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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06798-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06798-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela, para en su lugar: 2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón. En consecuencia, se dispone: 3. Dejar sin efectos los autos del 6 de diciembre de 2024 y del 12 de septiembre de 2024, con los que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, declaró su falta de competencia en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con radicado No. 25000-23-41-000-2024-01525- 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-06798-01 Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón 00 y las actuaciones posteriores desplegadas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá. 4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que, realice un nuevo estudio sobre su competencia para conocer el asunto, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06798-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

5 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06798-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06798-01
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN C, Y OTRO

Tema: Contra providencias dictadas en el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 6
de febrero de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 10 de diciembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela Ericsson Ernesto Mena
Garzón, en nombre propio, pidió la protección de sus derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia, al debido proceso, al ambiente sano, de acceso a
información pública y se garantizará el principio de celeridad en la justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias del
12 de septiembre y 6 de diciembre de 2024, con las que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, declaró la falta de competencia para
conocer el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con
radicado No. 25000-23-41-000-2024-01525-00.

2. Pretensiones

El demandante formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
I. Declarar la procedencia de la acción de tutela y reconocer la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y al ambiente sano.

II. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca asumir el conocimiento del proceso identificado
bajo el radicado 25000-23-41-000-2024-01525-00, en atención a:

III. Las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la supervisión de recursos
naturales urbanos.

1 Índice 1 de Samai en el radicado No. 11001-03-15-000-2024-06798-00

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

IV. La conexión entre los derechos colectivos afectados y las obligaciones constitucionales y legales de
las entidades nacionales y distritales.
V. Garantizar la celeridad del proceso judicial, exigiendo que el Tribunal emita un pronunciamiento de
fondo en un plazo razonable, sin dilaciones adicionales.

VI. Ordenar medidas provisionales para garantizar la actualización inmediata de la información
ambiental en las plataformas distritales, con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

VII. Prevenir futuras dilaciones procesales, exigiendo a las autoridades judiciales la observancia estricta
del principio de celeridad en procesos de acción popular.

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el proceso, la Sala destaca los siguientes
hechos relevantes:

El 23 de agosto de 20242 el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón promovió acción
popular contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de
Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante la
CAR), el Concejo de Bogotá, la Personería de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría
Distrital de Planeación de Bogotá, el Jardín Botánico de Bogotá, el Instituto de Desarrollo
Urbano, la Empresa Metro de Bogotá, la Empresa Regiotram, la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá, la Empresa Enel Codensa y la Procuraduría General de la
Nación.

La acción popular tenía como propósito la protección de los derechos colectivos al
ambiente sano y al uso sostenible de los recursos naturales, presuntamente vulnerados
por la falta de actualización de la información ambiental en las plataformas distritales
como «el Visor Geográfico Ambiental de Bogotá, el Censo Arbolado Urbano, Sistema de
Información Geográfico del Arbolado Urbano, Mapas del Arbolado Urbano de Bogotá e
Indicadores de Gestión del Jardín Botánico de Bogotá».

A la demanda le fue asignado el radicado No. 11001-33-36-033-2024-00264 y repartida
al Juzgado 33 Administrativo de Bogotá que, mediante auto del 23 de agosto de 2024 la
remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo
establecido por el artículo 1523, numeral 14 de la Ley 1437 de 2011, por contener como
autoridades demandadas, entre otras entidades, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Procuraduría
General de la Nación.

El asunto fue asignado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, bajo el radicado No. 25000-23-41-000-2024-01525-00, que, por auto del
12 de septiembre de 2024, declaró la falta de competencia por el factor subjetivo.

Explicó que no había ningún argumento que justificara la comparecencia de las entidades
del orden nacional, pues «no se sustenta una verdadera imputación en su contra, máxime si
se considera que las obligaciones que se consideran omitidas y respecto de las que deriva la
2 Índice 2 de Samai en el radicado 11001-33-36-033-2024-00264-00, el cual se le asignó a la acción popular cuando

fue presentada en los juzgados administrativo de Bogotá.
3 Modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en
primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades
del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

presunta afectación o amenaza a los derechos colectivos afectados se encuentran
exclusivamente a cargo de las entidades accionadas del nivel distrital conforme puso de presente
el mismo accionante en virtud de lo dispuesto por el Decreto 383 de 2018».
Que en virtud del artículo 66 de la Ley 99 de 1993, la CAR carecía de competencia para
ejercer facultades de autoridad ambiental en el perímetro urbano, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible se encargaba de la política ambiental de la Nación,
pero no tenía la calidad de autoridad ambiental; y la simple referencia a la función
preventiva de la Procuraduría General de la Nación no era suficiente para justificar su
vinculación.

Inconforme, el demandante interpuso recurso de reposición. Dijo que el Decreto 3570 de
2011 estableció las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre
las cuales estaban las de controlar y vigilar las Corporaciones Autónomas Regionales,
por tanto, esa cartera debía ser convocada a la acción popular, máxime cuando el
Decreto 1682 de 2017 señaló como tareas del despacho del Viceministerio de
Ordenamiento Ambiental del Territorio, las de impartir directrices para analizar la
información que reportan las autoridades ambientales relacionadas con la gestión
ambiental y los recursos renovables.

Que la información desactualizada de las plataformas distritales está sujeta a la revisión
de la máxima autoridad ambiental, es decir, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia
establecieron las funciones de ese Ministerio, entre las cuales está la de garantizar el
goce de un ambiente sano.

Mediante auto del 6 de diciembre de 2024, el Tribunal accionado no repuso la providencia
del 12 de septiembre anterior, al estimar que las plataformas señaladas de tener
información desactualizada eran responsabilidad de diferentes dependencias del Distrito
Capital. Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política no establecieron funciones
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues su objeto era garantizar el
derecho colectivo al ambiente sano.

Que las funciones del Ministerio previstas en el Decreto 3570 de 2011 concernientes a
las Corporaciones Autónomas Regionales, se refieren a la ejecución de actividades o
proyectos de desarrollo. Por último, en cuanto a las tareas del Viceministerio de
Ordenamiento Ambiental del Territorio, previstas en el Decreto 1682 de 2017, indicó que
tenían relación con el análisis de información y no con una supuesta supervisión y control
a las autoridades ambientales.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante no hizo referencia a los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora
adujo que las providencias del 12 de septiembre de 2024 y del 6 de diciembre de 2024,
dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, incurrieron en:

Violación directa de la Constitución, pues la doble declaratoria de falta de competencia
que ha sufrido el proceso de protección de derechos e intereses colectivos vulnera el
derecho de acceso a la administración de justicia en la medida que impide acceder a una
instancia judicial “adecuada” ante la falta de definición de la autoridad judicial competente
para conocer del asunto. Insistió en que demandó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo

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Sostenible porque, a su juicio, esa autoridad está encargada de la supervisión de los
recursos ambientales.

Defecto sustantivo dado que, a su juicio, no se aplicaron debidamente los Decretos
3570 de 2011 y 1682 de 2017, en cuanto a las funciones y competencias del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que «limitó la conexión entre las obligaciones
nacionales y las responsabilidades distritales, afectando derechos fundamentales como el acceso
a la justicia, conexos al derecho colectivo al ambiente sano (Artículo 79 de la Constitución)». Que
la decisión del tribunal no tuvo en cuenta que los recursos naturales son un recurso de la
Nación.

Defecto fáctico por la falta de valoración probatoria, dado que las providencias acusadas
desconocieron las pruebas que sustentaban la conexión entre la desactualización de las
plataformas ambientales distritales y el impacto en la planeación y sostenibilidad
ambiental.

5. Intervenciones

La juez 33 administrativa de Bogotá solicitó que se denegaran las pretensiones de la
demanda. Después de realizar un recuento de las actuaciones procesales, de los
argumentos del accionante y de los que tuvo en cuenta para remitir por competencia la
acción popular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, indicó que no vulneró ningún
derecho fundamental.

Señaló que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, del 12 de septiembre de 2024, ratificada por auto del 6 de diciembre de
2024, consistente en devolver el expediente al juzgado, se encontraba al despacho para
ser obedecida y cumplida.

La profesional universitaria de la oficina jurídica de la Procuraduría General de la Nación
pidió que se desvinculara a esa autoridad del trámite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las funciones que le otorga el
ordenamiento jurídico no se relacionan con las pretensiones del tutelante y la entidad no
ha sido vinculada a la acción popular 25000-23-41-000-2024-01525-00.

La apoderada judicial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá solicitó
que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que su misión y
funciones no comprenden la facultad de emitir pronunciamientos de índole legal, técnico
ni jurídico sobre las pretensiones planteadas en la tutela.

La jefe de la oficina asesora jurídica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. – Regiotram
pidió la desvinculación de este asunto constitucional por falta de legitimación en la causa
por pasiva. Indicó que no existe nexo de causalidad entre sus tareas y la presunta
vulneración de los derechos fundamentales del demandante.

El apoderado judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se
pronunció de fondo sobre las pretensiones de la acción de tutela y señaló que no ha
tenido relación alguna con los hechos descritos por el accionante, por tanto, no había
intervenido de forma directa o indirecta en los mismos, sin embargo, advirtió que
respetará y acatará la decisión que se adopte en el presente trámite constitucional.

El secretario de ambiente del Departamento de Cundinamarca solicitó la desvinculación
de ese ente territorial de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por

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pasiva. Manifestó que no tenía la condición de autoridad ambiental, dado que se rige por
las funciones consignadas en el artículo 64 de la Ley 99 de 1993; por ende, carecía de
competencia jurisdiccional para dirimir el conflicto planteado en la solicitud de amparo.
Además, al consultar el sistema de recepción de correspondencia de la entidad, se
evidenció que el accionante no le ha realizado requerimiento alguno.

El director de defensa judicial de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá pidió
la desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Subsidiariamente, solicitó que se declarara improcedente el amparo o, que, si se
estudiaba de fondo, se negaran las pretensiones.

Indicó que no se acreditó que las decisiones judiciales cuestionadas o la entidad que él
representa hayan vulnerado algún derecho fundamental del accionante. Manifestó que la
acción de amparo no cumple los requisitos de procedencia contra providencias judiciales;
que el accionante no agotó los recursos judiciales que tenía a su alcance y que no se
configuraron los presupuestos del perjuicio irremediable que ameritara la intervención del
juez de tutela.

El apoderado de la subgerencia de defensa judicial y solución de controversias
contractuales de la Empresa Metro de Bogotá S.A. remitió respuesta del proceso con
radicado No. 11001-03-15-000-2023-03444-00, que tiene los mismos extremos
procesales.

El apoderado especial de la Contraloría de Bogotá solicitó la desvinculación del ente
del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que la
entidad de control carecía de competencia para intervenir en la expedición de decisiones
judiciales.

El apoderado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, pidió
que se denegaran las pretensiones de la acción de amparo. Manifestó que la entidad no
ha sido vinculada al trámite de la acción popular, por tanto, desconoce su contenido.

Señaló que la acción de tutela es improcedente por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, ya que el accionante no agotó otros medios de defensa judicial, como el
conflicto negativo de competencia previsto en el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011.

La jefe de la oficina jurídica del Jardín Botánico de Bogotá solicitó la desvinculación de
la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Subsidiariamente,
indicó que la acción de amparo era improcedente, dado que no cumplía los requisitos
generales de procedibilidad. Que, aun con la informalidad propia de la tutela, era
necesario que el accionante desarrollara una carga argumentativa en la que expusiera
los motivos por los cuales la providencia vulneró los derechos fundamentales, lo cual no
aconteció.

El jefe de la oficina asesora jurídica de la Personería de Bogotá pidió que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela. Indicó que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante y que los hechos y pretensiones planteados en la solicitud
de amparo no estaban dirigidos contra la entidad ni se relacionaban con sus funciones.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, el
Concejo de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente,
el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá y la empresa Enel Codensa no se
pronunciaron sobre la tutela, pese a que fueron debidamente notificados de su auto

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admisorio.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 6 de febrero de 2025, denegó
las solicitudes de desvinculación, porque las entidades que las formularon fueron vinculadas
en condiciones de terceros con interés, y declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional. Indicó que el accionante no cumplió con la
carga argumentativa necesaria y «se estima que los argumentos en torno a los defectos
sustantivo y fáctico no expresan en realidad las razones mínimas por las que consideraron que
la autoridad judicial accionada había incurrido en tales vicios, más allá de señalar
cuestionamientos de instancia que ya fueron objeto del recurso de reposición».

Señaló que el 24 de enero de 2025 el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá profirió auto de
obedézcase y cúmplase respecto a la providencia del 12 de septiembre de 2024 y, por tanto,
la acción popular siguió su curso, con lo cual se garantizó el acceso a la administración de
justicia del demandante.

7. Impugnación

La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia, el considerar que
incurrió en un error al valorar la relevancia constitucional. Que el a quo omitió analizar la
conexidad entre la desactualización de las plataformas distritales de información
ambiental y los derechos fundamentales al ambiente sano, de acceso a la información
pública y a la participación ciudadana.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como función la inspección
y vigilancia para el cumplimiento de la normatividad ambiental; y que según el Decreto
1682 de 2017, el Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio, tenía como
función orientar y coordinar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales.

Señaló que en la contestación de la tutela del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible no negó su competencia ni se opuso a las pretensiones de la solicitud de
amparo. Por último, aseveró que se vulneró el derecho de acceso a la administración de
justicia al dilatarse el conocimiento de la acción popular.

Insistió en que la dilación injustificada en el trámite de la acción popular por falta de un
juez competente para conocer del asunto vulnera el derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón,
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

La Sala anticipa que revocará el fallo impugnado, para amparar los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia toda vez que

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el tribunal demandado desconoció la regla de competencia funcional que le asigna el
artículo 152, numeral 14 del CPACA.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación del cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
y, finalmente, (iii) al análisis del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que si
existieran los errores que alega la parte actora, se estaría desconociendo el derecho al
juez natural como aquel a quien la Constitución o la ley le ha asignado el conocimiento
de ciertos asuntos para su definición. No se trata de una instancia adicional porque dos
autoridades judiciales declararon su falta de competencia para conocer del asunto.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque la última
providencia reprochada fue proferida el 6 de diciembre de 2024 y notificada por estado
el 9 de diciembre de 2024; la demanda de tutela fue radicada el 10 de diciembre de 2024,
por lo tanto, solo había transcurrido 1 día entre la notificación de la providencia que negó
el recurso de reposición y la acción de tutela, término que se encuentra dentro del plazo
de los seis meses previstos por la Sala Plena de esta Corporación.

Ahora bien, en cuanto al requisito de subsidiariedad que impone que el demandante haya
agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, la Sala debe señalar
que se encuentra superado. En contra del auto del 6 de diciembre de 2024, dictado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó el que declaró la falta de
competencia para conocer del proceso de protección de derechos e intereses colectivos
no procede recurso alguno, tampoco es posible reprocharle al accionante que no pidiera
que se formulara y resolviera el conflicto negativo de competencia entre la autoridad
judicial demandada y el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá, pues en los términos del
artículo 158 del CPACA, ese conflicto solo puede suscitarse “entre los tribunales
administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales” y

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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“entre jueces administrativos de un mismo distrito judicial” de modo que la norma sobre
conflictos no contempla que un juez pueda desconocer lo decidido al respecto por su
superior funcional6.

La Sala encuentra que tampoco se trata de un proceso en trámite pues, aunque el 24 de
enero de 2025, el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá, en cumplimiento del deber antes
señalado, dictó auto de obedézcase y cúmplase frente a la declaratoria de falta de
competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, lo cierto es que, con auto del 10 de febrero de 2025 el Juzgado 33 Administrativo de
Bogotá suspendió el proceso de la acción popular hasta que se adopte decisión en la
presente acción de tutela, razón por la que no podría hablarse de improcedencia de la
acción de tutela por encontrarse el proceso en trámite.

Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
provienen de una violación directa de la Constitución por la falta de juez natural y defecto
sustantivo por desconocimiento de las normas que le asignan funciones y competencias
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el accionante ataca un
auto que declaró falta de competencia y el auto que decidió no reponer dicha providencia
en un proceso de protección de derechos e intereses colectivos.

4. Análisis del caso concreto

El demandante sostiene que las providencias censuradas incurrieron en violación directa
de la Constitución por la doble declaratoria de falta de competencia que le impide acceder
a una instancia judicial “adecuada”, defecto sustantivo dado que, a su juicio, no se
aplicaron debidamente los Decretos 3570 de 2011 y 1682 de 2017, en cuanto a las
funciones y competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y defecto
fáctico porque las providencias acusadas desconocieron las pruebas que sustentaban la
conexión entre la desactualización de las plataformas ambientales distritales y el impacto
en la planeación y sostenibilidad ambiental y en ese orden serán abordados por la Sala.

Para resolver la Sala realizará un recuento de lo actuado dentro del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos.

El 23 de agosto de 20247 el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón promovió acción
popular contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de
Cundinamarca, la CAR, el Concejo de Bogotá, la Personería de Bogotá, la Contraloría de
Bogotá, la Secretaría Distrital de ambiente de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la

6 Ver providencia del 7 de abril de 2016, Consejo de Estado, Sección Segunda, Exp. 85001-33-33-001-2015-00187-

01(3172-15). “Las normas que regulan la materia conservan la regla tradicional, prevista además en el CGP,
consistente en que el conflicto será resuelto por el funcionario judicial que sea superior funcional, común a aquellos
que se declaran incompetentes. Por tanto, aunque el CPACA no contempla expresamente la regla prevista en el CGP
según la cual está prohibido declararse incompetente al funcionario que reciba el expediente remitido por alguno de
sus superiores funcionales, ella se desprende del contenido del mismo artículo 158 del CPACA, en la medida en que
éste no regula situación alguna de existencia de conflicto de competencias entre un superior y un inferior funcional.
Así las cosas, si el asunto es remitido por el Consejo de Estado a un Tribunal por considerar que este es competente
para conocer del asunto, este último no podrá provocar conflicto de competencia al superior ni devolverle el proceso.
Igual sucede entre Tribunales Administrativos y los respectivos jueces del distrito judicial, en la medida en que la norma
sobre conflictos no contempla que un juez pueda desconocer lo decidido al respecto por su superior funcional”
7 Índice 2 de Samai en el radicado 11001-33-36-033-2024-00264-00, el cual se le asignó a la acción popular cuando

fue presentada en los juzgados administrativos de Bogotá.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06798-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, el Jardín Botánico de Bogotá, el Instituto de
Desarrollo Urbano, la Empresa Metro de Bogotá, la Empresa Regiotram, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Empresa Enel Codensa y la Procuraduría
General de la Nación, en la que elevó las siguientes pretensiones:
(...) 1. Que se declara que las entidades demandadas han vulnerado los derechos colectivos a la
seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, la moralidad administrativa, la seguridad
y salubridad pública, el patrimonio público y cultural de la Nación, el goce del espacio público y el
equilibrio ecológico, debido a la gestión inadecuada, desactualización y presunta falsedad en la
información contenida en las plataformas de información ambiental de Bogotá en sus 20 localidades.
2. Que se ordene a las entidades demandadas actualizar inmediatamente y de manera continua las
plataformas de información ambiental, garantizando la veracidad, precisión y actualización en tiempo
real de todos los datos relacionados con el arbolado urbano, la calidad del aire, los riesgos ambientales
y otros
aspectos críticos para la gestión ambiental de la ciudad, de igual manera se restrinjan las plataformas
privadas que no obedezcan al requerimiento de veracidad de la información.
3. Que se ordene la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real en todas las localidades
de Bogotá, para la obtención de datos ambientales actualizados y su integración en las plataformas
mencionadas, incluyendo, pero no limitándose a, la zonificación de especies en riesgo de extinción,
análisis de la cobertura vegetal, y evaluación de la salud del arbolado urbano.
4. Que se ordene la realización de una auditoría exhaustiva de las plataformas de información ambiental,
especialmente del Sistema de Información Geográfica del Arbolado Urbano (SIGAU), para identificar y
corregir cualquier irregularidad, omisión o falsedad en los datos registrados, con la participación de
organismos de control como la Procuraduría General de la Nación.
5. Que se ordene la suspensión de todas las decisiones administrativas que dependen de la información
contenida en las plataformas de georreferenciación ambiental, hasta que estas sean actualizadas,
auditadas y verificadas por las autoridades competentes para asegurar la veracidad y precisión de los
datos, entre estas actividades que afecten los componentes bióticos y abióticos en las 20 localidades
de Bogotá D.C.
6. Que se disponga la implementación de mecanismos efectivos para la socialización y participación
ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el manejo del arbolado urbano y otros aspectos
ambientales, incluyendo la publicación anticipada de los tratamientos silvícolas planificados y la consulta
pública sobre los mismos en plataformas públicas para poder ser controvertidas por la ciudadanía.
7. Que se ordene a las entidades demandadas garantizar el cumplimiento de la Ley de Escazú,
asegurando la transparencia, el acceso público a la información ambiental, y la participación ciudadana
en la gestión ambiental de Bogotá.
8. Que se ordene a las entidades demandadas realizar un análisis detallado y continuo de los impactos
ambientales relacionados con las actividades industriales, de infraestructura, y de manejo silvícola en
la ciudad, incorporando esta información en las plataformas de georreferenciación para su monitoreo y
consulta pública.
9. Se conceda amparo de pobreza a la parte accionante
10. Se acredite idoneidad, experiencia y experticia de quienes impartan justicia en la presente demanda
de acción popular.
11. Que se ordene a las entidades demandadas adoptar todas las medidas necesarias para prevenir
futuras vulneraciones a los derechos colectivos, garantizando un manejo transparente, eficiente y
actualizado de la información ambiental en Bogotá correspondientes a (…) (Sic a toda la cita)

A la demanda le fue asignado el radicado No. 11001-33-36-033-2024-00264 y repartida
al Juzgado 33 Administrativo de Bogotá que, mediante auto del 23 de agosto de 2024 la
remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo
establecido por el artículo 1528, numeral 14 de la Ley 1437 de 2011, por contener como
autoridades demandadas autoridades del orden nacional.

Tras la remisión, el asunto fue asignado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, bajo el radicado No. 25000-23-41-000-2024-01525-00 y

8 Modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en
primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades
del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

por auto del 12 de septiembre de 2024 esa autoridad judicial declaró la falta de
competencia por el factor subjetivo, en lo que interesa, la providencia dice:

De la revisión de las piezas del expediente, el Despacho encuentra que las pretensiones del medio de
control giran en torno a los derechos e intereses colectivos lesionados por la presunta falta de
actualización de la información consignada en el Visor Geográfico Ambiental de Bogotá, Censo
Arbolado Urbano de Bogotá, Sistema de Información Geográfico del Arbolado Urbano, Mapas del
Arbolado Urbano de Bogotá e Indicadores de Gestión del Jardín Botánico de Bogotá.

Empero, no existe un argumento que justifique la comparecencia de las entidades públicas nacionales
accionadas correspondientes a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y la Procuraduría General de la Nación - PGN;
lo anterior, debido a que no se sustenta una verdadera imputación en su contra, máxime si se considera
que las obligaciones que se consideran omitidas y respecto de las que deriva la presunta afectación o
amenaza a los derechos colectivos afectados se encuentran exclusivamente a cargo de las entidades
accionadas del nivel distrital conforme puso de presente el mismo accionante en virtud de lo dispuesto
por el Decreto 383 de 2018, y particularmente a cargo del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino
Mutis y la Secretaría Distrital de Ambiente.

Esta circunstancia debió ser advertida por el Despacho de origen al momento de adoptar la decisión de
remitir por competencia el expediente ante esta Corporación, ello en virtud de lo dispuesto por el artículo
9 de la Ley 472 de 1998; no obstante, al realizar la revisión de la referida providencia, se echa de menos
el análisis de procedencia del medio de control respecto de las entidades que se anunciaban como
accionadas.

Esta circunstancia no resulta menor si se considera además que:

i) En virtud de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, la CAR carece de competencia para
ejercer facultades de distrital, lo que por sustracción de materia implica que virtualmente no puede
amenazar a lesionar los derechos colectivos que se alegan con la demanda.
ii) El MADS, como advierte el accionante, se encarga de la política ambiental de la Nación, sin
injerencia en la causa de la presunta vulneración a los derechos de los que se depreca protección;
lo anterior sin perjuicio de no tener la calidad de autoridad ambiental, ni ser superior jerárquico o
funcional de las entidades del nivel distrital.
iii) En lo que respecta a la PGN, este Despacho se limitará a precisar que la simple referencia a la
función preventiva que ostenta la entidad no resulta suficiente para justificar su vinculación como
extremo pasivo de la controversia, pues ello en forma alguna permite atribuir o imputar
responsabilidad en la vulneración o amenaza alegada.

Lo antes referido permite al Despacho concluir que, dada la inexistencia de fundamentos fácticos o
jurídicos para ser llamada a juicio la CAR, la PNG y el MADS, sus intereses, antes que, como partes
demandadas, resultan coincidentes con la naturaleza de terceros con interés, pero en forma alguna, se
itera, como verdaderos extremos litigiosos por pasiva, y así debió ser dispuesto al momento de analizar
la admisibilidad del medio de control.

Lo anterior resulta suficiente para desvirtuar la competencia de esta Corporación para conocer del
asunto.

Contra esa decisión el demandante interpuso recurso de reposición que fundamentó en
que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS tiene competencia para
intervenir en la protección de los derechos colectivos involucrados, según lo dispuesto en
los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, el Decreto 3570 de 2011 y el Decreto
1682 de 2017, pero la decisión de devolver el expediente al Juzgado 33 Administrativo de
Bogotá, fue confirmada por las mismas razones del auto anterior.

Siendo así, y partiendo del hecho de que el proceso se encuentra actualmente
suspendido, la Sala analizará las normas que regulan la competencia de los tribunales
administrativos para conocer del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos.

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Al respecto, la Ley 472 de 1998, inicialmente señalaba que:

ARTÍCULO 15. JURISDICCIÓN. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos,
acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 16. COMPETENCIA. De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces
administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia, la competencia corresponderá a
la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito
Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia.

Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a
elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a
prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.

PARÁGRAFO. Hasta tanto entren en funcionamiento, los juzgados administrativos, de las acciones
populares interpuestas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán en primera instancia
los Tribunales Contencioso-Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado.

Sin embargo, tras la expedición de la Ley 2080 de 2021, que modificó la Ley 1437 de
2011, esta última normativa contempla que:

ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las
autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen
funciones administrativas.

A partir de lo anterior, para la Sala la competencia que le asigna el CPACA a los tribunales
administrativos para conocer en primera instancia de los medios de control de protección
de derechos e intereses colectivos es de carácter funcional, pues se limita a señalar que
será competente cuando se presente contra autoridades del orden nacional.

Sobre la competencia por el factor funcional, el Consejo de Estado9 ha señalado que:

Las reglas para la determinación de las competencias en materia contenciosa administrativa se
encuentran consagradas en el Título IV del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y para su distribución entre los diferentes juzgados y tribunales administrativos del país
y el Consejo de Estado se atiende a los factores objetivo, subjetivo, funcional y territorial. En cuanto al
factor funcional, las reglas de competencia permiten distribuir los diferentes asuntos de conocimiento
de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo de primera y de segunda instancia entre los
diferentes funcionarios judiciales, dependiendo de diferentes aspectos, tales como: el nivel de autoridad
o calidad del funcionario que expide el acto, la naturaleza del acto administrativo objeto de control, el
tipo de sanción y la cuantía de las pretensiones, entre otros.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que la autoridad judicial demanda desconoció la
competencia funcional que le asigna la Ley 1437 de 2011 y acudió a realizar un análisis
de las funciones de las autoridades demandas en la acción popular, cuando ese asunto
corresponde a un verdadero análisis de la legitimación en la causa por pasiva que no es
propio de la admisión de la demanda.

En punto de admisión, corresponde al juez:
ARTÍCULO 18.- Requisitos de la Demanda o Petición. Para promover una acción popular se

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 30 de marzo de 2017, Exp. 11001-03-25-000-2016-00674-

00(2836-16)

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presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos:

a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado;

b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición;

c) La enunciación de las pretensiones;

d) La indicación de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente responsable de
la amenaza o del agravio, si fuere posible;

e) Las pruebas que pretenda hacer valer;

f) Las direcciones para notificaciones;

g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción.

La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, si fuere
conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles
responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí
se prescribe para el demandado.

De hecho, la Sala encuentra que, si para el tribunal demandado no eran claras las
pretensiones de la demanda respecto de cada una las autoridades demandadas en ese
proceso, pudo desplegar actuaciones en torno a esclarecerlo. Con esa actuación afectó
los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso
del señor Mena.

En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y en su lugar, amparará los derechos fundamentales
al debido proceso, y de acceso a la administración de justicia del accionante, dejará sin
efecto los autos del 12 de septiembre y 6 de diciembre de 2024, con los que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, declaró su falta de
competencia para conocer el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos con radicado No. 25000-23-41-000-2024-01525-00 y las actuaciones
posteriores desplegadas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá y ordenará al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que realice
un nuevo estudio sobre su competencia para conocer del asunto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela, para
en su lugar:

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón. En
consecuencia, se dispone:

3. Dejar sin efectos los autos del 6 de diciembre de 2024 y del 12 de septiembre de
2024, con los que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, declaró su falta de competencia en el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos con radicado No. 25000-23-41-000-2024-01525-

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

00 y las actuaciones posteriores desplegadas por el Juzgado 33 Administrativo de
Bogotá.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, que, realice un nuevo estudio sobre su competencia para conocer el asunto,
conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO ADRIANA MARÍA DEL NIÑO JESÚS DE
Salvo voto PRAGA GUILLÉN ARANGO
Conjuez
Salvo voto

(Firmado electrónicamente)
JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Conjuez
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