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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06985-01

Fecha
11 de abril de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06985-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 20 de febrero de 2025, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06985-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

11 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 11 de abril de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06985-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad - confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició el auto por medio del cual la autoridad judicial
accionada declaró su falta de competencia para conocer de una acción de grupo y la
remitió a los juzgados administrativos de Cartagena (reparto).

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver la impugnación presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio contra la Sentencia de 20 de febrero de 2025, por medio de la
cual la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de
subsidiariedad2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 18 de diciembre de 2024, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, mediante apoderado, presentó una acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso (juez natural), con ocasión del
Auto de 18 de marzo de 2024, dentro de la acción de grupo No. 13001-23-
33-000-2024-00167-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por no superar el requisito de subsidiariedad.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06985-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

“3.1. Conceda la tutela solicitada a los derechos fundamentales de la
accionante NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

3.2. Declare ineficaz el auto emitido el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

3.3. Consecuentemente disponga que la competencia para conocer de la
acción de grupo RADICADOS TAB No. 13001233300020240016700 / JSACC No.
13001333300220240015600, cuyo trámite actualmente cursa en el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena, donde son demandantes
la señora LILIANA CASTRO CASTILLA y Otros, y demandados el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
le corresponde al Tribunal Administrativo de Bolívar.

3.4. Consecuentemente ordene que el proceso de la acción de grupo
RADICADOS TAB No. 13001233300020240016700 / JSACC No.
13001333300220240015600, cuyo trámite actualmente cursa en el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena, donde son demandantes
la señora LILIANA CASTRO CASTILLA y Otros, y demandados el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
sea remitido al Tribunal Administrativo de Bolívar.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 15 de marzo de 2024, Leonardo Rubio Blanco y otros3
presentaron acción de grupo en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, con el objetivo de
que se reconocieran y pagaran los daños morales y materiales sufridos con
ocasión de los deslizamientos e inundaciones producto de la temporada
invernal que se presentó entre 2004 y 2012 en la ciudad de Cartagena.
Dicha demanda le correspondió, por reparto, al Tribunal Administrativo de
Bolívar, bajo el radicado No. 13001-23-33-000-2024-00167-00.

5. 2) Mediante Auto de 18 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo
de Bolívar declaró la falta de competencia para conocer del asunto y
ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de Cartagena
(reparto), para su conocimiento, con fundamento en que la pretensión de
mayor valor ascendía a 40 SMLMLV, es decir, era inferior a los 1000 SMLMV
previstos en los artículos 152 numeral 15, 155 numeral 11 y 157 inciso 3 del
CPACA4.

3 Los nombres de los demandantes reposan en los folios 2 a 379 del escrito de la acción de grupo adjunto en el

expediente digital suministrado por el Juzgado 2 Administrativo de Cartagena. Índice 20 de SAMAI, en la primera
instancia de la tutela de la referencia, rad. 11001-03-15-000-2024-06985-00.
4 “ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.

Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…) 15. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía exceda de
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter
particular, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los juzgados
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…) 11. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía no exceda de
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter
particular, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de la competencia, cuando sea del
caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06985-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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6. 3) En virtud de lo anterior, el asunto fue sometido a reparto y le
correspondió al Juzgado 2 Administrativo de Cartagena, bajo el radicado
No. 13001-33-33-002-2024-00156-00, el cual lo admitió mediante Auto de 6
de junio de 2024, notificado al extremo pasivo el 20 de junio de 2024.

7. 4) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio formuló recurso de
reposición contra el Auto de 6 de junio de 2024. Indicó que, el Juzgado 2
Administrativo de Cartagena carecía de competencia, y que la demanda
no cumplía con los requisitos previstos en los numerales 2, 3 y 4 del artículo
52 de la Ley 472 de 1998 porque: no se identificó en debida forma a los
poderdantes, se realizó una indebida estimación de la cuantía, y no se
identificaron a los demandantes; ni con el numeral 3 del artículo 162 del
CPACA, en vista de que, a su juicio, los hechos que sirvieron como
fundamento de las pretensiones no estaban debidamente determinados,
clasificados y enumerados.

8. 5) El 1 de agosto de 2024, el Juzgado 2 Administrativo de Cartagena
decidió no reponer el auto recurrido5, ya que, para efectos de determinar
la cuantía de la demanda cuando se acumulan múltiples pretensiones,
debía tomarse la de mayor valor, la cual, para el caso concreto, no superó
los 1000 SMLMV. Agregó que, contrario a lo indicado en el recurso de
reposición, el escrito sí cumplió con los requisitos formales previstos por la
ley para su admisión.

9. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que el
tribunal accionado incurrió en una violación directa de la Constitución, en
la medida en que, vulneró su derecho fundamental al debido proceso,
específicamente, la garantía constitucional de ser juzgado por quien tiene
la facultad para hacerlo. Agregó que, (se trascribe) “no se configura una
acumulación de pretensiones como equivocadamente lo interpretó el
Tribunal, sino que existe una única pretensión de la demanda, pues para
este tipo de medio de control, el ordenamiento jurídico contempla la figura
de una única indemnización, colectiva, global, que se distribuye para todo
el grupo de perjudicados”.

10. Manifestó que, la única pretensión de la demanda equivalía al
monto de $264.108.000.000, el cual, a su juicio, superaba los 1000 SMLMV.
En esa medida, indicó que no había lugar a aplicar el numeral 11 del
artículo 155 del CPACA y que, por el contrario, la competencia para el
conocimiento del caso concreto se debía determinar de acuerdo con lo

estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los
perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.
(…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se
determinará por el valor de la pretensión mayor.”
5 “Primero. - NO REPONER el auto admisorio de la demanda de fecha 06 de junio de 2024, por las

consideraciones expuestas en esta providencia.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06985-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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previsto en el numeral 15 del artículo 152 del CPACA que le asigna el
conocimiento de asuntos de esta naturaleza a los tribunales
administrativos. Expuso y reprochó que, con ocasión de lo decidido por el
Tribunal, el Juzgado 2 Administrativo de Cartagena resolvió admitir y
avocar conocimiento respecto de la acción de grupo objeto de la
presente controversia mediante Auto de 6 de junio de 2024, pues, se trató
de una decisión de su superior jerárquico y, en ese escenario planteado no
procedía la formulación de un conflicto de competencia dada la
jerarquización funcional de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, donde la decisión del funcionario de mayor jerarquía,
predomina sobre la del inferior.

11. Aunado a ello, puso de presente que solo hasta la notificación del
auto que admitió la acción de grupo6, tuvo conocimiento de su existencia,
así como de la actuación procesal surtida tanto en el Tribunal
Administrativo de Bolívar como en el Juzgado 2 Administrativo de
Cartagena. Por lo cual, indicó que el requisito de inmediatez se satisfacía.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

12. Mediante Sentencia de 20 de febrero de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado resolvió declarar improcedente la acción de tutela.

13. Para ello, aclaró que, a pesar de que el auto cuestionado fue el de
18 de marzo de 2024, proferido por el tribunal, lo cierto era que al tutelante
se le notificó la admisión de la acción de grupo el 20 de junio de 2024, por
lo que desde esa fecha tuvo conocimiento del proceso, aunado a que
frente al anterior proveído interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, el 25 de junio de 2024, que se negó en el Auto del 1 de agosto
2024, por tanto, manifestó que era desde esta última providencia que a la
parte accionante le empezaba a correr el término para interponer la
presente acción.

14. En ese orden, indicó que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad, ya que la entidad accionante tenía a su alcance la
posibilidad de presentar la excepción previa de “falta de jurisdicción y
competencia”, reglada en el numeral 2 del artículo 100 del Código
General del Proceso (CGP) y aplicable de conformidad con el artículo 23
de la Ley 472 de 1998 que dispone (se trascribe) “(…) las excepciones de
mérito y las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, (…) serán
resueltas por el juez en la sentencia”.

6 La notificación se tuvo por surtida el 20 de junio de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06985-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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15. En concordancia con lo anterior, manifestó que la parte actora
pudo proponer la aludida excepción, dentro del término de 10 días para
contestar la demanda que señala el artículo 22 de la Ley 472 de 1998. Ello,
en aras de que el juez natural resolviera, de acuerdo con sus facultades, si
el conocimiento de la acción de grupo radicaba en los juzgados
administrativos de Cartagena o en el Tribunal Administrativo de Bolívar.

16. En esa medida, concluyó que el juez de tutela no podía desplazar la
competencia del juez de lo contencioso administrativo para resolver los
asuntos sometidos a su conocimiento.

17. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio impugnó la sentencia de
primer grado. Adujo que, si bien existían diferentes mecanismos judiciales
de defensa para controvertir decisiones judiciales, lo cierto era que, en el
caso concreto, en contra del auto que avoca conocimiento, por
competencia, de un proceso remitido por el superior jerárquico (Tribunal
Administrativo de Bolívar), no resultaban idóneos y eficaces para pretender
que el “juez de menor grado” se aparte de las órdenes proferidas por su
superior funcional.

18. Respecto de la posibilidad de presentar la excepción previa de falta
de jurisdicción y competencia, manifestó que constituía un exceso ritual
manifiesto, pues, sometía a la entidad accionante a usar mecanismos
judiciales que carecían de idoneidad y eficacia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

19. En el presente caso, la Sala confirmará la sentencia de primer grado
que declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no superar el
requisito de subsidiariedad.

20. Para estudiar el aludido requisito, debe considerarse que la parte
demandante pretendió que, por vía de tutela, se dejara sin efectos el Auto
de 18 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
que declaró la falta de competencia para conocer de la acción de
grupo, en la cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el
demandado, y ordenó remitirla a los juzgados administrativos de
Cartagena (reparto) para su conocimiento, así como su posterior admisión
por parte del Juzgado 2 Administrativo de Cartagena.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06985-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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21. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

22. La Corte Constitucional7 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.

23. Sobre la procedencia de la acción de tutela en contra de autos
interlocutorios8, es menester indicar que esta es de carácter restrictivo, en
la medida en que, 1) no se trata de decisiones definitivas; 2) la persona
tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en
el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, 3) tiene la posibilidad
de recurrir la decisión final9.

24. Este criterio restrictivo encuentra justificación en que, la acción de
tutela no debe ser utilizada para “controvertir una decisión adversa
a los intereses del accionante”, en el marco de un proceso judicial de
naturaleza ordinaria en el cual “no se ha proferido ningún fallo definitivo” y
en el que, por tanto, la parte interesada tiene a su disposición “otros
mecanismos de defensa judicial”10.

25. A su vez, se ha concluido que la acción de tutela no procede en
contra de autos interlocutorios cuando el accionante “1) no ha hecho uso
de todos los mecanismos ordinarios de defensa a su alcance (…) y 2) no
demostró la existencia de un perjuicio irremediable”11

26. En ese orden de ideas, para la Sala, en el presente caso, no se
configura el mencionado requisito (subsidiariedad) porque 1) existen unos
recursos de defensa judicial que no fueron agotados por la parte actora y
2) no se demostró un perjuicio irremediable.

27. 1) Al igual que el juez de tutela de primera instancia, la Sala advierte
que, si bien, la parte actora enjuició, expresamente, el Auto de 18 de
marzo de 2024, lo cierto es que, como se vio en los antecedentes, también
reprochó el hecho de que, en virtud de dicha providencia, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró su falta de competencia
y, en consecuencia, remitió la acción de grupo, el Juzgado 27

7 Sentencia C-590 de 2005.

8 Corte Constitucional Sentencia T-511 de 2020.

9 Corte Constitucional Sentencias SU-695 de 2015 y T-343 de 2012.

10 Ibidem.

11 Corte Constitucional Sentencia T-511 de 2020

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06985-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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Administrativo de Cartagena hubiera admitido dicha acción (Auto 6 de
junio de 2024) y, así mismo, hubiera negado el recurso de reposición contra
dicha decisión.

28. En esa medida, la Sala también considera que, al interior de dicho
proceso (Rad. 13001-33-33-002-2024-00156-00), la parte actora tuvo la
posibilidad de proponer la excepción previa de falta de jurisdicción y
competencia, prevista en el artículo 100 del CGP, dentro del término de
contestación12. De manera que ese era el recurso judicial idóneo y eficaz
para cuestionar la presunta falta de competencia, y no la presente acción
constitucional.

29. 2) Aunado a lo anterior, la parte accionante no demostró, ni siquiera
de manera precaria, que la decisión cuestionada le haya causado un
perjuicio irremediable que torne procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio y, por ende, justifique la intervención del juez
constitucional para la protección de sus derechos fundamentales, más aún
cuando no se han adoptado decisiones definitivas dentro del proceso de
acción de grupo.

30. Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para
suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una
interpretación contraria conllevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar e invadir las competencias ordinarias, lo que de
suyo desnaturalizaría esta acción y desconocería su naturaleza subsidiaria.

2.2. Conclusión

31. La Sala confirmará la decisión impugnada que declaró la
improcedencia de la presente acción de tutela, por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad.

12 “ARTÍCULO 175 del CPACA. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

(…)
PARÁGRAFO 2.
(…) Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del
Código General del Proceso.”
“ARTÍCULO 100 del CGP. EXCEPCIONES PREVIAS. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer
las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:
1. Falta de jurisdicción o de competencia.”
“ARTÍCULO 101 del CGP. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. Las excepciones previas se
formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las razones y
hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda hacer
valer y que se encuentren en poder del demandado.”

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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 20 de febrero de 2025, mediante la
cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción de tutela presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Aclaración de voto

13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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