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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06874-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06874-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: Deniégase la protección del derecho fundamental de petición 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Rad: 11001-03-15-000-2024-06874-00 invocada por el accionante Eduardo Richard Vargas Barrera. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06874-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

30 de enero de 2025

Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera
Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Rad: 11001-03-15-000-2024-06874-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06874-00
Demandante: EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA
Demandado: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

El señor Eduardo Richard Vargas Barrera presentó acción de tutela contra la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la presunta vulneración de su
derecho fundamental de petición.

La parte actora consideró vulnerada su garantía constitucional por parte de la
entidad demandada ante la falta de respuesta de fondo respecto del recurso
de reposición que formuló contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de
2024, bajo las cargas de claridad, efectividad, suficiencia y congruencia.

1.2. Pretensiones

Conforme con el escrito de subsanación de la demanda que presentó el actor
solicitó lo siguiente:

1

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Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera
Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
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A partir de lo señalado como antecedentes y hechos, e inferencias de
ausencia de respuesta de fondo, y las orientaciones determinadas en el
precedente de la Corte Constitucional sobre la naturaleza de petición del
recurso de reposición, el alcance y contenido de este derecho fundamental y
su posibilidad de ampararlo ante la ausencia de mecanismo ordinario, solicito
que se me proteja el derecho fundamental de petición que ejercí con la
presentación recurso de reposición contra la RESOLUCION No. EJR24-298, y
se ordene a la ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA como
autoridad facultada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, dar respuesta de fondo y
acorde con las cargas de claridad, efectividad, suficiencia y congruencia, y por
esto exprese:

1. Las razones por las jurídica y lógicamente no son correctos o válidos los
argumentos expuestos en el recurso sobre la explicación y justificación de las
elecciones hechas como respuestas a las preguntas particularmente
identificadas en la impugnación y respecto de las que se repuso su
calificación.

2. Analice comparativamente esos argumentos y los textos con el título de
“Sustentación”, alusivos a indicar porqué las preguntas y respuestas dadas por
el sistema como acertadas deben tenerse como correctas, y exprese las
razones del porqué en ese esquema comparativo aquellos argumentos no son
jurídicamente y lógicamente correctos o válidos o porqué si lo son las
respuestas dadas por el sistema como acertadas deben tenerse como
correctas.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que participó en la tercera fase del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, en el marco de la Convocatoria 27 de la Rama
Judicial para proveer los cargos de funcionarios judiciales.

Precisó que mediante la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la
EJRLB publicó en orden numérico de la cédula de ciudadanía los puntajes
finales obtenidos por los discentes en la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, en la cual obtuvo el estado de reprobado.

Señaló que, formuló un recurso de reposición en contra de la anterior
decisión, el cual se resolvió con la Resolución EJR24-1613 del 7 de
noviembre de 20241, sin que en este último acto se hubiese dado respuesta
de fondo y por ende de manera suficiente, efectiva y congruente a la
mencionada petición. En dicho acto se dispuso lo siguiente:

1
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298
del 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.

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PRIMERO. – REPONER PARCIALMENTE la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, en el sentido de ajustar la calificación de la evaluación de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial que obtuvo el
discente Eduardo Richard Vargas Barrera, identificado con la cédula de
ciudadanía 7.713.026.

SEGUNDO. – MODIFICAR el Anexo de la Resolución EJR24-298 de 21 de
junio de 2024, el cual quedará así:

CÉDULA CALIFICACIÓN TOTAL ESTADO
7.713.026 796 Reprobado

TERCERO. – NOTIFICAR de manera personal la presente decisión al correo
electrónico del discente.

CUARTO. – Contra la presente decisión no procede recurso alguno en sede
administrativa.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró vulnerada su garantía constitucional por parte de la
entidad demandada ante la falta de respuesta de fondo respecto del recurso
de reposición que formuló contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de
2024, bajo las cargas de claridad, efectividad, suficiencia y congruencia.

Señaló que la manifestación puntual que hace frente a la calificación de cada
pregunta impugnada en ese acto administrativo (desde su hoja nro. 13 a la
hoja nro. 70), se reduce simplemente a ofrecer con título “Sustentación”,
textos alusivos a indicar porqué las preguntas y respuestas dadas por el
sistema como acertadas deben tenerse como correctas, pero nada explica
del porqué no lo son los indicados argumentos expuestos en el recurso para
la solicitud de asignación puntaje.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Una vez efectuado el reparto inicial, mediante providencia del 11 de
diciembre de 2024, el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá ordenó la
remisión por competencia del expediente de la referencia a esta corporación.

Posteriormente, con auto del 19 de diciembre de 2024 se admitió la demanda
y, en consecuencia, se dispuso la notificación de los representantes del
Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Unidad de Administración
de Carrera Judicial, la Unión Temporal Formación Judicial 2019, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica y la sociedad E. Distribution S.A.S.

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A su vez, se dispuso la comunicación de todos los discentes del IX Curso de
Formación Judicial que se adelanta en el marco de la Convocatoria 27, como
terceros interesados. Para tal efecto, se ordenó que por Secretaría se
efectuara una publicación.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura

1.6.1.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Esta entidad solicitó que se declare su falta de legitimación material en la
causa por pasiva y, por ende, se ordene su desvinculación en las presentes
diligencias.

Señaló que, la DEAJ no es la competente para administrar la carrera judicial,
en tanto que, sobre la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial recae la
competencia para administrar y reglamentar dicho asunto, por lo que, son
estas las autoridades legitimadas para responder por las pretensiones de la
demandada de tutela.

1.6.1.2. Unidad de Administración de Carrera Judicial

Esta entidad manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
dado que no tiene competencia alguna para emitir decisiones o
pronunciamientos sobre el objeto de la presente acción.

Agregó que no se ha configurado vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por el accionante atribuible a dicha dependencia
puesto que la controversia planteada se circunscribe a aspectos inherentes al
desarrollo del IX curso de formación judicial inicial para jueces y magistrados
de la Rama Judicial, cuyo trámite, por disposición normativa, es competencia
exclusiva de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

1.6.1.3. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

Esta entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
por lo que, pidió que se niegue el amparo solicitado por el accionante, en
razón a: 1) la improcedencia de la presente acción constitucional, pues el
actor cuenta con un mecanismo judicial idóneo y eficaz. Adicionalmente, 2)
no se acredita la amenaza de un perjuicio irremediable, y en todo caso 3) no
se advierte la vulneración de ningún derecho fundamental.

Refirió que, en realidad, los argumentos del actor no entrañan la vulneración
de un derecho fundamental, sino que responden a lo que sería la alegación
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de alguna causal de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el
artículo 138 ibidem, ya sea, falta de motivación, expedición irregular, falsa
motivación, falta de infracción de las normas en que debía fundarse, entre
otras, y que debe ser dilucidada en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues aquella pretende desvirtuar la legalidad de los actos que
establecieron su puntaje.

Destacó que, cosa diferente es que el accionante no esté de acuerdo con los
planteamientos y argumentos expuestos por la Escuela Judicial frente a su
recurso de reposición, y entonces considere que se vulnera la naturaleza de
derecho de petición que tiene el recurso de reposición en la actuación
administrativa.

Expuso que, en gracia de discusión, la satisfacción del derecho de petición
no depende de la respuesta favorable a lo solicitado (verbigracia, la
modificación del estado de “Reprobado” a “Aprobado” en la Subfase General
del IX Curso de Formación Judicial Inicial), por lo que hay contestación
incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que
conducen a ello (como en efecto se hizo, a través de los planteamientos
alusivos a los motivos de inconformidad específicos, desarrollados entre las
páginas 13-71 de la Resolución EJR24-1613 del 7 de noviembre del 2024).

Mencionó que, de ahí que se diferencie el derecho de petición del derecho a
lo pedido, que se usa para destacar que “el ámbito de protección
constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener
una contestación para la misma, y en ningún caso implica otorgar la materia
de la solicitud como tal”.

En relación con la pregunta 78, señaló que, es preciso matizar esta
apreciación subjetiva, manifestando que en la Resolución EJR24-1613 del 7
de noviembre del 2024 se indicó que “en atención a la solicitud de
recalificación del componente evaluativo, se ha realizado un exhaustivo
proceso de revisión de técnica de las respuestas”.

Refirió que, debido a ese proceso de revisión técnica, le aparece puntuada al
accionante en la resolución que resolvió su recurso. Señaló que el aliado
estratégico en el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, esto
es, la Unión Temporal Formación Judicial 2019 en oficio del 24 de diciembre
de 2024 manifestó que “la pregunta no cumplió el estándar de calidad
esperado, pues no cumplió con el parámetro de pertinencia temática a la luz
de las fuentes de consulta obligatoria”.

Reiteró que, en la Resolución EJR24-1613 del 7 de noviembre del 2024, el
puntaje total en la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial
del recurrente fue de 795,85, sobre el cual se aplicó la regla para la
aproximación prevista en el Acuerdo Pedagógico.
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Indicó que, eso quiere decir que la calificación del recurrente se modificó a
796 puntos y, por lo tanto, fue procedente la reposición parcial de la
Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024.

Consideró que, el actor a través de la acción de tutela, pretende revivir una
actuación administrativa que, en congruencia con el Cronograma de la
Convocatoria 27, Fase III - Etapa de Selección, finalizó con la notificación de
la resolución que resolvió los recursos de reposición contra el acto
administrativo con las notas finales de la Subfase General del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

Precisó que, la tutela no es la acción constitucional de la que ha de valerse el
actor para plantear sus reparos con respecto a la resolución que resolvió su
recurso. Por lo que, recordó que no es dable revivir la actuación
administrativa; ello implicaría desconocer el contenido del artículo 88 de la
Ley 1437 de 2011, esto es, que los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

Expuso que, la Escuela Judicial ha cumplido con las reglas concebidas para
el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, así como para el
instrumento de evaluación, en tanto que en el diseño y la estructuración de
cada una de las preguntas se tuvieron en cuenta los criterios de pertinencia,
conducencia y documentos del syllabus en su elaboración.

Manifestó que, la actuación administrativa culminó con la expedición de dicho
acto, lo que quiere decir que, si el accionante pretende que esta unidad emita
nuevos actos administrativos recalificando, desembocaría en una reapertura
de la actuación administrativa, pues la acción de tutela no es otro medio de
impugnación en esta vía si ya se agotó, de conformidad con el artículo 74 de
la Ley 1437 de 2011.

1.6.2. UPTC

Sostuvo que no se evidencia vulneración del debido proceso de la parte
accionante porque la Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo
Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” han
actuado con observancia de las normas de orden constitucional y legal que
regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial. Por lo que, se opuso a cada
una de las pretensiones de la demanda.

Mencionó que, los actos administrativos proferidos en el marco de la
actuación: acuerdos pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018,
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019 y
posteriores comunicados, han sido sustentados y difundidos ampliamente a
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todos los discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial, garantizando
la posibilidad de controvertirlos en ejercicio de su derecho a la defensa y
corrigiendo las falencias detectadas en las distintas fases del curso-concurso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
solicitaron que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, al
no tener relación alguna con los actos administrativos que se atacan por esta
vía.

Lo solicitado por las mencionadas entidades se negará pues se integraron a
como extremo pasivo en este proceso en atención a su participación en el
desarrollo de la fase del concurso de la que resultaron las resoluciones
cuestionadas.

2.3. Problema jurídico

Consiste en determinar si la entidad demandada vulneró el derecho
fundamental de petición del accionante por la falta de respuesta de fondo
respecto del recurso de reposición que el actor formuló contra la Resolución
EJR24-298 del 21 de junio de 2024, bajo las cargas de claridad, efectividad,
suficiencia y congruencia.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) de la procedencia de las
acciones de tutela frente al derecho fundamental de petición y, (iii) análisis
del caso concreto.

2.4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
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autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 2, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

2.5. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición

El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23
de la Constitución Política, así: “Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada3.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado,
e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo4.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, al pedir información acerca de un
documento que ha desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.
2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
3
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001,
entre otras.
4
Sentencia T – 1075 de 2003.

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Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20005 como parámetros para su protección
los siguientes:

i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;

ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa
y congruente con lo pedido;

iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe
ser lo más corto posible;

v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita;

vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;

vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa6 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa
garantía fundamental;

viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera
del deber de responder;

x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta
al interesado.

Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado
que la existencia de otros mecanismos para la obtención de información
pedida en la petición no es óbice para contestarlo7.

De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del

5
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.
6
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
7
Sentencia T – 1075 de 2003.

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caso concreto, como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de
un documento que ha desaparecido.

2.6. Caso concreto

El señor Eduardo Richard Vargas Barrera presentó acción de tutela contra la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la presunta vulneración de su
derecho fundamental de petición, por la falta de respuesta de fondo respecto
del recurso de reposición que formuló contra la Resolución EJR24-298 del 21
de junio de 2024.

Por su parte, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en su informe se
opuso a la prosperidad de lo solicitado y destacó que se decidió de fondo el
recurso de reposición formulado por el accionante, por lo que, consideró que
no existe vulneración de la aludida garantía independientemente de que la
respuesta se hubiere emitido en sentido negativo, y se explican los motivos
que conducen a ello, como en efecto se hizo, a través de los planteamientos
alusivos a los motivos de inconformidad específicos, desarrollados entre las
páginas 13-71 de la Resolución EJR24-1613 del 7 de noviembre del 2024.

Adicionalmente, la mencionada entidad sostuvo que lo que pretendido por el
actor es revivir una actuación administrativa que, en congruencia con el
Cronograma de la Convocatoria 27, Fase III - Etapa de Selección, finalizó
con la notificación de la resolución que resolvió los recursos de reposición
contra el acto administrativo con las notas finales de la Subfase General del
IX Curso de Formación Judicial Inicial.

En relación con la presunta vulneración del derecho fundamental de petición,
debe indicarse que no le asiste razón al demandante al considerar que no fue
atendida la petición que formuló a través del recurso de reposición en contra
de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, toda vez que la EJRLB
resolvió de fondo lo solicitado mediante la Resolución EJR24-1613 del 7 de
noviembre del 2024, de la cual tiene conocimiento el accionante, pues le fue
notificada.

En efecto, en su recurso de reposición, el actor hizo referencia a cada
pregunta que consideró bien contestada y el sustento de su dicho, a partir de
lo cual pidió que “… se reponga el resultado que obtuve como calificación en
la evaluación y que se consigna en el respectivo anexo del acto
administrativo RESOLUCION No. EJR24-298 (21 de junio de 2024), y se
proceda a asignar la puntuación total que solicito frente a cada pregunta.”

Del material probatorio aportado, se observa que, la EJRLB decidió tal
recurso mediante la Resolución EJR24-1613 del 7 de noviembre de 2024
“[p]or medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la
Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución
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EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”. En este acto la mencionada entidad se
pronunció sobre los motivos de inconformidad específicos frente al contenido
del cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación de la subfase general
del IX Curso de Formación Judicial.

Al respecto, se recuerda que, la respuesta requiere cumplir unos
lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los
requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de
ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para
entender satisfecho el derecho que se invoca.

No obstante, debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y
la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.

Por tanto, en el presente asunto, se encuentra que existe una decisión
administrativa que resolvió el recurso de reposición presentado por el actor,
contra la cual no procede recurso alguno; de modo que, si no se encuentra de
acuerdo con la respuesta brindada a su recurso tiene la posibilidad de acudir
al medio de defensa ordinario dispuesto en el ordenamiento para cuestionar la
legalidad del acto administrativo que a su juicio no dio respuesta de fondo a lo
recurrido.

Así, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 podrá, además de
discutir la ilegalidad de la decisión administrativa y proponer sus desacuerdos,
solicitar las medidas cautelares que considere convenientes para la
satisfacción de sus derechos, que pueden ser adoptadas por el juez desde la
presentación de la solicitud en caso de advertir la urgencia y necesidad.

Por consiguiente, se denegará la protección del derecho fundamental de
petición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: Deniégase la protección del derecho fundamental de petición
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera
Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Rad: 11001-03-15-000-2024-06874-00

invocada por el accionante Eduardo Richard Vargas Barrera.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días
siguientes a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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