Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06776-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06776-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06776-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06776-01
Accionante: FABIOLA MEJÍA DE MEJÍA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente por no cumplir con el requisito general
de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
6 de febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Fabiola Mejía de Mejía, actuando a través de apoderado, solicitó la
protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al
mínimo vital y a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó a la providencia
de 25 de abril de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 05001-23-33-000-2021-01367-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó que el 22 de febrero de 1962 contrajo matrimonio con Francisco Mejía
Mejía, quien falleció el 30 de noviembre de 1983.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06776-01
Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
2.2. Señaló que el señor Francisco Mejía Mejía prestó sus servicios al Departamento
de Antioquia desde el 1° de febrero de 1971 hasta el 30 de noviembre de 1983,
entidad en la que acumuló un tiempo de servicios de 12 años y 11 meses.
2.3. Comentó que la directora de prestaciones sociales y nómina de la Secretaría de
Gestión Humana y Desarrollo Organizacional del departamento de Antioquia,
mediante Resolución núm. 2018060005179 de 5 de febrero de 2018, reconoció a
su favor la indemnización sustitutiva en su calidad de cónyuge sobreviviente.
Decisión que fue confirmada mediante Resolución núm. 2018060223235 del 27 de
abril de 2018.
2.4. Manifestó que el 10 de diciembre de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión de sobreviviente en aplicación a la Ley 100 de 23 de diciembre de 19931
y del Decreto núm. 1295 de 22 de junio de 19942. Solicitud que fue negada a través
de la Resolución 20210600000655 de 13 de enero de 2021 y confirmada mediante
las Resoluciones 2021006003989 de 17 de febrero de 2021 y 2021060007051 de
24 de marzo de 2021.
2.5. Relató que por lo anterior promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 05001-23-33-000-2021-01367-00/01 contra el Departamento de
Antioquia, para que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio
de los cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente.
2.6. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
de Antioquia, autoridad judicial que, mediante providencia de 16 de febrero de 2022,
negó las pretensiones de la demanda.
2.7. Refirió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de
25 de abril de 2024, confirmó la sentencia de primera instancia, y revocó el ordinal
segundo para en su lugar negar la condena en costas.
2.8. Afirmó que la providencia antes referida vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana, al incurrir en
un desconocimiento del precedente.
2.9. Adujó que la sentencia de segunda instancia omitió aplicar lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias T-564 de 20153 y T-017 de 20224 en las que se
otorgó protección especial a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y
admitió la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993.
2.10. Señaló que en su caso particular se debe aplicar la Ley 100 de 1993 porque su
cónyuge falleció como consecuencia de un accidente laboral y dentro de las normas
1
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales".
3
Corte Constitucional, Sentencia de 3 de septiembre de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
4
Corte Constitucional, Sentencia de 26 de enero de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06776-01
Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
reglamentarias vigentes para la época, no existía reconocimiento de pensión de
sobreviviente por fallecimiento en accidente de trabajo.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: TUTELAR a favor de mi representada el derecho fundamental
a la IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL y DIGNIDAD
HUMANA.
SEGUNDA: ORDENAR a la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B del
CONSEJO DE ESTADO, dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia
proferida el día 25 de abril de 2024 dentro del proceso con radicado único
nacional 05001233300020210136701 (3386-2022).
TERCERA: ORDENAR a la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B del
CONSEJO DE ESTADO reemplace la providencia anulada, ordenando dictar
sentencia acorde con los postulados superiores y jurisprudenciales dispuestos
por la Corte Constitucional, en cuanto a la aplicación del principio de
retrospectividad para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes, en
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, equidad y seguridad
social.
CUARTA: Acorde con lo anterior, se REVOQUEN las sentencias
ABSOLUTORIAS proferidas dentro del proceso con radicado único nacional
05001233300020210136701, y en su lugar se disponga el reconocimiento
prestacional de sobrevivientes a favor de la señora FABIOLA MEJÍA DE MEJÍA
en calidad de cónyuge supérstite del causante […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 11 de diciembre de 2024, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso a la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia y al Departamento de Antioquia.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, por cuanto lo planteado en el escrito de tutela ya fue
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06776-01
Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
considerado y analizado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 6 de febrero de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela al concluir que “[…] las
inconformidades que la parte actora plantea en esta instancia constitucional fueron
objeto de pronunciamiento por el juez natural de conocimiento, dado que como se
vio los argumentos abordados a lo largo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho son los mismos que ahora expone ante el juez de
tutela […]”.
7. A su vez señaló que “[…] aunque la demandante alega que la providencia objeto
de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que, en últimas, lo que se
pretende con la solicitud de amparo es ampliar el debate respecto al reconocimiento
de la pensión de sobreviviente, lo cual en todo caso ya fue decidido por el juez
natural de la causa, razón por la que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. El accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revoque la
decisión, al considerar que “[…] el amparo deprecado en contra de la providencia
judicial, procura precisamente el evitar tratos discriminatorios como el que se está
dando con la accionante, bajo criterios interpretativos no acordes con la axiología
constitucional, y en clara contravía del precedente que ha fijado la Corte
Constitucional […]”.
9. Adicionalmente indicó que “[…] tampoco pude ser de recibo la consideración del
juez a quo en cuanto a que el derecho reclamado ya se encontraba consolidado
bajo las disposiciones del decreto 1848 de 1969, ya que como se expuso en el
proceso judicial y en la presente acción, lo relativo al derecho pensional de la actora
no se ha consolidado jurídicamente a la fecha y sigue teniendo consecuencias
legales respecto de sus derechos fundamentales al mínimo vital y dignidad
humana, resultando necesario que las decisiones como la que aquí se recurre, se
ajusten a los postulados establecidos en el pacto social, más aún, cuando quedó
acreditado que el fallecimiento del causante había sido en función de sus labores
como Supervisor de Obras de las Secretaría de Obras Públicas del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, situación que no ameritó ningún
pronunciamiento de fondo por el juez a quo, quien baso sus consideraciones en
interpretaciones restrictivas y alejada de los postulados constitucionales,
desconociendo entre otros el principio de equidad. […]”.
5
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Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20198, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20249.
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido,
presuntamente, en un desconocimiento del precedente.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
7
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
10
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
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Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos
parámetros.
18. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
20. La señora Fabiola Mejía de Mejía, actuando a través de apoderado, solicitó la
protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al
mínimo vital y a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó a la providencia
de 25 de abril de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 05001-23-33-000-2021-01367-00/01.
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental15 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales17, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
17
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
18
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
19
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202321.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales22.
28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la
dignidad humana, al incurrir, presuntamente, en un desconocimiento del precedente.
21
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06776-01
Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
30. Adujó que la sentencia de segunda instancia omitió aplicar lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias T-564 de 2015 y T-017 de 2022 en las que se otorgó
protección especial a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y admitió la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993.
31. Señaló que en su caso particular se debe aplicar la Ley 100 de 1993 porque su
cónyuge falleció como consecuencia de un accidente laboral y dentro de las normas
reglamentarias vigentes para la época, no existía reconocimiento de pensión de
sobreviviente por fallecimiento en accidente de trabajo.
32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.
33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
34. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez de segunda
instancia, en el proceso contencioso, confirmó la decisión de primera instancia en
la cual se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
35. A su vez se advierte que los argumentos presentados en esta acción de tutela
fueron expuestos en sede contenciosa administrativa.
36. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la providencia cuestionada:
“[…] En cuanto al régimen aplicable indicó que la Ley 100 de 1993 aún no había
entrado en vigencia en 1983, cuando falleció Francisco Mejía Mejía, luego no
resultaba aplicable al presente asunto, ni en virtud del principio de favorabilidad,
comoquiera que este opera entre normativas que se encuentren vigentes para
la época en que se haya causado el derecho, lo cual no ocurre en el presente
asunto, de suerte que no es posible la aplicación de esa ley. En iguales
términos negó la aplicación del Decreto 1295 de 1994, solicitado por la
demandante en la etapa de alegaciones finales.
Como consecuencia, la demandante objetó la decisión de primera instancia y
solicitó la aplicación retroactiva del Decreto 1295 de 1994 e insistió en que la
Corte Constitucional permitió el estudio excepcional de algunos casos en el
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Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
marco de la Ley 100 de 1993 sin que fuera promulgada, al respecto citó las
sentencias SU-454 de 2020 y T-564 de 2015.
Sobre el particular, la Sala encuentra que la muerte del causante acaeció el 30
de noviembre de 1983, fecha esta para la cual no había sido expedida la Ley
100 de 1993 ni el Decreto 1295 de 1994, de manera que el régimen que
resultaba aplicable era el artículo 1° de la Ley 12 de 1975, que exigía que para
efectos de la sustitución pensional, que el causante hubiese cumplido el tiempo
de servicio establecido en la ley, esto es 20 años de servicio, según el artículo
1° de la Ley 33 de 1985.
En esos términos, a la demandante Fabiola Mejía de Mejía no le asiste derecho
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes establecida en los artículos
46 y 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales
causadas con el deceso de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la
normatividad anterior, cuyos requisitos de tiempo de servicios no se colmaron,
en la medida en que laboró 12 años y 9 meses de los 20 requeridos.
Al respecto, se reitera que el criterio jurisprudencial unificado de esta
Corporación, en materia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
ha sido que la ley que gobierna la situación prestacional de los beneficiarios es
la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior, toda
vez que es en ese momento en que se causa el derecho a la sustitución
pensional.
No resulta admisible el criterio expuesto por la demandante, en pretender que
se le aplique a su situación fáctica la Ley 100 de 1993 o el Decreto 1295 de
1994, en lugar de la Ley 12 de 1975, en virtud del principio de favorabilidad con
el fin de garantizar los derechos fundamentales y de suplir el vacío normativo.
En ese sentido, se precisa que la norma que rige el reconocimiento de la
prestación, es la que se encontraba vigente al momento de la muerte del
afiliado o pensionado, puesto que es a partir de ese hecho que surge el
derecho. Por consiguiente, no puede pretenderse la aplicación del principio de
favorabilidad de conformidad con lo regulado en el artículo 288 de la Ley 100
de 1993, toda vez que, esto solo es viable respecto de aquellas situaciones
causadas en vigencia de la mencionada disposición, es decir que en
circunstancias como la aquí estudiada en la que el derecho se causó el 30 de
noviembre de 1983, antes de la entrada en vigor de esa ley, no es posible
aplicar retrospectivamente su contenido.
Ahora, si bien anteriormente fueron resueltos asuntos con un problema jurídico
similar al planteado por la demandante, en los cuales se aplicó de manera
retrospectiva la norma jurídica, esa posición fue rectificada por la Sección
Segunda de esta Corporación, al concluir que no es posible efectuar dicha
interpretación para efectos del reconocimiento pensional, en tanto ello contraría
el principio de irretroactividad de la ley. De igual manera se entiende respecto
de la solicitud de aplicar el Decreto 1295 de 1994, cuya vigencia se dio casi 10
años después del fallecimiento del causante […]” [Subrayado fuera del texto]
37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la autoridad contenciosa administrativa y no se
observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso
contencioso administrativo.
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Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
38. Se observa que el juez al resolver el caso aplicó el artículo 1° de la Ley 12 de 16
de enero de 197523 en razón a que “[…] la muerte del causante acaeció el 30 de
noviembre de 1983 […]”, fecha en la que aún no se había promulgado la Ley 100
de 1993 ni el Decreto 1295 de 1994.
39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”24.
40. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”25. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”26.
41. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de febrero de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
23 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25
Ibidem.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Fabiola Mejía de Mejía
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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