RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2017-00105-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00105-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00105-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFÍQUESE la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en esta providencia, y, en su lugar: DECLÁRESE la falta de legitimación en la causa por activa de Mónica Estrada Restrepo, como persona natural y representante legal de la sociedad Munipredios Ltda. para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la anulación de la Resolución No. 1369 del 14 de septiembre de 2016. DECLÁRESE probada la excepción de "Legalidad del acto administrativo demandado" formulada por la aseguradora Axa Colpatria Seguros S.A. NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda que por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetraron Mónica Estrada Restrepo y Munipredios Ltda. contra el municipio de Manizales. 55 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”. 56 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00105-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

28 de octubre de 2024

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandantes: Mónica Estrada Restrepo y Munipredios Ltda.
Demandado: Municipio de Manizales, AXA Colpatria Seguros S.A.
(3ro vinculado con interés) y La Revisora Seguros
S.A. (llamada en garantía)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Nulidad y restablecimiento del derecho – Actos precontractuales. Subtema 1: Naturaleza jurídica
y control jurisdiccional del acto de apertura de la licitación – reiteración jurisprudencial. Subtema 2:
Legitimación en la causa por activa – Acreditación interés subjetivo y directo del demandante. Subtema
3: Legalidad del acto administrativo demandado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El municipio de Manizales adelantó la licitación pública núm. LP-UGR-007-2006,
cuyo objeto fue la obtención de "un mecanismo de aseguramiento colectivo de los
inmuebles construidos en el perímetro del Municipio de Manizales, tanto urbanos
como rurales, con el fin de indemnizar a los asegurados con sujeción a las
condiciones de la póliza por las pérdidas que sufran los inmuebles involucrados en
dicho instrumento de trasferencia a causa de los daños que se presenten como
consecuencia de eventos considerados en la misma". La aludida entidad territorial,
a través de Resolución No. 1180 del 10 de agosto de 2016, modificada por la
Resolución 1248 del 19 de agosto de 2016, dio apertura al proceso de contratación,
esto a fin de que los proveedores de dicho servicio presentaran sus propuestas con
base en las condiciones previstas en el pliego. Mediante Resolución No. 1369 del
14 de septiembre de 2016 fue seleccionada la aseguradora Axa Colpatria -único
proponente-, de ahí que por medio de Contrato 1609300567 del 30 de septiembre
de 2016 la mentada aseguradora se obligó a expedir la póliza de aseguramiento
colectivo de inmuebles cuya vigencia fue a partir del 1° de octubre de 2016 hasta el
31 de diciembre de 2020, y, a su vez, el municipio se comprometió a facturar y
recaudar los valores que, por concepto de prima, pagaran los propietarios de los
inmuebles asegurados.

La señora Mónica Estrada Restrepo, en nombre propio y como representante legal
de la Sociedad Munipredios Ltda., pretende que en esta sede judicial se declare “la
nulidad del acto administrativo conformado por la Resolución No. 1180 del 10 de
agosto de 2016, modificada por la Resolución 1248 del 19 de agosto de 2016; y la
resolución No. 1369 del 14 de septiembre de 2016”; y, el consecuente
restablecimiento del derecho a título de reconocimiento y pago de perjuicios
materiales e inmateriales. Lo anterior, comoquiera que, aun cuando no se postuló al
proceso de selección, consideró que este nunca debió haberse surtido por licitación

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

pública, sino por medio de la modalidad de contratación directa con adjudicación a
su favor, aquello porque detentaba la titularidad de derechos de autor sobre el
producto contratado ─denominado MUNIPREDIOS─.

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de primera instancia negó
las súplicas del libelo introductorio por considerar que la parte actora no demostró que
la entidad demandada haya incurrido en una vulneración de las normas que arguyó
aplicables al proceso contractual adelantado a través de los actos administrativos
enjuiciados; empero, la parte actora, inconforme con dicha decisión, la recurrió en
alzada con el cometido de que en esta instancia se procediera a su revocación, y
por contera, se accediera a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1

2.1.1. Mónica Estrada Restrepo, actuando como persona natural y representante
legal de la sociedad Munipredios Ltda., a través de mandatario judicial, presentó el
10 de febrero de 20172 demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Municipio de Manizales, con la que, en
síntesis, pretende: i) que se declare la nulidad de la Resolución No. 1180 del 10 de
agosto de 2016 ─modificada por la Resolución 1248 del 19 de agosto de 2016─ con
la que el Municipio de Manizales dio apertura al proceso de licitación LP-UGR-007-
2006; ii) que se declare la nulidad de la Resolución No. 1369 del 14 de septiembre
de 2016 a través de la cual el municipio de Manizales adjudicó la licitación pública
LP-UGR-007- 2006 a AXA Colpatria Seguros S.A.; iii) que como consecuencia de
las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se indemnicen
a su favor los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante, en razón de la
totalidad de las utilidades esperadas y dejadas de percibir a partir de la fecha de la
adjudicación del proceso licitatorio, menoscabo que estimó en la suma de mil
doscientos noventa y cuatro millones de pesos M/CTE. ($1.294.000.000) y, los
perjuicios inmateriales los cuales dejó a criterio del fallador; y, iv) que se disponga
a la condena en costas y agencias en derecho.

2.1.2. La parte actora enunció como normas violadas los artículos 1, 2 inciso
segundo, 6, 25, 29, 83, 90, 93 y 209 de la Constitución Política; el canon 2, numeral
4, literal g de la Ley 1150 de 2007; y, la disposición 3.4.2.4.1 del Decreto 734 de
2012. Con fundamento en las aludidas normas, refirió que los actos acusados
vulneraban el ordenamiento jurídico habida cuenta que a través de ellos la entidad
territorial demandada tramitó un proceso de contratación por medio de LICITACIÓN
PÚBLICA, a pesar de que en tratándose del objeto contratado no existía pluralidad de
oferentes, pues la sociedad demandante detenta la exclusiva titularidad de derechos
de propiedad intelectual sobre el servicio que se adquirió, particularidad que
implicaba que su aprovisionamiento fuese encausado bajo la modalidad de
selección de CONTRATACIÓN DIRECTA y el contrato se hubiese suscrito únicamente
con Munipredios Ltda. Asimismo, alegó que la licitación pública efectuada por el
municipio de Manizales constituyó en un llamamiento a terceros para que usaran
indebidamente la obra "Munipredios" amén de que era conocedor de la autoría y
derechos que sobre aquella poseía la demandante. Finalmente, arguyó que los
devengos de la señora Estrada Restrepo como representante legal de Munipredios

1 Demanda a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3
28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
2 Acta de reparto y sello de radicación a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14

298EB2269DD816C3 28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

Ltda. provenían únicamente de los pagos que le realiza el municipio de Manizales,
motivo por el cual, lo acontecido afectó sus ingresos.

2.2. El trámite procesal relevante

El Tribunal admitió la demanda y ordenó su notificación al órgano llamado por pasiva,
que se surtió en debida forma3.

2.2.1. El Municipio de Manizales contestó la demanda con oposición a las súplicas4.
Como razones de defensa indicó que los actos acusados no trasgredieron el estatuto
general de contratación, ni las normas concordantes a este, comoquiera que el trámite
de la adquisición del servicio se surtió en estricto acatamiento de las disposiciones que
rigen la materia; asimismo expuso que el trámite del proceso licitatorio LP-UGR-007-
2016, que culminó con la suscripción del contrato N° 1609300567, no le ocasionó
perjuicios graves a la parte actora, pues de ninguna manera se está utilizando o
explotando la obra de su propiedad, por tanto no es dable endilgarle vulneración o
amenaza alguna; asimismo, alegó que de acuerdo con la decisión arbitral proferida el
10 de marzo de 2010 en el marco de un litigio con similitud fáctica que promovió la
señora Mónica Estrada Restrepo -representante legal de Munipredios- contra La
Previsora S.A. Compañía de Seguros, se logró establecer que los derechos de autor
que aquella ostenta sobre la obra literaria denominada con símil nombre a la sociedad
hoy demandante no le otorgaba "...titularidad, ni derecho al uso o aplicación exclusiva
de la idea de asegurar en municipios predios particulares con ficha catastral que
causen impuesto predial...", pues la titularidad de los derechos tanto morales como
patrimoniales que ostenta "...no le facultan para impedir a terceros que apliquen la
misma o similar idea a la explicada por ella en la obra literaria protegida...".

El municipio solicitó que se vinculara a AXA Colpatria Seguros S.A. comoquiera que le
asistía interés en las resultas del sub examine, habida cuenta que el proceso licitatorio
LP-UGR-007-2016 culminó con adjudicación a su favor, luego entonces, dicha
compañía debía constituirse como sujeto procesal para que ejerciera su derecho de
contradicción. Petición avalada por el a quo5. Finalmente, la entidad territorial a través
de escrito separado6 llamó en garantía a La Previsora S.A. Compañía de Seguros,
esto con cargo a la póliza de responsabilidad civil No. 1003830, cuya vigencia fue
desde el 22 de julio de 2016 hasta el 1° de octubre de 2016, y la póliza de
responsabilidad civil para servidores públicos No. 1003531 con una vigencia desde el
22 de julio de 2016 hasta el 1° de octubre de 2016. Llamamiento que también contó
con el beneplácito del Tribunal7.

2.2.2. La Aseguradora AXA Colpatria S.A. también contestó la demanda con
oposición a las pretensiones8. Al respecto, inicialmente manifestó que acompañaba los
descargos expuestos en la contestación por el municipio de Manizales, y, al paso de
aquello, adujo que no era cierto que el proceso licitatorio LP-UGR-007-2016 tuviese
como finalidad reproducir la obra literaria sobre la que la parte actora aduce detentar

3 Admisión y notificación a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3

28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
4 Contestación de la demanda a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14
298EB2269DD816C3 28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
5 Proveído del 12 de junio de 2018, a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14

298EB2269DD816C3 28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
6 Llamamiento militante en índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3

28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
7 Proveído del 15 de febrero de 2019, a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14

298EB2269DD816C3 28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
8 Contestación de la demanda a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

derechos de autor, esto, en consideración a que lo pretendido por la entidad
contratante fue la adquisición, a través de una entidad aseguradora avalada por la
Superintendencia Financiera, del servicio de aseguramiento colectivo de los inmuebles
registrados en el municipio, actuación que dista del uso no autorizado de la obra
literaria, de ahí que la titularidad de este tipo de derechos no trascienda a las ideas que
puedan estar contenidas en tales producciones.

Expuso que a la parte actora no le asistía razón alguna para entender que era la
única persona facultada para proporcionar el servicio licitado, dado que tal
suposición desconoce abiertamente el laudo arbitral que resolvió un pleito similar
propuesto por la aquí demandante contra la aseguradora La Previsora S.A. en el
cual se consideró que la titularidad de la obra literaria "Munipredios" no le confería a
la señora Mónica Estrada Restrepo o a la sociedad Munipredios Ltda. el derecho al
uso o aplicación exclusiva de la idea de asegurar predios particulares a través del
impuesto predial, y tampoco la habilitaba para impedir que terceros aplicara la idea
que fue desarrollada en la obra literaria de su autoría; y, por último, afirmó que aun
cuando fue vinculada al sub lite con el cometido de que su derecho de contradicción
se hiciera efectivo habida cuenta que en el evento de anularse el acto de
adjudicación vería afectados sus intereses, lo cierto era que más allá de aquello, no
le asistía responsabilidad alguna frente a las pretensiones indemnizatorias, pues
estas tienen fundamentos fácticos y jurídicos que son del exclusivo resorte del
municipio accionado. Formuló las excepciones intituladas: "Legalidad del acto
administrativo demandado" y "Falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de las pretensiones de carácter indemnizatorio".

2.2.3. La Compañía de Seguros Previsora S.A. contestó la demanda y el
llamamiento en garantía9. Así, en lo que respecta a la contestación, se opuso a las
pretensiones, tras exponer que estas se formularon en el supuesto indebido uso o
explotación del producto “Munipredios”, sin embargo, destacó que la obra se dedicó a
glosar ideas, conceptos y metodologías asociadas al aseguramiento de riesgos, cobro
de primas y conceptos que se encuentran inmersos en cualquier contrato de seguro,
habida cuenta que sobre estos aspectos no existe tipo alguno de exclusividad; en ese
punto, adujo que de anularse los actos acusados se estaría constituyendo de facto una
prohibición a la utilización de ideas que no son objeto de protección por el derecho de
propiedad intelectual, pues la Superintendencia Financiera de Colombia autoriza la
comercialización de las diversas tipologías de pólizas de seguro, dentro de las cuales
se encuentra la que contrató la entidad territorial, asociada al ofrecimiento de seguros
a los dueños de inmuebles registrados en el municipio bajo una póliza colectiva
gestionada a través de la facturación del impuesto predial, actividad desarrollada en
todo el país, por lo que no resulta plausible que la parte actora conciba que por
consignar dicha actividad comercial en una obra literaria por ella registrada, de manera
inmediata se le otorgue el exclusivo derecho de ser la única persona que pueda
desarrollarla. Frente al llamamiento en garantía mostró su oposición, toda vez que lo
acontecido no se hallaba dentro del marco de los amparos tomados por el municipio,
de ahí que advirtió que, de llegarse a reconocer las pretensiones de la demanda, no le
asistiría la obligación contractual de entrar a responder en nombre de su asegurado.

En consecuencia, formuló las excepciones que tituló: "Legalidad del proceso
licitatorio LP-UGR007-2006", "Inexistencia de perjuicios atribuibles al municipio de
Manizales", "Ausencia de falsa motivación de los actos administrativos atacados",
"Inexistencia de perjuicios atribuibles al municipio de Manizales ", "Carencia de

9 Contestación de la demanda a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

prueba del supuesto perjuicio ", "Enriquecimiento sin causa ", "Inexistencia de
amparo de los contratos de seguro de responsabilidad civil servidores públicos,
utilizados como fundamento de la convocatoria", "Inexistencia de cobertura de las
pólizas de responsabilidad civil servidores públicos No. 1003830 y 100351", "Límites
máximos de responsabilidad y condiciones del seguro", "Exclusión contractual,
ausencia de cobertura para los hechos que dieron origen a la demanda y perjuicios
morales" y "Exclusiones de amparo".

2.2.4. El Tribunal celebró audiencia inicial10 en la que: i) declaró saneada en la
actuación; ii) declaró no probada la excepción de caducidad formulada por La
Previsora S.A.; iii) fijó el litigio de la controversia a la resolución de los siguientes
cuestionamientos: a) ¿Los actos administrativos demandados adolecen de nulidad, debido
a que el mecanismo de contratación que debió seguir el municipio de Manizales era el de
contratación directa teniendo en cuenta que solo existía una persona que podía proveer el
bien o servicio por ser el titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos
de autor o ser su proveedor exclusivo?, b) ¿Los actos administrativos demandados son
nulos por falsa motivación, por cuanto no tuvieron en cuenta la titularidad de los derechos
de autor que del producto MUNIPREDIOS ostenta la señora Mónica Estrada de Restrepo?,
c)¿La señora Mónica Estrada de Restrepo tiene la exclusividad de la prestación del servicio
de aseguramiento colectivo de los inmuebles construidos en el perímetro del municipio de
Manizales?, d) ¿Quién debe reparar los perjuicios causados a la los demandantes y cuál es
su monto?, y, e) ¿Se encuentra obligada la Aseguradora La Previsora, en virtud de Las
pólizas de Responsabilidad civil - Servidores púbicos (sic) No. 1003830 y 1003531 a reparar
o reembolsar al municipio de Manizales parcial o totalmente las sumas que sean objeto de
condena en contra de dicha llamante en garantía?; iv) decretó las pruebas documentales
allegadas por las partes, y denegó la documental, testimonial y pericial solicitada en el
traslado de las excepciones, así como la testimonial, declaración de parte y exhibición
de documentos solicitada por La Previsora S.A., esto por considerarlas innecesarias;
y, v) otorgó la oportunidad a las partes y al Ministerio Público para que estas
presentaran sus alegaciones conclusivas y aquel allegara su concepto respectivo.

2.2.5. Dentro del término de traslado, la parte actora, el municipio de Manizales y
AXA Colpatria S.A alegaron de conclusión, con reiteración de lo argumentado en las
oportunidades anteriores11. El Ministerio Público y La Previsora S.A. guardaron
silencio12.

2.3. La sentencia recurrida.

El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de sentencia dictada el 16 de octubre de
2020, declaró probada la excepción de "Legalidad del acto administrativo demandado"
que formuló la aseguradora AXA Colpatria Seguros S.A, denegó las súplicas de la
demanda, y, condenó en costas y agencias en derecho a la parte actora por cuantía
equivalente al tres (3) porciento de las pretensiones, suma reconocida a favor del
municipio de Manizales13.

La tesis desarrollada por el a quo para la solución del asunto giró en torno a
considerar que “Los actos administrativos demandados no adolecen de nulidad, toda vez
que, el servicio objeto del proceso licitatorio LP-UGR-007-2006 esto es, el aseguramiento

10 Acta a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.
11 Alegatos a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.
12 Constancia secretarial a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.
13 Sentencia de primera instancia a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

colectivo de bienes inmuebles no es un servicio que solo pueda ser prestado por la sociedad
Munipredios Ltda. o la señora Mónica Estrada Restrepo en virtud a los derechos de
propiedad intelectual o industrial que ostentan sobre la obra "Munipredios"”. Para ello, el
Tribunal inicialmente describió el régimen normativo de los derechos de autor y su
alcance en el ordenamiento jurídico patrio, y, al compás de aquello, determinó la
extensión de los derechos que la parte actora detenta sobre la obra literaria y la
marca “Munipredios”, coligiendo al respecto que la idea plasmada en la obra
─consistente en ofrecer una póliza de aseguramiento colectivo a un municipio con
el propósito de amparar bienes inmuebles particulares con ficha catastral que
causen el impuesto predial─ no es susceptible de protección a través del derecho
de autor (Articulo 7, Decisión Andina 351 de 1993; Articulo 6, Ley 23 de 1982); por
lo tanto, la propiedad de la demandante sobre su obra literaria no implica la
titularidad sobre la idea, esto porque justamente los derechos de autor no impiden
que terceros apliquen la misma o similar idea a la desarrollada por el autor en una
obra literaria protegida, por lo que en el sub examine, los derechos de autor que
ostenta la demandante, no impiden que terceros puedan ofrecer el servicio o
desarrollar la idea de aseguramiento colectivo de bienes inmuebles particulares. Por
esos motivos, concluyó que la demandante no ostenta la exclusividad para el
suministro de tales servicios y, por tanto, existe pluralidad de oferentes en el
mercado, luego entonces la licitación pública LP-UGR-007-2006 se surtió en estricto
acatamiento del marco normativo vigente, lo que implicó que la parte actora no haya
logrado desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados.

2.4. El recurso de apelación.

La Parte actora14 recurrió la sentencia del Tribunal con el cometido de que en esta
instancia se proceda a su revocación, y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la
demanda. Lo expuesto, con base en motivos de inconformidad que, en suma,
reiteraron los cargos de nulidad expuestos desde la presentación de la demanda y
ratificados en los alegatos conclusivos. Al respecto, véase:

(i) “SOBRE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS GÉNESIS DEL
PROCESO DE LA REFERENCIA”. Iteró que Mónica Estrada Restrepo es
titular de derechos morales y patrimoniales sobre la obra “Munipredios”,
derechos que se encuentran registrados ante la Superintendencia de Industria
y Comercio, la Dirección Nacional de derechos de Autor; y la Oficina de
Copyright de los Estados Unidos, hecho que la faculta para hacer uso exclusivo
del sistema, metodología y servicio que creó. Asimismo que el laudo arbitral
citado por el Tribunal no tiene lugar en el presente asunto en cuanto que la
naturaleza y objeto de dicha controversia es a todas luces disímil al presente;
acotó que el a quo valoró incorrectamente el material probatorio porque en
efecto se demostró que el municipio ─a través de los actos acusados─
trasgredió los derechos de autor derivados de la obra e infringió las normas en
que se fundó su dictado, pues la adjudicación del contrato debió haberse
efectuado a favor de la accionante por la modalidad de selección de
contratación directa, lo que también cercenó su derecho al debido proceso
─mismos cargos de la demanda, anota la Sala─.
(ii) “SOBRE LA EXCESIVA LIOUIDACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES".
Adujo que la tasación de costas y fijación de agencias en primera instancia
resultó excesiva, habida cuenta que en el plenario no se acreditaron las
erogaciones que asumió el municipio para gestionar su defensa, ni de su parte
se apreció un actuar temerario o de mala fe, razón por la cual calificó la fijación
14 Recurso de apelación a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

de las agencias de exorbitante y carente de sustento fáctico comoquiera que
el tres por ciento (3%) de las pretensiones resultaba considerablemente
excesivo, máxime que para este tipo de procesos el Colegio Nacional de
Abogados delimitó una tarifa de 5 a 10 SMLMV; de otro lado adujo que la
demandante carecía de los recursos para sufragar la condena fijada por el
fallador de primera instancia, en razón a que justamente sus ingresos
provenían de la suscripción del contrato que tenía con el ente territorial
demandado.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia

Esta Corporación mediante proveído del 24 de enero de 2022 admitió la alzada15.
El 30 de marzo de 2022 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que
aquellas alegaran y éste conceptuara en segunda instancia16, oportunidad en la que
intervinieron todos los sujetos procesales 17, con reiteración de los argumentos
expuestos en el curso del proceso. El delegado del Ministerio Público guardó
silencio 18.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

Antes de formular los cuestionamientos objeto de análisis, se hace menester precisar
que resulta de cardinal importancia estudiar previamente los presupuestos
procesales de la acción, dentro de lo que cabe también examinar si las resoluciones
demandadas son pasibles de control jurisdiccional; esto, por cuanto en el evento que
se demuestre que no se acreditó el cumplimiento de alguna de tales exigencias,
implicaría para la Sala la imposibilidad de auscultar el fondo del asunto.

Ilustrado lo anterior, en el evento que se supere dicho análisis, la Colegiatura
procederá a dar respuesta a los siguientes interrogantes que se formulan conforme
a los cargos planteados en el recurso de apelación:

3.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 1180 del 10 de agosto de 2016
─modificada por la Resolución 1248 del 19 de agosto de 2016─ y de la Resolución
No. 1369 del 14 de septiembre de 2016, al ser proferidas con falsa motivación y
violación de las normas en que debía fundarse? 19

3.2. ¿Es dable reconocer el restablecimiento del derecho reclamado por la parte
actora frente al municipio de Manizales y cuál sería su monto?

3.3. ¿Se encuentra obligada la Aseguradora La Previsora, por medio de las pólizas
de Responsabilidad civil - Servidores públicos No. 1003830 y 1003531, a reembolsar

15 Proveído a índice SAMAI 00005, con certificado
D5A84C66690CD65C 73D96A18B566DEB4 90EA5D4FBDCD602A 22DA8513758EC777.
16 Recurso de apelación a índice SAMAI 00013, con certificado
E97FFB0403D56AE8 4B1FD8EC252CA18D 97A46D8BF9775AE3 3D03CC5A1F23CFA3.
17 Alegatos de conclusión a índices SAMAI 00017, 00018, 00019 y 00020 con certificados
27CFB4EE7F180909 401757DEDBF82B77 1ECB58CCA67006E7 C642602264F1AA14, 38882349638E1D96
5AEE8E4751BADAD7 A063404C5ADBEE8E C105008520A6EABC, 53F94C19198D4881 4EE512666F3527B
1FFE3D5FE4008F4E CF3826AE61BA24D6 y E29BB0B6C1A42045 119EE76E02764D9A 69144865C9637CB0
C55BDCEB71F71EE6.
18 Según constancia de folio 1166 C. Apelación
19 Estos cargos de nulidad porque a juicio de la parte actora para su expedición no se tuvo en cuenta los derechos

de autor que sobre el producto “Munipredios” detenta Mónica Estrada Restrepo, lo que implicaba que no existiera
mérito para aperturar y adjudicar la licitación pública LP-UGR-007-2006 a cualquier proponente, sino que, por el
contrario, el ente accionado debió suscribir directamente el contrato con la demandante al ser la única persona
habilitada para prestar el servicio requerido

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

total o parcialmente al municipio de Manizales las sumas que sean objeto de
condena en contra de su llamante en garantía?

Cabe formular un último problema que, si bien no atañe a las pretensiones de la
demanda, sí fue motivo de reproche en la apelación, a saber:

3.4.¿Procede la modificación de las costas procesales fijadas en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Caldas?

Los cuestionamientos anteriores serán resueltos con base en el régimen jurídico
aplicable al proceso de selección, que, como lo ha precisado la jurisprudencia20, lo
es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, comoquiera que
el ente demandado es un municipio, clasificado como entidad estatal según el
artículo 2º de la Ley 80 de 1993.

IV. HECHOS PROBADOS

Para dar respuesta a los interrogantes formulados en precedencia, la Sala revelará
los hechos que, para ello, son relevantes y que se encuentran plenamente probados,
con base en los documentos aportados al plenario, algunos de los cuales fueron
allegados en copia simple, lo que no impide su plena valoración21.

4.1. Mónica Estrada Restrepo posee registro de la marca “Munipredios” otorgado
por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 22835 del 27
de octubre de 199922; asimismo dispone de registro Copyright (derechos de autor)
sobre la obra literaria "Muni-predios sistema, metodología y aplicación de la póliza
exclusiva de seguro de particulares para los municipios", dado el 16 de febrero de
2001 por la oficina que en esa materia despacha desde los Estados Unidos 23; y,
detenta certificado de registro de la obra literaria inédita intitulada “MUNI-PREDIOS
SEGURO DE PARTICULARES PARA MUNICIPIOS SOBRE PREDIOS CON FICHA
CATASTRAL QUE CAUSEN IMPUESTO PREDIAL”, concedido el 14 de abril de
2004 por la Dirección Nacional de Derechos de Autor24.

4.2. Mónica Estrada Restrepo y Munipredios Ltda. Asesores en Seguros
promovieron proceso arbitral contra La Previsora Compañía de Seguros; litigio
surgido en el marco de un acuerdo suscrito entre ambas el 30 de octubre de 1999
para la comercialización exclusiva de un producto de seguro colectivo con base en
la obra "Munipredios", cuyo objeto fue “MUNI-PREDIOS ofrecerá los beneficios del

20 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, exp 16100; Sección Tercera,

Subsección B, sentencia del 28 de mayo de 2012, exp 23043; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10
de julio de 2013, exp 23837; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2014, exp 29214;
Sección Tercera, 12 de noviembre de 2014, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp 27986; Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 12 de febrero de 2015, exp 25395; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
1º de agosto de 2016, exp 29371.
21 C.G.P. “Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona

que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento. || Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. […] La parte que
aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo,
excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen
auténticos. || Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones”.
22 Documento a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3
28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
23 Documento a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3
28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
24 Documento a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3
28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

seguro de INCENDIO y TERREMOTO; y los amparos adicionales determinados en
la póliza que para el efecto se ha creado, la misma reposará en la
SUPERINTENDENCIA BANCARIA y en las Alcaldías correspondientes, y protegerá
a los propietarios de inmuebles ubicados inicialmente en el municipio de Manizales,
en donde ya se han surtido todos los trámites de rigor, posteriormente harán
extensiva??? (sic) Otra u otras regiones del país, tratando de dar cobertura al mayor
número de poblaciones posibles”.

De ahí que, como emergieron diferencias entre las partes por el reconocimiento de
unos pagos adeudados, la comercialización no autorizada del seguro y violación a
derechos de autor, todo esto, por el supuesto incumplimiento del acuerdo de
exclusividad pues la compañía aseguradora utilizó la metodología y los procesos
definidos en la referida obra y mercantilizó el producto en ella desarrollado, la
convocante acudió a instancias de la justicia arbitral para que absolviera sus
reclamos al respecto.

El aludido conflicto fue dirimido por el Tribunal de Arbitramento de Bogotá, mediante
laudo proferido el 10 de marzo de 2010, a través del cual resolvió que aun cuando
Mónica Estrada Restrepo en efecto detentaba derechos de autor sobre la obra de la
que reputa su producción, tal condición no la facultaba para impedirle a terceros que
aplicaran la misma metodología allí descrita, de ahí que no resultaba posible prohibir
una actividad mercantil, pues ello daría cabida a una protección superlativa y
perpetua, que so pretexto del amparo de una autoría intelectual generaría
monopolios, poniendo en entredicho la seguridad jurídica de los competidores,
quienes no sabrían a qué atenerse.

A juicio del Tribunal, la cláusula de exclusividad pactada por las partes no podía
entenderse fundada en los derechos de autor reconocidos a la señora Estrada
Restrepo como si las partes hubieran considerado que por la autoría de la obra se
impidiera la explotación económica, tanto de la obra como de las ideas, lo cual le
resultaba sorprendente e inexcusable que hubiese quedado así pactado por
profesionales del sector, por lo que concibió que tal exclusividad se pactó en estricto
ejercicio de la autonomía de la voluntad respecto de la reproducción de la obra, pero
iteró que nada tenía que ver con los derechos de autor invocados por la convocante
sobre las ideas, dado que esto era inviable a la luz del ordenamiento jurídico. Al
margen de aquello, acorde con lo anterior, el Tribunal coligió que más allá de lo
convenido en el contrato y la existencia de unas sumas que en efecto le adeudaba
la Previsora S.A. a la convocante, los derechos de autor que detenta Mónica Estrada
Restrepo sobre su obra no trascendían hasta la esfera de prohibirle a terceros la
utilización de las ideas en ella glosadas, pues aquello no comportaba la violación de
sus derechos de autor25.

4.3. Mónica Estrada Restrepo suscribió el contrato No. CIM [5511-1] del 21 de
octubre de 2014 con la compañía de seguros La Previsora S.A., cuyo objeto fue “la
intermediación y/o comercialización por parte de LA AGENCIA, por medio de su
propia organización, previo el lleno de todos los requisitos legales y contando con
las autorizaciones necesarias, para prestar sus servicios de intermediación de
seguros, con las facultades de ofrecer exclusivamente la póliza de seguros emitida
bajo el esquema del producto MUNI-PREDIOS® (SEGUROS DE PARTICULARES
PARA MUNICIPIOS DE COLOMBIA, SOBRE LOS PREDIOS CONSTRUIDOS CON
FICHA CATASTRAL Y QUE CAUSEN IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO), de

25 Documento a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3
28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

propiedad moral y patrimonial de MÓNICA ESTRADA RESTREPO - LA AGENCIA”
26.

4.4. El Municipio de Manizales, mediante estudios previos del 12 de julio de 2016
estructuró la necesidad de iniciar un proceso contractual cuyo objeto sería
"PROPONER UN MECANISMO DE ASEGURAMIENTO COLECTIVO DE LOS
INMUEBLES CONSTRUIDOS EN EL PERÍMETRO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES,
TANTO URBANOS COMO RURALES, CON EL FIN DE INDEMNIZAR A LOS
ASEGURADOS CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA, POR LAS
PÉRDIDAS QUE SUFRAN LOS INMUEBLES INVOLUCRADOS EN DICHO
INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA A CAUSA DE LOS DAÑOS QUE SE PRESENTEN
COMO CONSECUENCIA DE EVENTOS CONSIDERADOS EN LA MISMA". En el
mentado documento, la entidad territorial estableció que por el tipo de servicio
requerido ─contrato de seguro─ y la naturaleza del mismo, la modalidad de
selección del contratista sería “un proceso de licitación pública, el que se debe regir por
lo previsto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, a efecto
de garantizar la pluralidad de oferentes y la transparencia del proceso, entre otros principios
que regulan la contratación estatal.”27.

4.4.1. El municipio de Manizales, por medio de Resolución No. 1180 del 10 de agosto
de 2016 ordenó la apertura del proceso de licitación LP-UGR-007-2016, cuyo objeto
fue justamente el descrito en los estudios previos anteriormente referenciados;
posteriormente, a través de Resolución No. 1248 del 19 de agosto de 2016 modificó
parcialmente el acto de apertura, pero solamente frente al cronograma del proceso
de selección28.

4.4.2. El municipio de Manizales surtió las distintas subetapas del proceso de
selección asociado a la licitación pública LP-UGR-007-2016, denotándose que
solamente recibió propuesta por parte de la compañía AXA Colpatria Seguros S.A.,
de ahí que, luego de surtirse la evaluación respectiva y culminar con puntaje
satisfactorio, mediante Resolución No. 1369 del 14 de septiembre de 2016 adjudicó
la licitación en favor de la aludida compañía aseguradora29.

4.4.3. Como corolario del trámite del proceso de selección, el Municipio de Manizales
y la compañía AXA Colpatria Seguros S.A. suscribieron el Contrato No. 1609600567
del 30 de septiembre de 2016, cuyo objeto fue “PROPONER UN MECANISMO DE
ASEGURAMIENTO COLECTIVO DE LOS INMUEBLES CONSTRUIDOS UBICADOS EN
EL PERÍMETRO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, TANTO URBANOS COMO RURALES,
CON EL FIN DE INDEMNIZAR A LOS ASEGURADOS CON SUJECIÓN A LAS
CONDICIONES DE LA PÓLIZA, POR LAS PÉRDIDAS QUE SUFRAN LOS INMUEBLES
INVOLUCRADOS EN DICHO INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA, A CAUSA DE LOS
DAÑOS QUE SE PRESENTEN COMO CONSECUENCIA DE EVENTOS CONSIDERADOS
EN LA MISMA", contrato pactado a un plazo contado desde el 1 de octubre de 2015
hasta el 31 de diciembre de 202030.

V. CONSIDERACIONES

26 Documento a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3
28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
27 Documento a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.
28 Documentos a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.
29 Documentos a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.
30 Documento a índice SAMAI 00002, con certificado
F2044BC966A35A3A 20A36DCB3AC154B0 18A9698DA3C52372 2DE9C6570B767FA6.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

5.1. Sobre los presupuestos procesales y procedencia del medio de control

5.1.1. Competencia

La Sala se encuentra habilitada para dilucidar el presente asunto, habida cuenta de
la competencia que le asiste para ello en atención a lo dispuesto en los artículos
15031 y 152.332-33 de la Ley 1437 de 2011.

5.1.2. Oportuno ejercicio de la acción

El literal c) contenido en el numeral 2 del artículo 164 del CPACA, prevé que: "c)
Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los
actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o
publicación, según el caso".

Acompasada la anterior disposición legal con las particularidades del sub examine,
se encuentra que en la demanda se pretende la anulación de los siguientes actos:

a) Resolución No. 1180 del 10 de agosto de 2016, modificada por la Resolución
No. 1248 del 19 de agosto de 2016; y,
b) Resolución No. 1369 del 14 de septiembre de 2016.

En ese sentido, se advierte que el término para demandar la Resolución No. 1180
─modificada por la Resolución No. 1248─, fenecía el 20 de diciembre de 2016; y, el
término para demandar la Resolución No. 1369, vencía el 15 de enero de 2017. No
obstante, tal como consta en certificación emitida por la Procuraduría 29 Judicial II
para asuntos administrativos, la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 15 de diciembre de 2016, audiencia celebrada el 8 de febrero de 2017
que, ante la falta de ánimo conciliatorio del municipio de Manizales, hubo de
declararse fallida, motivo por el cual el término de caducidad se suspendió durante
el lapso transcurrido entre la presentación de la solicitud y la emisión del acta
respectiva34.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda se presentó a los dos (2) días
siguientes de la celebración de la audiencia de conciliación, a saber: el 10 de febrero
de 201735, se hace evidente el ejercicio oportuno de la acción frente a ambos actos.

5.1.3. Legitimación en la causa.

Para determinar si la parte actora se encuentra legitimada en la causa para
demandar la anulación de la Resolución No. 1180 del 10 de agosto de 2016

31 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]”
32 CPACA. “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos
de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes […]”.
33 En el presente asunto, la demanda se presentó en el año 2017, época para la cual el salario mínimo era de $

737.717, por lo tanto, los 300 salarios mínimos equivalían a $321.315.100, lo que supone que la cuantía de las
pretensiones económicas estimadas en la demanda que asciende a $1.294.000.000, supera ostensiblemente el
monto legalmente exigido.
34 Constancia a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3

28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.
35 Acta de reparto y sello de radicación a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14

298EB2269DD816C3 28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

─modificada por la Resolución 1248 del 19 de agosto de 2016─ y la Resolución No.
1369 del 14 de septiembre de 2016, actos por medio de los cuales el municipio de
Manizales dio apertura a la licitación pública LP-UGR-007-2016 y luego adjudicó el
proceso de selección en favor de la compañía AXA Colpatria Seguros S.A.,
respectivamente; inicialmente se traerá a colación las diferentes posturas
jurisprudenciales que ha desarrollado esta Corporación en torno a la naturaleza del
acto de apertura de licitación.

En ese sentido, aun cuando no hay discusión de que el acusado es un acto de
carácter general que, de forma abierta e impersonal, extiende la invitación a
participar de un proceso licitatorio, la disyuntiva surge en cuanto a si se le concibe
como un acto de trámite o preparatorio por excelencia, como lo predica un sector de
la jurisprudencia; o como un acto de trámite con vocación de convertirse en definitivo
bajo ciertas circunstancias como lo ha sostenido el pleno de la Corporación; o sin
entrar a tipificarlo desde la teoría del acto y de las reglas generales que en tal virtud
prevé el CPACA, sino desde su ubicación en el proceso contractual conforme a las
reglas especiales de la Ley 80 de 1993; o como una vertiente de esta última postura
que lo concibe llanamente como un acto definitivo en razón a que precisa de
motivación. En ese escenario, son cuatro los criterios que sobre ese tópico se
identifican hasta el momento.

El primer criterio, esto es, el que concibe al acto de apertura de una licitación como
preponderantemente de trámite o preparatorio, estriba en que su “propósito [el del
acto de apertura] consiste y se limita a anunciar el comienzo de un proceso de
selección y la necesidad que se busca satisfacer con un futuro contrato, por tanto,
por su propia naturaleza, no es el llamado a determinar el objeto y las condiciones
que delinearán el negocio jurídico que se proyecta celebrar”36. Bajo ese entendido,
si el acto se contrae a hacer un llamado in genere a quienes muestren interés de
participar como oferentes de un proceso licitatorio, sin perfilar ni establecer las reglas
de participación, lo más lógico es que no precise de un contenido sobre el que pueda
recaer un cuestionamiento de su validez.

El segundo criterio, concibe por regla general al acto de apertura de licitación como
simple acto de trámite que, en principio no podría ser impugnado autónomamente;
no obstante, en algunas ocasiones es susceptible de ser enjuiciado, como cuando
contiene decisiones sobre el fondo del asunto o que puedan afectar los principios
que deben regir a la actividad contractual estatal, como ocurre cuando se restringe
indebida o ilegalmente la participación37. Bajo ese entendido, en tanto se dé alguno
de esos dos supuestos, el acto de apertura de una licitación puede ser demandado
en nulidad.

El tercer criterio prescinde de la clasificación del acto de apertura de licitación desde
la teoría general y se traslada al ámbito de la Ley 80 de 1993, para definirlo como un

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2023, sentencia del 3 de

septiembre de 2020, exp. 42003.expediente 60291.
37 El criterio unificado se explicitó, así: “por regla general los actos de trámite no son demandables salvo cuando

se configuran dos excepciones: en primer lugar, una general aplicable a todos los actos preparatorios y de
trámite, según la cual, serán impugnables dichos actos cuando pongan fin al procedimiento del cual hacen parte;
en segundo lugar, una excepción especial, prevista por la jurisprudencia concretamente para los actos de
apertura en las licitaciones, los cuales serían susceptibles de ser enjuiciados cuando contengan decisiones sobre
el fondo del asunto o puedan
afectar los principios que deben regir la actividad contractual, como por ejemplo, cuando mediante dicho acto,
en lugar de invitar a los interesados a que participen en el proceso de selección en condiciones de igualdad, se
restringe de forma ilegal la participación, desconociéndose así los principios de transparencia e igualdad de
oportunidades”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de
2012, exp. 11001-03-26-000-2010-0036-01(IJ).

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

acto pre contractual que se puede demandar en nulidad conforme a lo previsto en el
artículo 141 CPACA38. Esto, claro está, siempre que no se encuentre dentro de las
hipótesis que la jurisprudencia ha previsto para que se consideren meramente como
actos jurídicos, como ocurre con los que profieren las empresas de servicios públicos
en desarrollo de su actividad contractual39.

Como una derivación de la anterior, el cuarto criterio se sustenta en que el acto de
apertura de la licitación, es un acto definitivo que se puede demandar en nulidad 40,
dado que el artículo 24.7 de la Ley 80 de 1993, prescribe que los actos
administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella,
salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada. “En consonancia, el
artículo 30 de la Ley 80 dispone que el jefe o representante de la entidad estatal
ordenará la apertura de la licitación por medio de acto administrativo motivado.
Según esta postura, el acto de apertura no es un simple acto de trámite, pues es un
acto motivado que define las bases mismas del proceso licitatorio: su objeto, los
plazos y los sujetos a quienes se dirige. No procede, pues, acudir a las normas
generales del CPACA que regulan los procedimientos y actuaciones de la función
administrativa para definir la naturaleza del acto de apertura”41.

Ante un escenario tan variado, la Sala, respetuosa como es de las decisiones del
pleno de la Corporación, acogerá el criterio bivalente, según el cual, en principio, el
acto de apertura de la licitación es de trámite y, por ende, no pasible de control, pero,
excepcionalmente, puede tornarse impugnable en dos eventos: i) cuando contengan
decisiones sobre el fondo del asunto y, ii) cuando puedan afectar los principios que
deben regir la actividad contractual.

Precisado lo anterior, la Subsección encuentra que de acuerdo con los cargos de la
demanda en el sub examine se configuran las dos (2) causales exceptivas que
habilitan el ejercicio del juicio de legalidad sobre la decisión de apertura de la
licitación pública LP-UGR-007-2016, en razón a que: i) de cara a la perspectiva de
la parte actora, la Resolución 1180 de 2016 se constituyó en un acto definitivo porque
puso en el mercado un servicio que, a su juicio, no podía estarlo, pues detentaba
derechos de autor sobre el objeto contratado, de ahí que a partir del momento en
que se convocó a los posibles postulantes para dispensarlo, se configuró una
situación lesiva de sus intereses; y, ii) los cargos expuestos contra la Resolución
1180 de 2016 por falsa motivación y violación a las normas en que debía fundarse,
encuentran directa relación con la desatención al principio de transparencia ─art. 24
de la Ley 80 de 1993─ comoquiera que en sentir de los demandantes se eludieron
los procedimientos de selección objetiva previstos en el Estatuto General de
Contratación, al decantarse la administración por tramitar el proceso de selección a
través de licitación pública y no por contratación directa, esto último, como así lo
debió haber hecho.

Como corolario de lo expuesto, se colige que se reúnen las condiciones para realizar
el examen de legalidad frente a la Resolución No. 1180 del 10 de agosto de 2016
y la Resolución No. 1369 del 14 de septiembre de 2016─, acto éste último,
respecto del que no existe discusión sobre el particular porque justamente fue el que

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2010, Rad. 38.924.
39 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencias de unificación del 3 de
septiembre de 2020, exp. 42003 y, sentencia del 9 de mayo de 2024, exp. 53.962.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2011, Rad. 16.763.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto de ponente del 8 de agosto de 2023, exp. 67774.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

definió el procedimiento administrativo contractual a través de la adjudicación que de
él hizo.

Precisado lo anterior, se tiene que Mónica Estrada Restrepo, como persona
natural y representante legal de la sociedad Munipredios Ltda., se encuentra
legitimada en la causa por activa para demandar la Resolución No. 1180 del 10
de agosto de 2016 ─modificada por la Resolución 1248 del 19 de agosto de 2016─,
comoquiera que a la luz de los cargos expuestos en el libelo introductorio, adujo que
dicho acto le generó una serie de perjuicios por la apertura de un proceso de
selección contractual que debió haberle sido adjudicado de manera directa al ser la
única persona habilitada para prestar el servicio de aseguramiento colectivo de
bienes inmuebles.

Sin embargo, la parte actora no se encuentra legitimada en la causa por activa para
demandar la Resolución No. 1369 del 14 de septiembre de 2016 ─con la cual el
municipio de Manizales adjudicó la licitación pública LP-UGR-007-2016─, esto
porque, tal como lo ha precisado pacíficamente la Sección Tercera de esta
Corporación42, en los asuntos en los que se pretenda la declaración de nulidad de
un acto de adjudicación, junto con la indemnización de los perjuicios causados por
su expedición, le corresponde al demandante cumplir una doble carga procesal para
la prosperidad de sus pretensiones, la cual consiste en: (i) demostrar los cargos de
ilegalidad formulados contra el acto administrativo acusado y (ii) probar el interés
directo, a saber, que participó en el proceso de selección contractual que
controvierte.

Ilustrado esto último, tal como se indicó en el hecho probado 4.6, el municipio de
Manizales en el curso de la licitación pública LP-UGR-007-2016 solamente recibió
propuesta por parte de la compañía AXA Colpatria Seguros S.A., luego entonces,
ello significa que la parte actora no participó en el proceso que concluyó con la
adjudicación del contrato a favor de la referida aseguradora, lo que se produjo
justamente a través del acto acusado de ilegal.

Por lo expuesto, se concluye que como Mónica Estrada Restrepo, como persona
natural y representante legal de la sociedad Munipredios Ltda. no participó en el
proceso de licitación pública LP-UGR-007-2016, no supera el estadio de la
legitimación de hecho en la causa por activa, pues no acreditó el interés directo que
le asistía para instaurar este tipo de pretensión, lo que implica que deba declararse
de oficio su falta de legitimación en la causa por activa para demandar en sede
de nulidad y restablecimiento del derecho la anulación de la Resolución No.
1369 del 14 de septiembre de 2016, de ahí que en tal sentido, se modifique el fallo
de primer grado.

Así las cosas, la Sala encausará sus esfuerzos en despachar los cargos de nulidad
y restablecimiento del derecho formulados contra la Resolución No. 1180 del 10 de
agosto de 2016; por último, se aprecia que el Municipio de Manizales se halla
legitimado en la causa por pasiva, al ser la autoridad que expidió el acto cuya
anulación se depreca ante esta sede judicial.

42 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 19 de septiembre de 1994. exp. 8071; sentencia del

11 de marzo de 2004, exp. 13355; sentencia del 26 de abril de 2006 exp. 16041; sentencia del 4 de junio de
2008, exp. 17783; sentencia del 29 de enero de 2009, exp. 13206; sentencia del 11 de agosto de 2010, exp
19.056; sentencia del 9 de octubre de 2013, exp. 26868; sentencia del 10 de octubre de 2022, exp. 67733;
sentencia del 19 de febrero de 2024, exp. 59965; y, sentencia del 13 de marzo de 2024, exp. 59036.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

5.2. Consideraciones sobre el primer problema jurídico – Examen de
legalidad de la Resolución No. 1180 del 10 de agosto de 2016.

La recurrente solicita que en esta instancia se proceda a la anulación del acto
proferido por el municipio de Manizales a través del cual dio apertura al proceso de
licitación LP-UGR-007-2016, esto porque adujo ser la titular de derechos morales y
patrimoniales sobre la obra “Munipredios”, pues dicha calidad le implicaba ser la
única persona facultada para hacer uso exclusivo del sistema, metodología y servicio
que finalmente contrató el ente accionado con una compañía de seguros que lo
ofrecía, de ahí que arguyera que la Resolución No. 1180 del 10 de agosto de 2016
infringió las normas en que se fundó su dictado y trasgredió los derechos de autor
que detenta sobre la referida obra, habida cuenta que la adjudicación del contrato
debió haberse efectuado a su favor por la modalidad de selección de contratación
directa.

Para comprobar si tal intelección es acertada, inicialmente se hace menester
determinar la existencia de los derechos de autor invocados por la parte actora sobre
la multicitada obra, y, al paso de aquello, establecer el alcance que estos tienen
frente a la posibilidad de limitar la utilización de las ideas allí esgrimidas hasta el punto
de otorgarle a la accionante el exclusivo derecho de ser la única persona habilitada
para ofrecer el producto de seguro por ella denominado como “Munipredios”;
circunstancias que resultan de obligatoria verificación para dictaminar si en efecto no
había mérito para dar apertura a la licitación pública LP-UGR-007-2016.

En primera medida se tiene por demostrado (Cfr. 4.1.) que Mónica Estrada Restrepo
posee registro de la marca “Munipredios” otorgado por la Superintendencia de
Industria y Comercio mediante Resolución 22835 del 27 de octubre de 1999;
asimismo que dispone de registro Copyright (derechos de autor) sobre la obra
literaria "Muni-predios sistema, metodología y aplicación de la póliza exclusiva de
seguro de particulares para los municipios", dado el 16 de febrero de 2001 por la
oficina que en esa materia despacha desde los Estados Unidos; y, detenta
certificado de registro de la obra literaria inédita intitulada “MUNI-PREDIOS
SEGURO DE PARTICULARES PARA MUNICIPIOS SOBRE PREDIOS CON FICHA
CATASTRAL QUE CAUSEN IMPUESTO PREDIAL”, concedido el 14 de abril de
2004 por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Así las cosas, queda determinado que la señora Estrada Restrepo en efecto detenta
derechos de autor sobre la multicitada obra literaria43, y, aunque se echa de menos
en el plenario el texto original de aquella, al revisar el expediente se encuentra un
documento anexo que describe las características principales del programa de
seguro desarrollado en el trabajo de su autoría, el cual explicó ante la oficina
Copyright en los siguientes términos44:

SISTEMA:

Ante la importancia del proyecto Muni-Predios, me permito presentar informe detallado
del producto a registrar con derechos de autor, en los Estados Unidos de América, en
los siguientes términos:

El producto a registrar tiene como objetivo principal el "autorizar a las Alcaldías
Municipales de un País para celebrar contratos o convenios tendientes a la prestación

43 “MUNI-PREDIOS SEGURO DE PARTICULARES PARA MUNICIPIOS SOBRE PREDIOS CON FICHA
CATASTRAL QUE CAUSEN IMPUESTO PREDIAL”
44 Documento a índice SAMAI 00002, con certificado 5CEF2BD799BD8F14 298EB2269DD816C3
28CF1DC97CDD5D25 C5F3D6E4C2D73099.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

de servicios, de procesamiento electrónico de datos, liquidación y recaudo de las
primas de la póliza de seguros Muni-Predios (derechos de Autor) que ampare los
inmuebles construidos en todos los municipios de este.

[…]

Todo estaría justificado debido a que nuestros Países en sus condiciones naturales y
por sus esquemas de desarrollo, han estado sometidos a la acción de fenómenos que
han generado desastres en el pasado y que pueden llegar a causar efectos adversos
en el futuro, si no se implementan medidas de mitigación adecuadas. En lo que atañe
a la viabilidad Jurídica del proyecto esta será adecuada en cada País y región que se
implemente.

Con este producto queremos llegar a proteger así, a los más desamparados y que
comúnmente no tienen acceso a ningún tipo de seguro; habrá que dejar sentado que
por medio de estrategias que conduzcan a la protección de los bienes de los
habitantes de los municipios, especialmente de los ubicados en zonas de mayor
riesgo, serán amparados mediante este producto. […]

Con sujeción a las condiciones de la póliza, la compañía elegida para el desarrollo de
este producto en una municipalidad, se obliga a indemnizar las perdidas o daños
materiales que sufran los inmuebles asegurados como consecuencia directa de los
siguientes eventos:

•INCENDIO y/o RAYO, INCLUYENDO LOS EFECTOS DEL CALOR Y DEL HUMO.
•TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA
•EXPLOSIÓN
•ASONADA, MOTÍN, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR Y HUELGA
•ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y ACTOS TERRORISTAS
•DAÑOS POR AGUA, AVALANCHA Y DESLIZAMIENTO
•HURACÁN, VIENTOS FUERTES Y GRANIZO
•IMPACTO DE AERONAVES Y DE VEHÍCULOS
•DAÑOS POR HUMO
•REMOCIÓN DE ESCOMBROS

El VALOR ASEGURADO de cada inmueble será el equivalente al avaluó catastral del
mismo. Constituye el límite de responsabilidad de la compañía y por consiguiente las
pérdidas o daños materiales amparados, se indemnizarán hasta dicha suma. En
consecuencia, el valor de la indemnización será equivalente al valor de los daños
menos el deducible, el mismo que será del 10% mínimo 3 SMM.LV para todos los
amparos, salvo por terremoto cuyo deducible es del 3% mínimo 3 SMMLV.

VOLUNTARIEDAD Esta póliza es de carácter voluntario para los propietarios de
bienes inmuebles en los municipios de un Estado o Departamento.

La PRIMA DEL SEGURO: la prima del seguro de cada predio será cotizada
independientemente y se obtendrá multiplicando el valor del avalúo catastral por la
tasa establecida, más el IVA o impuesto que se exija en cada País. El pago de la prima
se deberá efectuar en la misma forma de cobro y plazo de pago del impuesto predial,
en consecuencia, éste cubre los riesgos si el tomador ha cancelado en el periodo
inmediatamente anterior al impuesto predial más la prima del seguro […]

VIGENCIAS: La vigencia del seguro individual será por el mismo periodo de cobro del
impuesto predial y podrá prorrogarse por iguales periodos.

El pago de la prima se acreditará con el desprendible que contenga el pago del
impuesto predial más el seguro y este será el certificado individual de la póliza.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

BENEFICIARIO DEL SEGURO: El beneficiario del seguro será la persona que se
encuentre inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados como
propietaria del inmueble al momento del siniestro. […].

MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA: […] Este seguro podrá
existir con otros similares contratados para el mismo inmueble, en cuyo caso se dará
aplicación a lo dispuesto en el código de Comercio o el que haga sus veces en cada
País […].

METODOLOGÍA:

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO.

LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE EMITE ESTE PRODUCTO ES LA COMPAÑÍA
DE SEGUROS A LA CUAL MÓNICA ESTRADA CEDA SU DERECHO DE AUTOR Y
DEBE COMPROMETERSE A:

•Reconocer al Municipio un seis por ciento (6 %) de las primas recaudadas, como
retribución por el recaudo. Los recursos que recaude el Municipio en virtud de la
prestación de servicios que se destinarán a la prevención i/ atención de desastres.
•Con este programa que tiene una inmensa connotación social, también se protege a
algunos propietarios de inmuebles construidos que en la actualidad están exentos del
pago del impuesto predial como son: a) Los inmuebles de propiedad de Fundaciones,
personas naturales o jurídicas que presten servicio exclusivo para posada,
alojamiento, albergue, atención a los ancianos, mendigos, menores gamines,
rehabilitación de drogadictos, casas de obras sociales etc. b) Inmuebles de propiedad
de entidades sin ánimo de lucro, destinados al desarrollo de programas de nutrición
avalados por la Secretaría de Salud.

Estos inmuebles deberán estar exentos de pago del impuesto predial por Acuerdo
Municipal.

El ingreso automático de los inmuebles exentos, será cuando se haya asegurado el
cuarenta (40%) por ciento de los predios asegurables. […]

APLICACIÓN:

1. Para la aplicación del producto se realizarán los estudios municipales en cada País
y se elaborará una presentación de la cual se anexa copia.

2. Se elaborará un contrato con la compañía de seguros que avale dicho producto, del
cual se anexa copia.

3. Se emitirá la póliza Muni-Predios la cual se encuentra en proceso de registro de
derechos de autor en los Estados Unidos de América.

4. La Marca Muni-Predios es marca registrada."

Acreditado lo anterior, queda entonces por establecer el alcance de los derechos de
autor que la demandante ostenta sobre su obra literaria, esto ─se itera─ porque en
su alzada se empeñó en argumentar que, por el hecho de haber registrado una obra
en la que describió el programa de seguros denominado “Munipredios”,
automáticamente, tenía patente de corso fungir como la única persona habilitada
para gestionar el manejo y ofrecimiento de esa clase de póliza de aseguramiento, de
ahí que, en su sentir, ninguna compañía de este ramo podía proporcionar dicho
servicio ─salvo que contara con su previa y expresa autorización─, luego entonces,
tampoco el municipio de Manizales pudo haber gestionado su adquisición a través
de un proceso de selección con pluralidad de oferentes.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

Para esta Colegiatura, la demandante no demostró que el acto de apertura del
proceso licitatorio LP-UGR-007-2016 desconociera el alcance de los derechos de
autor que la apelante detenta sobre la obra de su autoría o que trasgrediera el marco
normativo invocado desde la formulación del libelo introductorio, lo expuesto, por las
siguientes razones:

Contrario a lo expuesto en la apelación, el contenido del laudo arbitral proferido el 10
de marzo de 2010 por el Tribunal de Arbitramento de Bogotá (Cfr. 4.2.)45, puede
prestar utilidad, por su pertinencia, para contribuir al entendimiento de las fuentes
formales aplicables al sub examine, en cuanto a través de dicho proveído se dirimió
el proceso promovido por Mónica Estrada Restrepo y Munipredios Ltda. Asesores en
Seguros contra La Previsora Compañía de Seguros, entre otros motivos, por el
supuesto uso indebido del programa de seguro descrito en la multicitada obra
literaria, de ahí que, el Tribunal de Arbitramento mediante dicho laudo precisara el
alcance del derecho de autor que detenta la aquí demandante sobre su obra y las
ideas que allí esboza.

Al punto, el Tribunal, con base en la doctrina especializada sobre la materia, el
artículo 61 de la carta Política, el canon 671 del Código Civil, la Convención de
Berna46, Convención Universal sobre Derechos de Autor47, Convención de Roma48,
Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, y las Leyes 23 de 1981
y 44 de 1993; ilustró que en cuanto al objeto de protección, el derecho de autor
ampara las obras literarias, científicas y artísticas, y explicó que la propiedad
industrial protege las invenciones industriales, las creaciones formales con aplicación
industrial y los signos distintivos, de ahí que sobre el primero, explicó que el requisito
esencial que debía acreditarse para que una obra fuera objeto de salvaguarda era
su originalidad, mientras que la invención debía ser novedosa para ser protegible por
la modalidad de propiedad industrial.

En ese orden, y al paso de iterar que el margen de protección del derecho de autor
se activaba cuando la creación intelectual era original, es decir, que la forma de
representar las ideas fuera propia del autor, concluyó “que el objeto de la protección
del derecho de autor son las obras intelectuales en tanto y en cuanto estas
constituyen la forma original utilizada por el autor para expresar sus ideas, las cuales
en sí mismas no son protegidas directamente por el legislador, en la medida en que
éstas hacen parte del dominio público y, en principio, pueden ser utilizadas por
cualquier persona”.

Frente al registro de marca, reveló que por ser un signo distintivo protegido bajo el
régimen de propiedad industrial, estaba destinado a identificar productos o servicios,
motivo por el cual su registro constituía el derecho al uso exclusivo de la marca, más
no encontraba relación con la titularidad amparada por el derecho de autor sobre las
obras literarias, de ahí que, explicó “el registro de una marca cuya denominación es igual
al título de una obra literaria no constituye el derecho sobre la obra y tampoco prueba sobre
la titularidad de la misma”.

Finalmente, concluyó que la titularidad que detenta la señora Mónica Estrada sobre
la obra literaria que refiere la idea de asegurar predios particulares en municipios con
45 Laudo que se encuentra en firme, según consulta de procesos. Al punto, se aprecia que esta Corporación

mediante proveído del doce (12) de abril de dos mil doce (2012), rad. 11001-03-26-000-2010-00055-00(39557),
declaró infundado el recurso extraordinario de anulación presentado por La Previsora S.A.
46 Ratificada mediante la Ley 33 de 1987.
47 Revisada en 1971.
48 Ratificada mediante la Ley 48 de 1975.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

ficha catastral que causen impuesto predial no implica para ella la facultad absoluta
y exclusiva de dispensar tal servicio, esto toda vez que: “bajo las normas del derecho
de autor, "el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del
autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o
incorporadas a la obra literaria, artística o científica", siendo claro que "lo que se protege es
la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas." De acuerdo
con lo anterior, en la medida en que "las ideas son universales y pueden divulgarse sin
restricción alguna", la protección de la que goza lo Sra. Mónica Estrada bajo el régimen del
derecho de autor, dada su calidad de autora de la obra literaria "Munipredios seguros de
particulares para municipios sobre predios con ficha Catastral que causen impuesto predial",
se limita al ejercicio de los derechos morales y patrimoniales de autor sobre el texto de la
obra protegida, más no sobre las ideas que ella expresa. Así las cosas, en virtud del régimen
del derecho de autor la Sra. Mónica Estrada no goza de la titularidad, ni del derecho al uso
o aplicación exclusiva de la Idea de asegurar en municipios predios particulares con ficha
catastral que causen Impuesto predial. Es claro entonces para el Tribunal que los derechos
de autor, tanto' morales como patrimoniales, de que goza la Sra. Mónica Estrada en su
calidad de autora de la obra literaria, no la facultan para impedir a terceros que apliquen la
misma o similar idea a la explicada por ella en la obra literaria protegida. Concluye el Tribunal
que no constituye desde el punto de vista del derecho de autor, una Infracción o violación a
los derechos de la Sra. Mónica Estrada Restrepo, la utilización o aplicación por parte La
Previsora S.A. de la idea consistente en asegurar en municipios predios particulares con
ficha catastral que causen impuesto predial”.

Pues bien, la Sala encuentra de pleno recibo la interpretación que en su momento
hizo la justicia arbitral de la normativa en lo atinente al objeto de protección en el
derecho de autor, en cuanto éste se encuentra circunscrito a la forma que adquieren
las ideas, a su materialización, no a la idea en si misma, entendimiento que, traído
al caso, permite concluir que la aquí demandante tiene derecho sobre una obra
literaria de su autoría intitulada “muni-predios seguro de particulares para municipios
sobre predios con ficha catastral que causen impuesto predial”, y registro de la marca
“Munipredios”, y que uno y otro le deben ser respetados. Sin embargo, en modo
alguno puede entenderse que la idea misma de asegurar, para los municipios, los
predios con ficha catastral que causen impuesto predial, sólo pueda ser ofrecida y
gestionada por ella, y menos que esos entes territoriales, en el marco de un mercado
abierto a la libre competencia, queden conminados a contratar sus servicios para la
negociación de este tipo de seguro. Esto, por cuanto, una adecuada interpretación
de la preceptiva de los artículos 2 y 4 de la ley 23 de 1982 y 7 de la decisión 351 de
la Comunidad andina mueve a entender que, itera la Sala, el margen de salvaguarda
del aludido derecho no se extiende a las ideas del autor, sino a la forma de que se
vale para describirlas, explicarlas, ilustrarlas o incorporarlas a la obra literaria que
elabora, de modo que lo que se ampara es la individualidad, originalidad y estilo
propio en la que se plasman esas ideas, más no estas en sí mismas, pues las ideas
son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna49. Por tanto, la apelante
carece de razón al pretender que por haber explicitado en un escrito registrado como
obra literaria un programa de seguro, inmediata y automáticamente se abrogaba el
exclusivo derecho a comercializarlo de manera privativa. En estas circunstancias la
conclusión a la que arribó el a quo no puede ser distinta, pues de aceptarse la tesis
de la apelante, se propiciaría la creación de un monopolio respecto de un producto
que desconocería las reglas del mercado de seguros y de la estructura misma del
sistema financiero y asegurador, lo que contravendría el nutrido plexo normativo
49
Art. 7 Decisión 351 Comunidad andina, interpretado en el proceso 383 -IP-2021: Artículo 7.- Queda protegida
exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas
a las obras.
No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o
técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

contenido en el Código de Comercio, los Decretos 663 de 1993 y 2555 de 2010,
entre otras disposiciones sobre la materia.

No huelga denotar que en su escrito de apelación, la recurrente se limitó a reiterar
los cargos expuestos desde la presentación de la demanda, los cuales ─por demás─
fueron desatados con suficiencia en la sentencia confutada, comoquiera que el
análisis allí plasmado tuvo como eje axial la constatación de la vulneración del
derecho de autor, estudio a partir del cual debía iniciar la realización del juicio de
legalidad del acto acusado, pues la falta de prueba de dicho derecho relevaba a esa
judicatura del estudio de la legalidad del proceso de selección, planteado como fue
desde la demanda, bajo la consideración de la existencia ese derecho con tal alcance

En consonancia con lo advertido, no se observa que en la apelación se hayan
formulado motivos de reproche contra el alcance que, del derecho de autor, se hizo
en la sentencia apelada, habida cuenta que las razones de inconformidad que en
aquel se expusieron orbitaron en función de la protesta por el uso indebido del
programa de seguro por ella denominado como “Munipredios”; sin embargo, ninguna
explicación se trajo a esta instancia para demostrar jurídicamente los motivos por los
cuales sus ideas debieran ser objeto de protección hasta el punto de que se debiera
considerar a la demandante como la única persona habilitada para ofrecer el servicio
y que éstas ─las ideas─ no podían ser utilizadas por el ente territorial demandado
para negociar con terceros ese servicio de seguros; orfandad que le resta cualquier
viso de prosperidad al petitum de nulidad formulado contra la Resolución No. 1180
del 10 de agosto de 2016.

Con base en lo expuesto, la Sala colige que el acto a través del cual el municipio de
Manizales dio apertura al proceso de licitación LP-UGR-007-2016 se ajusta al
ordenamiento jurídico, concretamente al artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de
201550-51, comoquiera que la parte actora no honró la carga de demostrar que por
ostentar derechos de autor sobre la obra literaria que describió la idea del producto
de seguro denominado “Munipredios”, fuera ella la única persona habilitada para
comercializar pólizas de seguro de inmuebles particulares que causaran impuesto
predial; motivo por el cual no se aprecia que el aludido proceso de selección debió
haber sido surtido mediante contratación directa a favor de la demandante, lo que
por contera implica que el presente problema jurídico encuentre respuesta negativa
y por tanto deba confirmarse la denegación de las súplicas de la demanda, de ahí
que sea inviable descender al análisis del segundo y tercer cuestionamiento
planteado, por lo que solamente resta el estudio del cargo que se relacionó en el
último problema jurídico.

5.3. Consideraciones sobre el cuarto problema jurídico – Condena en costas
y fijación de agencias en primera instancia.

50 ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera

que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el
servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor
exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la
contratación.
51 Anota la Subsección que el demandante refirió como norma vulnerada el numeral 2° del artículo 3.4.2.4.1. del

Decreto 734 de 2012, sin embargo, dicha disposición fue compilada por el citado artículo del Decreto 1082 de
2015, que a su vez la refirió del canon 80 del decreto 1510 de 2013.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

La parte recurrente mostró inconformidad frente a la condena en costas y la fijación
de las agencias efectuada por el fallador de primera instancia, decisión que calificó
de exorbitante y carente de sustento fáctico, comoquiera que en el plenario no se
acreditó su causación y la “actitud de las partes” no prestaba mérito para imponerlas,
esto, aunado a que, en su sentir, tal condena supondría una especie de sanción para
una persona que no contaba con los recursos económicos para asumir dicha carga
litigiosa.

Al respecto, conviene rememorar que el Tribunal Administrativo de Caldas, en la
sentencia apelada sustentó su decisión con base en los siguientes argumentos: “Con
fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 365 del Código General
del Proceso, se advierte que se condenará en costas en esta instancia, en tanto, a partir del
criterio objetivo valorativo que ha sido expuesto por el H. Consejo de Estado52 para la
imposición de la condena en costas, se observa la correspondiente causación de las
agencias en derecho a favor de la entidad demandada, toda vez que para ejercer su defensa
en el presente asunto requirió los servicios de profesionales del derecho. Así las cosas,
atendiendo a los parámetros fijados por el numeral 1- del artículo 5" del Acuerdo No.
PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 se fijan agencias en derecho (sic) cuantía equivalente
al 3% de las pretensiones de la demanda”. Destaca la Sala.

Precisado lo anterior, es importante tener en cuenta que el libelo introductorio se
interpuso en vigencia del CPACA y, comoquiera que el artículo 188 de esa
codificación, a diferencia de lo que sucedía en vigencia del otrora artículo 55 de la
Ley 446 de 199853, impone un régimen de costas que no depende del análisis
subjetivo de la conducta procesal de las partes ─como equivocadamente lo concibe
el apelante─, sino que se determina objetivamente en la sentencia y por ministerio
de la ley respecto de la parte vencida en juicio, motivo por el cual, ha de concluirse
que las costas, en vigencia del CPACA, constituyen una cuestión de mero derecho,
y por tanto, su imposición no tiene vocación de recurribilidad54.

Sin perjuicio de lo expuesto, ello no implica que de apreciarse que el Tribunal fijó las
agencias en topes superiores a los establecidos por los Acuerdos que en la materia
expide el Consejo Superior de la Judicatura, tal aspecto sí sería revisable. Al punto,
el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 estableció que la tarifa de las
agencias para un proceso de primera instancia oscilaría entre el tres por ciento (3%)
y el siete punto cinco por ciento (7.5%) de lo pedido, de ahí que se aprecie
claramente que la fijación efectuada por el a quo no solo se encuentra dentro de los
límites preestablecidos, sino que se efectuó en el menor valor que le era posible.

Así las cosas, como no prospera el cargo del recurrente se confirmará la condena en
costas y fijación de agencias efectuada en la sentencia confutada por el Tribunal
Administrativo de Caldas.

VI. COSTAS

El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en

52 Cita de cita: Ver: Sentencia del 7 de febrero de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2015-00741-01(2982-17).
53 Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 (CAPACA).
54 Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2022,

exp. 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629).

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

derecho”. A su vez, los artículos 365.155 y 36656 ejusdem, aplicables a los procesos
contencioso-administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA57,
establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza,
de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso
en primera instancia, correspondiéndole al juzgador la fijación de las agencias en
derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la demandante dado que fue
la parte vencida en el proceso. Para tal efecto, el Tribunal de origen deberá efectuar
la correspondiente liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que en esta
instancia se fijan agencias en derecho por dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura58.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFÍQUESE la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos
mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas
en esta providencia, y, en su lugar:

DECLÁRESE la falta de legitimación en la causa por activa de Mónica Estrada
Restrepo, como persona natural y representante legal de la sociedad
Munipredios Ltda. para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho la anulación de la Resolución No. 1369 del 14
de septiembre de 2016.

DECLÁRESE probada la excepción de "Legalidad del acto administrativo
demandado" formulada por la aseguradora Axa Colpatria Seguros S.A.

NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda que por el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho impetraron Mónica Estrada Restrepo y
Munipredios Ltda. contra el municipio de Manizales.

55 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión
que haya propuesto […]”.
56 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado

que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás
gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan
sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
57 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre

la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
58 Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. El artículo 5 establece que las agencias en derecho en segunda instancia

causadas en procesos declarativos serán “entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00105-01 (67806)
Demandante: Mónica Estrada Restrepo y otro

CONDÉNESE EN COSTAS en primera instancia a la parte demandante, y, en
favor de la entidad demandada municipio de Manizales. FÍJESE agencias en
derecho en cuantía equivalente al tres por ciento (3%) de las pretensiones de
la demanda. En firme la presente providencia efectúese la liquidación de las
costas por secretaría de este Tribunal.

Ejecutoriada esta decisión PRECÉDASE al archivo del expediente, previa
anotación en el Sistema "Justicia Siglo XXI".

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas de segunda instancia a la parte demandante.
FÍJESE como agencias en derecho el monto equivalente a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia en favor de la demandante.

TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE oportunamente el presente
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
OJMZ

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.