Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06776-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06776-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06776-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
6 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06776-00
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06776-00
Demandante: FABIOLA MEJÍA DE MEJÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora
Fabiola Mejía de Mejía contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de diciembre de 2024, la demandante interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B por estimar vulnerados los
derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la
dignidad humana. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: TUTELAR a favor de mi representada el derecho fundamental a la
lGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL y DIGNIDAD HUMANA.
SEGUNDA: ORDENAR a la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B del CONSEJO DE
ESTADO, dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el día 25 de abril
de 2024 dentro del proceso con radicado único nacional 05001233300020210136701
(3386-2022).
TERCERA: ORDENAR a la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B del CONSEJO DE
ESTADO reemplace la providencia anulada, ordenando dictar sentencia acorde con los
postulados superiores y jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional, en
cuanto a la aplicación del principio de retrospectividad para definir el derecho a la pensión
de sobrevivientes, en amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, equidad y
seguridad social.
CUARTA: Acorde con lo anterior, se REVOQUEN las sentencias ABSOLUTORIAS
proferidas dentro del proceso con radicado único nacional 05001233300020210136701, y
en su lugar se disponga el reconocimiento prestacional de sobrevivientes a favor de la
señora FABIOLA MEJÍA DE MEJÍA en calidad de cónyuge supérstite del causante.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Fabiola Mejía de Mejía contrajo matrimonio con el señor Francisco Mejía
Mejía (†) el 22 de febrero de 1962, vínculo que permaneció vigente hasta el
fallecimiento de este último el 30 de noviembre de 1983.
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
El señor Mejía Mejía (†) prestó sus servicios al departamento de Antioquia, en los
cargos de obrero y supervisor de obras en el periodo comprendido entre el 1º de
febrero de 1971 y el 30 de noviembre de 1983, entidad en la que acumuló un tiempo
de servicios de 12 años y 11 meses.
Como consecuencia de lo anterior, la directora de prestaciones sociales y nómina de
la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional del departamento de
Antioquia mediante Resolución núm. 2018060005179 del 5 de febrero de 2018
reconoció a favor de la actora indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes en su calidad de cónyuge sobreviviente. Decisión que fue confirmada
en la Resolución núm. 2018060223235 del 27 de abril de 2018.
El 10 de diciembre de 2020 la señora Fabiola Mejía de Mejía, solicitó al departamento
de Antioquia el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en aplicación de
la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1295 de 19941, conforme con los principios de
retrospectividad y favorabilidad de la Ley, solicitud que fue negada mediante
Resolución núm. 2021060000655 del 13 de enero de 2021, con el argumento que no
se acreditaba el tiempo mínimo de servicios exigido por la Ley 12 de 1975 y
disposiciones concordantes para la época a efectos de conceder la pensión
deprecada, esto es, 20 años de servicio y no podría darse aplicación al régimen
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, porque no se encontraba vigente
para el momento del fallecimiento del causante de la prestación económica, esto es,
el 30 de noviembre de 1983.
Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recursos de reposición y en subsidio de
apelación y el departamento de Antioquia mediante resoluciones núm.
2021060003989 del 17 de febrero de 2021 y núm. S-2021060007051 del 24 de marzo
de 2021 confirmó la decisión de negar el mencionado reconocimiento.
Contra las referidas decisiones la señora Mejía de Mejía ejerció medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la declaratoria de nulidad
del acto y a título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión de sobreviviente, desde el 30 de noviembre de 1983, en aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1295 de 1994, porque, a su juicio,
al haber fallecido el causante con ocasión a un accidente laboral había lugar a emplear
las mencionadas normas en virtud del principio de favorabilidad.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Antioquia que, en sentencia del 16 de febrero de 2022, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante al considerar
que:
i) no había lugar a dar aplicación a la Ley 100 de 1993 ni al Decreto 1295 de 1994,
porque el señor Francisco Mejía Mejía (†) falleció el 30 de noviembre de 1983 y, en
ese momento, no se encontraba vigente la referida norma.
ii) Para acceder a la sustitución pensional solicitada había lugar a aplicar el artículo 1º
de la Ley 12 de 19752, norma vigente al momento de ocurrencia de los hechos, en la
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Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales que forma parte del
Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993.
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Artículo 1º.- El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del
sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere
antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para
ella en la Ley, o en convenciones colectivas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06776-00
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
que preveía que era necesario que el causante acreditara el cumplimiento del tiempo
de servicio establecido en el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, lo cual no ocurrió,
pues, para el momento de la muerte del causante solo se acreditó 12 años, 10 meses
de servicio y menos de 50 años de edad.
Lo anterior, en concordancia con el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado,
puntualmente, la sentencia del 5 de abril de 20133 en la que precisó que la Ley que
rige la situación prestacional de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes es la
vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior.
La señora Mejía de Mejía inconforme con la decisión de primera instancia presentó
recurso de apelación por considerar que el fallecimiento de su cónyuge tuvo origen
laboral, toda vez que se encontraba en ejercicio del servicio, de manera que, al no
existir normativa que regulara esa situación, con el fin de garantizar sus derechos
fundamentales y de suplir el vacío normativo, era necesario aplicar retrospectivamente
las disposiciones del Decreto 1295 de 1994, en la actualidad derogado por la Ley 776
de 2002, posición que, en todo caso, fue reiterada por la Corte Constitucional en las
sentencias SU-454 de 2020 y T-564 de 2015, en las cuales se indicó que existe la
posibilidad de aplicar, de manera retrospectiva, la Ley 100 de 1993.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 25 de
abril de 2024, revocó la condena en costas y confirmó en todo lo demás la sentencia
apelada, al considerar que no resultaba admisible el criterio expuesto por la
demandante frente a la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 o el Decreto
1295 de 1994, en lugar de la Ley 12 de 1975, en virtud del principio de favorabilidad,
pues de conformidad al criterio jurisprudencial la norma que rige para el
reconocimiento de la prestación es la que se encontraba vigente al momento de la
muerte del afiliado o pensionado, porque es a partir de ese hecho que surge el
derecho. Explicó que en el caso objeto de estudio el fallecimiento del causante ocurrió
el 30 de noviembre de 1983, es decir, que las normas aplicables eran la Ley 12 de
1975 y la Ley 33 de 1985 frente a las cuales no cumplió los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la prestación, en tanto no se acreditaron los 20 años de servicio
requeridos.
Dicha providencia fue notificada de manera electrónica el 11 de junio de 2024.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial porque omitió lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias T-564 de 2015 y T-017 de 2022, en las que la
Corporación otorgó protección especial a la familia como núcleo fundamental de la
sociedad y admitió la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993.
Señaló que cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial e insistió en que, en su caso, había lugar a aplicar
la Ley 100 de 1993 porque su cónyuge falleció como consecuencia de un accidente
laboral y dentro de las normas reglamentarias vigentes para la época, no existía
reconocimiento de pensión de sobreviviente para efecto del fallecimiento por
accidente de trabajo, como si se dio con la expedición del Decreto 1294 de 1994.
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Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado 76001-23-31-000-2007-01611-01. M.P.Luis Rafael Vergara Quintero.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06776-00
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
Finalmente, mencionó que la Corte Suprema de Justicia frente a casos con vacíos
normativos expuso que estos debían ser resueltos en equidad para así evitar cualquier
tipo de injusticia en la resolución de un caso en concreto.
4. Trámite previo
El 11 de diciembre de 2024, el despacho ponente admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la parte demandante, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en calidad de demandados, a los magistrados de la Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y al departamento de
Antioquia como terceros con interés a quienes se les remitió copia de la demanda.
5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por conducto del
magistrado ponente de la decisión objeto de debate, explicó que en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 05001-23-33-000-2021-
01367-01 profirió sentencia de segunda instancia en la que confirmó parcialmente la
decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el
16 de febrero de 2022, en la que fueron negadas las pretensiones de la demanda.
Indicó que la sentencia que se pretende dejar sin efecto fue proferida en consonancia
con la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, vigente desde el 25
de abril de 20134, según la cual, no es procedente la aplicación retroactiva de la Ley
100 de 1993 a situaciones que se consolidaron antes de su entrada en vigor, de
manera que, a la demandante no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión
de sobreviviente, porque el fallecimiento del causante tuvo lugar antes del 1° de abril
de 1994, momento en que entró en vigencia la referida norma.
Manifestó que, si bien, la actora considera que la decisión endilgada desconoció la
sentencia de la Corte Constitucional T-564 de 2015, según la cual:
«(…) no resulta admisible pensar que una persona que aportó al sistema al menos 50
semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento, fue lo suficientemente solidaria con
éste como para que el Estado pueda llegar a reconocer a su núcleo familiar una
prestación económica que garantice que el impacto de su muerte no sea tan drástico;
pero que otra, que falleció antes de una fecha determinada, a pesar de haber cotizado
una cantidad significativa de años (ya no se trata de semanas), no pueda llegar a
configurar esta misma prerrogativa y que sea su núcleo familiar el que tenga que
someterse a condiciones de absoluta e irrazonable desprotección y desamparo. A juicio
de la Sala, en la práctica, resulta absolutamente desproporcionado e irrazonable admitir
que el núcleo familiar de un afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, que
realizó sus cotizaciones durante una cantidad considerablemente elevada de años, se
vea imposibilitado para acceder al reconocimiento de una prestación básica que, como
se indicó con anterioridad, se encuentra íntimamente relacionada con la dignidad
humana y se constituye en uno de los ejemplos por excelencia de la función y naturaleza
del derecho a la seguridad social. Ello, en cuanto el único elemento que permite
diferenciar entre la situación jurídica de quienes desde la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 pueden llegar a beneficiar a sus familiares con una pensión de
sobrevivientes (tras la acreditación de tan solo 50 semanas en los 3 años anteriores a su
fallecimiento) y quienes se encuentran en las condiciones objeto de estudio en la
presente providencia, es precisamente el momento en que ocurrió o se causó la fatalidad.
Elemento que no debería tener injerencia alguna en la constitución de un derecho de
esta envergadura y trascendencia.»
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Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado 76001-23-31-000-2007-01611-01. M.P.Luis Rafael Vergara Quintero.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06776-00
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
En relación con el referido argumento explicó que, si bien, la Corte Constitucional en
la providencia citada como desconocida admitió la aplicación retrospectiva de la Ley
100 de 1993, esto debe sujetarse a los requisitos establecidos en esa misma decisión,
así:
«(…) se estima necesario que se otorgue un trato diferenciado a la situación jurídica de
las personas que dependían económicamente de un familiar que falleció antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, con respecto a aquellos que sufrieron de
dicha contingencia con posterioridad a esa fecha, y se considere que ésta no se ha
consolidado efectivamente en cuanto corresponde a un escenario que:
(i) se encontraba aún en discusión al momento de la entrada en vigencia del actual
modelo constitucional y de la normatividad legal que sí prevé la pensión de
sobrevivientes.
(ii) en la actualidad, continúa produciendo efectos jurídicos (los cuales es necesario
entender como absolutamente desproporcionados e irrazonables, por generar y
mantener en un estado de absoluta desprotección a quienes en él se encuentran
enmarcados)
(iii) surgió como producto de la existencia de un vacío regulatorio que desconocía la
finalidad y objetivo mismo de la existencia de la seguridad social como institución
jurídica. En efecto la configuración de estos factores, en especial la existencia
del vacío normativo y el desproporcionado estado de desprotección que de él se
deriva, hacen indispensable asimilar que, si bien en condiciones normales la
situación jurídica de quien solicita el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, habría de considerarse como consolidada, ello no puede
predicarse en este caso.
Considera la Corte que, en los eventos en los cuales: (i) el afiliado falleció, habiendo
cotizado una elevada cantidad de años al sistema (como los que ha tratado hasta ahora
la jurisprudencia), (ii) sin que haya configurado derecho pensional alguno que le sea
posible sustituir y (iii) sin que al momento de su muerte haya estado vigente la figura de
la pensión de sobrevivientes, es mandatorio concluir que su situación jurídica no se ha
consolidado jurídicamente y, por ello, resulta admisible la aplicación retrospectiva del
ordenamiento jurídico actual en lo relacionado con la figura de la pensión de
sobrevivientes. Ello, como producto del (1) anormal vacío regulatorio que existía en
relación con una institución que permitiera mitigar los efectos del acaecimiento de esta
especial contingencia; (2) el desproporcionado e irrazonable estado de desprotección en
el que, como producto de dicho vacío, se encuentran inmersos; y (3) la ausencia de
resolución definitiva del conflicto.»
En ese sentido, precisó que la situación fáctica de la demandante se encontraba
regulada por la Ley 12 de 1975, según la cual «el cónyuge supérstite, o la compañera
permanente, de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector
público y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del
otro cónyuge si este falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta
prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella
en la Ley o en convenciones colectivas»; sin embargo, explicó que en este caso no se
acreditaron los requisitos para el reconocimiento pensional dado que el causante solo
acreditó 12 años, 10 meses de servicio y menos de 50 años de edad.
En ese orden, argumentó que no se configuró el «vacío regulatorio» que justificara la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, razón por la que en la providencia
objeto de debate no se incurrió en desconocimiento del precedente constitucional.
Por lo anterior, afirmó que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
demandante y, por el contrario, señaló que la acción de tutela de la referencia fue
empleada como una instancia adicional al proceso ordinario, pues lo planteado en la
solicitud de amparo ya fue considerado, controvertido y juzgado en el escenario que
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
correspondía, razón por la que solicitó se declare improcedente la acción de tutela de
la referencia.
6. Intervención de los terceros con interés
La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y el
departamento de Antioquia guardaron silencio frente a los hechos objeto de debate.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
5
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
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mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.
5
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
6
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
De superar ese análisis, corresponderá a la Sala establecer si el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, al proferir la sentencia de segunda instancia del 25
de abril de 2024, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 2021-01367-01, incurrió en el defecto alegado, pues, a juicio de la parte
actora, en su caso, había lugar a aplicar la Ley 100 de 1993, porque su cónyuge
falleció como consecuencia de un accidente laboral y dentro de las normas
reglamentarias vigentes para la época, no existía reconocimiento de pensión de
sobreviviente para efecto del fallecimiento por accidente de trabajo, como si ocurrió
con la expedición del Decreto 1294 de 1994.
Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 9.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06776-00
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(Se destaca)
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
En el caso concreto, la Sala advierte que la señora Fabiola Mejía de Mejía pretende
insistir en la misma discusión jurídica que presentó en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 2021-01367-01, que promovió contra el
departamento de Antioquia con la finalidad de que se ordenará el reconocimiento y
pago de la pensión de sobreviviente.
A juicio de la parte actora, con la providencia demandada el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B no tuvo en cuenta las sentencias T-564 de 2015 y T-
017 de 2022 en las que se admitió la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993.
En principio, el estudio de los cargos en que la demandante sustenta la solicitud de
amparo debería estudiarse a partir del denominado desconocimiento del precedente
de no ser, porque la solicitud de amparo no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, como se pasa a explicar.
En el escrito de tutela la parte actora propone argumentos que ya fueron expuestos
ante la autoridad judicial demandada - en el recurso de apelación - y que fueron
resueltos con suficiencia, sin embargo, manifiesta la inconformidad que le generó las
conclusiones de los jueces de conocimiento, y, en general, la decisión de mantener la
negativa de las pretensiones lo cual es contrario a sus intereses.
La parte actora reiteró lo expuesto al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en relación con que, a su juicio, hay lugar al reconocimiento de la pensión
de sobreviviente porque, en su caso, es posible dar aplicación retrospectiva a la Ley
100 de 1993 y al Decreto 1295 de 1994, en el entendido que su cónyuge murió a
causa de un accidente laboral mientras supervisaba una obra, sin que para la época
existiera una norma que regulara la referida prestación.
La Sala evidencia que se señalaron como argumentos del recurso de apelación los
siguientes:
«El problema jurídico planteado en el asunto de la referencia, se circunscribió en
establecer si se acreditaban o no, los supuestos para el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente demandada en el medio de control, teniendo en cuenta para ello la aplicación
de los principios de favorabilidad y retrospectividad, y si como consecuencia de ello, era
posible declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. Para la resolución
de lo anterior, y estando plenamente acreditada la condición de beneficiaria de la
demandante FABIOLA MEJIA DE MEJIA respecto del causante FRANCISCO LUIS MEJIA
MEJIA en su condición de cónyuge supérstite, estimó el juez a quo que no resultaba
posible la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados, en tanto que el
causante para la fecha de su deceso, no acreditaba el cumplimiento del tiempo de servicio
establecido en el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, para dejar el beneficio pensional
a favor de sus beneficiarios; no resultando posible la aplicación del principio de
favorabilidad y retrospectividad de la norma, toda vez que las expectativas prestacionales
se habían consolidado bajo la norma vigente para el momento del fallecimiento. Lo anterior
no resulta de recibo, ya que en el curso del debate procesal, se acreditó con la respuesta
al exhorto por parte del Departamento de Antioquia, que el fallecimiento causante
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
FRANCISCO LUIS MEJIA MEJIA fue de origen laboral, es decir, se produjo en ejercicio
del servicio, no existiendo dentro de la normas reglamentarias vigentes para la época,
prestación sobrevivencia para efecto del fallecimiento por accidente de trabajo,
debiéndose por tanto, y en garantía de los derechos fundamentales de la demandante, dar
aplicación al principio de retrospectividad, en relación con las disposiciones propias de los
riesgos laborales, dispuestas en un principio por el decreto 1295 de 1994 hoy derogado
en materia de prestaciones por la ley 776 de 2002, pero del cual, al ser la norma
inmediatamente próxima se pide su aplicación retrospectiva, teniendo en cuenta para ello
la equidad como principio general del derecho, y que avala en casos como el de autos su
aplicación, con miras a suplir los vacíos legislativos y evitar situaciones de injusticia, que
resultan inadmisibles en nuestro actual ordenamiento constitucional.
(…)
La posición anterior, no solo ha sido considerada para establecer el beneficio de las
compañeras permanentes a la pensión de sobreviviente, sino también para analizar casos
como el de autos, resultando relevante las decisiones reiteradas de la Corte Constitucional
entre otras la sentencia T 564 de 2015, en donde se dispuso en relación con la
consolidación del derecho y la posibilidad de la aplicación retrospectiva de las
disposiciones de la Ley 100 de 1993. (…)
(…)»
En igual sentido, en el escrito de tutela la demandante alega que:
«(…) Debe señalarse, que los argumentos esgrimidos por la SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B DEL CONSJEO DE ESTADO desconoce los postulados constitucionales
que soportan una aplicación retrospectiva de la Ley ante casos como el de autos (sic), en
los cuales no se ha consolidado la situación jurídica que de ellas se deriva, pues sus
efectos siguen vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permitiera su resolución
definitiva, aceptándose en consecuencia, que una nueva norma pueda entrar a regular y
a modificar situaciones surtidas con anterioridad a su vigencia. Tal como lo señalo la Corte
Constitucional en sentencia T 564 de 2015.
Aunado a lo anterior, y no menos trascendental, es que el fallecimiento del causante el
señor FRANCISCO LUIS MEJIA MEJIA fue en funci6n de sus labores como Supervisor de
Obras de la secretaria de Obras Públicas del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, esto es
se produjo como consecuencia de un accidente laboral, siendo evidente la situaci6n de
desprotección de la demandante, y la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, circunstancias de vulneración que se encuentran debidamente sustentadas en
el acápite de derechos fundamentales vulnerados y fundamentos jurídicos de la
violación.(…)
Desconocimiento de precedente: Cumple con este requisito específico la presente acción,
por cuanto la decisión tomada por la SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION B del
CONSEJO DE ESTADO desconoce los postulados constitucionales y su interpretación
conforme, que posibilitan una aplicación retrospectiva de la ley ante casos como el de
autos (sic), en los cuales no se ha consolidado la situación jurídica que de ellas se deriva,
pues sus efectos siguen vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permitiera su
resolución definitiva, aceptándose en consecuencia, que una nueva norma pueda entrar a
regular y a modificar situaciones surtidas con anterioridad a su vigencia. Al respecto, en
sentencia T 564 de 2015 la Corte Constitucional señaló:
A Juicio de la Sala, en la práctica, resulta absolutamente desproporcionado e irrazonable
admitir que el núcleo familiar de un afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
que realizó sus cotizaciones durante una cantidad considerablemente elevada de años, se
vea imposibilitado para acceder al reconocimiento de una prestación básica que, como se
indicó con anterioridad, se encuentra íntimamente relacionada con la dignidad humana y
se constituye en uno de los ejemplos por excelencia de la función y naturaleza del derecho
a la seguridad social. Ello, en cuanto el único elemento que permite diferenciar entre la
situación jurídica de quienes desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 pueden
llegar a beneficiar a sus familiares con una pensión de sobrevivientes (tras la acreditación
de tan solo 50 semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento) y quienes se
encuentran en las condiciones objeto de estudio en la presente providencia. es
precisamente el momento en que ocurrió o se causó la fatalidad. Elemento que no debería
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
tener injerencia alguna en la constitución de un derecho de esta envergadura y
trascendencia.
Aceptar lo contrario significaría admitir que un afiliado, que a pesar de haber sido solidario
con el sistema y, en un caso hipotético, pudo haber cotizado casi la totalidad de las
semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez, se vea imposibilitado para
dejar, tras su muerte, a su familia en un estado distinto al de una absoluta desprotección;
conforme al cual, no solo tendrían que haber lidiado con la muerte de su ser querido, sino
que, en adición a ello, también se habrían encontrado en la necesidad de empezar a
buscar medios económicos a partir de los cuales pudieran derivar su subsistencia (los
cuales eran suministrados inicialmente por el causante).
A su vez en la sentencia T 017 de 2022 la Corte Constitucional reiteró:
Por tanto, existen excepciones al principio general de irretroactividad de la ley como el que
se da a través de la figura de la retrospectividad. Esto, para asegurar los principios de
equidad, igualdad y justicia.
Ahondando aún más en el alcance de la aplicación retrospectiva de la ley, la Corte ha
sostenido:
De las reglas jurisprudenciales expuestas puede colegirse que una de las excepciones al
principio de irretroactividad de la ley es el principio de retrospectividad, cuyo fin principal
es evitar tratos discriminatorios irrazonables o injustificados que no encuentran sustento a
la luz del texto constitucional. Esta situación se presenta generalmente en tránsitos
legislativos.
Al margen, tampoco es veraz - como lo afirmó el Tribunal- que la Sentencia T-564 de 2015,
hubiese avalado la interpretación expuesta en la sentencia del 25 de abril de 2013 del
Consejo de Estado, según la cual, la ley aplicable para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior.
Contrario a lo expuesto, en dicho fallo, y como se evidenció en la línea jurisprudencial en
la parte considerativa de esta providencia, la Sentencia T-564 de 2015, establece que no
puede entenderse que la situación jurídica en materia pensional se encuentra consolidada
con el fallecimiento del causante. Lo anterior, explicó, puede tener efectos
inconstitucionales, así:
(.) en la situación objeto de análisis, no puede entenderse consolidada la situación jurídica
de estas personas por el solo fallecimiento del causante, en cuanto ésta encontró, en la
especial situación de desprotección a la que fueron sometidos y en la continuada discusión
que ha habido sobre el derecho en cuestión, un factor que impidió su definición (.).
Hipótesis que fue reforzada por la Sentencia T-525 de 2017, al agregar que el déficit de
protección en algunos regímenes pensionales que no contemplaban la prestación
económica de sobrevivientes puede tener el mismo resultado inconstitucional en aquellos
eventos donde los regímenes especiales sí contemplan esta prestación pero
estableciendo requisitos excesivos para acceder a ella, en comparación con el régimen
general.
Adicionalmente, la Sentencia T-525 de 2017 explicó que, en este caso particular, el cual
es plenamente aplicable al caso de la actora, no puede exigirse la condición de que el
causante hubiese cotizado un alto número de semanas al sistema, puesto que apenas
estaba iniciando su vida laboral y a sus veintitrés años era el único trabajo que había
desarrollado.
En el caso bajo estudio, el hijo de la actora contaba con veinte años de edad y también
estaba iniciando su vida laboral en esa institución. Por tanto, es de imposible cumplimiento
exigirle cotizaciones que sobrepasen diez o quince años. Además, como se expuso en la
sentencia que se viene citando, este requisito fundamentalmente persigue evitar un fraude
al sistema, lo cual queda desvirtuado en procesos como los que se están analizando.
De los argumentos esbozados por la Corte Constitucional, se puede establecer que la
interpretación normativa brindada por la SECCION SEGUNDA SUBSECCION B del
CONSEJO DE ESTADO en la sentencia del 25 de abril de 2024, desdibuja los principios
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y postulados constitucionales que otorgan una protecci6n especial a la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, y que posibilitan en casos como el de autos una la aplicación
retrospectiva de la ley 100 de 1993 o el decreto 1295 de 1994. (…)»
En el escrito de tutela, la parte actora expone argumentos que fueron objeto de estudio
por parte de las autoridades judiciales demandadas en el marco del proceso ordinario,
pues su inconformidad se concreta en insistir en que debieron acceder a las
pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago de
la pensión de sobreviviente pretendida, dado que, a su juicio, acudió a la aplicación
del principio de favorabilidad con insistencia en que en su caso hay lugar a aplicar lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994 porque su cónyuge falleció
por motivo de accidente laboral.
Justamente, dichos argumentos fueron resueltos por la autoridad judicial demandada
que, en la providencia objeto de discusión, se refirió expresamente a las
inconformidades de la demandante e indicó:
«En efecto, tal como lo ha señalado esta Sección, la posibilidad de exigir la aplicación de
la Ley 100 de 1993 en los términos señalados en el artículo 288 citado ante el cotejo con
lo indicado en normas anteriores a su vigencia, requiere que el derecho reclamado con
base en la normativa anterior se hubiere consolidado en vigencia de la Ley 100 de
1993, es decir, que esta última estuviera rigiendo en el caso concreto. En el mismo sentido,
señaló que no es factible conceder el derecho reclamado y aplicar
retrospectivamente lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, porque por
esta vía se desconocería el principio de irretroactividad de la ley derivado de la Ley
153 de 1887. Lo citado en precedencia permite concluir la improcedencia de aplicar la Ley
100 de 1993 a situaciones que se consolidaron antes de la entrada en vigencia de esa
norma en virtud del principio de favorabilidad, pues debe tenerse en cuenta la disposición
normativa vigente en el momento de los hechos que dieron origen a la consolidación del
derecho pensional.
(…)
De las pruebas allegadas al expediente, se encuentra acreditado que i) Francisco Mejía
Mejía nació el 5 de diciembre 1939 y falleció el 30 de noviembre de 1983, es decir a la
edad de 44 años 11 meses y 25 días, ii) contrajo matrimonio con Fabiola Mejía de Mejía
el 22 de febrero de 1962, iii) durante su historia laboral prestó su servicio en los cargos de
obrero y supervisor de obras entre el 1º de febrero de 1971 y el 30 de noviembre de 1983,
en el departamento de Antioquia, iv) mediante las resoluciones 2021060000655 del 13 de
enero de 2021, 2021060003989 del 17 de febrero de 2021 y 20211060007051 del 24 de
marzo de 2021 el departamento de Antioquia negó el reconocimiento de la sustitución
pensional (reemplazada por la pensión de sobrevivientes desde la expedición de la Ley
100 del 23 de diciembre de 1993) solicitada por la cónyuge sobreviviente. Inconforme con
la negativa por parte del empleador, Fabiola Mejía de Mejía solicitó la nulidad de las
mencionadas resoluciones con el fin de que le fuera reconocida la pensión de
sobrevivientes en los términos previstos en la Ley 100 de 1993; sin embargo el Tribunal
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el causante no cumplió con los
requisitos previstos en la Ley 12 de 1975 y el Decreto 1848 de 1969, por cuanto al
momento de su fallecimiento contaba con 12 años y 11 meses de servicio y 44 años de
edad.
En cuanto al régimen aplicable indicó que la Ley 100 de 1993 aún no había entrado en
vigencia en 1983, cuando falleció Francisco Mejía Mejía, luego no resultaba aplicable al
presente asunto, ni en virtud del principio de favorabilidad, comoquiera que este
opera entre normativas que se encuentren vigentes para la época en que se haya
causado el derecho, lo cual no ocurre en el presente asunto, de suerte que no es
posible la aplicación de esa ley. En iguales términos negó la aplicación del Decreto 1295
de 1994, solicitado por la demandante en la etapa de alegaciones finales.
Como consecuencia, la demandante objetó la decisión de primera instancia y solicitó la
aplicación retroactiva del Decreto 1295 de 1994 e insistió en que la Corte Constitucional
permitió el estudio excepcional de algunos casos en el marco de la Ley 100 de 1993 sin
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que fuera promulgada, al respecto citó las sentencias SU-454 de 2020 y T-564 de 2015.
Sobre el particular, la Sala encuentra que la muerte del causante acaeció el 30 de
noviembre de 1983, fecha esta para la cual no había sido expedida la Ley 100 de
1993 ni el Decreto 1295 de 1994, de manera que el régimen que resultaba aplicable
era el artículo 1° de la Ley 12 de 1975, que exigía que para efectos de la sustitución
pensional, que el causante hubiese cumplido el tiempo de servicio establecido en la
ley, esto es 20 años de servicio, según el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.
En esos términos, a la demandante Fabiola Mejía de Mejía no le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes establecida en los artículos 46 y 48 de la
Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales causadas con el deceso
de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, cuyos requisitos
de tiempo de servicios no se colmaron, en la medida en que laboró 12 años y 9 meses de
los 20 requeridos. Al respecto, se reitera que el criterio jurisprudencial unificado de esta
Corporación, en materia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ha sido que
la ley que gobierna la situación prestacional de los beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior, toda vez que es en ese momento en que
se causa el derecho a la sustitución pensional.
No resulta admisible el criterio expuesto por la demandante, en pretender que se le aplique
a su situación fáctica la Ley 100 de 1993 o el Decreto 1295 de 1994, en lugar de la Ley 12
de 1975, en virtud del principio de favorabilidad con el fin de garantizar los derechos
fundamentales y de suplir el vacío normativo.
En ese sentido, se precisa que la norma que rige el reconocimiento de la prestación, es la
que se encontraba vigente al momento de la muerte del afiliado o pensionado, puesto que
es a partir de ese hecho que surge el derecho. Por consiguiente, no puede pretenderse
la aplicación del principio de favorabilidad de conformidad con lo regulado en el artículo
288 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, esto solo es viable respecto de aquellas
situaciones causadas en vigencia de la mencionada disposición, es decir que en
circunstancias como la aquí estudiada en la que el derecho se causó el 30 de noviembre
de 1983, antes de la entrada en vigor de esa ley, no es posible aplicar retrospectivamente
su contenido.
Ahora, si bien anteriormente fueron resueltos asuntos con un problema jurídico similar al
planteado por la demandante, en los cuales se aplicó de manera retrospectiva la norma
jurídica, esa posición fue rectificada por la Sección Segunda de esta Corporación, al
concluir que no es posible efectuar dicha interpretación para efectos del reconocimiento
pensional, en tanto ello contraría el principio de irretroactividad de la ley. De igual manera
se entiende respecto de la solicitud de aplicar el Decreto 1295 de 1994, cuya vigencia se
dio casi 10 años después del fallecimiento del causante.
Por todo lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia del 16 de febrero de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Antioquia.(…)»
(Se destaca).
De lo anterior, la Sala advierte que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B determinó claramente que no se cumplían los requisitos para el
reconocimiento de pensión de sobreviviente en aplicación de la Ley 100 de 1993 y del
Decreto 1295 de 1994, en la medida en que con fundamento en la norma vigente al
momento del deceso no se logró probar 20 años de servicio requeridos para tal
reconocimiento, porque la providencia cuestionada precisó que la Ley 100 de 1993 y
el Decreto 1295 de 1994 no eran aplicables al estudio objeto de debate, pues, al
margen de que en ellas se hubiese contemplado el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente por origen de accidente laboral, lo cierto es que las referidas normas no
se encontraban vigentes al momento en que falleció el señor Mejía Mejía.
Al efecto, la autoridad judicial demandada precisó que en sentencia de unificación
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proferida el 25 de abril de 2013 , por la Sección Segunda de esta Corporación,
10
sentencia de unificación del 25 de abril de 2013 radicación 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09) Sección Segunda del
Consejo de Estado, además la autoridad judicial demandada citó las sentencias del 7 de octubre de 2010 radicación 76001-23-
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determinó que no es posible efectuar la interpretación que aquí plantea la parte actora
para efectos del reconocimiento pensional, en tanto ello contraría el principio de
irretroactividad de la ley.
Si bien, con idéntico propósito la actora citó como desconocidas las sentencias T-564
de 2015 y T-017 de 2022, la Sala anota que tienen como fin prolongar la misma
discusión, las cuales en todo caso guardan consonancia con lo expresado por la Corte
Constitucional en distintas sentencias de unificación11 en las que ha reiterado que la
retrospectividad permite aplicar normas nuevas a situaciones en curso, siempre que
el derecho no se haya consolidado bajo la norma anterior. Asimismo, aclaró que
el principio de favorabilidad, si bien es aplicable para resolver conflictos entre normas,
no puede invocarse para otorgar derechos cuando no existía ni siquiera una
expectativa de estos bajo las leyes vigentes al momento de los hechos.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, se advierte que la inconformidad
de la parte actora, más que por la configuración de algún defecto, tiene que ver con
interpretación jurisprudencial y normativa desplegada por la autoridad judicial y a las
conclusiones que se derivaron a partir de esta, lo cual condujo a que profiriera una
decisión contraria a sus intereses, lo que desde ningún punto de vista constituye la
vulneración de algún derecho fundamental.
De lo anterior, resulta evidente que las inconformidades que la parte actora plantea
en esta instancia constitucional fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural
de conocimiento, dado que como se vio los argumentos abordados a lo largo del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho son los mismos que ahora expone
ante el juez de tutela, lo que hace improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
Siendo así, como se expuso, aunque la demandante alega que la providencia objeto
de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que, en últimas, lo que se
pretende con la solicitud de amparo es ampliar el debate respecto al reconocimiento
de la pensión de sobreviviente, lo cual en todo caso ya fue decidido por el juez natural
de la causa, razón por la que la acción de tutela carece de relevancia constitucional.
Lo anterior, porque, como se anticipó, para dar por superado el requisito general para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistente en la
relevancia constitucional, es necesario que la acción de tutela no se erija en una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.
Luego, la solicitud de amparo no cumple con un requisito de procedencia que habilite
el estudio de los cargos por parte del juez constitucional y, en esa medida, es
improcedente por la falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Fabiola Mejía
de Mejía, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
31-000-2007-00062-01 (0761-09), 18 de febrero de 2010 radicación 08001- 23-31-000-2004-00283-01 (1514-08), 16 de abril de
2009 radicación 76001-23-31-000-2004-00293- 01 (2300-06), entre otras en las que se ha seguido la misma línea jurisprudencial.
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SU-309 de 2019, SU-082 de 2022
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ
ARGÜELLO MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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