Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00705-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00705-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00705-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
23 de agosto de 2024
Radicado: 250002336000201500705-02 (62053)
Demandante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial
• UNIMAR
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 250002336000201500705-02 (62053)
Demandantes: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte
Marítimo y Fluvial – UNIMAR
Demandados: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Medio de control de reparación directa.
Tema: Daños causados durante el trámite de un proceso de liquidación obligatoria. Subtema 1.1. Competencia del
juez de segunda instancia - circunscrita a los argumentos de la apelación. Subtema 1.2. Congruencia y delimitación
del marco de juzgamiento del recurso. Subtema 1.3. Caducidad parcial del medio de control de reparación directa.
Subtema 1.4. Error jurisdiccional en auto que declaró terminado el proceso de liquidación – no configurado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B, el diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que
negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
Arguye el demandante que la Superintendencia de Sociedades, dentro del trámite de
la liquidación obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. ─en
adelante CIFM─, profirió varias decisiones y actuaciones constitutivas de error judicial
e incurrió en omisiones lesivas a los intereses de los trabajadores afiliados al sindicato
UNIMAR, entre estas: la desatención a órdenes de tutela; la exclusión arbitraria de
bienes de la masa concordataria ─acciones y títulos por operaciones REPO─; la
violación al régimen de prelación de pagos en desmedro de las acreencias laborales;
la destinación de dineros y reservas para gastos de administración con la finalidad de
eludir el pago de procesos ejecutivos de los trabajadores; la discusión por parte de la
junta asesora del liquidador de las acreencias laborales después de haberse declarado
extintos los bienes de la masa concursal; dar por pagadas, sin estarlo, acreencias
laborales ordenadas por sentencia judicial; la orden irregular el cierre de CIFM sin
haberse pagado las sentencias judiciales y sin establecer quién asumiría el pasivo
laboral insoluto; el no pago de los aportes a seguridad social, salarios y prestaciones
sociales; y, finalmente, el no haber dejado los remanentes para las contingencias,
porque las remitió a un patrimonio autónomo exclusivo para pagos pensionales.
La primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por cuanto no se probó error
jurisdiccional en los autos proferidos por la Superintendencia y el trámite concursal se
efectuó acorde a los activos y pasivos de la sociedad en liquidación. En su apelación,
la parte actora insistió en que existió violación al régimen de prelación de créditos, adujo
que no hubo pronunciamiento respecto de todos los puntos de la demanda y que no se
apreciaron debidamente las pruebas.
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Radicado: 250002336000201500705-02 (62053)
Demandante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial
• UNIMAR
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
La Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial ─en
adelante UNIMAR─, el 6 de marzo de 20151, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa, con la que pretende que esta jurisdicción profiera
sentencia de condena a cargo de la Superintendencia de Sociedades, como
consecuencia de “las actuaciones y decisiones judiciales” en el proceso liquidatorio de
la CIFM que llevaron a que las acreencias laborales de los afiliados al sindicato
quedaran insolutas, a pesar de tener prevalencia. En particular, expresó como
irregularidades las ya reseñadas en la síntesis.
Así mismo, con ocasión de la subsanación del escrito de demanda 2, precisó que los
autos acusados de error jurisdiccional eran los siguientes: i) No. 546-022468 del
diciembre 12 de 2001; ii) No. 546-0228813 del 18 de diciembre de 2001; iii) No. 440-
20886 del 12 de diciembre de 2002; iv) No. 440-002498 del 14 de febrero de 2003; v)
No. 400-002511 del 13 de marzo de 2012; vi) No. 400-010928 del 28 de agosto de
2012; vii) No. 400-06211 del 22 de noviembre de 2012 y, viii) No. 400-017782 del 18 de
diciembre de 2012.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca con auto del veintisiete (27) de abril de
dos mil quince (2015), inadmitió la demanda3, por lo que una vez fueron subsanados
esos defectos, dicha Corporación, mediante auto del primero (1) de junio de aquella
anualidad, procedió a la admisión de la demanda4, la cual fue debidamente notificada5.
La Superintendencia de Sociedades contestó la demanda6, con escrito en el que,
luego de explicar el trámite de liquidación y su naturaleza jurisdiccional, refirió que no
se cumplían los requisitos para declarar la responsabilidad estatal, comoquiera que no
se advertía una falla en la prestación del servicio, pues la Superintendencia en ningún
momento actuó en forma irregular. Propuso como excepciones: i) inimpugnabilidad de
las decisiones judiciales, bajo el entendido que la Superintendencia no actuó como
órgano administrativo, sino como juez del proceso liquidatorio y, por tanto, sus
decisiones no eran impugnables ante el Contencioso; ii) falta de “legitimidad” (sic) por
pasiva”, habida cuenta que la Superintendencia cumplió obligaciones estrictamente
jurisdiccionales y no las de administrador de bienes de la sociedad, porque estas le
fueron confiadas a un liquidador que, en los términos de la Ley 222 de 1995, es quien
responde por el patrimonio que recibe frente al deudor, los asociados, acreedores y
terceros; iii) inexistencia de responsabilidad de la Superintendencia; iv) inexistencia del
daño, pues los bienes de la liquidación no alcanzaron para cancelar la totalidad de
acreencias.
1 Folios 1 a 25 del cuaderno 1.
2 Folios 33 a 61 del cuaderno 1.
3 La inadmisión tuvo como fin que la demandante: i) allegara la constancia de conciliación para acreditar el requisito
de procedibilidad; ii) cuáles eran las providencias a las que les atribuía el error jurisdiccional, iii) precisar si los
demandantes formularon algún tipo de reclamación al patrimonio autónomo PANFLOTA; iv) estimar razonadamente
la cuantía; v) aportar la dirección electrónica de la demandada y, vi) aportar constancia de notificación del Auto No.
400-017782 del 18 de diciembre de 2012. Folios 29-30, cuaderno 1.
4 Folios 82-84, del cuaderno 1.
5 Folios 88-91 del cuaderno 1.
6 Folios 95-124 del cuaderno 1.
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• UNIMAR
La audiencia inicial comenzó el día diecinueve (19) de enero de dos mil dieciséis
(2016)7, y en ella se declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. De oficio, se declaró probada la falta de legitimación por activa
respecto de cada uno de los cincuenta (50) ex marineros de la CIFM que fueron
relacionados en el acápite de declaraciones y condenas, y para quienes se reclamaba
lo pertinente a la liquidación de bonos pensionales, por cuanto, de un lado, tales ex
trabajadores no otorgaron poder al representante legal de UNIMAR para actuar dentro
de este proceso y, de otro, los bonos debían reclamarse ante el Ministerio de Hacienda.
Esta decisión no fue objeto de recurso.
Así mismo, de oficio, el Tribunal declaró la caducidad del medio de control respecto de
las providencias: i) No. 546-022468 del diciembre 12 de 2001; ii) No. 546-0228813 del
18 de diciembre de 2001; iii) No. 440-20886 del 12 de diciembre de 2002; iv) No. 440-
002498 del 14 de febrero de 2003; v) No. 405-009066 del 10 de junio de 2011; vi) No.
405-009367 del 17 de junio de 2011; vii) No. 405-010578 del 14 de junio de 2011; viii)
No. 405-012371 del 17 de agosto de 2011; y ix) No. 400-002511 del 13 de marzo de
2012. Esta decisión fue recurrida por la parte actora y, en sede de apelación, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto del veintiuno (21)
de julio de dos mil dieciséis (2016)8 la revocó al considerar que, como lo pretendido era
la declaratoria de responsabilidad por las actuaciones y decisiones proferidas dentro
del trámite de liquidación de la CIFM, la caducidad se debía contar a partir del auto No.
400-017782 del diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012) que le puso fin a
la liquidación.
En continuación de la audiencia, el veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis
(2016)9, se procedió a la fijación del litigio, así:
1. Establecer si existió o no error jurisdiccional en los autos proferidos por la
superintendencia que establecieron el avalúo del inventario de bienes de la compañía
inversiones flota mercante S.A. auto 54622468 del 12 de diciembre 54622813 del 18 de
diciembre de 2001” ─sic a lo transcrito─
2. Establecer si existió o no error jurisdiccional en los autos proferidos por la
superintendencia en los cuales aprobó el plan de pago autos 44020886 del 12 de
diciembre de 2002 y 4402498 del 14 de febrero de 2003.
3. Establecer si existió o no error jurisdiccional en los autos proferidos por la
superintendencia, en los cuales se aprobó la rendición final de cuentas y aprobó la
liquidación compañía de inversiones flota mercante S.A. y determinó el cierre de la
misma.
Tal delimitación contó con la aquiescencia de las partes. De igual modo, como medida
de saneamiento el a quo declaró, de oficio, la ineptitud sustantiva de la demanda
respecto de las pretensiones atinentes a los extrabajadores de la CIFM, por cuanto no
otorgaron poder al representante del sindicato.
Comoquiera que la parte actora allegó algunos poderes de trabajadores10, en la
continuación de la audiencia inicial del veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete
(2017)11, se tuvo como legitimados a los siguientes demandantes: i) Jorge Arias Nope,
ii) Emeramo Barrero Parra, iii) Guillermo Castaño Henao: iv) Héctor Alfredo Garzón
7 Folio 159-164 del cuaderno 2.
8 Folios 171-176 del cuaderno 2 y CD.
9 Folios 185-189 del cuaderno 2 y CD.
10 Escrito remisorio del 11 de noviembre de 2016. Folio 192-284 del cuaderno 2.
11 Folios 286-290, del cuaderno 2 y CD.
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Gaitán; v) Luis Alberto Gómez Puerto, vi) Carlos Julio Laverde Cortés, vii) Oswaldo de
Jesús Piedrahíta Echeverri: viii) Pedro Alfonso Rincón Leguízamo; y, ix) Luis Guillermo
Sánchez Quiroga12. Subsecuentemente se procedió con el decreto de pruebas.
La audiencia de pruebas tuvo lugar los días veinte (20) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017)13, veintinueve (29) de enero de dos mil dieciocho (2018)14 y veintidós
(22) de febrero de dos mil dieciocho (2018)15. En esta diligencia, se practicaron los
testimonios decretados a solicitud de la parte actora, así como también se llevó a cabo
la presentación y contradicción del dictamen pericial aportado por la demandante con
el fin de acreditar los perjuicios y, en la sesión final se dispuso la presentación de
alegatos por escrito, en razón de lo cual, el Tribunal corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto
de fondo16; término que fue aprovechado por la entidad demandada 17 y por la parte
demandante18.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en
sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018)19, negó las
pretensiones por considerar que en los autos proferidos por la Superintendencia de
Sociedades en el trámite concursal del la CIF no se advertía ningún supuesto de error
jurisdiccional, porque:
2.3.1. La parte demandante no probó que existiera un error respecto del orden de
prelación de créditos dentro de la liquidación, como tampoco que los demandantes
tuvieran derecho a una pensión cubierta por el patrimonio autónomo que se creó para
cumplir la orden de tutela SU-1023 de 2001.
2.3.2. Como las acreencias de los demandantes estaban sujetas a litigio, fueron
incluidas en el acta de calificación y graduación de créditos, su pago estaba sujeto a la
finalización de la liquidación, y lo que sucedió fue que las acreencias laborales no
pudieron ser cubiertas con el patrimonio de que disponía el liquidador, porque no tenía
fondos suficientes.
2.3.3. El trámite concursal adelantado por Superintendencia de Sociedades se realizó
de conformidad con los pasivos y activos, y se surtió conforme a la normatividad
aplicable, denotándose que las decisiones adoptadas en la liquidación están
razonadas, debidamente motivadas y sin asomo de arbitrio o capricho.
2.3.4. Quien aquí funge como abogado de la demandante, en condición de ex
trabajador de la CIFM incoó, por separado, una demanda en los mismos términos de
este litigio y, en dicha oportunidad el Tribunal tuvo oportunidad de analizar el estado
contable de la CIFM a diciembre de 2008 y advertir que dicho balance hacía evidente
el “enorme pasivo” que tenía la sociedad liquidada y que, ante un estado financiero tan
12 Así mismo, se tuvo por no legitimados a los señores Gustavo Castro Rubiano, de quien se allegó el contrato de
trabajo, pero no el poder; los herederos de Jorge Eliécer Castillo Jaramillo, porque el fallecido no presentó demanda
en vida y, al señor José Bernardo Pache Sánchez.
13 Folios 492-497 del cuaderno 2 y CD.
14 Folios 502-503 del cuaderno 2 y CD.
15 Folios 515-516 del cuaderno 2 y CD.
16 Folio 516 del cuaderno 2.
17 Folios 519-521, cuaderno 2.
18 Folios 522-541 del cuaderno 2.
19 Folios 543-557 del cuaderno principal.
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desfavorable no fue posible llevar a cabo el pago de las acreencias laborales y, aun
más, ese estado financiero se presentó desde el inicio del trámite.
2.4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación el treinta (30) de mayo de dos
mil dieciocho (2018), con escrito en el que solicitó la revocación de la sentencia de
primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda20. Como fundamento de
su petición, expuso los siguientes argumentos:
2.4.1. Se equivoca la sentencia apelada al concluir que no existió error en la prelación
de pagos, ni arbitrariedad o capricho en los autos proferidos por la Superintendencia
demandada, ya que las pruebas demuestran todo lo contrario.
En este punto afirmó que, la violación al régimen de prelaciones se hizo manifiesta
porque la Superintendencia impidió que el liquidador pagara los créditos de los
trabajadores, como se desprendía, entre otros, del Auto 440-2620 del 15 de marzo de
2004. Además, porque: i) se aceptó a la Federación Nacional de Cafeteros como
acreedor privado de obligaciones que no fueron presentadas como deudas a cargo de
la masa concursal y que se pagaron por el sistema de compensación de saldos, siendo
que la ley ─sin especificar cuál─ prohíbe ese tipo de transacciones; ii) permitió un pago
a Bermúdez & Valenzuela de un crédito quirografario, sin haber satisfecho las deudas
preferentes de los trabajadores; iii) permitió la constitución de patrimonios autónomos
dentro de la masa concursal para atender ciertas obligaciones como los gastos del
liquidador, en detrimento de los créditos laborales; iv) omitió dar aplicación al Decreto
00254 de 2000 que previó la responsabilidad subsidiaria del Estado en el pasivo laboral
y más allá de los bienes de la masa concursal, conforme a lo cual le correspondía a la
Federación Nacional de Cafeteros asumir el pasivo laboral insoluto y; iv) aun cuando
los bienes de la masa concursal que ascendían a $138.000.000.000 no alcanzaban
para sufragar el total del pasivo externo, sí eran suficientes para garantizar el pago del
total del pasivo laboral.
2.4.2. Las irregularidades que acusan los autos de la Superintendencia demandada son
palmarias, y en tal virtud, mal podía concluir la primera instancia que no hubo decisiones
arbitrarias y caprichosas.
i) Mediante los Autos 546-0222468 y 546-022813 del 12 y 18 de diciembre de 2001 se
violó la cosa juzgada de las sentencias C-308 de 1994 y C-543 de 2001, pues en dichos
autos se indicó de manera falaz que las empresas filiales del Fondo Nacional del Café
eran privadas y no públicas; tal error, inclusive, fue reconocido por la Superintendencia
en el Auto 440-21634 de diciembre de 2002. Además, con fundamento en su propia
falacia ─la contenida en los autos del 12 y 18 de diciembre de 2001- se negó, bajo la
invocación de cosa juzgada, a darle efectos a la sentencia del 5 de mayo de 2005,
radicado 810-00 del consejo de Estado en la que se indicó que la Flota Mercante
pertenecía al Fondo Nacional del Café y no a la Federación Nacional de Cafeteros; ii)
en los Autos 440-13141 del 3 de agosto de 2002 y 440-014405 del 19 de septiembre
de 2002, la Superintendencia rechazó las solicitudes de cumplimiento de la tutela T-
139 de 2001; iii) es arbitrario que, pretextando reserva legal, la Superintendencia
excluyó documentos del conocimiento de los acreedores y autoridades; iv) es arbitrario
que la Superintendencia hubiera aprobado los estados financieros con tachas de
falsedad, inexactitudes y errores graves como no indicar cuál era la matriz o controlante,
no revelar la obligación de concretar la conmutación pensional; v) se escindió el
20 Folios 562-580 del cuaderno principal.
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patrimonio a liquidar para atender el pago de una determinada acreencia y dejar el resto
para pagar, a prorrata, otras acreencias; vi) se autorizó el cierre de la empresa
declarando que no tenía obligaciones pendientes por cumplir, sin antes estimar el
cálculo actuarial insoluto, sin exigir su pago en efectivo y sin atender la orden judicial
de “concretar la conmutación pensional dentro del trámite concursal”; vii) se negó la
Superintendencia a conceder el recurso de apelación contra el Auto 400-010928 del 28
de agosto de 2012, pese a que el Juez 39 administrativo de Bogotá le ordenó que lo
concediera y, con tal omisión se impidió que los afectados pudieran defender sus
derechos ante el superior jerárquico.
2.4.3. El Tribunal dio por cierto que el trámite concursal se efectuó acorde a los activos
y pasivos de la CIFM.
i) Si el a quo se refería a los activos relacionados en el Auto 400-022151 del 28 de
noviembre de 2000 que aprobó el inventario de bienes que conformaron el patrimonio
a liquidar, debió advertir antes de ello, que con anuencia de la Superintendencia se
sustrajeron $17.819 millones en lo que se denominó “Finalización de Operaciones
REPO” que se llevó a cabo en junio de 2001; ii) aun descontando esa merma ─la del
pago de las operaciones REPO─, el resto de la masa concursal tampoco se destinó al
pago de las acreencias laborales pese a ser de primer grado y excluyentes y, en
cambio, sí se le pagó a un acreedor quirografario (Bermúdez & Valenzuela); iii) no es
cierto como adujo la primera instancia que el pago de acreencias se limitaba a los
bienes de esta, porque si ello fuera así, cómo se explica que el producto de la venta de
bienes de la CIFM culminó el 31 de marzo de 2008 y, luego de esto y hasta noviembre
de 2012 cuando se acabó oficialmente la liquidación, se seguían pagando pensiones y
gastos administrativos; iv) pasó por alto el Tribunal que no se efectuó la estimación
contable para atender el pago del pasivo pensional conforme lo ordenó la sentencia
SU-1023 de 2001 y que los salarios y prestaciones de los trabajadores, causados como
gastos de administración, no fueron estimados ni pagados, ni se pagó la seguridad
social conforme lo ordenaron los fallos judiciales; v) desconoció el Tribunal el oficio
radicado el 8 de marzo de 2018 que condensó los alegatos de conclusión, pues allí se
aludió a todos y cada uno de los errores y omisiones en que se incurrió en el trámite
liquidatorio.
2.4.4. De forma condensada, sintetizó los argumentos del recurso, así: i) es contrario a
la verdad sostener, como lo hizo el Tribunal, que no se podían pagar las acreencias
laborales más allá de los bienes de la masa concursal; ii) no es cierto que en el pago
del pasivo se hubiera respetado el orden de prelación de los derechos laborales; iii) se
desacató la sentencia T-139 de 2001 que dispuso hacer los ajustes pertinentes para
incluir la conmutación pensional; iv) se desacató la sentencia 2012-201 del 23 de enero
de 2013 del Juzgado 39 Administrativo de Bogotá que ordenó conceder la apelación
contra el Auto 400-010928 del 28 de agosto de 2012; v) se aprobaron estados
financieros posiblemente falsos con el fin de aparentar que la CIFM no tenía activos
que liquidar ni obligaciones que pagar, y así poder declarar terminado el proceso
liquidatorio y ordenar el cierre de la empresa y; vi) se excluyó información y documentos
bajo imposición de “reserva documental”, de ahí que la CIFM se encuentra “cerrada de
facto”, con obligaciones laborales y pensionales insolutas, en clara violación del artículo
37 del Decreto 1469 de 1978 y de los artículos 8° y 9° del Decreto 2677 de 1971 que
prohíben el cierre de empresas con obligaciones pensionales a cargo y en las que se
hubiera ordenado la conmutación.
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
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Luego de que el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del cuatro
(4) de julio de dos mil dieciocho (2018)21, concediera el recurso de apelación
interpuesto por el extremo demandante, esta Corporación procedió a su admisión,
con auto del veintiocho (28) de septiembre de ese mismo año22.
Por auto del tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)23, se corrió traslado a las
partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto de fondo; oportunidad procesal que fue aprovechada por los
demandantes24, tanto como por la Superintendencia de Sociedades25. El Ministerio
Público, guardó silencio.
En sus alegaciones, la parte actora, luego de hacer un recuento de los hechos desde
que se inició la propuesta de liquidación voluntaria y anticipada de la CIFM, así como
de la iniciación y apertura del trámite concursal de liquidación obligatoria de la CIFM, y
de referir a los fallos de la Corte Constitucional que se profirieron sobre el tema del
pasivo pensional y su conmutación, procedió a reiterar los cargos de la apelación y
aludió a las que consideró “vías de hecho” en que, a su juicio, incurrió el Tribunal de
primera instancia, para indicar que no se aplicaron las fuentes formales del derecho
que concernían al caso y que no se apreciaron todas las pruebas que conforman el
universo del expediente, ya que “aparentemente el Magistrado no miró el expediente”,
pues consideró erradamente que el proceso liquidatorio estaba contenido en tres (3)
Cds ilegibles, cuando, en realidad, eran veinte (20) Cds y fue por eso que no tuvo en
cuenta el Auto 440-002620 del 15 de marzo de 2004, ni el Auto 440-00028 del 4 de
enero de 2006; ni el Auto 440-007660 del 21 de mayo de 2001, ni el fallo del Consejo
de Estado del 5 de mayo de 2005.
Igualmente, indicó que la primera instancia había hecho una fijación parcial y superficial
del litigio, pues excluyó las sentencias C-308 de 1994 y C-543 de 2001, la sentencia T-
139 de 2001, el Auto 440-02620 del 15 de marzo de 2004, los oficios 440-044163; 440-
044165;044823; 440-20590; 44080934 de 2003, el Auto 022151 del 28 de noviembre
de 2000 y los documentos relacionados en los alegatos de conclusión. Adujo que el
fallo apelado era carente de motivación y limitó el análisis al error judicial, obviando la
responsabilidad prevista en el artículo 65 de la Ley 270 de 1996.
La Superintendencia de Sociedades en la oportunidad para alegar reiteró los
argumentos expuestos previamente y enfatizó en que no era labor de la
Superintendencia coadministrar los bienes de la liquidación, porque eso le correspondía
al liquidador, además, que la CIFM carecía totalmente de activos y que esa fue la razón
para que todas las obligaciones, incluidas las laborales, quedaran insolutas. Puntualizó
que la sentencia SU-1023 de 2001 ordenó exclusivamente suministrar los recursos para
las mesadas pensionales y, a la finalización del trámite concursal ello quedó
garantizado; sin embargo, respecto de las demás acreencias laborales dicha sentencia
no emitió ninguna orden.
III MARCO DE JUZGAMIENTO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA A RESOLVER
21 Folios582 del cuaderno principal.
22 Folio 589 del cuaderno principal.
23 Folio 592 del cuaderno principal.
24 Folios 593- 616 del cuaderno principal.
25 Folios 618-622 del cuaderno principal.
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El presente asunto amerita que se concrete el marco de juzgamiento de la apelación,
como quiera que el extremo activo ha venido utilizando cada etapa del proceso para
incorporar nuevos elementos de debate que no fueron ventilados desde un comienzo.
Conforme al principio de congruencia, de aplicación procesal ─artículo 281 del CGP─,
el operador jurídico de la causa se encuentra obligado a guardar en sus decisiones
estrecha concordancia con los fundamentos fácticos y pretensiones formuladas en la
demanda, es decir, a preservar la causa petendi26. Así, cualquier modificación del
marco fáctico y/o petitorio atenta contra el mencionado principio y, además, contra el
debido proceso, ya que, en aras de garantizar el derecho de acción y, a la vez, el
derecho de contradicción y defensa, el trámite judicial discurre a través de etapas
procesales previamente definidas y con carácter preclusivo, de tal forma que una parte
no pueda sorprender a la otra con argumentos o pruebas de las cuales no haya tenido
oportunidad de defenderse o rebatir.
Ilustrado lo anterior, la Sala denota que, en el presente asunto, ante las dificultades que
acusaba el escrito inicial de demanda para la concreción los reproches que se le
enrostraban a la Superintendencia a título de error jurisdiccional, en el auto admisorio se
le solicitó a la parte actora que concretara de forma específica cuáles eran los autos
expedidos por la Superintendencia de Sociedades tildados de error jurisdiccional; de ahí
que, en el escrito de demanda subsanada, respecto de ese punto la demandante acotó
el litigio de forma puntual a ocho (8) autos, a saber: i) No. 546-022468 del diciembre 12
de 2001; ii) No. 546-0228813 del 18 de diciembre de 2001; iii) No. No. 440-20886 del 12
de diciembre de 2002; iv) No. 440-002498 del 14 de febrero de 2003; v) No. 400-002511
del 13 de marzo de 2012; vi) No. 400-010928 del 28 de agosto de 2012; vii) No. 400-
06211 del 22 de noviembre de 2012 y, viii) No. 400-017782 del 18 de diciembre de 2012.
Entonces, desde un comienzo, el asunto quedó circunscrito exclusivamente a estos
autos, y la pretensión declarativa de la demanda se sujetó a solicitar que se declarara la
responsabilidad administrativa y patrimonial de la Superintendencia de Sociedades “por
las actuaciones y decisiones judiciales en el proceso liquidatorio”; de ahí que, los cargos
del recurso de apelación que aluden a los Autos Nos. 440-2620 del 15 de marzo de 2004
─argumento 2.4.1. de la apelación─; 440-21634 de diciembre de 2002, 440-13141 del
3 de agosto de 2002 y 440-014405 del 19 de septiembre de 2002 ─argumento 2.4.2.
de la apelación ─ desbordan la causa petendi y, por esta razón, no serán objeto de
estudio en la segunda instancia, sumado a que tales reproches vinieron a postularse
en el recurso de apelación que está concebido para redargüir la decisión de primera
instancia, mas no para adicionar cargos que no fueron propuestos desde un inicio.
Es, por esta misma razón, que no se atenderá el cargo conforme al cual el apelante hecha
de menos que la primera instancia no se haya pronunciado sobre los argumentos
esgrimidos en el oficio radicado el 8 de marzo de 2018 y allegado en la oportunidad para
alegar de conclusión, en el que hace referencia a una cantidad de autos adicionales,
actuaciones y oficios de los que no se dijo nada en la demanda, ni en el escrito de
subsanación y, pretendió introducirlos y amplificar la causa petendi en una oportunidad
que no ha sido concebida para tal fin. Por lo mismo, no debió sorprenderle al apelante
que el Tribunal no se hubiera referido a estos, porque lo censurable hubiera sido que se
pronunciase de asuntos que desbordaban el ámbito de la litis, tal como fue planteada
desde un comienzo.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de
octubre de 2016, exp. 34357; reiterada por la misma Subsección, entre otras, en sentencia del 20 de febrero de
2020, exp. 54407.
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Lo mismo sucede, prácticamente, con todos los argumentos que postuló la
demandante al momento de alegar de conclusión en segunda instancia, en los que
alude a vías de hecho por no haber tenido en cuenta los autos Nos. 440-002620 del
15 de marzo de 2004, 440-00028 del 4 de enero de 2006; 440-007660 del 21 de mayo
de 2001, 022151 del 28 de noviembre de 2000, los Oficios Nos. 440-044163; 440-
044165;044823; 440-20590; 44080934 de 2003.
También allí refiere, sin haberlo hecho en la apelación que era el momento procesal
oportuno para ello, que la decisión de primera instancia careció de motivación, que se
hizo una fijación parcial y superficial del litigio con la cual, valga decirlo, estuvo de
acuerdo en el momento en que se concretó y, que la sentencia no se pronunció sobre
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Relata igualmente, a
destiempo y por fuera de la oportunidad debida, que la sentencia de primera instancia
omitió valorar todas las actuaciones del proceso liquidatorio contenidas en los veinte
(20) Cds que allegó la Superintendencia y que se limitó a valorar las pruebas
contenidas en tres Cds que, a su juicio, eran ilegibles. Este cargo así planteado, por
demás, desconoce que fue la propia demandante quien aportó los tres Cds27 de los
cuales el a quo extrajo la información con la cual sustentó su decisión.
En ese orden de ideas, los cargos por la falta de estudio del defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia no hacen parte del objeto de la apelación porque la
parte demandante en el recurso vertical nada reprochó al respecto, como tampoco
incumben al objeto de la alzada todas aquellas actuaciones que se hubieran producido
dentro del trámite de liquidación y ajenas a los autos a que se contrajo la subsanación
de la demanda.
Así las cosas, el recurso de apelación se adstringe al análisis de los supuestos de error
judicial respecto de los autos enlistados en el escrito de subsanación de demanda que,
valga decir, sobre aquellos fue que, grosso modo, se pronunció la sentencia de primera
instancia y sobre los que se elevaron los cargos de la apelación que tuvieron como
propósito denotar que, a juicio del censor, los autos de la Superintendencia demandada
sí se profirieron de forma irregular, arbitraria y caprichosa.
Delimitado como ha quedado el objeto del recurso de apelación, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 320 y 328 del CGP, así como con lo que es materia del recurso,
la Sala se dispondrá a resolver los siguientes problemas jurídicos:
3.1. ¿Acudió la parte actora a formular oportunamente la demanda en relación con el
supuesto de error jurisdiccional contenido en los autos Nos. 546-022468 del diciembre
12 de 2001; 546-0228813 del 18 de diciembre de 2001; 440-20886 del 12 de diciembre
de 2002; 440-002498 del 14 de febrero de 2003; 400-002511 del 13 de marzo de 2012;
400-010928 del 28 de agosto de 2012; 400-06211 del 22 de noviembre de 2012 y, 400-
017782 del 18 de diciembre de 2012 expedidos por la Superintendencia de Sociedades
dentro del trámite de liquidación obligatoria de la CIFM?
27 En memorial calendado 31 de marzo de 2017, allegado por el apoderado de la demandante, se indicó que la
Superintendencia “presenta 20 CDs, donde se supone se encuentra el expediente administrativo, pero en un total
desorden que no permite ver el expediente como estaba ordenado en la liquidación. En algunas carpetas de
reservados no aparece la información. Para que su despacho tome una decisión al respecto, me permito anexar 3
CDs que contienen el expediente administrativo”. Más adelante agregó: “Con los Cds aportados por la demandada
es prácticamente imposible cumplir la orden proferida por su despacho, en cuanto a que debe ubicarse con exactitud
los documentos que se pretenden verificar por su despacho, para proferir la sentencia que en derecho corresponda”.
Es decir que lo que refirió en dicho memorial fue que como los 20 CDs que aportó la Superintendencia contenían la
información en total dispersión que dificultaba la tarea de revisar las actuaciones que le interesaban a este proceso,
el demandante se tomó la tarea de compilar y organizar temática y cronológicamente el proceso de liquidación en
los tres Cds que allegó. Cfr, folios 424-425 del cuaderno 2.
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Si el anterior problema encuentra respuesta positiva de todos o algunos de los autos
en mención, la Sala pasará a estudiar este otro problema jurídico:
3.2. ¿Incurrió la Superintendencia de Sociedades dentro del trámite de liquidación
obligatoria de la CIFM en error jurisdiccional al proferir los autos Nos. 546-022468 del
diciembre 12 de 2001; 546-0228813 del 18 de diciembre de 2001; 440-20886 del 12 de
diciembre de 2002; 440-002498 del 14 de febrero de 2003; 400-002511 del 13 de marzo
de 2012; 400-010928 del 28 de agosto de 2012; 400-06211 del 22 de noviembre de
2012 y, 400-017782 del 18 de diciembre de 2012, en tanto no respetaron la prelación
de créditos, se produjeron en contravía de órdenes de tutela, excluyeron arbitrariamente
bienes de la masa concursal, y propiciaron la elusión del pago de las acreencias
laborales?
IV CONSIDERACIONES
La Sala es competente para conocer del presente asunto, por tratarse del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso con vocación de doble
instancia28.
3.1 Con el fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala tomará,
como hechos relevantes los siguientes, todos extraídos del trámite liquidatorio que se
allegó como prueba trasladada a través de medios físicos ─algunos autos─ y
magnéticos ─la integralidad del proceso liquidatorio─ y estuvo a disposición para lo
pertinente al ejercicio de contradicción sin que fuera objeto de tacha, y sin que se trate
de una prueba ajena a las partes, dado que quienes aquí fungen como demandante y
demandado participaron en el proceso concursal, los unos como acreedores y el otro
como el juez de la liquidación. De esta manera, se encuentra probado que:
3.1.1. Por Auto No. 11731 del treinta y uno (31) de julio de dos mil (2000) 29, la
Superintendencia de Sociedades dispuso convocar a liquidación obligatoria a la CIFM,
en los términos del artículo 89 de la Ley 222 de 1995, así como el embargo, secuestro
y avalúo de bienes, y ordenó al liquidador elaborar el inventario de bienes a partir de la
relación que venía desde el trámite precedente de liquidación voluntaria. En el referido
auto, en cuanto a la situación patrimonial de la CIFM, se indicó que el pasivo de la
empresa era un 88% mayor que el activo y, que el 75% del pasivo correspondía a
pensiones de jubilación.
3.1.2. Con Auto No. 440-22151 del veintiocho (28) de noviembre de dos mil (2000) la
Superintendencia de Sociedades aprobó el inventario de bienes y avalúos que
conformaban el patrimonio de la sociedad denominada COMPAÑÍA DE INVERSIONES
DE LA FLOTA MERCANTE S.A. en liquidación.
3.1.3. Mediante Auto No. 546 -22468 del doce (12) de diciembre de dos mil uno (2001),
la Superintendencia desestimó las objeciones sobre los avalúos, entre estas, las
28 Ley 1437 de 2011, artículo 150, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. “El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. (…)”. Además, el Tribunal Administrativo e Cundinamarca era competente para conocer el asunto en
primera instancia, toda vez que el valor de la suma de las pretensiones asciende a treinta mil millones de pesos
($30.000.000.000), monto superior al previsto en el numeral 5° del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, considerados
al momento de presentación de la demanda.
29 Folios -1-47 del cuaderno de anexos 7 y también obrante en medio magnético.
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presentadas por UNIMAR y, en consecuencia, aprobó los avalúos que hacían parte del
patrimonio de CIFM. Los avalúos se situaron entre dos rangos: uno superior de
$34.007 millones y otro inferior por $30.386 millones.
3.1.4. A través del Auto No. 546-22813 del dieciocho (18) de diciembre de dos mil uno
(2001), la Superintendencia, nuevamente, desestimó otras objeciones propuestas por
UNIMAR respecto de los avalúos, en las que los recurrentes consideraban que como
la CIFM, el Fondo Nacional del Café y la Federación Nacional de Cafeteros
conformaban un solo conglomerado económico, no se debía mirar el patrimonio de
forma individual sino conjunta y, de esa forma, se podían cubrir las deudas laborales.
3.1.5. En Auto No. 440-13199 del tres (3) de agosto de dos mil uno (2001) se calificaron
y graduaron los créditos. Allí, en la lista de los créditos calificados y graduados como
de primera clase, según el artículo 2495 del CC, no se encontraban enlistados ninguno
de los aquí demandantes30.
3.1.6. En diciembre de dos mil dos (2002) se presentó el plan de pagos ante la Junta
Asesora de la Liquidación31. En el plan se indica que el activo liquidable de la CIFM
ascendía a $138.377.383.184. Se anotó además, que, según el Auto No. 546-022706
del catorce (14) de diciembre de dos mil uno (2001) “son trasladados como créditos
laborales de primera clase aquellos que corresponden a las sentencias ejecutoriadas
correspondientes a los señores: Carlos Julio Laverde Cortés, César Antonio Rojas
Erazo, Jorge Arias Nope y Orlando Neusa Forero”, pero se aclara que esas acreencias
van luego de las que corresponden a los pensionados. Así mismo, se totalizaron los
créditos graduados y calificados en $502.734.630.960.
Dicho plan fue autorizado por la Superintendencia en auto (de número y fecha ilegible)
en el cual, entre otras razones, se puso de manifiesto que la conmutación pensional no
podía ser un presupuesto para aprobar el plan, porque era claro que los activos no
alcanzaban para cubrir el monto requerido por el ISS y que, como la Superintendencia
no tenía competencia sobre el ISS no podía imponerle un pago parcial.
3.1.7. Por Auto No. 440-020886 del doce (12) de diciembre de dos mil dos (2002) la
Superintendencia autorizó la ejecución del plan de pagos32.
3.1.8. Mediante Auto No. 440-002498 del catorce (14) de febrero de dos mil tres (2003),
la Superintendencia resolvió los recursos de reposición presentados contra el Auto No.
440-020886, en el sentido de desestimar unos, rechazar otros, y requerir al Liquidador
para que estudiara algunos de los escritos radicados por los acreedores.
3.1.9. Con el Auto No. 400-002511 del trece (13) de marzo de dos mil doce (2012)33,
se resolvieron los recursos contra los Autos 405-009066, 405-009367 y 405-010578
mediante los cuales la Superintendencia había desestimado unas objeciones y acogido
otras, respecto de la rendición de cuentas de los años 2007, 2008 y 2009. Contra esta
decisión los señores Ciro Antonio Rojas Agudelo y Orlando Neusa Forero en calidad
de Presidente y Secretario de UNIMAR, entre otros, interpusieron recurso de apelación
y en subsidio apelación.
30 Folios 1-90, del cuaderno de anexos 6 y también obrante en medio magnético.
31 Folios 296-354 del cuaderno de anexos 3 y también obrante en medios magnéticos.
32 Folios 355-405 del cuaderno 3 de anexos y replicado en la información magnética.
33 Folios 566-586 del cuaderno 3 de anexos y disponible también en las pruebas allegadas en medio magnético.
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3.1.10. A través del Auto No. 400-10928 del veintiocho (28) de agosto de dos mil doce
(2012)34, en su artículo undécimo, se decidió: “DECLARAR TERMINADO el proceso
liquidatorio de los bienes que conformaban el patrimonio de la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A., en liquidación obligatoria” y, en el numeral
Décimo Octavo, se dispuso oficiar a la Cámara de Comercio para que inscribiera la
extinción de la persona jurídica y la cancelación de la matrícula mercantil.
Esto, previo a resolver el recurso de reposición sobre el Auto No. 400-002511, a cuyo
objeto, entre otros aspectos, y para lo que aquí concierne, se indicó:
(i) Que el liquidador había hecho un recuento de los fallos de tutela proferidos sobre la
situación del señor Neusa Forero, sin que fuera posible incluirlo en el cálculo actuarial
porque no cumplía el requisito para alcanzar la pensión y que si bien existía un fallo
que ordenaba el reintegro del ex trabajador, la liquidación de la CIFM no contaba con
los recursos para disponer el pago, no obstante que se procedió a enlistar como
causada la obligación, sin que se hubiera podido satisfacer por la insolvencia de la
liquidada. Igualmente, dispuso advertirle a la Federación Nacional de Cafeteros como
administradora del Fondo Nacional del Café, que debía atender los compromisos
pensionales dispuestos en la sentencia SU-1023 de 2001, en los términos en que allí
fueron definidos.
(ii) Que, en cuanto a las demandas por despido de trabajadores sindicalizados sin
levantamiento del fuero, la única de que se tenía conocimiento era la fallada en favor
del señor Neusa Forero y que, respecto de la demanda de Ciro Rojas, solamente se
tenía para ese momento fallo de primera instancia.
(iii) Respecto a las alegaciones de los acreedores por un posible fraude a resolución
judicial por, supuestamente, dar como canceladas las deudas de los marinos
suspendidos, precisó la Superintendencia que se habían incluido los pagos efectuados
a los marinos pensionados, pues respecto de los demás, no los podía incluir porque
para ello se requería que los fallos judiciales se encontraran en firme, con todo y que
la falta de recursos de la concursada impediría de cualquier modo el pago.
(iv) En cuanto a los cargos de UNIMAR referidos a que se incurrió en peculado porque
en junio de 2001 se le entregaron a la Federación Nacional de Cafeteros títulos valores
por $34.390 millones que formaban parte del inventario de bienes y solo se recibió a
cambio $16.500 millones, indicó la Superintendencia que ya se había pronunciado al
respecto en múltiples ocasiones y que como esa situación se estaba ventilando
judicialmente, se atendría a sus resultas.
(v) En lo concerniente las supuestas vías de hecho por exclusión del cálculo actuarial
de los derechos pensionales de 215 trabajadores, la Superintendencia denotó que, año
tras año había venido aprobando el cálculo actuarial presentado por el liquidador, pues
a eso se contraía su función.
(vi) Sobre el cargo de falsedad ideológica con fines de cometer fraude procesal, frade
a resolución judicial y peculado, en cuanto los recurrentes argumentaban que “el
patrimonio de la concursada es público al tenor del Decreto 254 de 2004” y que, por
tanto, “en caso de que los bienes de la entidad no sean suficientes para el pago del
pasivo pensional, aquél debe ser asumido por el Estado”, la Superintendencia
respondió que, de acuerdo con la sentencia SU 1023 de 2001, la CIFM era una
34 Folios 584-612 del cuaderno 3 de anexos y obrante en medios magnéticos.
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“empresa de derecho privada” y que, ateniéndose a esa naturaleza venía adelantando
el trámite de liquidación.
(vii) Resolvió las objeciones respecto del supuesto de violación al régimen de prelación,
por cuanto, a juicio de los objetantes, se efectuaron pagos a impuestos en desmedro
de las obligaciones laborales. Aclaró la Superintendencia que esos pagos no se
realizaron con recursos de la liquidación, sino del patrimonio autónomo PANFLOTA.
(viii) Se pronunció sobre las objeciones de UNIMAR por el supuesto de error judicial,
pues a juicio de la objetante no podía hablarse de cuentas finales, mientras existieran
pasivos de trabajadores pendientes. A esto, la Superintendencia respondió que “Una
vez agotados los activos, normalmente, quedan acreencias insolutas, (laborales,
financieras, proveedores….), las cuales deben quedar registradas en el Balance
General (pasivo insoluto), lo que no obsta para que la liquidación pueda cerrarse, pues
no tiene razón alguna perpetuar un proceso, seguir causando gastos e incrementando
un pasivo que no se podrá cancelar ante la ausencia de activos”.
(ix) Sobre “otros temas, Operaciones Repo, Castigo de Inversiones y Cálculo
Actuarial”, la Superintendencia manifestó que “el Despacho ya se ha pronunciado en
diversas oportunidades, incluso en esta misma providencia”.
(x) Respecto del recurso de apelación que se propuso contra el Auto No. 400-002511,
refirió la Superintendencia que como la liquidación era “un proceso de única instancia”,
no procedía tal recurso.
En dicho auto y con el fin de atender las diversas objeciones, también se mencionó
que mediante Resolución No. 000777 del quince (15) de junio de dos mil doce (2012),
la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo de Bogotá y Cundinamarca, resolvió
“NEGAR la solicitud de declaración de UNIDAD DE EMPRESA entre la FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL
FONDO NACIONAL DEL CAFÉ y la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLORA
MERCANTE S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA”.
Contra este auto ─ No. 400-010928 del veintiocho (28) de agosto de dos mil doce
(2012)─ la UNIMAR y otros, presentaron recurso de reposición y, en subsidio apelación,
para volver a insistir en los cargos de supuesta falsedad ideológica y violación al debido
proceso, al considerar que como la CIFM pertenecía al Fondo Nacional del Café,
significaba ello que el patrimonio de la CIFM era público y, reiterar sobre los supuestos
de falsedad ideológica por aparentemente alterar estados financieros para declarar
carencia de fondos, así como los posibles eventos de peculado y exclusión de las
personas del cálculo actuarial.
3.1.11. En sede reposición, mediante Auto No. 400-016211 del veintidós (22) de
noviembre de dos mil doce (2012), se decidió confirmar la decisión impugnada,
básicamente con argumentos similares a los expuestos en el acto recurrido. En esta
oportunidad, la Superintendencia esgrimió las razones por las cuales el recurso de
apelación era improcedente en los trámites de liquidación obligatoria adelantados por
esa entidad, las cuales se fundamentaron en la sentencia C- 233 de 1997, y se hicieron
consistir en que: “(…) el legislador mercantil, en ejercicio de la libertad de configuración
que le confiere la propia Constitución, no consagró en la Ley 222 de 1995 la posibilidad
de que contra las providencias proferidas por la Superintendencia de Sociedades en
los procesos concursales, pudiere interponerse el recurso de apelación, pues como
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bien lo señaló la Corte, el artículo 31 de la Carta Superior permite contemplar
excepciones al principio de la doble instancia”.
3.1.12. Por Auto No. 440-017782 del dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce
(2012)35 la Superintendencia resolvió los recursos presentados contra el auto No. 400-
016211 del 22 de noviembre de 2012, en el sentido de confirmar lo decidido en el auto
recurrido, no sin antes verificar en qué casos excepcionalmente se podía dar curso a
una reposición sobre reposición36 y, en cuanto a los derechos de los pensionados se
indicó:
En este orden de ideas, debe entenderse que el auto proferido por la
Superintendencia de Sociedades, protege íntegramente a los pensionados, futuros
pensionados y sustitutos pensionales, en cumplimiento estricto de la sentencia SU
1023 de 2001, es decir el obligado es y seguirá siendo la Federación Nacional de
Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café, a quien en ningún
momento se le está exonerando de las obligaciones impuestas por la Honorable
Corte Constitucional, para lo cual se utilizará el instrumento que es el patrimonio
autónomo constituido en Fiduprevisora S.A., quien será el encargado de ejecutar
materialmente las obligaciones a cargo de la citada Federación. Advirtiendo
igualmente, que las obligaciones dinerarias están a cargo de la Federación Nacional
de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café y en ningún
momento se trasladarán a la Fiduciaria La Previsora S.A., quien como se indicó es
el instrumento para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la accionada.
No existe constancia expresa de la ejecutoria de este auto, pero, al no proceder más
recursos contra aquél, se entiende que, en los términos del artículo 331 del C.P.C.,
quedó ejecutoriado el veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012).
Con fundamento en tales hechos, la Sala procede a estudiar la oportunidad para la
presentación de la demanda, misma que constituye el primer problema jurídico
formulado y que, aun cuando no haya sido objeto de apelación, se trata de un aspecto
procesal de aquellos que la Sala puede abordar de manera oficiosa, conforme lo prevén
los artículos 320 y 328 del CGP.
3.1.2. Oportunidad del medio de control de reparación directa – primer problema
jurídico
En el sub examine, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, inicialmente, había
considerado la caducidad del medio de control respecto de seis (6) de los ocho (8)
autos demandados por error jurisdiccional, no obstante, en sede de apelación, la
Subsección C del Consejo de Estado revocó esa decisión al considerar que, como lo
que se pretendía era reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por las
actuaciones y decisiones proferidas dentro del trámite liquidatorio y, en la medida que
aquél había culminado por Auto No. 400-017782 del 19 de diciembre de 2012, era a
partir de ese momento que se debían contabilizar los términos y, al hacerlo así, la
demanda resultaba oportuna.
35 Folios 613-616 del cuaderno 3 de anexos, disponible igualmente en medios magnéticos.
36 Allí, además se precisó: “El inciso 3° del artículo 348 deI Código de Procedimiento Civil, señala la regla general
que establece que el auto que decide sobre un recurso de reposición NO es susceptible de recurso alguno, sin
embargo, forzoso es también determinar que esa misma norma consagra una excepción a dicho precepto general,
cuando establece que será viable recurrir en reposición el auto que decidió sobre una reposición anterior si y solo
si el auto objeto de debate contiene puntos no decididos en el auto que dio origen a la primera impugnación”.
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Con todo, nada impide que la Sala vuelva sobre el análisis de este aspecto procesal,
pues, tal y como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-335 de 2023,
“el principio procesal de la cosa juzgada judicial no es predicable de autos que
declaran no probadas las excepciones”37, aserción entendible si se tiene en cuenta
que la caducidad se erige como un presupuesto procesal de la acción que debe
verificar todo juez al momento de decidir de fondo un asunto.
De ahí que, como la caducidad es “un fenómeno de orden público que extingue la
acción correspondiente, (…), por tratarse de un defecto insaneable del proceso”38, en
tanto el juez la advierta, deberá declararla, sin que constituya para ello un impedimento
el hecho de en etapas previas del proceso se hubiese debatido sobre ese aspecto,
máxime, como en el presente caso, donde el demandante desde el escrito de
subsanación puntualizó cuáles eran las actuaciones de la Superintendencia
enjuiciadas por el supuesto error jurisdiccional, aunado a que, si bien algunos
reproches de la demanda pudieran entenderse como enmarcados en un posible
defectuoso funcionamiento del trámite liquidatorio, entendido como un todo, y ello haría
posible pervivir en el criterio sostenido por esta Subsección en el auto que decidió la
apelación de la excepción previa, lo cierto es que en el recurso de apelación la parte
actora enfocó sus argumentos sobre las posibles irregularidades contenidas en las
decisiones judiciales de la Superintendencia, decisiones que no pueden ser otras que
las que el propio demandante delimitó en la demanda y que constituyen, como ya se
dijo, la causa petendi infranqueable a la que debe sujetarse el juez de la causa, siendo,
por demás, que no es tarea del juez de daños adentrarse en una especie de control de
todas y cada una de las actuaciones del proceso liquidatario, cuando se trata
decisiones que fueron tomadas en distintas etapas del proceso y controvertibles en su
respectivo momento, inclusive, algunas de las cuales podían ser atacadas por otros
medios, como por ejemplo, las acciones revocatorias de que tratan los artículo 183 y
184 de la Ley 222 de 1995.
No sobra recordar, igualmente, que aun cuando la parte actora pretendió utilizar los
alegatos de conclusión para protestar por la falta de análisis del defectuoso
funcionamiento que, según ella, ocurrió durante el trámite liquidatorio de la CIFM, tal
reacción devino extemporánea.
Al hilo de lo anterior, la Sala tomará en consideración que el artículo 140 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) dispone, en
los términos del artículo 90 de la Constitución Política, que quien tenga interés podrá
demandar directamente la reparación del daño antijurídico causado por la acción u
omisión de los agentes del Estado, y que, para tal efecto, en el literal i) del numeral 2
del artículo 164 ejusdem, el legislador estableció que las demandas deberán
presentarse en un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño antijurídico del que se reclama su
indemnización, o desde el momento en el que la demandante tuvo o debió tener
conocimiento de aquel “si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”. Igualmente, que en los eventos en
que el daño objeto de las pretensiones indemnizatorias se deriva de un error
jurisdiccional, la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado de manera
reiterada, y en consonancia con lo ordenado por la ley, que el plazo de dos años para
presentar la demanda de reparación directa, empieza a contar a partir del día siguiente
al de la ejecutoria de la providencia judicial que supuestamente contiene el error
37 Corte Constitucional, Sentencia SU-335 del 29 de agosto de 2023.
38 Corte Constitucional, Sentencia C-091 del 26 de septiembre de 2018.
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judicial39; momento en el que –como lo explicó la Sala en decisión del 7 de mayo del
201840– se materializa el daño cuya reparación es pretendida y la víctima tiene
conocimiento del mismo.
Conforme a los hechos probados, la Sala encuentra que, respecto de los Autos Nos.
546-022468 del diciembre 12 de 2001; ii) No. 546-0228813 del 18 de diciembre de 2001;
iii) No. 440-20886 del 12 de diciembre de 2002; iv) No. 440-002498 del 14 de febrero
de 2003; y, v) No. 400-002511 del 13 de marzo de 2012 se configuró la caducidad,
comoquiera que la solicitud de conciliación prejudicial se radicó el diecinueve (19) de
diciembre de dos mil catorce (2014), momento en que ya se hallaba cumplido el plazo
de dos (2) años para la incoación oportuna del medio de control de reparación directa.
Por tanto, el acta que declaró fallida la conciliación, de fecha cinco (5) de marzo de dos
mil quince (2015)41, así como la demanda, que se interpuso el seis (6) de marzo de dos
mil quince (2015), datan de fecha notoriamente ulterior a aquella en que acaeció la
caducidad.
De hecho, muchas de las situaciones que pretendió encausar la demandante a través
de la presente controversia, en estricto sentido fueron conocidas por aquella desde el
momento en que se produjeron, sin que se tratara de asuntos ventilados de forma
exclusiva en el Auto del 28 de agosto de 2012, sino que ya habían sido resueltos de
forma definitiva desde mucho antes. Es por ello que esta Corporación, frente a una
demanda similar que interpuso el señor Orlando Neusa Forero, declaró la caducidad,
bajo las siguientes consideraciones que no solo se citan, sino que se comparten:
(…) no cabe duda de que todos y cada uno de los reproches antijurídicos que
imputan los demandantes a la Superintendencia se dirigen realmente contra las
providencias que esta profirió y con las cuales el ente de control supuestamente
dejó de intervenir oportuna y efectivamente, como se expuso en precedencia,
esto es, contra los autos particulares y concretos que decidieron sobre el
inventario y avalúo de bienes, sobre la graduación de créditos y la aprobación
de los pagos, actuaciones que el actor califica de irregulares, indebidas e
ilegales.
35. En este contexto, siendo estas decisiones las reales fuentes del daño o por
lo menos las decisiones que resolvieron sobre cuestiones controversiales de los
acreedores, el actor debió haber promovido la acción de reparación directa a
más tardar en 2005 y cuestionar formalmente la última providencia relacionada
con la gestión del liquidador, esto es, el auto 440-002498 del 14 de febrero de
2003, en lugar de esperar a que el trámite de liquidación obligatoria terminara
(auto 400- 010928 del 28 de agosto de 2012) y ahí debatir en sede de reparación
directa la responsabilidad de la demandada por las supuestas actuaciones
irregulares de las que tenían conocimiento desde años atrás y que
supuestamente causaron la falta de pago de sus acreencias; por tanto, dado
que la demanda se presentó el 5 de marzo de 2015, 12 años después de la
decisión de la cual se infiere la inconformidad del demandante, es claro que su
reclamo resulta extemporáneo y, por ende, no es posible estudiar el fondo de la
imputación que trae a juicio”42.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, autos del 24 de mayo de 2018, exp. 58628; del 1º de febrero
de 2018, exp. 40625; y Subsección C, sentencias del 20 de abril de 2020, exp. 47791, y del 21 de noviembre de
2017, exp. 37382.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de mayo de 2018, exp. 41495.
41 Conforme a constancias de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 144 Judicial II para Asuntos
Administrativos, obrante a folios 62-63 del cuaderno 1.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, exp. 57319.
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Por consiguiente, para efectos de atender el segundo problema jurídico, se tendrá en
cuenta únicamente el Auto No. 400-010928 del veintiocho (28) de agosto de dos mil
doce (2012) que fue confirmado, en sede de reposición, por los Autos Nos. 400-06211
del veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012) y 400-017782 del dieciocho (18)
de diciembre de dos mil doce (2012). Significa ello que el diecinueve (19) de diciembre
del dos mil doce (2012) comenzó a correr el término de caducidad para lo que concierne
a estas últimas providencias, el cual iba hasta el diecinueve (19) de diciembre de dos
mil catorce (2014) y, como la solicitud de conciliación prejudicial se radicó el diecinueve
(19) de diciembre de dos mil catorce (2014), y se obtuvo constancia el cinco (5) de
marzo de dos mil quince (2015)43, el demandante tenía plazo para interponer la
demanda, hasta el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015). Por tanto, su demanda,
sobre estas pretensiones y respecto de estos precisos autos devino oportuna.
3.1.3. Análisis del supuesto error jurisdiccional contenido en el Auto que declaró
terminado el proceso de liquidación.
La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia reguló ampliamente el
tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del
poder público y estableció tres supuestos de imputación bajo los cuales es posible
analizar dicha responsabilidad, entre ellos, el error jurisdiccional previsto en el artículo
67 de dicha normatividad.44
Tratándose de las decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades en los
trámites concursales que le correspondía adelantar, según lo previsto en el artículo 90
de la Ley 222 de 1995 ─antes de la modificación introducida por la Ley 1116 de 2006 y
vigente para cuando se inició la liquidación de la CIFM─, aquellas tenían un carácter
eminentemente jurisdiccional y, por lo mismo, los cuestionamientos que contra estas
se hiciera, eran pasibles de ser estudiadas desde el ámbito de la responsabilidad del
Estado por las actuaciones de la administración de justicia.
En lo que atañe al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, que es el que reclama la atención de esta Sala, es dable aclarar que este
es un título de atribución de responsabilidad de carácter subjetivo que impone la carga
a la parte demandante de demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado.
La Ley Estatutaria de Administración de Justicia prevé que el error jurisdiccional se
materializa en una providencia judicial contraria a la ley, es decir, aquella decisión que
incurre en error de derecho, entendido como la indebida o falta de aplicación de la
43
Conforme a constancias de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 144 Judicial II para Asuntos
Administrativos, obrante a folios 62-63 del cuaderno 1.
44 «Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. // En los términos del inciso
anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error
jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. // Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través
de una providencia contraria a la ley. // Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se
sujetará a los siguientes presupuestos. // 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca
en virtud de una providencia judicial. // 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. // Artículo 69.
Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de
esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener
la consiguiente reparación. // Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa
exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.
En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
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norma que corresponde al caso concreto45, o en error de hecho, derivado de la indebida
valoración probatoria por no considerar un hecho debidamente probado o no decretar
pruebas conducentes para determinarlo46.
En definitiva, el error jurisdiccional se configura cuando se presenta una lesión a un
interés jurídicamente tutelado a una persona, cometido por una autoridad investida de
una facultad jurisdiccional en el curso de un proceso y materializado a través de una
providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en
el deber de soportar.
En el presente caso, el Auto No. 400-010928 del 28 de agosto de 2012, mediante el
cual se declaró terminado el proceso de liquidación obligatoria de la CIFM, se encuentra
en firme, pues formulado como fue el recurso de reposición, aquél se decidió a través
de los Autos Nos. 400-06211 del 22 de noviembre de 2012 y 400-017782 del 18 de
diciembre de 2012 en sentido confirmatorio. Además, contra dicha decisión no cabía
otro recurso diferente, ya que, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-
233 de 1997, en su facultad de libre configuración normativa el legislador no previó el
recurso de apelación en los trámites concursales a cargo de la Superintendencia de
Sociedades47.
Por tanto, la Sala se ocupará del estudio de la posible configuración de un error judicial
contenido en el referido auto, no sin antes mencionar que fue una constante, a lo largo
del proceso, que el demandante optara por cuestionar de manera indistinta toda la
actuación del trámite liquidatorio, sin advertir puntualmente qué aspectos específicos
de cada actuación constituían su motivo de reproche, situación que ocurre
precisamente respecto del Auto 400-010928. Tal indefinición, en modo alguno
representa para la Sala el deber de auscultar todo el balance del proceso de liquidación
que se recogió en el precitado auto, ni satisfacer el sentido revisionista que la apelante
pretende revivir respecto de actuaciones que venían desde los albores del trámite de
liquidación y que tuvieron su momento y oportunidad para ser protestados previamente.
Entonces, la Sala será muy cuidadosa de no emitir pronunciamientos sobre aspectos
que quedaron inmersos en la decisión de caducidad y se limitará a los estrictos confines
del recurso de apelación, en aquello que residualmente perviva a la declaratoria de
45 “La jurisprudencia ha sido reiterativa al considerar que de una norma jurídica pueden considerarse diversas
soluciones sin que una de ellas sea la única correcta o verdadera, más aún en aquellos casos en los que el
ordenamiento jurídico ofrece al juzgador varias hipótesis normativas válidas para decidir, eventos en los que el
funcionario judicial podrá escoger razonablemente una de esas hipótesis. Así pues, para determinar la validez de la
decisión judicial o si ésta se encuentra en la esfera de lo cuestionable, debe tenerse en cuenta que, en casos
análogos, la hermenéutica jurídica puede llevar a resultados dispares basados en un mismo fundamento normativo
ya que en el universo jurídico conviven distintos métodos de interpretación, además de diversas concepciones del
Derecho, con incidencia práctica en las resultas de los casos puestos en conocimiento de la administración de
justicia. Por ello, la concepción ius racionalista del juez Hércules capaz de llegar a esa inequívoca y unívoca solución
correcta de los asuntos sometidos a su conocimiento, diferente del juzgador humano naturalmente falible, solamente
puede concebirse como una “idea regulativa”, esto es, como una idea ficticia que, no obstante, debe ser concebida
como si existiera, para permitir la evolución del derecho.” Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de
noviembre de 2018, expediente 39969. En igual sentido, sentencias de 26 de julio de 2012 expediente 22581 y de
27 de abril de 2006, expediente 14837.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, en la que se reitera tesis de sentencias
de 4 de abril de 2002, expediente 13606 y de 30 de mayo de 2002, expediente 13275.
47 Así razonó la Corte Constitucional: “En ninguna de sus normas la Constitución se refiere a los recursos
procedentes en contra de las providencias por medio de las cuales, una entidad administrativa como la
Superintendencia de Sociedades, ordene la apertura de un trámite concursal o la niegue (art. 93 de la ley 222 de
1995), resuelva sobre la aprobación del concordato (art. 129, inciso final, de la ley 222 de 1995) o decida improbar
el acuerdo (art. 140 de la ley 22 de 1995), de donde se desprende, con nitidez, que el legislador se hallaba facultado
para determinar si cabían o no los recursos enderezados a controvertir las referidas providencias y, en caso
afirmativo, para decidir qué clase de recurso, ya que no está obligado a prever siempre la apelación, toda vez que
el artículo 31 de la Constitución Política permite a la ley establecer excepciones al principio general de las dos
instancias”.
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caducidad y corresponda a cargos enrostrados desde el escrito de demanda; así como
también, dejará de lado cuestiones que graviten en la órbita de la responsabilidad del
agente liquidador que, tal como lo dispuso la Ley 1122 de 1995, en su artículo 167 48, le
atañe un ámbito de responsabilidad independiente y distinto del que le concierne a la
Superintendencia y que debe promoverse ante la justicia ordinaria.
De esta manera, de los reparos que la apelante efectuó frente al régimen de prelación
de pagos ─cargo de apelación 2.4.1.─, el único que merece ser analizado a instancias
del Auto No. 400-010928 del 28 de agosto de 2012, es el relacionado con la supuesta
omisión en la aplicación de Decreto 00254 de 2000 que previó la responsabilidad
subsidiaria del Estado en el pasivo laboral y más allá de los bienes de la masa
concursal, por lo que le correspondía, a la sazón de lo dicho por la apelante, a la
Federación Nacional del Café asumir el pasivo laboral insoluto. Los demás reproches
corresponden a estadios tempranos o previos del trámite concursal y, por tanto, se
hallan envueltos en la decisión de caducidad, comoquiera que, por ejemplo, la
calificación y graduación de créditos se realizó el 3 de agosto de 2001 ─hecho
3.1.1.5.─, el plan de pagos se presentó desde diciembre de 2002 y se aprobó su
ejecución el 12 de diciembre de tal calenda ─hechos 3.1.1.6 y 3.1.1.7─, entre otros.
Esclarecido lo anterior, consideran los demandantes que la Superintendencia en el auto
de terminación de la liquidación de la CIFM omitió declarar, respecto del pasivo laboral
insoluto, la responsabilidad solidaria de la Federación Nacional de Cafeteros, en los
términos en que lo disponía el Decreto 00254 de 2000.
Al respecto, observa la Sala que el parágrafo del artículo 32 del Decreto 00254 de 2000,
disponía que:
(…)
En caso de que los recursos de la liquidación de un establecimiento público o de una
empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional no societaria sean
insuficientes, las obligaciones laborales estarán a cargo de la Nación o de la entidad
pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la supresión y
liquidación de la entidad. Para tal efecto se deberá tomar en cuenta la entidad que
debía financiar la constitución de las reservas pensiónales.
Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 6 del artículo 1 de la Ley 573
de 2000, la Nación podrá asumir o garantizar obligaciones de las entidades públicas
del orden nacional, incluidas las derivadas de las cesiones de activos, pasivos y
contratos que haya realizado la entidad en liquidación, actuaciones que no causarán
el impuesto de timbre siempre y cuando se realicen entre entidades públicas.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando se trate de entidades
descentralizadas indirectas, sólo procederá la asunción respecto de aquellas cuya
liquidación se encuentre en firme a la fecha de entrada en vigencia de éste decreto, y
siempre y cuando en su capital participe una entidad descentralizada directa en un
porcentaje superior al noventa por ciento (90%). Para tal efecto, cuando de acuerdo
con disposiciones legales la entidad descentralizada directa deba responder por los
pasivos de la entidad de la cual es socia o accionista, se requerirá que ésta no se
48 ARTICULO 167. RESPONSABILIDAD. El liquidador responderá al deudor, a los asociados, acreedores y terceros,
y si fuere del caso a la entidad deudora, por el patrimonio que recibe para liquidar, razón por la cual, para todos los
efectos legales, los bienes inventariados y el avalúo de los mismos realizado conforme a las normas previstas,
determinarán los límites de su responsabilidad. De la misma manera, responderá de los perjuicios que por violación
o negligencia en el cumplimiento de sus deberes cause a las mencionadas personas.
Las acciones contra el liquidador caducarán en un término de cinco años, contado a partir de la cesación de sus
funciones y se promoverán ante la justicia ordinaria de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
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encuentre en capacidad financiera de hacerlo a juicio del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
(…).
Del enunciado normativo referido, a juicio de la Sala, no se derivan las consecuencias
que echa de menos la demandante, como tampoco se advierte, en ese sentido, un
mandato que inexorablemente la Superintendencia debiera acoger en el auto de cierre
de la liquidación respecto de impartir órdenes a la Nación para la asunción subsidiaria
de los créditos laborales insolutos. Esto, si se tiene en cuenta que la norma que invoca
la parte actora está dirigida a situaciones de liquidación que involucren un
establecimiento público o de una empresa industrial y comercial del Estado del orden
nacional no societaria, situación que, de las pruebas aportadas no se advierte que
tuviera la extinta CIFM.
En efecto, de acuerdo con el certificado de constitución y gerencia expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá y allegado junto con la demanda, la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A., fue constituida por acto privado protocolizado
mediante escritura pública No. 2260 de la Notaría 5ª. de Bogotá el 8 de junio de 1946,
como una sociedad mercantil anónima, inicialmente con la razón social de “Flota
Mercante Gran Colombiana S.A. y, a partir del 5 de febrero de 1997 mutó su nombre a
CIFM. Aun cuando no se desconoce que, tal como se reseña en el Auto 11731 del 31
de julio de 2000 de la Superintendencia de Sociedades, el Fondo Nacional del Café
tenía, para el momento de la liquidación, una participación accionaria del 80.07788%,
cuya administración era regentada por la Federación Nacional de Cafeteros, tal
circunstancia no tenía la consecuencia jurídica de transformar, per se, la naturaleza
jurídica de la CIFM y, por tanto, no estaba dentro del alcance de la Superintendencia,
como juez de la liquidación definir un asunto de ese talante jurídico, máxime que, como
lo indicó en el Auto 400-010928 del 28 de agosto de 2012, para ese momento el
Ministerio de Trabajo había negado la solicitud de declarar la unidad de empresa
─hecho 3.1.1.10─.
De hecho, en reciente pronunciamiento la Sección Segunda del Consejo de Estado,
respecto de la naturaleza jurídica de la extinta Compañía de Inversiones de La Flota
Mercante S.A., precisó, con apoyo en una decisión previa de la Sección Quinta, que:
“La CIFM, era una persona jurídica de derecho privado constituida desde el momento
en el que se fundó en 1946 como la Flota Mercante Gran Colombiana S.A., si bien en
el expediente no obra el correspondiente Certificado de existencia y representación
legal, la naturaleza jurídica de la misma ha sido una cuestión analizada por la Corte
Constitucional en varias ocasiones, dentro de las cuales en la sentencia T-292 de 2006
(…)”49.
Adicionalmente, la propia Corte Constitucional en la sentencia SU- 1023 de 2001, en la
que ordenó de manera transitoria a la Federación Nacional de Cafeteros disponer
recursos para el pago de las mesadas pensionales, también analizó el tema de la
responsabilidad subsidiaria del Estado dimanada de la Ley 573 de 2000 y el Decreto
254 de 2000, para indicar que, en su criterio, no se daban los mismos presupuestos
que en su momento se aplicaron al caso de Álcalis de Colombia ─empresa de economía
mixta del orden nacional─. Precisamente, por esa razón fue que, frente a la orden que
emitió a la Federación Nacional de Cafeteros para el cubrimiento del pasivo pensional,
acudió al artículo 148 de la Ley 222 de 1995, bajo el entendido que la Federación
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Auto No. 25000-23-42-000-2019-00363-01 del 14 de julio
de 2020.
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Nacional de Cafeteros, en razón de la composición accionaria de la CIFM cumplía con
los caracteres de entidad matriz o controlante.
Por lo expuesto, la Sala no encuentra demostrado el error jurisdiccional protestado por
la demandante, porque como se vio, la aplicación del Decreto 254 de 2000, en los
términos en que lo pretendía la demandante, no era un asunto que tuviera la claridad y
perentoriedad que supone el apelante.
En relación con el argumento de la alzada, conforme al cual, se autorizó el cierre de la
empresa declarando que no tenía obligaciones pendientes por cumplir y sin antes
estimar el cálculo actuarial insoluto y sin exigir su pago en efectivo y sin atender la orden
judicial de “concretar la conmutación pensional dentro del trámite concursal ─ordinal vi)
del punto 2.4.2. de la apelación─, debe indicarse que, al respecto, la Superintendencia
en el Auto No. 400-010928 del 28 de agosto de 2012, ofreció las razones por las cuales
no era posible la realización de la conmutación pensional, en los términos de la
Resolución 266 de 2009 del Ministerio de Protección Social sobre normalización
pensional.
Esto, permite a la Sala colegir que no era indispensable para los demandantes esperar
a la expedición del Auto de terminación de la liquidación para avizorar el riesgo que la
omisión en el trámite de conmutación podía representar en el goce de su derecho,
porque, como la propia apelante lo indica, desde la T-139 de 2001 se ordenó incluir la
conmutación pensional lo que viene a revelar que, desde entonces, o cuando menos
desde 2009 aquellos conocían cuál era la situación financiera de la liquidación y la
suerte de la conmutación pensional, lo que impide a la Sala, por razones de caducidad,
entrar en un análisis singular de este asunto, por fuera de indicar que, conforme al
artículo 199 de la Ley 222 de 1995, el hecho de que queden créditos insolutos, lo cual
obedece a la realidad financiera de la entidad liquidada, no impedía la declaratoria de
terminación del procedimiento de liquidación50.
En cuanto al reproche de la apelación enfocado a que la Superintendencia de
Sociedades no concedió el recurso de apelación contra el auto 400-010928 del 28 de
agosto de 2012, pese a que el Juez 39 administrativo de Bogotá le ordenó que lo
concediera ─ (ordinal vii) del cargo 2.4.2.─, la Sala no encuentra caprichosa e
irrazonable la decisión de la Superintendencia de no dar trámite al referido recurso, ya
que para ello ofreció razones, inclusive, una de ellas sustentada en la sentencia C-233
de 1997. Al margen de que el Juzgado 39 administrativo de Bogotá, en sentencia del
23 de enero de 2013, dentro de la acción de tutela 2012-00201-00 promovida por el
señor Luis Hernando Poveda Poveda51, ordenó a la Superintendencia de Sociedades
conceder el recurso de apelación contra el auto 400-01098 del 28 de agosto de 2012,
con una fundamentación ajena a lo previsto en la sentencia de constitucionalidad C-
233 de 1997, tal circunstancia no torna en errónea la decisión de la Superintendencia
de no dar trámite a la apelación, más aún cuando se trató de una decisión de amparo
en primera instancia y se desconoce si se mantuvo o no en sede de impugnación, pero,
aún de haberse mantenido, no convierte en arbitraria o caprichosa la decisión de la
Superintendencia, porque lo hizo con un fundamento razonable.
50 ARTICULO 199. DECLARATORIA DE TERMINACION. (…).
Si quedaren créditos insolutos, después de agotados los bienes que conforman el patrimonio a liquidar, incluyendo
el producto de las acciones de reintegración del patrimonio, la Superintendencia de Sociedades declarará terminado
el trámite y ordenará archivar el expediente.
(…).
51 Obrante en medio magnético.
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Finalmente, respecto del argumento de la apelación según el cual, el Tribunal de
primera instancia desconoció el oficio radicado el 8 de marzo de 2018 que condensó
los alegatos de conclusión, pues allí se aludió a todos y cada uno de los errores y
omisiones en que se incurrió en el trámite liquidatorio, debe indicarse que no le asistía
deber al Tribunal de pronunciarse sobre argumentos que no fueron expuestos desde
un comienzo y, por tanto, no se integraron a la causa petendi. Ahora, es cierto que la
primera instancia resolvió de forma genérica los cargos de la demanda para concluir
que la Superintendencia realizó el proceso de liquidación de conformidad con los
pasivos y activos, y de forma consecuente con la normatividad aplicable, pero ello
obedeció, precisamente, a la dispersión y falta de concreción que empleó la parte actora
para pretender revivir oportunidades procesales e intentar que la reparación directa se
convirtiera en un instrumento de control judicial de todas y cada una de las actuaciones
del trámite de liquidación, desatendiendo, incluso, la delimitación que ella misma fijó en
el escrito de subsanación.
Hasta este punto se encuentran agotados los aspectos de la apelación que no quedaron
cobijados temporalmente por la declaratoria de caducidad
A modo de colofón, la Sala, al no encontrar fundamento para acceder a los cargos de
la apelación, confirmará la decisión denegatoria proferida en primera instancia, pero,
únicamente respecto de los autos que no fueron alcanzados por la caducidad. Así las
cosas, el sentido de la decisión será modificatorio, si se tiene en cuenta que habrá una
declaratoria parcial de caducidad.
IV. COSTAS PROCESALES
El artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) prevé que “las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.152 y 36653 ejusdem,
aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)54, prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza,
de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en
primera instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias
en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante, comoquiera
que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. Para tal efecto, el
Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo
52 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión
que haya propuesto […]”.
53 CGP. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le
ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes
reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o
el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas
que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse
el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
54 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
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considerar que en esta instancia se fijan agencias en derecho por el 0.001% del valor
total de las pretensiones negadas, de conformidad con las tarifas establecidas en el
Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura55.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B, el diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho
(2018), la cual quedará así:
PRIMERO: DECLÁRESE de oficio la caducidad del medio de control de reparación
directa, respecto de los Autos Nos. 546-022468 del diciembre 12 de 2001; ii) No. 546-
0228813 del 18 de diciembre de 2001; iii) No. 440-20886 del 12 de diciembre de 2002;
iv) No. 440-002498 del 14 de febrero de 2003; y, v) No. 400-002511 del 13 de marzo
de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: NIÉGUENSE las demás súplicas de la demanda.
TERCERO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante, las que se liquidarán por
la secretaría del fallador de primer grado. Fíjanse, por concepto de agencias en derecho
a favor de la parte demandada, el 0.001% del valor total de las pretensiones negadas.
CUARTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para
lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
BRC.*/
55 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que para los medios de control promovidos en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia será “hasta del (5) por ciento del valor de
las pretensiones reconocidas o negadas”.
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