Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06798-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06798-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06798-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de febrero de 2025
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-06798-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06798-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo y fáctico
• improcedente por no superar el requisito de procedibilidad de
la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, actuando a nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C2. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, al medio ambiente sano, al acceso a la información pública y al «al
principio de celeridad de la justicia».
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a las
providencias del 23 de agosto de 2024 proferida por el Juzgado 33 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, y del 12 de septiembre y 6 de diciembre de 2024
expedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, mediante las cuales las autoridades judiciales declararon su falta
de competencia para conocer el proceso de acción popular identificada con el
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
El escrito fue radicado el 10 de diciembre de 2024 por la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
1
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-06798-00
radicado 25000-23-41-000-2024-01525-00 y se confirmó la decisión en sede de
reposición, respectivamente.
1.2. Pretensión constitucional
3. La parte actora solicitó que se ordene lo siguiente:
1. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que asuma el
conocimiento del caso identificado con radicado 25000-23-41-000-2024-
01525-00, en virtud de su obligación de garantizar el acceso efectivo a la justicia
y la protección expedita de los derechos colectivos vulnerados.
Fundamentación: Los artículos 29 y 229 de la Constitución imponen un mandato
constitucional amplio que habilita al Tribunal para conocer casos que involucren
tanto entidades nacionales como distritales en la protección del medio ambiente.
Así lo ha señalado la Sentencia T-244 de 2012, que obliga a evitar dilaciones
indebidas en acciones colectivas.
2.Declarar la vulneración de derechos fundamentales, en particular:
Derecho al acceso a la justicia (artículo 229 de la Constitución): Por las
decisiones de incompetencia que generan dilación y confusión en el trámite de la
acción popular.
Derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución): Por la falta de un
análisis integral de las competencias legales y constitucionales de las entidades
accionadas.
3. Requerir a las entidades nacionales y distritales accionadas (MADS,
Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico, entre otras) que presenten un
informe detallado sobre:
El estado actual de actualización de la información en las plataformas
ambientales mencionadas (Visor Geográfico Ambiental, Censo Arbolado Urbano,
etc.).
Las acciones correctivas que han implementado para garantizar la protección del
medio ambiente urbano y el acceso a información confiable, como lo exige el
artículo 79 de la Constitución y la Ley 99 de 1993. [Sic a toda la cita]
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:
4. El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón formuló demanda de acción
popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, entre otros3. Ello, en procura
3
La Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional, el Concejo de Bogotá,
Personería de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, la Secretaria de ambiente de Bogotá, la Alcaldía
2
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de la protección de los derechos colectivos relacionados con el ambiente sano,
el mano y uso sostenible de los recursos naturales y moralidad administrativa, los
cuales estarían siendo transgredidos por la presunta falta de actualización de
información ambiental critica en plataformas distritales como «el Visor Geográfico
Ambiental de Bogotá y el Censo Arbolado Urbano».
5. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 33 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, quien mediante providencia del 23 de agosto de 2024
declaró su falta de competencia para conocer del asunto y ordenó su remisión al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como fundamento, adujo que la
demanda estaba dirigida en contra de entidades públicas de orden nacional4.
6. Surtidos los trámites correspondientes, el asunto arribó a la Sección
Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien
mediante providencia del 12 de septiembre de 2024 declaró su falta de
competencia para conocer de la acción popular y ordenó la devolución del
proceso al Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá5.
7. Para el efecto, la autoridad judicial estimó que no existía ningún argumento
que justificara la comparecencia de las entidades públicas nacionales
accionadas. Esto, en razón a que no se sustentaba ninguna imputación en su
contra y las obligaciones que se consideraban omitidas y respecto de las que se
deriva la presunta afectación de derechos colectivos correspondían a entidades
del nivel distrital.
8. Inconforme con lo resuelto por el Tribunal, el señor Mena Garzón presentó
recurso de reposición y, mediante providencia del 6 de diciembre de 2024, la
autoridad judicial despachó de manera desfavorable, tras considerar que la
decisión adoptada el 12 de septiembre fue ajustada.
1.4. Sustento de la vulneración
9. La parte accionante adujo que las autoridades judiciales incurrieron en
defecto sustantivo. Como sustento de su afirmación, explicó que las instancias
judiciales omitieron valorar integralmente las competencias asignadas al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la supervisión y gestión de
recursos naturales, conforme al Decreto 3570 de 2011 y 1682 de 2017.
10. En su sentir, tal omisión limitó la conexión entre las obligaciones
nacionales y responsabilidades distritales, al tiempo que se desconoció que los
recursos naturales son patrimonio de la Nación de conformidad con lo estipulado
Mayor de Bogotá, la Secretaria Distrital de Planeación, el Jardín Botánico de Bogotá, el Instituto
de Desarrollo Urbano, Empresa Metro de Bogotá, Regiotram – Empresa Férrea Regional, la
Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, ENEL Condensa, y la Procuraduría General
de la Nación.
4
El proceso se identificó con radicado: 11001-33-36-033-2024-00264-00.
5
El expediente fue identificado con proceso: 25000-23-41-000-2024-01525-00.
3
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en el artículo 80 de la Constitución Política y la Ley 90 de 1993. Por ende, se
afectaron sus derechos fundamentales.
11. Asimismo, indicó que se incurrió en defecto fáctico, en la medida que se
desconocieron los elementos de juicio que sustentaban la conexión entre la
desactualización de plataformas ambientales distritales y el impacto en la
planeación y sostenibilidad ambiental.
12. Hizo hincapié en el hecho de que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca hubiera negado la conexidad de las competencias nacionales de
dicha cartera de ambiente, pues en su sentir, ello desconoce: 1) la primacía de
la autoridad nacional ambiental, 2) la superposición de competencias, 3) las
funciones específicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 4) la
conexidad con derechos fundamentales.
1.5. Trámite de la acción
13. Mediante auto del 11 de diciembre de 2024, el despacho ponente de la
decisión inadmitió la acción constitucional de la referencia. Ello, con el fin de que
la parte actora identificara los requisitos específicos de procedencia de la tutela
y manifestara, bajo la gravedad de juramento, que no ha presentado otra solicitud
de amparo por los mismos hechos y derechos.
14. Subsanado lo anterior, mediante providencia del 17 de enero de 2025 se
admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó
notificar como accionados al Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C.
15. Del mismo modo, se dispuso a vincular como terceros con interés a las
siguientes autoridades:
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Gobernación de Cundinamarca.
• Corporación Autónoma Regional.
• Concejo de Bogotá.
• Personería de Bogotá.
• Contraloría de Bogotá.
• Secretaria de ambiente de Bogotá.
• Alcaldía Mayor de Bogotá.
• Secretaria Distrital de Planeación.
• Jardín Botánico de Bogotá.
• Instituto de Desarrollo Urbano.
• Empresa Metro de Bogotá.
• Regiotram – Empresa Férrea Regional.
• Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.
• ENEL Condensa.
• Procuraduría General de la Nación.
4
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá
16. Solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en
la causa por pasiva. Esto, al no ser la entidad legal, técnica ni jurídica, para
pronunciarse sobre el objeto de la solicitud de amparo.
1.6.2. Regiotram – Empresa Férrea Regional.
17. Refirió que no existe nexo de causalidad entre las pretensiones de la tutela
y la misionalidad de la entidad. Por lo anterior, alegó la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y, por tanto, su desvinculación.
1.6.3. Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
18. El titular del despacho judicial, luego de hacer un recuento de las
actuaciones procesales surtidas al interior de la demanda, refirió que la presente
acción constitucional se instauró con ocasión del desconocimiento de las
funciones atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, como
sujeto pasivo de la demanda.
19. Al respecto, indicó que justamente declaró su falta de competencia y
ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con fundamento en que la demanda se dirigió en contra de dicha cartera.
20. Por lo anterior, mencionó que no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora. Y, en esos términos, solicitó que se negaran las
pretensiones de la tutela.
1.6.4. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
21. Mencionó que respetaría las decisiones que se adopten en desarrollo de
la presente acción de tutela, comoquiera que es el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a quien le corresponde pronunciarse frente a las pretensiones del
demandante.
1.6.5. Gobernación de Cundinamarca
22. Solicitó su desvinculación del presente trámite, dado que carece de
legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, manifestó que no posee la
calidad de autoridad ambiental territorial, en virtud de que se rige por las
funciones asignadas por el artículo 64 de la Ley 99 de 1993.
1.6.6. Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá
5
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23. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela
respecto de dicha autoridad. Ello, con fundamento en que no se demostró su
participación en los hechos a los cuales se les adjudica la transgresión de
derechos fundamentales, máxime cuando la acción popular adelantada con
radicado 2024-01525-00 ni siquiera fue admitida. Por lo anterior, alegó su falta
de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación.
24. De forma subsidiaria, indicó que la solicitud de amparo es improcedente,
pues no supera el requisito de subsidiariedad, en la medida que no se mostró la
configuración de un perjuicio irremediable.
1.6.7. Empresa Metro de Bogotá
25. Allegó memorial concerniente a la acción de tutela adelantado con
radicado 11001-03-15-000-2023-03444-00.
1.6.8. Controlaría de Bogotá D.C.
26. Efectuó un recuento de sus funciones a cargo, para señalar que frente
fundamento de la acción de tutela carece de legitimación en la causal por pasiva.
En ese sentido, solicitó su desvinculación del presente trámite.
1.6.9. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
27. Refirió que desconoce el contenido de la acción popular impetrada por el
señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, teniendo en cuenta que no fue dirigida en
su contra, ni ha sido vinculada por parte de las autoridades judiciales
mencionadas.
28. En seguida, mencionó que la tutela es improcedente porque no se acreditó
el requisito de subsidiariedad. Esto, en el entendido que la parte actora no dio
aplicación a lo reglado en el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, relativo al
conflicto negativo de competencias.
29. Finalmente, señaló que no ha vulnerado ninguno de los derechos
fundamentales cuya protección es reclamada en esta sede. Por ende, solicitó que
se negara la acción de tutela.
1.6.10. Jardín Botánico de Bogotá
30. Recordó los requisitos generales de la acción de tutela contra providencia
judicial, para señalar que el accionante no desarrolló de manera suficiente su
argumentación al ejercer el presente mecanismo.
31. Asimismo, señaló que no le asiste legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto los supuestos fácticos que motivaron la acción de la referencia conciernen
de manera exclusiva al Tribunal accionado.
6
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32. Finalmente, señaló que no ha vulnerado ninguno de los derechos
fundamentales cuya protección es reclamada en esta sede. Por ende, solicitó que
se negara la acción de tutela.
1.6.11. Personería de Bogotá́
33. Mencionó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados a
través de la primera acción, por cuanto no tiene como función la de dirimir los
conflictos de competencia que se presenten entre tribunales y juzgados
administrativos, ni es autoridad ambiental para ordenar la actualización de
información en las plataformas ambientales de entidades nacionales o
territoriales.
34. Por lo anterior, mencionó que no le es dable satisfacer directamente las
pretensiones de la parte accionante, so pena de suplantar las funciones de las
autoridades competentes. En ese orden, pidió la declaratoria de improcedencia
de la tutela.
35. Finalmente, señaló que no ha vulnerado ninguno de los derechos
fundamentales cuya protección es reclamada en esta sede. Por ende, solicitó que
se negara la acción de tutela.
1.6.12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C y los demás terceros vinculados, pese a ser debidamente
notificados, guardaron silencio6.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
36. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Juzgado 33 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto núm. 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto núm. 1069
de 2015 modificado por el Decreto núm. 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
37. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Empresa Férrea
Regional – Regiotram-, la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría Distrital
de Planeación de Bogotá, la Controlaría de Bogotá D.C. y el Jardín Botánico de
6
Véase: Índice 14 Samai.
7
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Bogotá solicitaron su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación
en la causa.
38. Al respecto, la Sala no accederá a la mentada solicitud comoquiera que
su comparecencia al presente trámite se realizó en calidad de terceros con
interés.
2.3. Legitimación en la causa
39. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
40. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón conformó el extremo demandante en el
proceso en el que se profirieron las providencias aquí cuestionadas. Por tanto,
goza de legitimación en la causa por activa.
41. Por otro lado, la Sala evidencia que el Juzgado 33 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C se encuentran legitimados en la causa por
pasiva. Lo anterior, por ser las autoridades judiciales que dictaron las
providencias objeto de reproche.
2.4. Problemas jurídicos
42. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
43. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C vulneraron las
garantías constitucionales deprecadas por la parte actora al dictar las
providencias judiciales del 23 de agosto, el 12 de septiembre y 6 de diciembre de
2024 en el marco del proceso de acción popular 25000-23-41-000-2024-01525-
00?
44. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
8
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judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.
46. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
12
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
9
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47. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
48. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
49. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
50. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.
2.6. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
51. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional13.
52. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó
que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los
criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022,
los cuales fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos
presupuestos se refieren a:
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-06798-00
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
53. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
54. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
55. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
56. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.7. Relevancia constitucional en el caso concreto
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Sección Primera, Subsección C y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-06798-00
57. El señor Mena Garzón adjudica al Juzgado 33 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C la transgresión de sus derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia, al debido proceso, al medio ambiente sano, al
acceso a la información pública y al «al principio de celeridad de la justicia», con
ocasión de la declaratoria de falta de competencia para conocer de la demanda
de acción popular por el impetrada.
58. En esencia, consideró que las autoridades incurrieron en un yerro al
desconocer que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fungió como
accionado, así como las competencias atribuidas a dicha cartera como máxima
autoridad nacional ambiental.
59. Así las cosas, lo primero que llama la atención de esta Sala de Decisión
es que, en efecto, como lo advirtió el Juzgado 33 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá en su intervención, fue en virtud de lo anterior que mediante
providencia del 23 de agosto de 2024 declaró su falta de competencia y ordenó
su remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
60. En efecto, de la providencia del 23 de agosto de 2024 se advierte:
De la lectura integral del escrito de la demanda, se advierte que el presente medio
de control se dirige contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA y la PROCURADURÍA GENERAL, entre otras, ambas
catalogadas como autoridades de orden nacional, desde esa perspectiva, se
remitirá por competencia la presente acción al Tribual Administrativo de
Cundinamarca.
61. Lo anterior permite advertir que los reproches aducidos en la presente
acción de tutela por el señor Mena Garzón en realidad están dirigidos en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.
Esto es, en contra de la declaratoria de falta de competencia de dicha
corporación, por la presunta omisión de valoración del escrito de la demanda, de
donde se podía inferir que se dirigía contra una autoridad del orden nacional y,
por tanto, era el competente para resolver la controversia suscitada.
62. Bajo la anterior consideración, la Sala estudiará el requisito de la
relevancia constitucional frente a la providencia del 6 de diciembre de 2024, que
fue la que confirmó la decisión de falta de competencia en sede de reposición.
63. Por ello, se encuentra necesario recordar que la parte actora formuló
demanda de acción popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, entre otros14,
en procura de la protección de los derechos colectivos relacionados con el
ambiente sano y uso sostenible de los recursos naturales y moralidad
14
Véase: pie de página número 3.
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administrativa. En su sentir, tales garantías estarían siendo transgredidas por la
presunta falta de actualización de información ambiental crítica en plataformas
distritales como «el Visor Geográfico Ambiental de Bogotá y el Censo Arbolado
Urbano».
64. Al momento de revisar su competencia para resolver la demanda, la
Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
estimó, entre otras cosas, que si bien la acción se dirigía en contra el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en realidad no se justificó la necesidad de
la cartera ministerial de comparecer el proceso. Al respecto, mencionó:
i) Los aplicativos que alega cuentan con información relevante ambiental
desactualizada son responsabilidad de las diferentes dependencias del Distrito
Capital, tales como la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de
Bogotá.
ii) Los artículos 79 y 80 de la Constitución Política no establecen reglas de
competencia del MADS, pues su verdadero alcance es el de reconocer un
derecho colectivo, sin perjuicio de imponer al Estado una serie de deberes
generales y principios fundantes para lograr su protección […]15.
65. En vista de lo anterior, el actor consideró que se incurrió en defecto
sustantivo y fáctico. El primero, porque no se valoraron en debida forma las
competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 3570 de 2011 y el Decreto 1862 de
2017. El segundo, en vista de que se omitieron las pruebas relacionadas con la
materia.
66. En este punto, conviene señalar que el defecto sustantivo se configura en
los eventos en los cuales «autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»16.
67. Por otra parte, el defecto fáctico tiene lugar cuando: i) existe una omisión
en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una
valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora
en su integridad el material probatorio. Y, en todo caso, el error en el juicio
valorativo es «ostensible, flagrante y manifiesto».
68. Al respecto, no encuentra esta Sala de decisión que la parte actora haya
identificado la modalidad en que la se habría incurrido los defectos aludidos. Esto
es, la forma en que se aplicó o inaplicó la disposición a cargo, al tiempo que no
se identificaron los elementos de juicio que en su sentir se valoraron de manera
arbitraria o simplemente se desconocieron.
15
Véase: Auto del 6 de diciembre de 2024.
16
Corte Constitucional, sentencia T-792 de 2020.
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69. De manera que, no advierte esta Sección como los reparos formulados
por el accionante tienen la posibilidad de configurar los defectos alegados por la
parte accionante, pues no se expone la manera como la autoridad judicial que
profirió dicha decisión desbordó el contenido del ordenamiento jurídico, ni afectó
sus garantías fundamentales invocadas. Por el contrario, se advierte una mera
reiteración de la controversia.
70. Con tales precisiones, se tiene que, el asunto no supera el requisito de
relevancia constitucional, en la medida que no se cumple la carga argumentativa
necesaria para que esta Sala advierta la vulneración a los derechos
fundamentales del accionante y que, en consecuencia, se haga necesario el
estudio de fondo de este cargo respecto a la sentencia reprochada.
71. En este punto, resulta oportuno traer a colación que en la sentencia SU-
157 de 2022, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional insistió en la
necesidad de que se cumpla con el requisito de la carga argumentativa mínima
porque es un deber del interesado «justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»17.
72. En ese orden de ideas, se estima que los argumentos en torno a los
defectos sustantivo y fáctico no expresan en realidad las razones mínimas por las
que consideraron que la autoridad judicial accionada había incurrido en tales
vicios, más allá de señalar cuestionamientos de instancia que ya fueron objeto del
recurso de reposición.
70. Nótese que, en materia de tutelas contra providencias judiciales, no es
suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se
transgredieron sus garantías fundamentales. Por el contrario, es menester que
se cumpla con el deber de argumentar el concepto de la violación, de manera
que le permita al juez constitucional vislumbrar que la solución del caso permite
desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados.
71. Aunado a lo anterior, hay que señalar que el 24 de enero de 2025 el
Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió auto de
obedézcase y cúmplase, en relación con el auto del 12 de septiembre confirmado
el 6 de diciembre de 2024 por el Tribunal enjuiciado. De ahí que, prima facie, no
se advierte una vulneración a su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia que amerite el estudio de fondo de la presen
controversia.
2.8. Conclusión
72. La Sala declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia. Esto, puesto que no supera el examen del requisito general de la
17
Ibíd.
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Sección Primera, Subsección C y otro
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relevancia constitucional respecto a ninguno de los cargos invocados, porque la
solicitud de amparo no contiene la carga argumentativa necesaria para estudiar
de fondo la configuración de los defectos sustantivo y fáctico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Empresa
de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la Empresa Férrea Regional –
Regiotram-, la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de
Planeación de Bogotá, la Controlaría de Bogotá D.C. y el Jardín Botánico de
Bogotá.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por la
parte accionante contra el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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