “Ausencia de nexo
causal”, ya que la parte actora basa la responsabilidad en meros supuestos que no
están probados; y iv) “La genérica”.

1 Escrito de demanda presentado el 6 de julio de 2015, visible a folios 11-32 del cuaderno No. 2, junto con el escrito

de subsanación obrante a folios 38-49, ibídem.
2 Folios 1-32, del cuaderno 1y, escrito de subsanación folios 8-49 ibídem.
3 Inicialmente, por auto del Auto del 3 de agosto de 2015, la instancia primigenia inadmitió la demanda (folios 35-36,

c. 2). Subsanada esta, fue admitida mediante auto del 30 de septiembre de 2015 (folios 56-57, c. 2). .
4 Constancias de notificación por medios electrónicos. Folios 62-68, cuaderno 2.
5 Folios 91-96, cuaderno 2.
6 Contestación de la demanda del Departamento del Meta. Folios 91-96, cuaderno 2.
7 Contestación de la demanda del municipio de Villavicencio. Folios 107 a 114, cuaderno 2.

2

Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

El Grupo Editorial el Periódico S.A.S. (Diario Extra Llano) también contestó la
demanda8. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: i) “Ineptitud
sustantiva de la demanda”, comoquiera su contenido confunde hechos, pretensiones y
juicios de valor como si fueran lo mismo; ii) “Inexistencia de la responsabilidad
extracontractual del Estado”, pues el periódico no realizó ninguna acción causante de
daño al demandado, al punto que no se exhiben pruebas de ello; iii) “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”; iv) “Ausencia de agotamiento de requisito de
procedibilidad”, e, v) “Indebida notificación”.

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó contestación a la
demanda9. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: i) “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”, dado que no se advierte, desde el punto de vista
material, relación alguna de sus actuaciones con el hecho dañoso; ii) “Inexistencia del
daño”, ya que la demanda es un cúmulo de apreciaciones subjetivas sin sustento
alguno; y iii) “Ausencia de falla en el servicio”. Enfatizó en que los perjuicios no se
encontraban probados y que el demandante había abandonado, por entero, la carga de
la prueba.

El juez de primera instancia celebró audiencia inicial el veintiséis (26) de septiembre
de dos mil diecisiete (2017)10, en la que declaró no probadas las excepciones de: i)
ineptitud sustantiva de la demanda11, ii) indebida notificación y falta de agotamiento de
requisito de procedibilidad respecto del Grupo Editorial El Periódico 12, y iii) falta de
legitimación por pasiva alegada por el Ministerio de Defensa, el municipio de
Villavicencio y el Grupo Editorial El periódico S.A.S. Además, fijó el objeto del litigio,
el cual se contrajo a la supuesta “persecución y vías de hecho que sufrió el demandante,
que ocasionaron el cierre de sus oficinas de asesoría jurídica, ubicadas en la ciudad de
Villavicencio y en el municipio de Granada (Meta), según se afirma, como consecuencia
de unas declaraciones realizadas por el Secretario de Gobierno del Departamento del
Meta y publicadas en el periódico Extra de Villavicencio”13.

El Tribunal realizó audiencia de pruebas el veintinueve (29) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017)14, en la que, luego de incorporarse las pruebas allegadas y de recibirse
los testimonios decretados, corrió traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de la
controversia. Así lo hizo la parte actora15, el Grupo Editorial El Periódico S.A.S.16,
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional17, el municipio de
Villavicencio18, mientras que el departamento del Meta y el Ministerio Público
guardaron silencio.

2.3. La sentencia recurrida

8 Contestación de la demanda del Grupo Editorial el Periódico S.A.S. Folios 115-121, cuaderno 2.
9 Contestación de la demanda del Ejército Nacional. Folios 126-141, cuaderno 2.
10 Acta de audiencia inicial. Folios 325-331, cuaderno 2.
11 Porque meridianamente se aprecian los cargos contra cada una de las demandadas y, no se considera aplicar un

exceso de ritualismo procesal.
12 Esto, por cuanto se demostró que sí se le envió notificación y, en todo caso, al tratarse de un particular vinculado

por fuero de atracción, tal requisito no era obligatorio.
13 Esta fijación quedó circunscrita a los hechos 5, 6, 9, 10 y 13 de la demanda, con lo cual la parte demandante dijo

estar “conforme”. Minuto 38:01 del CD de grabación.
14 Acta de audiencia de pruebas. Folios 355 a 356, cuaderno 2 y CD folio 354 ibídem.
15 Folios357-358, cuaderno 2.
16 Folios 366-370, cuaderno 2.
17 Folios 371 a 380, cuaderno 2.
18 Folios 381 a 383, cuaderno 2.

3

Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
profirió sentencia el tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018)19, en la que negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora, a efecto de lo cual
fijó agencias en derecho en favor de las demandadas, excepto, del Grupo Editorial El
Periódico S.A.S., ya que respecto de este se probó la responsabilidad, no obstante, fue
exonerado al comprobarse la culpa exclusiva de la víctima.

En relación con el daño indicó que “los derechos al buen nombre y honor del señor
OSCAR ALBEY GÓMEZ VANEGAS fueron quebrantados con las publicaciones
realizadas en el periódico regional, donde se calificó su labor como una estafa” y, que,
aun cuando no era ilegal la divulgación en medios de comunicación de las
investigaciones adelantadas por los órganos competentes, lo cierto era que si la noticia
exponía a una persona como responsable de los hechos, sin que tan siquiera hubiese
sido vinculada a un proceso, se “distorsiona[ba] el concepto público que se [tenía] del
individuo y, en consecuencia se afecta[ba] su imagen, prestigio y reputación”.

En cuanto a la imputación concluyó que: (i) no se acreditó que el Ministerio de Defensa
hubiera omitido un deber de protección frente a los actos de persecución que se
presentaron en contra del demandante, ya que ningún medio de prueba demostraba
que se hubiera realizado solicitud de protección, pues la única petición que se le hizo
al Ministerio, además de que fue previa a la publicación de la noticia, tenía por objeto
pedir acompañamiento para realizar una capacitación sobre la Ley 48 de 1993,
actividad de la que no se advirtió ningún tipo de riesgo o amenaza. Tampoco se acreditó
que ese demandado hubiese adelantado actuaciones en contra de la labor profesional
que desarrollaba el señor Gómez Vanegas, ya que si bien la testigo Jennifer Tatiana
Riveros refirió la supuesta cancelación de una cuenta bancaria donde se realizaban
consignaciones para el trámite de las peticiones, no se demostró cómo esto afectó el
ejercicio profesional, ni constituyó persecución en contra del demandante.

(ii) En relación con el municipio de Villavicencio, se indicó que ninguna prueba daba
cuenta de actos de persecución o vías de hecho en que hubiera incurrido el ente
territorial y, si bien se presentó denuncia penal por amenazas, calumnias e injuria, en
aquellas no se advierte la mención a algún funcionario o autoridad municipal y, aunque
el testigo Albeiro Gómez Vanegas manifestó que en alguna oportunidad el “Secretario
de la Alcaldía” los atemorizó y amenazó con el cierre de la oficina, tal dicho está
huérfano de corroboración.

(iii) Frente al departamento del Meta, el a quo precisó que, aun cuando en la
publicación periodística del 30 de mayo de 2013 se replicaron las declaraciones del
Secretario de Gobierno Departamental, en las que se advertía a la comunidad para
que no fueran objeto de engaño por personas que cobraban $50.000 para acceder a
indemnización del Ministerio de Defensa, tal información se proponía proteger a la
comunidad, sin hacer ningún señalamiento directo contra Oscar Albey Gómez Vanegas,
aunado a que no se demostró que la información divulgada no fuera cierta o fuera falsa.

iv) En cuanto al Grupo Editorial El Periódico S.A.S., memoró el Tribunal que en la
publicación del ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013), en la que se informó que
“unos soldados denunciaban ser víctimas de estafa por parte del señor OSCAR ALBEY
GÓMEZ VANEGAS, al cobrarles $50.000 para obtener unas indemnizaciones”, el
mencionado rotativo no efectuó ningún control sobre la veracidad de tales datos, a
sabiendas que se expuso el nombre del demandante y se asoció con una estafa y,
comoquiera que por esos hechos el señor Oscar Albey interpuso denuncia penal que
concluyó con decisión de archivo, al Grupo Editorial El Periódico S.A.S. “le es

19 Sentencia de primera instancia. Folios 385-394, cuaderno principal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

jurídicamente imputable el daño padecido por los demandantes con ocasión de la
publicación del 8 de mayo de 2013”. Con todo, encontró configurada la eximente de
“culpa exclusiva de la víctima”, por cuanto en la publicación, se aludió al señor Gómez
Vanegas como un “supuesto abogado” porque así se presentaba frente a sus clientes
para lucrarse de una profesión para la que no se encontraba titulado, porque obtuvo su
grado de profesional del derecho once (11) meses después de la divulgación de la
noticia ─25 de abril de 2014─, entonces, se podía establecer que el proceder del
demandante fue contrario a derecho; de ahí que fue el propio comportamiento de la
víctima el que originó la pérdida de la credibilidad que provocó que sus clientes, al
sentirse engañados o estafados, comenzaran a denunciar los hechos a través de los
medios de comunicación.

2.4. El recurso de apelación

2.4.1. La demandante impetró recurso de apelación contra del fallo de primera
instancia20, con fundamento en los siguientes cargos ─por la forma difusa en que se
presentan, algunos se transcriben in extenso─:

2.4.1.1. Al caso debió aplicársele el criterio de imputación de daño especial por
“desplazamiento forzado”, lo que daba lugar a declarar la responsabilidad de las
demandadas y a condenarlas a la indemnización de perjuicios.

2.4.1.2. Los demandantes fueron víctimas de calumnias y noticias falsas exteriorizadas
a través del Diario El Extra de Villavicencio en sus publicaciones del 8 y el 30 de mayo
de 2013, en las que se relacionó a Oscar Albey Gómez Vanegas, quien para la fecha
era integrante de las empresas IP&S INVESTIGACIONES PRIVADAS Y
SEGUIMIENTO Y CONSULTROIO JURÍDICO SOCIAL DEL ARIARI, registradas ante
la Cámara de Comercio, no obstante la primera instancia no se pronunció sobre el
“desplazamiento que sufrió mi amparado; en lo que concierne al daño afirmó que el
mismo se configura en la medida en que se demuestra dentro del proceso la negligencia
que le asiste a las entidades demandadas para realizar la entrega oportuna de los
componentes Propios de la identificación tanto de las empresas mencionadas con
anterioridad, como del señor OSCAR ALBEY GÓMEZ VANEGAS pues, mi guarecido
fue llevado hasta las instalaciones de la fiscalía Villavicencio y a la estación de policía
de granada ─meta donde fue individualizado; manifiesto que el nexo causal se
vislumbra en el desplazamiento forzado, el detrimento patrimonial, el daño al buen
nombre tanto de las empresas como del señor OSACAR ALBEY GÓMEZ VANEGAS,
derecho a la honra (art. 21 CN) vulneración al derecho a la igualdad, al trabajo (art. 25
CN) y el reconocimiento de la personalidad jurídica, así mismo al habeas data, al debido
proceso (art. 29 CN) derecho al libre desarrollo de su personalidad, por cuanto es por
la alegada negligencia radicada en cabeza de las partes demandadas, pues los aquí
demandantes no han podido verse beneficiados de los instrumentos desarrollados por
el estado en pro de las reclamaciones en demanda administrativa víctima hoy día.
Vulnerando el preámbulo de nuestra constitución política de Colombia, y el artículo 1,
2, 4, 5, 6”. ─sic a todo lo transcrito─

2.4.1.3. Respecto de los actos de persecución, afirma, se demostró que el Ministerio de
Defensa cerró la cuenta del BBVA con el ánimo de entorpecer la labor ejercida por el
señor Gómez Vanegas; además de que no brindó acompañamiento y vigilancia a la
labor que se realizaba en del departamento del Meta. Así mismo, el Grupo de Archivo
General del Ministerio de Defensa obstruyó la realización de la gestión encomendada
por los clientes al señor Oscar Albey, pues no entregaron las constancias de los factores
salariales, pese a la solicitud firmada por cada usuario y el respectivo formato

20 Recurso de apelación de la parte actora. Folios 408 a 417, cuaderno principal

5

Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

diligenciado por Oscar Albey, y el grupo de abogados que lo acompañaban, así como
la respectiva consignación y copia de los documentos de identidad. Adicionalmente, del
Ministerio llamaban a cada uno de los usuarios para verificar si la firma y huella que
aparecía en el formato sí era de ellos, lo que considera constituía una traba para la
labor del abogado.

2.4.1.4. En cuanto a la responsabilidad del municipio de Villavicencio, reiteró que se
encontraba configurada por la “persecución y las vías de hecho” que ocasionaron el
cierre de las oficinas de abogados en Villavicencio y Granada – Meta, aunado a que fue
uno de los funcionarios del departamento del Meta (sic) quien difundió la información a
la que se le atribuye el daño.

2.4.1.5. En relación con el departamento del Meta, insistió en que la responsabilidad
está demostrada porque fue el secretario de Gobierno el que difundió la información
que obstruyó la labor que realizaba Oscar Albey Gómez Vanegas. “Las blasfemias
realizadas por este funcionario destruyeron el buen nombre y honra” del demandante,
a raíz de lo cual empezó a recibir amenazas de los usuarios, lo que desencadenó el
desplazamiento forzado.

2.4.1.6. Sobre el daño al buen nombre y la honra de que fue objeto por parte del Grupo
Editorial El Periódico S.A.S., la primera instancia omitió reconocer el perjuicio que le
causó al demandante el mencionado diario, hecho por los cuales formuló denuncia, la
cual no pudo seguir, dado que “en el departamento del meta le manifestaban si ponía
un pie en el mismo iba a ser sujeto de una calamidad. El temor lo embargo al punto que
en medio de su crisis nerviosa, NO regreso para impulsar el proceso penal. De igual
forma tampoco fue citado por la fiscalía en su dirección registrada en la demanda” ─sic
a lo transcrito─.

Arguyó que a pesar de que la primera instancia era consciente del daño que se le causó
a los demandantes, permitió, a través de un eximente de responsabilidad tales
atropellos, a sabiendas de que eso le puede suceder a otras víctimas. Remarcó que el
señor Oscar se presentaba con la licencia temporal de abogado y como representante
de empresas debidamente registradas y no como un abogado titulado como adujo la
sentencia de primer grado, aunado a que, tanto Oscar como los abogados de las
empresas a las que este pertenecía, podían diligenciar los formatos de derecho de
petición para solicitar las certificaciones laborales, por lo que actuó en el marco de la
ley, tanto así que no hay denuncias penales en su contra por engaño o estafa. Adujo
que los usuarios estaban al tanto de que actuaba con licencia temporal. Por demás,
debía tenerse en cuenta la capacidad e idoneidad del señor Oscar Albey, a efectos de
lo cual se hizo un recuento de su trayectoria. Finalmente, de forma confusa e imprecisa,
aludió a una demanda que llevó el mencionado abogado y que fue rechazada.

2.4.1.7. Al asunto se le debe aplicar un régimen de responsabilidad objetiva, ya que es
la tendencia actual y marcada en la responsabilidad del Estado.

2.4.1.8. Arguyó que como la primera instancia concluyó que no procedía la imposición
de costas, entonces, no se le debe condenar por dicho concepto, dado que no actuó
con mala fe ni temeridad.

2.5. Trámite en segunda instancia

Esta Corporación, el dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)21,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandante; y, en providencia

21 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 432, cuaderno principal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

posterior22, corrió traslado a las partes para que presenten alegatos de conclusión y
al Ministerio Público para que emitiera su concepto de la controversia objeto de estudio.

Así mismo, la parte demandante el dos (2) de octubre de dos mil dieciocho (2018)23
presentó un escrito, según ella, estando dentro del “curso de la sustentación de la
apelación”, en el que: (i) ahondó en las razones para indicar que cuando recibió las
“autorizaciones” de los usuarios para realizar los trámites ante el Ministerio de Defensa,
el señor Oscar Albey “Tenía Tarjeta Provisional de Abogado (…) refrendada por la
secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”; (ii) deprecó nuevamente
que no se le condenara en costas y; (iii) aportó, con fines probatorios, trescientos (300)
folios contentivos de las autorizaciones que le impartieron los clientes al señor Gómez
Vanegas para agenciar las reclamaciones laborales.

En la oportunidad para alegar de conclusión, la demandante24 reiteró lo expuesto en
sus anteriores salidas procesales, poniendo énfasis en que: i) el señor Oscar Albey se
identificó ante sus clientes y ante la dependencias del Ministerio de Defensa con la
Tarjeta Provisional; ii) en el hecho del “desplazamiento forzado” que padeció el señor
Oscar Albey, y ii) en que el Tribunal de instancia desconoció el artículo 2143 del Código
Civil en el que se establece “que la remuneración del mandato se determina por las
partes”, por lo que era a las partes a quien correspondía fijar la remuneración, de ahí
que el fallador incurrió en un error “in iudicando” por dejar sin valor la estipulación de
honorarios pactada y porque no practicó en debida forma el experticio. Por todo ello,
reiteró que se debía acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

A su turno, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional25 replicó lo
expuesto en precedencia, en el sentido de indicar que no estaban dados los elementos
para imputarle responsabilidad, porque no se demostró la falla en el servicio, pues no
tuvo participación activa en lo expuesto en medios de comunicación, atendió las
reclamaciones presentadas por la firma de asesoría jurídica del demandante conforme
al debido proceso y no emitió pronunciamiento, ni debía hacerlo, en la confrontación
del señor Gómez Vanegas respecto del Secretario de Gobierno del Meta.

El Departamento del Meta26, en las alegaciones de cierre abogó por la confirmación
de la sentencia de primera instancia, pues en la publicación del 30 de mayo de 2013 en
la que se refieren a un pronunciamiento del Secretario de Gobierno Departamental, no
se hizo mención alguna respecto del señor Oscar Albey Gómez Vanegas, simplemente
se hizo eco de una noticia que buscaba proteger a los ciudadanos para que no fueran
engañados, con lo cual ninguna afectación al buen nombre o a la honra surgió, pues
solamente se hizo réplica de una información proveniente de una autoridad militar.

El traslado al Ministerio Público corrió en silencio.

Con posterioridad al cierre de las alegaciones, la apoderada de la demandante presentó
un memorial que denominó "aditamento alegatos de conclusión”27.

22 Auto que corrió traslado a las partes para que presenten alegatos de conclusión, calendado 3 de diciembre de

2018. Folio 453, cuaderno principal.
23 Folios 435-441, cuaderno principal.
24 Alegatos de conclusión de la parte demandante. Folios 460-464, cuaderno principal.
25 Alegatos de conclusión del Ministerio de Defensa. Folios 465-474, cuaderno principal.
26 Alegatos de conclusión del Departamento del Meta. Folios 475-476, cuaderno principal.
27 Folio 500, cuaderno principal

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

III. DELIMITACIÓN DEL MARCO DE JUZGAMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
FORMULACIÓN DE PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable
en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887— el “recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala,
como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328
del CGP.

3.2. Precisado lo anterior, la Sala advierte la necesidad de delimitar el ámbito de análisis
en segunda instancia, toda vez que ha sido una constante desde la formulación de la
demanda y a lo largo de las intervenciones de la parte demandante, la presentación de
escritos confusos que, por un lado, implican un verdadero esfuerzo para inteligir el
sentido y alcance de lo que se pretende y, por otro, algunos de ellos fueron aportados
extemporáneamente o incorporan argumentos que no fueron planteados desde el inicio.

En relación con la vaguedad e imprecisión de la demanda, la Sala se contrae, por un
lado, a la comprensión que logra extractar del escrito inicial y su correspondiente
adición y, por otro, al auto admisorio y la fijación del litigio, actuaciones que develan los
contornos del litigio.

Esto le permite a la Sala establecer, en primer lugar, que aun cuando en la demanda
se aludió tangencialmente a que las demandadas desestabilizaron “una institución
como lo es IPYS ABOGADOS y colocó el buen nombre de sus funcionarios hoy
demandantes en acción penal que cursa en la fiscalía y en la procuraduría general al
realizar estas afirmaciones en público por los medios de comunicación sin pruebas”, lo
cierto es que el extremo activo de esta controversia está conformado únicamente por
personas naturales, a tal punto que en el auto admisorio la demanda se admitió en
relación con el señor Oscar Albey Gómez y sus familiares. De esta manera, la Sala no
abordará el estudio de los cargos de la apelación que refieren a los supuestos daños al
buen nombre padecidos por IP&S INVESTIGACIONES PRIVADAS Y SEGUIMIENTO
Y CONSULTROIO JURÍDICO SOCIAL DEL ARIARI, dado que se trata de un cargo que
surgió en la apelación y que desborda la causa petendi y los extremos predeterminados
de la litis.

En segundo lugar, que, ni en la demanda, ni en su adición se hizo mención alguna,
como sí se hace en el recurso de apelación, respecto de que el señor Oscar Albey fue
conducido a las instalaciones de la Fiscalía de Villavicencio y a la Estación de Policía
de Granada Meta, donde fue individualizado. Por lo tanto, la Sala no se ocupará de
analizar este cargo, dado que en atención a los principios dispositivo y de congruencia,
la apelación no se torna en una oportunidad para agregar hechos que no fueron
debatidos dentro del proceso. Lo propio ocurre con el dicho del apelante, según el cual,
en el departamento del Meta le manifestaron que si “ponía un pie” en ese territorio iba
a ser objeto de calamidad y, con la alusión sobre estipulación de honorarios y
remuneración del mandato, aspecto que apareció de forma repentina en la formulación
de alegatos y que no guarda relación con nada de lo expuesto hasta ese momento en
el proceso.

Así mismo, la Sala no tomará en consideración los documentos presentados por fuera
de las etapas procesales, en concreto, el escrito junto con sus anexos que allegó la

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

demandante con posterioridad a la oportunidad para recurrir la sentencia de primera
instancia, bajo el rótulo de sustentación del recurso de apelación, habida cuenta que el
artículo 247 del CPACA, prevé que el precitado recurso debe “interponerse y
sustentarse”, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, que, para el sub
lite se surtió el once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018)28 y el mentado escrito de
sustentación se radicó el dos (2) de octubre de dos mil dieciocho (2018), cuando,
inclusive, ya se había admitido la alzada. Lo mismo ocurre con los anexos que pretendió
incorporar a título de pruebas, consistentes en unas autorizaciones otorgadas por
distintos clientes al “Doctor OSCAR A. GÓMEZ VANEGAS, abogado en ejercicio (…)”
para que “inicie y lleve hasta su culminación RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA
SOLICITUD DE CERTIFICADO BONO PENSIONAL Y CERTIFICACIÓN LABORAL” y
dirigidas al Archivo general del Ministerio de Defensa. Esto, si se tiene en cuenta que
fueron allegados por fuera de los términos que prescribe el artículo 212 del CPACA, sin
que, por demás, se vislumbren razones para que proceda su decreto oficioso en
segunda instancia.

Por las mismas razones de extemporaneidad, la Sala tampoco tendrá en cuenta el
documento denominado “aditamento alegatos de conclusión”.

Así delimitado el objeto de estudio del recurso vertical, con el fin de resolver los puntos
de la apelación, la Sala dará respuesta a los siguientes problemas jurídicos, no sin
antes verificar si la demanda fue interpuesta en tiempo, dado que, como se trata de
varios hechos que se aluden como generadores del daño y que se le enrostran a
diferentes demandadas, se considera necesario analizar la caducidad respecto de cada
uno de ellos.

¿Acudió la parte demandante a presentar el escrito de demanda dentro de la
oportunidad legal que se tiene para impetrar el medio de control de reparación directa,
en relación con las pretensiones formuladas?

Si la respuesta a este interrogante se devela afirmativa, la Sala ahondará en estas otras
cuestiones:

¿Demostró la parte demandante haber sido víctima de daños a su buen nombre y
honra, así como haber sufrido actos de persecución, desprestigio, amenaza y
desplazamiento forzado, por parte o con ocasión de las actuaciones u omisiones de las
entidades demandadas?

¿Es procedente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo al presente
asunto?

¿Es recurrible a través de la apelación la condena en fijada en sentencia de primera
instancia, a sabiendas que la demanda se inició en vigencia del C.P.A.C.A?

En el evento en que, luego de solventados estos planteamientos, se encuentren
satisfechos los presupuestos para encontrar responsable al Estado, esta Subsección
verificará la configuración, demostración y el monto de los perjuicios deprecados
en la demanda, con fundamento en las reglas que la jurisprudencia de la Corporación
tenga establecidas en esa materia.

IV. CONSIDERACIONES

28 Cfr. Folio 422 del cuaderno principal.

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

4.1. Hechos probados relevantes para la solución de los problemas jurídicos

Conforme a las pruebas documentales allegadas al expediente por los demandantes29,
y que no fueron controvertidas por la contraparte de quien las aportó, en el proceso se
encuentran acreditados los siguientes hechos:

4.1.1. Entre octubre de 2012 y abril de 2013, el señor Oscar Albey Gómez Vanegas
presentó ante diferentes entidades ─Presidencia de la República, Ministerio de
Defensa, Ministerio del Trabajo, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, Consejo
de Estado y Naciones Unidas─ sendas peticiones con el fin de solicitar información y
acompañamiento respecto del pago de indemnizaciones a personal de la Fuerza
pública, así como también, deprecó del Ministerio de Defensa autorización para brindar
charlas de capacitación y sensibilización al personal castrense sobre los beneficios
previstos en la Ley 48 de 1993, no obstante, respecto de esta última solicitud, el
veintitrés (23) de noviembre de dos mil doce (2012), el Ejército Nacional respondió que
no era viable atender el pedimento, por cuanto la Institución militar contaba con
dependencias encargadas de esa labor.

4.1.2. El Comandante del Distrito Militar No. 54 del Ejército Nacional, expidió un
comunicado de prensa el ocho (8) de abril de dos mil trece (2013) dirigido
especialmente a reservistas, en el que replicó una información emitida el nueve (9) de
junio de dos mil nueve (2009), para aclarar lo pertinente a solicitudes de reclamación
de bonificación por prestación del servicio militar y dejar sentado que no existía una
norma que estableciera la obligación de otorgar bonificaciones por prestación del
servicio militar obligatorio, y que, como el tiempo de prestación del servicio era
computable para efectos pensionales, lo que se generaba era el reconocimiento de
“cuota parte o bono pensional” exigible al momento de reconocer la respectiva
prestación por parte de en fondo de pensiones o el ISS, según el caso. Al finalizar el
comunicado se dijo: “Personas inescrupulosas están aprovechando del
desconocimiento sobre el tema y la inocencia del personal de reservistas para estafarlo.
Se solicita que denuncien este tipo de accionar delictivo ante las autoridades
competentes y que se acerquen al distrito militar más cercano para obtener cualquier
tipo de Información. (...)”.30

4.1.3. El diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013), Oscar Albey Gómez Vanegas,
formuló queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del Mayor del Ejército Álvaro
Amórtegui Gallego, por abuso y extralimitación de funciones, por cuanto el mencionado
oficial “circula en el municipio de granada un COMUNICADO DE PRENSA a través de
medios de comunicación radial y la emisora del mismo ejército que al parecer el
manipula con sede en granada meta, en donde indica que textual “personas
inescrupulosas están aprovechando el desconocimiento sobre el tema y la inocencia
del personal de reservistas para estafarlo, se solicita que denuncien este tipo de
accionar delictivo ante las autoridades competentes y que se acerquen al distrito militar
más cercano para obtener cualquier tipo de información (…):””─sic a lo transcrito─.
Agregó, en el escrito de queja, que el oficial se acercó a sus oficinas y le indicó que la
labor que desarrollaba era una “estafa”, y que a raíz de eso se sentía perseguido y
afectado en su buen nombre y honra, además, que por los comentarios del mentado
oficial, había recibido amenazas de terceras personas que le manifiestan que lo iban “a
matar31.

29 Estas pruebas fueron allegadas por medio magnético en una carpeta titulada “Carpeta demanda Villavicencio”, de

ahí que no se encuentren foliadas.
30 Folios 243-244, cuaderno 1.
31 Folios 238-242, cuaderno 1.

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

4.1.4. El ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013), el diario Extra Llano, en su sección
judicial, publicó una noticia bajo el rótulo “Los estafaron”, en la que, textualmente se
dijo:

“En la sexta etapa del barrio la Esperanza en Villavicencio, soldados denunciaron ser
víctimas de un supuesto abogado llamado Oscar Arbey Gómez Vanegas, quien al
parecer, para sacarles Indemnizaciones, les cobró 50 mil pesos a cada uno. Las
autoridades investigan el caso.”

4.1.5. El diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013), el señor OSCAR ALBEY
GÓMEZ VANEGAS, formuló denuncia penal por “injuria y calumnia” en contra de los
directivos del Periódico Extra Llano y sus “cómplices”, con fundamento en la noticia
difundida en la columna judicial del ocho (8) de mayo de ese año, publicación que
catalogó de “falsa” y que, según su dicho, se divulgó con el “inocultable propósito de
enlodar su buen nombre”, su dignidad, la imagen y la honra, y que originó un sinnúmero
de amenazas en su contra en las que le decían, entre otras cosas, que lo “iban a quemar
vivo”, todo por lo cual, solicitó protección e indicó que esta situación lo iba a poner en
la condición de un desplazado32.

4.1.6. El veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013), mediante Oficio OFI13-18302
el Ejército Nacional dio respuesta a un derecho de petición formulado por Oscar Albey
Gómez, en el sentido de informarle que, respecto de los bonos pensionales, “no [era]
viable que sea solicitado, ni reconocido directamente por el afiliado por corresponder
este proceso exclusivamente a la AFP o ISS”.

4.1.7. El treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013), el diario Extra Llano, en la sección
judicial, publicó una noticia titulada “Secretario de Gobierno se pronuncia. No hay plata
para quienes prestaron servicio militar”, por su importancia, la nota periodística se
transcribe en extenso:

“A través de una circular nacional, el Ministerio de Defensa negó el supuesto pago
de una compensación al personal que haya prestado el servicio militar en el país.

Según el Ministerio de Defensa, en el país hombres han pagado por un formulario
que permitirá acceder a dichos pagos.

En las últimas horas, fueron devueltos desde Bogotá 1322 formularios remitidos
desde el departamento para acceder a esa supuesta compensación, los cuales
serán quemados en acto público de manera simbólica para evitar quemas incautos
se dejen engañar.

“Aquí con una información falsa se les dice que se les va a pagar unas
indemnizaciones por haber prestado ese servicio. Mucha gente incauta ha caído en
eso, ha pagado esos 50 mil pesos. Tenemos información del Ministerio de Defensa
en un documento nos dicen que eso no es cierto, que los procedimientos que se
hacen directamente en el Ministerio no implican ese formulario” dijo Explicó el
Secretario de Gobierno del Meta, Daniel Castiblanco.

Hasta el momento, no se han recibido denuncias por tal situación. Sin embargo, el
funcionario fue enfático al afirmar que se trata de una estafa e invito a los hombres
que prestaron su servicio militar a “no caer en el juego de bandidos que lo único

La mencionada queja fue remitida a Control interno del Ejército, mediante Oficio 0742 del diecinueve (19) de abril de
dos mil trece (2013) y, por Oficio 87287 del mismo día, la Ayudantía General del Comando Ejército remitió la queja
a la Dirección de Reclutamiento. Folios 245 y 256 cuaderno 1.
32 Folios 226-229, cuaderno 1.

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

que quieren es sacar provecho. No le coman cuento a quien solo quiere abusar de
su confianza."

4.1.8. El treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), la señora Sandra Vanegas
Martínez interpuso denuncia penal en contra de Sixto Hernán Moreno Bustos y Fredy
Legis Baquero, por cuanto, según dijo, el veintiocho (28) de octubre de ese año, estas
personas llegaron a la oficina donde trabajaba (carrera 38ª. No. 7 D-15 Barrio La
Esperanza – Sexta Etapa) para preguntar por un trámite y, en tanto ella quiso
colaborarles, empezaron a amenazarla e insultarla, le dijeron que les daba pesar de
sus hijos y que en quince (15) días volvían y si no estaba listo su trámite iban a acabar
con todo, que lo mejor era que cerrara y no volviera. Adujo que prestaba sus servicios
como “secretaria y analista jurídica” ayudando a personas para que lograran acceder a
los beneficios de la Ley 48 de 1993 y, ella servía en enlace con sus jefes los cuales se
encontraban en Bogotá. Indicó que de esto había informado a su jefe, quien le descontó
los días que duró cerrada la oficina, además requirió protección policial, pues se
encontraba en un estado de extremo nerviosismo.

4.1.9. El once (11) de diciembre de dos mil quince (2015) la Fiscalía dictó orden de
archivo de la denuncia penal formulada por Oscar Albey Gómez Vanegas contra los
directivos del diario Extra Llano por razones atipicidad y falta de interés de la víctima.
Tal decisión se fundamentó así:

Démonos cuenta que se trató de una aseveración producto de la actividad
periodística realizada (…) donde simplemente se enuncia una presunta denuncia al
parecer hecha por unos soldados, pero no denota aquel interés criminal de vulnerar
la honra de la persona, sino de dar a conocer unos hechos judiciales que se
presentaron para ese día en Villavicencio.

En esas condiciones no se deduce el animus injuriandi de la persona que redacto y
´publico la noticia y menos el interés de vulnerar el patrimonio moral del doctor
GOMEZ VANEGAS, en la medida que solo se trató de la publicación de una noticia
que llegó a su conocimiento (…) subsidiariamente la presunta víctima ha
demostrado total desinterés en la indagación, pues desde que formulo la querella
no volvió a interesarse en sus resultados (…)33. ─sic a todo lo transcrito─

4.1.10. En la audiencia de pruebas se recibieron las declaraciones de los señores
Albeiro Gómez Vanegas, Sandra Patricia Martínez Vanegas y Jennifer Tatiana Riveros
Barajas, cuyo mérito y valor probatorio será objeto de análisis posteriormente.

4.2. Solución al primer problema jurídico – Oportunidad del medio de control

4.2.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis, habida
consideración de la competencia que le asiste para ello, por tratarse del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en un proceso con vocación de doble instancia34. Ahora, comoquiera
que en el presente caso se demandó conjuntamente a una entidad privada ─Grupo
Editorial El Periódico S.A.S..─, tal circunstancia no varía la asignación del asunto al juez
natural de la administración, en virtud del factor de conexión que hace procedente la
aplicación del fuero de atracción, pues los daños que aquí se reclaman provienen de
actuaciones que atañen a uno y otro demandante, sin que tal fuero se diluya o esté
supeditado al juicio de imputación. En todo caso, valga decir que, tratándose de

33 Folios 308-312, cuaderno 1,
34 Las pretensiones de la demanda (folio 44, cuaderno 1) superan los 500salarios mínimos legales mensuales
vigentes exigidos para el año 2015─cuando se interpuso la demanda─, como quiera que lo dejado de percibir por
procesos a cargo de la oficina del abogado Oscar Albey Gómez, se estimó en cuatro mil quinientos millones de
pesos mcte. ($4.500.000.000).

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

personas que se rigen por el derecho privado y que son congregadas en el contencioso
a través del fuero de atracción, deberá tenerse en cuenta su condición de particulares,
pero, únicamente para el análisis sobre la atribución de responsabilidad.

4.2.2. Respecto de la oportunidad para formular pretensiones a través del medio de
control de reparación directa, el artículo 164, literal i) del CPACA, prescribe que “la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando
el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Aplicado esto al caso concreto, la Sala encuentra que, en lo que tiene que ver con las
pretensiones que se dirigen contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, en la demanda se le enrostra a esta demandada afectaciones al buen
nombre y honra, persecución y omisión en brindarle protección al señor Oscar Albey
Gómez Vanegas y obstrucción en el trámite de documentos, de ahí que resulte
pertinente establecer, de cara a los hechos que le dan sustento, en qué momento fueron
o pudieron ser conocidos por el demandante.

Así, para sustentar el supuesto de daño al buen nombre y a la honra, así como los actos
de persecución desplegados por el Ejército, la parte actora refirió y allegó el
comunicado de prensa del ocho (8) de abril de dos mil trece (2013), mediante el cual la
Institución castrense brindaba una información a la comunidad en general y,
especialmente al cuerpo de reservistas sobre la improcedencia de bonificaciones por
prestación del servicio militar, al tiempo que hacía la advertencia sobre el hecho de que,
personas inescrupulosas se estaban aprovechando del personal de reservistas para
estafarlos, haciéndoles creer que tenían derecho a tales bonificaciones ─hecho 4.2.1.─.
Adicionalmente aportó copia de una queja disciplinaria que interpuso el diecinueve (19)
de abril de ese año contra un Oficial del Ejército por considerar que dicho funcionario
estaba haciendo circular a través de medios de comunicación el referido comunicado
de prensa, y que había ido hasta la oficina de Oscar Albey a decirle que estaba
estafando a los reservistas, y que, a partir de ese momento había empezado a recibir
amenazas ─hecho 4.1.3.─.

Lo anterior, permite establecer que, para el diecinueve (19) de abril de dos mil trece
(2013), la parte demandante conocía con suficiencia los hechos de los que hace
depender el daño que le enrostra al Ejército sobre los posibles daños al buen nombre,
honra, persecución y amenazas, tanto así que los puso en conocimiento de instancias
disciplinarias. De esta manera, la parte actora tenía hasta el veinte (20) de abril de dos
mil quince (2015) para presentar la demanda por estos hechos. No obstante, como sólo
hasta el treinta (30) de abril de dos mil quince (2015) solicitó la conciliación extrajudicial,
trámite que se declaró fallido el cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015) y la
demanda se interpuso el seis (6) de julio de dos mil quince (2015)35, quiere decir ello
que la demanda devino extemporánea. En consecuencia, se declarará la caducidad
parcial en lo que tiene que ver con estos supuestos de hecho y de daño
endilgados a la Nación – Ejército Nacional.

Ahora, como en el escrito de subsanación de la demanda también se le enrostra al
Ejército Nacional: i) “la NO verificación de los actos de persecución a pesar de haber
solicitado por medio de escrito de acompañamiento y vigilancia de la labor que se
llevaba a cabo en el departamento del meta” ─sic a lo transcrito─ ; ii) “NO entregar las
respectivas constancias de factores salariales que se solicitaban por parte de los

35Conforme al sello de radicación ante la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

usuarios (…) con firma de cada uno de los solicitantes” y, adicionalmente poner trabas
para tramitar las solicitudes; la Sala, respecto de estos cargos, en atención al principio
pro actione y privilegiando el acceso efectivo a la administración de justicia, entenderá
presentada oportunamente la demanda, bajo el entendido que, en estricto sentido, las
pruebas no develan una fecha cierta de ocurrencia de tales hechos.

Esto último también se predica de las pretensiones que se le enrostran al municipio
de Villavicencio, referidas a supuestos de persecución y vías de hecho que
ocasionaron el cierre de las oficinas jurídicas del demandante, ya que no existe una
fecha precisa a partir de la cual se pueda verificar la caducidad. En todo caso, se infiere
que esos hechos sucedieron luego del treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013)
fecha en la que una de las empleadas de las oficinas impetró una denuncia penal.

Así mismo, en lo concerniente a las pretensiones que se dirigen en contra del Grupo
Editorial El Periódico S.A.S. – Periódico Extra, aquellas guardan sustento en dos
publicaciones que dicho diario emitió, la primera de ellas el día ocho (8) de mayo de
dos mil trece (2013) y la segunda el treinta (30) del mismo mes y año. De conformidad
con esto, la Sala encuentra que, en lo que respecta a la publicación del ocho (8) de
mayo de dos mil trece (2013) operó la caducidad, como quiera se tenía plazo para
demandar hasta el nueve (9) de mayo de dos mil trece (2013); sin embargo, como el
treinta (30) de abril de dos mil quince (2015) se solicitó la conciliación extrajudicial, esto
es, cuando faltaban nueve (9) días para la expiración del plazo, cuyo conteo se reanudó
el cinco (5) de junio de dos mil quince (2015), mientras que la demanda se interpuso el
seis (6) de julio de dos mil quince (2015), se corrobora que el ejercicio de la acción se
hizo por fuera del término legalmente previsto.

No sucede lo mismo con las pretensiones que se enfocan en la publicación noticiosa
del treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013), pues la demandante tenía hasta el
primero (1) de junio de dos mil quince (2015) para presentar la demanda, y para cuando
se radicó la solicitud de conciliación faltaba un (1) mes y un (1) día, término que se
reanudó el cinco (5) de junio de dos mil quince (2015), e iba hasta el seis (6) de julio de
dos mil quince, calenda en que se presentó la demanda.

Esta misma conclusión aplica frente a las pretensiones que se dirigen en contra del
Departamento del Meta, ya que a este ente territorial se le reprocha las declaraciones
del Secretario Departamental en las que se basó el rotativo para divulgar la noticia del
treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013).

En conclusión, se declarará la caducidad parcial respecto de los posibles daños que
hubiera podido causar el Ejército Nacional con el comunicado de prensa del del ocho
(8) de abril de dos mil trece (2013) y de los posibles daños que hubiera generado la
divulgación noticiosa del Periódico Extra que circuló el ocho (8) de mayo de dos mil
trece (2013). En lo demás, se estudiará de fondo.

Con fundamento en lo anterior y, habida cuenta que la Sala encuentra acreditado el
interés que le asiste a la parte demandada36 para convocar al extremo pasivo,
proseguirá a resolver el segundo problema jurídico.

4.2. Solución al segundo problema jurídico – acotado a los cargos de la apelación.

36 Por cuanto se allegaron los respectivos registros civiles de los demandantes (Folios 204-205 del cuaderno 2) y,

de los hechos probados se desprende la relación entre las pretensiones y las actuaciones u omisiones que se le
endilgan a las demandadas.

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

Alude el apelante que la primera instancia pasó por alto que el señor Oscar Albey
Gómez Vanegas fue objeto de desplazamiento forzado a raíz de las calumnias, noticias
falsas y amenazas que recibió por su labor de asesoría y gestión con el trámite
prestacional del personal de reservistas del Ejército y Policía; sin embargo, las pruebas
allegadas al dossier, no permiten constar tal desplazamiento forzado.

Por fuera del dicho de la parte actora que, valga indicar, no es suficiente ni constitutivo
de prueba, lo único que obra al respecto, son las declaraciones de los señores Albeiro
Gómez Vanegas ─hermano y empleado del señor Oscar Albey─; Sandra Patricia
Martínez Vanegas ─prima y empleada de Oscar Albey─ y, Jennifer Tatiana Riveros
Barajas ─ sobrina y empleada de Oscar Albey─, quienes, tangencialmente refirieron
hechos de desplazamiento.

Al margen de que estos testimonios pueden considerarse como sospechosos, por la
doble condición de parentesco y dependencia que tienen con el demandante Oscar
Albey ─artículo 211 del CGP─, circunstancia que, en todo caso, no desdeña de plano
su valor probatorio, sino que exige del juez mayor rigor al momento de apreciar la
prueba testimonial y corroborarla con los demás medios de convicción, lo cierto es que,
aún si se les diera pleno mérito, tales deponencias no prueban, por sí mismas, el
supuesto desplazamiento forzado del que, se dice, fue víctima el señor Oscar Albey,
pues, sus aseveraciones no son concluyentes, como tampoco están respaldadas por
otros medios probatorios.

El testigo Albeiro Gómez Vanegas, depuso que trabajó en la oficina de Villavicencio
desde febrero a junio de 2013, asesorando a clientes sobre el bono pensional; su jefe
inmediato era el doctor Oscar Albey Gómez Vanegas, quien es su hermano. Manifestó
que a la oficina en dos ocasiones fue el Secretario de Gobierno (no recuerda el nombre)
y el Secretario de la Alcaldía y la Gobernación, así como personal de la Fiscalía y la
Sijín, con el fin de atemorizarlos y decirles que tenían que cerrar la oficina. Indicó que
por medio del periódico se enteraron de lo que decía el Secretario de Gobierno,
respecto de que era una mentira y un fraude los procesos que se llevaban en la oficina
y que iban a eliminar las carpetas y, por eso les tocaba explicarle a los clientes que todo
lo hacían bajo el debido proceso. Refirió que empezaron a recibir amenazas de que les
iban a poner una bomba, que los iban a asesinar y un día rompieron un vidrio y, por
todas esas amenazas del gobierno le tocó desplazarse porque vivía en
Villavicencio. Manifestó que por esos hechos solicitó una medida de protección ante
el Ministerio del Interior y una denuncia ante la Fiscalía.

En este punto, sin que implique dar por cierto lo dicho por el testigo, la Sala remarca
que aquél se refirió a que fue, a él, a quien le tocó desplazarse de la ciudad de
Villavicencio, más no aludió a que se tratara del demandante y, como se recordará, el
daño indemnizable, se caracteriza porque debe ser directo, personal y cierto.

Por su parte, Sandra Patricia Martínez Vanegas, manifestó que laboró para el doctor
Oscar a mediados de enero de 2013 cuando se estaba instalando la oficina, la cual
cerró el 31 de diciembre y volvió a abrir en enero de 2014 nuevamente. Como asistente,
expuso que brindaba información a los usuarios y llenaba los formularios, respecto del
bono pensional de la Ley 48 de 1993. Expuso que, en varias ocasiones, por medios de
comunicación salieron noticias que la oficina era una estafa, sin ser esto verdad. Indicó
que el Secretario de Gobierno, de apellido Castiblanco, fue a la oficina para hacerla
cerrar y se llevaron detenido al abogado Oscar Albey para la Fiscalía y allá aclararon
todo. Refirió que las amenazas llegaron a tal punto que le tocó formular una denuncia
penal, pues en la calle la juzgaban y en una ocasión partieron los vidrios de la oficina y
una patrulla se llevó a dos empleadas y las paseó en el platón por todo el pueblo,

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

tildándolas de hacer lo incorrecto cuando no era así. Indicó que por cuenta de esa
situación le tocó trasladarse para Bogotá, porque la increpaban con malas
palabras. Arguyó que Sixto y Fredy, denunciados penalmente por ella, ingresaron para
tramitar el bono pensional y en ese momento empezaron con las agresiones. El
problema con ellos era que se les había hecho el trámite del bono pensional en Bogotá
y ellos querían que el trámite les saliera rápido y estaban molestos por los rumores de
los periódicos, porque decían que era una estafa.

Con este testimonio, en punto del supuesto desplazamiento forzado, sucede lo mismo
que el anterior, en cuanto a que es la declarante la que indica que por los improperios
y amenazas que recibió, ella se trasladó a Bogotá. Es decir, no hace ninguna referencia
al señor Oscar Albey Gómez. Así mismo, al cotejar la denuncia penal que interpuso
esta testigo ─hecho 4.1.8─, en esa ocasión manifestó que su oficio era servir de enlace
con sus jefes que estaban en Bogotá, de lo cual se infiere que Oscar Albey no residía
en Villavicencio, sino en Bogotá, en el Barrio Normandía, ciudad a la que el Ministerio
de Defensa, mediante Oficio OFI13-1832 le dirigió la respuesta a una petición ─hecho
4.1.6.─ y que coincide, igualmente, con el lugar de notificación que señaló Oscar Albey
en la queja disciplinaria que interpuso contra un Oficial del Ejército ─Hecho 4.1.3.─.

Por último, la testigo Jennifer Tatiana Riveros Barajas, manifestó que trabajó en 2013
y hasta finales de 2014 con la oficina jurídica de Oscar Albey, coordinaba las oficinas y
transfería la información sobre la Ley 48 de 1993, además, radicaba los documentos
en Bogotá. Refirió que, al principio, la gente llegaba por información y después de que
apareció un publicado de un periódico que los tildaba de personas inescrupulosas,
empezaron a llamarlos y tratarlos mal, de ladrones. Depuso que radicaban documentos
ante el grupo de archivo del Ministerio de Defensa, pero allí no los recibían porque
ponían trabas, primero pedían poder, luego solicitaban una consignación de $1800 y
luego, la cuenta a la que hacían la consignación la cancelaban por días y no era posible
realizar la gestión completa. Indicó que las oficinas se cerraron por las constantes
amenazas que se recibían, que iban a poner una bomba, que los iban a matar, y un
domingo hicieron un disparo y “totiaron un vidrio”, además, a donde salía los tildaban
de estafadores. Refirió que, con el doctor Oscar se acercaron al periódico El Extra para
que le dieran una explicación de quién había publicado la nota y que le dieran un
espacio para él también explicar, pero no le pusieron atención. Remarcó que dejó de
trabajar con Oscar Albey, por miedo a las acciones que pudieran tomar los que
difamaban.

Esta testigo, al igual que las anteriores, no hizo una referencia expresa a que el señor
Oscar Albey Gómez hubiera sido objeto de desplazamiento forzado y, como ya se
indicó, ninguna de las pruebas restantes ofrece tan siquiera un indicio de que Oscar
Albey o, las dos personas que concurren con él a demandar ─la hija y la madre de
éste─ hubieran tenido que abandonar la ciudad en que residían. Se hace mención sí,
al cierre de las oficinas, sin que más allá del dicho de los testigos se pueda precisar si
tal hecho efectivamente ocurrió ni cuándo; no obstante, de llegar a ser cierto, tal
circunstancia tampoco podría calificarse como de desplazamiento forzado, ya que, por
su naturaleza el desplazamiento solo puede predicarse de personas naturales.

Adicionalmente, aunque los testigos refieren actos de amenaza, los atribuyen de
terceras personas ─clientes de la oficina─ y, en cuanto al dicho de Sandra Patricia
Martínez referente a que el Secretario de Gobierno, de apellido Castiblanco amenazó
con cerrar la oficina, debe decirse, en primer lugar, que esa atestación carece de otra
prueba que la corrobore y, en segundo lugar, que, aun si fuera cierta, tal circunstancia
estaría en posibilidades de afectar a las personas jurídicas o establecimientos de
comercio, no así a los demandantes en su condición de personas naturales y, en todo

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

caso, se trataría de actuaciones administrativas que, en principio, escapan al control de
esta jurisdicción.

En conclusión, el daño, consistente en el desplazamiento forzado de que se dice,
fueron víctimas los demandantes, no se encuentra demostrado.

En cuanto al daño que, según la recurrente, se produjo en la esfera del buen nombre,
la honra y el prestigio del señor Oscar Albey Gómez, tampoco existe prueba que lo
acredite, pues, al respecto, la publicación en el diario Extra Llano del treinta (30) de
mayo de dos mil trece (2013) en ninguno de sus apartes hace mención expresa al
nombre del demandante ─hecho 4.1.7─. En este punto, cabe advertir que la Sala
valorará el recorte de prensa allegado con el fin de dar cuenta de la divulgación
noticiosa a que se ha hecho mención, pues si bien, conforme al criterio de la Sala Plena
de la Corporación37, los informes de prensa no tienen por sí solos la suficiencia para
probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen por lo que su
eficacia probatoria depende de su conexidad y coincidencia con otros elementos
probatorios que obren en el expediente, lo cierto es que en el presente asunto lo que
es objeto de prueba es la noticia, en sí misma.

De vuelta al argumento, se itera que la publicación no le atribuye a una persona en
particular los hechos que refiere y, menos aún, aparece nombrado el demandante, por
lo que el Grupo Editorial a cargo del diario donde circuló la noticia, no lesionó los
derechos que reclama el extremo activo de la controversia. Ahora, es cierto que en la
mentada publicación se dijo que el Secretario de Gobierno del Meta, Daniel
Castiblanco, había manifestado que “Aquí con una información falsa se les dice que se
les va a pagar unas indemnizaciones por haber prestado ese servicio. Mucha gente
incauta ha caído en eso, ha pagado esos 50 mil pesos. Tenemos información del
Ministerio de Defensa en un documento nos dicen que eso no es cierto, que los
procedimientos que se hacen directamente en el Ministerio no implican ese formulario”,
sin embargo, de tales afirmaciones tampoco sale a relucir el nombre del señor Oscar
Albey, como para suponer de esos dichos una afectación a sus derechos.

Huelga decir que la Sala no analizará lo pertinente a la publicación del ocho (8) de mayo
de dos mil trece (2013), por las razones de caducidad ya advertidas.

En definitiva, la Sala concluye que la afectación al buen nombre, la honra y el
prestigio de la parte actora, no fue demostrada.

En lo concerniente a lo que la demandante calificó como “persecución” de parte del
Ministerio de Defensa, por obstaculizar y poner trabas a los trámites de reclamación por
prestaciones laborales y bonos que realizó para sus clientes, no hay prueba que
demuestre tal hecho, pues, lo que se observa es que el Ministerio de Defensa le informó
las razones al señor Oscar Albey, por las cuales no podía tramitar los bonos
pensionales, que no eran otras que indicarle que ese era un trámite que correspondía
directamente a los afiliados ante las administradoras de los Fondos de Pensiones, sin
costo alguno, tal como se lo hizo saber mediante Oficio OFI13-14601 del dos (2) de
mayo de dos mil trece (2013) y lo reiteró en el Oficio OFI13-18302 ─Hecho 4.1.6.─.

Ahora bien, al proceso se allegaron ─carpeta escaner bono pensional y, carpeta fallos
Ipys─ unos formularios diligenciados por distintas personas, diferentes a las aquí
demandantes, así como unos fallos de tutelas interpuestas por terceras personas,
atinentes a la protección al derecho de petición, en contra del Ministerio de Defensa.

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de mayo de 2012, exp. 11001-

03-15-000-2011-01378-00.

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

Con todo, de esas pruebas no se advierte la conexión existente entre esos trámites y
los demandantes, pues no hay un poder que permita establecer una relación. Más aún,
la testigo Jennifer, indica que una de las razones por las cuales el Ministerio rechazaba
las solicitudes era porque no iban con un poder. Si como dicen los demandantes, el
Ministerio exigía la corroboración de las firmas de las solicitudes, no se explica la Sala
de qué forma esa exigencia podía ser interpretada o vista como una persecución en
contra de los demandantes.

Así mismo, en relación con el hecho de que el Ministerio cerró una cuenta del Banco
BBVA, no hay más que el dicho de la mencionada testigo, que, cabe indicar, resulta
impreciso, pues advierte que la cuenta duraba cerrada por un tiempo y después la
activaban, algo que resulta ilógico, dado que el manejo de las cuentas bancarias no
admite tal intermitencia. También se le achaca al Ministerio de Defensa no haber
brindado acompañamiento y protección al demandante; no obstante, no existe ninguna
prueba encaminada a solicitar de dicha autoridad el amparo que se echa de menos y,
tal como lo refirió la primera instancia, la única comunicación que el demandante le
dirigió al Ministerio tenía como propósito requerir el acompañamiento a una jornada de
capacitación sobre la Ley 48 de 1993.

También protesta la parte demandante por haber sufrido actos de persecución y vías
de hecho de parte del municipio de Villavicencio, relacionados con el cierre de las
oficinas, sobre lo cual no existe ninguna prueba que le abone veracidad ese hecho y,
tampoco se aportaron documentos de algún trámite administrativo con ese fin. Lo único
que obra son los dichos de los testigos que, de forma imprecisa relatan tal suceso, pues
mientras Sandra Patricia Martínez refirió que el Secretario de Gobierno fue a hacer
cerrar la oficina y se llevaron detenido a Oscar Albey ─de lo cual no hay prueba─,
también adujo que luego todo se aclaró; y según Jennifer Rivera el cierre se dio como
consecuencia de las amenazas, es decir, que no existe claridad alguna sobre este
supuesto.

Ahora, al expediente se allegó la matrícula de un establecimiento de comercio de
nombre IP Y S INVESTIGACIONES PRIVADAS Y SEGUIMIENTO de propiedad de
Oscar Albey Gómez Vanegas, con matrícula abierta a partir del veintidós (22) de abril
de dos mil trece (2013), así como documentos relacionados con un “Acta de visita” –
proceso Ley 232 de 995, del diez (10) de mayo de dos mil trece (2013), que da cuenta
de una visita a las oficinas de Villavicencio con el fin de verificar los documentos
necesarios para el funcionamiento de la oficina ─uso de suelo, matrícula mercantil,
certificado de sanidad─; por consiguiente, tales gestiones no guardan ninguna relación
con “actos de persecución”, sino con el cumplimiento de las funciones de control propias
del ente municipal. De igual, modo, dichas pruebas, a lo sumo, darían por acreditada la
existencia de la oficina de Villavicencio, pero de ningún modo su cierre o las razones
para ello.

Corolario de lo anterior, la Sala concluye que la parte actora no acreditó los daños
que reclama.

Como el daño se erige en el presupuesto basilar de la responsabilidad extracontractual
del Estado, entiende la Sala que, al no haberse acreditado tal elemento, queda relevada
de analizar la posible aplicación de un régimen objetivo, como lo solicitó la parte actora
en el recurso de apelación y, por lo mismo, no estudiará el tercer problema jurídico
planteado que guarda relación con la escogencia del régimen aplicable.

4.3. Solución al Cuarto Problema Jurídico – Costas de primera instancia

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Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

Adujo el apelante que, como la primera instancia concluyó que no procedía la
imposición de costas, entonces, no se le debe condenar por dicho concepto, dado que
no actuó con mala fe ni temeridad.

Al respecto, advierte la Sala que en la sentencia de primera instancia lo que se indicó
fue que, en relación con las costas, no se encontraron causadas y demostradas en el
componente de expensas; no obstante, sí estaban causadas las agencias en derecho
y, por eso, condenó a la demandante al pago de aquellas en las proporciones indicadas.

Debe tenerse en cuenta que el concepto de costas procesales está íntimamente
relacionado con todos los gastos o expensas necesarios o útiles dentro de una actuación
de esa naturaleza, que se denominan gastos ordinarios; de igual manera, incluye las
agencias en derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento de
la parte vencedora en el litigio. Es decir, que las costas comprenden tanto las expensas,
como las agencias en derecho, de ahí que no es cierto como sostuvo el apelante que la
primera instancia no condenó en costas, pues sí lo hizo en su componente de agencias
en derecho.

Ahora, en lo atinente a la inconformidad de la parte apelante por la condena sobre las
agencias en derecho, es importante tener en cuenta que la demanda se interpuso en
vigencia del CPACA y, comoquiera que el artículo 188 de esa codificación, a diferencia
de lo que sucedía en vigencia del artículo 55 de la Ley 446 de 199838, impone un régimen
de costas que no depende del análisis subjetivo de la conducta procesal de las partes,
sino que se determina objetivamente en la sentencia, por ministerio de la ley respecto de
la parte vencida en juicio, con lo cual las costas, en vigencia del CPACA, constituyen una
cuestión de mero derecho, su imposición no tiene vocación de recurribilidad39.

Por lo expuesto, el cuestionamiento del apelante sobre la condena en costas en la
modalidad de agencias en derecho que efectuó la primera instancia no es de
recibo, de ahí que se impone una respuesta negativa al cuarto problema jurídico.

Habiéndose agotado todos los argumentos de la apelación susceptibles de análisis en la
segunda instancia conforme a la delimitación del recurso, y como quiera que ninguno de
ellos prosperó, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia, aunque por las
razones aquí expuestas y, en consecuencia, procederá a disponer sobre la condena en
costas en segunda instancia.

V. COSTAS

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que “la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”. En ese orden de ideas, el numeral 1° del artículo 365 del CGP prevé
que “[s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión
que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.

De acuerdo con las anteriores consideraciones y en atención a que se resolverá
desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el
fallo de primera instancia, resulta procedente condenar a la apelante a pagar las costas
causadas en la segunda instancia; erogación económica que deberá ser liquidada, de

38 Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 (CAPACA).
39 Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2022,

exp. 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629).

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01601-01 (61911)
Demandante: Oscar Albey Gómez y otros.

manera concentrada, por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con el artículo
366 del CGP.

Ahora bien, esta Sala fija agencias en derecho por 0.001% de lo pretendido, de acuerdo
con las tarifas establecidas en el Acuerdo No.1887 de 2003 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura40, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y El Departamento del Meta de manera proporcional, como quiera que, con la
presentación de alegatos de cierre, generaron su causación; no así respecto de las
demás demandas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, para, en su lugar:

DECLÁRASE la CADUCIDAD respecto de los posibles daños que hubiera
podido causar el Ejército Nacional con el comunicado de prensa del ocho (8)
de abril de dos mil trece (2013) y de los posibles daños que hubiera generado
la divulgación noticiosa del Periódico Extra que circuló el ocho (8) de mayo de
dos mil trece (2013).

CONFÍRMASE la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil dieciocho
(2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, pero, por las razones
aquí expuestas.

SEGUNDO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte demandante, para lo cual, el
Tribunal de primera instancia deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 366
del CGP, teniéndose en cuenta que en esta instancia se fijaron agencias en derecho
por 0.001% del monto de las pretensiones.

TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF / BRC*:

40 Acuerdo No. 1887 de 2003, artículo 3.1.3. “Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos

mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas
o negadas en la sentencia”.

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