Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06839-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06839-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06839-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06839-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
13 de febrero de 2025
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06839-00
Demandante: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El Departamento de Boyacá, actuando por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F. Con su solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia2.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la
sentencia del 15 de mayo de 2024 proferida por la autoridad judicial accionada.
En dicha decisión, se revocó la providencia de primera instancia del 26 de
septiembre de 2022 por el Juzgado 43 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá que negó las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar
probada la excepción de caducidad. Ello, al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 11001-33-37-
043-2022-00154-01.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 El escrito de tutela fue enviado el 12 de diciembre de 2024 a través de la ventanilla virtual del
Consejo de Estado.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y al acceso
efectivo a la administración de justicia, previstos en 105 artículos 29, 229 Y 23 de
la Constitución Política, en favor del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -
SECRETARIA DE HACIENDA -FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE
BOYACÁ, ordenando revocar la sentencia segunda instancia, de fecha 15 de
mayo de 2024, proferida dentro del medio restablecimiento de nulidad y
restablecimiento radicado bajo No 11001333704320220015401, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección F
respectivamente.
2. Ordenar seguir adelante con el trámite del medio de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado bajo No 11001333704320220015401, otorgando un
pronunciamiento de fondo del problema jurídico interpuesto mediante Recurso de
Apelación por el apoderado del Departamento de Boyacá y planteado en sus
consideraciones por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia
objeto de control de legalidad.(Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. La Caja de Previsión Social de Bogotá3 profirió la Resolución 947 del 20
de septiembre de 1985, por medio de la cual reconoció la pensión de jubilación
al señor Alfonso Antonio Rizo Linares por el periodo comprendido entre el 14 de
febrero de 1949 al 30 de septiembre de 1955 y fijó la cuota pensional ante la
misma autoridad.
6. Posteriormente, la autoridad en comento expidió la Resolución 2241 del 4
de diciembre de 2001 a través de la cual reliquidó la pensión descrita y fijó una
cuota parte al Departamento de Boyacá. Ello, con fundamento en que para el
momento en que el señor Rizo Linares adquirió el estatus pensional, ya estaba
en vigencia la Ley 43 de 1975 que nacionalizó la educación.
7. Con fundamento en lo anterior, el Departamento de Boyacá instauró el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
FONCEP. En la demanda, solicitó la nulidad parcial de las Resoluciones 947 de
1985 y 2242 de 2001 y que se le ordenara a la autoridad la expedición de un
nuevo acto administrativo en el que se le excluyera de la cuota pensional del
señor Rizo Linares.
3 Posteriormente, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio – Fondo de Prestaciones
económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP).
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
8. El proceso correspondió al Juzgado 43 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, quien mediante sentencia del 26 de septiembre de 2022 negó las
pretensiones de la demanda. En esencia, consideró que el reconocimiento de la
pensión mediante el sistema de las cuotas partes constituía una actuación
armónica entre entidades, una vez dada la aceptación del concurrente y pagada
de la mesada pensional por parte de la entidad de previsión, como había
sucedido en el caso concreto.
9. En este punto, adujo que la Caja de Previsión Social de Bogotá remitió
mediante oficio los proyectos de acto administrativo a la Caja de Previsión Social
de Boyacá (hoy departamento de Boyacá) con el fin de surtir el trámite de cuota
parte pensional de los tiempos laborados por el señor Alfonso Antonio Rizo, sin
que el demandante hubiera ejercido oposición.
10. Inconforme con la decisión, el Departamento de Boyacá interpuso recurso
de apelación. Para el efecto, indicó que el hecho de que se hubiera agotado el
trámite de consulta del proyecto de Resolución por medio del cual se le asignó
cuota parte pensional, no le impedía acudir ante la justicia ordinaria para que se
decidiera la legalidad de los actos administrativos.
11. La alzada correspondió al Tribunal Administrativo del Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, quien mediante providencia del 15 de mayo de
2024 declaró la caducidad de la acción. Como sustento de su decisión, afirmó
que respecto a la proporción de la cuota parte asignada operaba dicho fenómeno
al tratarse de un crédito fiscal y al que no le aplica la premisa utilizada para
prestaciones periódicas.
12. En esencia, el ad quem indicó que los proyectos de las Resoluciones 947
de 1985 y 2241 del 4 de diciembre de 2001 fueron comunicados mediante oficios
del 11 de septiembre de 1981 y 1 de julio de 2001, respectivamente. Por ende,
al haberse radicado la demanda hasta el 20 de agosto de 2020, se superó el
término de los 4 meses consagrados por el legislador para el ejercicio del derecho
de acción4.
1.4. Sustento de la vulneración
13. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren
los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. Con relación a
los presupuestos específicos, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto sustantivo al tomar como fundamento de su decisión una norma sobre
caducidad que no es aplicable al caso concreto; esto es, el literal d) del numeral
2° del artículo 164 del CPACA.
4 La sentencia fue notificada por correo electrónico del 12 de junio de 2024 a los sujetos
procesales.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
14. Para sustentar su dicho, mencionó que, dada la naturaleza periódica de
las cuotas partes pensionales y lo contenido en el literal C del numeral 1 del
artículo 164 y 157 del CPACA, no operó el fenómeno de la caducidad.
15. Al respecto, consideró que el legislador no precisó el alcance de la
expresión prestaciones periódicas, aunado a que esta última condición no
requiere una interpretación más allá de la definición dada por la Real Academia
de la Lengua Española.
16. Atado a lo anterior, invocó la sentencia del 11 de junio de 2020 proferida
por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, de la cual se
podía concluir que, al ser causadas mes a mes, por ser correlativas al pago de
una prestación periódica, siguen la suerte de lo principal y por ello, le era aplicable
la situación prevista en el artículo 164 del CPACA.
17. Aclaró que no está discutiendo el recobro de una cuota parte pensional
que se deriva de un proceso coactivo, sino la exigencia de órdenes a las
entidades demandadas que declaren la nulidad parcial de los actos
administrativos en cuestión y excluyan a dicho ente territorial de la cuota que le
fue adjudicada de manera arbitraria, pues el señor Alfonso Rizo Linares no era
un trabajador del orden territorial, sino nacional.
1.5. Trámite de primera instancia
18. Por auto del 13 de diciembre de 2024, el magistrado ponente de esta
decisión inadmitió la solicitud de amparo. Ello, para que el ente territorial
demandante aportara el poder especial conferido a su abogado y la presentación
personal del mismo.
19. Subsanado lo anterior, mediante providencia del 16 de enero de 2025 se
admitió la acción de tutela. En consecuencia, se ordenó notificar en calidad de
accionado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F.
20. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado 43
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
al Fondo de Prestación Económicas, Cesantías y Pensiones y a los señores
Martha Judith Cañón Quintero y David Eduardo Rizo Cañón.
21. De otro lado, se requirió al apoderado de la parte actora para que informara
si el señor Alfonso Antonio Rizo falleció o se encuentra vivo. En el primer caso,
se solicitó que se informara si únicamente la pensión de sobreviviente fue
reclamada por la señora Martha Judith Cañón Quintero y David Eduardo Rizo
Cañón, o si existían otros herederos.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
22. Por último, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del CGP.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado 43 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
23. La autoridad judicial efectúo un recuento de las actuaciones procesales
surtidas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
y señaló que las decisiones allí proferidas se adoptaron en respeto de las
garantías de las partes y de conformidad con los preceptos que, en el criterio de
la juzgadora, eran aplicables.
24. Por último, remitió el enlace y la copia digital del expediente 11001-33-37-
043-2022-00154-01.
1.6.2. Parte actora
25. Por intermedio de su apoderado informó al despacho que, en el expediente
administrativo de la Dirección de Pasivos Pensionales del Departamento, no se
tenía constancia de certificado de defunción allegado por el FONCEP, al notificar
la Resolución 2814 del 24 de noviembre de 2010 que reconoció la pensión de
sobrevivientes a favor de la señora Martha Judith Cañón Quintero y David
Eduardo Rizo Cañón.
26. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que en el cuerpo de dicho acto
administrativo se evidencia que el certificado fue aportado en la solicitud de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Y, en el mismo trámite la señora
Cañón Quintero rindió declaración en la cual manifestó:
[…] Procreamos tres hijos de nombres Víctor Alfonso Rizo Cañón, de 24 años de
edad, Alfonso Antonio Rizo Cañón de 22 años de edad y David Eduardo Rizo
Cañón de 18 años de edad, de los cuales nuestros dos hijos mayores son
independientes económicamente y el menor es decir, David Eduardo Rizo Cañón
, es discapacitado, presenta retardo psicomotor irreversible […]
27. De otro lado, mencionó que desconocía la dirección de notificaciones de
los señores Martha Judith Cañón Quintero y David Eduardo Rizo Cañón, toda
vez que no fueron aportados al expediente administrativo.
1.6.3. Fiduprevisora S.A.
28. Solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela y se le desvinculara
del presente trámite. Como sustento de sus peticiones, indicó que las autoridades
judiciales que conocieron de la controversia actuaron de conformidad con la
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
normativa establecida, sin que se pueda alegar algún desconocimiento de
precedentes judiciales relacionados con el objeto de la demanda, al tiempo que
no hubo ninguna transgresión de derechos fundamentales a los sujetos
procesales.
1.6.4. FONCEP
29. Solicitó su desvinculación del trámite de la referencia, en atención a que
la vulneración de las garantías constitucionales expuestas en la tutela no
proviene de una acción u omisión de su parte.
30. De otro lado, indicó que en el medio de control se respetaron todas y cada
una de las etapas procesales y las garantías fundamentales de las partes, de
manera que el Departamento de Boyacá pudo ejercer su derecho al debido
proceso. Por ende, pidió que se despacharan desfavorablemente las súplicas de
la demanda.
31. Por último, informó que el señor Alfonso Antonio Rizo Linares falleció el 6
de julio de 2010, conforme al registro civil de defunción 06936857, expedido por
la Notaría 33 del Círculo de Bogotá D.C. En ese orden, la pensión de
sobreviviente fue reconocida a los señores Martha Judith Cañón Quintero y David
Eduardo Rizo Cañón mediante Resolución 2814 del 24 de noviembre de 2010.
1.6.5. Ministerio de Educación Nacional
32. La cartera ministerial alegó que la tutela no demuestra que la vulneración
de las garantías procesales invocadas compromete gravemente la existencia o
supervivencia de la accionante, el acceso a la administración de justicia, ni una
transgresión indirecta de derechos fundamentales de personas naturales.
33. Por el contrario, mencionó que se presenta una controversia natural
estrictamente económica, en el marco de un litigio que involucra intereses
privados. Situación que, en su sentir, demuestra que la tutela carece de absoluta
relevancia constitucional. Por lo tanto, solicitó la declaratoria de improcedencia
de la acción de tutela.
1.6.6. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
34. Se limitó a remitir el expediente 11001-33-37-043-2022-00154-01, sin
emitir ninguna consideración sobre el objeto de la solicitud de amparo.
1.6.7. Los demás terceros vinculados al presente trámite, pese a ser
debidamente notificados, guardaron silencio5.
5 Cfr. Notificación por aviso del 20 de enero de 2025. Índice Samai 15.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
35. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
36. La Fiduprevisora S.A. y el FONCEP solicitaron su desvinculación del
presente trámite. Ello, tras considerar que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados en esta instancia no proviene de una acción u omisión
de su parte.
37. No obstante, la Sala negará las referidas peticiones, comoquiera que su
vinculación al presente trámite fue realizada como terceros por el interés que les
puede surgir ante una eventual orden de amparo y no como sujetos accionados.
2.3. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
39. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el Departamento de
Boyacá promovió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-37-043-2022-00154-01. Por tanto, es el titular de los derechos
fundamentales cuya protección reclama. En consecuencia, goza de legitimación
en la causa por activa.
40. Por otro lado, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada se
encuentra legitimada en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser quien dictó la
providencia objeto de reproche.
2.4. Problemas jurídicos
41. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
tutela contra providencias judiciales?
42. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora,
con la expedición de la providencia del 15 de mayo de 2024 que revocó la
sentencia de primera instancia del 26 de septiembre de 2022 proferida por el
Juzgado 43 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó las
pretensiones para, en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad?
43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales8.
45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia10 y ocho defectos
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.
46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
47. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
48. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
49. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
50. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional12.
51. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
52. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
53. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
54. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
55. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
56. Como se señaló, la parte actora cuestiona la providencia del 15 de mayo
de 2024 expedida por la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En dicha decisión se revocó la sentencia de
primera instancia del 26 de septiembre de 2022 por el Juzgado 43 Administrativo
de Bogotá que negó las pretensiones. En su lugar, declaró probada la excepción
de caducidad, tras advertir que la demanda se presentó por fuera del término de
4 meses que establece el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
57. Como sustento de la solicitud de amparo, el Departamento de Boyacá
adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al tomar
como fundamento de su decisión una norma sobre caducidad que no es aplicable
al caso concreto; esto es, el literal d) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA13.
58. Por el contrario, indicó que la disposición aplicable al caso era el literal C)
del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, la cual establece que la demanda se
puede presentar en cualquier tiempo, cuando:
13 «ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
establecidas en otras disposiciones legales»
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
59. En concreto, el ente territorial estima que, a diferencia de lo estimado por
el Tribunal enjuiciado, las cuotas partes pensionales tienen naturaleza periódica
y por ello, la demanda la podían presentar en cualquier tiempo.
60. En vista de lo anterior, la Sala considera que la solicitud de amparo no
acredita el requisito de la relevancia constitucional. Como fue visto, lo pretendido
por la parte actora es que se defina si la cuota parte pensional, objeto del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, constituye o no una
prestación periódica y, por tanto, si la demanda podía o no presentarse en
cualquier tiempo.
61. Por ende, lejos de proponerse un debate ius fundamental, lo que se
evidencia es la inconformidad de la parte actora en torno a la decisión del Tribunal
Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y la manera
como se contabilizó el fenómeno de la caducidad. Controversia que se limita a
un debate eminentemente legal y, en últimas, económico, toda vez que se
pretende que se deje sin efectos la providencia y con ello, se decida si el acto
administrativo que le impuso una cuota parte pensional es ajustado a derecho o
no. Esto, para que se le releve del deber de pagar la mentada cuota.
62. De la revisión de la decisión enjuiciada, se advierte que el Tribunal adujo
en la providencia enjuiciada, que la jurisprudencia constitucional y ordinaria del
Consejo de Estado ha definido que las cuotas partes pensionales tienen un
carácter parafiscal. Es decir que, al no tratarse de actos administrativos que
reconocen una prestación periódica, la regla aplicable a la presentación de la
demanda es la establecida en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA.
63. Para el efecto, citó diferentes pronunciamientos de esta colegiatura y,
precisó que dicha tesis ha sido replicada por dicho Tribunal en otras
oportunidades.
64. En suma, lo que persigue el tutelante con este instrumento judicial es que
se discuta si la tesis adoptada por la autoridad judicial accionada es acertada o
no y con ello, se imponga que la demanda puede ser presentada en cualquier
tiempo. Situación que, a todas luces, implica desconocer las competencias
constitucional y legalmente establecidas a los operadores judiciales. Máxime
cuando no se advierte una interpretación caprichosa o razonada por parte de la
Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
65. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo
judicial es improcedente porque no reviste relevancia constitucional. Lo anterior,
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06839-00
se reitera, porque el cargo de esta tutela no propone un debate jurídico que gire
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, sino una
controversia legal y en últimas económica.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. y
el FONCEP.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el
Departamento de Boyacá contra el Tribunal Administrativo del Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.