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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06985-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06985-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por no superar el requisito de subsidiariedad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 23 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2024-06985-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06985-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

20 de febrero de 2025

Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06985-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06985-00
Demandante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por conducto de apoderada judicial1,
inició acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que
solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.

La parte accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con
ocasión del auto del 18 de marzo de 2024 en el que la autoridad judicial accionada
declaró la falta de competencia para conocer de la acción de grupo instaurada por
la señora Liliana Castro Castilla y otros, contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias con radicado

1La abogada Mariluz Pulido Daza, según mandato conferido mediante mensaje de datos por el

señor Nelson Alirio Muñoz Leguizamón, en su calidad de jefe Oficina Asesora Jurídica, nombrado
en el cargo mediante Resolución No. 1124 del 18 de octubre de 2022.
2 Acción de tutela radicada por medio de la ventanilla virtual de la Secretaría del Consejo de Estado

el día 18 de diciembre de 2024 a la cual se le asignó la secuencia No.11242.

1

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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06985-00

13001-23-33-000-2024-00167-003.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, pidió:

[…]
3.2. Declare ineficaz el auto emitido el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

3.3. Consecuentemente disponga que la competencia para conocer de la acción
de grupo RADICADOS TAB No. 13001233300020240016700 / JSACC No.
13001333300220240015600, cuyo trámite actualmente cursa en el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena, donde son demandantes la
señora LILIANA CASTRO CASTILLA y Otros, y demandados el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, le
corresponde al Tribunal Administrativo de Bolívar.

3.4. Consecuentemente ordene que el proceso de la acción de grupo RADICADOS
TAB No. 13001233300020240016700 / JSACC No. 13001333300220240015600,
cuyo trámite actualmente cursa en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Cartagena, donde son demandantes la señora LILIANA CASTRO CASTILLA y
Otros, y demandados el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sea remitido al Tribunal Administrativo
de Bolívar4.

1.3. Hechos

Los señores Liliana Castro Castilla y otros5, formularon acción de grupo contra el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, con el fin de que se reparen los daños morales y materiales
ocasionados a los demandantes por «la ola invernal, deslizamiento e inundación
de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
subsiguientes» en varios barrios de la ciudad de Cartagena de Indias.

El proceso fue asignado al Tribunal Administrativo de Bolívar con el radicado
13001-23-33-000-2024-00167-00, autoridad que mediante auto del 18 de marzo
de 20246 declaró la falta de competencia para conocer de la acción de grupo en
atención al factor cuantía, y ordenó remitir a los juzgados administrativos del
Circuito Judicial de Cartagena de Indias.

Como sustento de la anterior decisión, indicó que, de conformidad con el artículo

3El proceso se asignó por reparto al Juzgado 2 Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena,

el que se tramita con el radicado 13001-33-33-002-2024-00156-00.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 La acción de grupo se encuentra conformada por más de 7000 personas, las que se encuentran

relacionadas en el índice 2 de Samai.
6 Índice 002 del expediente 13001233300020240016700.

2

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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06985-00

157 del CPACA, cuando se invocaban varias pretensiones con valores
determinados, la cuantía se determinaba por la de mayor valor, que en el caso
ascendía a $78.000.000 y con base en esta se establecía la competencia. En este
caso, como el monto resultó menor a 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, le correspondía a los jueces administrativos el conocimiento del asunto,
conforme a lo indicado por el numeral 11 del artículo 155 ibidem.

El anterior proveído se notificó por estado del 20 de marzo de 20247 y se comunicó
al correo del apoderado de los demandantes en la misma fecha, para
posteriormente remitirse a la oficina de reparto de los juzgados administrativos del
circuito judicial de Cartagena.

En consecuencia, la demanda fue asignada al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Cartagena bajo el radicado 13001-33-33-002-2024-00156-
00, quien dictó auto admisorio el 6 de junio de 2024 y lo notificó a las demandadas
el 20 de junio del mismo año.

Contra dicha providencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación alegando la falta de competencia del
juzgado para conocer de la demanda, en tanto consideró que la cuantía de la
misma superaba los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes que
señalaba el numeral 11 del artículo 155 del CPACA, pues el monto total de las
pretensiones reclamadas era de $264.108.000.000.

Mediante providencia del 1° de agosto de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena resolvió no reponer el auto
admisorio, en tanto, a su juicio, la cuantía de las pretensiones de la demanda se
establece atendiendo a la de mayor valor, la que no supera los 1.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, tal como lo indicó el tribunal. Además,
explicó que el escrito petitorio cumple con los requisitos formales por lo que
impartió su admisión.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Luego de recapitular los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, explicó que se incurrió en violación directa de la
Constitución pues, en su sentir, el operador judicial vulneró su derecho al debido
proceso, particularmente su garantía de ser juzgado por quien tiene la facultad
legal para ello.

Explicó que, el tribunal debió tramitar la acción popular instaurada por la señora

7 Índice 004 de Samai del expediente 13001233300020240016700

3

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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06985-00

Liliana Castro Castilla y otros, pues la competencia radica en esta autoridad
atendiendo al monto de las pretensiones, las cuales ascienden a
$264.108.000.000 y, por tanto, superan los 1.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes que señala el artículo 152 del CPACA, para que sea tramitada
en primera instancia por el tribunal.

Lo anterior, ya que, en su sentir, en este tipo de acciones la norma prevé que en
caso de existir sentencia condenatoria la indemnización es colectiva, pese a que
se distribuye entre cada uno de los demandantes, sin embargo, se trata de una
suma global y no de una acumulación de pretensiones, como erróneamente lo
interpretó la parte accionante.

Trajo a colación una sentencia de la Sala Doce Especial de Revisión del Consejo
de Estado con radicado 05001233100020030350202, en la que se indicó que la
indemnización se fija en sumas de dinero globales a favor de un grupo afectado.

Asimismo, aludió a que en el fallo del 4 de junio de 2021 de la Sección Tercera de
esta Corporación se explicó que la indemnización en las sentencias condenatorias
de las acciones de grupo es colectiva, y que esta se debía entregar al Fondo para
la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos para que fueran administradas
por el defensor del pueblo y se pagara a cada demandante el monto
correspondiente a su pretensión.

De lo expuesto, coligió que la cuantía del proceso no puede ser establecida con
fundamento en una eventual indemnización individual de $78.000.000 como lo
indicó el tribunal accionado, sino que la competencia por este factor debía
determinarse conforme con la reparación global.

Además, alegó que se configuró el defecto material por indebida aplicación del
numeral 11 del artículo 155 del CPACA y el inciso tercero del artículo 157 ibidem,
así como también, por no aplicar el numeral 15 del artículo 152 de la misma norma,
pues, iteró, que no hay lugar a la acumulación de pretensiones, dado que solo era
una única suma reclamada en la demanda, la que debió tenerse en cuenta para
establecer que la competencia para tramitar el proceso era del Tribunal
Administrativo de Bolívar.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 27 de enero de 2025, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante8 y, como parte

8 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a: notificacionesjudici@minvivienda.gov.co;

mpulidod@minvivienda.gov.co

4

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demandada, al Tribunal Administrativo de Bolívar9.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena10, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias11 y al grupo de
personas que conforman la parte accionante12.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la corporación con la información de
la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Bolívar13

En documento allegado el 29 de enero del presente año, el magistrado ponente
solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela por no acreditarse la alegada
vulneración de los derechos fundamentales.

Explicó que el escrito no tiene la carga argumentativa necesaria para superar el
requisito de relevancia constitucional, tampoco cumple con el de inmediatez, por
cuanto el auto cuestionado se dictó el 18 de marzo de 2024 y el actor radicó la
acción de tutela el 18 de diciembre de 2024, es decir, 10 meses después. Además,
tampoco cumplió con el requisito de subsidiariedad porque el accionante podía
iniciar el incidente de nulidad o proponer excepciones.

En ese sentido, consideró que si bien la parte actora alega la vulneración de su
derecho al debido proceso, la argumentación expuesta fue insuficiente para
sustentar la transgresión de la garantía, ya que su discurso se enfocó en señalar
que en la providencia cuestionada se aplicó una interpretación errada del artículo
157 del CPACA, aludiendo a que, para determinar la competencia por la cuantía
de las pretensiones debía tenerse en cuenta la indemnización colectiva y no la
individual que tenga el mayor monto, por lo que concluyó que la discusión
planteada era un asunto meramente legal.

9 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a: stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co
10 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a: admin02cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a:
notificacionesjudicialesadministrativo@cartagena.gov.co; unidaddetutelas@cartagena.gov.co
12 Índice 010 de Samai. La notificación fue remitida al correo del apoderado de los demandantes

que obra en la acción de grupo: leo-rubioblan@hotmail.com
13 Índice 013 de Samai

5

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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06985-00

Para el tribunal, la parte accionante confundió la estimación de los perjuicios, como
requisito de la demanda del numeral 3 del artículo 52 del CPACA, con el pago de
la indemnización colectiva dispuesto en el artículo 65 ibidem. Por ello aclaró que,
si bien las acciones de grupo se originan por los daños ocasionados a un número
plural de personas, la reparación se hace de forma individual de acuerdo con la
distribución que el juez establezca en la sentencia.

Indicó que no le era dable al tutelante interpretar las normas que regulaban la
competencia, en tanto la Ley 742 de 1998 como la 2080 de 2021 versaban sobre
los perjuicios causados a un grupo y no las indemnizaciones perseguidas en tanto
estas últimas solo se reconocían una vez proferido el fallo. En consecuencia, como
el accionado encontró que la pretensión mayor de la acción de grupo correspondía
a $78.000.000 equivalentes a 40 SMLMV, ello no supera la cuantía de 1 000
SMLMV que señalaba el artículo 152 del CPACA para que el tribunal asumiera la
competencia.

1.6.2. Liliana Castro Castilla y otros14

Mediante escrito allegado el 31 de enero de 2025 el apoderado de los
demandantes de la acción popular, a quién se le notificó el auto admisorio, solicitó
que se declare improcedente la presente acción porque, en su sentir, tanto el
tribunal accionado como el juzgado vinculado actuaron en debida forma y bajo la
normativa aplicable, sin embargo, la entidad actora buscaba dilatar el trámite de la
demanda.

1.6.3. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias15

El abogado Asesor de la entidad en escrito del 7 de febrero de 2025 solicitó ser
desvinculado de la tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto
consideró que no era la autoridad competente para dar solución a lo pretendido
por la parte accionante, pues tal facultad estaba en cabeza del Tribunal
Administrativo de Bolívar, atendiendo a sus competencias funcionales.

Asimismo, indicó que le correspondía a la autoridad judicial accionada dictar un
pronunciamiento sobre la validez de la providencia impugnada.

14 Índice 013 de Samai.
15 Índice 019 de Samai.

6

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
de presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias solicitó ser desvinculado de
la presente acción de tutela, con fundamento en que no tiene la aptitud legal para
responder ante la presunta transgresión de los derechos invocados por la parte
actora.

Sobre el particular, la Sala encuentra necesario precisar que no se accederá a la
misma. Esto, dado que su vinculación se realizó como tercero en virtud del
eventual interés que le puede representar el presente trámite, por ejemplo, ante
una decisión favorable a la actora.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala abordar estos interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿Se configuró la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con ocasión de la providencia
proferida el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
al interior de la acción de grupo con radicado 13001-23-33-000-2024-
00167-00?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) la subsidiariedad en el caso particular, y; (iii) el caso
concreto.

7

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia.18

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia general – agotamiento de los
recursos ordinarios y extraordinarios

La acción de tutela es un mecanismo de amparo autónomo, residual y subsidiario,
que procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. La
Corte Constitucional ha señalado que el requisito de subsidiariedad conlleva el

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

8

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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
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deber de agotar todos los medios de defensa –ordinarios y extraordinarios– que
tenga a su alcance para reclamar la protección de sus derechos, antes de acudir
a este mecanismo constitucional.19

Este deber tiene dos excepciones, que hacen procedente la acción de tutela,
aunque el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, éstos son: (i) cuando
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o (ii)
cuando, en correspondencia con la situación fáctica bajo análisis, se pueda
establecer que los recursos judiciales no son idóneos ni eficaces para superar la
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Esta exigencia de agotar los medios de defensa disponibles se hace más estricta
cuando se utiliza la acción de tutela para atacar providencias judiciales, así lo ha
precisado la Corte Constitucional: «la solicitud de amparo constitucional contra las
decisiones de los jueces solo procede cuando se hubieren agotado todos los
medios ordinarios o extraordinarios o, excepcionalmente, cuando la protección
resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable”. Y más adelante, enfatizó que
“[e]n la medida en que el amparo es un recurso subsidiario, es necesario que se
agoten, antes de interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa».20

Dicha corporación, de manera reiterada ha aclarado que los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios constituyen, por regla general, las vías legítimas de
defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales.21

2.6. Del caso concreto

La entidad accionante pretende vía acción de tutela dejar sin efectos el auto del
18 de marzo de 2024 por el cual, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la
falta de competencia por el factor cuantía, para conocer de la acción de grupo
instaurada por la señora Liliana Castro Castilla y otros contra la entidad accionante
y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias con radicado 13001-23-33-
000-2024-00167-00 y en consecuencia, ordenó remitir a los juzgados
administrativos del Circuito Judicial de Cartagena.

Lo anterior al considerar que, la providencia cuestionada incurrió en un defecto
material por indebida aplicación de los artículos 152 numeral 15 y 155 numeral 11
del CPACA, además de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso.

19 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015.

9

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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06985-00

Como sustento del yerro alegado señaló que se le impidió ser juzgado por el
operador judicial al que el ordenamiento le asignó la competencia, esto es, el
Tribunal Administrativo de Bolívar, atendiendo a que el monto total reclamado por
los demandantes superaba los 1.000 SMLMV que señala el numeral 15 del artículo
152 del CPACA.

Aduce además que para determinar la competencia por el factor cuantía debió
tenerse en cuenta todo el monto indemnizatorio, es decir, el total de
$264.108.000.000 y no la pretensión mayor que asciende a $78.000.000, en tanto,
para la actora no resultaba procedente la acumulación de pretensiones en la
acción de grupo porque la condena que se profirió en este medio de control era de
carácter colectivo y no estaba sujeta a división.

Previo a estudiar el presente asunto, es menester aclarar que si bien el auto
cuestionado se profirió el 18 de marzo de 2024 al tutelante se le notificó la admisión
de la referida acción de grupo el día 20 de junio de 2024, por lo que desde tal fecha
tuvo conocimiento del proceso, aunado a que frente al anterior proveído interpuso
el recurso de reposición que se negó en el auto del 1° de agosto de ese mismo
año, por tanto, es desde esta última providencia que a la parte accionante le
empezaba a correr el término para interponer la presente acción, de ahí que se
hizo dentro del plazo oportuno pues la misma se radicó el 18 de diciembre de 2024.

Ahora bien, acorde con lo analizado en el marco normativo, la Sala advierte que la
acción de tutela presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no
cumple con el requisito de subsidiariedad. Esto se debe a que la entidad
accionante pretende desplazar la competencia del juez natural al no hacer uso de
las herramientas jurídicas que detenta para lograr lo pretendido mediante este
mecanismo, esto es, proponer como excepción previa la de falta de competencia.
Por tanto, dictar alguna orden dentro de la presente acción de tutela
desnaturalizaría su carácter residual, como se explicará a continuación.

Se evidencia que, contra el auto del 6 de junio de 2024 que admitió la demanda,
la actora interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación, alegando la
falta de competencia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena para conocer de la demanda. Este se resolvió mediante providencia del
1° de agosto de 2024 en el sentido de no reponer lo decidido.

En consecuencia, el recurrente interpuso este mecanismo, a pesar de contar con
la posibilidad de proponer la excepción previa de «falta de jurisdicción o
competencia» regulada en el numeral 1 del artículo 100 del Código General del
Proceso22, la que resulta aplicable en las acciones de grupo, atendiendo a lo

22 Aplicable por remisión expresa del artículo 5 de la Ley 472 de 1998.

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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06985-00

dispuesto en el artículo 23 de la Ley 472 de 1998,23 que dispone que en la
contestación de la demanda, solo se pueden proponer «[…] las excepciones de
mérito y las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, las cuales serán resueltas por
el juez en la sentencia ».

En consecuencia, la entidad tutelante, dentro del término de 10 días para contestar
la demanda que señala el artículo 22 de Ley 472 de 1998, pudo proponer la
excepción previa de falta de competencia, para que el juez natural resolviera de
acuerdo con sus facultades, si el conocimiento de la acción de grupo radica en
cabeza de los juzgados administrativos del circuito de Cartagena, o del Tribunal
Administrativo de Bolívar, pues no puede el juez de tutela desplazar la
competencia del juez de lo contencioso administrativo para resolver los asuntos
sometidos a su conocimiento.

Así, y comoquiera que a través del presente mecanismo no se pueden desconocer
las actuaciones procesales contempladas en el ordenamiento jurídico para debatir
lo solicitado, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las
del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia, se rechazará por improcedente la acción de tutela impetrada por el
actor, por no superar el requisito de subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar, por no superar el requisito de subsidiariedad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

23 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06985-00

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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