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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06874-01

Fecha
19 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06874-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Modificar el fallo impugnado, que negó la protección del derecho fundamental de petición. En su lugar: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01 Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Eduardo Richard Vargas Barrera, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Remítase copia íntegra de este expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para que, si a bien lo tiene, inicie la investigación disciplinaria a que haya lugar, en relación con el demandante. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06874-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA
Demandados: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: TEMERIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Se configura en este caso porque, al tenor
de lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se constató que el demandante, quien
además ostenta la calidad de abogado, omitió informar sobre la existencia de un doble reparto
de la acción de tutela y permitió que se adelantaran, de manera simultánea, dos trámites respecto
de la misma petición de amparo, lo que para la Sala se asimila al hecho de que se hubieran
instaurado dos acciones de tutela con identidad fáctica y jurídica, sin justificación alguna.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 30
de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 9 de diciembre de 2024 2 , el señor Eduardo Richard Vargas Barrera, a nombre
propio, interpuso acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por
considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, con ocasión de la falta de
respuesta de fondo de la solicitud que presentó mediante el recurso de reposición que
formuló contra la Resolución EJR24-298, mediante la cual se comunicaron los resultados
de la evaluación de la subfase del IX Curso de Formación Judicial Inicial (Convocatoria
27). Formuló las siguientes pretensiones:

A partir de lo señalado como antecedentes y hechos, e inferencias de ausencia de
respuesta de fondo, y las orientaciones determinadas en el precedente de la Corte
Constitucional sobre la naturaleza de petición del recurso de reposición, el alcance y
contenido de este derecho fundamental y su posibilidad de ampararlo ante la
ausencia de mecanismo ordinario, solicito que se me proteja el derecho fundamental
de petición que ejercí con la presentación recurso de reposición contra la
RESOLUCION No. EJR24-298, y se ordene a la ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO

1
Se advierte que el 20 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Proveniente del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, el presente trámite constitucional se sometió a

reparto en esta Corporación el 13 de diciembre de 2024.

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

LARA BONILLA como autoridad facultada por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante Acuerdo PCSJA19- 11400 del 19 de septiembre de 2019, dar respuesta
de fondo y acorde con las cargas de claridad, efectividad, suficiencia y
congruencia, y por esto exprese:

1. Las razones por las jurídica y lógicamente no son correctos o válidos los
argumentos expuestos en el recurso sobre la explicación y justificación de las
elecciones hechas como respuestas a las preguntas particularmente identificadas en
la impugnación y respecto de las que se repuso su calificación.

2. Analice comparativamente esos argumentos y los textos con el título de
“Sustentación”, alusivos a indicar porqué las preguntas y respuestas dadas por el
sistema como acertadas deben tenerse como correctas, y exprese las razones del
porqué en ese esquema comparativo aquellos argumentos no son jurídicamente y
lógicamente correctos o válidos o porqué si lo son las respuestas dadas por el
sistema como acertadas deben tenerse como correctas.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 se convocó a concurso
abierto de méritos para proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, al que
se inscribió el señor Eduardo Richard Vargas Barrera – para el cargo de Magistrado en
la especialidad civil.

4. En su calidad de discente, el ahora accionante, participó de manera efectiva en las
jornadas de evaluación de la subfase general que se llevaron a cabo los días 19 de mayo
y 2 de junio de 2024.

5. Mediante Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, publicó los resultados
obtenidos por los discentes que realizaron la evaluación de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial, en el marco de la Convocatoria 27. Según lo comunicado
a través del referido acto administrativo, el señor Vargas Barrera obtuvo un puntaje final
de 789,600, por lo cual, su estado era «reprobado».

6. Inconforme con el resultado que obtuvo, el discente presentó recurso de reposición,
que fue resuelto por la entidad accionada mediante la Resolución EJR24-1613 del 7 de
noviembre de 2024, a través de la cual modificó la Resolución EJR24-298 del 21 de junio
de 2024, en el sentido de asignar un puntaje total correspondiente a 795,85; no obstante,
dado que el puntaje obtenido no superó los 800 puntos, se mantuvo su estado de
«reprobado».

7. En el escrito de tutela, el señor Vargas Barrera afirmó que la entidad accionada no dio
respuesta de fondo, suficiente, efectiva ni congruente a la petición que presentó mediante
el recurso de reposición que formuló contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de
2024.

B. Trámite impartido e intervenciones

8. Mediante auto del 19 de diciembre de 20243, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela

3
SAMAI, índice 4 del expediente de tutela en primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, a la Unión Temporal Formación Judicial
2019, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica y a la sociedad E. Distribution S.A.S.
y vinculó a todos los discentes del IX Curso de Formación Judicial que se adelanta en el
marco de la Convocatoria 27, en calidad de terceros con interés.

9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que no es la entidad competente
para administrar la carrera judicial, en tanto dicha función recae sobre la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial, por lo que es dicha entidad la llamada a responder por las pretensiones
de la demanda de tutela y, además, la que expidió la Resolución censurada.

10. La Unidad de Administración de Carrera Judicial5 también solicitó que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva o que se niegue el amparo solicitado. En
cuanto a la legitimación, alegó que la controversia está relacionada con la competencia
asignada a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, mediante los acuerdos PCSJA18-
11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de 2019, por lo que carece de competencia para
proferir decisión o pronunciamiento alguno sobre el objeto de las pretensiones,
circunstancia que, además, hace inviable afirmar que tuvo alguna injerencia en las
actuaciones que se reprochan en la acción de tutela, por lo que, en su criterio, la supuesta
vulneración de los derechos del accionante no existió.

11. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla6 pidió que se declarara improcedente la
petición de amparo, pues el actor cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho como mecanismo judicial idóneo y eficaz para cuestionar
el acto administrativo atacado. Adicionalmente, afirmó que en el caso en concreto no se
acreditó la existencia de amenaza de un perjuicio irremediable y, en todo caso, no se
advierte la vulneración del derecho fundamental de petición del accionante.

12. Por otro lado, informó que, el 16 de enero de 2025, rindió informe frente a la acción
de tutela promovida por el señor Eduardo Richard Vargas Barrera, la cual fue admitida
por la Sala de Decisión de Tutelas 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, bajo el radicado 142246 (CUI: 11001023000020240166200), trámite en el
que en el que se encontraban vinculadas las mismas partes, bajo los mismos hechos y
pretensiones, por lo que «se deduce que pudo suceder un doble reparto».

13. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC7 sostuvo que en
el presente caso no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, ni la existencia de un perjuicio irremediable. Adicionalmente, adujo que la
Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo Superior de la Judicatura y la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” han actuado con observancia de las normas de
orden constitucional y legal que regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial y precisó
los actos administrativos proferidos en el marco de la actuación han sido sustentados y
difundidos ampliamente, garantizando la posibilidad de controvertirlos en ejercicio del

4 SAMAI, índice 11 del expediente de tutela en primera instancia.
5 SAMAI, índice 12 del expediente de tutela en primera instancia.
6 SAMAI, índices 13 y 14 del expediente de tutela en primera instancia.
7 SAMAI, índice 17 del expediente de tutela en primera instancia.

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Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

derecho a la defensa y corrigiendo las falencias detectadas en las distintas fases del
concurso.

14. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 y la sociedad E. Distribution S.A.S. no
intervinieron, pese a que fueron debidamente notificadas del auto admisorio de la
demanda.

C. Fallo impugnado

15. En sentencia del 30 de enero de 2025, la Sección Quinta de esta Corporación negó
la protección del derecho fundamental de petición del accionante8.

16. Argumentó que no le asistía razón al señor Vargas Barrera al afirmar que no fue
atendida la petición que formuló a través del recurso de reposición contra la Resolución
EJR24-298 del 21 de junio de 2024, toda vez que la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, mediante Resolución EJR24-1613 del 7 de noviembre del 2024, resolvió de fondo
lo solicitado. Acto administrativo del cual tiene conocimiento el accionante, pues le fue
debidamente notificado.

17. En ese sentido, sostuvo que, en efecto, en el caso en concreto la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla expidió la Resolución EJR24-1613 del 7 de noviembre del 2024, por
medio de la cual resolvió un recurso de reposición formulado por el señor Vargas Barrera.
De modo que, dado que contra la decisión anterior no procede recurso alguno, lo
procedente era acudir al medio de defensa ordinario dispuesto en el ordenamiento
jurídico para cuestionar la legalidad del referido acto administrativo.

D. Impugnación

18. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación. Allí afirmó que en
la providencia de primera instancia no se realizó un análisis concreto sobre el contenido
de la Resolución EJR24-1613 en relación con los reproches planteados en el recurso de
reposición, lo que le hubiera permitido concluir que no se dio una respuesta de fondo y,
por ende, tampoco eficiente, efectiva ni congruente con lo solicitado mediante la
impugnación.

19. Alegó que en el fallo impugnado tampoco se explicó cómo se concluyó que la
respuesta fue de fondo, ni en que medida se cumplieron los parámetros constitucionales
para que se pueda afirmar que no existió la vulneración del derecho. Asimismo, indicó
que la acción de tutela sí es el mecanismo idóneo para la protección de su derecho
fundamental, pues en el escrito de amparo no se propone discusión alguna sobre la
validez jurídica del acto impugnado, sino que lo que se reprocha es la ausencia de
pronunciamiento respecto de los argumentos propuestos como impugnación.

20. Asimismo, informó que, el 6 de febrero del año en curso, se le notificó el fallo de
primera instancia del 23 de enero de 2025, proferido por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, por lo que, en ese momento, advirtió que la acción de tutela
que presentó inicialmente también se tramitó de manera simultánea ante dicha
Corporación, bajo el radicado CUI: 11001023000020240166200 (142246) y argumentó
que desconoce la causa del doble trámite, pues interpuso la acción de amparo en una

8 SAMAI, índice 18 de expediente de tutela en primera instancia.

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única oportunidad y no tiene injerencia en el reparto asignación de las acciones de tutela
a los despachos judiciales.

E. Trámite en segunda instancia

21. En atención a lo informado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la
contestación de la demanda, y por el accionante, en la impugnación del fallo en primera
instancia, mediante auto del 10 de abril de 20259, el despacho sustanciador del proceso
en segunda instancia requirió a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia,
para que allegara copia digital del expediente de tutela con radicado 11001-02-30-000-
2024-01662-00/01, a fin de verificar la posible existencia de un doble reparto de la
presente acción constitucional.

22. Mediante memorial allegado el 23 de abril del año en curso10, la Secretaría de la Sala
de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia remitió repositorio
digital del expediente requerido e informó que aquel fue remitido a la Corte Constitucional
para eventual revisión, el pasado 25 de marzo.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

G. Problema jurídico

24. En primer lugar, corresponde a la Sala verificar si el trámite simultáneo de la misma
acción constitucional ante dos corporaciones distintas es atribuible al accionante y, de
encontrarse demostrado, si aquello constituye una actuación temeraria en los términos
del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. Evento en el cual, la petición de amparo se
declarará improcedente.

25. De no existir una actuación temeraria, la Sala deberá determinar si se debe confirmar,
modificar o revocar la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que negó la protección del derecho fundamental de petición del
señor Eduardo Richard Vargas Barrera.

H. Análisis de la Sala

Temeridad en materia de tutela

26. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 determina que se incurrirá en una conducta
temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea

9 SAMAI, índice 4 del expediente de tutela en segunda instancia.
10 SAMAI, índice 9 del expediente de tutela en segunda instancia.

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presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

27. La Corte Constitucional, en sentencia SU-168 de 2017, precisó que la temeridad se
configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de partes, b) identidad
de hechos, c) identidad de pretensiones y d) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte
del libelista. Sobre la configuración del último de los elementos enunciados, manifestó:

El último de los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del actor
resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a
través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia.

9. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aún existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda
en: (i) la ignorancia del accionante; (ji) el asesoramiento errado de profesionales del
derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe
ser declarada improcedente, la actuación no se considera 'temeraria' y, por ende, no
conduce a la imposición de una sanción en contra del demandante11.

28. La Corte Constitucional también ha sostenido que bien puede configurarse la cosa
juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela,
«debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la
existencia previa de un recurso de amparo»12. Desprovisto de la mala fe propia de la
temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando concurren los siguientes
elementos: (i) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (ii) que el
nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iii)
que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir,
por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de tutela anterior se hubiera surtido el
trámite de selección ante la Corte Constitucional13.

29. En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que se hayan presentado
varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos hechos
y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate que quien ha acudido
ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma abusiva o con el propósito
de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de los jueces, de suerte que,
deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de varios jueces para propiciar una
decisión acorde a sus intereses.

11
Sentencia SU -168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Sentencia T-560 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Criterio reiterado en la sentencia T-
280 de 2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís.
13
Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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30. La Corte Constitucional ha señalado que, aunque objetivamente se adviertan los
requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se configure o que
sea declarada por el juez:

Con todo, se configurará la temeridad solo cuando concurran los siguientes
elementos: (i) identidad fáctica con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante
y de accionado; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción[52]. Esta situación supone un desgaste al sistema judicial
por capricho del accionante y por desconocimiento del principio de buena fe. Con
todo, la temeridad debe ser plenamente acreditada y no puede ser inferida tras una
simple revisión formal de las acciones de tutela que llevan a suponer que se ha
configurado dicha conducta.

Si hay concurrencia de los elementos citados, el juez podrá, rechazar de plano la
tutela o decidir negativamente la petición, cuando advierta que la actuación (i)
envuelva una actuación amañada, en la que se reservan para cada acción los
argumentos o pruebas que convaliden las pretensiones; (ii) denote un interés
desleal de alcanzar un beneficio individual al perseguir una interpretación
judicial favorable; (iii) evidencie el abuso del derecho al actuar abiertamente de
mala fe; (iv) pretenda asaltar la buena fe de los administradores de justicia.[53]

Con todo, a pesar de la posible concurrencia de los citados elementos que dan
estructura a la figura de la temeridad, debe verificarse las circunstancias particulares
del caso concreto, en especial cuando se pueda advertir alguna de las siguientes
circunstancias: (i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii)
en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración
de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción
o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se
haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la
necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante: y por último (iv)
se puede resaltar la posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando
la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace
explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.[54]14

I. Análisis de la temeridad en el caso concreto

31. La Sala advierte que, el 20 de marzo de 2025, ingresó el proceso al Despacho de la
magistrada ponente para elaborar proyecto de sentencia de segunda instancia; no
obstante, se observó que tanto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la
contestación de la demanda, como el accionante, en la impugnación, informaron que
ante la Corte Suprema de Justicia se tramitó una acción de tutela con identidad fáctica y
jurídica a la que aquí se revuelve, por lo que podría tratarse de un evento de doble
reparto.

32. En efecto, revisado el expediente ordinario se encontró que, el 9 de diciembre de
2024, el señor Eduardo Richard Vargas Barrera quien afirmó ser discente del IX Curso -
Concurso de Formación Judicial, para proveer los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial (Convocatoria 27), interpuso acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.

14 Corte Constitucional, sentencia T-579 de 2017.

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Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

33. Inicialmente, al trámite se le asignó el radicado 11001-31-03-030-2024-00468-00 y
correspondió, por reparto, al Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, el que, mediante
auto del 11 de diciembre de 202415, i) «rechazó por falta de competencia» la acción de
tutela y ii) «remitió las diligencias a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado»,
para que asumieran el conocimiento del asunto.

34. El 12 de diciembre siguiente, el referido Juzgado remitió las diligencias a las
direcciones electrónicas de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado16.

35. En atención a ello, el 13 de diciembre de 202417, la Secretaría de esta Corporación
le asignó el radicado 11001-03-15-0002024-06874-00 y efectuó el reparto
correspondiente, según lo previsto en el Decreto 333 de 2020.

36. Mediante auto del 19 de diciembre posterior18, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y vinculó, en calidad de terceros con interés, al Consejo Superior de la Judicatura,
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, la Unión Temporal Formación Judicial 2019, a la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la sociedad E. Distribution S.A.S. y a «todos
los discentes del IX Curso de Formación Judicial que se adelanta en el marco de la
Convocatoria 27».

37. La anterior decisión fue notificada, mediante mensaje de datos del 14 de enero de
2025, a la siguiente dirección electrónica: eduri2228@gmail.com19.

38. En la contestación de la demanda20, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla informó
que, el 16 de enero de 2025, rindió informe frente a la acción de tutela incoada por el
señor Eduardo Richard Vargas Barrera, la cual fue admitida por la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Tutelas n. 3, con radicado
142246 (CUI: 11001023000020240166200), trámite en el que se vinculó a las mismas
partes, bajo los mismos supuestos de hecho y pretensiones, por lo que, afirmó, podría
tratarse de un doble reparto.

39. En sentencia del 30 de enero de 202521, la Sección Quinta de esta Corporación negó
el amparo solicitado por el señor Vargas Barrera, por considerar que la entidad accionada
resolvió de fondo lo solicitado mediante el recurso de reposición formulado por el
accionante contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024. Adicionalmente,

15 Documento con certificado EDD6200AACA10EF5 540A2428557AC9FD 5AF09CB8913AF22F
37099F24A72C4B78 visible en el índice 00002 del expediente digital cargado en el aplicativo Samai.
16 Documento con certificado 75CC0B340D0392CE DE8DFEFADF126A04 5B481E7460A95C60

46C327633456C107 visible en el índice 00002 del expediente digital cargado en el aplicativo Samai
17 Documento con certificado 1C42BFE559A0BA37 48CF8D68025CEEA7 AF4620A6CED4861B
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18 Documento con certificado EB062184F8F6F0C3 ED53BFE610AB0575 2FD166439169D218
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19 SAMAI, índice 7 del expediente de tutela en primera instancia.
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21 SAMAI, índice 18 del expediente de tutela en primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

sostuvo que el accionante puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para controvertir el contenido y la legalidad del acto administrativo que
resolvió el recurso, medio de defensa ordinario idóneo para la protección de sus
derechos fundamentales.

40. Inconforme con la decisión, el 3 de febrero de 2025, la parte actora presentó
impugnación e informó22:

Debo poner de presente siendo consecuente con el deber que me asiste con la
administración de justicia que en el día de ayer 6 de febrero de 2025 (anexo correo)
advertí que también se adelantó trámite de tutela con la petición (demanda inicial)
que elevé desde el inicio por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, CUI: 11001023000020240166200 Radicación n.° 142246 y se me entera de
fallo de fecha 23 de enero de 2024 (se anexa), recalcando que la causa de ese doble
trámite la desconozco, pues solo interpuse en una única oportunidad la petición de
amparo y no tengo injerencia en el reparto y asignación de acciones de tutelas a
despacho judiciales.

Si bien lo anterior me avocó a ubicar en mi correo la existencia de comunicación
previa de este trámite (inadvertido de mi parte involuntariamente debo recalcarlo) y
hallé que en efecto que a mi correo llegó (se anexa) comunicación de fecha 15 de
enero de 2025 de dicha corporación anunciando ese trámite, lo cierto es que solo
hasta ese momento del fallo advierto conscientemente la existencia del mismo, de
modo que no tuve la oportunidad de ponerle de presente en el actual proceso, para
que se hubiese tomado la decisión que corresponde.

41. En vista de lo anterior, realizada la consulta en el Sistema de Información Judicial de
la Rama Judicial (consulta unificada de procesos), se observó que en la Corte Suprema
de Justicia se tramitó una acción de tutela promovida por el señor Eduardo Richard
Vargas Barrera contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, bajo el radicado 11001-02- 30-000-2024-01662-00.

42. Así pues, mediante auto del 10 de abril de 202523, el despacho sustanciador del
proceso en segunda instancia requirió a la Secretaría General de la Corte Suprema de
Justicia, para que allegara copia digital del expediente de tutela con radicado 11001-02-
30-000-2024-01662-00/01, a fin de verificar la posible existencia de un doble reparto de
la presente acción constitucional.

43. Mediante memorial allegado el 23 de abril del año en curso24, la Secretaría de la Sala
de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia remitió repositorio
digital del expediente requerido e informó que aquel fue remitido a la Corte Constitucional
para eventual revisión, el pasado 25 de marzo.

44. Revisado el expediente con radicado 11001-02-30-000-2024-01662-00/01, la Sala
encontró que allí se surtieron las siguientes actuaciones:

22 SAMAI, índice 23 del expediente te tutela en primera instancia.
23 SAMAI, índice 4 del expediente de tutela en segunda instancia.
24 SAMAI, índice 9 del expediente de tutela en segunda instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

• Mediante acta de reparto del 13 de diciembre de 2024, la Secretaría General de
la Corte Suprema de Justicia asignó el asunto al Despacho de la magistrada
Myriam Ávila Roldan.
• En auto del 18 de diciembre de 2024, el referido Despacho admitió la acción de
tutela promovida por Eduardo Richard Vargas Barrera contra la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de La Judicatura.
• La anterior decisión fue notificada, por medio de mensaje de datos del 15 de enero
de 2025, a la dirección electrónica del accionante eduri2228@gmail.com.
• A través de sentencia del 23 de enero de 2025, la Sala de Decisión de Tutelas n.3
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró
improcedente la acción de tutela. Decisión que fue notificada mediante
comunicación del 6 de febrero de 2025 al correo electrónico suministrado por el
accionante para tal efecto.
• Inconforme con la decisión, el 11 de febrero de 2025, el señor Eduardo Richard
Vargas Barrera presentó impugnación, la cual fue resuelta, mediante providencia
del 6 de marzo de 2025, por la Sala de Casación Civil Agraria y Rural de la Corte
Suprema de Justicia, que resolvió confirmar la sentencia de primera instancia.

45. Así las cosas, para esta Sala se acreditó que en el caso de estudio se incurrió en un
yerro por doble reparto de la misma acción constitucional, el cual, en principio, obedeció
a una decisión del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, que, mediante auto del 11 de
diciembre de 2024 «remitió las diligencias a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo
de Estado», para que asumieran el conocimiento del asunto, cuando lo esperado era que
en ejercicio de la discrecionalidad que autoriza el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el numeral 8 del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, la referida
autoridad judicial hubiera definido concretamente a cuál de las dos corporaciones remitía
el asunto.

46. De modo que, como la conjunción utilizada por el juzgado fue el conector disyuntivo
«o», el secretario del Juzgado resolvió enviar el mensaje de datos a las direcciones
electrónicas tanto de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia como a la
de esta Corporación, como se observa a continuación:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

47. Con fundamento en lo anterior, para la Sala está acreditado que en el caso de estudio
se generó un doble reparto de la acción de tutela, por lo que la misma se admitió y tramitó
de manera simultánea ante dos corporaciones distintas, situación que, se insiste, en
principio, fue atribuible a la actuación del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, que
debió determinar con claridad la autoridad a la que remitía el asunto; no obstante, lo
cierto es que, como se relacionó anteriormente, el señor Vargas Barrera fue debidamente
notificado de los autos que admitieron la demanda tanto en la Corte Suprema de Justicia
como en el Consejo de Estado, lo que da cuenta de que aquel tenía conocimiento de tal
circunstancia desde el 15 de enero de 2025 – fecha en la que se comunicó el auto del
18 de diciembre de 2024, proferido por el despacho de la magistrada Myriam Ávila
Roldan-.

48. Sin embargo, el accionante guardó silencio y omitió desistir de alguno de los
procesos o, por lo menos, advertir de tal situación para que se adoptaran las medidas
correspondientes y, antes, por el contrario, permitió que los trámites continuaran
simultáneamente y los impulsó, al punto que en ambos presentó impugnación,
esperando obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses. Comportamiento
absolutamente reprochable y que, a juicio de esta Sala, constituye, sin lugar a dudas,
una actuación temeraria, que se asimila al hecho de haber presentado dos acciones de
tutela con identidad fáctica y jurídica.

49. Así las cosas, el yerro por doble reparto que, en principio, obedeció a la actuación no
deseable del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá pudo haber sido subsanada si el
accionante, acompasado con el principio de lealtad procesal, hubiera desistido en alguno
de los procesos o, por lo menos, hubiera informado de tal irregularidad; sin embargo,
aquella se mantuvo, generando que ambos trámites se dictara sentencia de primera
instancia, e incluso en uno de ellos también se profirió fallo de segunda instancia.

50. Entonces, en el caso en concreto, el silencio del señor Vargas Barrera, que hizo que
se mantuviera una irregularidad que inicialmente obedeció a un doble reparto, fue lo que
condujo a que la misma acción de tutela se tramitara de manera simultánea ante dos
autoridades judiciales, lo que, como se anticipó, se asimila al hecho de que hubiera
presentado dos acciones de tutela con identidad fáctica y jurídica, porque finalmente el
efecto que buscaba era el mismo: obtener a toda costa un pronunciamiento favorable a
sus intereses.

51. En los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria se
configura cuando, sin justificación alguna, se promueve la misma acción de tutela ante
varios jueces o tribunales.

52. En palabras de la Corte Constitucional 25 , la temeridad es «la actitud de quien
demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones
para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado
y ágil del proceso." En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada
como aquella que supone una "actitud torticera", que "delata un propósito desleal de
obtener la satisfacción del interés individual a toda costa", que expresa un abuso del
derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción", o,

25 Al respecto, ver, por ejemplo: Sentencias T-1014 de 1999 y T-199 de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

finalmente, constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de
justicia».

53. Ahora bien, revisado el expediente de la solicitud de amparo, no se halló
manifestación alguna del demandante tendiente a justificar por qué razón guardó
silencio; de forma que para esta Subsección su actuación resulta absolutamente
reprochable e inaceptable.

54. Ciertamente, la calidad de profesional del derecho que ostenta el señor Eduardo
Richard Vargas Barrera requiere un comportamiento acucioso, leal y transparente con la
Administración de Justicia, de manera que su omisión de informar sobre la irregularidad
que se generó por el doble reparto y/o desistir de la acción en alguno de los trámites,
aun habiéndose notificado de la admisión de las dos acciones, da cuenta de un ejercicio
abusivo de la acción de tutela y de un acto contrario al celo profesional que como
abogado le es exigible al demandante.

55. Ahora bien, aún si en gracia de discusión se admitiera que el accionante sólo tuvo
conocimiento de la duplicidad de trámites cuando se le notificó el fallo de primera
instancia de la Corte Suprema de Justicia, como él mismo lo afirmó en la impugnación,
lo cierto es que su actuación al presentar impugnación en ambos procesos, con el objeto
de obtener dos pronunciamientos de segunda instancia, es igualmente reprochable y, a
juicio de la Sala, ratifica su comportamiento desleal con la administración de justicia.

56. En consecuencia, se modificará el fallo impugnado y, en su lugar, se declarará
improcedente la petición de amparo, por haberse configurado la temeridad.
Adicionalmente, como el inciso segundo del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, señala
que el «abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional», para efectos de tomar esa determinación la competencia recae en el juez
disciplinario de los profesionales del derecho. De ahí que deba remitirse copia de lo
actuado a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para lo de su
competencia.

57. Por último, la Sala considera oportuno llamar la atención del juez 30 civil del circuito
de Bogotá, para que, en lo sucesivo, cuando determine que, conforme a las reglas de
reparto previstas en el Decreto 333 de 2021, el conocimiento de una acción de tutela le
corresponde a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, disponga la remisión
a una de las dos corporaciones, y no a ambas, como ocurrió en este caso, por cuanto es
altamente probable que ello derive en anomalías de trámite como el doble reparto. Para
que la anterior advertencia cumpla su cometido, se dispondrá remitir copia de esta
sentencia a la mencionada autoridad judicial.

58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Modificar el fallo impugnado, que negó la protección del derecho fundamental de
petición. En su lugar:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06874-01
Demandante: Eduardo Richard Vargas Barrera

PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Eduardo Richard
Vargas Barrera, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Remítase copia íntegra de este expediente a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, para que, si a bien lo tiene, inicie la investigación
disciplinaria a que haya lugar, en relación con el demandante.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO. Remitir copia de esta sentencia al Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, de
conformidad con lo señalado en las consideraciones.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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