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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06849-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06849-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06849-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06849-00
Accionante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo
y Fluvial – Unimar y otros1
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Error judicial en proceso de
liquidación / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad.

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, la
Sala procede a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 11 de diciembre de 2024, los accionantes presentaron acción de tutela3, con la
pretensión de que se deje sin efectos la sentencia de 23 de agosto de 2024 proferida
dentro del proceso de reparación directa 4 promovido por la organización sindical
Unimar contra la Superintendencia de Sociedades, con la finalidad de que se
declarara su responsabilidad por las decisiones judiciales que adoptó en el proceso
liquidatorio de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (en adelante
CIFM), que llevaron a que las acreencias laborales de los afiliados al sindicato
quedaran insolutas, a pesar de tener prevalencia.

2.
A través de la referida providencia la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado modificó la sentencia de primera instancia5, para en su lugar (A)

1 Luis Guillermo Sánchez Quiroga, Oswaldo de Jesús Piedrahita Echeverri, Pedro Alfonso Rincón Leguizamo,

Héctor Alfredo Garzón Gaitán y Emeramo Barrero Parra.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Invocaron los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana.
4 Consejo de Estado, expediente 25000-23-36-000-2015-00705-02 (62053).
5 Sentencia de 17 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera

– Subsección B, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06849-00
Accionante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo
y Fluvial – Unimar y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

declarar de oficio la caducidad del medio de control, respecto de los autos (i) 546-
022468 del 12 de diciembre de 20016, (ii) 546-0228813 del 18 de diciembre de 20017,
(iii) 440-20886 del 12 de diciembre de 20028, (iv) 440-002498 del 14 de febrero de
20039, y (v) 400-002511 del 13 de marzo de 201210; y (B) negar las pretensiones
respecto del auto (i) 400-010928 del 28 de agosto de 2012 11 , así como de las
decisiones que lo confirmaron en sede de reposición, a saber, los autos (ii) 400-
06211 del 22 de noviembre de 2012 y (ii) 400-017782 del 18 de diciembre de 2012.
Precisó que si bien ya se había descartado la caducidad en un auto anterior, ésta es
un presupuesto procesal que se debe verificar al momento de proferir la decisión de
fondo, y en el caso puntual, frente a 5 de los 8 autos cuestionados, no se acudió en
tiempo a la jurisdicción. Respecto a los otros 3, no se configuró error judicial, pues
las decisiones adoptadas por la demandada no resultan contrarias a la ley, y están
justificadas en forma razonable.

3.
La parte actora presenta un listado de objeciones contra la providencia, que se
puede sintetizar en los siguientes puntos:

(i). Se hizo un cambio arbitrario del alcance de la demanda, pues se limitó el litigio
a sólo 8 autos proferidos en el proceso liquidatorio, obviando que este último debe
ser comprendido como uno todo. Con ello se excluyó el estudio de varias
sentencias12 que fueron desatendidas por la demandada.

(ii). Excluyó otros autos del estudio de la apelación, bajo la tesis de que los
mismos desbordaban la causa petendi.

(iii). Negó el acceso a la administración de justicia, al abstenerse de estudiar varios
de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, configurándose un
“excesivo rigor manifiesto”, pues excluyó -en forma arbitraria- diversos asuntos
trascendentales para acreditar el daño antijurídico causado a través de varias
decisiones de la Superintendencia de Sociedades, en el marco de la liquidación.

(iv). Desconoció el principio de cosa juzgada, respecto a la caducidad, y declaró
la misma a pesar de que en una decisión previa ya había sido descartada. Además
-como si se tratara del legislador- fijó una regla de caducidad según la cual aquella

6 Desestimó las objeciones sobre los avalúos.
7 Desestimó otras objeciones propuestas por UNIMAR respecto de los avalúos.
8 La Superintendencia autorizó la ejecución del plan de pagos.
9 La Superintendencia resolvió los recursos de reposición presentados contra el Auto No. 440-020886.
10 A través del mismo, se resolvieron los recursos contra los Autos 405-009066, 405-009367 y 405-010578

mediante los cuales la Superintendencia había desestimado unas objeciones y acogido otras, respecto de la
rendición de cuentas de los años 2007, 2008 y 2009.
11 En el mismo la Superintendencia decidió: “DECLARAR TERMINADO el proceso liquidatorio de los bienes que

conformaban el patrimonio de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., en liquidación obligatoria”.
12 Cita las sentencias C-543 de 2011, T-139 de 2001, SU-1023 de 2001 y T-847 de 2003 de la Corte

Constitucional, así como el fallo de 5 de mayo de 2005 del Consejo de Estado (no indica número de radicado),
“las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que ordenan la restauración de los contratos de trabajo y el pago
de salarios y prestaciones sociales causados como gastos de administración”, y la sentencia 2012-201 del
juzgado 39 administrativo de Bogotá (no indica datos adicionales).

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ya no se determina por el tiempo para acudir a demandar, sino por el contenido de
la apelación. Sin mencionar que la motivación para su actuar es falsa.

(v). El pronunciamiento judicial sobre asuntos como la conmutación pensional,
pretende instaurar una especie de caducidad respecto a la posibilidad de que se
cumplan las sentencias que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
proferido al respecto.

(vi). En cuanto al auto 400-010928 del 28 de agosto de 2012 se analizó sólo el
cargo relativo a la violación del Decreto 254 de 2000 y, sin decir por qué, se abstuvo
de analizar los demás cargos de ilegalidad, entre ellos el relativo a la aprobación de
estados financieros falsos. Además, sobre lo primero omitió por completo hacer
alusión a la sentencia C-543 de 2001 y al fallo de 5 de mayo de 2005 del Consejo de
Estado. En cambio, mencionó la SU-123 de 2001 para sostener que CIFM es una
empresa privada -desconociendo su régimen jurídico y el carácter público de su
patrimonio-, y de ello derivó que el Estado no puede responder subsidiariamente por
el pago de su pasivo laboral insoluto. De esa manera se evadió esa responsabilidad
subsidiaria, siendo que la misma se pudo imponer al Fondo Nacional del Café,
aplicando en conexidad la sentencia C-543 de 2001 y el fallo de 5 de mayo de 2005,
que asignaron a aquel el pago del pasivo pensional de CIFM.

(vii). Desatendió los artículos 8 y 9 del decreto 2677 de 1971, que prohíben el cierre
de empresas con obligaciones pensionales pendientes de conmutar. A partir de una
falsa motivación estableció una caducidad respecto a la exigencia de lo dispuesto en
la sentencia T-139 de 2001.

(viii). Se avaló el cierre de facto de la CIFM, pues a pesar de que -en sede de tutela-
un juzgado ordenó a la Supersociedades conceder el recurso de apelación
interpuesto contra el auto 400-010928 del 28 de agosto de 2012, la autoridad judicial
accionada, estimó que frente a esa decisión no procedía recurso y por ende quedó
en firme.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

4.
Mediante auto de 18 de diciembre de 2024, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó como tercero con interés a la
Superintendencia de Sociedades. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

5.
El despacho ponente de la decisión acusada, indicó que con aquella no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados, y lo que se busca es reabrir la
discusión ya zanjada por el juez natural. Cuestionó la pretensión de la parte actora
de que la Sección Tercera – Subsección C fungiera como juez laboral o juez de la

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liquidación, e hiciera un escrutinio sobre una extensa lista de asuntos que ha ido
alimentando conforme avanzaba el proceso ordinario. De ahí la necesidad de
delimitar el alcance del litigio, que corresponde a uno de los reproches de la tutela.
Igualmente destaca que no se desconoció la cosa juzgada al declarar la caducidad
respecto de algunos autos, pues ese es un presupuesto procesal que debía
verificarse antes de fallar.

(ii) Superintendencia de Sociedades

6.
Solicitó que se declare improcedente la tutela y se rechacen las pretensiones,
pues se pretende usar este mecanismo constitucional como si se tratara de una
tercera instancia. Además, destacó que, si bien en la sentencia SU-1023 de 2001 -
como medida transitoria- se ordenó a la Federación Nacional de Cafeteros, como
administradora del Fondo Nacional del Café, suministrar los recursos para el pago
de las mesadas pensionales y aportes en salud de los jubilados a cargo de la
concursada, esa protección no se extiende respecto de los demás extrabajadores y
sus acreencias salariales.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

7. La Sala considera que la solicitud de amparo no satisface los presupuestos de
relevancia constitucional y subsidiariedad. Los reproches formulados, más allá de
dar cuenta de una discrepancia respecto a lo resuelto por el juez natural, no se
perfilan como yerros con incidencia constitucional que demanden de la intervención
del juez de tutela. Adicionalmente, varios de ellos pueden ser canalizados a través
de otro mecanismo de defensa judicial.

8. Los cuestionamientos de la parte accionante denotan una inconformidad con la
forma en que la autoridad judicial abordó el caso, y resolvió los puntos centrales del
litigio. La primera evidencia que tutela carece de relevancia constitucional es que
tales reproches no se encuadran en las causales específicas de procedibilidad que
ha delineado la jurisprudencia. Los mismos se presentan simplemente como una
reiteración de lo expuesto en sede ordinaria, y la queja de que la autoridad judicial
optó por resolverlos, de manera desfavorable a la organización sindical.

9. Dada la dispersión de temas, y la repetición de algunos argumentos, se abordarán
en el orden en que se estima lógico, de acuerdo a la argumentación planteada por
la autoridad judicial accionada que, desde ya se anticipa, se antoja razonable y
suficiente, por lo que la censura expuesta no tiene vocación de prosperidad.

10. Así, se distingue un primer grupo de reparos asociados a la congruencia de la

decisión, relativos a que el estudio se limitó a unos autos en concreto, así como a
argumentos particulares respecto a las providencias que finalmente se analizaron.

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Sobre ello, se advierte la clara intención de reabrir la discusión en un asunto que fue
ampliamente sustentado en la sentencia.

11. La Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado, luego de relacionar

los antecedentes procesales, dedicó un acápite especial denominado “MARCO DE
JUZGAMIENTO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA A RESOLVER”. En este, puso de presente la necesidad de delimitar el
objeto de la discusión, considerando que el extremo activo de litis fue incorporando
nuevos argumentos y elementos de debate, a medida que el proceso avanzaba,
incluso en el recurso de apelación.

12. De esa manera, en garantía a los derechos de contradicción y defensa, así como

el principio de congruencia, empezó por precisar que al subsanar la demanda la
organización sindical acotó el litigio a 8 de los autos proferidos en el proceso
liquidatorio. En tal sentido descartó los cuestionamientos hechos en la apelación,
relativos a que el a quo no abordó otros puntos formulados en etapas posteriores,
como en la de alegatos. Para la autoridad judicial, admitir ello comportaría amplificar
la causa petendi en una oportunidad que no ha sido concebida para tal fin, en claro
desmedro de las garantías procesales.

13. Lo mismo advirtió respecto a la mayoría de argumentos que se presentaron al

alegar en segunda instancia, que estuvieron referidos a otros autos diferentes a los
8 antes indicados.

14. Deconformidad con lo anterior, limitó el análisis de segunda instancia a los
argumentos que se presentaron en la etapa procesal adecuada, referidos
concretamente a las 8 providencias ya referidas. De ahí, que sólo se pronunciara
sobre ciertos de los puntos objetados al auto 400-010928 del 28 de agosto de 2012,
que es otro reproche de la parte accionante.

15. La actora no presenta argumentos de estirpe constitucional para deslegitimar ese

proceder de la autoridad. Simplemente insiste en que el estudio resultó incompleto,
y que la exclusión de providencias y cargos resulta arbitraria, sin reparar en que ello
responde a la lógica procesal y el respeto al debido proceso, pues justamente fue
esa parte la que planteó un proceso acusando un sinnúmero de providencias. De
hecho, como destaca la Subsección C, desde la audiencia inicial en la que se fijó el
litigio, la autoridad judicial debió circunscribir la discusión a unas providencias
concretas, y esa decisión no se recurrió. De ahí que el asunto carezca de relevancia
constitucional.

16. Aunado a lo cual se debe recordar que, en cualquier caso, cuando se tacha una

sentencia de incongruente, por desatender las pretensiones o proceder al margen
de la competencia que fija el recurso de apelación, es posible acudir al recurso
extraordinario de revisión, invocando la causal 5 -nulidad originada en la sentencia-
del artículo 250 del CPACA. De forma tal que, la tutela deviene improcedente por no
cumplirse con el presupuesto de subsidiariedad.

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17. Otro aspecto que se objeta es la declaratoria de caducidad que cobijó a 5 de los

8 autos, a pesar de que en una decisión previa13 esa excepción ya había sido
descartada. Sobre ese aspecto la Sala destaca que la determinación del Tribunal no
es descontextualizada ni obvia el antecedente procesal reseñado. Por el contrario,
lo menciona en forma expresa y presenta las razones por las que estima que no se
puede hablar de cosa juzgada14, y cómo aquella decisión no limita a la Sala para
verificar un presupuesto procesal indispensable, al momento de decidir de fondo el
asunto.

18. Adicionalmente pone de presente que el criterio acogido al resolver la apelación

contra el auto que declaró esa excepción previa, relativo a que la caducidad debía
contarse a partir del último auto proferido en el proceso liquidatorio; podría pervivir
en una hipótesis en la que se cuestione el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. No obstante, aunque algunos argumentos de la demanda
pudieran entenderse como enmarcados en ese escenario de la responsabilidad
atribuible a la Rama Judicial, lo cierto es que al subsanar la demanda -y en la propia
apelación- quedó claro que el origen del alegado daño se ubica en un supuesto error
judicial, predicable de varios autos; y en ese contexto la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado ha considerado en forma reiterada que los dos años
para acudir a la jurisdicción empiezan a contar desde la ejecutoria de la providencia.
De ahí que cada auto deba ser estudiado en forma particular, como fuente del daño,
y no como un todo15.

19. La anterior argumentación resulta congruente con lo expuesto por la Sección

Tercera del Consejo de Estado sobre la caducidad en este tipo de escenarios, y lo
manifestado por la parte actora no supera el escenario de la crítica, apenas natural
en quien resulta desfavorecido por una decisión judicial; sin que se pueda endilgar
a la autoridad judicial accionada una vulneración de entidad constitucional.

20. Otros dos reproches se refieren a temas de fondo efectivamente abordados en la

sentencia al estudiar el auto 400-010928 del 28 de agosto de 201216, sobre los
cuales la parte accionante no comparte la postura de la autoridad judicial. Los
mismos están relacionados con que se tuvo a CIFM como una empresa privada, y
se avaló su cierre de facto. En ambos aspectos se evidencia la clara intención de
reabrir la discusión sobre el asunto.

13 Auto del 21 de julio de 2016 proferido por el entonces magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, a través

del cual se revocó la decisión del Tribunal accionado -adoptada en audiencia inicial-, de declarar la caducidad
respecto a 6 autos.
14 Cita la sentencia SU-335 de 2023 para señalar que “el principio procesal de la cosa juzgada no es predicable

de autos que declaran no probadas las excepciones”.
15 Para apoyar su tesis citó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 2 de junio de 2023, exp. 57319.
16 En este punto se hace mención a los reproches diferentes a la falta de pronunciamiento respecto a otros

cargos, pues aquel ya fue estudiado al abordar lo relativo a la congruencia.

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21. En cuanto a lo primero, la Subsección C realizó un estudio del acervo probatorio,

así como de la legislación y la jurisprudencia17, para concluir que la participación
accionaria del 80.07788% del Fondo Nacional del Café no desvirtúa per se la
naturaleza privada de CIFM, y en tal sentido no resultaba aplicable el Decreto 254
de 2000, según el cual el Estado debe responder subsidiariamente por el pasivo
laboral insoluto de entidades públicas liquidadas. Por otro lado, no tiene ningún
sustento afirmar que la conclusión sobre la naturaleza pública de CIFM era
inexorable, en tanto pronunciamientos judiciales previos18 asignaron a la Federación
Nacional de Cafeteros el pago del pasivo pensional, pues las consideraciones sobre
un grupo especial de extrabajadores no puede trasladarse en forma automática a
otro, ni se puede imponer a una Alta Corporación Judicial -sin mayor razonamiento-
el criterio adoptado en otra decisión, sin siquiera hacer un escrutinio de los
presupuestos fácticos y sustantivos de esa determinación.

22. En lo que atiende al supuesto cierre de facto de CIFM, la censura se orienta a

que, a pesar de que -en sede de tutela- un juzgado ordenó a la Supersociedades
conceder el recurso de apelación respecto al auto 400-010928 del 28 de agosto de
2012, la autoridad judicial accionada, estimó que contra esa decisión no procedía
recurso y por ende quedó en firme. En punto a esa crítica, se advierte que lo
ordenado por un juez de tutela no compromete el criterio de la Subsección C, que
objetivamente consideró que la decisión de la Superintendencia estuvo ajustada a
la legalidad. Argumento que refuerza, precisando que la referida orden de tutela fue
de primera instancia, y se desconoce si se mantuvo o no en sede de impugnación.
El papel de la autoridad judicial en el medio de control era valorar la legalidad de la
providencia -y establecer si de ella derivó un daño antijurídico-, no si la misma dio
cumplimiento o no a una orden de tutela.

23. El último reproche corresponde realmente a una conclusión que la parte
accionante extrae de los razonamientos de la Subsección C, que por no ser
expuesta en forma explícita y escapar del objeto central de la discusión, deviene en
irrelevante desde la óptica constitucional, y es el referente a la supuesta pretensión
de instaurar una suerte de caducidad para el cumplimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional -entre ellas la T-139 de 2001- y del Consejo de Estado,
respecto a asuntos como la conmutación pensional. Esa es una especulación de la
parte actora sobre la decisión que, por demás, no tienen relación directa con el
problema jurídico, sino que se refiere a un supuesto yerro con incidencia en otras
decisiones judiciales.

24.
De conformidad con lo expuesto, se declarará improcedente la solicitud de
amparo.

17 Citó la sentencia SU-1023 de 2001 y el Auto No. 25000-23-42-000-2019-00363-01 del 14 de julio de 2020 de

la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado.
18 La parte accionante se refiere a la sentencia C-543 de 2001 y el fallo de 5 de mayo de 2005 del Consejo de

Estado.

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Accionante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo
y Fluvial – Unimar y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

25.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

19 VF

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