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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06791-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06791-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por la accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06791-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de enero de 2025

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 6 79 1- 0 0

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06791-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar -CAJACOPI- Atlántico
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

Tema: Acción de tutela contra autos en los que se negó una solicitud de nulidad procesal
por indebida notificación.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la Caja de Compensación
Familiar -CAJACOPI- Atlántico en contra del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Quibdó y del Tribunal Administrativo del Chocó, con ocasión de las
providencias del 7 de marzo y 14 de noviembre de 2024 proferidas,
respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado 27001-33-33-003-2019-
00020-00/01.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se proteja su derecho fundamental al debido proceso,
el cual considera vulnerado con los autos previamente referenciados.

HECHOS

La actora afirmó que la señora Felisa Murillo Hurtado y otros instauraron demanda
ejecutiva en su contra, así como del municipio de Cantón del San Pablo y Barrios
Unidos EPS, con fundamento en la sentencia del 30 de octubre de 2013 proferida

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por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Quibdó, con la finalidad
de que se librara mandamiento de pago.

Que en el escrito de demanda el apoderado de la parte demandante indicó como
su dirección de notificación la calle 44 núm. 46-56 en Barranquilla y los correos
electrónicos apizarro@cajacopi.com y sgonzalez@cajacopi.com.

Que su dirección para efectos de notificaciones judiciales es la carrera 46 núm. 53-
34, piso 2, torre B, Edificio Nelmar, en Barranquilla y el correo electrónico
documentación@cajacopi.com, según consta en el documento emitido por la
Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas
Especiales.

Que por esa razón nunca recibió en debida forma la notificación del auto de
mandamiento de pago que se expidió el 30 de abril de 2019 ni las demás
comunicaciones, lo que generó que no pudiera contestar la demanda, presentar
excepciones y, en general, ejercer su derecho de defensa y contradicción, por lo
cual solicitó la nulidad de lo actuado.

Que el 7 de marzo de 2024 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó
negó lo peticionado porque evidenció que el auto por medio del cual se libró
mandamiento de pago y la demanda fueron notificados al correo electrónico
aportado en la demanda, y que en el expediente obraba el certificado expedido por
la empresa 472, donde constaba que el auto mediante el cual se ordenó seguir
adelante con la ejecución fue recibido en la calle 44 núm. 46-56 en Barranquilla.

Que interpuso recurso de apelación en contra del anterior proveído porque el
despacho no analizó sus argumentos frente a la falta de correspondencia de las
direcciones y el 14 de noviembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Chocó
confirmó la decisión recurrida con el argumento de que la certificación expedida por
472 daba cuenta de que el auto por medio del cual se ordenó seguir adelante con
la ejecución fue entregada a satisfacción en la misma dirección a la que se envió el
auto de mandamiento de pago y la demanda con sus anexos.

Considera que el Juzgado y el Tribunal incurrieron en defecto fáctico porque no
tuvieron en cuenta, como lo expuso en la solicitud de nulidad y en el recurso de

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apelación en contra del auto en el que se negó esta, que demostró que sus
direcciones de notificación contenidas en el certificado expedido el 17 de octubre de
2019 por la Superintendencia de Subsidio Familiar y en el de existencia y
representación legal son completamente diferentes a las aportadas por la parte
demandante, pese a lo cual a estas fueron realizadas las notificaciones que dieron
lugar a la nulidad invocada.

Indicó que no podía tenerse efectuada la notificación únicamente con base en la
certificación aportada por un servicio de mensajería, en la cual solo consta que se
hizo la entrega en la dirección física, pero no que esta corresponda con la que previó
para ese fin.

Adujo que la autoridad judicial también cometió un yerro al afirmar que la notificación
entregada fue realizada a la dirección que aparecía registrada en la página web de
la entidad, pues esta corresponde realmente a CAJACOPI EPS.

PRETENSIONES

El accionante solicitó revocar los autos mediante los cuales se negó la nulidad
solicitada; decretarla por haberse adelantado actuaciones sin practicar la
notificación conforme a la ley; retrotraer los efectos de los mencionados proveídos
y ordenar la realización de la notificación en debida forma.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 12 de diciembre de 2024 el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela
de la referencia, mediante auto, en el que ordenó notificar al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Quibdó y al Tribunal Administrativo del Chocó, como
accionados, y al municipio de Cantón de San Pablo, a Barrios Unidos de Quibdó y
a la señora Yeni Katerine Córdoba Valencia, como terceros con interés.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo del Chocó, a través de su vicepresidenta, afirmó que,
para adoptar la decisión cuestionada en esta acción, la Sala efectuó un análisis
minucioso de las pruebas obrantes en el expediente, de las cuales se extrajo que la

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sentencia ejecutada tuvo origen en una demanda de reparación directa por falla en
el servicio médico porque CAJACOPI EPS, a la que estaba afiliada la víctima
fallecida, no autorizó su traslado a un hospital de tercer nivel, como lo ordenó su
médico tratante.

Adujo que, como se observa en la sentencia y en el proceso ejecutivo, el
demandado y ejecutado es CAJACOPI EPS, solo que esa EPS formaba parte de la
Caja de Compensación Familiar -CAJACOPI- Atlántico, de la cual fue escindida
desde el 2022, por lo que las notificaciones fueron realizadas en el lugar de la EPS,
por lo cual el apoderado de la parte ejecutada no puede alegar que la dirección
donde se entregaron las notificaciones del proceso no corresponde a la demandada.

Estimó que los argumentos de inconformidad son un justo ejemplo del uso de la
acción de tutela para revivir términos, en tanto la demandada los dejó fenecer sin
presentar las excepciones en el momento procesal que correspondía, por lo que
debe rechazarse la acción por improcedente.

El Juzgado Tercero Administrativo del Quibdó se limitó a allegar copia del
expediente ejecutivo.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

Los vinculados guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.

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y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En síntesis, la accionante considera que el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó incurrieron en defecto
fáctico porque, a su juicio, i) no tuvieron en cuenta que con el certificado expedido
el 17 de octubre de 2019 por la Superintendencia de Subsidio Familiar y el
certificado de existencia y representación demostró su dirección de notificación, la
que no correspondía a aquella informada en la demanda, en la cual se le
comunicaron los autos proferidos en el proceso ejecutivo adelantado en su contra;
ii) basaron su decisión en la certificación aportada por la empresa de mensajería
472, donde no consta que la dirección en la que se entregó corresponda a la que
destinó para notificaciones y iii) desconocieron que la dirección a la que se envió la
notificación correspondía a la consignada en la página web de CAJACOPI EPS.

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A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio del auto del 14 de
noviembre de 2024, pues solo en el evento de encontrarse superados habría lugar
a analizar los disensos esgrimidos. En este punto, se aclara que el examen que aquí
se efectuará se limitará a esa providencia judicial por ser la que puso fin al litigio
que dio lugar a la instauración de esta acción.

La Sala encuentra reunidas las exigencias generales, ya que: i) el asunto a resolver
es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados en protección, por la incursión de los defectos
señalados; ii) la acción se presentó con inmediatez; iii) se agotaron los mecanismos
judiciales con los que se contaba para discutir lo aquí expuesto; iv) está invocando
una irregularidad procesal, que podría tener un efecto decisivo en la decisión; v) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; y vi) no se trata de una sentencia de tutela.

En relación con el defecto fáctico alegado, esta Subsección advierte que, en el auto
del 14 de noviembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Chocó evidenció lo
siguiente:

i) le asistía razón a la solicitante de la nulidad al afirmar que la notificación
electrónica no fue enviada la dirección registrada ante la Superintendencia
de Subsidio Familiar (documentacion@cajacopi.com) a la cual debía
remitirse conforme el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, pues fue remitida
a los buzones apizarro@cajacopi.com y sgonzalez@cajacopi.com,
conclusión a la que llegó luego de valorar el certificado de existencia y
representación legal del 24 de octubre de 2022;
ii) la notificación física del auto mediante el cual se resolvió seguir adelante con
la ejecución se efectuó por la empresa de correos 472 a la dirección que
aparecía en la página web de la entidad (calle 44 núm. 46-16), la cual fue
recibida a satisfacción por su destinatario, y a la cual se notificaron los demás
autos, aun cuando no era la que registraba en la certificación expedida el 17
de octubre de 2019 por la referida Superintendencia (carrera 46 núm. 53-
34).

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Además, advirtió que la parte ejecutada, tanto en el incidente de nulidad como en el
recurso de apelación, mencionó las providencias proferidas en el proceso ejecutivo,
la demanda y sus anexos, lo que demostraba que, si bien la notificación del auto del
30 de abril de 2019, mediante el cual se libró mandamiento de pago, no se realizó
por correo electrónico, sí se efectuó a través de la empresa 472.

Esta Sala denota que, contrario a lo expuesto por la actora, la autoridad judicial
examinó detenidamente los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto en contra del auto en el que el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Quibdó negó la solicitud de nulidad y analizó las pruebas que la
accionante alega como indebidamente valoradas, esto es, el certificado del 17 de
octubre de 2019 y el de existencia y representación legal del 24 de octubre de 2022,
así como la constancia de la empresa 472, de conformidad con las reglas de la sana
crítica.

Distinto es que con base en ellas haya determinado que, aun cuando la notificación
del proveído no se efectuó a la dirección que obraba en los dos primeros
certificados, lo cierto es que la notificación del auto en el cual se ordenó seguir
adelante la ejecución, que se envió posteriormente a la dirección que aparece en la
página web de CAJACOPI EPS, fue entregada satisfactoriamente; sumado a que la
accionante conocía la existencia de los autos proferidos en el proceso.

En este punto se resalta que los certificados señalados por la accionante son
posteriores a la fecha en que se efectuó la notificación del auto del 30 de abril de
2019, por lo cual no podría exigírsele a las autoridades judiciales en esta sede
fundamentar el decreto de nulidad en dichos elementos probatorios, máxime
cuando en dichos documentos no se estableció que esa siempre hubiera sido la
dirección de notificaciones de la entidad.

Ahora, respecto a la constancia emitida por la empresa de correos 472, como lo
concluyó el Tribunal, esta da cuenta de que la notificación del auto en el que se
ordenó continuar con la ejecución fue recibida a satisfacción; además, en ella consta
que el destinatario es la CAJACOPI EPS.

Debe aclararse, frente al argumento de que la página web a la que aludió el Tribunal
correspondía a la EPS y no a la Caja de Compensación, que, como lo informó esa

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autoridad judicial en el trámite de esta acción y lo acreditan las pruebas obrantes en
el expediente del proceso ejecutivo, CAJACOPI EPS fue quien resultó condenada
en la sentencia que sirvió como título ejecutivo y solo mediante el Acuerdo de
Escisión elevado a Escritura Pública 1660 emitida por la Notaría Séptima del
Circuito de Barranquilla el 9 de septiembre de 2022 quedó perfeccionada la escisión,
en la que la Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLÁNTICO fue la entidad
escindente y CAJACOPI EPS fue la entidad beneficiaria.

En ese orden de ideas, no se advierte la vulneración alegada, por lo cual se negará
el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por la accionante, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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