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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00231-02

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00231-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes, la sentencia proferida el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a favor de las entidades demandadas. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente al 0.001% del valor de las pretensiones, que se distribuirá proporcionalmente en favor de la Nación – Ministerio de Hacienda - Ministerio de Comercio - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Ministerio de Transporte - Ministerio de Mina y Energía y Departamento Nacional de Planeación, conforme a lo indicado en la parte motiva. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-00231-02

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de agosto de 2024

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: ALIMENTOS AVÍCOLAS S.A.
Demandado: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otros
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho

Tema: Nulidad de actos administrativos que negaron una solicitud de suscripción de contrato de
estabilidad jurídica. Subtema 1: La inobservancia del término previsto para decidir la propuesta de
contrato de inestabilidad no produce pérdida de la competencia. Subtema 2: Diferencias entre
Derechos adquiridos y meras expectativas. Subtema 3: Presupuestos del acto administrativo
─existencia, validez y eficacia─ diferencias y efectos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) por
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Alimentos Avícolas S.A. presentó el 6 de agosto de 2009 ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo una solicitud de celebración de contrato de
estabilidad jurídica. El 10 de agosto de 2010 el Ministerio publicó el “Informe de
Contratos de Estabilidad Jurídica Actualizado al 22 de julio de 2010” en el que se
indicó que la solicitud había sido aprobada por Acta del 6 de julio de 2010; sin
embargo, por Acta No. 07 del 9 de agosto de 2011 la Secretaría Técnica del Comité
de Estabilidad Jurídica de la Dirección de Productividad y Competitividad del
Ministerio improbó la solicitud, decisión que fue recurrida en reposición por la
demandante y confirmada por el Comité en la Resolución No. 018 del 18 de octubre
de 2012. Con fundamento en lo anterior, la demandante solicitó, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento, que: i) sea declarada la nulidad del Acta
No. 07 del 9 de agosto de 2011 y la Resolución No. 018 del 18 de octubre de 2012,
ii) se declare que su proyecto de inversión reúne las exigencias legales y, en
consecuencia, iii) se entienda firmado el contrato de estabilidad jurídica por el
término de veinte (20) años y se ordene la devolución del pago de las exacciones
tributarias que debió asumir.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda. El 13 de marzo de 20131, ALIMENTOS AVÍCOLAS S.A. – en

1 Escrito de demanda obrante a folios 3-64 del cuaderno No. 2. Sello de radicación ante la secretaría del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca a folio 64 ibídem.
1

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

adelante ALAVI─, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, solicitó la nulidad del Acta No. 07 del 9 de agosto de 2011 y la Resolución
No. 018 del 18 de octubre de 2012, por medio de las cuales el Comité de Estabilidad
Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ─en adelante el Comité─
improbó la solicitud de contrato de estabilidad jurídica formulada por ALAVI, y
resolvió en forma negativa el recurso de reposición interpuesto. Mediante escrito del
29 de octubre de 2013 reformó la demanda2.

La demandante hizo consistir el concepto de la trasgresión en: (i) violación de
derechos adquiridos e indebida motivación de los actos administrativos
demandados, por cuanto desconocieron los efectos del acto administrativo
aprobatorio de la solicitud de estabilidad; (ii) violación del derecho fundamental de
la igualdad, porque mientras que a ALAVI se le negó la solicitud, a otras empresas
con solicitudes similares de inversión les fue aprobada; (iii) infracción de normas en
que ha debido fundarse – violación al principio de legalidad de los actos
administrativos – vulneración a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 963 de 2005. Los
artículos 3, 5, 6 del Decreto 2950 de 2005 y el documentos Conpes No. 3366 del 1
de agosto de 2005; (iv) adopción de una decisión de manera irregular – violación
del artículo 4 de la Ley 963 de 2005 – Pérdida de competencia por parte del Comité
de Estabilidad Jurídica para tomar la decisión final respecto de la solicitud de
contrato de estabilidad presentada por ALAVI; (v) violación a los artículos 124 y 209
de la Constitución Política – el Acta No. 07 del 9 de agosto de 2011 y la Resolución
No. 018 del 18 de octubre de 2012 exceden el límite de discrecionalidad de la
administración─; (vi) violación del artículo 83 de la Constitución – violación al
principio de confianza legítima y buena fe.

La demanda se hizo extensiva a todos los Ministerios que conformaron el Comité
de Estabilidad Jurídica (Ministerio Comercio, Industria y Turismo ─en adelante
MinCIT─. Ministerio de Hacienda y Crédito Público ─en adelante MinHacienda─,
Ministerio de Minas y Energía─ en adelante MinMinas─, Ministerio de Transporte
─en adelante MinTransporte─; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial ─en
adelante MinAmbiente─y, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ─en adelante
MinAgricultura─), así como al Departamento Nacional de Planeación.

2.1.1. Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, el demandante
enunció, en síntesis:

(i) Que emprendió un proyecto de inversión que ascendía a cinco mil ochocientos
millones de pesos, dirigido principalmente a la compra de aves, materias primas y
vacunas para incrementar la producción de huevos, la calidad del producto y ampliar
la participación en el mercado; también para adaptar las bodegas y adquirir equipos
de mejor tecnología; (ii) que, con fundamento en ese proyecto, el 6 de agosto de
2009 presentó solicitud de celebración de Contrato de Estabilidad Jurídica ante el
MinCIT; (iii) que, el 17 de septiembre de 2009 se admitió la solicitud, al considerar
que reunía los requisitos esenciales; (iv) que, durante el trámite le efectuaron
diversos requerimientos de información, los cuales cumplió debidamente; (v) que,
el 10 de agosto de 2010, en la página web del MinCIT se publicó el “Informe de
Contratos de Estabilidad Jurídica Actualizado al 22 de julio de 2010” donde se
informó que la solicitud de ALAVI había sido aprobada mediante Acta del 6 de julio
de 2010; (vi) que, por Acta 07 del 9 de agosto de 2011, el Comité de Estabilidad

2 Folios 63-132, cuaderno principal No. 2. La reforma tuvo como objeto clarificar las pretensiones.

2

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

Jurídica improbó la solicitud presentada por ALAVI; (vii) que interpuso recurso de
reposición en el que argumentó que la naturaleza de la inversión realizada no estaba
excluida por el régimen aplicable a los contratos de inversión y que ALAVI cumplía
con todos los requisitos para hacerse merecedora al contrato y, además, como su
solicitud había sido aprobada previamente tenía un derecho adquirido; (viii) que,
pese a ello, el Comité decidió confirmar la improbación de la solicitud.

2.1.2. Como normas violadas citó los artículos 3 (incisos 1, 2, 4, 11, 12 y 13), 42,
87 y 89 del CPACA en cuanto a la ilegalidad y el carácter de ejecutoria de los actos
administrativos; los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 963 de 2005; los artículos 3, 5 y 6 del
Decreto 2950 de 2005; los documentos Conpes No. 3366 y 3406 del 1 de agosto y
19 de diciembre de 2005; la Constitución Política en sus artículos 13 y 82, 95
(numeral 9), 209 (inciso 1) y 363.

2.1.3. En el concepto de violación afirmó que, tal como se había publicado en la
página web del MinCIT, su solicitud fue aprobada, con lo cual había adquirido el
derecho a la suscripción del contrato de estabilidad. Indicó que ante la certeza de
su derecho, radicó un escrito en ejercicio del derecho de petición para que le
notificaran del acta aprobatoria que se anunciaba en el informe; sin embargo, en
desconocimiento a su derecho adquirido, se le informó que la solicitud iba a ser
estudiada nuevamente por cuanto el Comité había cambiado de miembros y,
además, que el mencionado informe no constituía un acto administrativo, cuando
en realidad reúne todos los elementos para serlo, pues, en su entender, allí se
manifestó la voluntad del gobierno de aprobar el proyecto y, además, fue publicado,
es decir, produjo efectos. Refirió que el MinCIT le había respondido que la
publicación del informe obedeció a un error de transcripción, pero no era probable
que lo fuera, dado que para la época no se acostumbraba a publicar los procesos
en estudio, sino únicamente los aprobados, además, que la posibilidad de que se
tratara de un error quedaba desvirtuada porque se establecía la fecha exacta en
que se había tomado la decisión aprobatoria.

Sostuvo que se le vulneró el derecho a la igualdad, porque el Ministerio autorizó la
suscripción de contratos de estabilidad cuyos proyectos de inversión se enfocaban
en la adquisición de activos reemplazables por uso y, para el efecto citó los casos
de: (i) Meals mercadeo de alimentos de Colombia S.A., (ii) Compañía Nacional de
Chocolates S.A.; (iii) Novaventa S.A., (iv) Renting Colombia S.A. Esto, con el fin de
advertir que mientras a esas empresas se les autorizó la firma del contrato, a ALAVI
no, y que el Comité se limitó a decir que esos casos no eran equiparables al suyo,
sin haber efectuado un test de igualdad y sin tener en cuenta que ALAVI, además
de la reposición de aves, también propuso inversiones en maquinaria y equipos.
Refirió que se le vulneró la igualdad, por cuanto se aprobaron otros proyectos que
carecían de externalidades positivas, mientras que el proyecto de ALAVI sí las
ofrecía y estaban representadas en nuevas y más aves ponedoras, equipos,
insumos y vacunas, así como la generación de empleo y calidad de vida en los
consumidores de huevo. En respaldo de esa afirmación relacionó una lista de
empresas, entre ellas Bavaria, Avianca, Nicolukas, Intexmoda, Cine Colombia,
Leonisa, para decir que aquellas, a pesar de que no generaban esas externalidades
y tenían poco impacto social, se les aprobó el contrato de estabilidad jurídica,
basado en actividades del giro ordinario de los negocios, mientras que a ALAVI se
le negó bajo el argumento de que el proyecto radicaba en actividades del giro
ordinario.

3

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

En relación con desconocimiento de las normas aplicables a los contratos de
estabilidad jurídica (Ley 963 de 2005, Decreto 2950 de 2005 y documento Conpes
3366 de 2005), arguyó que aquellas instituían criterios objetivos para evaluar la
pertinencia de un proyecto de inversión, como un monto mínimo de inversión. Al
punto, sostuvo que el Comité previamente había indicado que la solicitud de ALAVI
reunía “los requisitos esenciales para su trámite”, dentro de los cuales se encuentra
el monto de la inversión, no obstante, de manera contradictoria y subjetiva excluyó
posteriormente el rubro de reposición de aves, tras considerar que esta inversión se
encamina a dar continuidad al negocio, más no a generar valor agregado para la
economía. En síntesis, expuso que si se hubieran aplicado de forma estricta dichas
normas, indefectiblemente se hubiera aprobado la solicitud de contrato de
estabilidad jurídica, por cuanto en ninguna de esas disposiciones se estableció
como criterio de rechazo las inversiones destinadas a la subsistencia de la actividad
y la reposición de activos. Sobre la base de similares argumentos consideró que en
desmedro de su derecho, se violentó el principio de confianza legítima y la buena
fe, por cuanto se cambiaron las consideraciones con las cuales el Comité decidió
negativamente su solicitud, siendo que, de haberse cumplido cabalmente la
normativa, lo esperado era su aprobación.

Adujo que como el MinCIT tenía cuatro meses para decidir si aprobaba o improbaba
la solicitud (art. 4 Ley 963 de 2005), luego de ese término el Comité perdía la
competencia, como ocurrió en su caso donde el Comité rebosó ese lapso, pues se
decidió 24 meses después.

Remarcó que los actos demandados fueron expedidos con carencia total de
fundamentos de hecho y de derecho, dado que la información contenida es
ambigua, etérea e infundada. Esa ausencia de motivación, anotó, excede el límite
de discrecionalidad de la administración que debió ceñirse a las normas que rigen
el trámite de la solicitud del contrato de estabilidad jurídica.

2.1.4. En cuanto a la estimación de los perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente, adujo que la improbación de la solicitud de contrato de estabilidad
jurídica le hizo perder el beneficio de la deducción especial por activos fijos reales
productivos durante veinte (20) años (art. 158.3 del E.T.). Como ALAVI, entre enero
y octubre de 2012 (fecha en la que se notificó el acto administrativo que finalizó la
actuación administrativa) realizó inversiones por $7.449.484.541, como lo corrobora
el certificado expedido por el revisor fiscal, de esa suma eran susceptibles de
reducción tributaria la suma de $2.234.845.362.

2.2. Trámite procesal relevante

2.2.1. Por auto del 27 de mayo de 20133, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda y, con auto del 4 de marzo de 2015 se admitió
su reforma4. Surtidas las notificaciones de ley5, las demandadas contestaron la
demanda, así:

3 Folios 2-4 del cuaderno principal No. 2. La demanda fue remitida por competencia de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la Sección Tercera del mismo Tribunal, donde, el 3 de junio de 2014
se admitió la demanda como una controversia contractual (fls. 321 del Cuaderno No. 2).
4 Escrito de reforma visible a folios 63-132 y Auto admisorio de la reforma Folios 410-411 del cuaderno principal

No. 2. La reforma se circunscribió a las pretensiones.
5 Folios 8-44, del cuaderno principal No. 2.

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Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

2.2.2. El MinHacienda6, en el que se opuso a las pretensiones de nulidad con el
argumento de que el Comité resolvió la solicitud de contrato de estabilidad jurídica
conforme a lo reglado en la Ley 963 de 2005, sus decretos reglamentarios, los
documentos Conpes 3366 y 3406 del 1 de agosto y 19 de diciembre de 2005,
respectivamente, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la Resolución 01 del
16 de diciembre de 2005 y, por el contrario, ALAVI presentó su solicitud y realizó
cuantiosas inversiones en activos fijos que no se enmarcaban dentro de dicha
reglamentación, ya que lo que se proponía era reponer los activos fijos, más no
generar nuevas inversiones, ni ampliar las existentes.

Adujo que la demandante pretendía darle a la solicitud alcance de derecho
adquirido, siendo que el documento idóneo para generar ese derecho es el contrato
de estabilidad jurídica que no se firmó y, por tanto, la solicitud constituía una mera
expectativa, de manera que no se entendía cómo podía reclamar el
restablecimiento de un derecho, si el contrato que hipotéticamente debía servirle
de origen a la reclamación no nació a la vida jurídica y, mal podría la demandante
confiarse en hacer inversiones al amparo de una eventual suscripción de un
contrato, a sabiendas que la garantía que ofrece el gobierno se concretiza a partir
de la firma del contrato y no antes.

Remarcó que, conforme al artículo 4° de la Ley 963 de 2005 en los contratos de
estabilidad jurídica el inversionista se obliga a realizar inversiones nuevas o
ampliación de las existentes, hipótesis que descarta la realización anticipada de
inversiones, de ahí que los rubros en que incurrió el demandante bajo la creencia
que el contrato se iba a suscribir no están cobijados en las referidas normas. Refirió
que el Comité, al momento de evaluar la aprobación o improbación de la solicitud
también debía estarse al Plan Nacional de Desarrollo, al documento Conpes y la
Resolución 01 del 16 de diciembre de 2005 y, en esa medida la decisión final
solamente producía efectos a partir de la notificación, de ahí que la publicación
errada del informe no tenía los efectos que le atribuía la parte actora.

Indicó que, aun cuando el Comité inicialmente consideró que el proyecto
presentado por ALAVI podría generar beneficios indirectos para la economía, al
revisar los conceptos sobre inversión neta y reposición concluyó que era
inconveniente otorgar el beneficio de estabilidad jurídica porque la inversión se
dirigía a conservar la permanencia del inversionista en el negocio a través de la
reposición de las aves de levante, con lo cual no se obtenían los réditos sociales
colaterales propios de ese tipo de contratos. Además, que la mayoría de la inversión
databa de 1999, es decir, desde antes de que se elevara la solicitud de contrato de
estabilidad jurídica.

Como excepciones propuso: (i) falta de competencia, dado que los actos
administrativos demandados tienen un contenido tributario y correspondería su
conocimiento a la Sección Cuarta; (ii) inexistencia del derecho; y (iii) la genérica.

2.2.3. El MinCIT7, opugnó las pretensiones de nulidad e indicó que las pruebas
demostraban que dicha demandada obró con apego a la ley, luego el concepto de
violación normativa es infundado, ya que la obligación de suscribir el contrato de
estabilidad jurídica no surge imperativa por la mera solicitud del inversionista, ni

6 Folios 46-58 y 470-472 del cuaderno principal No. 2
7 Folios 136-158, 327-335 Y 473-475 del cuaderno principal No. 2

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crea derechos adquiridos, como tampoco podía forjarse una expectativa de ello.
Esgrimió que si un avicultor no posee materia prima para el desarrollo del objeto
social (huevos y aves), esa empresa no está en condiciones de cumplir el cometido
de los contratos de estabilidad jurídica, pues conforme a las normas regulatorias,
no está concernida en los propósitos del mencionado contrato. En relación con la
supuesta violación al derecho a la igualdad, adujo que las empresas con las que se
compara el demandante ejecutaron proyectos de inversión diferentes al propuesto
por la parte actora, pues realizaron inversiones en infraestructura, además que,
tratándose de semovientes, como ocurre con las aves ponedoras, tanto las normas
tributarias, como las aduaneras y financieras han establecido que cuando no estén
destinados para la venta dentro del giro ordinario de los negocios, son considerados
como activos fijos, tal como ocurrió en el proyecto de ALAVI en el que las gallinas
ponedoras estaban destinadas a la producción de huevos; de ahí que no se podía
aprobar un proyecto que en un alto porcentaje (43%) consistía en la reposición de
aves que habían perdido su capacidad productiva, lo cual debía hacer
forzosamente ALAVI al margen del pretendido contrato; por tanto no se trataba de
promover inversiones nuevas o de ampliar las existentes en el territorio nacional
como lo prescribe la Ley 963 de 2005. Remarcó que al descontar de la propuesta
el rubro de las ponedoras, el monto total de la inversión descendía a 6800 smlmv y
el monto mínimo exigible era de 7.500 smlmv. Agregó que la demandante no agotó
el requisito de procedibilidad y solicitó que se integrara a la litis a la DIAN, dado que
la parte actora solicita que esa entidad tributaria devuelva las cargas impositivas
que sufragó.

2.2.4. El Departamento Nacional de Planeación8 se opuso a las pretensiones de
nulidad, e indicó que quien pretenda acceder a un contrato de estabilidad jurídica
debe cumplir los lineamientos legales y someterse a la evaluación del Comité, de
ahí que el beneficio no se dirige a cualquier tipo de inversión. En cuanto al proyecto
de ALAVI, sostuvo que aquél no representaba una adición a la capacidad
productiva, sino que se trataba de inversiones que le eran propias, tendientes a
mantener dicha capacidad, por tanto la negativa del Comité no configura una falsa
motivación. Adujo que no era cierto que en la sesión del 6 de julio de 2010 se
hubiera aprobado la solicitud de la demandante, pues si bien se avanzó en el
estudio, no se decidió sobre ella y se trató de un error de transcripción que se
plasmó en el informe publicado, además, de que toda actuación administrativa para
que surta efectos debe ser notificada. Adujo que la propuesta de ALAVI recibió el
mismo trato que se le impartió a las otras, lo que no podía confundirse con la
obligación de suscribir contrato, ya que para ello se requería que se configuraran
dos prestaciones recíprocas y en cada contrato debía evaluarse la conveniencia
tanto para una parte como para la otra; así la decisión negativa del Comité
descansa sobre la expresión de la discrecionalidad reglada que establecieron los
documentos Conpes, pues no tiene un ámbito restringido de análisis respecto de
los criterios a utilizar en la evaluación y, en el caso de ALAVI aquella obedeció a
que no se acreditaron las condiciones y requisitos exigidos por la ley, y el Comité
no podía otorgar beneficios al capricho de los inversionistas. Precisó que la no
obtención del beneficio en modo alguno podía afectar la libre competencia del
demandante, ya que nada impedía que continuara desarrollando su actividad.
Postuló como excepción la “ineptitud sustantiva de la demanda”, por no comprender
a todos los litisconsortes necesarios ya que no se demandó a la DIAN, pese a que
se solicita órdenes contra dicha entidad.

8 Folios 196-209 y 477 del cuaderno principal No. 2

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2.2.5. El MinAgricultura9 opugnó las pretensiones de nulidad y propuso como
excepciones las que denominó: (i) “situación jurídica no consolidada”, para referir
que la solicitud que presentó ALAVI no le otorgó un derecho adquirido, pues no se
profirió un acto administrativo aprobatorio que se le hubiese notificado al
demandante y la publicación del 22 de julio de 2011 no reviste tal condición; (ii)
“Inexistencia de vicio en la formación de los actos administrativos acusados”, por
cuanto la aprobación para el proyecto de estabilidad jurídica nunca ha estado en el
patrimonio jurídico de ALAVI, por tanto, se hace mal con demandar con sustento
en una falsa motivación en una publicación de un informe que no tiene el carácter
de acto administrativo, sino que se trata de un documento de apoyo administrativo,
cuyo valor es meramente informativo y a corto plazo, aunado a que los actos que
improbaron la solicitud están motivados en la Ley 963 de 2005; (iii) “participación
del MinAgricultura en el Comité de Estabilidad Jurídica”, para decir que el Comité
está integrado por una pluralidad de Ministerios, quienes toman las decisiones de
forma conjunta, mientras que el informe al que alude la demandante fue publicado
en la página Web y cargado solamente por uno de los integrantes, que, por sí solo,
no puede proferir decisión aprobatoria. Recalcó que, en términos contables las
gallinas ponedoras representan para la industria avícola activos fijos, que por su
vida útil implica inversiones sucesivas para mantener el nivel de producción de
huevos, aspecto que representaba el 43% de la inversión, por lo que el proyecto se
consideró inconveniente para los fines del contrato de estabilidad jurídica.

2.2.6. El MinTransporte10 por vía exceptiva postuló su “falta de legitimación por
pasiva”, dado que no le correspondió al ramo de transportes resolver sobre la
solicitud de ALAVI para la suscripción de contrato de estabilidad jurídica y que el
hecho de que haya participado en la sesión del 9 de agosto de 2011 para conocer
temas relacionados con la solicitud de firma de contratos de estabilidad
presentados por algunas sociedades portuarias no lo involucra como parte del
quórum decisorio de la solicitud de ALAVI y su participación se circunscribió al
artículo 2 de la Resolución 02 de 2008.

2.2.7. El MinMinas11, se opuso a las pretensiones e indicó que no podía
pretenderse la nulidad del Acta 07 del 9 de agosto de 2011, por cuanto contenía
decisiones relacionadas con otras solicitudes, además, que el régimen especial de
estabilidad jurídica tiene fundamento en el contrato que se suscribe y, para el caso
de ALAVI, el Comité decidió improbar la propuesta, por tanto no existe ningún
amparo legal o derecho adquirido. Anotó que, para el caso de ALAVI, el MinMinas
no participó en el estudio de la solicitud, pues no era del resorte de dicha cartera
ministerial. Indicó que para efectos de la caducidad debía tenerse en cuenta la
fecha de la presentación de la solicitud de conciliación y, además, que la demanda
se presentó sin agotar el requisito de procedibilidad y este no se subsana con la
manifestación en la demanda de que cuando se celebre la audiencia se aportará la
constancia. Respecto de la legalidad de los actos administrativos demandados
refirió que aquellos se profirieron en consonancia con la normatividad, aunado a
que el Comité no tiene un ámbito restringido de análisis, tanto así que tiene la
facultad de fijar nuevos criterios al respecto y que debe hacer una evaluación
completa de la solicitud, además, que la decisión que adoptó se encuentra

9 Folios 208-219 del cuaderno principal No. 2
10 Folios 243-249 del cuaderno principal No. 2
11 Folios 250-293, 355-398 y 424-464 del cuaderno principal No. 2

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

debidamente motivada. Arguyó que la confianza legítima solamente surge cuando
se suscribe el contrato de estabilidad jurídica. Puntualizó que los actos
administrativos no han generado ningún daño y que tampoco está probado que el
demandante haya sufrido los perjuicios que enuncia. Como excepciones de fondo
propuso: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) inexistencia del derecho;
(iii) legalidad de los actos administrativos expedidos por el Comité de Estabilidad
Jurídica; (iv) caducidad del medio de control y, (v) la genérica.

2.2.8. El MinAmbiente12, se opuso a las pretensiones y adujo que no participó en
la decisión de la solicitud de ALAVI, pues su presencia en el Comité obedeció a
otras propuestas afines a su ramo; en todo caso, advirtió que los actos
administrativos demandados se expidieron conforme a la ley. Como excepciones
formuló: (i) ausencia del nexo causal; (ii) inepta demanda por ausencia de
responsabilidad del MinAmbiente; y (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2.9. En audiencia inicial celebrada el 15 de marzo de 201613, el despacho
sustanciador declaró no probadas las excepciones previas formuladas por los
demandados14. En la continuación del 3 de mayo de 201715, fijó el litigio en los
siguientes puntos de controversia16:

(i) el relativo al informe del 22 de julio de 2010 del Comité de Estabilidad Jurídica en
el que se anunció que se había aprobado el proyecto del demandante; (ii) el que
concierne a los cargos de nulidad aducidos en la demanda, derivados de; a) la
supuesta violación de los derechos adquiridos al no haberle otorgado efectos al
informe del 22 de julio de 2010; b) la violación al principio de la igualdad, porque se
suscribieron contratos de estabilidad jurídica que consistían también en la adquisición
de activos fijos reemplazables por su uso y proyectos sin externalidades; c) la
afirmación según la cual los actos administrativos demandados infringieron las
normas en que deberían fundarse, porque no está proscrito que los proyectos sean
para la reposición de activos; d) la falta de competencia temporal para la expedición
del acto y, e) la falsa motivación del acto administrativo por no haberse fundado en
las normas pertinentes, por haberse excedido el límite de discrecionalidad permitido
y la violación del principio de la buena fe.

2.2.4. El 28 de junio de 201717 se celebró la audiencia de pruebas y, habiéndose
agotado la práctica de aquellas decretadas, el despacho advirtió que la etapa de
alegaciones no se haría en audiencia, en consecuencia, corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto. De esta oportunidad hicieron provecho el MinCIT18, la cartera de

12 Folios 340-348 del cuaderno principal No. 2
13 Folios 520-522 del cuaderno principal.
14 El MinAmbiente apeló la decisión de no declarar probada su falta de legitimación pasiva, decisión confirmada

por la Subsección C de la Sección tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 12 de mayo de 2016 (fls.
532-539, c. 3 ppal.).
15 Folios 567-569 del c. 3 ppal.
16 Decisión que contó con la anuencia de las partes.
17 Folios 639-642 del cuaderno 3 principal.
18 Reiteró lo expuesto en precedencia y, además, expuso que ante la imposibilidad de aportar el acta con la que

se pretende demostrar que el proyecto fue aprobado, no significa que dicha cartera ministerial haya ocultado
pruebas, pues el archivo histórico de todas las actas se encuentra a disposición de cualquier autoridad que así
lo desee. Folios 644-647 del cuaderno 3 principal.
8

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

Transporte19, el Departamento Nacional de Planeación20; la parte demandante21, el
MinAmbiente22, el MinAgricultural23 y, el MinMinas24.

2.3 La sentencia recurrida

Mediante sentencia del veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017),
la Subsección A, de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, negó las pretensiones de la demanda por cuanto no encontró
configurado ninguno de los cargos de ilegalidad de la decisión administrativa que
improbó la solicitud del contrato de estabilidad jurídica. Condenó en costas a la
demandante.

Motivó el Tribunal su decisión, manifestando que la mera admisión de una solicitud
de contrato de estabilidad jurídica no deriva en un derecho adquirido, ya que tal
condición solamente deviene de la suscripción del respectivo contrato que, en el
presente asunto no se llevó a cabo. Además, afirmó que, el hecho de que el MinTIC
no haya aportado el acta del 6 de julio de 2010 no comporta un indicio grave, pues
se trató de un error involuntario en la publicación de la página web que no tenía
carácter definitivo. En cuanto al cargo de violación al derecho a la igualdad, echó de
menos elementos de juicio que lo acreditaran, ya que denotó que la demandante se
limitó a hacer comparaciones con otras empresas que presentaron solicitud de
contrato de estabilidad jurídica, pero, no aportó las solicitudes efectuadas por dichas
empresas, de tal manera que no se podía conocer el contenido íntegro de esos
proyectos de inversión, ni verificar su equivalencia o similitud con la propuesta de
ALAVI.

Dijo, además, que los actos administrativos que improbaron la solicitud de contrato
de estabilidad jurídica dieron cuenta de los argumentos por los cuales se adoptó la
decisión y, por el contrario, la demandante no justificó por qué su inversión
representaba un valor agregado para la economía, siendo que el 43% de la
inversión estaba destinado a reposición de activos. Por lo mismo, concluyó que, al
expedir los actos administrativos acusados, la administración no excedió la
discrecionalidad reglada, ni desconoció las normas en que debían fundarse. Agregó
que, el hecho de que la solicitud presentada por ALAVI al Comité no se haya
resuelto dentro de los cuatro meses previstos en el artículo 4° de la Ley 963 de 2005
para decidir sobre la propuesta, no trae aparejada la pérdida de competencia del
Comité, pues, si así fuera, no resultaría lógico que la solicitante haya aprovechado
ese sobretiempo para aportar información adicional y, ahora, en contravía de sus
propios actos aduzca una pérdida de competencia.

2.4 El recurso de apelación

19 Reprodujo la posición esbozada en la contestación, referente a su falta de legitimación por pasiva. Folios
648-651 del cuaderno 3 principal.
20 Volvió sobre su argumentación inicial. Folios 652-658 del cuaderno 3 principal.
21 Insistió en los argumentos de la demanda y añadió que debía tenerse en cuenta que el MinCIT tergiversó la

solicitud de prueba del acta del 6 de julio de 2010, conducta constitutiva de un indicio en contra, de conformidad
con los artículos 267 y 242 del CGP. Folios 659-664 del cuaderno 3 principal.
22 Memoró lo argumentado previamente y reafirmó la inexistencia de legitimación en la causa por pasiva. Folios

665-668 del cuaderno 3 principal.
23 Reiteró que la publicación que figuró en el portal Web, era meramente informativa y que al demandante se le

ofrecieron las razones por las cuales, si bien, en sesión del 6 de julio de 2010 se discutió su solicitud, no fue
definida en dicha oportunidad. Folios 669-672 del cuaderno 3 principal.
24 Enfatizó lo expuesto previamente, haciendo énfasis en su falta de legitimación por pasiva. Folios 673-679 del

cuaderno 3 principal.
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

La demandante se alzó contra la decisión de primera instancia25, con apoyo en los
siguientes argumentos:

2.4.1. Encuentra evidente que el Comité de Estabilidad Jurídica excedió el límite
temporal previsto en el artículo 4° de la Ley 963 de 2005 y, siendo que los términos
son perentorios e improrrogables, su incumplimiento tiene consecuencias jurídicas.
Si el legislador previó un lapso determinado fue porque buscaba garantizar que la
suscripción de los contratos de estabilidad fuera oportuna.

2.4.2. Contrario a lo manifestado por el a quo, considera que el derecho adquirido
no surgió del cumplimiento de los requisitos, sino de la aprobación de la solicitud
incorporada en el Acta del 6 de julio de 2010, que fue publicada el 10 de julio de
2010 en el “Informe de Contratos de Estabilidad Jurídica Actualizado al 22 de julio
de 2010”, aportado en la demanda. La aprobación fue una decisión consciente que
se incorporó en un acta publicada oficialmente en la Web del Ministerio, y demuestra
que fueron varios los funcionarios que se vieron involucrados en ese resultado, de
ahí que no pudo tratarse de un error humano. Adujo que era indiscutible que su
solicitud fue aprobada, dado que se estableció la fecha del acta con la que se tomó
tal decisión.

2.4.3. Erró el Tribunal al decir que no estaba probada la falsa motivación, ya que la
reposición de aves no puede tenerse como un punto único y absoluto del proyecto
de inversión, pues este, visto como un todo, como un conjunto de inversiones,
insumos y actividades, trae desarrollo al país a través de las externalidades
positivas, tales como la generación de empleo, el mejoramiento de la calidad de
vida de un grupo de beneficiarios y el aumento en la participación del mercado.
Además, de no contarse con la reposición de las aves, la inversión realizada por
ALAVI no era ni siquiera pensable. El proyecto revestía de importancia social y no
se reducía a la simple reposición de las aves en el giro ordinario de los negocios
como desprevenidamente lo asumió la primera instancia.

2.4.4. Con el cuadro comparativo que se incluyó en la demanda se podía establecer
la violación al derecho a la igualdad, pues tal cuadro fue el resultado exhaustivo de
contratos de estabilidad jurídica suscritos por la Nación. Con el fin de acreditar la
que considera notoria violación a un trato igualitario, adjuntó copia de los contratos
referidos en el cuadro26, para denotar que se aprobaron proyectos que tenían poco
impacto social y económico, y que hacían parte del giro ordinario de los negocios,
como también incluían la compra de activos que no tenían impacto social o
ambiental importante.

2.4.5. Reprochó que se le haya condenado en costas en primera instancia y adujo
que, en casos similares, el Consejo de Estado ha estimado improcedente la
imposición de costas, a cuyo efecto citó una sentencia del 12 de noviembre de 2015,
exp. 2013-501, sentencia 28801.

2.5 Trámite en segunda instancia

25 Escrito de apelación radicado el 3 de noviembre de 2017, visible a folios 702-710 del cuaderno principal.
26Los contratos anunciados en el recurso de apelación los aportó mediante memorial radicado el 17 de
noviembre de 2017. Folios 711-809, del cuaderno original.
10

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

Por auto del 24 de mayo de 2018 se admitió la apelación 27 y se rechazó por
extemporáneo el escrito complementario con el cual la parte actora allegó unos
medios de prueba (contratos similares)28. Mediante proveído del 19 de febrero de
201929 se corrió traslado para alegar de conclusión.

De esta prerrogativa hicieron uso el MinHacienda30 que reiteró sus argumentos
iniciales; el MinCIT31 se ratificó en lo expuesto a través del escrito de contestación
de demanda y agregó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado decidió de manera desfavorable un caso similar al que constituye materia
de debate (sentencia del 29 de noviembre de 2018, exp. 58006); el MinAgricultura32
insistió en que la aprobación de la solicitud del contrato precisaba de notificación y,
por tanto, como esto no ocurrió, la suscripción del contrato de estabilidad jurídica
nunca ingresó al patrimonio jurídico de la demandante; el Departamento Nacional
de Planeación33 sustentó una defensa similar a la esgrimida en la contestación de
demanda; el MinTransporte34 se mantuvo en su exposición inicial y agregó que el
hecho de no resolver dentro del término legal la solicitud de ALAVI, a lo sumo podría
dar lugar a un silencio administrativo negativo, más no a la pérdida de competencia
del Comité de Estabilidad Jurídica; la parte demandante35 reprodujo los motivos de
apelación y adujo que la primera instancia incurrió en defecto procedimental por
indebida valoración probatoria y, el MinMinas memoró lo dicho en anteriores salidas
procesales36. El Ministerio público guardó silencio37.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito

3.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca ─art. 150 del CPACA─, en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho ejercido contra un acto anterior a la celebración de
un contrato ─ inciso segundo del art. 141 del CPACA─, proferido por un ente
compuesto por órganos del sector central de la Nación, como sucede con los
Ministerios y el Departamento Nacional de Planeación ─art. 38 Ley 489 de 1998─,
y que, por su cuantía, tiene doble instancia38.
27 Folios 820 – 821 del cuaderno principal.
28 Decisión confirmada vía recurso de reposición, mediante auto del 22 de octubre de 2018, folios 830-831 del

cuaderno principal.
29 Folio 835 del cuaderno principal.
30 Folios 838-840 del cuaderno principal.
31 Folios 841-844 del cuaderno principal.
32 Folios 845-846 del cuaderno principal.
33 Folios 847-857 del cuaderno principal.
34 Folios 858-862 del cuaderno principal.
35 Folios 863-876 del cuaderno principal.
36 Folios 879-884 del cuaderno principal.
37 Folio 890 del cuaderno principal.
38 Conforme al artículo 152 numeral 3 del CPACA, los Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos:

“… de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier
autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin
atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios
de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación”. Para la fecha de
presentación de la demanda ─13 de marzo de 2013─, el tope mencionado equivalía a la suma de $176’850.000.
De acuerdo con la demanda, las pretensiones fueron estimadas en $2.234.485.362, representados en lo dejado
de deducir tributariamente, guarismo que supera el límite fijado por la norma procesal. Cfr. Folio 128 del
cuaderno 2 principal.
11

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

3.1.2. Respecto a la oportunidad para presentar la demanda, el CPACA en su
artículo 164, numeral 2, literal c) ordena que, so pena de la caducidad del medio de
control, “Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los
actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a
partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el
caso” (se resalta). Como la Resolución 018 del 18 de octubre de 2012, acto definitivo
que negó la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica, se notificó
personalmente el 13 de noviembre de 201239, el término de caducidad comenzó a
correr a partir del día siguiente y fenecía el 14 de marzo de 2013. La demanda se
radicó el 13 de marzo de 201340, es decir, dentro de la oportunidad debida41.

3.1.3. Las partes están legitimadas en la causa. Por activa, ALAVI42 comoquiera
que fue la destinataria de la decisión de improbar la solicitud de contrato de
estabilidad jurídica. Por pasiva, las entidades demandadas están habilitadas para
comparecer a este asunto porque, conforme al literal b) del artículo 4° de la Ley 963
de 2005, el Comité que tomó las decisiones demandadas estaba conformado por
los Ministerios demandados y el DNP43.

3.2. Identificación de la controversia

3.2.1. En primera instancia, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda,
porque no encontró configurado ninguno de los cargos planteados por ALAVI para
acusar la ilegalidad de la decisión administrativa que improbó la proposición de
contrato de estabilidad jurídica, en cuanto encontró: i) que la mera solicitud no
otorgaba derechos adquiridos; ii) que la falta de aporte del acta del 6 de julio de
2010 no comportó un indicio grave; iii) que no se violó el derecho a la igualdad; iv)
que los actos administrativos que improbaron la solicitud de contrato de estabilidad
jurídica fueron debidamente motivados, y v) que no había falta de competencia
temporal del Comité para tomar la decisión.

3.2.2. En el recurso de apelación la demandante insistió en: i) la pérdida de
competencia temporal de Comité para resolver la solicitud; ii) el derecho adquirido
surgió a partir del Acta 6 de julio de 2012; iii) existe falsa motivación porque la
reposición de aves era tan solo uno de los componentes de la inversión; iv) se violó
el derecho a la igualdad conforme se demuestra con el cuadro comparativo y, v) no
se le debió condenar en costas.

3.2.3. De acuerdo con los cargos de la alzada sobre los que se traza el marco de
juzgamiento de la segunda instancia, la Sala dará respuesta a los siguientes
problemas jurídicos:

39 Conforme consta en el Acta de Diligencia de Notificación obrante a folio 175 del cuaderno No. 2.
40 Escrito de demanda obrante a folios 3-64 del cuaderno No. 2. Sello de radicación ante la secretaría del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca a folio 64 ibídem.
41 Esto, sin tener en cuenta el término en que transcurrió el trámite de conciliación prejudicial, pues la solicitud

se realizó el 17 de enero de 2012 y el Acta de conciliación fallida se expidió el 2 de abril de 2013. Cfr. Fls. 102-
103 del cuaderno 2.
42 Se aportó el respectivo Certificado de existencia y representación legal. Folios 2-8 del cuaderno 3 de pruebas.

43 Ley 963 de 2005. Artículo 4º: “b) La solicitud de contrato será evaluada por un Comité que aprobará o
improbará la suscripción del contrato conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y al documento
CONPES que para tal efecto se expida. Este Comité estará conformado por: // - El Ministro de Hacienda y
Crédito Público, o su delegado. // - El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado. // - El Ministro
del ramo en el que se efectúe la inversión, o su delegado. // - El Director del Departamento Nacional de
Planeación, o su delegado. // - El Director de la entidad autónoma, o su delegado, cuando se trate de normas
expedidas por dichas entidades.”
12

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

3.2.3.1. ¿El Comité de Estabilidad Jurídica actuó sin competencia para cuando
decidió sobre la solicitud de contrato de estabilidad jurídica propuesta por ALAVI,
por haber rebosado el término de cuatro meses previsto en el literal f) del artículo 4
de la Ley 963 de 2005 para dicho trámite?

3.2.3.2. ¿El Acta del 6 de julio de 2010 o, en su defecto, la alusión que de ella se
hizo en la publicación de la página web del MinCIT derivó para el demandante el
derecho adquirido a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica?

3.2.3.3. ¿El Acta 07 del 9 de agosto de 2011 y la Resolución 018 del 18 de octubre
de 2012 con las cuales se improbó la suscripción del contrato de estabilidad jurídica
en favor de ALAVI, acusan falsa motivación, porque consideraron que el proyecto
de inversión solamente se dirigía a la reposición de aves, siendo que este rubro era
apenas uno de los componentes del proyecto?

3.2.3.4. ¿El Comité de Estabilidad Jurídica violó el derecho de igualdad, por haber
negado la suscripción el contrato de estabilidad jurídica propuesto por ALAVI, pese
a haber accedido a la solicitud de compañías en condiciones similares?

3.2.3.65. ¿En el presente asunto no resultaba procedente que la primera instancia
haya condenado en costas a la demandante?

Si las primeras cinco cuestiones, o alguna de ellas obtiene respuesta positiva, la
Sala declarará la nulidad de los actos demandados y, en consecuencia, estudiará
el reconocimiento de perjuicios.

3.3. Medios de prueba del procedimiento administrativo y de los actos
demandados

Los medios de prueba incorporados al expediente son todos de índole documental,
algunos han sido traídos en copia simple y serán valorados por la Sala con sujeción
a su jurisprudencia44. Así, se tendrán en cuenta los siguientes medios de prueba,
considerados pertinentes para decidir el asunto:

3.3.1. El 6 de agosto de 2009, Alimentos Avícolas S.A. – ALAVI, presentó ante el
MinCIT una solicitud de celebración de contrato de estabilidad jurídica, que fue
radicada bajo el número 1-2009-02526245. Inicialmente planteaba que haría una
inversión de cuatro mil quinientos millones de pesos ($4.500’000.000); sin embargo,
el 8 de abril de 2010 la solicitante aumentó ese valor a cinco mil ochocientos
millones de pesos ($5.800’000.000)46, debido a que había incurrido en una inversión
adicional y, además, con el fin de obtener una estabilidad de 20 años. Del valor
ajustado ($5.800’000.000), correspondían a “aves de levante” el valor de
$5.017’566.804; a inversión en la granja $230’000.000; a maquinaria y equipo
$498’933.196 y, a lote de terreno $53’500.000.

44 De acuerdo con el artículo 215 del CPC, “los documentos se aportarán al proceso en originales o en copia”.

Sobre el valor probatorio de las copias simples, esta Sala da aplicación a la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2013, rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01, exp. 25022.
45 Folios 1-295 del cuaderno 5
46 Folios 348-353 del cuaderno 5.

13

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

La inversión en aves se justificó de la siguiente manera: “se justifica realizarla para
garantizar la productividad de la Compañía ya que sin ella disminuirá drásticamente,
por cuanto el ave tiene una curva de producción que llega a un punto de ineficiencia
donde es requerido la venta de aves y el cambio por una más productiva”47.

3.3.2. El 14 de abril de 2010 el MinAgricultura emitió concepto de viabilidad
favorable a la solicitud de ALAVI48, habida cuenta que “en general los impactos que
genera el proyecto (sic) son positivos”.

3.3.3. El 18 de junio de 2010, mediante oficio SPIC-20105010401461 el
Departamento de Planeación, refirió sobre la propuesta de ALAVI, lo siguiente:

(…) asciende a 5.800 millones (…), de los cuales $5.017.5 millones corresponden a
aves de levante (86.5%). Estas inversiones se están ejecutando entre 2009 y 2010.
Según información suministrada por el inversionista, se generarían 36 nuevos
empleos directos, además de 15 empleos indirectos y un incremento de 6 nuevos
aprendices. (…).

Respecto a la relevancia de la inversión, es necesario resaltar, que esta genera un
incremento en la producción (…). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la
vida útil de la inversión en aves de levante es de apenas 80 semana (1.5 años).
(…).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se recomienda que el Comité de
Estabilidad Jurídica evalúe la posibilidad de que en caso de que se decida otorgar el
beneficio a estos proyectos49, sea por un período mucho menor al propuesto por los
solicitantes, que es de 20 años, acorde al ciclo de producción de este sector.

Estas consideraciones se efectúan de manera previa a la respectiva discusión de la
solicitud en el Comité de Estabilidad Jurídica y no implican un aval del DNP a las
demás normas objeto de solicitud por parte del inversionista para la estabilización.
Tampoco prejuzga el voto que del DNP adoptará de acuerdo con los procedimientos
establecidos”50.

3.3.3. El 15 de julio de 2010 el MinTransporte, refiriéndose a la solicitud de ALAVI,
y de otro ─Nutrientes Avícolas S.A.─ conceptuó: “no procede la estabilidad jurídica
en los términos a los que se contrae la solicitud”51.

3.3.4. En documento sin fecha, intitulado “Informe Técnico de Evaluación de la
solicitud de contratos de estabilidad jurídica ─Alimentos Avícolas S.A.─”52 elaborado
por la Secretaría Técnica del MinCIT y dirigido para estudio ante el Comité de
Estabilidad Jurídica, se extendió recomendación, así: “Evaluada la solicitud
presentada por ALAVI S.A., relacionada con la adquisición de aves y la adaptación
de la infraestructura física requerida para el crecimiento de la producción, la
Secretaría considera que se encuentra justificada en sus distintos componentes y
cuenta con un soporte técnico y financiero adecuado”53.

47 Folio 349 del cuaderno 5.
48 Folios 354-359 del cuaderno 5.
49 Refiriéndose al mismo tiempo a la solicitud que hizo la empresa Nutrientes Avícolas S.A., cuyo análisis se

hizo conjunto con la solicitud de ALAVI.
50 Folios 3745-376 del cuaderno 5.
51 Folios 431 – 432 del cuaderno 5.
52 Folios 377-430 del cuaderno 5.
53 Folio 428 del cuaderno 5.

14

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

3.3.5. En documento denominado “Informe de Contratos de Estabilidad Jurídica
Actualizado al 22 de julio de 2010”54 de la Secretaría Técnica del Comité se
enlistaron 70 empresas con contratos y solicitudes de contrato con sus respectivos
proyectos. En el caso de la propuesta de Alimentos Avícolas S.A., dicho documento
señaló:
No. EMPRESA ACTIVIDAD PROYECTO DE ESTADO LOCALIZA Valor Valor UVT TÉRMINO Empleo FECHA
INVERSIÓN DE LA CIÓN inversión inversión (Millones) DE directo
SOLICITU (Millones (Millones CONTRATO
D US$) de (Años)
pesos)
69 ALIMENTOS Producción Compra de equipos y APROBA VALLE 2,26 4.500 0,19 20 26 Solicitud
AVÍCOLAS específicamente maquinarias para DOS DEL aprobada
S.A. pecuaria. Cría optimizar los procesos CAUCA – el 6 de Julio
especializada productivos en las CALI de 2010.
de aves de granjas de la compañía
corral. para el aumento de la
producción y el
mejoramiento en la
calidad del producto y
en los controles que
para ello se
desarrollarán.

3.3.6. El 30 de noviembre de 2010, con oficio DPC-229955 el MinCIT dio respuesta
a una solicitud que efectuó la Gobernación del Valle del Cauca 56, con el fin de que
se ratificara lo aprobado el 6 de julio de 2010 en relación con la solicitud efectuada,
entre otro, por ALAVI. Al respecto, el MinCIT informó que “se encuentran en
evaluación y una vez se adopte la decisión correspondiente, se procederá a informar
el resultado mediante notificación a las citadas empresas inversionistas”.

3.3.7. Mediante petición formal57 del 14 de diciembre de 2010, ALAVI, soportándose
en el Informe del 22 de julio de 2020, publicado en el portal web” del MinCIT, solicitó
a la Secretaría Técnica del Comité que procediera a “notificar el Acta mediante la
cual se aprueba la solicitud de suscripción de contrato de estabilidad jurídica”, o, en
su defecto, se le informara el estado del trámite de notificación y las razones por las
cuales no le había sido notificada.

3.3.8. A través de la comunicación DPC-2397 del 20 de diciembre de 2010, el
MinCIT, le dio la siguiente respuesta al derecho de petición:

“Sobre el particular me permito informarle que si bien, la solicitud de contrato de
estabilidad jurídica presentada por Alimentos Avícolas S.A., fue tratada el día 6 de julio
de 2010 por personas que en ese momento integraban el Comité de Estabilidad
Jurídica, también lo es que se ha considerado pertinente que el tema sea revisado por
los nuevos integrantes de este en próxima sesión”58.

3.3.9. Conforme al acta número 07 del 9 de agosto de 201159, el Comité se reunió
con el fin de evaluar y decidir acerca de varias solicitudes de contrato de estabilidad
jurídica, entre ellas, la de ALAVI. La determinación se plasmó en estos términos
─por su importancia se transcribe in extenso─:

«11. Evaluación y decisión de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica
presentada por la sociedad Alimentos Avícolas S.A.

54 Folios 539-544 del cuaderno 5.
55 Folio 437 del cuaderno 5.
56 Folios 435-436 del cuaderno 5.
57 Folios 438-441 del cuaderno 5.
58 Folio 448 del cuaderno 5.
59 Folios 502-511 del cuaderno 5.

15

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

Descripción del proyecto: El proyecto de inversión consiste en la compra de terrenos,
equipos, maquinaria y aves para optimizar los procesos productivos en las granjas de
la compañía.

Monto de la inversión: $5.800.000.000

El Comité estimó que para este análisis conviene revisar los conceptos sobre inversión
neta y reposición. (…).la inversión neta corresponde al “Incremento del Stok (sic) de
Capital total de la economía”, (…). La inversión en reposición se entiende como “La
cantidad necesaria para reemplazar la parte del Stok (sic) de capital que se ha
deteriorado en el proceso de producción”

De otra parte, para efectos de definir la contabilización de los bienes (aves de levante
o ponedoras) procede remitirnos al Art. 60 del Estatuto Tributario que define para
efectos fiscales, activos movibles y fijos o inmovilizados (…) se infiere que, en términos
contables y fiscales, las gallinas ponedoras tienen la connotación de activos fijos o
inmovilizados, por cuanto no se enajenan durante el giro ordinario del contribuyente y
su propósito es la producción de huevo.

Ahora bien, es claro que el proyecto que desarrollará ALAVI incluye reposición en aves,
rubro que representa el 43% del total de la inversión en aves de levante. Dicha
adquisición contablemente constituye un activo fijo real productivo por su naturaleza
(vida útil) e implica inversiones sucesivas que se llevarán a cabo con el fin de mantener
constante el nivel de producción de huevos, ya que al no efectuarse dichas
adquisiciones , la compañía no tendría su principal bien de producción y/o venta, por lo
que podría perder la continuidad del negocio.

Es inconveniente otorgar el beneficio de la estabilidad jurídica a inversiones que realice
la compañía para garantizar su permanencia en el negocio. Pues en su criterio, los
contratos suscritos con fundamento en la Ley 963 de 2005 deben estar respaldados
por una inversión que represente un valor agregado para la economía y desarrollo
regional o nacional, que de otra forma no se daría.

Con lo expresado resulta claro concluir que la reposición no debe contemplarse como
objeto de estabilidad y en esa medida, el monto total de inversión ascendería a
$3.642.446.000 MXCTE, es decir, 6.800 SMLMV, con lo cual no se cumpliría con el
monto mínimo que establece la Ley 963 de 2005 para acceder al beneficio (7.500
SMLMV)”60.

Refiere el acta que también se analizó la observación efectuada por el
MinAgricultura, en el sentido de indicar que el último documento que presentó ALAVI
daba cuenta de reinversiones del 43% en aves, pero no decía nada sobre el 2010,
lo cual podía interpretarse de dos maneras: i) que para el 2010 no se haría
reinversión del 43%, en cuyo caso la solicitud cumpliría con el monto mínimo de
inversión. O, que para esa anualidad también se haría el mismo porcentaje de
reinversión, en cuyo caso no se alcanzaría el monto exigido. Discutida esa
observación, el Comité concluyó que, en todo caso, la decisión era la de improbar
la solicitud de contrato de estabilidad presentada por ALAVI, dado que al descontar
la reposición de aves, el monto mínimo de la inversión no alcanzaba los 7.500
SMLMV ($4.012.500.000).

60 Folio 508, frente y anverso, del cuaderno 5. A folios 560-562 se encuentra constancia de notificación del acta
y fijación de edicto.
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

3.3.10. ALAVI interpuso recurso de reposición61 contra la improbación de su
solicitud, que fue resuelto por el Comité mediante Resolución 018 del 18 de
octubre de 2012, confirmando la decisión impugnada. En este acto, fueron
respondidos los cargos presentados por la peticionaria, así:

3.3.10.1. En relación con la protestada violación a los derechos adquiridos y a los
principios de buena fe y confianza legítima, con referencia al Informe de Contratos
de Estabilidad Jurídica Actualizado a 22 de julio de 2010, así:

(…) este documento es meramente informativo y por lo mismo no otorgó derecho
alguno al solicitante, dado que en él únicamente se relacionaron las solicitudes de
Estabilidad jurídica recibidas en la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad
Jurídica y su estado, en otras palabras, no tiene la connotación de acto administrativo
que pretende darle la recurrente, porque no contiene la manifestación de voluntad de
la administración encaminada a producir efectos jurídicos.

En consecuencia, el informe consultado por el recurrente no constituye ni pretendió
constituir una decisión respecto de un particular y por lo mismo no es un acto jurídico
en los términos de la ley, y la jurisprudencia. (…) no es cierto que en reunión del 6 de
julio de 2010 se le haya aprobado la solicitud a ALAVI S.A., pues si bien en dicha sesión
se avanzó en el estudio de la misma, no se decidió sobre el, como lo apreció el
recurrente, amparado en el hecho de que la publicación del informe mencionado por
error de transcripción su solicitud se enlistó como aprobada, pese a estar en estudio”62.

Adicionalmente, que para que una decisión de aquellas que ponen término a una
actuación tuviera efectos, debía estar debidamente notificada, lo que no ocurrió con
el acta del 6 de julio de 2010. El Comité enfatizó en que no existió tal decisión
aprobatoria y, por lo mismo no se desconoció un derecho adquirido, ni la buena fe,
ni la confianza legítima.

33.10.2. Frente a la violación al derecho a la igualdad, que las empresas con las
que pretendía equipararse pertenecían a sectores notablemente diferentes que,
además, incluyeron en el objeto del contrato de estabilidad actividades diferentes a
la reposición de activos necesarios para la reproducción de bienes; por tanto, que
no se configuró una situación idéntica entre ALAVI y las empresas con las que se
compara.

3.10.3. Sobre el argumento del recurrente según el cual, el proyecto de inversión en
reposición de aves debía contemplarse como objeto de estabilidad en atención a su
impacto para la compañía, y su trascendencia en lo social y económico, le fue
respondido que la propuesta de ALAVI no se enmarcaba en el objetivo de promover
inversiones nuevas y ampliar las existentes ─Conpes 3366 de 2005, modificado por
el 3406 del mismo año─, dado que el porcentaje de reposición de aves (43%) no
apuntaba a ese propósito, pues no se trataba de una inversión nueva, sino del
reemplazo de activos deteriorados y la permanencia en el negocio, sin generar valor
agregado. En el mismo sentido, en relación con la protesta de ALAVI al referir que
su proyecto sí generaba un valor agregado y cumplía con los criterios de rentabilidad
económica y social.

61 Folios 513-533 del cuaderno 5.
62 Folio 385 del cuaderno 5.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

3.10.4. Respecto de los cargos por indebida motivación, vulneración del debido
proceso, excedencia del límite de discrecionalidad de la administración y afectación
de la naturaleza de los actos administrativos con la expedición del acto recurrido, se
le respondió que la ausencia de motivación sólo se predica cuando hay “ausencia
total o radical” de motivación, al tanto que el Acta No. 7 contenía los distintos
fundamentos en que se soportó la decisión desaprobatoria. Así, el acto impugnado
cumplió con los presupuestos básicos de una decisión de la administración, pues
estuvo antecedido de un análisis particular de la solicitud, al punto que la recurrente
pudo controvertir, en su escrito de impugnación tales argumentos. En consecuencia
con lo anterior, se dijo que ALAVI había tenido garantías para el pleno ejercicio de
sus derechos a la defensa y el debido proceso.

3.4. Análisis de la Sala

3.4.1. Primer problema jurídico - la falta de competencia temporal

Considerando que la solicitud de contrato de estabilidad jurídica fue presentada el
6 de agosto de 2009 (hecho. 3.3.1) y decidida por el Comité el 9 de agosto de 2011
(hecho. 3.3.9), ALAVI censura los actos demandados, porque los considera
proferidos con falta de competencia temporal, dado que se excedió el término de
cuatro (4) meses para resolver, previsto por el artículo 4, literal f), de la Ley 963 de
2005, contados desde la solicitud del inversionista63:

Esta censura no la encuentra válida la Subsección, habida consideración que:

“[…] la falta de competencia temporal como causal de nulidad de los actos
administrativos se produce cuando la ley expresamente (i) contempla un plazo para
dictar un acto administrativo, y (ii) prevé como consecuencia jurídica de la expedición
extemporánea del acto la pérdida de competencia, la invalidez del acto o el traslado
de esa competencia a otra autoridad64. Sin embargo, el artículo 4 de la Ley 963 de
2005 no prevé, como secuela del vencimiento del término allí fijado, la pérdida de
competencia, y así lo ha considerado previamente esta Sección65. Por ende, la

63 “Los contratos deberán suscribirse por el Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, según lo disponga

el Comité. Esta firma no podrá ser delegada. El Ministerio tendrá cuatro (4) meses, a partir de la solicitud del
inversionista, para suscribir el contrato o para señalar las razones por las cuales la solicitud no reúne los
requisitos señalados en esta ley”.
64 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de

junio de 2000. Rad. 12723.
65 “[…] las funciones del comité de estabilidad jurídica se crearon al amparo del literal b) del artículo 4, en el cual

no se dispuso que se extinguieran por razón del vencimiento del plazo previsto en el literal f) del artículo 4 de la
Ley 963, el cual estaba referido a la suscripción del contrato por parte del ministerio del ramo o a la comunicación
del mismo en la que se señalaran las razones por las cuales la solicitud no reunió los requisitos de ley. // Es
importante adicionar que el comité de estabilidad jurídica era la instancia única de aprobación, de manera que
suponer la pérdida automática de competencia para evaluar la solicitud iría en contra del efecto útil de la
actuación administrativa en favor de la efectividad de los derechos de los administrados. // Puede precisarse
que la competencia de la Administración para decidir acerca de las peticiones de los particulares se conserva
mientras el peticionario no haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa se haya notificado el acto admisorio de la demanda. // Este
razonamiento se funda, también, en que las reglas de la competencia de las entidades públicas son taxativas y
específicas, toda vez que obedecen a un criterio reglado, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución
Política, según el cual las funciones o potestades asignadas por la ley no se extinguen si no se [sic] existe norma
legal que lo disponga. // No puede confundirse la norma que dispuso el plazo del ministerio para firmar el contrato
previsto en el literal f) del artículo 4 de la ley 963 de 2005 o para comunicar las razones de la improbación, con
una pérdida de competencia del comité de estabilidad jurídica para decidir sobre la solicitud. // Por tanto, con
independencia de la eventual justificación de los funcionarios frente a sus responsabilidades por la demora en
la presentación de la evaluación del proyecto ante el comité de estabilidad jurídica- lo cual no se juzga en este
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

norma legal en que la actora soporta el cargo no conduce a la incompetencia
deprecada, sin perjuicio de que el vencimiento de ese término sin que se haya
producido una decisión administrativa pueda provocar otros efectos jurídicos
relevantes”66.

Esta línea de jurisprudencia ha sido observada por la Subsección con ocasión del
estudio de otros casos análogos a éste67, para señalar que, el artículo 4° de la Ley
963 de 2005 no prevé, como secuela del vencimiento del término allí fijado, la
pérdida de competencia68 y que la perentoriedad de los términos establecidos por
el legislador no trae, en este caso, como consecuencia, la pérdida de competencia
para decidir, pues, para que así lo fuera, debía haberlo prescrito expresamente el
legislador.

Entonces, no le asiste razón a la demandante ya que, para la fecha del acta número
7 ─9 de agosto de 2011─, el Comité sí tenía la facultad legal para negar la solicitud
de contrato de estabilidad jurídica.

3.4.2. Segundo problema jurídico: la violación de derechos adquiridos

Arguye ALAVI que se le desconoció el derecho adquirido que surgió de la
aprobación de la solicitud incorporada en el Acta del 6 de julio de 2010, publicada
el 10 de agosto de 2010 en el “Informe de Contratos de Estabilidad Jurídica
Actualizado al 22 de julio de 2010”, documento que no emergió de un error humano,
en tanto en ella participaron varios funcionarios.

En relación con la denominada Acta del Comité del 6 de julio de 2010,la recurrente
insiste en señalar como probada su existencia por cuanto a ella se hizo alusión en

proceso- la Sala encuentra que el vencimiento del término legal para suscribir el contrato no produjo el efecto
jurídico equivalente a la decisión aprobatoria ni al compromiso sobre su otorgamiento”. CONSEJO DE ESTADO.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de noviembre de 2018.
Rad. 11001-33-36-034-2015-01637-01(58006).” (cita núm. 50 original de la sentencia).
66 Sent. 28-feb-22.
67 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2022, exp. 53147

(que, guarda estrechas similitudes con el presente asunto, es más, la allí demandante, Nutrientes Avícola S.A.,
al parecer absorbió a ALAVI, tal como lo indicó el representante legal y el apoderado de ALAVI en los
memoriales obrantes a folios 608 y 614 del cuaderno 3 principal; de ahí que se siga un análisis semejante). Y,
de la misma Subsección, sentencia del 19 de febrero de 2024, exp. 57907.
68 “[…] las funciones del comité de estabilidad jurídica se crearon al amparo del literal b) del artículo 4, en el cual

no se dispuso que se extinguieran por razón del vencimiento del plazo previsto en el literal f) del artículo 4 de la
Ley 963, el cual estaba referido a la suscripción del contrato por parte del ministerio del ramo o a la comunicación
del mismo en la que se señalaran las razones por las cuales la solicitud no reunió los requisitos de ley. // Es
importante adicionar que el comité de estabilidad jurídica era la instancia única de aprobación, de manera que
suponer la pérdida automática de competencia para evaluar la solicitud iría en contra del efecto útil de la
actuación administrativa en favor de la efectividad de los derechos de los administrados. // Puede precisarse
que la competencia de la Administración para decidir acerca de las peticiones de los particulares se conserva
mientras el peticionario no haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa se haya notificado el acto admisorio de la demanda. // Este
razonamiento se funda, también, en que las reglas de la competencia de las entidades públicas son taxativas y
específicas, toda vez que obedecen a un criterio reglado, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución
Política, según el cual las funciones o potestades asignadas por la ley no se extinguen si no se [sic] existe norma
legal que lo disponga. // No puede confundirse la norma que dispuso el plazo del ministerio para firmar el contrato
previsto en el literal f) del artículo 4 de la ley 963 de 2005 o para comunicar las razones de la improbación, con
una pérdida de competencia del comité de estabilidad jurídica para decidir sobre la solicitud. // Por tanto, con
independencia de la eventual justificación de los funcionarios frente a sus responsabilidades por la demora en
la presentación de la evaluación del proyecto ante el comité de estabilidad jurídica- lo cual no se juzga en este
proceso- la Sala encuentra que el vencimiento del término legal para suscribir el contrato no produjo el efecto
jurídico equivalente a la decisión aprobatoria ni al compromiso sobre su otorgamiento”. CONSEJO DE ESTADO.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de noviembre de 2018.
Rad. 11001-33-36-034-2015-01637-01(58006).
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

una publicación inserta en la página web del MinCIT. Señala, además, que produjo
efectos jurídicos que se traducen en la adquisición de un derecho de los que deriva
un derecho adquirido. Esto, para controvertir la tesis defensiva de la demandada,
que niega su existencia y, dice que, de haber existido, no produjo los efectos que la
parte actora reclama en cuanto no fue notificada. Afirma la demandada que en la
fecha señalada como data de la expedición del acto, hubo, en efecto sesión del
Comité, pero que en ella no se resolvió la solicitud ─Cfr. hechos 3.3.6. y 3.3.8─

Así las cosas, la Sala deberá dilucidar si, a la luz de las pruebas allegadas al
expediente, puede decirse probada la existencia de un acta de fecha 6 de julio de
2010 en la que el Comité de Estabilidad jurídica haya resuelto de manera favorable
la solicitud de ALAVI. Además, deberá establecer, si de un acta como aquella se
derivan derechos adquiridos a la estabilidad pretendida por la solicitante.

Al punto, el carácter identitario de un acto administrativo se distingue en función de
los elementos de su esencia. Tales elementos corresponden a una: i) manifestación
unilateral de la voluntad de una autoridad administrativa, directa y reflexivamente
encaminada a la producción de efectos en el mundo del derecho; ii) expedida en
ejercicio de una función administrativa; y iii) que produzca efectos jurídicos, los
cuales podrán consistir en la creación modificación o extinción de una situación
jurídica de carácter general o particular69, presupuestos que no satisface el formato
de publicación del “informe” que se publicó en el portal Web del MinCIT, pues tal
documento no alberga, en sí mismo, la manifestación expresa de la Administración
en el sentido de aprobar la solicitud de contrato de estabilidad jurídica de ALAVI.
Tampoco puede tenerse como el resultante del ejercicio de la función administrativa
aprobatoria de este tipo de contratos, dado que el informe, según se indica, fue
elaborado por la Secretaría del Comité de Estabilidad Jurídica, sin que a tal
dependencia le correspondiera legalmente la facultad de emitir la aprobación de las
solicitudes de contrato de estabilidad jurídica y, en consecuencia, menos puede
concluirse que ese informe estuviera en condiciones jurídicas de crear una situación
de derecho para el demandante.

Ahora, en relación con la existencia de los actos administrativos, la jurisprudencia
de la Corporación ha hecho claridad para diferenciar entre los presupuestos que la
determinan, los presupuestos de validez del acto, y los de eficacia, así:

En los actos administrativos se distinguen los presupuestos de existencia, los
presupuestos de validez y los presupuestos de eficacia final.

Los presupuestos de existencia son aquellas exigencias sin las cuales el acto no
se configura como tal y por ende no surge a la vida jurídica.

Los presupuestos de validez son aquellas condiciones de un acto existente que
determinan que sea valorado positivamente por encontrarse ajustado al
ordenamiento o, con otras palabras, que si el acto es sometido a un juicio de
validez no permiten que le sobrevenga una valoración negativa.

Los presupuestos de eficacia final son aquellos requisitos indispensables para
que el acto existente y válido produzca finalmente los efectos que estaría llamado
a producir.

69 Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de febrero de 2024,

exp. 44465 y, de la Subsección A, Sentencia de 12 de febrero de 2014. Exp: 28209.
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
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(…).

Constituyen presupuestos de existencia la expresión del designio o voluntad de
la administración, el objeto o materia sobre la cual recae el querer de la
administración y la causa o motivo que induce a la decisión de la administración.

Son presupuestos de validez el sometimiento del acto al ordenamiento jurídico y
el cumplimiento de las formalidades sustanciales que se exigen para su
producción.

Son presupuestos de eficacia final la publicidad del acto, la firmeza jurídica y la
ausencia de la pérdida de su fuerza ejecutoria. (…) la publicidad de los actos
administrativos no es un requisito para su existencia ni para su validez sino para
que ellos puedan producir los efectos a que están destinados70.

En línea con esta diferenciación, el acto administrativo se entiende existente desde
el momento en que la administración expresa su voluntad por medio de una decisión
suya tendiente a producir efectos jurídicos. De allí que se pueda concluir que los
elementos que determinan la existencia del acto administrativo son los relativos a
su esencia, que se contraen al órgano y a su contenido.

Traídos al asunto estos elementos, la Sala encuentra que, de la decisión, en sí
misma considerada, como una manifestación de voluntad del Comité, no obra
prueba en el expediente, diferente de la que pueda revelar el documento
denominado “Informe de Contratos de Estabilidad Jurídica Actualizado al 22 de julio
de 2010”71 , que no tiene fuente en el Comité, sino en la Secretaría Técnica, de
modo que, aunque contenga, respecto de ese proyecto, los elementos necesarios
para el conocimiento del que podría ser el contenido de la decisión, no constituye el
acto mismo, entre otras razones, porque este documento es de carácter puramente
informativo, externo al acto administrativo, extendido sin efectos de notificación. En
ese sentido, su valor, en términos probatorios, se torna puramente indiciario de la
existencia de un acto que constaría en el acta No 6 del Comité.

Y apreciado el informe, como indicio, en forma integral con el restante material
probatorio que obra en el proceso, pierde eficacia para demostrar la existencia del
acto administrativo cuya existencia el indicaría, por cuanto, por una parte, el oficio
DPC-2299 del MinCIT, extendido con posterioridad, el 30 de noviembre de 2010,
en respuesta a una solicitud que efectuó la Gobernación del Valle del Cauca72, con
el fin de que se ratificara lo que se suponía aprobado el 6 de julio de 2010 en relación
con la solicitud efectuada, entre otro, por ALAVI, permite establecer que, ese
contrato se encontraba aún en estado de evaluación. Además, porque ese mismo
órgano, mediante comunicación DPC-2397 del 20 de diciembre de 2010, permite
establecer que en la sesión del comité, del 6 de julio de 2010, esto es, aquella en
que se habría expedido el acto según el elemento indicador en estudio, si bien se
había tratado el asunto, se había considerado pertinente que ese tema fuera
revisado por los nuevos integrantes del Comité, en la siguiente sesión73. Además,
porque, en línea con estas dos pruebas documentales, según el acta siguiente de
sesiones de ese comité, la número 07, del 9 de agosto de 2011, se evaluó y

70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, exp. 23358
71 Folios 539-544 del cuaderno 5.
72 Folios 435-436 del cuaderno 5.
73 Folio 448 del cuaderno 5.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

desestimó la celebración del contrato de estabilidad jurídica propuesto por la
sociedad Alimentos Avícolas S.A., por cuanto el proyecto de reposición no
satisfacía los fines del plan de estabilización, y dejado este a un lado, “el monto total
de inversión ascendería a $3.642.446.000 M.CTE, es decir, 6.800 SMLMV, con lo
cual no se cumpliría con el monto mínimo que establece la Ley 963 de 2005 para
acceder al beneficio (7.500 SMLMV)”74.

En tales condiciones, pierde eficacia probatoria el único indicio que hay en este
contencioso, de la existencia del acto que asume la parte demandante, obraría
como fuente del derecho que constituye el núcleo de sus pretensiones en este
proceso.

En síntesis, el memorado “Informe de Contratos de Estabilidad Jurídica Actualizado
al 22 de julio de 2010” ni hace las veces de un acto administrativo, ni puede tenerse
como la manifestación expresa del Comité, pues no fue obra del Comité, ni fue
siquiera suscrito por funcionario alguno, como seña de su aquiescencia en lo
manifestado. Dicho informe, en punto de la solicitud de ALAVI, consignó una
información, al parecer, errada. Lo cierto es que, no se probó en este contencioso
la existencia de un acto anterior al reflejado en el acta número 07 del 9 de agosto
de 2011. Tan sólo se ha logrado acreditar un avance preliminar sobre el asunto que
nunca alcanzó el estatus de un acto definitivo.

Ahora, si en gracia de discusión se aceptara, como lo ha sostenido la parte con
fundamento en el “Informe de Contratos de Estabilidad Jurídica Actualizado al 22
de julio de 2010”, que el 6 de julio de 2010 el Comité aprobó su solicitud, lo cierto
es que, dicho acto, en cuanto no fue notificado, carecería de efectos vinculantes
que permitan afirmar la adquisición de derechos que invoca la parte actora. Repara
la Sala en que, en el ordenamiento colombiano —vigente cuando tuvieron lugar los
hechos de este asunto— se establecía la notificación personal, con entrega de copia
íntegra, auténtica y gratuita de la decisión al interesado, como medio principal de
conocimiento del acto para el administrado75 y requisito de su eficacia76; requisito
este del que únicamente puede prescindirse cuando “[…] la parte interesada,
dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los
recursos legales”77.

Para redundar, la jurisprudencia producida en relación con las demandas originadas
en actos expedidos con fundamento en la Ley 963 de 2005 y con los contratos de
estabilidad jurídica ha entendido que estos y no otro acto son la fuente de cualquier

74 Folio 508, frente y anverso, del cuaderno 5. A folios 560-562 se encuentra constancia de notificación del acta
y fijación de edicto.
75 CCA. “Artículo 44. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán

personalmente al interesado o a su representante o apoderado. || Los procesos correspondientes se
adelantarán por escrito. || Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación
personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que haya anotado al intervenir por
primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha con tal finalidad. La constancia
del envío de la citación se agregará al expediente. La citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a
la expedición del acto. […] Al hacer la notificación personal se entregará al interesado copia íntegra, auténtica
y gratuita de la decisión”.
76 CCA. “Artículo 48. Falta de irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se

tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada,
dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales. […]”.
77 Ibidem.

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Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

derecho a la estabilidad pretendida por el inversionista en el marco de esa
normativa78-79.

Por estas razones, mal puede acoger esta Sala la pretensión del recurrente,
fundada como está, en la violación de un derecho adquirido inexistente.

3.4.3. Tercer problema jurídico: la falsa motivación de los actos con los cuales
se improbó la solicitud de contrato de estabilidad

Afirma el recurrente que está demostrada la falsa motivación de los actos
administrativos objeto de control, porque la reposición de aves no era el único
componente de la inversión, pero sí el necesario ya que de no efectuarse la
reposición de aves, la inversión de ALAVI no tenía sentido.

En este punto, es menester recabar que, para el Comité, la solicitud de contrato no
fue procedente por varias razones: (i) el 43% de la inversión planteada estaba
enfocado en la reposición de aves consideradas activos fijos, por lo que el objetivo
de la inversión no era otro que mantener la producción de huevos y la permanencia
de la compañía en el negocio avícola, aserto que ratifica el recurrente en cuanto
dice que la reposición de aves era necesaria para que el proyecto tuviera sentido;
(ii) el valor que no estaba proyectado para ser invertido en la reposición de activos
fijos no representaba un valor significativo para la economía y el desarrollo regional
y social, aspectos que constituyen la finalidad del mecanismo contractual de
estabilidad jurídica80.

Ahora, la jurisprudencia tiene advertido que, la causal de nulidad por falsa
motivación de un acto administrativo “ha sido entendida como aquella razón que da
la administración de manera engañosa, fingida, simulada, falta de ley, de realidad o
veracidad. De igual forma se ha dicho que la falsa motivación se configura cuando
las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen para la emisión del acto
administrativo correspondiente, traducidas en la parte motiva del mismo, no tienen

78 Texto tomado del Concepto 2246 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el

tres (03) de agosto de dos mil quince (2015), con referencia expresa a la sentencia C 785 de 2012.
79 En relación con esto, la Subsección A indicó que “la solicitud presentada por el inversionista en el trámite de

aprobación del contrato de estabilidad” tiene “naturaleza precontractual y no” derecho a la estabilización”. En el
mismo sentido, precisó lo siguiente: “En conclusión, de conformidad con las disposiciones legales citadas, las
indicaciones del documento CONPES 3366 y las decisiones de la Corte Constitucional, debe aceptarse que en
la evaluación de los proyectos de inversión existía un análisis discrecional a cargo del comité de estabilidad
jurídica, lo cual lleva a advertir que la solicitud no otorgaba derechos adquiridos y que no toda solicitud daba
derecho a firmar el contrato de estabilidad jurídica, como lo advirtieron las entidades demandadas en este
proceso”. En: Sentencia del 19 de noviembre de 2018, ya citada. Subrayas ajenas al texto original.
80 Según la sentencia de la Corte Constitucional, que fue citada en el acta núm. 8 de 2011, en la que se analizó

la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 963 de 2005, mediante los contratos de estabilidad
jurídica “el legislador pretende: i) estimular nuevas formas de inversión, ii) atender a una necesidad apremiante
para los inversionistas, y iii) equilibrar los intereses de los inversionistas y el interés general. La legitimidad de
estos propósitos encuentra fundamento en varias normas de la Constitución Política, particularmente en
aquellas que integran el denominado tríptico económico: derecho al trabajo (C.Po. art. 25), derecho a la
propiedad (C.Po art. 58) y libertad de empresa (C.Po art. 333). // Estas normas se encuentran intrínsecamente
relacionadas entre sí, como también son acordes con los principios establecidos para el Estado social de
derecho, particularmente con aquellos que propugnan por la prevalencia del interés general, al cual se suma el
propósito de promover la prosperidad general y el desarrollo económico de la nación. // En el presente caso se
puede considerar que los fines buscados por el legislador son tanto mediatos como inmediatos, siendo de los
primeros los relacionados con el aumento del crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar social, mientras
los más próximos son los que tienen que ver con el estímulo a la inversión. Para éste fin, la ley busca mejorar
el clima de inversión, afectado por distintas variables, entre ellas por los llamados “cambios súbitos en la
legislación”. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-242 del 29 de marzo de 2006.
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Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

correspondencia con la decisión que se adopta o disfrazan los motivos reales para
su expedición”81.

En línea con el alcance de la causal y, a la luz del acervo probatorio, la Sala no
encuentra motivos para sostener que las razones expuestas en el Acta 07 del 9 de
agosto de 2010 y refrendadas en la Resolución No. 018 del 18 de octubre de 2012
estén desprovistas de verdad o fundadas en argumentos artificiosos. En particular,
no se advierte que la tasa porcentual de la inversión que estimó el Comité como
enfocada a la reposición de activos fijos, no fuera real. Tampoco encuentra razones
que le muevan a concluir que en tales condiciones el contrato resultara útil al servicio
de la teleología de este tipo de acuerdos.

Tal como lo advirtió el a quo, atacar la motivación de las decisiones tomadas por el
Comité implicaba desvirtuar los juicios que dieron lugar a la desestimación de la
propuesta, y no bastaba con efectuar afirmaciones sin sustento probatorio. Así, los
medios de prueba arrimados al expediente y practicados en el proceso no resultan
persuasivos para debilitar la presunción de legalidad y acierto que cobija los actos
demandados y, por el contrario, la fundamentación que exhibieron los actos
atacados se encuentra razonable de cara al alcance y contenido de la solicitud de
contrato presentada por ALAVI, y se avizora la conexión entre los fundamentos de
hecho y de derecho sobre los que se apalancó la decisión desestimatoria de la
solicitud de contrato de estabilidad jurídica.

3.4.4. Cuarto problema jurídico: la vulneración del principio de igualdad

La actora estructura este cargo expresando que, pasando por alto el principio de
igualdad, a otras empresas les fue aprobada la solicitud de contrato de estabilidad
jurídica pese a que sus respectivos proyectos ya habían dado inicio.

En casos similares al presente, esta Sección82, con apoyo en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, ha referido que el derecho de igualdad no supone que esté
proscrito el trato desigual sino el trato discriminatorio83; y que su examen aplicado a
casos concretos impone establecer si los supuestos son susceptibles de ser
comparados, si fáctica o jurídicamente existe tratamiento desigual entre iguales o
igual entre disímiles, y si dicho tratamiento está jurídicamente justificado84.

81 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2011. Rad. 1982-10.
82 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-242 del 29 de marzo
83 ““La correcta aplicación del derecho a la igualdad no sólo supone la igualdad de trato respecto de los
privilegios, oportunidades y cargas entre los iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos
disímiles. Es claro que la Constitución no prohíbe el trato desigual sino el trato discriminatorio porque de hecho
el trato distinto puede ser obligatorio para ciertos supuestos, siendo el trato discriminatorio aquel que establece
diferencias sin justificación constitucionalmente válida. El principio a la igualdad y el derecho subjetivo a la no
discriminación, entendidos éstos conceptos desde una perspectiva material que implica el trato igual o diferente
pero no discriminatorio, también se imponen en la contratación administrativa no sólo respecto del legislador en
el diseño de las normas generales de acceso a la función administrativa, sino también frente a la administración
en los procesos de selección y adjudicación de los contratos estatales en concreto”. CORTE
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-862 de 2008 citada por Ibíd.
84 “Se debe definir y aplicar tres etapas: i) debe establecer cuál es el criterio de comparación (‘patrón de igualdad’

o ‘tertium comparationis’), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar
debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; ii)
debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre
disímiles y, iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las
situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en
forma igual”. Ibidem.
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Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

Ahora, en cumplimiento de la carga de la prueba, es necesario que el demandante
arrime los medios de convicción suficientes para identificar cada uno de los
elementos necesarios del juicio concreto de igualdad o, cuanto menos, un principio
de prueba85, sin que pueda tomarse por tal el cuadro aportado en la demanda, ni
tampoco la información ─copia de contratos similares─ allegada con escrito
complementario de la apelación86, dado que por auto del 24 de mayo de 2018 dicho
escrito fue rechazado por extemporáneo87.

Así las cosas, la carga que le correspondía a la parte actora no fue debidamente
honrada y, más allá de sus afirmaciones sobre una actuación discriminatoria del
Comité, porque a otras empresas sí les habría sido aprobada la solicitud pese a
haber iniciado previamente los proyectos propuestos, los cuales contemplaban la
reposición de activos fijos, no existen medios de prueba en el expediente que
permitan comprobar las aseveraciones del demandante, ni determinar cuáles eran
los criterios de comparación, o establecer las situaciones de hecho y de derecho
que permitan deducir el tratamiento discriminatorio e injustificado en contra de la
actora. La Sala debe denotar cómo, de esta forma, las razones que dio el Comité,
al responder en sede administrativa a este mismo reproche (hecho 3.10.2), que de
suyo se revelan suficientes, permanecen incólumes y amparadas por la presunción
de legalidad.

A esto se añade que, empresas con las cuales ALAVI compartía la misma actividad
avícola, tal como ocurrió con NUTRIENTES AVÍCOLA S.A. y PRONAVÍCOLA S.A.
cuyos proyectos, a juzgar por lo expuesto en el Acta No. 9 del Comité de Estabilidad
Jurídica fechada 22 de agosto de 201288 guardaban similitudes y, en tal sentido
podían ser parámetro de referencia para el cotejo de igualdad, recibió el mismo
análisis y trato, en tanto aquellas también obtuvieron una respuesta negativa a la
solicitud con razones muy similares a aquellas en las que se fundó la improbación
que se le impartió a la solicitud de ALAVI.

En suma, como en relación con este cargo la demandante desatendió la carga
probatoria, y el análisis de igualdad precisa de elementos de correlación que no se
aportaron, esta protesta también fracasa.

3.4.5. La condena en costas impuesta en primera instancia

La recurrente reprochó que se le haya condenado en costas en primera instancia y
adujo que, en casos similares, el Consejo de Estado ha estimado improcedente la
imposición de costas.

En lo atinente a la inconformidad de la parte apelante por la condena sobre la
condena en costas, específicamente en el componente de agencias en derecho por
el que se le impuso condena, es importante tener en cuenta que la demanda se
interpuso en vigencia del CPACA y, comoquiera que el artículo 188 de esa
codificación, a diferencia de lo que sucedía en vigencia del artículo 55 de la Ley 446
de 199889, impone un régimen de costas que no depende del análisis subjetivo de la

85 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia

del 7 de octubre de 2020. Rad. 66001-23-31-000-2010-00425-01(50160).
86 Folios 711-809 del cuaderno principal.
87 Folios 820-821 del cuaderno ´principal.
88 Folios 579 del cuaderno 5.
89 Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 (CAPACA).

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Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

conducta procesal de las partes, sino que se determina objetivamente en la sentencia,
por ministerio de la ley respecto de la parte vencida en juicio, ha de concluirse que las
costas, en vigencia del CPACA, constituyen una cuestión de mero derecho, y por
tanto, su imposición no tiene vocación de recurribilidad90.

Así mismo, la sentencia que cita el apelante como parámetro de comparación no lo
es, en tanto se profirió en vigencia del CCA.

Por lo expuesto, el cuestionamiento del apelante sobre la condena en costas
en la modalidad de agencias en derecho que efectuó la primera instancia no
es de recibo, de ahí que se impone una respuesta negativa al cuarto problema
jurídico.

Habiéndose agotado todos los argumentos de la apelación susceptibles de análisis en
la segunda instancia conforme a la delimitación del recurso, y como quiera que
ninguno de ellos prosperó, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia,
aunque por las razones aquí expuestas y, en consecuencia, procederá a disponer
sobre la condena en costas en segunda instancia.

V. COSTAS

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que “la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”. En ese orden de ideas, el numeral 1° del artículo 365 del CGP
prevé que “[s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código”.

De acuerdo con las anteriores consideraciones y en atención a que se resolverá
desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra el fallo de primera instancia, resulta procedente condenar a la parte actora a
pagar las costas causadas en la segunda instancia; erogación económica que deberá
ser liquidada de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de
conformidad con el artículo 366 del CGP.

Ahora bien, esta Sala fija agencias en derecho por 0.001% de lo pretendido, de
acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo No.1887 de 2003 expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura91, en favor de la Nación - MinHacienda - MinCIT -
MinAgricultura - MinTransporte - MinMinas y Departamento Nacional de
Planeación, como quiera que, con la presentación de alegatos de cierre, generaron
su causación. El porcentaje aludido se dividirá a prorrata de las entidades
mencionadas.

90 Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2022,

exp. 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629).
91 Acuerdo No. 1887 de 2003, artículo 3.1.3. “Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos

mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00231-02 (60827)
Demandante: Alimentos Avícolas S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes, la sentencia proferida el veintiocho
(28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de
la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a
favor de las entidades demandadas. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto
en el artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la
suma equivalente al 0.001% del valor de las pretensiones, que se distribuirá
proporcionalmente en favor de la Nación – Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Comercio - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Ministerio de Transporte -
Ministerio de Mina y Energía y Departamento Nacional de Planeación, conforme a
lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta
providencia esté en firme.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
BRC*

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