Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01367-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01367-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01367-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
Demandado: Departamento de Antioquia
Tema: Pensión de sobrevivientes / No cumple requisito de tiempo
laborado
Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 16 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Fabiola Mejía de Mejía presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos 2021060000655 del 13 de enero de
2021, 2021060003989 del 17 de febrero de 2021 y 2021060007051 del 24 de
marzo de 2021, proferidos por el departamento de Antioquia, mediante los cuales
se negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes2.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) se declarara que Francisco Mejía Mejía causó la pensión de
sobrevivientes, por reunir los requisitos previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de
1993, ii) se condenara al departamento de Antioquia al reconocimiento y pago de
la prestación a favor de Fabiola Mejía de Mejía, en los términos del artículo 46 de
1 En adelante CPACA.
2 Índice 2 de Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 050001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
la Ley 100 de 1993, en virtud del principio de retroactividad, y de las mesadas
adeudadas; iii) se condenara a la entidad en costas; y iv) se ordenara el pago de
los intereses según lo dispuesto en los artículos 192 y 195 ibidem.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
Fabiola Mejía de Mejía contrajo matrimonio con Francisco Mejía Mejía el 22 de
febrero de 1962, producto de esa unión nacieron tres hijos que actualmente
cuentan con la mayoría de edad y gozan de sus capacidades físicas y mentales.
El 30 de noviembre de 1983 falleció Francisco Mejía Mejía.
El causante se vinculó como trabajador oficial al servicio del departamento de
Antioquia, en calidad de obrero desde el 1º de febrero de 1971 hasta el 1º de abril
de 1981. El 2 de abril siguiente fue vinculado como empleado público, en el cargo
de supervisor, hasta su fallecimiento, es decir por 12 años y 305 días.
Fabiola Mejía de Mejía solicitó la prestación subsidiaria de indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes al departamento de Antioquia y el 5 de
febrero de 2018 mediante la Resolución 20180600005179, le fue reconocida. Sin
embargo, inconforme con el monto la beneficiaria presentó recurso de reposición,
el cual fue resuelto mediante la Resolución S201806223235 del 27 de abril de
2018, que confirmó la decisión.
Posteriormente, la demandante solicitó la pensión de sobrevivientes, pero el
departamento de Antioquia negó su reconocimiento, a través de la Resolución
2021060000655 del 13 de enero de 2021, con fundamento en que no reunió el
requisito de 20 años de servicio, previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, en
concordancia con el artículo 1º de la Ley 12 de 1975.
La anterior decisión fue confirmada a través de las resoluciones 2021006003989
del 17 de febrero de 2021 y 2021060007051 del 24 de marzo de 2021, que
resolvieron los recursos de reposición y de apelación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, señalaron los artículos 25, 48 y 53 de la Constitución Política; 46,
47,48 y 288 de la Ley 100 de 1993.
En cuanto al concepto de violación se expusieron los siguientes argumentos3:
El acto demandado vulneró las normas referenciadas, al negar el reconocimiento
de la pensión pretendida y al desconocer la aplicación del principio de
3 Índice 2 de Samai, actuación: ED_ONEDRIVE_2_282022(.zip) NroActua 2.
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
favorabilidad y el derecho a la seguridad social, por cuanto la entidad omitió
estudiar la pretensión solicitada en virtud de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993,
puesto que el causante acreditó los requisitos allí previstos, por ejemplo, el tiempo
de cotización exigido para conceder la prestación. En ese sentido, la entidad debió
aplicar de manera retrospectiva la mencionada Ley 100.
De otra parte, la demandada pasó por alto el precedente jurisprudencial contenido
en las sentencias de tutela T-891 de 2011, T-072 de 2012, T-587 A de 2012, T-
564 de 2015 y T-116 de 2016 de la Corte Constitucional, en el cual se concluyó
que, en virtud de los principios de favorabilidad y de igualdad, las disposiciones
contenidas en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993 son posibles y
aplicables retrospectivamente al caso en estudio, así como las del artículo 12 de la
Ley 797 de 2003.
Finalmente, solicitó la indexación de la condena, en respuesta al fenómeno
económico derivado de la depreciación de la moneda, que tiene como propósito
conservar en el tiempo su poder adquisitivo.
1.2. Contestación de la demanda
La gobernación de Antioquia se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por
las razones que se expresan a continuación4:
Francisco Mejía Mejía falleció el 30 de noviembre de 1983 sin que hubiera
alcanzado el estatus de pensionado.
La Ley 153 de 1887 que regula la vigencia de la ley en el tiempo, indica que las
leyes rigen desde su promulgación hacia el futuro y hasta su derogatoria, de
manera que no está llamada a regular situaciones surgidas antes de ese
momento, con el fin de proteger el principio de la seguridad jurídica y del
juzgamiento según la normatividad preexistente al hecho que se imputa, como lo
determina el artículo 29 de la Constitución Política. No obstante, la excepción a
esta disposición se presenta en materia penal y disciplinaria, en virtud del principio
de favorabilidad.
De acuerdo con la jurisprudencia, la diferencia entre los derechos adquiridos y la
simple expectativa, es que los primeros únicamente nacen a la vida jurídica
cuando los supuestos de hecho que exige la norma para ello son cumplidos, es
decir cuando es tangible, contrario a las expectativas que son probabilidades o
esperanzas que se tienen de obtener, en alguna oportunidad un derecho, por ende
pueden ser modificadas por el legislador según los parámetros de equidad y
justicia trazados por el constituyente.
En el caso concreto la normativa aplicable resultaba ser la Ley 12 de 1975, por
4 Índice 2 de Samai, actuación: ED_ONEDRIVE_2_282022(.zip) NroActua 2.
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
cuanto se encontraba vigente al momento del fallecimiento de Francisco Mejía
Mejía, esto es el 30 de noviembre de 1983. La demandante solicitó el
reconocimiento pensional de sobrevivientes respecto de su cónyuge, sin embargo,
el causante no alcanzó a adquirir el derecho antes de morir; ni a acreditar los 20
años de servicios exigidos, por lo que no hay lugar a acceder a lo pretendido
No es procedente aplicar de manera retrospectiva los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, de acuerdo con el precedente contenido en la sentencia T-564 de
2015, puesto que en esta providencia la Corte Constitucional no ordenó extender
sus efectos para todos los casos.
Finalmente propuso las excepciones de i) inexistencia de la obligación, ii)
prescripción, iii) legalidad de los actos demandados e inexistencia de la causal de
nulidad invocada, iv) presunción de buena fe y justa causa para actuar y v)
compensación.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la demandante. Para tal efecto, se pronunció en estos
términos5:
El marco legal que resultaba aplicable al caso objeto de estudio era el establecido
en el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, por cuanto Francisco Mejía Mejía falleció el
30 de noviembre de 1983, de manera que para sustituir la pensión a la cónyuge
sobreviviente era necesario que el causante acreditara el cumplimiento del tiempo
de servicio establecido en el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, lo cual no
ocurrió, puesto que para el momento de su muerte acreditó solo 12 años y 10
meses de servicio y menos de 50 años de edad.
Ahora bien, el Decreto 1824 de 1965 que reglamentó el tema de los aportes y
recaudos para el seguro de invalidez y vejez, precisó que, si empleador incumple
con la obligación de afiliar a sus trabajadores, no implica la terminación de su
responsabilidad de compensar el resultante del cálculo actuarial por el periodo no
cotizado, pues con el fin de no afectar el derecho al reconocimiento pensional,
deberá reconocer la indemnización sustitutiva, tal y como ocurrió, en efecto, con la
demandante. Sin embargo, para resultar beneficiario de la pensión de
sobrevivientes es necesaria la concurrencia de aspectos como la realización del
riesgo, la solidaridad, la financiación y el aseguramiento.
Sobre el particular, el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado ha señalado
que, respecto del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la ley que rige
la situación prestacional de los beneficiarios es la vigente al momento del
fallecimiento del causante y no una posterior, toda vez que es ahí cuando se
5 Índice 2 de Samai, actuación: ED_ONEDRIVE_2_282022(.zip) NroActua 2.
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
causa el derecho a la sustitución pensional6. De manera que, el principio de
favorabilidad únicamente resulta viable entre las disposiciones que estén vigentes
para la época en que se cause el derecho. En ese orden, como la situación que
originó las pretensiones de la demanda ocurrió antes de la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993, no es posible su aplicación al caso concreto.
De otra parte, durante la etapa de alegaciones finales la demandante solicitó la
aplicación del Decreto 1295 de 1994, por cuanto la causa del fallecimiento de
Francisco Mejía Mejía fue un accidente de tránsito durante una misión de trabajo;
sin embargo, tampoco resulta viable el estudio del presente asunto en virtud de
esa normatividad, comoquiera que tampoco se encontraba vigente al momento de
la muerte del causante.
1.4. El recurso de apelación
Fabiola Mejía de Mejía interpusieron recurso de apelación7, con fundamento en lo
siguiente:
El fallecimiento de Francisco Mejía Mejía fue de origen laboral, toda vez que se
encontraba en ejercicio del servicio, de manera que al no existir normativa que
regulara esa situación, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la
demandante y de suplir el vacío normativo, resulta necesario aplicar
retrospectivamente las disposiciones del Decreto 1295 de 1994, en la actualidad
derogado por la Ley 776 de 2002. Aspecto reiterado por la Corte Constitucional en
sentencias SU-454 de 2020 y T-564 de 2015, entre otras, en las cuales se
establece la posibilidad de aplicar, de manera retrospectiva, la Ley 100 de 1993.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
1.5.1. La Gobernación de Antioquia reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda y solicitó confirmar la sentencia proferida en primera
instancia8. En cuanto a lo manifestado en el recurso de apelación, en el presente
asunto resulta irrelevante la causa de la muerte del causante, comoquiera que
para la época de los hechos no existía normativa alguna que previera una
prestación periódica para el caso de muerte por accidente laboral, puesto que solo
existían las disposiciones contenidas en la Ley 12 de 1975, que no fueron
alcanzadas por la demandante, debido a que no se acreditó el requisito del tiempo
de servicio prestado por el causante.
1.5.2. La demandante guardó silencio en esta oportunidad.
6 Sentencia del 25 de abril de 2013, radicado 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-2009).
7 Índice 2 de Samai, actuación: ED_ONEDRIVE_2_282022(.zip) NroActua 2.
8 Índice 9 de Samai, actuación:
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 9.
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en los
siguientes términos9:
La sentencia objetada debe confirmarse, toda vez que resulta improcedente el
acatamiento de una providencia de tutela con efecto inter-partes de un derecho y
la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, en virtud del principio de
favorabilidad, por cuanto el causante falleció antes de la entrada en vigencia de
esa ley.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿Fabiola Mejía de Mejía tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su calidad de cónyuge
sobreviviente, en los términos del Decreto 1295 de 1994, en la actualidad
derogado por la Ley 776 de 2002, pese a que el fallecimiento del causante tuvo
ocasión antes de su entrada en vigencia, en virtud de los principios de
favorabilidad y retrospectividad de la ley?
2.2. Marco normativo
Régimen general para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
En materia de sustitución pensional la Ley 33 de 197310, estableció:
«Artículo 1. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación,
invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este oficial o
semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en
forma vitalicia.
[…]
Parágrafo 2. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan
derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les
queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley».
Con posterioridad, el legislador a través de la Ley 12 de 197511 estableció la
posibilidad de sustituir la pensión en aquellos casos en los que el causante de la
prestación fallecía antes de cumplir la edad cronológica, pero acreditaba el tiempo
de servicios exigidos por la ley, así:
9 Índice 10 de Samai, actuación:
MemorialWebFLF_10CONCEPTO_202233933862021PENSOBREVDEFABIOLAMEJIADEMEJIAVSA
NTIOQUIA(.pdf) NroActua 10.
10 «Por el cual se transforman en vitalicias las pensiones de las viudas».
11 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
6
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o
inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas…».
De lo anterior se infiere, que si bien en principio el derecho a la sustitución
pensional solo surgía para los beneficiarios de un empleado público cuando a la
fecha de su fallecimiento este había perfeccionado o consolidado completamente
el derecho jubilatorio, con posterioridad el legislador lo extendió para los casos en
los que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de la
familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.
Ahora bien, una vez expedida la Constitución Política de 1991, en su artículo 48 se
estableció que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio y
un derecho irrenunciable, de tal manera que, por la estructura de este derecho, es
el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución. En dicho
estatuto se estableció la pensión de sobrevivencia como una prestación del
Sistema General de Seguridad Social, cuyos requisitos para su reconocimiento por
mandato constitucional, fueron definidos mediante las leyes, puesto que el artículo
48 de la Carta Política12 reguló la siguiente disposición:
«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley.
[…]
Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás
condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de
invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una
pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del
Sistema General de Pensiones».
Posteriormente, fue expedida la Ley 100 de 199313 que derogó tácitamente14 la
Ley 12 de 1975. Esta nueva norma reguló la pensión de sobrevivientes tanto en el
12 Adicionado desde el inciso 7º en adelante por el Acto Legislativo 1 de 2005.
13 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
14 Corte Constitucional, sentencia C-328 de 2001. «Derogación de la norma acusada y estudio de
los cargos del demandante.
2- La norma acusada hace parte de la Ley 113 de 1985, que adiciona la Ley 12 de 1975, que
regula ciertos aspectos de la llamada pensión de sobrevivientes. Ahora bien, la Ley 100 de 1993,
que es norma posterior, creó el sistema general de seguridad general, y en su libro primero
establece el régimen general de pensiones. Específicamente, ese libro primero regula
integralmente la pensión de sobrevivientes, tanto en el régimen de prima media (artículos 46 y ss.)
como en el de ahorro individual (arts. 73 y ss).
La Corte Suprema de Justicia, en su momento y la Corte Constitucional han reconocido, en
numerosas ocasiones, ese efecto derogatorio de la ley posterior que regula integralmente un tema.
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Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
régimen de prima media con prestación definida15 como en el de ahorro
individual16 y señaló que esta prestación se obtiene no solamente en el caso del
fallecimiento del pensionado sino también en el evento en que el causante que
fallezca hubiera cotizado al sistema por lo menos 26 semanas, en ese momento o
habiendo dejado de cotizar, efectuara aportes por 26 semanas en el año
inmediatamente anterior.
La Ley 100 de 1993, en su artículo 46, modificado por el artículo 12 de la Ley 797
de 200317, determinó que los beneficiarios del causante tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes, siempre y cuando el causante hubiere cotizado 50
semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento,
así:
«ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes
condiciones…»18.
De no darse las condiciones expuestas para el otorgamiento de la pensión de
sobrevivientes, en los artículos 49 y 78 de la Ley 100 de 1993 se creó para el
régimen solidario de prima media con prestación definida, la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, la cual es equivalente a un salario base
de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.
De otro lado, para el régimen de ahorro individual con solidaridad, se estableció la
devolución de saldos, según la cual los beneficiarios del afiliado tienen derecho a
recibir la totalidad del monto abonado en la cuenta individual de ahorro pensional
del causante, incluidos los rendimientos y el valor del bono pensional, si a este
hubiera lugar. La norma establece al respecto, lo siguiente:
«TÍTULO II
Así, la Corte Suprema -Sala Plena-en múltiples pronunciamientos reiteró que el ejercicio de la
facultad legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales
integrales implica la derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo cuerpo
normativo, tesis que ha sido plenamente aceptada por esta Corte Constitucional.
Ahora bien, en este caso, la norma previa acusada no consagra ningún régimen especial, por lo
cual debe entenderse derogada por el sistema integral posterior de la Ley 100 de 1993, tal y como
lo ha entendido esta Corte. Es pues claro que el artículo impugnado fue derogado. El interrogante
que surge entonces es si esa derogación implica que la Corte deba inhibirse de conocer los cargos
de la demanda».
15 Artículos 46 a 49 de la Ley 100 de 1993.
16 Artículos 73 a 78 de la Ley 100 de 1993
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
18 Literales a) y b) declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-556
DE 2009. M.P.: Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
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Radicado: 050001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
Régimen solidario de prima media con prestación definida
[…]
CAPÍTULO IV
Pensión de sobrevivientes
[…]
Artículo. 49. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Los
miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese
reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a
recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera
correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
prevista en el artículo 37 de la presente ley.
[…]
TÍTULO III
Régimen de ahorro individual con solidaridad
[…]
CAPÍTULO IV
Pensión de sobrevivientes
(…)
Articulo. 78.-Devolución de saldos. Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los
requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se les entregará a sus
beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro
pensionad, incluidos los rendimientos, y el valor del bono pensionad si a éste hubiera
lugar…».
Entonces, se tiene que el sistema de sustitución pensional de que trataba la Ley
12 de 1975, artículo 1, fue derogado de manera tácita por el de pensión de
sobrevivientes contenido en los artículos 46 a 49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993;
por tanto, en la actualidad la pensión de sobrevivientes quedó regulada dentro del
Sistema de Seguridad Social Integral establecido en la aludida ley que entró a
regir el 1° de abril de 1994, por mandato de su artículo 151 y es desde esa fecha
que se deben aplicar las disposiciones contenidas en dicha ley sobre pensión de
sobrevivientes.
Improcedencia de la aplicación por favorabilidad y retrospectividad del
régimen general de pensiones
El artículo 288 de la Ley 100 de 1993 desarrolló los principios de favorabilidad e
igualdad, en los siguientes términos:
«[…] Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes
anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y
servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable
cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo
dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la
totalidad de disposiciones de esta Ley […]».
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Radicado: 050001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
Esta Corporación a través de la sentencia del 29 de abril de 201019 precisó que en
materia laboral, en aplicación del artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y en
desarrollo del principio de favorabilidad, podía ser aplicada de forma retrospectiva,
en el entendido de que la nueva ley podía regular ciertas situaciones o hechos
jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una ley anterior no
tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como derecho
bajo la ley antigua.
Posteriormente, mediante la sentencia del 25 de abril de 2013, la Sección
Segunda de esta Corporación20 rectificó la posición frente a la aplicación
retrospectiva del régimen general de pensiones en virtud del principio de
favorabilidad e igualdad previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y,
consideró que la ley que resulta aplicable es la que se encuentre vigente al
momento en que se estructura el derecho, esto es en el caso de la pensión de
sobrevivientes en la fecha en que se produjo la muerte. En efecto, señaló:
«[…]
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del
señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su
fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se
pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley,
derivado de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que
se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y,
solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra,
el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la
Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a
partir del 1º de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron
en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más
años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su
reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1 de 2012, en las que, en
materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley,
precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior […]»
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
número interno 0548-2009.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25
de abril de 2013, MP: Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 1605-2009
10
Radicado: 050001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
En efecto, tal como lo ha señalado esta Sección21, la posibilidad de exigir la
aplicación de la Ley 100 de 1993 en los términos señalados en el artículo 288
citado ante el cotejo con lo indicado en normas anteriores a su vigencia, requiere
que el derecho reclamado con base en la normativa anterior se hubiere
consolidado en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, que esta última estuviera
rigiendo en el caso concreto.
En el mismo sentido, señaló que no es factible conceder el derecho reclamado y
aplicar retrospectivamente lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
porque por esta vía se desconocería el principio de irretroactividad de la ley
derivado de la Ley 153 de 1887. Lo citado en precedencia permite concluir la
improcedencia de aplicar la Ley 100 de 1993 a situaciones que se consolidaron
antes de la entrada en vigencia de esa norma en virtud del principio de
favorabilidad, pues debe tenerse en cuenta la disposición normativa vigente en el
momento de los hechos que dieron origen a la consolidación del derecho
pensional.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• Francisco Mejía Mejía nació el 5 de diciembre 1939, el 22 de febrero de 1962
contrajo matrimonio con Fabiola Mejía de Mejía y el 30 de noviembre de 1983
falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio producto de las graves lesiones
sufridas durante un accidente de tránsito ocurrido en misión oficial de Prado a
Heliconia22.
• El 16 de marzo de 1981 el analista de personal de obras públicas de Antioquia le
comunicó al causante que mediante Decreto 0667 del 11 de marzo de 1981, el
gobierno departamental lo nombró en el cargo de supervisor de obras en la
división de conservación23
• Mediante la Resolución 2018060005179 del 5 de febrero de 2018 la directora de
prestaciones sociales y nómina de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional del departamento de Antioquia reconoció una indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a favor de Fabiola Mejía de Mejía, en
su calidad de cónyuge sobreviviente, con fundamento en el inciso 4 del artículo 13
del Decreto 1474 de 1997 y en que el causante prestó sus servicios en ese
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 3 de marzo de 2015, MP Gustavo Gómez Aranguren, número interno 0328-2014
16 Folio 58 del expediente digital
22 Según la copia de la cédula de ciudadanía, copia del registro de defunción y del registro civil de
matrimonios visibles en el índice 2 de Samai, actuación: ED_ONEDRIVE_2_282022(.zip) NroActua
2.
23
Índice 2 de Samai, actuación: ED_ONEDRIVE_2_282022(.zip) NroActua 2
11
Radicado: 050001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
departamento como supervisor de obras en la Secretaría de Obras Públicas desde
el 1º de febrero de 1971 hasta el 30 de noviembre de 1983, es decir por 4.620
días, por la suma de 6’784.013. Decisión que fue confirmada a través de la
Resolución 2018060223235 del 27 de abril de 201824.
• El 10 de abril de 2019 el departamento de Antioquia certificó que Francisco Mejía
Mejía laboró para esa entidad desde el 1º de febrero de 1971 hasta el 30 de
noviembre de 1983 y ejerció los cargos de obrero y de supervisor sin que se
hubieran realizado descuentos para seguridad social25.
• A través de Resolución 2021060000655 del 13 de enero de 2021 el
departamento de Antioquia negó el reconocimiento de la sustitución pensional
(reemplazada por la pensión de sobrevivientes desde la expedición de la Ley 100
del 23 de diciembre de 1993) solicitada con ocasión del fallecimiento de Francisco
Mejía Mejía26. Inconforme con lo anterior, Fabiola Mejía de Mejía interpuso los
recursos de reposición y en subsidio el de apelación; sin embargo, la entidad
confirmó la decisión mediante las resoluciones 2021060003989 del 17 de febrero
de 2021 y 20211060007051 del 24 de marzo de 2021.
De las pruebas allegadas al expediente, se encuentra acreditado que i) Francisco
Mejía Mejía nació el 5 de diciembre 1939 y falleció el 30 de noviembre de 1983, es
decir a la edad de 44 años 11 meses y 25 días, ii) contrajo matrimonio con Fabiola
Mejía de Mejía el 22 de febrero de 1962, iii) durante su historia laboral prestó su
servicio en los cargos de obrero y supervisor de obras entre el 1º de febrero de
1971 y el 30 de noviembre de 1983, en el departamento de Antioquia, iv) mediante
las resoluciones 2021060000655 del 13 de enero de 2021, 2021060003989 del 17
de febrero de 2021 y 20211060007051 del 24 de marzo de 2021 el departamento
de Antioquia negó el reconocimiento de la sustitución pensional (reemplazada por
la pensión de sobrevivientes desde la expedición de la Ley 100 del 23 de
diciembre de 1993) solicitada por la cónyuge sobreviviente.
Inconforme con la negativa por parte del empleador, Fabiola Mejía de Mejía
solicitó la nulidad de las mencionadas resoluciones con el fin de que le fuera
reconocida la pensión de sobrevivientes en los términos previstos en la Ley 100 de
1993; sin embargo el Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que el causante no cumplió con los requisitos previstos en la Ley 12 de 1975 y el
Decreto 1848 de 1969, por cuanto al momento de su fallecimiento contaba con 12
años y 11 meses de servicio y 44 años de edad.
En cuanto al régimen aplicable indicó que la Ley 100 de 1993 aún no había
entrado en vigencia en 1983, cuando falleció Francisco Mejía Mejía, luego no
resultaba aplicable al presente asunto, ni en virtud del principio de favorabilidad,
comoquiera que este opera entre normativas que se encuentren vigentes para la
24 Índice 2 de Samai, actuación: ED_ONEDRIVE_2_282022(.zip) NroActua 2.
25 Índice 2 de Samai, actuación: ED_ONEDRIVE_2_282022(.zip) NroActua 2.
26 Índice 2 de Samai, actuación: ED_ONEDRIVE_2_282022(.zip) NroActua 2.
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Radicado: 050001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
época en que se haya causado el derecho, lo cual no ocurre en el presente
asunto, de suerte que no es posible la aplicación de esa ley. En iguales términos
negó la aplicación del Decreto 1295 de 1994, solicitado por la demandante en la
etapa de alegaciones finales.
Como consecuencia, la demandante objetó la decisión de primera instancia y
solicitó la aplicación retroactiva del Decreto 1295 de 1994 e insistió en que la
Corte Constitucional permitió el estudio excepcional de algunos casos en el marco
de la Ley 100 de 1993 sin que fuera promulgada, al respecto citó las sentencias
SU-454 de 2020 y T-564 de 2015.
Sobre el particular, la Sala encuentra que la muerte del causante acaeció el 30 de
noviembre de 1983, fecha esta para la cual no había sido expedida la Ley 100 de
1993 ni el Decreto 1295 de 1994, de manera que el régimen que resultaba
aplicable era el artículo 1° de la Ley 12 de 1975, que exigía que para efectos de la
sustitución pensional, que el causante hubiese cumplido el tiempo de servicio
establecido en la ley, esto es 20 años de servicio, según el artículo 1° de la Ley 33
de 1985.
En esos términos, a la demandante Fabiola Mejía de Mejía no le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes establecida en los artículos 46 y
48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales causadas
con el deceso de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la normatividad
anterior, cuyos requisitos de tiempo de servicios no se colmaron, en la medida en
que laboró 12 años y 9 meses de los 20 requeridos.
Al respecto, se reitera que el criterio jurisprudencial unificado de esta Corporación,
en materia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ha sido que la ley
que gobierna la situación prestacional de los beneficiarios es la vigente al
momento del fallecimiento del causante y no una posterior, toda vez que es en ese
momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional27.
No resulta admisible el criterio expuesto por la demandante, en pretender que se
le aplique a su situación fáctica la Ley 100 de 1993 o el Decreto 1295 de 1994, en
lugar de la Ley 12 de 1975, en virtud del principio de favorabilidad con el fin de
garantizar los derechos fundamentales y de suplir el vacío normativo.
En ese sentido, se precisa que la norma que rige el reconocimiento de la
prestación, es la que se encontraba vigente al momento de la muerte del afiliado o
pensionado, puesto que es a partir de ese hecho que surge el derecho. Por
consiguiente, no puede pretenderse la aplicación del principio de favorabilidad de
27
Sobre el particular se pueden consultar la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013
radicación 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09) y las sentencias del 7 de octubre de 2010
radicación 76001-23-31-000-2007-00062-01 (0761-09), 18 de febrero de 2010 radicación 08001-
23-31-000-2004-00283-01 (1514-08), 16 de abril de 2009 radicación 76001-23-31-000-2004-00293-
01 (2300-06), entre otras.
13
Radicado: 050001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
conformidad con lo regulado en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, toda vez
que, esto solo es viable respecto de aquellas situaciones causadas en vigencia de
la mencionada disposición, es decir que en circunstancias como la aquí estudiada
en la que el derecho se causó el 30 de noviembre de 1983, antes de la entrada en
vigor de esa ley, no es posible aplicar retrospectivamente su contenido.
Ahora, si bien anteriormente fueron resueltos asuntos con un problema jurídico
similar al planteado por la demandante, en los cuales se aplicó de manera
retrospectiva la norma jurídica, esa posición fue rectificada por la Sección
Segunda de esta Corporación, al concluir que no es posible efectuar dicha
interpretación para efectos del reconocimiento pensional, en tanto ello contraría el
principio de irretroactividad de la ley. De igual manera se entiende respecto de la
solicitud de aplicar el Decreto 1295 de 1994, cuya vigencia se dio casi 10 años
después del fallecimiento del causante.
Por todo lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia del 16 de febrero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia.
Finalmente, en razón a que la demandante solicitó en el recurso de apelación
revocar la sentencia de primera instancia, la condena en costas en su contra será
objeto de análisis en esta oportunidad.
Por tanto, se advierte que en la providencia apelada el a quo, de manera
restrictiva y con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el
365 del CGP, condenó en costas a la parte demandada sin realizar un análisis de
aspectos relevantes para su imposición, como la temeridad o la mala fe en que
pudo haber incurrido la parte vencida, pese a que para ello, debió tener certeza de
la conducta desplegada por aquella y comprobar si se causaron dichas costas,
razón por la cual al no predicarse el mal proceder de la demandante se revocará la
decisión del juez de primera instancia en lo que respecta a este punto.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
14
Radicado: 050001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la
parte demandada, así como de adicionarla en la sentencia de primera instancia,
pues no se acreditó temeridad o mala fe en su conducta.
3. Conclusión
La Sala no encontró acreditada la ilegalidad de los actos demandados que
negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, motivo por el cual se
confirmará la sentencia proferida el 16 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda y se
revocará la condena en costas, por cuanto no fue probado su actuar temerario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 16 de febrero
de 2022, por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar:
«SEGUNDO: Negar la condena en costas».
Segundo. - Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 16 de febrero de
2022 por el Tribunal Administrativo del Antioquia, por los motivos expuestos en
esta providencia
28En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
15
Radicado: 050001-23-33-000-2021-01367-01 (3386-2022)
Demandante: Fabiola Mejía de Mejía
Tercero. - Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Vmtl
16
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