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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01457-03

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01457-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte demandante. FÍJENSE por Secretaría, como agencias en derecho el monto equivalente al 0.1% de las pretensiones. TERCERO: Ejecutoriada la presente DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-01457-03

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de septiembre de 2024

Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Demandante: Plastilene S.A.
Demandado: Municipio de Soacha
Referencia: Acción de reparación directa

Tema 1. Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Subtema 1.1. Daño derivado del
pago del impuesto de industria y comercio en porcentaje superior al establecido en la Ley 14 de
1983. Subtema 1.2. Acto de carácter general que perdió vigencia a partir de la modificación
introducida por el órgano que lo expidió. Subtema 1.3. Efectos de la sentencia que declara la
nulidad de un acto administrativo general/ Situaciones jurídicas consolidadas y no consolidadas en
materia tributaria / efectos ex tunc y ex nunc. Subtema 1.4. Daño antijuridico – no acreditado.
Tema 2. Condena en costas de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el diecinueve (19) de septiembre
de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS
La sociedad Plastilene S.A. ejerció el medio de control de reparación directa con la
pretensión de que se declare patrimonialmente responsable al municipio de Soacha
por el daño que, adujo, le fue causado a consecuencia del pago en exceso que
realizó del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros para los años
gravables dos mil diez (2010) a dos mil doce (2012), en tanto fue liquidado con la
tarifa del diez por mil (10x1000) que estableció el Acuerdo No 046 de dos mil nueve
(2009), en contravía de la del siete por mil (7x1000) prevista en el artículo 33 de la
ley 14 de 1983. A su juicio, esta actuación le causó un daño derivado del hecho del
legislador y de la ruptura de las cargas públicas, pues dicho Acuerdo quebrantó el
principio de igualdad frente a la ley.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que no se demostró la existencia de un daño antijurídico, en razón a
que si bien el monto pagado del impuesto fue mayor al que debió liquidarse de
conformidad con los lineamientos del artículo 33 de la Ley 14 de 1983, lo cierto es
que la sociedad actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que culminó con la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil
diecisiete (2017), en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al
municipio de Soacha devolver las sumas canceladas en exceso por concepto del
impuesto de industria y comercio.

La Sociedad apeló la sentencia y solicitó su revocación para que, en su lugar, se
concedan las pretensiones de la demanda. Arguyó que lo pretendido fue la
reparación del daño especial que se causó con la expedición del Acuerdo No. 046
de diez (10) de diciembre de dos mil nueve (2009) [ejercicio de la competencia
normativa], en tanto la tarifa que estableció soslayó el límite previsto en el artículo

Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

33 de la ley 14 de 1983 y le impuso un pago mayor al legal. Además, sostuvo que
el daño encuentra respaldo en las pruebas que reposan en el expediente.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1.

El veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014)2 Plastilene S.A. presentó
el medio de control de reparación directa con la pretensión de que se declare
responsable al municipio de Soacha por el daño derivado del pago en exceso que
realizó, durante los años gravables dos mil diez (2010) a dos mil doce (2012), por
concepto del impuesto de industria y comercio que se liquidó bajo los parámetros del
Acuerdo municipal No. 046 de diez (10) de diciembre de dos mil nueve (2009) que,
según indicó, desconoció lo preceptuado en el artículo 33 de la ley 14 de 1983, en
tanto estableció una tarifa del diez por mil (10 x 1000) para las “demás actividades
industriales no discriminadas anteriormente”, mientras que la mencionada ley previó
para estos mismos efectos una tarifa del siete por mil (7 x 1000).

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda el dieciocho (18)
de marzo de dos mil quince (2015)3, en razón a que consideró que había operado
la caducidad del medio de control. No obstante, esta decisión fue revocada por esta
Corporación el veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis (2016)4, y en su lugar,
resolvió inadmitirla y ordenar al a quo adoptar la decisión correspondiente.

La sociedad actora presentó escrito de subsanación y el a quo admitió la demanda
el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016)5. Notificada la decisión6 y
corridos los traslados de ley, el municipio presentó oportunamente su escrito de
contestación7 en el que se opuso a las pretensiones deprecadas por la parte
demandante, bajo el argumento de que en los años gravables dos mil diez (2010),
dos mil once (2011) y dos mil doce (2012) ejerció la actividad económica industrial
clasificada como “demás actividades industriales no discriminadas anteriormente”
que, conforme al Acuerdo No. 046 de dos mil nueve (2009) se encontraba sujeta a
la tarifa de diez por mil (10 x 1000); acto que mientras estuvo vigente gozó de la
presunción de legalidad que le es propia. En consecuencia, afirmó, que no existe
prueba de un daño patrimonial causado por la administración bajo la figura del
pago de lo no debido, pues Plastilene S.A. ejecutó el hecho generador del
impuesto.

Como excepciones propuso: i) improcedencia de la acción de reparación directa –
inepta demanda por indebida escogencia de la acción (sic)-, en razón a que el
medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, como
en efecto fue ejercido por la parte actora a través del proceso con radicado
250002337000-2016-01073-00, en el que solicitó la devolución de los valores
pagados en exceso por concepto del impuesto; ii) caducidad del medio de control
de reparación directa, en atención a que el Acuerdo No. 046 de dos mil nueve
(2009) tuvo efectos fiscales a partir del primero (1) de enero de dos mil diez (2010)
lo que significa que “el término de caducidad se cumplió el 02 de enero de 2012
para el año 2010, 02 de enero de 2013 para el año 2011, y, 02 de enero de 2014

1 Demanda. Folios 7 a 19. C.1.
2 Escrito de demanda, concretamente en el folio 7, C.1., se observa el sello de radicación del día 25 de septiembre de 2014.
3 Folios 22 a 24, C.2.
4 Folios 63 a 74, C.2.
5 Auto admisorio de la demanda. Folios 83 a 85. C.2.
6 Diligencias de notificación de la entidad demandada. Folios 88 a 92. C.2.
7 Folios 96 a 119, C.2.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

para el año 2012”, mientras que la demanda se radicó el veinticinco (25) de
septiembre de dos mil catorce (2014); iii) legalidad de la actuación de la
administración, debido a que el acuerdo en comento fue expedido por el Concejo
Municipal con fundamento en lo dispuesto en los artículos 287 y 311 de la
Constitución Política, acto cuya legalidad no fue debatida ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; iv) inexistencia de elementos configurativos de
responsabilidad, en el entendido que la derogatoria del Acuerdo No. 046 de dos mil
nueve (2009), con la entrada en vigencia del Acuerdo No. 039 de dos mil doce
(2012), es una actuación administrativa que, por si sola, no generó el daño
manifestado en la demanda, ni la obligación de repararlo; además, el acuerdo se
encontraba amparado por la presunción de legalidad.

La audiencia inicial se celebró el veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete
(2017)8 y continuó el dieciséis (16) de febrero del mismo año9, en ella: i) se verificó
que no había alguna circunstancia constitutiva de nulidad procesal que invalidara
las actuaciones surtidas hasta ese momento y; ii) se declararon no probadas las
excepciones de inepta demanda y caducidad. Esta decisión fue apelada y
posteriormente confirmada por esta corporación con providencia del veinticinco (25)
de octubre de dos mil diecisiete (2017)10.

La audiencia inicial finalizó el diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018)11
en la que el a quo: i) fijó el objeto del litigio puntualizando que: “se circunscribe a
determinar si el pago que realizó la demandante por concepto de impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros durante los periodos fiscales 2010 a 2012,
en vigencia del Acuerdo No 046 de 2009, ocasionó un daño antijurídico y si hay
lugar a indemnizarlo”; ii) dio por agotada, sin éxito, la etapa conciliatoria de que
trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011; y iii) abrió el proceso a pruebas.

El Tribunal llevó a cabo la audiencia de pruebas el diecinueve (19) de junio de dos
mil dieciocho (2018)12, y luego de la incorporación de las documentales decretadas
en la audiencia inicial, corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, como en efecto ocurrió13. El Ministerio Público guardó silencio.

2.3. La sentencia recurrida.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
profirió sentencia el diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)14 en
la que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
Se remitió para ello a los lineamientos y parámetros de la sentencia proferida por la
Sala Plena de esta corporación el veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho
(2018)15 y, con fundamento en el estudio de las pruebas, coligió que Plastilene S.A.
no acreditó la existencia del daño antijurídico en los términos expuestos en la
demanda de reparación directa, dado que si bien el pago del impuesto por los años
gravables dos mil diez (2010) a dos mil doce (2012) fue superior al que
correspondía al tenor de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, lo cierto
es que a través de otro proceso judicial solicitó y obtuvo la devolución de las sumas

8 Acta y medio magnético, folios 142A a 145, C.2.
9 Acta y medio magnético, folios 222 a 225. C.3.
10 Folios 229 a 234, cuaderno principal 2.
11 Acta y medio magnético, folios 243 a 246, cuaderno principal 2.
12. Acta y medio magnético, folios 259 a 260, cuaderno principal 2.
13 Alegatos de conclusión parte actora, folios 263 a 272; alegatos de conclusión parte demandada folios 273 a 280.
14 Sentencia de primera instancia. Folios 282 a 292, cuaderno principal.
15 Sentencia de 21 de marzo de 2018, en la que se analizó la posible responsabilidad por el daño que alegó como causado a partir del

cobro de tarifa especial “Tesa” en los servicios aduaneros, establecida en los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, normas que
fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

de dinero pagadas en exceso, que corresponden al mismo concepto y a los
mismos años gravables.

En efecto, el estudio de las pruebas del expediente reveló que Plastilene S.A.
promovió, bajo el radicado 250002337000-2016-01073-00, demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión declarativa de nulidad de los actos
que negaron la devolución de las sumas pagadas en exceso por concepto del
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros de los años gravables dos mil
diez (2010) a dos mil doce (2012), con la tarifa fijada por el acuerdo 046 de 2009
que desconoció el baremo preceptuado en la Ley 14 de 1983; proceso en el que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el treinta (30) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), en la que decidió16: i) inaplicar el artículo 7
del acuerdo No 046 de dos mil nueve (2009); ii) declarar la nulidad de los actos que
negaron la devolución del pago en exceso por no tener causa legal y; iii) ordenar al
municipio de Soacha devolver a Plastilene S.A. la suma de mil trecientos nueve
millones trescientos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($1.309.300.844) a
título de pago de lo no debido por concepto del impuesto de industria y comercio
por los años gravables antes mencionados.

El a quo, en atención a la existencia de la citada decisión judicial, concluyó que la
sociedad no acreditó la existencia del daño, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas y agencias en derecho a la parte actora, con fundamento en los
lineamientos del artículo 365 del Código General del Proceso.

2.4. El recurso de apelación.

El dos (2) de octubre de dos mil dieciocho (2018) la parte demandante interpuso
recurso de apelación17 en el que solicitó la revocación de la sentencia de primera
instancia para que, en su lugar, se concedan las pretensiones, con sustento en los
siguientes cargos:

2.4.1. Consideró que el a quo planteó en forma equivocada el problema jurídico
“seguramente desde la fijación del litigio”, pues lo que se pretendió con la
demanda era la declaración de responsabilidad por el daño causado en razón
del ejercicio de la competencia normativa que dio como resultado la
expedición del Acuerdo No. 046 de dos mil nueve (2009), cuyas disposiciones
contrariaron la Ley 14 de 1983 “rompiendo las cargas frente a los principios de
igualdad, solidaridad y equidad, causando un daño antijurídico a título de
imputación especial”, daño que el extremo activo no está en el deber de soportar.

2.4.2. Sostuvo que el daño está probado a través del análisis de los acuerdos No.
043 de dos mil (2000), No. 046 de dos mil nueve (2009) y No. 39 de dos mil doce
(2012) y de las declaraciones del impuesto de industria y comercio, avisos y
tableros, que presentó la demandante ante el municipio de Soacha, documentos
que acreditan que la sociedad declaró y pagó unas sumas de dinero soportadas en
un acuerdo municipal que contrarió las disposiciones de una norma de rango
superior [ley 14 de 1983].

2.4.3. Afirmó que, aun cuando el cobro del impuesto de industria y comercio para
los años gravables dos mil diez (2010) a dos mil doce (2012) comportó una
actuación legítima de la administración; lo cierto, es que la tarifa recaudada del diez

16 Como razones de la decisión el a quo consideró que que el acuerdo No. 046 de 2009 fijó una tarifa superior al límite establecido por

el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, lo que resultó manifiestamente contrario a los artículos 287 y 313 de la Constitución y, como
resultado de esta determinación, la sociedad demandante pagó por concepto de impuesto un monto superior.
17 Folios 298 a 308, cuaderno principal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

por mil (10 x 1000) desconoció los lineamientos del artículo 33 de la Ley 14 de
1983, y le obligó a un pago que, en su sentir, generó un daño antijurídico por la
inaplicación de la norma y el rompimiento de las cargas públicas. Además, resaltó
que el yerro y su efecto dañino estuvieron vigentes hasta el veintisiete (27) de
diciembre de dos mil doce (2012), cuando se expidió el Acuerdo 039, que modificó
la tarifa para acoger los lineamientos de la norma nacional.

2.4.4. Advirtió que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido que la
demanda de reparación directa es idónea para reclamar la indemnización de los
daños causados por el ejercicio de la facultad normativa.

2.4.5. Finalmente, presentó oposición a la condena en costas por cuanto, en su
criterio, su estimación no tuvo en cuenta criterios objetivos y no existe prueba de
temeridad o mala fe en su accionar.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia.

Esta corporación, el once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019), admitió el
recurso de apelación interpuesto18; y el ocho (8) de julio del mismo año, corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera su concepto19.

La demandada20 reiteró los argumentos a partir de los cuales edificó la defensa.

La parte actora y el Ministerio público no hicieron uso de esta etapa.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problemas jurídicos.

Alcance del recurso de Apelación

Como se advirtió en precedencia [2.4.1] el apelante delimitó el alcance del recurso en
punto de determinar la existencia del daño antijurídico, no a consecuencia del pago
en exceso que realizó, sino específicamente por la antinomia que acusa generó
la expedición del Acuerdo No. 046 de 2009 por parte del Concejo Municipal de
Soacha [competencia normativa], en contravía de la tarifa máxima del impuesto de
industria y comercio para las “demás actividades industriales no discriminadas
anteriormente”, establecida en el artículo 33 de la ley 14 de 1983, que en su sentir
generó el rompimiento de las cargas públicas y de la igualdad por el hecho del
legislador.

En atención a los cargos del recurso de alzada, compete a esta Sala resolver los
siguientes problemas jurídicos:

3.1.1. ¿Está probada la existencia del daño antijurídico derivado de la expedición
del Acuerdo No. 046 de dos mil nueve (2009), con el que el municipio de Soacha
fijó la tarifa de diez por mil (10 x 1000) para la liquidación del impuesto de industria
y comercio para las “demás actividades industriales no discriminadas
anteriormente”, soslayando el baremo establecido para estos efectos en el artículo
33 de la ley 14 de 1983?

18 Folio 321, cuaderno principal.
19 Folio 324, cuaderno principal.
20 Folios 264 a 267, cuaderno principal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

3.1.2. De ser afirmativa la respuesta al anterior cuestionamiento, se analizará si el
daño es imputable al municipio de Soacha, así como la procedencia del
reconocimiento de los perjuicios deprecados en la demanda.

3.1.3. Finalmente, se decidirá si es o no procedente la condena en costas impuesta
en la sentencia de primera instancia.

3.2. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito.

Verificados los presupuestos procesales la Sala no observa irregularidad alguna
que vicie la actuación en esta instancia.

3.3. Daño antijurídico.

El artículo 90 de la Constitución Política, prevé: “el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”.

El concepto de daño alude a la vulneración de un derecho o interés jurídico
tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico21. Para que sea indemnizable
debe estar cabalmente estructurado, lo que requiere de la acreditación de los
siguientes elementos relacionados con la lesión cuya reparación se reclama: (i)
que sea antijurídico22, esto es que el administrado no tenga el deber jurídico de
soportarlo; (ii) que lesione un derecho, bien o interés jurídico tutelado; (iii) que sea
cierto, es decir que permita su apreciación material y jurídica23; (iv) que no exista
un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que lo justifique o que lo
legitime24; (v) que no haya sido causado por el hecho de la propia víctima25; (vi)
que sea personal, esto es, que sea padecido por quien lo reclama y; (vii) que sea
persistente, en tanto no haya sido previamente reparado por otras vías26.

Corresponde al Juzgador determinar en primer lugar la acreditación del daño para,
en caso positivo, abordar el respectivo análisis a efecto de establecer si es
imputable al sujeto pasivo de la acción, para luego, establecer la procedencia o no
de la indemnización de los perjuicios que sean solicitados; esto, por cuanto la
existencia del daño no conlleva una imputación fáctica y jurídica automática;
además, se debe probar la relación causal entre el daño y el perjuicio.

3.4. Juicio de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, y la
existencia del daño. Mecanismos judiciales para la devolución de los pagos
tributarios que se consideran como no debidos.

Como se manifestó en precedencia (numeral 2.3), la providencia de primera
instancia trajo a colación la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado27 que

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia 18 de noviembre de 2021, expediente

46.656.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de noviembre de 2021, Radicación número: 13001-33-31-004-

2011-00131-01(51442)
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 4 de septiembre de 2021, expediente 67.752.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1º de octubre de 2018, expediente 46328.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A. Sentencia de 16 de julio de 2021, radicación número: 25000-23-36-000-2010-

00348-00 (51390)
27 Sentencia de veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00206-01(29352) (IJ)

Actor: Glaxosmithkline Colombia S.A. Demandado: Nación-Congreso De La República

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

abordó el estudio de la demanda de reparación directa promovida por el pago de
un tributo [tasa] creado por normas que con posterioridad fueron retiradas del
ordenamiento jurídico, a consecuencia de su declaratoria de inexequibilidad. Allí, la
Corporación señaló la aptitud del medio de control de reparación directa y precisó
que el juicio de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador
requiere en primera medida el análisis de la existencia del daño, que, en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política, debe ser antijurídico para
que proceda el estudio de la imputabilidad.

En relación con el daño, en la sentencia en comento, la Sala Plena precisó que si
bien, en ese caso se acreditó que la sociedad actora liquidó y pagó la tasa, esta
circunstancia no resultaba suficiente para probar la existencia de un daño personal
y cierto, “toda vez que: (…); ii) la prueba de los pagos no demostraría por sí misma
la afectación del patrimonio de quien los realizó dado que, por regla general, este
tipo de erogaciones “constituyen costos de la actividad económica que se
trasladan” al consumidor final; y iii) comoquiera que como ocurre con todas las
normas de carácter tributario, el pago de la TESA no se causó única y
exclusivamente por virtud de la ley que lo ordenó sino porque el
contribuyente realizó la actuación constitutiva del supuesto de hecho
previsto en la norma como generador del cobro,(…)”.

En relación con la prueba del daño, resulta relevante señalar que, en otro
asunto28, esta Sección recordó que el Estatuto Tributario estableció el
procedimiento que se debe agotar para los casos en que se ha pagado un
tributo en exceso o no debido, como ocurre cuando se declara la nulidad del
acto administrativo que regula el impuesto; por lo que corresponde al
interesado agotar la actuación procedente con el fin de provocar un
pronunciamiento de la administración a través de un acto administrativo
enjuiciable ante la jurisdicción, so pena de configurarse una situación jurídica
consolidada, sentencia que remarcó lo siguiente:

“(…) existe un procedimiento administrativo aplicable a los eventos en que el
administrado considera que ha pagado un tributo no debido, motivo por el cual
este debe acudir ante la entidad pública encargada de recaudar el
correspondiente impuesto, tasa o contribución para pedirle que le devuelva las
sumas pagadas con fundamento en la ley declarada inexequible o el acto
administrativo anulado.

En caso contrario, como bien lo concluyó el a quo, se configuraría una situación
jurídica consolidada que no admitiría discusión en sede de la acción de
reparación directa, toda vez que en estos eventos el daño no tendría el
carácter de cierto ni tampoco de persistente o latente, en cuanto el
contribuyente al haber omitido el procedimiento establecido por el legislador
habría convalidado el cobro efectuado por la Administración.” (Resaltado fuera
de texto).

En efecto, el artículo 85029 del Estatuto Tributario prevé el privilegio de la decisión
previa o autotutela administrativa, según el cual, en estos casos, antes de acudir al
28 Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de abril de 2020. Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00305-01(46970)

proferida dentro la acción de reparación directa promovida por Grunenthal Colombiana S.A. por la trasgresión del principio de reserva
legislativa.
29 “ARTICULO 850. DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. <Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 223 de 1995. El nuevo

texto es el siguiente:> “Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar
su devolución.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente a los contribuyentes, los pagos en exceso o
de lo no debido, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el
concepto del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor.” (resaltado
fuera de texto).

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

juez, es necesario permitirle al ente público que analice la situación jurídica y
adopte las medidas correspondientes y, si es del caso, retrotraiga las
consecuencias nocivas de su actuación.

3.5. Hechos probados relevantes.

La Sala precisa que las copias de los documentos simples que respaldan los
hechos que se relacionan a continuación, estuvieron a disposición de las partes en
curso de la audiencia inicial, motivo por el cual constituyen medios de prueba
válidos30. En estos términos, para resolver el recurso de apelación se encuentran
acreditados los siguientes:

3.5.1. El concejo de Soacha expidió el Acuerdo No. 046 de diez (10) de diciembre
de dos mil nueve (2009)31, cuyo artículo 7 modificó el 76 del Acuerdo No. 043 de
dos mil (2000), cuyo texto quedó de la siguiente manera:

“Artículo 76. Tarifas. Las tarifas del impuesto de industria y comercio se expresan en tanto
por mil (%/oo) y a partir del año 2010 se aplicarán según la actividad económica a que
correspondan de acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)
adoptada para el municipio de Soacha mediante la expedición del Decreto No 475 de 2006,
en concordancia con la clasificación de las actividades económicas contenida en el presente
artículo, así:

CLASE DE ACTIVIDAD CÓDIGO TARIFA
[por mil]
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Producción de alimentos, excepto bebidas; 101 4
producción de calzado y prendas de vestir.
Fabricación de productos primarios de hierro y 102 5
acero; fabricación de material de transporte
Generación de energía eléctrica 103 7
Demás actividades industriales no 104 10
discriminadas anteriormente

3.5.2. En vigencia de esta disposición, Plastilene S.A. utilizó la tarifa [10x1000] y,
con base en ella, liquidó y presentó la declaración del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros32con los siguientes valores:

Año gravable Formulario No Fecha Valor a pagar por concepto
de impuesto
2010 1106 28 de abril de 2011 $1.407.308.000
2011 0115 30 de abril de 2012 $1.481.506.000
2012 1788 30 de abril de 2013 $1.476.704.000

3.5.3. Con la expedición del Acuerdo No. 039 del veintisiete (27) de diciembre de
dos mil doce (2012)33, el concejo municipal modificó – entre otras disposiciones –
“el artículo 76 del Acuerdo No. 043 2000, que fue modificado por el Artículo 7 del
Acuerdo No. 046 de 2009”, cuyo texto quedó de la siguiente manera:

“Artículo 76. Tarifas. Las tarifas del impuesto de industria y comercio se establecen de
conformidad con el Código de Agrupación de la actividad económica que desarrolle el
contribuyente, las cuales son aplicables a partir del periodo gravable año 2013, y se
expresan en tanto por mil (%oo), como se señala a continuación:

30 El artículo 246 del CGP, aplicable a este caso, estipula que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por

disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad,
la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar el cotejo con su original, o a falta de este con una copia expedida
con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.
31 Folios 95 a 107, C.3.
32 Folios 155 a 158, C.3.
33 Folios 112 a 140, C.3.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

CLASE DE ACTIVIDAD CÓDIGO TARIFA
[por mil]
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Producción de alimentos, excepto bebidas; 101 4
producción de calzado y prendas de vestir.
Fabricación de productos primarios de hierro y 102 5
acero; fabricación de material de transporte
Generación de energía eléctrica 103 7
Demás actividades industriales no 104 7
discriminadas anteriormente

En la exposición de motivos del Acuerdo No. 039 de veintisiete (27) de diciembre
de dos mil doce (2012) se consignó que las tarifas del impuesto de industria y
comercio “modificadas mediante el artículo 7 del Acuerdo No. 046 de 2009 (…)
fueron incrementadas de una manera más que proporcional sin tener en cuenta las
tarifas previstas en la Ley 14 de 1983, y sin contemplar que dentro de estas
agrupaciones se encuentran la mayoría de los contribuyentes que desarrollan
actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras, en la jurisdicción
del Municipio de Soacha, registradas ante la Dirección de Impuestos Municipales,
que representan el mayor índice de participación económica en los ingresos por
concepto del Impuesto de Industria y Comercio para el Municipio de Soacha. Con
la aplicación de las nuevas tarifas impartida en el artículo 7 del Acuerdo No 46 de
2009, se observa un desequilibrio económico y tributario, con respecto a los demás
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, generando resultados
negativos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los
contribuyentes afectados con el incremento de las tarifas (…). Así las cosas, es
conveniente y necesario presentar ante el Honorable Concejo Municipal, el
presente proyecto de acuerdo para que dicha Corporación modifique el artículo 76
del acuerdo No 043 de 2000, en lo que respecta a las tarifas del impuesto de
industria y comercio”34.

3.5.4. El 14 de enero de 201635 José Domingo Gutiérrez Alarcón promovió, en
nombre propio, demanda en ejercicio del medio de control de nulidad con la
pretensión de la declaración de nulidad del artículo 7 del Acuerdo No. 046 de dos
mil nueve (2009) por considerarlo contrario al artículo 33 de la Ley 14 de 1983. Al
expediente le fue asignado el radicado 110013337039-2016-00015-00. El treinta
(30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)36 el Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia en la que declaró la nulidad
del aparte “demás actividades industriales no discriminadas anteriormente, código
199, tarifa (por mil) 10”, del Acuerdo No. 046 de dos mil nueve (2009).

La decisión se sustentó en que la norma acusada se apartó de la Ley 14 de 1983 y
el Decreto 1333 de 1986, que fijaron el límite de la tarifa del impuesto de industria y
comercio para las actividades industriales en siete por mil (7x1000), y que el
Concejo Municipal no estaba facultado para establecer la tarifa en el diez por mil
(10x1000), dado que en materia tributaria su competencia es derivada y no original,
motivo por el cual estaba obligado a respetar los baremos previstos en la
mencionada Ley, pues solo el legislador tiene la potestad de establecer los
elementos del tributo37.

34 Folios 115 a 116, C.3.
35 Índice 1 SAMAI link:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013337039201600015001100133
36 Folios 189 a 204, C.2.
37 Estos elementos se encuentran expresamente reconocidos en el artículo 338 de la Constitución en cuanto dispone que “(…) la ley,

las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de
los impuestos”.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

Esta Subsección consultó el expediente en el aplicativo Samai38, y encontró que
con sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018) el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la declaración de la nulidad del Acuerdo
No. 046 de dos mil nueve (2009).

3.5.5. El 28 de abril de 201639 Plastilene S.A. promovió demanda40 en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Soacha, con la pretensión de que se nulitaran las Resoluciones No 402 y 841 de
dos mil quince (2015) a través de las cuales se negó la devolución de las sumas
canceladas en exceso por impuesto de industria y comercio, avisos y tableros
correspondiente a los años gravables dos mil diez (2010) a dos mil doce (2012) y, a
título de restablecimiento del derecho, recabó la devolución de los dineros pagados
en exceso. Fundamentó las pretensiones en que la tarifa prevista en el Acuerdo
No. 046 de dos mil nueve (2009) desconoció lo previsto en el artículo 33 de la Ley
14 de 1983, lo que derivó en un pago mayor al que legalmente le correspondía
realizar. La demanda fue radicada bajo el número 250002337000-2016-01073-00.

El treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)41 la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia en la que resolvió: i)
inaplicar el artículo 7 del Acuerdo No 046 de dos mil nueve (2009); ii) anular (sic)
las Resoluciones No 402 y 841 de dos mil quince (2015) y iii) ordenar “al municipio
de Soacha devolver a Plastilene SA la suma de $1.309.300.844, junto con los
intereses corrientes y moratorios dispuestos en el artículo 863 del Estatuto
Tributario”. Consideró el Tribunal de Cundinamarca, en este caso, que para los
años gravables dos mil diez (2010), dos mil once (2011) y dos mil doce (2012) el
municipio de Soacha estableció una tarifa del impuesto superior a la autorizada por
el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, lo que resultó manifiestamente contrario a lo
preceptuado en los artículos 287 y 313 de la Constitución Política.

La Subsección accedió al expediente digital a través del aplicativo Samai42 y
encontró que la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de
segunda instancia el 30 de julio de 2020, a través de la cual revocó el fallo del 30
de noviembre de 2017, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda,
pues consideró improcedente la devolución de las sumas solicitadas por Plastilene
S.A. “dada la inexistencia del título”; conclusión a la que arribó en consideración a
que no se aportó prueba de la solicitud de corrección de las declaraciones del
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros para los años gravables dos mil
diez (2010) a dos mil doce (2012). Por tanto, las declaraciones “se presumen
legales y válidas, sin que le sea dado a esta Sala realizar un análisis de fondo
sobre la existencia del pago en exceso realizado por la demandante, ni sobre la
inaplicación del artículo 7° del Acuerdo 46 de 2009 del municipio de Soacha”.

3.6. Análisis de la Sala y solución a los problemas jurídicos planteados.

3.6.1. El daño como primer elemento de responsabilidad requiere ser probado con
total certeza por la parte actora, lo que implica que sea cierto en el sentido que
permita su apreciación material y jurídica. Además, para que el juicio de
responsabilidad prospere, las súplicas de la demanda han de encontrar sustento

38 A través del link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013337039201600015012500023
39 Conforme la certificación expedida por la Secretaría de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca visible a folio

184 a 185 del C.2.
40 Escrito de demanda. Folios 153 a 170, C.2.
41 Folios 248 a 258 cuaderno principal 2.
42 El expediente se consultó a través del siguiente link

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002337000201601073011100103

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

jurídico en alguno de los títulos de imputación bajo los cuales es posible declarar
responsable a un ente público. En concreto, respecto de los asuntos en los que se
solicita la declaración de responsabilidad por el hecho del legislador, esta
Corporación indicó que: “el fundamento del deber jurídico de reparar puede residir
tanto en un régimen subjetivo como en el objetivo de la responsabilidad, ora por la
existencia de una falla en la prestación del servicio, ya por violación del principio de
igualdad frente a las cargas públicas, y la exigencia de uno u otro título de
imputación depende de los hechos alegados y acreditados dentro del plenario”43.

3.6.2. El artículo 32 de la Ley 14 de 198344 dispone que el impuesto de industria y
comercio recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio
que sean ejercidas o realizadas en las respectivas jurisdicciones municipales,
directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de
hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles
determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.

Los elementos esenciales de dicho impuesto fueron establecidos en los artículos
32 y 33 ibídem de la siguiente manera: i) hecho gravable: todas las actividades
comerciales, industriales y de servicio; ii) sujeto activo: las respectivas
jurisdicciones municipales; iii) sujeto pasivo: personas naturales y jurídicas; iv)
base gravable: el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente
anterior; y v) tarifa: “Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la
tarifa que determinen los Concejos Municipales dentro de los siguientes límites:

1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales, y
2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales y
de servicios.”

3.7. Caso concreto.

Procede la Sala a abordar el estudio de los cargos que, a través del recurso de
apelación, propuso Plastilene S.A. contra la sentencia de primera instancia.

3.7.1. En lo atinente al planteamiento del problema jurídico a resolver45-46, que
acusa el recurrente como equivocado, la Subsección encuentra que la primera
instancia estudió el daño descrito en la demanda como derivado de la ejecución del
Acuerdo No. 046 de dos mil nueve (2009), en tanto estableció la tarifa del diez por
mil (10x1000) para el impuesto de industria y comercio en la modalidad “demás
actividades industriales no discriminadas anteriormente”, y concluyó que no tiene la
connotación de antijurídico, dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
ordenó47 a través de sentencia judicial48 el reintegro a la Sociedad de las sumas
que pagó en exceso por concepto del impuesto de industria y comercio, avisos y
tableros por los años gravables: dos mil diez (2010), dos mil once (2011) y dos mil
doce (2012), en cumplimiento del mencionado Acuerdo.

43 Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2014, Radicación número: 44001-23-31-000-2001-00282-01(28864)
44 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
45 Punto 2.4.1. del recurso de apelación.
46 Al punto, se remarca que el problema jurídico y la fijación del litigio están orientados a definir con precisión los aspectos legales en

disputa, asegurando así un proceso judicial justo, transparente y eficiente. Es así que esta actuación tiene, entre otros, los siguientes
propósitos: i) delimitar la controversia; ii) satisfacer los principios de economía procesal y congruencia, puesto que la correcta
delimitación de la litis genera eficiencia en la administración de justicia, al evitar dilaciones en tanto la decisión estará fundada en los
hechos, causa petendi y pruebas decretadas y iii) Garantiza el Derecho de defensa, en tanto las partes tienen igual oportunidad de
conocer y controvertir los argumentos y pruebas presentados por sus oponentes.
47 Ídem pie de página 41.
48 De fecha 30 de noviembre de 2017, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 250002337000-

2016-01073-00.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

Esta Sala no advierte un yerro en la fijación del litigio que se adoptó en la audiencia
inicial, pues aquella encontró soporte tanto en los argumentos de la demanda como
en los de la contestación, con plena congruencia frente a las pretensiones que
formuló la parte actora que, por demás, no presentó en la oportunidad procesal
reparo alguno al respecto.

3.7.2. En cuanto a los argumentos con los que el recurrente afirma que el daño sí
existió y que tiene la connotación de ser antijurídico49, la Subsección comparte la
decisión de primera instancia, en tanto concluyó la inexistencia del daño, por las
razones que se pasa a exponer:

i) En desarrollo de una actuación legítima, amparada en el artículo 338 de la
Constitución Política, el municipio de Socha fijó en el Acuerdo No. 046 de dos mil
nueve (2009) la tarifa del diez por mil (10x1000) para la liquidación del impuesto
de industria y comercio, avisos y tableros para las “demás actividades
industriales no discriminadas anteriormente”. En cumplimiento de esta
disposición, Plastilene S.A. liquidó y pagó el impuesto para los años gravables
dos mil diez (2010) a dos mil doce (2012), lo que conllevó a que sufragara un
monto mayor al preceptuado en el artículo 33 de la ley 14 de 1983.

No obstante, se debe remarcar que esta obligación tributaria se derivó
directamente de la actividad industrial que ejecutó la demandante en desarrollo
de su objeto social50, misma que constituye el supuesto previsto en la norma
como hecho generador del impuesto. Por ende, la tarifa que fijó el ente
demandado con el Acuerdo No. 046 de dos mil nueve (2009) no generó por sí
sola una afectación patrimonial a Plastilene S.A., pues el pago del impuesto
comportó un costo asociado a la actividad que ejecutó en el municipio de
Soacha y se trata de una obligación cuyo pago debía asumir como
contribuyente, en tanto y en cuanto, encontró amparo en una disposición
territorial que, en su momento, produjo plenos efectos jurídicos, comoquiera que
la presunción de legalidad que le asistía no fue enervada ni suspendida.

En consecuencia, la mera expedición del Acuerdo No. 046 en contravía de lo
previsto en el artículo 33 de la ley 14 de 1983, no generó el daño en los términos
que reclama el recurso de alzada, pues bien pudo la parte actora, en su
momento, presentar la corrección de la liquidación privada que realizó, para
ajustarla al tope máximo previsto para este impuesto en la citada Ley.

ii) En lo atinente a la tarifa y su aplicación en razón de la vigencia del acto que la
respaldó, se tiene que el artículo 7 del Acuerdo No. 046 de dos mil nueve (2009)
tuvo efectos desde la fecha de su expedición y hasta cuando fue subrogado con
el Acuerdo No. 039 de veintisiete (27) de diciembre de dos mil doce (2012) que
modificó la tarifa para fijarla en el siete por mil (7x1000) frente a las “demás
actividades industriales no discriminadas anteriormente”. Asimismo, para el
momento en que se causó, liquidó y pagó el impuesto, el Acuerdo No. 046
no había sido suspendido o anulado a través de decisión proferida por la
Jurisdicción Administrativa, por lo que tenía plenos efectos en tanto su
presunción de legalidad no había sido desvirtuada. Por ende, en relación con los
años gravables dos mil diez (2010), dos mil once (2011) y dos mil doce (2012)
existía para el extremo demandante la obligación de asumir la carga del pago del
impuesto de conformidad con la tarifa vigente para entonces.

49 Puntos 2.4.2, 2.4.3, y, 2.4.4. del recurso de apelación.
50 El objeto social, conforme al certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Facatativá,

corresponde a “transformación, distribución, fabricación, importación y en general compra y venta de artículos de plástico y sus
correspondientes materias primas”. Folios 3 a 6, C.1.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

La Subsección encuentra pertinente precisar que pese a que el aparte relativo
a la tarifa del diez por mil (10x1000) fue declarado nulo51, lo cierto es que
los efectos de esta decisión no alteran la carga impositiva que, en su
momento, se consolidó para la sociedad demandante, pues desde su
promulgación, y mientras estuvo vigente el multicitado Acuerdo era de obligatorio
cumplimiento para los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros en el municipio de Soacha, como lo ha considerado la
jurisprudencia de esta corporación52.

Repárese que en el ámbito tributario “Para definir si una situación jurídica en
esta materia está consolidada o no, se debe establecer si el contribuyente
afectado cuenta aún con medios administrativos y/o judiciales para la
recuperación del tributo pagado en exceso o no debido con ocasión del acto
administrativo general declarado nulo. Ha sido criterio reiterado de la
Corporación y, recientemente, de la Sala Especial de Decisión No. 4 que, ante
una pretensión de devolución o recuperación de un impuesto que no se
debía, el contribuyente tiene la carga de solicitar a la entidad recaudadora
el resarcimiento por vía administrativa porque así lo impone la regulación
rectora y, en caso de no obtener una respuesta favorable, acudir a la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de 4
meses previsto en el literal d) de numeral 2 del artículo 164 del CPACA. […] Así
pues, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter
general que estableció un tributo tiene efectos ex tunc solo en aquellas
situaciones jurídicas que no se encuentran consolidadas, porque el
contribuyente afectado aún intenta en sede administrativa y/o judicial la
devolución del valor pagado en exceso o no debido.”53

En cuanto a los efectos “ex nunc” y “ex tunc” derivados de la declaratoria de
nulidad de un acto administrativo general54, la Sala plena de lo contencioso
administrativo- Sala novena especial de decisión- en providencia del 13 de
agosto de 2021, proferida dentro del proceso radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) precisó:

“Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un acto
administrativo de carácter general, demandado a través del medio de
control previsto en el artículo 137 del Código Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el artículo 189 ibidem no
señala ningún efecto en el tiempo que deba dársele a esa decisión; tema
que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Corporación, a partir de
las diferencias que existen entre declaración de nulidad y de
inexequibilidad. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una

51 A través de sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), confirmada en providencia del diecisiete (17) de

mayo de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferidas en el proceso de nulidad.
52 En sentencia de 12 de junio de 2003, expediente: AG-2002-0014, la Sección Cuarta de esta Corporación indicó que los efectos

generados por la aplicación de una norma declarada inconstitucional hacia el futuro, no podían desembocar en perjuicio alguno que
pudiera reputarse de antijurídico, pues antes de la sentencia de inexequibilidad, el cumplimiento de la disposición era obligatoria desde
su promulgación para todos los habitantes de la Nación.
53 Op. Cit. 51.
54 La Corte Constitucional, en sentencia T-121 de 2016, puntualizó que: “Los fallos de nulidad proferidos por el Consejo de Estado

tienen efectos ex tunc, es decir, retrotraen la situación a como se encontraba antes de haberse proferido el acto anulado, sin afectar
las situaciones jurídicas que se consolidaron, las cuales, conforme la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, son
aquellas que han quedado en firme, o han sido objeto de pronunciamiento judicial, es decir, que han hecho tránsito a cosa
juzgada, por tanto, no son susceptibles de debatirse ni jurídica ni administrativamente.” (Resaltado fuera de texto).

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

consecuencia restitutoria, como lo señala el artículo 1746 del Código Civil:
[…] Esta consecuencia resarcitoria implica, en materia contenciosa
administrativa, que los efectos de los fallos que declaran la nulidad sean
hacía el pasado, esto es ex tunc, ya que no basta que el acto ilegal sea
retirado del ordenamiento jurídico a partir de la decisión judicial, sino que
es necesario que las situaciones particulares que surgieron en su vigencia
queden como estaban ab initio, ya que no de otra manera podrían
restituirse las cosas a su estado anterior. Sin embargo, estos efectos ex
tunc solo pueden predicarse de situaciones jurídicas particulares que
no están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron en virtud del
acto declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque se
encuentran cuestionadas en sede administrativa o judicial. No ocurre lo
mismo respecto de las situaciones consolidadas que ya no son
susceptibles de ser discutidas en vía administrativa y/o judicial, por
cuanto los fallos de nulidad no las pueden afectar, porque sus efectos
son ex nunc.” (Resaltado fuera de texto).

Es por lo anterior que la aplicación incorrecta del artículo 33 de la ley 14 de 1983
al momento de establecer la tarifa del impuesto en el artículo 7 del Acuerdo No.
046 de dos mil nueve (2009), no prueba la existencia del daño por error del
legislador o por el rompimiento de las cargas públicas.

Ahora bien, en cuanto al pago realizado, es de advertir que correspondía a una
carga legal que la sociedad demandante debía soportar en razón del
cumplimiento del Acuerdo del ente territorial que surtió plenos efectos y cuya
obligación, para entonces, se consolidó.

iii) Por otro lado, el contexto de la situación jurídica particular que se analiza en
el presente asunto, muestra que la sociedad demandante accionó en sede
judicial a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
que solicitó la devolución de las sumas pagadas en exceso por concepto del
impuesto, lo que de contera impide tener por cierto y probado el daño que se
reclama, cosa diferente es que haya obtenido una decisión adversa a sus
pretensiones, pues el juez de conocimiento, apoyado en las pruebas
recaudadas, determinó la improcedencia de la devolución que pretendió.

Al punto, ha sido pacifico el precedente de esta Corporación al decir: “En el
caso de la devolución de tributos y sanciones no puede hablarse de la
existencia de un daño antijurídico y de la configuración de responsabilidad
extracontractual del Estado por la mera declaratoria de nulidad del acto
general o de inexequibilidad de la norma que autorizó su cobro. Esto es
así, porque los pagos que se realizan en vigencia de actos generales o
normas que posteriormente desaparecen del ordenamiento jurídico, no
tienen la condición de antijurídicos, toda vez que los contribuyentes
estaban legítimamente obligados a realizar tales erogaciones, en otras
palabras, se encontraban en el deber legal de soportar la carga impuesta.
Lo último, si se tiene en cuenta que las obligaciones tributarias tienen
fundamento en el deber constitucional de colaborar con las cargas
públicas. En este punto, no se puede soslayar que para la devolución de
gravámenes afectados por una especie de ilegalidad o inconstitucionalidad
sobreviniente, existe un mecanismo especial definido por el legislador para pedir
su restitución, que consiste en solicitar a la entidad recaudadora el reintegro de
los dineros pagados, de manera que el daño se concreta cuando, a pesar de
tener derecho a la devolución, (i) la administración niega la solicitud de forma
expresa o ficta y (ii) la autoridad judicial, a través del medio de control de nulidad

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

y restablecimiento del derecho, se pronuncia sobre el particular. En este último
punto resulta pertinente destacar que el daño no es antijurídico si la
jurisdicción niega la nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho
o la reparación de perjuicios.”55 (Resaltado fuera de texto).

3.7.3. Consecuente con lo anterior, para la Sala el recurso de apelación no tiene
vocación de prosperidad, por lo que, al no estar acreditado el daño, la respuesta al
primer problema jurídico es negativa y, en este orden, no se abordará -por
sustracción de materia- el estudio del segundo problema jurídico, referido a la
imputación.

Por las razones anotadas, se confirmará la sentencia de primera instancia en
cuanto negó las pretensiones de la demanda.

3.8. Finalmente, frente al argumento que ataca la condena en costas de primera
instancia, es importante tener en cuenta que la demanda se interpuso en vigencia
del CPACA y, comoquiera que el artículo 188 de esa codificación, a diferencia de lo
que sucedía en vigor del artículo 55 de la Ley 446 de 199856, impone un régimen de
costas que no depende del análisis subjetivo de la conducta procesal de las partes
(temeridad o mala fe), sino que se determina de manera objetiva y por ministerio de
la Ley respecto de la parte vencida en juicio.

Bajo este entendimiento, este pedimento del recurso no está llamado a prosperar bajo
la norma procesal vigente y aplicable al caso de marras57, pues la imposición de las
costas en este caso se ajustó a derecho.

Por lo expuesto, el cuestionamiento del apelante sobre la condena en costas que
efectuó la primera instancia no es de recibo, de ahí que se impone una respuesta
negativa al tercer problema jurídico y, por ende, la confirmación de lo resuelto por
el Tribunal.

IV. COSTAS

El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”. A su vez, los artículos 365.158 y 36659 aplicables a los procesos
contencioso-administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA60,
establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza,
de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el

55 Op. Cit. 51.
56 Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 (CAPACA)
57 Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2022, exp. 15001-23-31-003-

2011-00399-01 (60629).
58 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se

sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”.
59 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del

proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los
honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que
aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”
(subrayado añadido).
60 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,

cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-01457-03 (63020)
Actor: Plastilene S.A.

proceso en primera instancia, correspondiéndole al juzgador la fijación de las
agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de
la Judicatura.

De acuerdo con las anteriores consideraciones y en atención a que se resolverá
desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra el fallo de primera instancia, resulta procedente condenarla a pagar las costas
causadas; erogación económica que deberá ser liquidada, de manera concentrada,
por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del CGP.

De acuerdo con lo anterior, esta Sala fija agencias en derecho en el equivalente al
0.1% del valor de las pretensiones, de conformidad con las tarifas establecidas en
el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura61.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el diecinueve (19) de septiembre
de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte demandante.
FÍJENSE por Secretaría, como agencias en derecho el monto equivalente al 0.1%
de las pretensiones.

TERCERO: Ejecutoriada la presente DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
SFGS / VFSR

61 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.1. prescribe que, para los medios de control promovidos en la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, la tarifa en única instancia en los asuntos con cuantía será “hasta el quince por ciento (15%) del valor de las
pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”.

16

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