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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06970-00

Fecha
4 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06970-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Carmenza Julia Murcia Gómez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-42-051-2022-00476-01, por los motivos expresados en esta decisión. TERCERO: ORDENAR a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en un término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia decrete y practique todas las pruebas que considere necesarias a fin de establecer la identidad de la señora Carmenza Julia Murcia Gómez y su relación o vínculo con el señor Miguel Vargas Lobatón. Una vez disipadas las dudas sobre esta cuestión, deberá dictar sentencia de fondo nuevamente. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06970-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06970-00
Accionante: Carmenza Julia Murcia Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06970-00
Accionante: Carmenza Julia Murcia Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: defecto fáctico, procedimental y decisión
sin motivación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por la señora Carmenza Julia Murcia Gómez en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Carmenza Julia Murcia Gómez, presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso
a la administración de justicia, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la
vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la seguridad social y a los principios de
la buena fe, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial, que consideró
vulnerados por la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-42-
051-2022-00476-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-202406970-00, índice 2, certificado 2A7FA2164A82033B 9F8157A4F5D7CB30
41BD670F52214F1B 52421E4922CE893A.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

2. El señor Miguel Vargas Lobatón por su condición de teniente coronel retirado de
la Policía Nacional era titular de una asignación de retiro reconocida por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional2 (CASUR). Falleció el 7 de septiembre de
2020.
3. La señora Carmenza Julia Murcia Gómez, en su calidad de cónyuge del señor
Vargas Lobatón, le solicitó a CASUR la sustitución de la asignación de retiro a su favor.
Sin embargo, la entidad, a través de las resoluciones núm. 4626 del 13 de julio de 2021
y núm. 6409 del 13 de septiembre de 2021, negó la petición de la accionante, en
atención a que no acreditó la convivencia ininterrumpida con el causante en los últimos
5 años de vida.
4. La señora Carmenza Julia Murcia Gómez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de CASUR para que se dejaran sin efectos las
referidas resoluciones y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la
sustitución de asignación de retiro a favor de la señora Carmenza Julia Murcia Gómez,
a partir del 8 de septiembre de 2020, en cuantía del 100% de la mesada pensional que
percibía el causante y en forma vitalicia.
5. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 16
de noviembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda. Contra dicha
decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a
través de la providencia del 26 de junio de 2024, revocó el fallo de primera instancia y
negó las pretensiones de la demanda, con el argumento de que la señora Carmenza
Julia Murcia Gómez no acreditó la calidad de cónyuge del señor Miguel Vargas
Lobatón que permitiera tenerla como legitimaria de la sustitución pensional como se
invocó, toda vez que el causante figuraba casado con la señora Carmenza Martínez.
Así como tampoco demostró la convivencia con el señor Vargas Lobatón en los 5 años
anteriores a su muerte.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

«[…]
Dejar sin efecto, la providencia de segunda instancia de fecha 26 de junio de 2024, que
violó los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de defensa, acceso
efectivo a la administración de justicia, prevalencia al derecho sustancial en las
actuaciones judiciales, verdad, seguridad jurídica, mínimo vital, buena fe, libre
desarrollo de la personalidad, vida en condiciones dignas, principio protector,
coherencia en las decisiones judiciales, falta de motivación y análisis probatorio de la
misma y seguridad social en un estado social de derecho y demás, que usted considere
están siendo vulnerados

Conforme lo anterior, solicitó que, se ordené dictar una nueva providencia respetando
los derechos fundamentales violados por la entidad accionada, en referencia a que se
consideré la presunción de pureza o veracidad del registro civil de matrimonio allegado

2
En adelante CASUR

2

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entre la señora Carmenza Julia Murcia Gómez y el causante Miguel Vargas Lobatón o
en su defecto, se decreté las pruebas de oficio necesarias para esclarecer los “puntos
oscuros o difusos” sobre la calidad de cónyuge de la accionante. Además, en respeto
al principio de consonancia y congruencia se resuelva la segunda instancia conforme
el recurso de apelación presentado por la entidad demandada “Casur”, dictándose una
sentencia de fondo donde se hace un análisis crítico de las pruebas testimoniales y
documentales recogidas en el proceso definiéndose los hechos discutidos que se
probaron o no dentro del proceso»3.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, por cuanto no desarrolló
una adecuada actividad probatoria dirigida a verificar que la señora Carmenza Julia
Murcia Gómez estuvo casada con el señor Jaime Luis Martínez, ciudadano americano,
y con ocasión de este vínculo marital la tutelante se identificó como Carmenza
Martínez, utilizando su primer nombre y el apellido de su exesposo, por lo que se trata
de la misma persona que se casó con el señor Miguel Vargas Lobatón.
9. Del este modo, indicó que el Tribunal accionado presumió la mala fe de la
demandante y prefirió negar el derecho, sin hacer uso de su facultad oficiosa para
decretar pruebas que le permitieran esclarecer los puntos oscuros o difusos sobre la
identidad de la accionante y su calidad de cónyuge del señor Miguel Vargas Lobatón.
10. Adicionalmente mencionó que la autoridad judicial accionada omitió darle valor
probatorio al registro civil de matrimonio, pese a que era la prueba idónea para
acreditar el vínculo conyugal con el señor Miguel Vargas Lobatón, así como con los
demás documentos que demostraban la celebración de la boda, el 30 de junio de 2014,
en la capilla de las Flores en Las Vegas (Nevada), con el causante.
11. Afirmó que la decisión acusada incurrió en un defecto procedimental porque se
pronunció sobre la calidad de cónyuge de la señora Carmenza Julia Murcia Gómez,
sin tener en cuenta que este no fue un argumento expuesto en el recurso de apelación
por parte de CASUR en sede administrativa ni en el proceso ordinario y, en
consecuencia, desbordó sus límites como juez de segunda instancia.
12. Aunado a lo anterior, manifestó que la providencia objeto de tutela prescindió de
realizar un análisis crítico de las pruebas testimoniales y los documentos aportados en
la demanda, lo que resultó en una decisión sin motivación.

2.3. Trámite procesal
13. El despacho ponente, mediante auto del 21 de noviembre de 2024 4, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y puso en
conocimiento el escrito de tutela a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(CASUR) y al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, en su condición de
terceros interesados.

3
Se transcribe incluso con errores.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06970-00, índice 5, certificado
B6E979EDA81B82C3 BEF3D250FA904118 12BE73ACCAE67AFE 70A43EFC5F7AEF56.

3

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2.4. Intervenciones
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C5 se opuso a las pretensiones de la tutela, con el argumento de que no se vulneraron
los derechos fundamentales de la accionante en razón a que la decisión cuestionada
realizó un análisis adecuado de los elementos fácticos y jurídicos expuestos en el
proceso ordinario.
15. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)6 solicitó que se
declare improcedente la tutela o, en su lugar, se niegue el amparo comoquiera que, no
se configuran los defectos que propuso la tutelante en el escrito inicial y, en
consecuencia, no se vulneraron los derechos invocados con la providencia judicial
cuestionada.
16. Así pues, manifestó que la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia objeto de tutela, se refirió a cada uno
de los argumentos expuestos en el recurso de apelación y examinó las pruebas
aportadas al proceso, lo que le permitió concluir que la tutelante no acreditó
debidamente su calidad de cónyuge supérstite y la convivencia con el señor Miguel
Vargas Lobatón durante 5 años anteriores a la fecha del deceso.
17. En este sentido, indicó que la decisión acusada realizó una valoración completa
de los argumentos de las partes, las normas y el material probatorio conforme a los
principios de sana crítica y autonomía judicial, sin que se pueda advertir una vía de
hecho ni un desconocimiento de los derechos fundamentales de la actora.
18. Finalmente, mencionó que la solicitud de amparo se fundamenta en la
inconformidad de la accionante con el resultado de la decisión del Tribunal y pretende
utilizar este mecanismo excepcional como una tercera instancia para revivir la
discusión que se surtió en el proceso de nulidad y restablecimiento, con el único
propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses.
19. Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, guardó silencio

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Carmenza Julia Murcia Gómez,
en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06970-00, índice 10, certificado 6663C56C7A46D8CD 50DFF0D52AAF7116
5355CE46ECD58355 5F9CABC279B8E09C.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06970-00, índice 12, certificado A308B81D1D7DFB77 85A5DC7255D423CE
23D09FAFECB58FF6 C778E0B4B3CABDB0.

4

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3.2. Legitimación en la causa
21. En el presente asunto, Carmenza Julia Murcia Gómez está legitimada por activa
para acudir a esta acción de tutela en tanto ostenta la titularidad de los derechos
fundamentales que consideró vulnerados, toda vez que, está demostrado que fue la
demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
cual se expidió la providencia del 26 de junio de 2024, objeto de tutela.
22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, porque fue la
autoridad que profirió la providencia acusada de vulnerar los derechos fundamentales
de la parte accionante.

3.3. Cuestión preliminar
23. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien en el escrito de tutela se afirmó
que la providencia objeto de tutela incurrió en los defectos fáctico, procedimental y de
decisión sin motivación, lo cierto es que los argumentos cuestionan la valoración
probatoria que realizó la autoridad judicial accionada en la decisión acusada.
24. En este sentido, la Sala abordará el estudio de los defectos propuestos por la parte
actora pero en relación con el defecto fáctico alegado y sustentado.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional siempre que se cumplan requisitos generales y específicos, con
el fin de evitar que, dentro de los procesos judiciales, se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional8.
26.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

5

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una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
28. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
29. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional11
en su jurisprudencia ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
30. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»14;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

31.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que con la decisión
cuestionada se desconoció el ordenamiento jurídico lo que, a su juicio, impidió que se
expidiera una decisión ajustada a derecho.
32. Supera también la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

6

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protección de sus derechos fundamentales, pues agotaron las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
33. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que
la sentencia del 26 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, fue notificada el 27 de junio de
202415, y la demanda de tutela se presentó el 18 de diciembre de 202416, esto es,
dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional17 y
el Consejo de Estado18 como razonable.
34. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos con los que planteó la afectación
de sus derechos, tan así que el asunto superó la relevancia constitucional, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin al proceso.
35. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico
37. Corresponde a la Sala determinar si la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad,
al libre desarrollo de la personalidad, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y
a la seguridad social19 de la señora Carmenza Julia Murcia Gómez.
38. En particular, deberá establecer si incurrió en el defecto fáctico, al proferir la
sentencia del 26 de junio de 2024, que revocó la providencia del 16 de noviembre de
2023, expedida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, mediante
la cual accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesta por la actora en contra de CASUR.
39. Para el efecto, se estudiará: i) la generalidad del defecto invocado; ii) el registro
civil como elemento de prueba; iii) el caso concreto.

15
Samai, exp. 11001-33-42-051-2022-00476-01, índice 18.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06970-00, índice 1.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente Nº 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
19
Se aclara que la accionante en el escrito de tutela también solicitó la protección de los principios de la buena fe, seguridad
jurídica y prevalencia del derecho sustancial.

7

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Generalidades de los defectos invocados
40. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en defecto
fáctico.

El defecto fáctico
41. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»21 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
42. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»22. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»23.
43. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso24.

44. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez

20
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
25
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.

8

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que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»26.
45. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.

El registro civil como elemento de prueba para acreditar el estado civil de las
personas.
46. El título décimo del Decreto Ley 1260 de 197028 regula el mecanismo a través del
cual se acredita el estado civil de las personas. Así pues, el artículo 101 establece con
claridad que: «El estado civil debe constar en el registro del estado civil. El registro es
público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que con base en
ello se expidan, son instrumentos públicos».
47. En cuanto a la validez de las inscripciones realizadas en el registro del estado civil
y la autenticidad de estas, los artículos 102 y 103 del decreto ibidem refirieron lo
siguiente:

«ARTÍCULO 102. La inscripción en el registro del Estado Civil será válida siempre que
se haga con el lleno de los requisitos de ley.

También serán válidas las inscripciones hechas en país extranjero, si se han llenado
las formalidades del respectivo país, o si se han extendido ante un agente consular de
Colombia, observando las disposiciones de la ley nacional.

ARTÍCULO 103. Se presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en
debida forma en el registro del estado civil. No obstante, podrán rechazarse, probando
la falta de identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que
se refieren la inscripción a los documentos en que ésta se fundó y la persona a quien
se pretende aplicar».

48. Asimismo, el Decreto Ley 1260 de 1970 dispuso que el único instrumento para
acreditar el estado civil en lo que respecta a los nacimientos, matrimonios y

26
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28
«Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas».

9

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defunciones ocurridos después de su vigencia, son las copias auténticas de los
registros civiles. A saber:

«ARTÍCULO 105. Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas,
ocurridos con posteridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de
la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos.

En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos, y actos se probarán con las
actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción,
conforme a lo dispuesto en el artículo 100».

49. Acorde con lo mencionado, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
precisó que: «para probar el estado civil de las personas, el legislador previó el sistema
de tarifa legal, de modo que únicamente puede probarse por medio de la
correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los
mismos»29.
50. En este sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia realizó
una distinción entre los conceptos de estado civil y la prueba del estado civil, en los
siguientes términos:

«[…] no puede confundirse el estado civil con la prueba del mismo, pues es innegable
que son conceptos distintos. El primero surge por la ocurrencia de los hechos o actos
que lo constituyen legalmente o por el proferimiento[sic] del fallo judicial que los declara;
empero, esos hechos, actos o providencias que son la fuente del estado civil no son, per
se, su prueba, precisamente porque éste se acredita mediante los documentos previstos
y reglamentados con tal propósito por el ordenamiento jurídico. Desde luego que el
legislador colombiano de antaño y de ahora, ha procurado que los hechos y actos
constitutivos del estado civil estén revestidos de seguridad y estabilidad, por lo que los
ha sometido a un sistema de registro y de prueba de carácter especial, caracterizado por
la tarifa legal, distinto al régimen probatorio al que están sometidos los actos de carácter
meramente patrimonial. De ahí que se ha ocupado de señalar cuáles son las pruebas
idóneas para acreditarlo, como también de establecer minuciosamente lo concerniente
con su registro en aspectos tales como los funcionarios competentes, el término y
oportunidad de la inscripción, etc., regulación que ha ido evolucionando con las diferentes
disposiciones que sobre la materia han regido desde 1887»30.

51. Conforme lo expuesto, la Corte Constitucional31 ha establecido que el registro civil
es el medio idóneo a través del cual se prueba el estado civil de las personas, y en ese
orden, constituye una herramienta esencial para el ejercicio del derecho a la
personalidad jurídica.
52.En este orden, se tiene que, en Colombia el legislador determinó, explícitamente,
que el registro civil de matrimonio es la prueba idónea para acreditar el vínculo
matrimonial. En consecuencia, este documento es necesario para ser reconocido
como cónyuge en todo trámite que se surta ante cualquier institución de carácter
pública o privada.

29
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 27 de noviembre de 2007 radicado núm. 1995-05945-01.
30
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de octubre de 2015, radicado núm. 2008-00426-01. También,
se puede ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de junio de 2011, radicado núm. 1998-00618-
01.
31
Corte Constitucional, sentencia C-203 de 2019.

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3.6. Caso concreto
53. La señora Carmenza Julia Murcia Gómez acudió a la acción de tutela, con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la vida, al mínimo vital y a la seguridad social32, y en consecuencia, se
deje sin efectos la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por considerar que
incurrió en defecto fáctico.
54. Para la parte actora, la providencia acusada no realizó valoración adecuada de los
documentos obrantes en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho,
porque:

i) Omitió darle valor probatorio al registro civil de matrimonio, pese a que era la
prueba idónea para acreditar un vínculo conyugal con el señor Miguel Vargas
Lobatón, así como los demás documentos con los cuales se demostró la
celebración de la boda, el 30 de junio de 2014, en la capilla de las Flores en Las
Vegas (Nevada), con el causante;

ii) no tuvo en cuenta que la señora Carmenza Julia Murcia Gómez goza de doble
nacionalidad (estadounidense y colombiana), y en su pasaporte americano se
identifica como Carmenza Martínez, utilizando su primer nombre y el apellido de
su exesposo (Jaime Luis Martínez), por lo que es la misma persona que se casó
con el señor Miguel Vargas Lobatón;

iii) prescindió de su facultad oficiosa para decretar pruebas que le permitieran
esclarecer los puntos oscuros o difusos sobre la identidad de la accionante y se
calidad de cónyuge del señor Miguel Vargas Lobatón.

3.6.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
55. Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
revocó la decisión del A quo y, en su lugar, resolvió negar las pretensiones de
reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor de la señora Carmenza Julia
Murcia Gómez con fundamento en el siguiente análisis probatorio:

«[…] acude ante esta Jurisdicción a reclamar el reconocimiento de la sustitución de
asignación de retiro que en vida devengó el TC Miguel Vargas Lobatón (q.e.p.d.), la
señora Carmenza Julia Murcia Gómez, quien se identificada con C.C. No. 39.697.263
expedida en Bogotá e invoca la condición de cónyuge del causante.

Ahora bien, para demostrar la existencia del vínculo matrimonial, la señora Carmenza
Julia Murcia Gómez, aportó al plenario los siguientes documentos:

Certificado de matrimonio No. 20140623000384190 expedido por el Condado de Clark
– Nevada, donde se registran como contrayentes Miguel Vargas Lobatón, nacido en
Colombia el 26 de julio de 1944, residente en la calle 131 a No. 53b – 91, apartamento

32
Se aclara que la accionante en el escrito de tutela también solicitó la protección de los principios de la buena fe, seguridad
jurídica y prevalencia del derecho sustancial.

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601 y Carmenza Martínez, nacida en Colombia el 12 de septiembre de 1960, unión
celebrada el 30 de junio de 2014 en la Capilla de las Flores las Vegas – Nevada,
veamos: […].

Se observa del contenido de estos documentos, que se registran como contrayentes el
señor Miguel Vargas Lobatón y la señora Carmenza Martínez, ceremonia celebrada
el 30 de junio de 2014, en la Capilla de las Flores en las Vegas Nevada.

De conformidad con el Registro Civil de Matrimonio indicativo serial No. 7584885,
expedido por la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, se registran como contrayentes
Miguel Vargas Lobatón y Carmenza Julia Murcia Gómez, fecha de celebración 30
de junio de 2014 en la Capilla de las Flores en las Vegas, en el Condado de Clark –
Nevada – Estados Unidos. Fecha de inscripción 01 de septiembre de 2021,
denunciante Jean Francois Aguirre Ospina, veamos: […].

Se advierte en este documento una notoria, y por ahora, insuperable inconsistencia, y
es que se registró como contrayente a la señora Carmenza Julia Murcia Gómez, quien
es la demandante en este proceso, no obstante que, conforme a los documentos
proferidos por el Condado de Clark – Nevada, el día 30 de junio de 2014, contrajeron
matrimonio en la Iglesia de las Vegas – Nevada, el señor Miguel Vargas Lobatón y la
señora Carmenza Martínez, más no la señora Carmenza Julia Murcia Gómez, quien
hoy acude a reclamar el reconocimiento del derecho.

El pasaporte A06678005, expedido por los Estados Unidos de América demuestra que,
la señora Carmenza Martínez, es de nacionalidad Americana, nacida en Colombia el
12 de septiembre de 1960.

La cédula de ciudadanía No. 39.697.263 expedida en Bogotá, corresponde a la
Carmenza Julia Murcia Gómez, nació en Cali – Colombia el 12 de septiembre de
1960, de nacionalidad Colombiana, quien es demandante en el presente asunto.

Ante estos documentos, para el Tribunal es claro que la persona que contrajo
matrimonio con el señor Miguel Vargas Lobatón el día 30 de junio de 2014 en la
Capilla de las Flores en las Vegas – Nevada, es la señora Carmenza Martínez,
ciudadana americana, identificada con pasaporte No. A06678005, más no la señora
Carmenza Julia Murcia Gómez identificada con C.C. No. 39.697.263 expedida en
Bogotá, quien actúa como demandante dentro de este proceso.

Al plenario tampoco se allegó copia de los registros civiles de nacimiento de la señora
Carmenza Julia Murcia Gómez y el señor Miguel Ángel Lobatón, en donde se pudiera
verificar alguna anotación relacionada con el nombre de la señora Carmenza Julia
Murcia Gómez, tampoco se ha allegado documento idóneo como escritura pública de
cambio de nombre, si del tal hecho se tratare. No se conoce si las dos identidades
traídas aquí: americana y colombiana corresponden a una misma persona; en
todo caso, es un hecho no demostrado.

Desconoce el Tribunal las razones por las que en el registro del matrimonio efectuado
ante la Notaría Cuarta del Circuito de Pereira el 01 de septiembre de 2021, registra un
nombre de la contrayente distinto al documento que allí refiere o sea el expedido en
Estados Unidos, donde es visible que se anota un presunto matrimonio del causante
con Carmenza Martínez; más no con Carmenza Julia Murcia Gómez. No se aportó
justificación legal probada en este expediente que la contrayente en Estados
Unidos sea la misma a la que se refiere el registro. Tampoco hay alguna anotación
oficial legal que dé cuenta de que se trata de la misma persona, cuya identidad ha sido
formal y legalmente modificada.

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También hay incertidumbre en algunos documentos aportados al plenario en los que
refieren como cónyuge del TC Miguel Vargas Lobatón a la señora Carmenza Martínez,
más no a la señora Carmenza Julia Murcia Gómez, así se extrae de los carnés de
servicios sociales de la Policía Nacional, documentos Bancarios, certificaciones
laborales, entre otros que obran en el expediente y fueron relacionados en el acápite
de medios de prueba.

El Tribunal destaca que el registro del matrimonio en Colombia, se efectuó ante la
Notaría Cuarta del Círculo de Pereira el 01 de septiembre de 2021, con posterioridad
al fallecimiento del señor Miguel Ángel Lobatón ocurrida el 07 de septiembre de 2020;
incluso con posterioridad a las peticiones elevadas por la señora Carmenza Julia
Murcia Gómez ante la entidad demandada, en las cuales solicitó el reconocimiento de
la sustitución de asignación de retiro, que datan del 21 de octubre de 2020, 26 de
octubre de 2020, 29 de enero de 2021, 28 de mayo de 2021.

Se extrae del contenido del acto acusado, que el 29 de enero de 2021, CASUR le
solicitó a la señora Carmenza Julia Murcia Gómez, aportar copia auténtica del registro
civil de matrimonio expedido por notaría. Y allí ya se ha destacado la inconsistencia
que no permite la eficacia probatoria para acreditar la calidad de cónyuge.

En este escenario que muestra el expediente y teniendo en cuenta que la señora
Carmenza Julia Murcia Gómez, demandante dentro del presente asunto, no acreditó
haber contraído matrimonio con el señor Miguel Vargas Lobatón el 30 de junio de 2021,
en la Capilla de las Flores en las Vegas Nevada de donde parte un documento que se
intentó registrar en Colombia con las falencias anotadas, no está acreditada la calidad
de cónyuge que permita tenerla como legitimaria de la sustitución pensional
como se invocó. […]». [Negrilla fuera de texto original].

56. En efecto, el Tribunal accionado concluyó que la señora Carmenza Julia Murcia
Gómez no tenía derecho al reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación
de retiro que reclamaba porque, en su criterio, los elementos probatorios allegados al
proceso no otorgaban la certeza suficiente para entender, sin duda alguna, que la
demandante era la cónyuge del señor Miguel Vargas Lobatón.
57. Lo anterior, por cuanto los certificados de matrimonio aportados al proceso,
expedidos por el condado de Clark del Estado de Nevada en Estados Unidos,
demostraban que el señor Vargas Lobatón contrajo matrimonio con una ciudadana
americana llamada Carmenza Martínez, el 30 de junio de 2014, en la Capilla de las
Flores en Las Vegas (Nevada), y no con la señora Carmenza Julia Murcia Gómez.
58. De este modo, el Tribunal refirió que la demandante no aportó elementos de
prueba con los cuales se justificara el cambio de nombre, y esto generaba
incertidumbre sobre su identidad, dado que no se podía inferir que era la misma
persona que contrajo matrimonio con el señor Vargas Lobatón y, por consiguiente, no
era dable determinar que la señora Carmenza Julia Murcia Gómez tenía la condición
de cónyuge del mencionado señor.
59. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada mencionó que el registro civil de
matrimonio expedido por la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira no podía tener
eficacia probatoria, dado que «se registró como contrayente a Carmenza Julia Murcia
Gómez», pero el certificado expedido por el condado de Clark del Estado de Nevada
en Estados Unidos hacía referencia a la señora Carmenza Martínez y no a la tutelante.

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60. Esto, sumado a que la inscripción del matrimonio se realizó con posterioridad al
fallecimiento del señor Vargas Lobatón, y después de las solicitudes que la actora
presentó a CASUR, para requerir el reconocimiento de la sustitución de la asignación
de retiro.

3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la actora
61. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en el defecto expuesto por la accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar
que al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se aportó el certificado de
matrimonio núm. 20140623000384190 expedido por el condado de Clark del Estado
de Nevada (EE. UU.), en cuyo documento se registró como contrayentes al señor
Miguel Vargas Lobatón, nacido en Colombia el 26 de julio de 1944 y a la señora
Carmenza Martínez, nacida en Colombia, el 12 de septiembre de 1960. Dicha unión
fue celebrada el 30 de junio de 2014 en la capilla de las Flores, Las Vegas (Nevada).
62. También se allegó al proceso ordinario copia del pasaporte americano núm.
A06678005, perteneciente a la señora Carmenza Martínez, nacida en Colombia el
12 de septiembre de 1960.
63.De igual manera obra en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho,
cédula de ciudadanía de la señora Carmenza Julia Murcia Gómez, identificada con el
núm. 39 697 263, nacida en la ciudad de Cali (Colombia), el 12 de septiembre de
1960.
64. Los referidos documentos coinciden en describir a una señora de nombre
Carmenza, con nacionalidad colombiana, que nació el 12 de septiembre de 1960.
Adicionalmente, el registro fotográfico del pasaporte americano y la cédula de
ciudadanía colombiana muestran a una mujer con similares características físicas, por
lo que estos elementos, en principio, permitirían inferir que se trata de la misma
persona.
65. Ahora bien, en el proceso ordinario, también, obra copia auténtica del registro civil
de matrimonio con indicativo serial núm. 7584885, expedido por la Notaría Cuarta del
Círculo de Pereira, en cuyo contenido se mencionan como contrayentes a los señores
Miguel Vargas Lobatón y Carmenza Julia Murcia Gómez, con fecha de celebración del
30 de junio de 2014 en la Capilla de las Flores en Las Vegas, en el condado de Clark
(Nevada).
66. En este punto, es pertinente recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 102 y siguientes del Decreto Ley 1260 de 1970, el único instrumento para
acreditar el estado civil de las personas relacionadas con los nacimientos, matrimonios
y defunciones ocurridos después de su vigencia, son las copias auténticas de los
registros civiles.
67. De esta manera, para desvirtuar el contenido y alcance probatorio de un registro
civil frente a una determinada situación jurídica, es necesario desarrollar una especial
carga probatoria dirigida a demostrar que la información que reposa en el documento
es falsa o adulterada y, por lo tanto, carece de validez.

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68. En el caso objeto de estudio, el Tribunal accionado desestimó la eficacia probatoria
del registro civil de matrimonio aportado por la accionante, porque, en su criterio, se
registró como contrayente a la señora Carmenza Julia Murcia Gómez y no a la señora
Carmenza Martínez, y tal situación generaba una «incertidumbre» frente a la calidad
de cónyuge de la actora con relación al vínculo que sostuvo el señor Miguel Vargas
Lobatón.
69. Sin embargo, la providencia acusada, en ninguno de sus apartes, presentó
elementos probatorios que permitieran desvirtuar la validez del registro civil de
matrimonio y afirmar que la información contenida en dicho documento era falsa o
había sido adulterada, y que, como consecuencia de ello, no se podía considerar como
prueba en el trámite del proceso ordinario.
70. Por el contrario, se observa que la autoridad judicial accionada se limitó a indicar
que los elementos probatorios aportados al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho eran «inconsistentes» y causaban «incertidumbre» respecto a la identidad de
la señora Carmenza Julia Murcia Gómez, y por ese motivo, no accedió favorablemente
a las pretensiones de la demanda.
71. En este punto, la imprecisión que evidenció el Tribunal en los elementos de prueba
obrantes en el proceso exigía una mayor actividad probatoria para verificar si existían
otros instrumentos que tuvieran la capacidad de explicar o aclarar la identidad de la
señora Carmenza Julia Murcia Gómez y las razones por las cuales en los Estados
Unidos se identificó con el nombre de Carmenza Martínez.
72. Así pues, aunque la acción de tutela no es un escenario adicional para efectuar
una revisión o validación de pruebas ajenas a las aportadas al proceso ordinario, cuya
competencia recae en los jueces naturales, no se puede desconocer que en el caso
bajo estudio, dadas las circunstancias expuestas por la accionante, es pertinente hacer
mención a los elementos referidos y allegados en el escrito de tutela, para determinar
si existían instrumentos para superar la «incertidumbre» alegada en la providencia
cuestionada.
73. En este sentido, es pertinente mencionar que al expediente de tutela se aportó
copia de los siguientes documentos:

i) Registro civil de matrimonio con indicativo serial núm. 7584885, expedido por la
Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, en cuyo contenido obra nota marginal en
la que se indica lo siguiente: «Inscripción según registro civil de matrimonio con
certificado No.20140623000384190 expedido en Clark, Nevada – Estados
Unidos apostillado en el cual la contrayente figura identificada como
“CARMENZA MARTINEZ” al igual que en su pasaporte americano. En
Colombia su número de identificación corresponde al 39.697.263, con el
nombre de CARMENZA JULIA MURCIA GOMEZ».

ii) Certificado de matrimonio núm. 944669, en el que consta que la señora
Carmenza Murcia contrajo nupcias con el señor Jaime Luis Martínez, el 18 de
febrero de 1994, en la ciudad de Atlantic City.

iii) Constancia expedida por la Suprema Corte del Estado de New Jersey en los
Estados Unidos, en el que se describen los términos del divorcio entre la señora

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Carmenza Martínez y el señor Jaime Luis Martínez.

iv) Certificado emitido por el Cónsul General de Colombia en Nueva York en los
Estados Unidos, con el cual se indica que la señora Carmenza Julia Murcia
Gómez, identificada con cédula de ciudadanía núm. 39 697 263, al casarse con
el señor Jaime Luis Martínez, el 18 de febrero de 1994, adoptó el apellido de su
esposo y pasó a llamarse Carmenza Martínez.
74. En efecto, se advierte que existían otros elementos probatorios a los que podía
acudir el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para verificar si las inconsistencias
en el nombre de la aquí demandante, y determinar si los documentos aportados tenían
la suficiente validez probatoria. No obstante, al examinar las actuaciones procesales
ocurridas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 11001-33-42-051-2022-00476-01, no se observa que la autoridad judicial haya
proferido providencia alguna dirigida a solicitar elementos de prueba adicionales.
75. En este contexto, es pertinente indicar que, si bien el artículo 167 del Código
General del Proceso establece que «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», también indica
que «[…] según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de
parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas […]».
76. La Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad de dicha norma precisó
lo siguiente:

«Con todo, en este punto es necesario aclarar que la norma acusada no puede ser
interpretada al margen de los fines y principios que orientan el Código General del
Proceso y que por lo mismo tienen fuerza vinculante. Ello significa que el juez, como
director del proceso, ha de estar vigilante para dar cumplimiento a su misión en el
marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, ya sea al acudir a sus
atribuciones oficiosas en el decreto y práctica de pruebas, o bien para hacer una
distribución razonable de la carga probatoria según la posición en la que se encuentren
las partes en cada caso». [Subrayado fuera de texto].

77. Lo expuesto tiene fundamento en el numeral 4 del artículo 42 del Código General
del Proceso, el cual faculta al juez para «[e]mplear los poderes que este código le
concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las
partes», con el fin de superar el estado de incertidumbre que pueda ocurrir al interior
de la actuación judicial.
78. Esto significa entonces, que el juez tiene la obligación de decretar y practicar las
pruebas que considere necesarias para esclarecer aquellas circunstancias que no
permiten tener certeza sobre los hechos objeto de discusión, en aras de evitar que el
fallo se aparte de la verdad.
79. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que, en los eventos en que las
partes no logren aportar los elementos necesarios para resolver de fondo el litigio,
deberá el juez hacer uso de sus poderes oficiosos. Sobre esto, dijo lo siguiente:

«[E]l legislador, de manera progresiva, ha reconocido al juez ordinario un mayor rol
dentro del proceso judicial, sin que tales facultades representen, por sí mismas, una
visión autoritaria del sistema procesal colombiano. En esta dirección, tanto la Corte

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Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han sostenido el carácter mixto del
actual procedimiento civil, en tanto las partes continúan manteniendo la obligación de
iniciar el trámite judicial, allegar los medios de prueba relevantes para la concesión de
las pretensiones y alegar los supuestos fácticos que demuestren su hipótesis jurídica;
y el funcionario judicial, por su parte, tiene el deber de emplear todos los poderes que
legalmente le fueron otorgados para lograr la tutela jurisdiccional efectiva»33.

80. Ahora bien, tratándose de asuntos judiciales de carácter laboral, la Corte ha
aceptado que los jueces acudan a sus poderes oficiosos con el único propósito de
reconstruir los hechos de manera correcta, y así llegar a una decisión objetiva y
justa soportada en los materiales probatorios decretados, practicados y valorados.
Sobre el particular, dijo lo que sigue:

«[…] el proceso debe procurar la eliminación de la incertidumbre. La incertidumbre no
es más que la indefinición respecto de si un enunciado descriptivo es verdadero o falso.
A fin de lograr ese objeto es necesario entonces acudir precisamente a los medios de
prueba. Pero su aporte, decreto y práctica cuentan también con reglas precisas en
nuestro ordenamiento jurídico con el propósito de garantizar igualmente los derechos
de defensa, de contradicción y, en general, del debido proceso. En principio, el influjo
e importancia del sistema dispositivo en el país, hizo que algunas normas de derecho
civil incorporaran la teoría de la carga de la prueba. De conformidad con este principio,
las partes tienen la responsabilidad de probar todo aquello que alegan en su interés.
Esto permite, según la doctrina, que (i) las partes participen en igualdad de
condiciones, (ii) entre ellas se geste un diálogo técnico y reglado; y, (iii) se garantice el
principio democrático.

Con todo, aún con las pruebas aportadas por las partes, puede subsistir la
incertidumbre en el proceso. En este tipo de escenarios, la doctrina ha propuesto una
solución que permitiría develar la verdad. La tesis de la carga de la prueba tiene como
base la libertad humana. Es por esto por lo que, las partes son libres de demostrar la
ocurrencia de los hechos que pretenden hacer valer y, siéndolo, también son
responsables por no actuar en procura de sus intereses. Pero ¿qué pasa si la parte
interesada estaba en la imposibilidad de allegar la prueba faltante? En ese caso,
aquella no podría asumir las consecuencias de la ausencia probatoria, pues no pudo
hacer uso de su libertad. De manera que, en tanto la función jurisdiccional es pública,
corresponde al juez, procurando la no emisión de fallos non liquet, acudir a los poderes
de instrucción para esclarecer las dudas que afectan la decisión. Para esto podrá
decretar y practicar pruebas de manera oficiosa»34.

81. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional fijó como regla de
unificación que: «Cuando en el marco de un proceso laboral se dicta un fallo non
liquet, con el argumento de que el enunciado descriptivo no ha sido probado por la
parte a quien corresponde la respectiva carga, sin hacer uso de las competencias
probatorias oficiosas, se configura un defecto fáctico en su dimensión negativa y, de
manera consecuente, se violan los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia»35.
82. Es de aclarar que la regla definida por la Corte Constitucional de manera alguna
implica trasladarle la carga de la prueba al juez que en principio le corresponde a las

33
Corte Constitucional, sentencia T-074de 2018.
34
Corte Constitucional, sentencia SU-129 de 2021.
35
Ibidem.

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Accionante: Carmenza Julia Murcia Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP36, sino que se trata
de dinamizar el ejercicio probatorio, en el sentido de hacer uso de la facultad oficiosa
cuando la autoridad judicial advierta circunstancias que puedan generar incertidumbre
o duda frente a los hechos objeto de estudio, como ocurrió en el presente asunto.
83. Así las cosas, llama la atención el hecho que las pruebas analizadas por el Tribunal
no desvirtuaron la condición de cónyuge de la demandante, sino que generó dudas
sobre su identidad. En este sentido, mal podía la autoridad accionada negar el derecho
basado en incertidumbre, o falta de certeza, pues precisamente la finalidad de la
referida potestad oficiosa del juez, reconocida por el legislador y la jurisprudencia
constitucional es aclarar los puntos oscuros de la litis.
84. A partir del contexto normativo y jurisprudencial expuesto, es posible concluir en
el caso bajo estudio que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, al proferir la sentencia del 26 de junio de 2024 incurrió en un
defecto fáctico por cuanto dejó de decretar y practicar las pruebas necesarias para
esclarecer la identidad de la señora Carmenza Julia Murcia Gómez y su vínculo con el
señor Miguel Vargas Lobatón, con el fin de determinar con elementos ciertos la
procedencia de la prestación social reclamada.
85. En este punto, cabe recordar que la autoridad judicial accionada en la providencia
cuestionada dejó por sentado que los elementos probatorios obrantes en el expediente
del proceso ordinario no brindaban certeza sobre la identidad de la demandante, por
lo que era su deber adoptar las medidas necesarias para eliminar la incertidumbre que
concurría en la actuación judicial, en aras de evitar desconocer sus derechos al debido
proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia.

IV. CONCLUSIONES
86. Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección amparará los
derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora
Carmenza Julia Murcia Gómez y dejará sin efectos la sentencia del 26 de junio de
2024, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que revocó la providencia del 16 de noviembre de 2023, proferida
por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, por encontrar configurado
el defecto fáctico.
87. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término
de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia decrete y practique
todas las pruebas que considere necesarias para establecer la identidad de la señora
Carmenza Julia Murcia Gómez y su relación o vínculo con el señor Miguel Vargas
Lobatón. Una vez disipadas las dudas sobre esta cuestión, deberá dictar sentencia de
fondo nuevamente.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

36
«ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen. […]».

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FALLA

PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de la señora Carmenza Julia Murcia Gómez, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-42-051-2022-00476-01, por los
motivos expresados en esta decisión.

TERCERO: ORDENAR a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que en un término de 20 días contados a partir de la
notificación de esta providencia decrete y practique todas las pruebas que considere
necesarias a fin de establecer la identidad de la señora Carmenza Julia Murcia Gómez
y su relación o vínculo con el señor Miguel Vargas Lobatón. Una vez disipadas las
dudas sobre esta cuestión, deberá dictar sentencia de fondo nuevamente.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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