RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2010-00348-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2010-00348-00

Acción de reparación directa

Fecha
16 de julio de 2021
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2010-00348-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esta es, la proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de marzo de 2014 por las razones expuestas. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. TERCERO: Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad de este documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2010-00348-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

16 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS / INEFICACIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / EXPEDICIÓN DEL DECRETO / CONTABILIDAD FINANCIERA / CAPACIDAD FINANCIERA / PAGO DE GASTOS ADICIONALES / GOOD WILL COMERCIAL / PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL / RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO / DERECHO A LA UTILIDAD SOCIETARIA / INVERSIÓN EN TERRENO / VENTA DEL PREDIO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE LA IMPUTACIÓN / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

[L]os medios probatorios no permiten concluir que con la expedición del Decreto 058 de 2008 se haya producido una merma de su clientela o una posición de desventaja financiera en el mercado, que haya obligado a la sociedad a erogar partidas económicas para restablecer el good will o buen nombre comercial y que, debido a la pérdida de este prestigio o reconocimiento de esta empresa, haya dejado de recibir utilidades económicas por los servicios prestados. [E]s razonable concluir que las pretensiones no están llamadas a prosperar, porque no se demostró la existencia de un daño antijurídico atribuible a la entidad demandada, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL / PARTE DEMANDANTE / REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO / CALIDAD DE COMERCIANTE / OBLIGACIÓN LEGAL / CUMPLIMIENTO DE LA NORMA / NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO / ACLARACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE / REGISTRO CONTABLE DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL / CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS / INFORMACIÓN CONTABLE / PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES / DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS / PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RENTA / UTILIDAD CAUSADA

[O]bra en el proceso el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad [accionante] en la Cámara de Comercio, lo cual, permite concluir que la demandante ostentaba la calidad de comerciante y, por lo tanto, debía cumplir con las obligaciones dispuestas en los artículos 19 48 y 50 del Código de Comercio. [E]n la aclaración del dictamen pericial se manifestó que la contabilidad del demandante no se encontraba registrada en los libros correspondientes en la Cámara de Comercio y que, incluso, el sistema donde estaba la información se encontraba dañada, de manera que no se podía establecer el porcentaje de utilidad de la sociedad para los años 2003 a 2008. [C]on el propósito de esclarecer el asunto del margen de utilidad, se refirió a las declaraciones de renta presentada por la [demandante] para los años referenciados y, determinó incluso que para el año 2008, el margen de utilidad fue de 3.54779%, esto es, el mayor presentado de tales anualidades.

PRUEBA DEL PAGO / CLASE DE ARRAS / ARRAS CONFIRMATORIAS / OBLIGACIONES DEL COMPRADOR / FALTA DE PRUEBA / ACEPTACIÓN DEL HECHO / DEVOLUCIÓN DE DINERO / CLASES DE ACTIVIDAD BANCARIA / INTERMEDIACIÓN BANCARIA / FUNCIONES DEL BANCO / INGRESOS POR OPERACIONES BANCARIAS / MEDIOS DE PRUEBA / IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / DAÑO PATRIMONIAL

[S]i bien se acreditó el pago de las arras confirmatorias por parte de los promitentes compradores, no existe claridad ni certeza respecto a la devolución de estas por parte de la demandante. Los certificados bancarios y extractos de las entidades financieras no dan cuenta de tales transacciones; incluso, si bien en la declaración del [comprador] se informó que efectivamente se le retornó el dinero, este manifestó que había sido en una cuenta bancaria en el exterior, situación que no se puede verificar con el material probatorio allegado al proceso. [N]o es posible concluir que realmente se realizó tal pago y que efectivamente la sociedad se vio afectada por tal erogación.

NORMA CONSTITUCIONAL / CLAUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CONCEPTO DE LESIONES / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO / CALIDAD DE VÍCTIMA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INTERÉS LEGAL / CLASES DE OBLIGACIONES / ACCIÓN RESARCITORIA / FUNDAMENTO DE LA LEY / CLASES DE REPARACIÓN DEL DAÑO / CRITERIOS DE LA IMPUTACIÓN / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / BIEN JURÍDICO TUTELADO / DAÑO AL BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO

El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de lesión, fue haber reivindicado el daño y por consiguiente a la víctima y su función en la institución de la responsabilidad. En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación. [E]l análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable sino con la verificación de la existencia del daño, entendido como la alteración negativa a un interés protegido.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo del 2011, rad. 17738, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia del 25 de julio de 2019, rad.: 50315, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CAUSACIÓN DE PERJUICIOS / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CAUSAS DEL DAÑO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR OMISIÓN ADMINISTRATIVA / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / DAÑO CAUSADO POR ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ORDEN JUDICIAL DE JUEZ DE TUTELA

[L]a acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede en aquellos eventos en los cuales los perjuicios alegados son consecuencia de un acto administrativo que se considera ilegal, en tanto que el medio de control de la reparación directa procede en los casos en los que la causa de las pretensiones se hace derivar de un hecho, una omisión, una operación administrativa, o de un acto administrativo, pero siempre que no se cuestione su legalidad, o cuando se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter general […]. [L]a Sección Tercera de esta Corporación, en providencia del 3 de julio de 2020, estableció unas reglas respecto a la procedencia de la acción de reparación directa frente a los actos administrativos revocados directamente […]. [P]ara el caso objeto de estudio resulta aplicable tal regla jurisprudencial, comoquiera que se trata de la reclamación de los perjuicios causados por un acto administrativo revocado en virtud de una orden dada por un juez de tutela, situación que se dio en un plazo inferior a los cuatro meses.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de reparación directa frente a actos administrativos revocados directamente, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de julio de 2020, rad. 54990, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.

CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CLASES DE SANCIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA PROCESAL / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PLAZO EXTINTIVO / CLASES DE TÉRMINO PROCESAL / TÉRMINO DEL RECURSO JUDICIAL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / ACTUACIÓN PROCESAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA PRESCRIPCIÓN / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive. Para casos como el analizado, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, según la cual la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo que deja sin efecto la decisión que afectaba los intereses de su destinatario.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad en caso de daños ocasionados por un acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 27 de febrero de 2019, rad. 60161, María Adriana Marín.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-36-000-2010-00348-00 (51390)

Actor: CERROS DE YERBABUENA S.A.

Demandado: MUNICIPIO DE SOPÓ

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – APELACIÓN DE SENTENCIA -

Temas: PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE DIRECTA / CADUCIDAD –– REVOCATORIA DIRECTA/ NO PRUEBA DEL DAÑO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de marzo de 2014, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Mediante Resolución 150 del 20 de agosto de 2006, la Secretaría de Planeación y Urbanismo de Sopó, expidió licencia de parcelación y urbanismo a favor de la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. Con posterioridad, el alcalde de Sopó profirió el Decreto 058 del 28 de mayo de 2008, por medio del cual suspendió temporalmente la expedición de demarcaciones, licencias de urbanismo, de construcción, parcelaciones, subdivisiones o similares. La sociedad presentó acción de tutela la cual fue resuelta por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó el 14 de julio de 2008, decisión que ordenó revocar el Decreto 058 del 28 de mayo de 2008. El alcalde de Sopó, en cumplimiento de la orden judicial, profirió el Decreto 076 del 16 de julio de 2008.

Los demandantes reclaman los perjuicios que -aseguraron- les fueron causados por la imposibilidad de vender otros lotes debido a la inseguridad jurídica que el acto administrativo causó, así como aquellos derivados de la afectación al Good Will de la empresa.

ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2010, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. presentó demanda contra el municipio de Sopó, con el propósito de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Declarar Administrativa y patrimonialmente responsable al Municipio de Sopó – Departamento de Cundinamarca-, representado legalmente por el señor Alcalde, WILLIAM OCTAVIO VENEGAS, o quien haga sus veces al momento de la notificación, por los daños ocasionados a mi representada, con ocasión de la expedición del Decreto 058 del 28 de mayo de 2008, acto ilegal, cuya revocatoria fue ordenada por el señor Juez Promiscuo Municipal de Sopó, mediante sentencia de tutela proferida el 14 de junio de 2008.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA – ALCALDÍA DE SOPÓ-, a pagar a favor de mi poderdante, la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A., una indemnización que estimo como mínimo en la suma de: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.650’831.800), por los siguientes conceptos:

2.1. QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($550.831.800), representados en el treinta 30% de las utilidades dejadas de percibir por concepto de daños materiales, en la modalidad de daño emergente, por la inejecución de los CONTRATOS firmados entre mi poderdante y los señores: LUIS RENÉ SANTANDER ECHAGUE y JORGE SAUD, con fecha 9 y 10 de julio de 2008, por un valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.836.000.000).

2.2. Los rendimientos financieros equivalentes a la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100’000.000), que dejaron de generar LOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($486.000.000), correspondientes a utilidades futuras (de acuerdo con los expertos en materia de negocios de terrenos y construcción de viviendas campestre), representados en nueve lotes dejados de vender. Utilidad equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de los mismos, en virtud de la incertidumbre que produjo la suspensión del trámite de las licencias de urbanismo, demarcación, construcción y similares en las parcelaciones campestres de CERROS DE YERBABUENA S.A. lotes que tienen un valor total de MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE, ($1.620.000.000), según la CERTIFICACIÓN emitida por el Contador Público GERMÁN CRUZ GARCÍA, portador de la T.P. con matrícula No. 29514-T.

2.3. La SUMA DE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.000.000.000), por concepto de daño al buen nombre (GOOD WILL) de la SOCIEDAD CERROS DE YERBABUENA S.A., en virtud de la expedición del Decreto No. 058 del 28 de mayo del año 2008, emitido por el Alcalde del Municipio de Sopó (Cundinamarca).

3. La liquidación de la anterior condena deberá efectuarse mediante sumas de moneda de curso legal en Colombia y se ajustará tomando como base el índice de Precio al Consumidor (I.P.C.), conforme a lo dispuesto por el artículo 178 del C.C.A.

4. Para el cumplimiento de la Sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Condenar en costas a la parte demandada.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que:

Mediante Resolución 150 del 20 de agosto de 2006, la Subsecretaría de Planeación y Urbanismo del municipio de Sopó expidió licencia de Parcelación y Urbanismo de 28 lotes que integraban el proyecto de vivienda “Villas de Yerbabuena”, ubicado en la Vereda San Gabriel, a favor de la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A.

El Alcalde de Sopó, mediante Decreto 058 del 28 de mayo de 2008, ordenó suspender temporalmente la expedición de demarcaciones, licencias de urbanismo, construcción, parcelaciones, subdivisiones y similares en las parcelaciones campestres de Cerros de Yerbabuena y Villas de Yerbabuena hasta que el representante legal diera estricto cumplimiento a la normatividad y a los requerimientos realizados por la Secretaría de Planeación y Urbanismo.

La Sociedad Cerros de Yerbabuena presentó acción de tutela contra el municipio, trámite durante el cual la demandante celebró los contratos de promesa de compraventa con los señores Jorge Suad y Luis René Santander por los lotes 21 y 15, por un valor de $827.000.000 y $1.009.196.000 respectivamente. Los promitentes compradores cancelaron el valor de las arras a la constructora.

El 11 de julio de 2008, los promitentes compradores manifestaron la decisión de desistir del negocio al enterarse de la existencia del Decreto No 058 de 2008. En consecuencia, la constructora tuvo que devolver las arras. Manifestó la demandante que toda esta situación le impidió concretar nuevos negocios de compraventa sobre otros lotes de la urbanización.

El 14 de julio de 2008, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó profirió fallo mediante el cual tuteló el derecho al debido proceso invocado por la actora y, ordenó revocar el Decreto 058 del 28 de mayo de 2008. El alcalde de Sopó, cumplió la orden judicial impartida a través del Decreto 076 de 16 de julio de 2008.
Según la demanda, la inejecución de los contratos de promesa de compraventa y la afectación al Good Will -buen nombre- de la empresa obedecieron a la expedición irregular del Decreto 058 de 2008, el cual le causó daños que le deben ser reparados.

2. El trámite en primera instancia.

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 3 de septiembre de 2010, el cual se notificó en debida forma a la demandada y al Ministerio Público.

Contestación de la demanda

El Municipio de Sopó contestó la demanda el 14 de diciembre de 2010, de manera oportuna. Se opuso a sus pretensiones, con fundamento en que no le asistía responsabilidad, comoquiera que el Decreto 058 del 28 de mayo de 2008 fue un acto legal que se expidió con el cumplimiento de todas las formalidades.

Sobre las promesas de compraventa de los lotes 15 y 21, señaló que estos negocios jurídicos fueron celebrados el 10 de julio de 2008, con posterioridad a la expedición del Decreto 058, por lo que la inejecución de los contratos fue culpa de la sociedad demandante, la cual tenía pleno conocimiento de la existencia de tal decisión.

Agregó que los promitentes compradores fueron los que desistieron del negocio y, por lo tanto, incumplieron las cláusulas del contrato.

La parte actora adicionó la demanda en el término dispuesto para ello, oportunidad en la que reformó el acápite de pruebas. La demandada contestó la adición, en los mismos términos.

En auto del 21 de octubre de 2011, el Tribunal abrió el proceso a pruebas y mediante auto del 29 de noviembre de 2013, corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.
La parte demandante insistió que se había acreditado la inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto 058 del 28 de mayo de 2008, tal como se dispuso en la sentencia de acción de tutela, proferida el 14 de junio de 2008, por el Juzgado Promiscuo de Sopó.

Sostuvo que dicho acto le causó un daño, que fue cuantificado por el contador público de la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. y el perito que rindió su dictamen en el proceso, en un monto de $1.620’000.000. En ese sentido, indicó que se había afectado el Good Will de la empresa puesto que con la expedición del decreto se había roto la confianza y credibilidad en los compradores de vivienda en la zona, situación que se verificó con la disminución en las ventas de los lotes.

La entidad accionada solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda comoquiera que no se acreditó la existencia de un daño.

Al respecto, manifestó que el dictamen pericial que obraba en el proceso reveló que la sociedad incumplió su deber de llevar la contabilidad en los términos de las normas del Código de Comercio. En ese sentido, reprochó la labor del perito porque se basó en una serie de supuestos y datos hipotéticos, y no en la contabilidad del comerciante.

Agregó que las declaraciones tributarias rendidas por la sociedad demandante evidenciaron que las conclusiones del perito distaban de la realidad respecto de las utilidades declaradas por la demandante ante la DIAN, información que reveló que el año 2008 fue el de mayor utilidad, motivo por el cual no era creíble lo consignado en la prueba pericial.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 13 de marzo de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B denegó las pretensiones de la demanda.

Consideró que la administración pública cometió un error al expedir el acto administrativo 058 del 2008, el cual fue declarado contrario a la ley y a la Constitución Política, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó; sin embargo, la parte actora no demostró la existencia del daño alegado.

Para el a quo, no se generó un detrimento patrimonial para los demandantes, puesto que, con pleno conocimiento de la existencia del acto administrativo, inició el proceso de venta de los lotes 15 y 21, circunstancia que para el Tribunal “elimina la antijuricidad del daño”.

Sobre la afectación del buen nombre y las supuestas pérdidas de la sociedad, indicó que ni los testimonios ni el dictamen pericial permitieron acreditar su configuración y que “para la Sala se hace imposible realizar un análisis respecto de las utilidades generadas por la venta del proyecto Villas de Yerbabuena, antes de la expedición del Decreto No. 058 del 2008 y posterior a ello, en cuanto no existe información de esta circunstancia”.

4. Recurso de apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia. Solicitó que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

Manifestó que, no estaba en la obligación de soportar el daño antijurídico causado, el cual consistió en la rescisión de los contratos de promesa de compraventa suscrita con los señores Jorge Saud y Luis René Santander y el retorno de las arras pactadas en el negocio jurídico, lo cual se originó con la expedición del Decreto 058 del 28 de mayo de 2008 el cual produjo en la comunidad incertidumbre sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas ambientales del proyecto.

Respecto al dictamen pericial, afirmó que, si bien se manifestó que no existían los libros de contabilidad registrados en la Cámara de Comercio, lo cierto era que el auxiliar de la justicia profesional en Contaduría Pública estaba facultado para realizar las operaciones contables, aritméticas y proyecciones pertinentes para determinar el daño emergente, lucro cesante y afectación al Good Will.

5. Trámite de segunda instancia

Recibido el proceso en segunda instancia, mediante providencia del 11 de agosto de 2014 se admitió el recurso de apelación y, el 5 de septiembre siguiente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente.

La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado. La demandada reiteró la posición sostenida en los alegatos de conclusión de primera instancia.

CONSIDERACIONES

Competencia.

El artículo 624 del CGP –que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887– establece que los recursos interpuestos se regirán por la ley vigente al momento de su presentación y la competencia se definirá de acuerdo con las reglas vigentes al momento de formulación de la demanda.

La Sala es competente, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en los términos del artículo 20 del C.P.C., toda vez que para la fecha de presentación de la demanda –31 de mayo de 2010– la cuantía se establecía por el valor de la pretensión mayor.

Teniendo en cuenta lo anterior, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2010 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debía ser equivalente o superior a $257´500.000 y dado que, en el caso concreto, la pretensión mayor es de $1.000.000.000, la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

Procedencia de la acción de reparación directa.

La Sala abordará lo atinente a la procedencia o no del medio de control ejercido, a pesar de que dicho aspecto no fue objeto de estudio en la sentencia dictada por el Tribunal a quo. Lo anterior, por cuanto es tarea de los jueces, indicar la vía procesal correspondiente aun cuando la parte demandante hubiera señalado una diferente.

Con la demanda de reparación directa, la parte actora intenta la declaratoria de responsabilidad de las demandadas, “con ocasión de la expedición del Decreto 058 del 28 de mayo de 2008, acto ilegal, cuya revocatoria fue ordenada por el señor Juez Promiscuo Municipal de Sopó, mediante sentencia de tutela”.
Se debe advertir que la escogencia de los medios de control en ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta Jurisdicción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin pretendido.

Así, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede en aquellos eventos en los cuales los perjuicios alegados son consecuencia de un acto administrativo que se considera ilegal, en tanto que el medio de control de la reparación directa procede en los casos en los que la causa de las pretensiones se hace derivar de un hecho, una omisión, una operación administrativa, o de un acto administrativo, pero siempre que no se cuestione su legalidad, o cuando se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter general.

Ha considerado la Sala que también procede la acción de reparación directa en los siguientes supuestos:

Se pretende la condena por los perjuicios causados por la expedición y ejecución de un acto administrativo ilegal que haya sido objeto de revocatoria directa, o
Cuando se pretende la reparación de los perjuicios causados por la anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere sido favorable al actor, cuando dicha decisión hubiera estado motivada en la inobservancia de las reglas propias del procedimiento administrativo o de las mismas que rigen el ejercicio de la actividad administrativa.

En ese sentido, la Sección Tercera de esta Corporación, en providencia del 3 de julio de 2020, estableció unas reglas respecto a la procedencia de la acción de reparación directa frente a los actos administrativos revocados directamente. Al respecto, manifestó:

“Si la administración profiere un acto administrativo desfavorable y respecto de este ejerce su facultad de revocatoria directa antes de que expiren los 4 meses para demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, el interesado estará habilitado para ejercer la pretensión de reparación directa, cuya oportunidad empieza a correr con la notificación del acto administrativo que deja sin efecto la decisión que afectaba los intereses de su destinatario, dado que desde ese momento se deduce que el interesado conoce la determinación de la administración de reconocer la ilegalidad de su decisión.

La Sala considera que el término para demandar en tales eventos es el establecido de manera general por el legislador frente a la reparación directa -2 años-, sin que sea posible fijar jurisprudencialmente un plazo inferior, pues, si bien el juez de lo contencioso administrativo está habilitado para interpretar la normativa y establecer en qué eventos se puede ejercer determinada acción o medio de control, ello no implica que cuente con facultades para modificar las reglas de caducidad establecidas en la ley..

Ahora bien, para el caso objeto de estudio resulta aplicable tal regla jurisprudencial, comoquiera que se trata de la reclamación de los perjuicios causados por un acto administrativo revocado en virtud de una orden dada por un juez de tutela, situación que se dio en un plazo inferior a los cuatro meses.

En efecto, la Resolución 058 del 28 de mayo de 2009, por medio de la cual el Alcalde de Sopó suspendió temporalmente la expedición de demarcaciones, licencias de urbanismo, construcción, parcelaciones, subdivisiones y similares al proyecto de parcelaciones campestre “Cerros de Yerbabuena y Villas de Yerbabuena del municipio de Sopó” fue derogada por el Decreto 076 del 16 de julio de 2008, esto es, un mes y diecinueve días después de su expedición.

Ejercicio oportuno de la acción.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive.

Para casos como el analizado, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, según la cual la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo que deja sin efecto la decisión que afectaba los intereses de su destinatario.

Ahora, para el presente asunto se tiene que el acto administrativo que revocó el Decreto 058 de 2008 fue proferido el 16 de julio de 2008; sin embargo, no se cuenta con la constancia de notificación de este. No obstante, lo anterior, conforme a lo manifestado en la demanda en el numeral dieciséis del acápite de los hechos, la parte actora reconoció haberse enterado del mismo, motivo por el cual se realizará el conteo de la caducidad a partir del día siguiente de la expedición de este en virtud de la notificación por conducta concluyente, esto es, el 17 de julio de 2008.

Vale destacar que en el plenario obra constancia expedida por el Procurador Quinto Judicial II Administrativo, en la cual se da cuenta de que el actor presentó solicitud de conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, el 2 de abril de 2009 y que, el 2 de julio de la misma anualidad, se dio por fallido dicho trámite.

De modo que la acción de reparación directa radicada el 31 de mayo de 2010, fue presentada de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa.

La Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. está legitimada en la causa por activa en tanto fue la entidad que desarrolló el proyecto de vivienda campestre Cerros de Yerbabuena y Villas de Yerbabuena del municipio de Sopó al ser la entidad que contaba con la licencia de parcelación y construcción y contra la cual se profirió el Decreto 058 del 2008 por medio del cual se suspendió temporalmente la licencia de demarcaciones, de urbanismo, de construcción, parcelaciones o subdivisiones, posteriormente revocado por el Decreto 076 de la misma anualidad.

Por su parte, el Municipio de Sopó tiene interés en controvertir las pretensiones contenidas en la demanda y defender el interés objeto del proceso, por lo que está legitimado formalmente en la causa por pasiva.

5. Análisis de la Sala

Problema jurídico: corresponde a la Sala definir si la promulgación del Decreto 058 del 2008 por el Alcalde de Sopó y, posteriormente derogado a través del Decreto 076 del 2008 en cumplimiento de una orden proferida por un juez de tutela, generó daños a la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. que deban ser resarcidos por el municipio de Sopó.

5.1. El daño

El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de lesión, fue haber reivindicado el daño y por consiguiente a la víctima y su función en la institución de la responsabilidad.

En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación.

En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable sino con la verificación de la existencia del daño, entendido como la alteración negativa a un interés protegido.

Además de lo anterior, el daño, a efectos de que sea resarcible o indemnizable, requiere la constatación de los siguientes elementos: i) certeza, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente que no se limite a una mera conjetura, hipótesis o eventualidad, ii) personal, esto es, que sea padecido por quien lo alega, en tanto haga parte de su patrimonio material o inmaterial, bien por la vía directa o hereditaria, iii) lícito, de modo que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico, y iv) persistente, en tanto no haya sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños).

En el sub examine, el tribunal de primera instancia consideró que el daño alegado por la sociedad demandante correspondiente a la frustración de la venta de los lotes 15 y 21 del proyecto campestre Villas de Yerbabuena no era antijurídico y que la afectación al buen nombre de la sociedad no se había probado, por consiguiente, negó las pretensiones de la demanda. La parte actora controvirtió esas afirmaciones en el recurso de apelación.

El daño del artículo 90 superior es cualificado y para que sea resarcible requiere de la verificación de su antijuridicidad, esto es, que quien lo sufre no tenga la obligación normativa de tolerarlo.

En el caso concreto, la Sala advierte que el daño alegado por el demandante no se acreditó por las razones que se exponen a continuación:

A través de Resolución 150 del 20 de agosto de 2006, la Subsecretaría de Planeación y Urbanismo de Sopó otorgó licencia de parcelación y aprobación del plan general y de la primera etapa en propiedad horizontal a la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A., propietaria del proyecto Villas de Yerbabuena.
Mediante Decreto 058 del 28 de mayo de 2008, el Alcalde Municipal de Sopó, ordenó suspender temporalmente la expedición de demarcaciones, licencias de urbanismo, construcción, parcelaciones, subdivisiones y similares en las Parcelaciones campestres Cerros de Yerbabuena y Villas de Yerbabuena. La sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. interpuso acción de tutela al considerar que se le habían vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y por conexidad a la libre empresa, al trabajo y a la propiedad privada con la expedición del referido acto administrativo.

Encontrándose en firme el Decreto 058 de 2008, los días 9 y 10 de julio de 2008, la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. y los señores Jorge Saud y Luis René Santander celebraron promesa de compraventa sobre los lotes 15 y 21 respectivamente de la parcelación Villas de Yerbabuena, negocios jurídicos en los que se estableció el pago de unas arras confirmatorias, las cuales fueron canceladas por los promitentes compradores, conforme a los comprobantes de caja 4025 y 4026.

La parte actora manifestó que los negocios jurídicos celebrados por los señores Jorge Saud y Luis René Santander fueron rescindidos por la inestabilidad jurídica generada por el Decreto 058 de 2008. Aun cuando la representante legal de la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. adelantó las gestiones para hacerlos desistir de tal decisión, los promitentes compradores nuevamente requirieron la devolución de su dinero. Para acreditar dicha situación se tienen los siguientes medios de prueba:

Copia de contrato de promesa de compraventa suscrito el 9 de julio de 2008 entre la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. y el señor Jorge Saud cuyo objeto consistió en la venta, a través de la transferencia de la totalidad del derecho de dominio, la posesión y tenencia sobre la parcela 15 de la parcelación denominada “Villas de Yerbabuena”.

En la cláusula quinta se pactó el precio por un valor de ochocientos veintisiete millones de pesos ($827’000.000) pago que se dividió en cuatro cuotas. La primera de estas, a título de arras confirmatorias del acuerdo prometido que ha sido recibido a satisfacción por el promitente vendedor por un valor de $15’000.000.

En el contrato se incluyó una cláusula de obligaciones especiales del promitente vendedor en la que se indicó que éste ha realizado las gestiones adecuadas para obtener las Licencias de Urbanismo y Construcción.

Igualmente, obra copia de contrato de promesa de compraventa suscrito el 10 de julio de 2008 entre la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. y el señor Luis René Santander Echague cuyo objeto consistió en realizar la venta, a través de la transferencia de la totalidad del derecho de dominio, la posesión y tenencia sobre el lote 21 de la parcelación denominada “Villas de Yerbabuena”.

En la cláusula quinta se pactó el precio por un valor de mil nueve millones ciento seis mil pesos ($1.009’106.000) pago que se dividió en cuatro cuotas. La primera de estas, a título de arras confirmatorias del acuerdo prometido que ha sido recibido a satisfacción por el promitente vendedor por un valor cien millones de pesos ($100’000.000).

En el contrato se incluyó una cláusula de obligaciones especiales del promitente vendedor en la que se indicó que éste ha realizado las gestiones adecuadas para obtener las Licencias de Urbanismo y Construcción.

Igualmente, se tiene el testimonio del señor Jorge Saud, quien relató haber celebrado promesa de compraventa sobre un lote para la construcción de una vivienda en el proyecto de la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. motivo por el cual pagó un monto aproximado de nueve mil dólares por concepto de arras confirmatorias.

Asimismo, el testigo manifestó que decidió desistir del negocio al enterarse sobre la suspensión de la licencia de construcción, motivo por el cual a través de su asesora jurídica requirió la devolución del dinero que pagó, el cual fue retornado a través de transferencia realizada en la ciudad de Miami.

Por su parte, obran en el proceso los recibos de caja 4025 y 4026 con fecha de 10 de julio de 2008 mediante los cual se estableció que la Sociedad Cerros de Yerbabuena recibió del señor Jorge Saud la suma de quince millones de pesos ($15’000.000) por concepto de “Arras confirmatorias compra lote 15 Villas de Yerbabuena” y del señor Luis René Santander Echagüe la suma de cien millones de pesos ($100’000.000) por concepto de “Arras confirmatorias compra lote 21 Villas de Yerbabuena”.

A su vez, reposa en el expediente la comunicación enviada por los señores Jorge Saud y Luis René Santander Echagüe el 11 de julio de 2008 a la representante legal de Cerros de Yerbabuena, mediante la cual manifestaron su interés en desistir de continuar con la ejecución de las promesas de compraventas.

Por su parte, se tiene el oficio enviado el 14 de julio de 2008 por la Representante Legal a los señores Jorge Saud y Luis René Santander por medio del cual se les informó que habían presentado acción de tutela contra el acto administrativo que había suspendido la licencia de urbanismo..

De la misma manera, está incorporada al proceso la comunicación remitida el día 16 de julio de 2008, por los señores Jorge Saud y Luis René Santander Echagüe a la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. mediante la cual reiteraron su intención de dar por finalizado el negocio de compraventa sobre los lotes y, el requerimiento de la devolución de su dinero, con carácter urgente.

El 14 de julio de 2008, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó, tuteló el derecho fundamental al debido proceso y ordenó al Alcalde Municipal de Sopó revocar el Decreto 058 del 28 de mayo de 2008. En cumplimento de la orden judicial, el Alcalde Municipal de Sopó profirió el Decreto 076 del 16 de julio de 2008.

Ahora bien, la parte actora manifestó que se le habían causado graves perjuicios debido a las pérdidas monetarias con la frustración de las ventas de la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. con la expedición del decreto 058 del 28 de mayo de 2008. Sobre el particular, se practicaron los siguientes medios de prueba:

En el proceso, rindió su testimonio el señor Excer Hower Castiblanco Duque quien laboraba como portero en la urbanización Cerros de Yerbabuena desde el año 2006 y quien manifestó estar el día en que el alcalde de Sopó ingresó al condominio con la intención de cerrar el proyecto de vivienda. Igualmente, indicó que con la expedición del Decreto 058 de 2008 las ventas de los lotes cayeron puesto que al año se vendían entre 10 o 12 lotes pero que con ocasión de la suspensión de la licencia se vendieron solo entre 3 o 4 lotes al año..

A su vez, se tiene el testimonio rendido en el proceso por el señor Rodrigo Hernández Beltrán, trabajador de la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. quien ejecutaba oficios varios, como organizar prados, jardines y atender a personas que acudían a la urbanización. El testigo indicó que las ventas y la estabilidad laboral de los empleados de la sociedad se habían perjudicado con la suspensión de la licencia. Al respecto, manifestó que supo de clientes que rescindieron promesas de compraventa por la desconfianza generada.

Por su parte, con el fin de confirmar la frustración de la venta de los nueve lotes y, por lo tanto, la pérdida del ingreso de la suma de $1.620’000.000, con la expedición del Decreto 059 de 2008, se solicitó tener en cuenta los siguientes medios:

En primer lugar, el testimonio rendido por el señor Germán Cruz García, quien se desempeñó como contador asesor de la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. para la época de los hechos. Sobre el particular, destacó que la suspensión de la licencia de construcción ordenada en el Decreto 058 del 28 de mayo de 2008 causó la pérdida de credibilidad y buen nombre de la entidad en el mercado.

Igualmente, se refirió a los dos negocios de los cuales se retractaron los promitentes compradores. Por su parte, señaló que la empresa Cerros de Yerbabuena dejó de vender en este lapso nueve lotes cuyo valor de venta era de mil seiscientos veinte millones de pesos, conclusión a la que llegó en virtud del promedio de lotes que se vendían.

Igualmente, obra en el proceso el certificado emitido por Germán Cruz García mediante la cual manifestó que a partir de la expedición del Decreto 058 del 28 de mayo de 2008 se ocasionaron daños y perjuicios a la sociedad por la pérdida de venta de nueve lotes por un valor de “mil seiscientos veinte millones de pesos ($1.620’000.oo) (sic)”.

Por su parte, la entidad demandante solicitó designar perito avaluador, inmobiliario y financiero con el fin de acreditar la existencia del Good Will de la sociedad, los rendimientos financieros de la misma y el monto del daño causado al buen nombre de la sociedad, las utilidades dejadas de percibir por la frustración de las ventas de los lotes negociados y de otros nueve lotes dejados de enajenar.

El perito manifestó haber tenido en cuenta la información suministrada en la demanda y en sus anexos, a lo transmitido por los funcionarios de la sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. y los documentos emanados por ellos; en consecuencia, indicó que las ventas si habían bajado conforme al promedio de lotes que se venían negociando y que ello era atribuible a la pérdida de confianza y credibilidad fundamentada en la existencia de una Licencia de Construcción.

En ese sentido, el perito manifestó que se había dado una pérdida del Good Will por un monto de ciento siete millones doscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos ($107.269.148) y, unas pérdidas por las utilidades dejadas de percibir por mil cuatrocientos treinta millones doscientos cincuenta y cinco mil trecientos once pesos ($1.430’255.311), para una pérdida total de mil quinientos treinta y siete millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos ($1.537’524.459).

El peritaje fue objeto de aclaración y complementación por la entidad demandada con el propósito de que este informara al Despacho, conforme a la normatividad contable y tributaria vigente: i) porcentaje de utilidades registradas en la contabilidad, número de lotes vendidos para los años 2003 a 2008 y ii) si en la contabilidad del demandante se encuentra registrado como activo el buen nombre o Good Will de la sociedad y que precise el valor de dicho activo en los libros de contabilidad.

Por lo tanto, el perito resolvió los interrogantes y la solicitud de aclaración indicando que la contabilidad del demandante no se encontraba registrada en los libros de contabilidad y que no había encontrado los libros en la Cámara de Comercio. De manera que el margen de utilidad lo estableció conforme a las declaraciones de renta presentadas por la sociedad para los años 2003 a 2008, de la siguiente manera:

AÑO
INGRESOS NETOS
UTILIDAD NETA
MARGEN DE UTILIDAD
2003
431.005.000
1.337.000
0.031014%
2004
410.000.000
1.999.000
0.487561%
2005
635.000.000
2.195.000
0.345669%
2006
680.000.000
6.911.000
1.016324%
2007
1.028.000.000
14.891.000
1.44854%
2008
680.000.000
24.125.000
3.54779%

Igualmente manifestó que conforme a la Escritura Pública 0348 del 30 de enero de 2009, el lote 15 fue vendido al señor Valeriano Santamaría Cáceres por un valor de $55’000.000. Respecto del lote 21 indicó que se encontraba en el inventario de Cerros de Yerbabuena S.A. y que de acuerdo con la contabilidad no existen libros.

Frente al Good Will o buen nombre manifestó que debido a que la contabilidad del demandante no es llevada de acuerdo con las normas contables colombianas y al no estar registrados los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio, no se encuentra registrado un valor como activo del buen nombre o Good Will de la sociedad.

En cuanto a si se ha realizado el registro de la información contable en los libros de contabilidad señaló que la persona que atendió la revisión de la contabilidad, manifestó que en el sistema se encuentran los registros de la contabilidad pero que hace algunos días el disco duro estaba dañado lo cual hacía “imposible la revisión objetiva de los libros de contabilidad”. Por último, hizo una relación de los lotes vendidos en los años correspondientes a los años 2003-2008 con fundamento a una información que le presentó el demandante.

Sobre la rescisión de los contratos de promesa de compraventa sobre los lotes 15 y 21 de la parcelación “Villas de Yerbabuena”

La Sala observa que las utilidades o ganancias dejadas de percibir por la frustración de los negocios jurídicos, correspondientes a la venta de los lotes 15 y 21 son imputables únicamente a la sociedad demandante.

En efecto, según se probó en el proceso, con pleno conocimiento de la existencia del acto administrativo 058 del 2008 del 28 de mayo de 2008, la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. adelantó las gestiones para la celebración de la promesa de compraventa con los señores Luis René Santander y Jorge Saud, la cual se realizó el día 10 de julio de la misma anualidad.

Entre las obligaciones especiales del promitente vendedor consignadas en las promesas de compraventa de los días 9 y 10 de julio de 2008, en la cláusula decima primera, se pactó que la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. había adelantado todas las gestiones y trámites necesarios para obtener las licencias de urbanismo y construcción la cual daba viabilidad al proyecto residencial.

No obstante, lo anterior, los promitentes compradores no fueron alertados de la existencia del Decreto 058 de 2008, el cual afectaba la licencia referida. En ese sentido, observa esta Sala una conducta de la demandante no solo desleal con su contra parte sino contraria al principio de buena fe que debe regir las relaciones contractuales.
Se probó en el proceso que la actora no alertó dicha situación, todo lo cual permite concluir a la Sala que ese supuesto daño causado es atribuible a la misma entidad demandante al incumplir con sus obligaciones contractuales y en contra del principio de buena fe que rigen los contratos como también del deber de información de todos los aspectos relevantes relacionados con el negocio jurídico.

Por lo tanto, no es dable concluir que dicho daño - la frustración de la compraventa sobre los lotes 15 y 21- sea antijurídico en cuanto este tuvo origen en la deslealtad contractual de la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. en las negociaciones y posterior firma de las promesas de compraventa con los señores Luis René Santander y Jorge Saud.

Adicional a lo anterior, la Sala observa que al tratarse del pago de las arras confirmatorias, por su naturaleza jurídica, ellas no permiten retractarse del negocio jurídico celebrado; de manera que, si la sociedad accedió a la devolución de las mismas y a resolver los contratos de compraventa, dicha situación evidencia la ausencia del daño alegado, comoquiera que fue la propia demandante la que consintió en dejar sin efectos los respectivos contratos.

Adicional a todo lo anterior, la Sala observa que, si bien se acreditó el pago de las arras confirmatorias por parte de los promitentes compradores, no existe claridad ni certeza respecto a la devolución de estas por parte de la demandante. Los certificados bancarios y extractos de las entidades financieras no dan cuenta de tales transacciones; incluso, si bien en la declaración del señor Jorge Saud se informó que efectivamente se le retornó el dinero, este manifestó que había sido en una cuenta bancaria en el exterior, situación que no se puede verificar con el material probatorio allegado al proceso. En consecuencia, no es posible concluir que realmente se realizó tal pago y que efectivamente la sociedad se vio afectada por tal erogación.

Sobre la supuesta afectación al Good Will de la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A.

En el caso concreto, de ninguna de las pruebas se extrae la afectación alegada, ya sea que se trate como una afectación al good will en el marco del daño emergente, por lo que la Sala desfavorecerá lo pretendido de conformidad con lo siguiente:

Los testimonios rendidos por los señores Excer Hower Castiblanco y Rodrigo Hernández Beltrán en su calidad de vigilante y encargado del mantenimiento de las zonas comunes de la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. respectivamente no resultan idóneos para acreditar la afectación al buen nombre de esta, ni mucho menos de la disminución en sus ventas como consecuencia de la expedición del Decreto 058 de 2008.

Ciertamente, sus relatos resultan carentes de sustento fáctico y probatorio frente a la pérdida de presencia comercial de la sociedad en el mercado, como también sobre la supuesta afectación en las ventas y están limitados a dar apreciaciones sin fundamento técnico sobre dicha circunstancia.

Por otro lado, el relato del señor Germán Cruz García y la certificación aportada por este tampoco da la certeza sobre la afectación al buen nombre de la sociedad ni tampoco en la frustración a las ventas de los nueve lotes que este relacionó. Lo anterior, por cuanto no se aportó otro documento que efectivamente permitiera verificar que dichas negociaciones se venían adelantado, y, que la expedición del Decreto 058 de 2008 hubiera incidido negativamente en las tratativas.

Aunado a lo anterior, el testigo mencionó que así lo acreditaba “por el promedio de lotes que se vendían mensualmente”, es decir, con fundamento en una hipótesis futura e incierta. Incluso, tal y como se pasará a explicar, las supuestas pérdidas no se pudieron comprobar en los registros contables por que, conforme al peritaje que obra en el proceso, la entidad no contaba con los libros correspondientes.

Al respecto, debe manifestarse que obra en el proceso el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. en la Cámara de Comercio, lo cual, permite concluir que la demandante ostentaba la calidad de comerciante y, por lo tanto, debía cumplir con las obligaciones dispuestas en los artículos 19 48 y 50 del Código de Comercio.

En efecto, en la aclaración del dictamen pericial se manifestó que la contabilidad del demandante no se encontraba registrada en los libros correspondientes en la Cámara de Comercio y que, incluso, el sistema donde estaba la información se encontraba dañada, de manera que no se podía establecer el porcentaje de utilidad de la sociedad para los años 2003 a 2008.

Sin embargo, con el propósito de esclarecer el asunto del margen de utilidad, se refirió a las declaraciones de renta presentada por la Sociedad Cerros de Yerbabuena S.A. para los años referenciados y, determinó incluso que para el año 2008, el margen de utilidad fue de 3.54779%, esto es, el mayor presentado de tales anualidades.

El perito destacó que no podía dar cuenta sobre el Good Will como un activo del buen nombre de la sociedad por la omisión del demandante de registrar los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio. Finalmente, hizo una relación de los supuestos lotes vendidos en los años correspondientes de 2003-2008 con fundamento a una información suministrada por el demandante, mas no conforme a los libros de contabilidad.

En consecuencia, los medios probatorios no permiten concluir que con la expedición del Decreto 058 de 2008 se haya producido una merma de su clientela o una posición de desventaja financiera en el mercado, que haya obligado a la sociedad a erogar partidas económicas para restablecer el good will o buen nombre comercial y que, debido a la pérdida de este prestigio o reconocimiento de esta empresa, haya dejado de recibir utilidades económicas por los servicios prestados.

Así las cosas, es razonable concluir que las pretensiones no están llamadas a prosperar, porque no se demostró la existencia de un daño antijurídico atribuible a la entidad demandada, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esta es, la proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de marzo de 2014 por las razones expuestas.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

TERCERO: Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad de este documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

Fls. 2-18 c 1
En el folio 1 del cuaderno número 1 obra el poder otorgado al abogado Jorge Pablo Chalela Romano, portador de la tarjeta profesional 58.256 del C.S. de la J.
Fls. 21 c. 1
Fls 36 – 37 c 1. La adición se admitió por medio de decisión del 29 de abril de 2011.
Fls 48 -49 c 1
Fls 51-52 c 1
Fl 134 c 1
Fls 135 – 142 c 1
Fls 143 – 148 c 1
Fls 150 – 161 c ppal.
Fls 163 - 171 c ppal
Fls. 179 – 180 c ppal
Fl. 182 c ppal
Fls. 190- 199 c ppal
Fls 188-189 c ppal
Artículo 26 del CGP. Determinación de la cuantía. “La cuantía se determinará así: // 1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación”.
Suma que resulta de multiplicar 500 por el salario mínimo mensual vigente de 2010, es decir, $515.000,00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2013, radicación 52001-23-31-000-1999-00959-01 (26437), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de julio de 2020. Radicación 15001-23-31-000-2011-00105-01(54990) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2005, expediente 27.842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
Fl 65-66 c 2
Fl 18 c 1
Fls 5 – 8 c 2
Fls61-63 c 1, 265-267, 268-270
Fls 48 -50 c 3
Fls 1 – 3 c 2
Fls 19 – 23 c 1 Se aclara que las copias simples gozan de mérito probatorio conforme a lo decidido por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.
Fls 316 – 320 c 3
Fls 94 – 94 c 2
Fl 33 c 1
Fl 34 c 1
Fl 29 c 2
Fls 30 – 31 c 1
Fl 32 c 2
Fls 8-19 c 2
Fl 4 c 2
Fl 56 c 1
Fls 60.61 c 1
Fl 35 c 1
Ciertamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 1603 del Código Civil “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”. Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio también regula lo referente al principio de buena fe y, dispone que “los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”

Fls 6 – 8 c 1
<OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES>. Es obligación de todo comerciante; 1) Matricularse en el registro mercantil; 2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades; 5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y 6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.
ARTÍCULO 48. <CONFORMIDAD DE LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE A LAS NORMAS COMERCIALES - MEDIOS PARA EL ASIENTO DE OPERACIONES>. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo, será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios.
ARTÍCULO 50. <CONTABILIDAD - REQUISITOS>. La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno.

PAGE

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.