Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06964-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06964-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06964-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06964-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA QUE
DENEGÓ EL AMPARO SOLICITADO. SÍ RESULTA PROCEDENTE LA
APLICACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS DERIVADOS DE DELITOS DE
LESA HUMANIDAD. SE CUMPLIÓ CON LOS PRESUPUESTOS
EXPUESTOS EN LA SENTENCIA T-024 DE 2024, PROFERIDA POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, REPARACIÓN
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 18 de febrero de 2025, mediante la cual la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 denegó la solicitud de amparo.
1
En adelante la Sección Segunda.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06964-01
Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor ERNESTO RIVERA MEDINA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la reparación integra de
las víctimas y al principio de favorabilidad, los cuales estima
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA2 al
haber proferido la providencia de 25 de junio de 2024, dentro
del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 41001-33-33-005-2018-00413-01.
I.2.- Hechos
Indicó que el señor JOSÉ NESTOR RIVERA GUTIÉRREZ
(Q.E.P.D.) el 17 de marzo de 2006 mientras se encontraba haciendo
trabajos de agricultura en su finca denominada “La Piedrahita”,
2
En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06964-01
Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
ubicada en la vereda La Peñalosa en el municipio de Gigante (Huila,
Colombia), fue sorprendido por miembros del Ejército Nacional,
pertenecientes al Batallón de Infantería núm. 26 “Cacique
Pigoanza” de Garzón, quienes sin mediar palabra procedieron a
darle muerte y a despojarlo de su ropa y luego a vestirlo con un
uniforme de los que usaba la guerrilla, plantándole además un radio
trasmisor y dos granadas.
Señaló que, como consecuencia de lo anterior, se profirió sentencia
condenatoria de 24 de mayo de 2013 por parte del Juzgado Primero
Penal del Circuito de Garzón, la cual fue confirmada en providencia
de 24 de enero de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
– Sala Cuarta de Decisión Penal de Neiva, por el delito de homicidio
en persona protegida, contra los militares que participaron en este
acto de ejecución extrajudicial.
Relató que un grupo de familiares presentó acción de grupo 3 contra
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte
del señor JOSÉ NESTOR RIVERA GUTIÉRREZ (Q.E.P.D.), la cual
culminó con sentencia de 10 de octubre de 2018, por medio de la
3
Acción de grupo identificada con el número único de radicación 41001-33-31-005-2007-00123-000.
Sentencia de 10 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
cual se declaró la responsabilidad de las accionadas en la ejecución
extrajudicial.
Manifestó que junto con su grupo familiar, promovieron demanda
dentro del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se
declarara la responsabilidad por la muerte del señor JOSÉ NESTOR
RIVERA GUTIÉRREZ (Q.E.P.D.) y, como consecuencia de ello, se
ordenara el reconocimiento y pago de perjuicios morales causados
a cada uno de los demandantes, proceso que fue identificado con el
número único de radicación 2018-00413-00 y cuyo conocimiento le
correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva
que, mediante sentencia de 27 de enero de 2023, declaró probada
de oficio la excepción de caducidad y denegó las pretensiones de la
demanda.
Afirmó que inconformes con ello, interpusieron recurso de
apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante
sentencia de 25 de junio de 2024, confirmó la decisión del a quo.
I.3. Fundamentos de derecho
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
A juicio de la parte actora, el TRIBUNAL al confirmar la decisión
del a quo, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, toda vez que aplicó la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la
sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020 expedida por la Corte
Constitucional, desconociendo que al momento de presentarse la
demanda de reparación directa no operaba la caducidad frente a
delitos de lesa humanidad.
Manifestó que la autoridad judicial accionada, dando aplicación al
principio de favorabilidad, debió tener en cuenta la jurisprudencia
aplicable al momento de presentar la demanda, máxime cuando se
trataba de un caso de graves violaciones a los derechos humanos,
tal como se ha previsto por el Consejo de Estado4, que ha dispuesto
que la aplicación de la sentencia de unificación de 29 de enero de
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia
de 30 de abril de 2021, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, radicación núm. 2020-04068-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia
de 4 de abril de 2024.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia
de 7 de julio de 2022, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación núm. 11001-31-15-000-2022-
02106-01.
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
2020 es para procesos presentados con posterioridad a esta fecha.
Señaló que también se incurrió en defecto procedimental
absoluto “[…] al no dar a conocer a la parte demandante que, al
dar aplicación a las nuevas reglas respecto a la caducidad de los
procesos de falsos positivos, le era permitido acogerse y justificar
las nuevas causales, actualizando y justificando sus posturas,
violando el derecho al acceso a la administración de justicia, más
cuando se trata de delitos de lesa humanidad […]”, postura que
asumió la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de 2023.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior
declaración se deje sin efectos la Sentencia de fecha 25 de junio
de 2024, dentro del proceso de Reparación Directa, incoado por
JAIME RIVERA GUARACA Y OTROS contra LA NACIÓN
COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL, con radicado 41 001 33 33 005 2018 00413 01,
proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
HUILA y se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL HUILA proferir una Sentencia de reemplazo, en la que
revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que aparece
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
plenamente probado que la muerte del Señor JOSE NESTOR
RIVERA GUTIERREZ (Q.E.P.D.) fue una ejecución extrajudicial o
falso positivo, a fin de condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, como responsables de la
ejecución extrajudicial del señor JOSE NESTAR RIVERA
GUTIERREZ (Q.E.P.D.), constitutivo de graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, condenando a LA NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, a pagar por concepto de
perjuicios morales a favor de los demandantes de conformidad
con la sentencia de unificación de Jurisprudencia del 28 de agosto
de 2024 […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser notificado del presente trámite
constitucional en debida forma, guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL solicitó denegar
el amparo solicitado, toda vez que no se advierte la existencia de
defecto alguno en la providencia cuestionada.
Resaltó que las inconformidades expuestas en el escrito de tutela
guardan relación con las expuestas dentro del proceso de
reparación directa objeto de debate, de tal forma que lo pretendido
es crear una instancia adicional en el asunto.
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
I.6.2.- El JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE NEIVA, el EJERCITO NACIONAL y los señores
JAIME RIVERA GUARACA, INGRID TATIANA RIVERA
HERRERA, JUAN SEBASTIÁN RIVERA HERRERA, DIEGO
RIVERA GUTIÉRREZ, DIEGO RIVERA BOCANEGRA, MAGALY
RIVERA BOCANEGRA, LUZ MARINA RIVERA BOCANEGRA,
JOSÉ RIVERA BOCANEGRA, LUCELIDA RIVERA BOCANEGRA,
JOSÉ NÉSTOR RIVERA PIEDRAHITA, ANGÉLICA MEDINA
BERMÚDEZ, ANYI LICETH RIVERA MEDINA, ANGÉLICA
RIVERA MEDINA, NEIL RIVERA PIEDRAHITA, SARA MEDINA
BERMÚDEZ, ANI YULIETH RIVERA MEDINA, MICHELL
DAYANA JARAMILLO RIVERA, DIANA RIVERA MEDINA,
KAREN VIVIANA RIVERA MEDINA y SARA LICETH RIVERA
MEDINA, ADRIANA JUDITH PLAZAS TRUJILLO, LAURA
DANIELA RIVERA PLAZAS, NEIL RIVERA PLAZAS, JUANA
VALENTINA RIVERA PLAZAS, ADRIANA LUCIA RIVERA
PLAZAS y LUZ DARY RIVERA PLAZAS, MILLER RIVERA
PIEDRAHITA, ADRIANA MARÍA MEDINA BERMÚDEZ, KAROL
TATIANA RIVERA MEDINA y DEIVIN ESTIVEN RIVERA
MEDINA, LILA RIVERA PIEDRAHITA, OLIVER MONTEALEGRE
MONTEALEGRE, OLIVER MONTEALEGRE RIVERA, JULIO
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
CESAR MONTEALEGRE RIVERA, JENNIFER CAMILA
MONTEALEGRE RIVERA, JOHAN SEBASTIÁN MONTEALEGRE
RIVERA, SANDRA RIVERA PIEDRAHITA, JUAN DE LA CRUZ
RAMÍREZ ÁLVAREZ, JEYSIL DAYANA RAMÍREZ RIVERA,
BRAYAN STIVEN RAMÍREZ RIVERA, JUAN ERNESTO RAMÍREZ
RIVERA, YEISON RIVERA MEDINA, NEIL STIVEN RIVERA
CHAMBO, JOSELITO RIVERA PIEDRAHITA, LORAINE UTRIA
SOSSA, MARÍA LILA RIVERA UTRIA, ALBA LUZ RIVERA
CÓRDOBA, DANIELA ORTIZ RIVERA, LUISA FERNANDA
ORTIZ RIVERA, FANNY RIVERA CÓRDOBA, SANTIAGO
TRUJILLO RIVERA, ELISEO RIVERA CÓRDOBA, CAROLINA
RIVERA RODRÍGUEZ, NEIL RIVERA MEDINA; ANA MARÍA
RIVERA MEDINA, ANA FELISA RIVERA MEDINA, MILLER
RIVERA MEDINA, ADRIANA MARÍA RIVERA MEDINA, LINDA
YOHANNA PUENTES RIVERA, MARÍA OLGA RIVERA
OLIVEROS, JOSÉ EIDER GALINDO RIVERA, LUZ DARY
GALINDO RIVERA, YOLANDA GALINDO RIVERA RIVERA,
RAMIRO RINCÓN RIVERA RIVERA, ELFER RINCÓN RIVERA
RIVERA, YINETH RINCÓN RIVERA RIVERA, MERCEDES
RINCÓN RIVERA, BELLANID RINCÓN RIVERA, JAIRO RINCÓN
RIVER, EVER RINCÓN RIVERA, YANDRY RIVERA
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
BOCANEGRA, LEONEL RIVERA TORRECILLAS, GIOVANNI
RIVERA CÓRDOBA, LUZ ANGÉLICA RIVERA CÓRDOBA,
NANCY PUENTES RIVERA, MILVIA RINCÓN RIVERA, ORFILIA
PUENTES RIVERA, MAURICIO RIVERA TORRECILLAS,
MEDARDO RIVERA TORRECILLAS, VIANEY RIVERA
TORRECILLAS, ALDEMAR RIVERA CÓRDOBA, DANIEL RIVERA
CÓRDOBA, RUBÉN RIVERA CÓRDOBA, ALIRIO RIVERA
CÓRDOBA, RAFAEL RIVERA CÓRDOBA, NINFA PUENTES
RIVERA, MARÍA ARIOLFA GONZÁLEZ RIVERA, NOEMI
SÁNCHEZ RIVERA, LIBIA SÁNCHEZ RIVERA, MARÍA AMPARO
TORRES RIVERA, SANDRA MILENA TORRES RIVERA, EFRAÍN
TORRES RIVERA, LUZ MERY PUENTES RIVERA, YANDRY
TATIANA PUENTES RIVERA, DEIDY JOHANA PUENTES
RIVERA, NORMA CONSTANZA PUENTES RIVERA, HERNANDO
RIVERA, MARÍA LINOSKI TOLEDO RIVERA, GABRIEL TOLEDO
RIVERA, DUVALIER TOLEDO RIVERA, LINA FERNANDA
RIVERA HEREDIA, LINA ROCÍO RIVERA TORRECILLAS,
BEATRIZ PUENTES RIVERA, DIANA PATRICIA PUENTES
RIVERA, JAKELINE RIVERA PÉREZ, HAROLD RIVERA PÉREZ,
JHON EDINSON RIVERA RODRÍGUEZ, YHAN CARLOS RIVERA
RODRÍGUEZ, IVÁN ANDRÉS RIVERA TORRES, MARÍA
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ALEJANDRA RIVERA TORRES, ANYI PAOLA RIVERA TORRES,
HERNÁN DARÍO RIVERA TORRES, GENARO PUENTES LAVAO,
SANDRA MILENE BOCANEGRA GUZMÁN y MARÍA JOHANNA
HERRERA HERRERA, vinculados en calidad de terceros con interés
en las resultas del proceso, guardaron silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 18 de febrero de
2025, denegó el amparo solicitado al considerar que la providencia
cuestionada resolvió el asunto de acuerdo con el criterio fijado en la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado en
cuanto al término de caducidad en asuntos de reparación directa
relacionados con daños derivados de delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra.
Igualmente, sostuvo que frente a los efectos temporales de la
aplicación de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, la
Corte Constitucional en la sentencia T-210 de 2022 consideró que
aplica incluso para casos iniciados con anterioridad, lo que
evidencia que no se incurrió en desconocimiento del precedente,
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pues la providencia cuestionada fue proferida conforme a las reglas
jurisprudenciales establecidas.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA
bajo los siguientes argumentos.
Alegó que para la fecha en que se presentó la demanda de
reparación directa, esto es, el 5 de diciembre de 2018, en asuntos
relacionados con crímenes de lesa humanidad el medio de control
no caducaba, de tal forma que las demandas en las que se
reclamaba la reparación de los perjuicios por este tipo de delitos
debían ser admitidas, con independencia de los términos para
ejercer la acción.
Refirió que solo hasta el 10 de octubre de 2018 se declaró la
responsabilidad del Ejército Nacional en la muerte del señor JOSÉ
NESTOS RIVERA GUTIÉRREZ (Q.E.P.D) dentro de la acción de
grupo promovida por otros familiares, pues en el inicio de la
investigación y los supuestos de hecho que dieron lugar a su
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muerte, fueron fabricados sobre documentación y declaraciones
falsas por parte de la institución castrense, de tal forma que antes
de esto no había ninguna prueba que permitiera adjudicar la
responsabilidad al Estado.
Recalcó que si se tienen en cuenta las dos condenas definitivas en
las que se declaró la responsabilidad del Estado en la muerte del
señor JOSÉ NESTOR RIVERA GUTIÉRREZ (Q.E.P.D.), -24 de
enero de 2017 dentro del proceso penal y 10 de octubre de 2018
dentro de la acción de grupo-, para el momento de la radicación de
la demanda de reparación directa, esto es, el 5 de diciembre de
2018, no habían transcurrido más de 2 años, por lo que no operó la
caducidad de la acción.
Sostuvo que la Corte Constitucional en sentencia SU-439 de 2024
se pronunció sobre el particular y estableció que se debía realizar
una lectura garantista de la caducidad en casos de ejecuciones
extrajudiciales, de tal forma que el cómputo de la misma con
fundamento en una prueba insuficiente constituía un defecto
fáctico.
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En ese orden de ideas, solicitó revocar la decisión del a quo y, en su
lugar, acceder al amparo deprecado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
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Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
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tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
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independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
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decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la sentencia de 25 de junio de 2024, proferida
por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2018-00413-
01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
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justicia, a la igualdad, a la reparación integral de las víctimas y al
principio de favorabilidad, toda vez que, a juicio del actor, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental
absoluto y desconocimiento del precedente judicial, al haber
declarado la caducidad del medio de control de reparación directa,
sin tener en cuenta que se trata de un suceso derivado de un delito
de lesa humanidad y que cuando se promovió la demanda se
encontraba vigente una postura más favorecedora respecto a la
caducidad en este tipo de procesos.
Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente, toda vez que aplicó la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y la
sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020 dictada por la Corte
Constitucional, desconociendo que al momento de presentarse la
demanda de reparación directa no operaba la caducidad frente a
delitos de lesa humanidad.
Aseguró que la ilegalidad surge de la aplicación de la sentencia SU-
312 de 2020, la cual no se encontraba vigente al momento de la
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presentación de la demanda, por lo que al exigírsele la aplicación de
los parámetros establecidos en una sentencia que no existía en la
vida jurídica, se vulneraron sus garantías constitucionales.
Añadió que también se incurrió en defecto procedimental
absoluto “[…] al no dar a conocer a la parte demandante que, al
dar aplicación a las nuevas reglas respecto a la caducidad de los
procesos de falsos positivos, le era permitido acogerse y justificar
las nuevas causales, actualizando y justificando sus posturas,
violando el derecho al acceso a la administración de justicia, más
cuando se trata de delitos de lesa humanidad […]”, postura que
asumió la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de 2023.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 18 de febrero de
2025, denegó el amparo solicitado al considerar que no se incurrió
en los defectos alegados.
Inconforme con lo anterior, el accionante impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
motivación de la decisión, pues, a su juicio, no se debió declarar la
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caducidad del medio de control objeto de debate, comoquiera que
la demanda fue promovida el 5 de diciembre de 2018, por lo que,
con fundamento en la jurisprudencia emitida por la Corte
Constitucional, se debe realizar una lectura garantista de la
caducidad en casos de ejecuciones extrajudiciales.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y,
de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró
los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
La Sala observa que en el presente caso sí se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea
con suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en
su criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra la
decisión que puso fin al medio de control de reparación directa no
proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
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unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable5, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el presente caso
cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, la Sala hará mención del
marco jurídico de los defectos alegados, para enseguida abordar el
estudio del fondo del asunto.
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de
acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente
y los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de
la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es
absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros
valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley
sino también de trato por parte de las autoridades y
concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la
ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los
casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto
por el precedente6 […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela
cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las
partes. En especial, respecto del precedente vertical, la
Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que
el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Constitución
Política, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de
la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la
6
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
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eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido
proceso judicial7.
No obstante, lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)8.
Del defecto procedimental
En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado 9 lo
siguiente:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de
defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental
absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto
se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite
de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o
ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
7
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
8
Ver sentencia T-292 de 2006.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
7 de marzo de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación
11001031500020180402301.
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una
de las partes del proceso […]”10. De otra parte, se ha afirmado que
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto tiene lugar
cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las
formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se
convierten en una clara denegación de justicia11. Se incurre en esta
modalidad cuando, entre varias interpretaciones posibles, el juez
prefiere aquella que no favorece el principio pro homine e impide al
ciudadano el acceso efectivo a la administración de justicia […]”.
Conforme con lo expuesto en cita, al alegarse el defecto
procedimental contra una providencia judicial, lo correcto es que el
interesado ilustre la manera en que la autoridad judicial accionada
desconoció el trámite establecido para la adopción de aquella, esto
es, que demuestre que el proceso judicial que dio lugar a la
decisión acusada fue adelantado sin observar el trámite que las
normas adjetivas establecen para tal efecto.
Caso concreto
Mediante la sentencia de 25 de junio de 2024 acusada, el
TRIBUNAL confirmó la decisión del a quo que declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa
promovido por el actor junto con su familia, con ocasión del delito
[10] “Sentencia T-327 de 2011”.
[11] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.
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de homicidio en persona protegida a manos de miembros del
Ejército Nacional el 17 de marzo de 2006, del que fue víctima el
señor JOSÉ NESTOR RIVERA GUTIÉRREZ (Q.E.P.D.).
Como fundamento de la providencia cuestionada, el TRIBUNAL
señaló que conforme con la posición jurisprudencial fijada por la
Sección Tercera de esta Corporación en la Sentencia de Unificación
de 29 de enero de 2020, en los casos relacionados con delitos de
lesa humanidad o crímenes de guerra, debe observarse el artículo
164 de la Ley 1437 de 201112 sobre la caducidad.
En tal sentido, en la providencia cuestionada la autoridad judicial
accionada sostuvo que para el caso concreto el término de
presentación de la demanda se contabilizaría desde el momento en
que los demandantes tuvieron conocimiento de la participación del
Estado en el hecho y determinó que la parte actora no logró
demostrar una circunstancia que hubiere impedido el ejercicio del
derecho de acción, por las siguientes razones:
“[…] Descendiendo al caso concreto, esta Sala debe precisar
como lo advirtió en líneas anteriores que del análisis efectuado
12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
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a la sentencia de la Corte Constitucional como la proferida por
el Consejo de Estado como nuestro órgano de cierre, en las
demandas de reparación directa si se debe efectuar la
contabilización del término de caducidad establecido en nuestra
normatividad interna. Así las cosas, al existir un criterio definido
se dará aplicación al mismo de conformidad a lo establecido en
el artículo 270 del CPACA.
Al respecto evidencia la Sala que de las pruebas obrantes en el
plenario y las cuales fueron analizadas, se puede advertir que
los hechos narrados en la presente demanda, coinciden con los
relacionados en la acción de grupo instaurada por la señora Lila
Piedrahita y Otros, radicada bajo el número 41001-00-33-005-
2007-00123-00 y cuya pretensión recaía en la declaración de
responsabilidad extrapatrimonial de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, por el fallecimiento del señor José
Néstor Rivera Gutiérrez ocurrido el 17 de marzo de 2006.
Además de la radicación del expediente, se puede corroborar
que la acción de grupo fue instaurada en el año 2007.
Es decir, de acuerdo a lo anterior, se puede advertir que, al
existir una demanda instaurada por otros miembros de la
familia de la víctima, el grupo familiar demandante en el
presente medio de control conocía previamente, las
circunstancias en las que falleció el señor José Néstor Rivera
Gutiérrez, que los facultaba para reclamar administrativamente
los perjuicios causados; sin embargo, se desconoce las razones
por las cuales no demandaron, junto con el grupo familiar
inicial.
De igual manera, de la entrevista rendida por el hijo de la
víctima, cuatro días después de lo sucedido, ante la Fiscalía
Seccional 21 de Garzón y citada en la sentencia proferida por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón (H), en el
radicado No. 41-298-31-09-001-2010-00038-00, por el delito
de Homicidio en persona protegida (señor José Néstor Rivera
Gutiérrez), se puede concluir que el suceso y las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, fueron conocidas el mismo día de su
ocurrencia, situación que los facultaba para acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa en búsqueda de una
reparación.
Para la sala, no obra prueba alguna que acredite que los aquí
demandantes hubiesen estado materialmente imposibilitados
para ejercer su derecho de acción, justamente no se adujo
ninguna razón que explicara por qué los accionantes no
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acudieron antes en búsqueda de la reparación judicial, pese a
tener el derecho de hacerlo.
Así las cosas, la Sala comparte la decisión del a quo al
manifestar que los demandantes tuvieron conocimiento de la
muerte de José Néstor Rivera Gutiérrez y certeza de las
consecuencias del hecho generador del daño, el día 17 de
marzo de 2006; siendo así, el término para demandar culminó
el 17 de marzo de 2008 y la demanda se presentó el 5 de
diciembre de 2018, esto es 10 años después, sin que se haya
demostrado que en dicho período los demandantes hubiesen
estado materialmente imposibilitados para ejercer su derecho
de acción, justamente no se adujo ninguna razón que explicara
por qué los accionantes no acudieron a la respectiva
reclamación.
En conclusión, se confirmará la sentencia de primera instancia
que declaró la caducidad de la acción, al constatarse que la
demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de
reparación directa se presentó vencidos los dos años previstos
en el artículo 164 numeral 2 literal i) de la Ley 1437 de 2011
[…]”. (Destacado pertenece al texto)
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad
judicial accionada no incurrió en los defectos invocados, por los
siguientes motivos:
El literal i) del numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
estableció la oportunidad para presentar la demanda en el medio de
control de reparación directa, así:
“[…] ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA
DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
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i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda
deberá presentarse dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la pretensión de
reparación directa derivada del delito de desaparición forzada se
contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su
defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión
pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos
que dieron lugar a la desaparición; […]” (Resaltado de la Sala).
Ahora bien, sobre el término para presentar la demanda en los
procesos de reparación directa en los que se discute la ocurrencia
de un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la
comisión de un delito de lesa humanidad, la Sección Tercera de esta
Corporación, mediante providencia de 29 de enero de 202013,
unificó su jurisprudencia, en el siguiente sentido:
“[…] Las premisas establecidas por el legislador en materia de
responsabilidad patrimonial del Estado comparten la misma
finalidad de la imprescriptibilidad de la acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pues en los
dos ámbitos operan reglas en virtud de las cuales el término
pertinente no resulta exigible hasta tanto se cuente con
elementos para identificar a quien le resulta imputable el daño
pertinente.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 85001-
33-33-002-2014-00144-01(61033)A Actores: Juan José Coba Oros y otros; M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
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En el primer evento –el penal– esta situación se predica de los
autores y partícipes del delito, bajo la imprescriptibilidad de la
acción y, en el segundo –en materia de responsabilidad
patrimonial del Estado–, dicho supuesto versa sobre los
particulares que ejerzan funciones administrativas y las entidades
que estén llamadas a indemnizar los perjuicios causados, caso en
el que se aplica el término de caducidad solo desde el momento
en que el afectado tuvo la posibilidad de saber que resultaron
implicadas en los hechos.
En suma, las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo
de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del
conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado,
al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de
crímenes de guerra.
Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se unificará en relación con la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas
con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes
de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al
Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos
resulta exigible el término para demandar establecido por
el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición
forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.
Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar
al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos
eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen
impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del
derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de
lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto
en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial
Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la
situación causante del daño, sino la condición particular de quien
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acude a la administración de justicia […]”. (Destacado fuera de
texto).
De lo anterior se desprende que en los casos que se pretenda la
reparación de un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión
de la comisión de un delito de lesa humanidad, la demanda deberá
presentarse en los términos establecidos en el literal i) del numeral
2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, contándose el término
para presentar la demanda desde cuando los afectados conocieron
o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado
y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, salvo que se presenten situaciones que impidan
materialmente el ejercicio del derecho de acción, circunstancia en la
que el plazo empezará a correr una vez sean estas superadas.
Asimismo, debe precisarse que en la mencionada providencia la
Sección Tercera de esta Corporación sostuvo que lo resuelto en la
sentencia de 29 de noviembre de 2018, proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y
otros vs Chile, no era vinculante en el caso colombiano por los
siguientes motivos:
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“[…] 3.2.3. Sentencia de la CIDH en el caso Órdenes Guerra y
otros vs. Chile como fundamento para no aplicar las reglas que
rigen la regla de caducidad de la reparación directa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia
del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes Guerra y otros vs.
Chile, concluyó que el Estado, previa aceptación de su
responsabilidad, vulneró el derecho de acceso a administración
de justicia, en los términos de los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos
8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los
artículos 1.1 y 2 de la misma normativa.
La Corte precisó que el recurso judicial disponible en la
jurisdicción chilena para recibir una indemnización por
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado era la
acción civil de indemnización y que las demandas presentadas
para tal fin fueron rechazadas en aplicación del instituto de la
prescripción consagrado en los artículos 2.514 y 2.515 del
Código Civil Chileno, según el cual el término pertinente es de 5
años.
La CIDH compartió el argumento de la Comisión, según el cual
no existen razones que justifiquen que en el derecho chileno la
acción penal sea imprescriptible y la civil no; además, aclaró
que compartía la jurisprudencia de los últimos años de la Corte
Suprema de Justicia de Chile, a través de la cual se declaró en
numerosos casos la imprescriptibilidad de la acción civil
indemnizatoria por daños derivados de delitos de lesa
humanidad.
La decisión de la Corte se fundamentó en la aceptación
de responsabilidad por parte de Chile, Estado que indicó
que, en efecto, en los casos en los que se pretendía la
reparación de los perjuicios causados por un delito de
lesa humanidad la acción civil no debía prescribir. Este
allanamiento no se confrontó con las normas internas y
las de la Convención, cuyo alcance tampoco fue
delimitado.
Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes
en tanto interpreten las normas de la Convención. El fallo
analizado no contiene una interpretación del artículo 25
de la CADH –acceso a la administración de justicia–,
pues, se insiste, avala la aceptación de responsabilidad
de Chile, en cuanto a los efectos de sus normas de
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
prescripción de las acciones civiles frente a los delitos de
lesa humanidad.
Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico
chileno contiene preceptos distintos a las establecidos en el
derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de
contar el plazo pertinente a partir del conocimiento de la
participación del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una
regla que tiene los mismos efectos que la imprescriptibilidad en
materia penal.
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el
caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la
Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de reglas
con contenido material similar a las que prevé nuestro Código
Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal
pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente
asunto […]”.
Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-312 de
13 de agosto de 202014, también unificó su posición sobre el tema
objeto de la presente solicitud y realizó el siguiente análisis de
convencionalidad:
“[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la
jurisprudencia, esta Corporación estima que dicho
entendimiento del término de caducidad del medio de
control de reparación directa es razonable y proporcional
desde una perspectiva constitucional y convencional,
incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea
causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra
o genocidio.
6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo
es razonable para que las víctimas de violaciones a los
derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la
14
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. Expediente T-
7243742. Actora: Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata; M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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administración de justicia con el fin de obtener la
declaración de responsabilidad de la administración y gestionar
el resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el
término respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando
exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han
trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que
ocurrió el delito de lesa humanidad, el crimen de guerra
o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior,
comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia de
la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar la
participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad
pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la
reclamación respectiva.
6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia
del término legal de caducidad del medio de control de
reparación directa en tratándose de daños originados en delitos
de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite, en
la mayor medida de lo posible, la optimización de los intereses
constitucionales en tensión en asuntos como el estudiado en la
presente oportunidad. Específicamente, por una parte, protege
la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación
grave al acceso a la administración de justicia de las víctimas
de violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la
reparación patrimonial de los daños causados por las mismas
[…]
6.33. Por otro lado, esta Corte toma nota de que la reparación
patrimonial de los daños causados por el Estado es una
obligación contemplada en el artículo 90 de la Carta Política, la
cual, cuando tiene su origen en una violación a los derechos
humanos, se ve reforzada por disposiciones de instrumentos
internacionales incluidas en el bloque de
constitucionalidad, como los artículos 8° y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2.3
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que le
imponen al Estado colombiano el deber de garantizar el acceso
a la administración de justicia para proteger de forma efectiva
dichas prerrogativas.
6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el
establecimiento del término de caducidad para pretender
por vía judicial la reparación de los menoscabos
patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un
delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o
genocidio no representa una afectación del derecho al
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acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos con el fin de obtener una compensación
por el daño padecido, porque:
(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un
plazo razonable de dos años para acudir al aparato
jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta
necesariamente desde el momento del daño que origina el
perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el
afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado
por el Estado y se encuentre en la capacidad material de
imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y
(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa
por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías,
como el incidente de reparación integral en el marco del
proceso penal que se adelante en contra del responsable
material del delito de lesa humanidad o el trámite de
indemnización administrativa […]
6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el
Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su
condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo15, en la Sentencia del 29 de enero
de 202016, la Corte considera que no es necesario extender la
figura de imprescriptibilidad que se predica de acción penal
frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la
caducidad del medio de control de reparación directa para
asegurar los derechos de las víctimas, puesto que, además de
tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas
diferentes17, el término legal establecido para acudir a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un
criterio asimilable al que lleva inmerso dicha figura
aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar
los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica
y el mandato de justicia.
6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador,
15
Artículo 237 de la Constitución.
16
Supra II, 6.13. y siguientes.
17
Supra II, 6.11. y 6.20.
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los perjudicados por un menoscabo originado en un delito de
lesa humanidad, un crimen de guerra o un genocidio imputable
a una autoridad pública, tienen un término de dos años
para acudir al aparato jurisdiccional y velar por sus
intereses en el entendido de que dicho plazo únicamente
empezará a contarse, bajo la misma lógica de la
imprescriptibilidad penal que se predica de las
mencionadas conductas delictivas, una vez la persona
tenga conocimiento real de la participación, por acción u
omisión, del Estado y se encuentre en la posibilidad
material de imputarle el daño causado. […]
6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas,
la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa
en tratándose de daños originados en delitos de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a los
mandatos constitucionales y, por ello, decide unificar su
jurisprudencia en tal sentido con el fin de superar los criterios
divergentes existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional
[…]”.
Ahora, en cuanto a los efectos temporales de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, la Corte Constitucional en sentencia T-024
de 6 de febrero de 202418, estableció que, en principio, esta genera
efectos generales e inmediatos frente a los procesos que se
encontraran en curso para ese momento, además, que debido a la
variación en el precedente, a los demandantes se les debe permitir
la oportunidad procesal para manifestarse frente al cambio de
precedente, tal como se advierte a continuación:
18
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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“[…] En la Sentencia T-044 de 2022118, esta Corporación
analizó los efectos temporales de la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020 del Consejo de Estado a partir de cuatro
premisas. Primero, estableció que la atribución de efectos
retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica que
está prima facie proscrita. Lo anterior porque “[l]a jurisprudencia
contencioso administrativa y ordinaria coinciden en que, por regla
general, no es posible otorgar efectos retroactivos a las
sentencias”, salvo en materia penal y sin perjuicio de la
competencia excepcional que, en ocasiones, la ley otorga a los
jueces para disponer expresamente lo contrario. Para sustentar el
argumento, se citó una providencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que señaló que “la retroactividad del
precedente viola la cláusula de Estado de Derecho y el deber
general del Estado de respeto a las garantías judiciales, debido
proceso, libertad e igualdad y, por contera, a la confianza legítima
creada de manera objetiva por las autoridades estatales en el
desarrollo de sus actos”.
Como segunda premisa, reconoció que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la regla general prescribe que los
cambios en el precedente judicial deben tener efectos generales e
inmediatos. Al respecto, analizó la Sentencia SU-406 de 2016, en
que se estudió la aplicación en el tiempo del precedente judicial.
En esta providencia, la Corte precisó que “el cambio de una
determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de
cierre implica una modificación en la interpretación jurídica, es
decir, del contenido normativo de determinada disposición”.
Debido a lo anterior, las variaciones jurisprudenciales deben
aplicarse de forma general e inmediata, aunque, en cualquier
caso, su aplicación no puede pasar por alto el contenido material
de la igualdad, por lo que, cada situación debe ser observada a la
luz de las circunstancias particulares.
[…]
Como tercera premisa para sustentar los efectos generales e
inmediatos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
de la Sección Tercera, la Corte Constitucional reconoció que,
según la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, los
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efectos hacia el futuro (prospectivos) se enuncian explícitamente.
Al respecto, se estableció que cuando las secciones del Consejo
de Estado definen que una sentencia tiene efectos hacia el futuro,
acuden formalmente a la figura de la jurisprudencia anunciada.
Esto significa que la atribución de tales efectos queda señalada de
forma expresa en el respectivo fallo. Como ejemplo, la Sentencia
T-044 de 2022 citó varias providencias en las que las diferentes
secciones del Consejo de Estado aplicaron la figura de la
jurisprudencia anunciada.
Finalmente, como cuarta premisa, la sentencia en comento
determinó que la intención de la mayoría de los miembros de la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue
atribuir efectos generales inmediatos a la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020. Al respecto, se analizó el salvamento de
voto de la magistrada María Adriana Marín, en el que expresó su
disidencia porque “la decisión de la Sala debió adoptarse como
jurisprudencia anunciada, con efectos hacia el futuro”. De lo
anterior, se concluyó que “el salvamento de voto de la doctora
Marín [es] prueba indirecta de la postura mayoritaria de la Sala
plena de la Sección Tercera de Consejo de Estado”.
La postura relacionada con los efectos temporales de la sentencia
de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29
de enero de 2020, en el sentido de que las reglas
jurisprudenciales unificadas generan efectos generales e
inmediatos frente a los procesos que se encuentran en curso ha
sido defendida por la Corte Constitucional en varias providencias.
Por un lado, en la sentencia T-044 de 2022 a la que se ha hecho
referencia anteriormente. De otro lado, la sentencia T-210 de
2022 ratificó íntegramente la citada tesis. Finalmente, la
sentencia SU-167 de 2023 mantuvo la postura. En particular, en
esta última providencia se señaló: “la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que, por regla general, los
precedentes judiciales de las altas cortes tienen efectos
inmediatos y son de obligatorio obedecimiento por los operadores
jurídicos y las partes involucradas en un proceso en curso, aun si
incorporan cambios importantes en la compresión de un
determinado problema jurídico. // En el presente asunto, la
Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección
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Tercera del Consejo de Estado dispuso la exigibilidad del requisito
de caducidad frente a las demandas de reparación directa que
tenían por objeto la indemnización de un daño causado por un
delito de lesa humanidad. Por esa razón, para el 19 de marzo de
2021 - momento de adopción de la sentencia censurada-, no
existía precedente alguno que indicara la inaplicación del requisito
de caducidad en esta clase de procesos”.
Como se concluye de lo anterior, la jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido la tesis según la cual las reglas de
unificación establecidas en la sentencia de unificación
jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29
de enero de 2020, en principio, generan efectos generales e
inmediatos frente a los procesos que se encontraran en curso
para ese momento.
No obstante lo anterior, resulta importante destacar un aspecto
adicional de la jurisprudencia referida de la Corte Constitucional,
en el sentido de que, pese a que se ha defendido de forma
uniforme la conclusión señalada en el párrafo anterior, también se
ha establecido que, debido a la variación en el precedente
aplicable, a los demandantes en los procesos de reparación
directa se les debe permitir contar con una oportunidad procesal
para manifestarse frente al cambio de precedente, para proteger
su derecho al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuenten con la posibilidad material de
argüir en el proceso contencioso administrativo las razones por
las cuales consideran que su caso se enmarca en los estándares o
reglas fijadas en la sentencia de unificación respecto de la
configuración de la caducidad, particularmente, para argumentar
si existían “(…) situaciones que hubiesen impedido materialmente
el ejercicio del derecho de acción (…)”.
[…]
En conclusión, pese a que las reglas establecidas en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en
principio, generan efectos generales e inmediatos frente a
los procesos que se encontraran en curso para ese
momento, lo cierto es que la Corte Constitucional ha
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establecido que, en todo caso, a efectos de evitar incurrir
en un defecto procedimental absoluto, la autoridad judicial
debe garantizar la oportunidad procesal para que los
demandantes, de considerarlo procedente, se manifiesten
sobre las razones por las cuales su caso eventualmente se
enmarcaría en las reglas de unificación, incluso, si ello
implica readecuar el trámite surtido, frente a lo que se le
ha otorgado una especial relevancia a la etapa procesal
para presentar los alegatos de conclusión […]”. (Destacado
fuera de texto).
Así las cosas, en el caso concreto no se advierte la configuración de
los defectos invocados, pues de conformidad con la postura
asumida por el Alto Tribunal Constitucional, la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 tiene efectos inmediatos frente
a los casos en curso, además, la parte actora tuvo la oportunidad
de conocer el cambio jurisprudencial y de manifestar las razones
por las cuales en su caso debía aplicarse el criterio anterior.
En efecto, desde la sentencia de primera instancia de 27 de enero
de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva dio
aplicación a la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 y
declaró la caducidad del medio de control, decisión contra la cual el
accionante interpuso recurso de apelación y expuso las razones por
las cuales dicho criterio no le era aplicable.
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Frente a lo anterior, el TRIBUNAL en la providencia acusada
encontró que los hechos del medio de control de reparación directa
coincidían con los expuestos dentro de la acción de grupo con
radicación 41001-00-33-005-2007-00231-00, cuya pretensión
recaía en la declaración de responsabilidad extracontractual de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por el
fallecimiento del señor JOSÉ NESTOR RIVERA GUTIÉRREZ;
además, de la entrevista rendida por el hijo de la víctima, cuatro
días después de los hechos, era posible concluir que el suceso y las
circunstancias de modo, tiempo y lugar fueron conocidas desde el
17 de marzo de 2006, lo que advertía que la parte actora no estaba
en imposibilidad material de ejercer su derecho de acción.
Así las cosas, la Sala advierte que no es cierto que el TRIBUNAL
no haya valorado las circunstancias particulares del daño cuya
reparación se pretende, esto es, que se trate de un perjuicio
derivado de un delito de lesa humanidad, pues el rechazo de la
demanda no devino del reconocimiento o no de tal situación, sino
de la aplicación de las reglas sobre la caducidad según la posición
unificada por el Consejo de Estado sobre la materia, la cual se
acompasa con lo señalado por la Corte Constitucional en la
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sentencia citada en precedencia.
En ese orden de ideas, el hecho de que el TRIBUNAL haya
verificado si la demanda de reparación directa fue presentada o no
en término conforme con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 no
constituye la configuración del desconocimiento del precedente
judicial ni del defecto procedimental absoluto alegados,
teniendo en cuenta que, por el contrario, atiende a los lineamientos
jurisprudenciales aludidos y, tal situación, no desconoce las normas
convencionales sobre las garantías judiciales, conforme con lo
señalado en la sentencia SU-312 de 2020, proferida por la Corte
Constitucional, a la que se hizo alusión previamente..
Así mismo, es claro para esta Sala que el hecho de que el
TRIBUNAL haya aplicado los precedentes aludidos, al contener las
reglas jurisprudenciales del tema vigentes para el momento en que
fue proferida la decisión cuestionada, tampoco constituye defecto
alguno porque al no contener modulación de sus efectos, las
providencias mencionadas eran aplicables a los casos pendientes de
resolver.
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Sobre este aspecto, esta Sala ha señalado19:
“[…] Por último, la actora adujó que, en su caso, no se podía
dar aplicación a jurisprudencia que ha proferido con
posterioridad a la fecha en que ella dice haber cumplido con los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación, esto es, el
11 de marzo de 2010.
Tal argumento, tampoco tiene vocación de prosperar en
razón a que el alcance de un precedente jurisprudencial
esta dado para los casos frente a los cuales no ha
operado cosa juzgada, excepto que en la sentencia que
contenga la regla a aplicar, el Tribunal que la profiera
haya modulado sus efectos […]” (Destacado fuera de texto)
De igual forma, frente a un caso similar al presente, relacionado
con la caducidad del medio de control de reparación directa
derivado de un delito de lesa humanidad, en sentencia SU 167 de
2013, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Corte
Constitucional señaló:
“[…] 166. En cuarto lugar, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que, por regla general, los precedentes judiciales de
las altas cortes tienen efectos inmediatos y son de obligatorio
obedecimiento por los operadores jurídicos y las partes
involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan
cambios importantes en la compresión de un determinado
problema jurídico.
167. En el presente asunto, la Sentencia de Unificación del 29
de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dispuso la exigibilidad del requisito de caducidad frente a las
demandas de reparación directa que tenían por objeto la
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
marzo de 2019, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001 03 15 000 2018
03272 01.
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indemnización de un daño causado por un delito de lesa
humanidad. Por esa razón, para el 19 de marzo de 2021 -
momento de adopción de la sentencia censurada-, no existía
precedente alguno que indicara la inaplicación del requisito de
caducidad en esta clase de procesos […]”.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a
las fuentes jurídicas aplicables al caso. De tal suerte que lo que se
advierte es la inconformidad del actor con las razones de la
providencia judicial acusada, no así la configuración de las falencias
que alega.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo que
denegó el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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Actor: ERNESTO RIVERA MEDINA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de junio de
2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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