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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04626-00

Fecha
20 de octubre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04626-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Cajacopi EPS SAS, por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Edwin Roberto Arrieta Díaz identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.003.429.123 y portador de la Tarjeta Profesional No. 352.136 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de Cajacopi EPS SAS, en los términos del poder obrante en el expediente digital. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría General REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04626-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

20 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04626-00
Demandante: Cajacopi EPS SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La entidad demandante enjuició las providencias que negaron una
solicitud de nulidad por indebida notificación del auto de mandamiento de pago proferido
en un proceso ejecutivo.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Cajacopi EPS SAS
contra el Juzgado 3 Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo de
Chocó.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 2 de mayo de 20252, Cajacopi EPS SAS, por conducto de apoderado
judicial, instauró una acción de tutela en contra del Juzgado 3
Administrativo de Quibdó y del Tribunal Administrativo de Chocó, por la
aparente vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con
ocasión de los Autos de 7 de marzo de 20243 y 14 de noviembre de 20244
proferidos por las autoridades accionadas, respectivamente, mediante los
que se negó una solicitud de nulidad y se confirmó tal decisión, dentro del
proceso ejecutivo No. 27001-33-33-003-2019-00020-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2
Se precisa que la tutela fue repartida al despacho ponente, el 28 de julio de 2025. En el índice 2 de SAMAI obra
una constancia secretarial en la que se indica que (se trascribe) “el 2 de mayo de 2025 se recibe en el buzón de
correo electrónico de esta secretaría de Generación de Tutela en línea No 2804127, solicitud de tutela, pero, al
revisar el contenido del documento se evidenció que era igual al escrito del radicado 11001-03-15-000-2024-06791-
00-01 y en la fecha se incorporó a este. El peticionario el 9 de julio de 2025 solicita información del trámite impartido
a su solicitud se brinda la información requerida del trámite dado a su solicitud y en respuesta a esta informó que
su solicitud era una nueva tutela la cual se procede a repartir.”
3 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 12 de marzo de 2024.
4 Se notificó a través de mensaje de datos enviado el 15 de noviembre de 2024.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04626-00
Demandante: Cajacopi EPS SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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“1. REVOCAR el auto mediante el cual se niega el recurso de apelación en
contra del auto que niega la nulidad impetrada por el apoderado judicial de la
demandada CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO con
base en los argumentos expuestos para tal fin.
2. REVOCAR el auto mediante el cual se niega la nulidad impetrada por el
apoderado judicial de la demandada CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
CAJACOPI ATLÁNTICO con base en los argumentos expuestos para tal fin.

3. DECRETAR la nulidad del proceso en virtud de haberse adelantado
actuaciones al no practicar en legal forma la notificación del auto admisorio
de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o
de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o
a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

4. RETROTRAER los efectos de los mencionados autos, decretando la nulidad de
lo actuado a partir de la expedición del auto mediante el cual se libra
mandamiento de pago, dejando sin efecto las actuaciones surtidas con
posterioridad al acto de notificación indebida que aquí se denuncian.

5. ORDENAR la realización de la notificación en debida forma, dirigida a las
direcciones electrónicas efectivamente establecidas para tal fin por parte de
la demandada.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) Mediante Sentencia No. 242 de 30 de octubre de 2013, el Juzgado
6 Administrativo de Descongestión de Quibdó condenó al municipio de
Cantón de San Pablo (Chocó), a la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de
Quibdó y a Cajacopi EPS, al pago de los perjuicios ocasionados a Felisa
Murillo Hurtado, Ángel Nobelio Mosquera, Laura Yiceth Mosquera Murillo y
las menores CLMM y FLMM5, con la muerte de Luz Eneida Mosquera Murillo,
el 25 de marzo de 2007, por una falla en la prestación del servicio médico-
hospitalario.

5. 2) El 23 de enero de 2019, Felisa Murillo Hurtado, quien actuó en
nombre propio y en representación de sus nietas menores CLMM y FLMM,
Yerlin Cecilia Mosquera Murillo, en su condición de sucesora procesal de
Ángel Nobelio Mosquera, y Laura Yiceth Mosquera Murillo, a través de
apoderada judicial, instauraron demanda ejecutiva en contra del municipio
de Cantón de San Pablo, la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó
y Cajacopi EPS, con el objeto de solicitar el cumplimiento de la condena
establecida en la Sentencia No. 242 de 30 de octubre de 2013.

6. 3) Mediante Auto interlocutorio No. 407 de 30 de abril de 2019, el
Juzgado 3 Administrativo de Quibdó libró mandamiento de pago en contra
de las autoridades demandadas. Esa decisión fue notificada a dichas

5 Sus nombres no se relevan en aras de proteger su derecho a la intimidad y privacidad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04626-00
Demandante: Cajacopi EPS SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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autoridades, a los siguientes correos electrónicos: (a) municipio Cantón de
San Pablo: mcantondesanpablomunicipio@hotmail.com,
yenikatcv@gmail.com y contactenos@elcantondesanpablo.gov.co; (b) EPS
Cajacopi: apizarro@cajacopi.com y sgonzalez@cajacopi.com; y (c) EPS
Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó:
autorizacioneschoco@ambuq.com y
secrecoordinacion.choco@ambuq.co. Adicional a ello, la notificación fue
remitida de manera física a la EPS Cajacopi, a la dirección calle 44 No. 46 -
56 en Barranquilla.

7. 4) El 5 de septiembre de 2019, el Juzgado 3 Administrativo de Quibdó,
en atención a que los documentos aportados como título ejecutivo
contenían una obligación clara, expresa y exigible en favor del ejecutante
y contra la parte ejecutada, expidió el Auto No. 972, a través del que ordenó
seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
y, además, ordenó que se practicara la liquidación del crédito. Esa decisión
fue notificada de la misma manera que el Auto No. 407 de 30 de abril de
2019.

8. 5) El 17 de octubre de 2019, el apoderado de la EPS Cajacopi presentó
un incidente de nulidad ante el juzgado, con el argumento de que hubo
una indebida notificación (inciso 2, numeral 8 del artículo 133 del Código
General del Proceso – CGP). Aportó un certificado expedido por la
Superintendencia de Subsidio Familiar de la dirección carrera 46 No. 53-34,
piso 2, torre b – Edificio Nelmar, que, a su juicio, era la correcta para las
notificaciones judiciales de la Caja de Compensación Familia – Cajacopi
Atlántico. Adicional a ello, adjuntó una captura de pantalla de su sitio web,
en donde aparecía que el correo electrónico de la EPS era
documentación@cajacopi.com.

9. 6) En octubre de 2022, Cajacopi allegó un memorial al proceso
ejecutivo en este solicitó que se realizara la sucesión procesal para que la
parte demandada no fuera la Caja de Compensación Familiar, sino
directamente la EPS, en virtud de la reorganización institucional aceptada
por la Superintendencia de Salud, mediante Resolución No.
2022310010005241-6 de 10 de agosto de 2022, y la escisión de Cajacopi EPS
SAS.

10. 7) El 7 de marzo de 2024, el Juzgado 3 Administrativo de Quibdó
expidió el Auto No. 101, mediante el que negó la nulidad procesal alegada
por Cajacopi EPS, y argumentó que la notificación se surtió por correo
electrónico y por el envío físico certificado a la dirección aportada en la
demanda6 y que no fue devuelta por parte de la empresa de correo

6 Calle 44 No. 46-56.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04626-00
Demandante: Cajacopi EPS SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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certificado. Al contrario, del certificado expedido por la empresa 4-72, se
evidenciaba que el correo fue recibido a satisfacción por Cajacopi EPS. En
consecuencia, indicó que la notificación personal se surtió adecuadamente
y que no se evidenció una vulneración al derecho al debido proceso con
esa actuación.

11. 8) Mediante Auto No. 102 de 7 de marzo de 2024, el Juzgado 3
Administrativo de Quibdó accedió a la solicitud de sucesión procesal, con
fundamento en la escisión. En esa medida, quedó en el proceso, como
ejecutada, Cajacopi EPS SAS (pese a que en la sentencia objeto de
ejecución, en la demanda y en el auto que libró mandamiento de pago sí
aparecía como demandada/ejecutada Cajacopi EPS).

12. 9) Contra el Auto No. 101 de 7 de marzo de 2024, Cajacopi EPS, por
medio de su apoderado judicial, presentó recurso de apelación, en el que
cuestionó que no fueron tenidos en cuenta sus argumentos referentes a que
las direcciones de notificaciones judiciales que se indicaron con la
demanda ejecutiva no se relacionaban con las que se registraron por la
empresa para tal fin y que, en esa medida, las direcciones a las que se
notificó la providencia no correspondían a las direcciones de notificación
de la EPS, aspecto que era precisamente el fundamento de lo alegado, y
que ocasionaba la indebida notificación y la vulneración de su derecho de
defensa y debido proceso.

13. 10) Mediante Auto de 14 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Chocó confirmó la decisión recurrida porque consideró
que, si bien se allegó una certificación de la Superintendencia de Subsidio
Familiar que daba cuenta de que la dirección de Cajacopi para efectos
judiciales era la carrera 46 No. 53 – 34 y en la página web aparecía la
dirección calle 44 No. 46 – 16, lo cierto era que el mandamiento de pago se
notificó en la dirección aportada con la demanda.

14. Además, de la constancia emitida por la empresa 4-72, se podía
observar que el correo de notificación del auto que libró mandamiento de
pago, fue entregado a satisfacción.

15. Finalmente, señaló que tal como lo alegó la ejecutada, la notificación
electrónica no se realizó a los correos registrados en la constancia emitida
por la Superintendencia de Subsidio Familiar, pero hizo referencia a que,
pese a ello, sí se notificó a la dirección física, a través de la empresa de
correos 4-72, lo cual otorgaba validez a la notificación y daba lugar a
confirmar la decisión apelada.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04626-00
Demandante: Cajacopi EPS SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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16. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte
demandante, en que las autoridades judiciales demandadas, con las
providencias enjuiciadas, incurrieron en un defecto fáctico porque se tuvo
como correcta la notificación realizada, con base en una certificación
aportada por la empresa de mensajería, la cual solo demostraba que el
correo fue entregado en la dirección a la que se remitió, pero no
demostraba que dicha dirección correspondía a la de la EPS demandada.

17. Agregó que, ni la dirección física que se relacionaba en el certificado
expedido por la empresa de correo, ni tampoco la dirección que se
encontraba en la página web de la empresa, correspondían a la que
estaba registrada por la EPS Cajacopi en la constancia emitida por la
Superintendencia de Subsidio Familiar, motivo por el que no se surtió
adecuadamente la notificación.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7

18. El Tribunal Administrativo de Chocó8, de un lado, solicitó que se negara
la acción de tutela, toda vez que Cajacopi EPS formaba parte de la Caja
de Compensación Familiar Cajacopi, en ese orden, las notificaciones del
proceso ejecutivo fueron realizadas en el lugar donde se encontraba la EPS,
que anteriormente era de la caja de compensación, por lo que la dirección
en la que estas fueron entregadas sí correspondían a la demandada.

19. Agregó que no podía tenerse en cuenta la dirección que aparecía
en la certificación de la Superintendencia de Subsidio Familiar, toda vez que
la misma fue expedida con posterioridad a que se realizara la notificación
del mandamiento de pago, por lo que no era exigible decretar la nulidad
alegada con fundamento en esa prueba.

20. De otro lado, indicó que la acción de tutela era improcedente por no
superar los requisitos de inmediatez ni de relevancia constitucional, ya que
desde la expedición de la providencia cuestionada habían transcurrido más
de 8 meses y, además, se pretendía utilizar la tutela como una instancia
adicional al proceso ejecutivo.

7 Mediante Auto de 31 de julio de 2025, el despacho ponente (1) admitió la demanda de la referencia, (2) tuvo

como demandados al Juzgado 3 Administrativo de Quibdó y al Tribunal Administrativo de Chocó, (3) vinculó en
calidad de terceros con interés al municipio El Cantón de San Pablo, a la Asociación Mutual Barrios Unidos de
Quibdó EPS ESS en liquidación, y a Felisa Murillo Hurtado, Laura Yiceth Mosquera Murillo, Luisa Fernanda Mosquera
Murillo, Liceth Cristina Mosquera Murillo y Yarlin Cecilia Mosquera Murillo y (4) requirió el poder especial para
representar los intereses de la referida EPS.
• A través de Auto de 30 de septiembre de 2025 se requirió a Marlon Gregori Pacheco Pérez, al abogado Edwin
Roberto Arrieta Díaz, y a Cajacopi EPS SAS para que, en el término de 1 día, contado a partir de la notificación de
esta decisión, remitieran el certificado de existencia y representación legal de Cajacopi EPS SAS, en atención al
poder allegado.
8 Índice 13 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04626-00
Demandante: Cajacopi EPS SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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21. El Juzgado 3 Administrativo de Chocó9 remitió el expediente del
proceso ejecutivo solicitado, pero no emitió ningún pronunciamiento sobre
los fundamentos de la acción de tutela.

22. El municipio El Cantón de San Pablo, la Asociación Mutual Barrios
Unidos de Quibdó EPS ESS en liquidación, Felisa Murillo Hurtado, Laura Yiceth
Mosquera Murillo, Luisa Fernanda Mosquera Murillo, Liceth Cristina Mosquera
Murillo y Yarlin Cecilia Mosquera Murillo, pese a haber sido notificados
debidamente10, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Reconocimiento de personería. 2.2. Identificación de la providencia objeto
de estudio. 2.3. Verificación de actuación temeraria. 2.4. Procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. 2.5. Conclusión.

2.1. Reconocimiento de personería

23. Mediante Auto de 31 de julio de 2025, se requirió a Cajacopi EPS SAS
y a Edwin Roberto Arrieta Díaz, con el fin de que aportaran el poder especial
necesario, con sus respectivos soportes, en atención a que el mismo no fue
adjuntado con la acción de tutela.

24. El 5 de agosto de 2025, Edwin Roberto Arrieta Díaz remitió el poder
solicitado, pero sin los anexos que permitieran evidenciar que Marlon Gregori
Pacheco Pérez tenía facultades para otorgarlo.

25. En consecuencia, a través de Auto de 30 de septiembre de 2025, se
requirió a Marlon Gregori Pacheco Pérez, al abogado Edwin Roberto Arrieta
Díaz y a Cajacopi EPS SAS, para que remitieran el certificado de existencia
y representación legal de Cajacopi EPS SAS, con el fin de acreditar las
facultades del señor Pacheco Pérez para conceder el poder.

26. A través de memorial enviado el 3 de octubre de 2025, el abogado
Edwin Roberto Arrieta Díaz allegó con destino al expediente, el certificado
de existencia y representación legal requerido, en el cual se evidenció que
Marlon Gregori Pacheco Pérez es el representante legal de Cajacopi EPS
SAS para asuntos judiciales. En esa medida, se reconocerá personería al
abogado Edwin Roberto Arrieta Díaz.

9 Índice 12 de Samai.
10 Como puede evidenciarse en los índices 8, 16, 20 y 22 de Samai.

Respecto de Luisa Fernanda Mosquera Murillo y la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS en Liquidación,
ante las dificultades de realizar la notificación personal, se procedió a notificarlos a través de un aviso fijado en la
página web del Consejo de Estado el 12 de agosto de 2025.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2.2. Identificación de la providencia objeto de estudio

27. La Sala pone de presente que se centrará en analizar los reparos
invocados respecto del Auto proferido el 14 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Chocó, a través del que se confirmó la decisión
que negó la nulidad presentada, pues pese a que también se enjuició el
Auto de primer grado proferido por el Juzgado 3 Administrativo de Quibdó,
lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión del
tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, ante una eventual decisión
favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió la
controversia en segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo
que se ordene.

2.3. Verificación de actuación temeraria

28. De conformidad con la Corte Constitucional11, la existencia de un
comportamiento temerario en materia de tutela se da cuando resulta
injustificada la presentación reiterativa de la acción de tutela.

29. En el presente caso, la Sala advierte que la Caja de Compensación
Familiar de Atlántico presentó la tutela Rad. 11001-03-15-000-2024-06791-00,
por su parte Cajacopi EPS SAS presentó la acción de tutela Rad. 11001-03-
15-000-2025-04626-00. En ese orden, se logró advertir:

30. (1) Identidad de partes: las acciones constitucionales fueron
presentadas por partes diferentes, motivo por el que no se cumple el primer
requisito para que se dé la temeridad.

31. Al respecto cabe aclarar que en la acción de tutela con Rad. 11001-
03-15-000-2024-06791-00, en segunda instancia, se revocó la decisión de
primer grado12 y, en su lugar, se declaró la falta de legitimación activa en la
causa, precisamente en atención a que la tutela fue presentada por la Caja
de Compensación Familiar, y no por la EPS.

32. En consecuencia, se presentó la acción de tutela de la referencia por
parte de Cajacopi EPS SAS, que sí era la autoridad administrativa afectada

11 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar

la existencia o no de temeridad: “(1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de pretensiones;
y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de
mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia del
accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un estado
de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante. Sentencias SU-168/17, T-272/19, T-162/18, T-185 de 2013, T-084/12 y T-727/11, entre otras.
12 Mediante Sentencia de 30 de enero de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

negó, en primera instancia, la acción de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04626-00
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Decisión: Declara improcedencia
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con la decisión judicial atacada, esto es, el Auto de 14 de noviembre de
2024.

33. En esa medida, ante la situación advertida, la Sala no evidenció la
existencia de temeridad entre las acciones de tutela identificadas con los
radicados 11001-03-15-000-2024-06791-00 y 11001-03-15-000-2025-04626-00,
motivo por el que se continuará con el estudio del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

34. En el caso bajo estudio, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela, porque no se superó el requisito de relevancia
constitucional, como pasa a explicarse:

35. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional13.

36. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental14.

37. Ahora, sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en
Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ),
adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción
de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto15; (2) que la

13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

14 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

15 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”

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Decisión: Declara improcedencia
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solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario16 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad17.

38. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202318,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

39. Bajo este entendido, la Sala considera que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito, por las razones que pasan a
explicarse:

40. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
accionante pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una
situación definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de
tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como
una instancia adicional.

41. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida superaba el requisito de relevancia constitucional en
razón a que (se trascribe) “lo ocurrido acá no es un simple caso de debate
legal o disparidad de criterios, sino de la violación directa de normas
sustanciales y procesales que conllevan a la vulneración de los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, reconocidos
como derechos fundamentales de acuerdo con nuestra carta política”, lo
cierto es que tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué era
necesaria la intervención del juez de tutela, de cara a la decisión adoptada
por el juez de la nulidad y el restablecimiento del derecho, pues se presentó,
junto con los reparos hechos a la decisión enjuiciada, como simples
diferencias o discrepancias interpretativas respecto la decisión del juez
natural de la causa.

42. Lo anterior obedeció a que, a pesar de que la parte demandante
encuadró sus reparos en un defecto fáctico, lo cierto es que se limitó a insistir
en los cuestionamientos sobre la valoración realizada respecto de una
certificación aportada por la empresa de mensajería 4-72 y una

16 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
17 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
18 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04626-00
Demandante: Cajacopi EPS SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

certificación de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con el fin de reabrir
el debate relacionado con la notificación del mandamiento de pago.

43. Esos reparos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo
de Chocó a través del Auto de 14 de noviembre de 2024, en el cual la
referida autoridad judicial estudió las pruebas referentes a la notificación y,
con base en ellas, hizo referencia a que, a pesar de que la certificación de
la Superintendencia de Subsidio Familiar estableció que la dirección de
notificaciones judiciales de Cajacopi EPS era la Carrera 46 No. 53-34 Piso 2
Torre 6 y a que en la página web aparecía la dirección Calle 44 No. 46-16,
lo cierto era que la notificación del mandamiento de pago se realizó a la
dirección aportada con la demanda ejecutiva, esto es, la Calle 44 No. 46-
56 en el Distrito de Barranquilla, y de conformidad con el certificado de
entrega de la empresa 4-72, se observaba que el correo fue recibido a
satisfacción por Cajacopi EPS, el 13 de septiembre de 2019.

44. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que la notificación realizada se efectuó adecuadamente y, en
consecuencia, no había lugar a decretar la nulidad solicitada.

45. Así las cosas, se aclara que las diferencias interpretativas que existieren
entre la demandante y el juez natural de la causa, no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional29.

2.5. Conclusión

46. En ese orden, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04626-00
Demandante: Cajacopi EPS SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Cajacopi EPS SAS, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
decisión.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Edwin Roberto Arrieta Díaz
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.003.429.123 y portador de
la Tarjeta Profesional No. 352.136 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado judicial de Cajacopi EPS SAS, en los términos del poder
obrante en el expediente digital.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría General
REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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