Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06987-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06987-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06987-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06987-01
Accionante: SOCIEDAD INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES REINA
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma la
sentencia impugnada. Se declara improcedente por no cumplir con el
requisito general de procedencia de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia
de 7 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La Sociedad Inversiones y Construcciones Reina S.A.S. en liquidación solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 20 de mayo de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número de radicación 25000-23-
36-000-2015-02028-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
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Accionante: Sociedad Inversiones y Construcciones Reina S.A.S. en
liquidación
2.1. Manifestó que promovió la demanda de reparación directa núm. 25000-23-36-
000-2015-02028-00/01 contra el Municipio de Funza, para que se repararan los
daños padecidos por la afectación al inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria núm. 50C-852849, ubicado en la calle 15 No. 6B-50, prevista en el
Decreto Municipal núm. 000140 de 2000 y el Acuerdo Municipal núm. 021 del
2003.
2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió a la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial
que, mediante providencia de 11 de octubre de 2017, accedió a las pretensiones de
la demanda.
2.3. Refirió que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y que la Subsección B de la Sección Tercera el Consejo de Estado revocó,
mediante sentencia de 20 de mayo de 2024, el fallo de primera instancia y declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control.
2.4. Afirmó que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa, por por haber revocado la decisión de primera
instancia y declarar probada la excepción de caducidad y abstenerse de
pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, omitiendo revisar las
pruebas decretadas en el proceso, las cuales eran definitivas para la revisión del
fallo de segunda instancia, como son los documentos que determinan la última
actuación del daño.
2.5. Señaló que la caducidad del medio de control no había sido objeto de
apelación y por ser una “[…] excepción previa […]” el juez de segunda instancia
no tenía la competencia para declararla oficiosamente.
2.6. Indició
que la sentencia controvertida no se notificó a la sociedad ITELLUS
S.A.S., a pesar de ser parte en el proceso.
2.7. Adujoque se vulneró su derecho al debido proceso porque no se resolvió
sobre la renuncia del apoderado.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Declarar la vulneración de los derechos fundamentales del
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA, PUBLICIDAD Y
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA así:
A). Al omitir las pruebas dentro del proceso en especial la que demuestra que
el último acto administrativo para el conteo de la caducidad se da con la
3
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liquidación
expedición del pot que excluyo el bien de la reserva – afectación de hecho del
27 de noviembre de 2013 y no como lo hace ver el Juzgador en segunda
instancia que se trata del pot emitido del 13 de septiembre del 2.000 cuando
se genera la afectación. Mucho menos de un aviso o comunicación de la
administración del 23 de octubre del 2012, donde expresan que se tramitaría
dicho levantamiento sin tener un acto administrativo concreto debidamente
ejecutoriado.
B.) Aplicación de una excepción previa en términos y tiempos extemporáneos
la cual no fue recurrida por la demandada y optar por vías de hecho a
sabiendas que en el proceso la misma ya fue debatida y la misma no fue
recurrida por la demandada. Por ende, perdiendo la oportunidad procesal
para tramitarla. El juzgador de segunda instancia no tiene la potestad de
aplicar una excepción previa en revisión de segunda instancia, debido que la
misma debe ser propuesta por alguna de las partes como excepción previa y
no aplicada por vías de hecho por el juez de segunda instancia o como
excepción de fondo como lo mal interpreta el juzgador. Actuando así fuera de
la órbita legal y de sus funciones.
C.) La indebida notificación del fallo de sentencia a las partes entendiendo
que ITELLUS S.A.S. es parte del proceso se omite la notificación del fallo a
está vulnerando así el debido proceso.
D.) La no resolución en los términos establecidos en la ley de la renuncia del
apoderado de la demandante debidamente radicada y pedida antes del fallo
de sentencia vulnerando así no solo el debido proceso si no también el
derecho a la defensa.
SEGUNDA: Con fundamento en los argumentos descritos, solicito, como
medida de amparo de sus derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, que se deje sin efectos la sentencia proferida del
20 de mayo del 2024. notificado el 19 de junio del 2024. sobre el proceso de
reparación directa - ley 1437 de 2011 número: 250000-23-36-000-2015-
02028-01 y se ordene emitir una nueva decisión.
TERCERA: Emita nuevo fallo excluyendo la revisión de la caducidad de la
acción, debido que la misma ya fue evacuada en audiencia inicial del 16 de
marzo del 2016 la cual no fue recurrida por la demandada y la misma se trata
de una excepción de mérito debidamente tramitada en el proceso sin que la
misma por seguridad jurídica pueda volver a revisarse debido a la no
recurrencia de la parte demandada en los tiempos establecidos según el
ordenamiento judicial que no puede hacer parte de una revisión del juzgador
en segunda instancia.
CUARTA: Emita nuevo fallo basado en las pruebas aportadas en el proceso y
no analizadas por el juzgador de segunda instancia esto es el último hecho
generador donde se termina el daño causado al demandante Acuerdo No 013
de 2013 Mepot que elimino el predio como villa olímpica.
QUINTA: De este nuevo fallo se notifique a las partes incluyendo a la
sociedad ITELLUS S.A.S. en su calidad de litisconsorte necesario reconocido
en el proceso.
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SEXTA: De este nuevo fallo se resuelva oportunamente la renuncia realizada
por el apoderado de la demandante el Dr. […]. Con el ánimo de poder ejercer
el derecho a la representación y nombrar un nuevo apoderado”. […]”. [Negrilla
y mayúscula original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 19 de diciembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso a las sociedades Concreto
Inmobiliario S.A.S., Inversiones y Construcciones ICR S.A.S., Metroreina S.A.S.,
Itellus S.A.S. y Multinversión S.A.S., al Municipio de Funza y a la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
del magistrado ponente de la decisión controvertida, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela porque lo pretendido era revivir un debate
procesal concluido.
5.2. El
Municipio de Funza, a través de apoderado judicial, solicitó negar el
amparo constitucional porque no está probada la vulneración de los derechos
fundamentales.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de 7 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con los requisitos de relevancia constitucional, subsidiaridad e inexistencia
de un hecho vulnerador.
7. Eljuez de primera instancia, al analizar lo pretendido con esta acción
constitucional consideró que “[…] esta acción de tutela, centrada en atacar el
soporte probatorio y la interpretación de la regla del cómputo de caducidad de la
acción cuando se pretende la reparación directa1, carece de relevancia
constitucional en tanto plantea nuevamente una cuestión ya examinada por el
juez natural de la controversia, órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
1
Prevista en el artículo 164, numeral 2, literal i) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011 – CPACA).
5
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Contencioso Administrativo, mediante argumentaciones que denotan la mera
inconformidad de la actora con la decisión de la accionada y no entrañan la
vulneración de derechos fundamentales […]”.
8. Respecto de la indebida notificación de la sociedad ITELLUS S.A.S. señaló lo
siguiente:
“[…] La tutela por indebida notificación no procede porque la sociedad
Itellus sí fue notificada del fallo
21. En relación con la pretensión relacionada, ya no con el fallo de segunda
instancia adoptado por la Subsección B, sino con el trámite de notificación
realizado por la demandada, esta Sala se permite indicar que si bien la
demanda de tutela fue formulada por quien obra en el certificado de
existencia y representación legal de INCOR2 como su liquidador, esta persona
consta también igualmente el representante legal de Itellus3. Por lo tanto,
respecto a esta súplica se cumple el requisito de procedibilidad de la acción
de tutela de legitimación por activa para reclamar la protección de los
derechos fundamentales de esta persona jurídica4.
Empero, como lo advirtió la accionada en su informe5, la notificación del fallo
objeto del presente asunto sí fue remitida a la casilla de correo electrónico
destinada para tal propósito6, de acuerdo a la información consignada en el
sistema electrónico de información del proceso de reparación directa7. De
esta manera, se descarta la existencia de una acción u omisión atribuible a la
demandada que “haya violado, viole o amenace violar8” alguno de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, por lo que el
mecanismo constitucional en este aspecto es improcedente […]”. [Negrilla
original del texto]
9. Frente a la omisión de resolver la renuncia del apoderado del accionante se
señaló lo siguiente:
23. En el expediente digital del proceso de reparación directa, se refleja que el
apoderado de los allí demandantes -incluyendo a INCOR y a Itellus-, remitió
2
Índice SAMAI tutela, núm. 2, archivo: “6ED_Prueba(.pdf)”.
3
Índice SAMAI tutela, núm. 2, archivo: “5ED_Prueba(.pdf)”.
4
“Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (...) por sí
misma o por quién actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública", no está
excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone
cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto
de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté
conformada precisamente por las personas jurídicas. // Observa la Corte, sin embargo, que para el ejercicio de la acción de
tutela, cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y
su representación; si bien, como lo dice el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, los poderes se presumirán auténticos,
deben presentarse”: Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-430 del 24 de junio de 1992. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo. En sentido análogo, ver: Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-889 del
3 de diciembre de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
5
Ver: Supra. Párr. 10.
6
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de Itellus, anexado al poder conferido al abogado
Héctor Eduardo Patiño Domínguez (índice SAMAI proceso reparación directa núm. 64), constaba que el correo electrónico
de notificación era “itellus.co@gmail.com”.
7
Notificación núm. 89136 del 19 de junio de 2024, en: Índice SAMAI proceso reparación directa,
núm. 79, archivo “Soporte notificación Sentencia de fecha 2(.pdf), f. 19-20
8
Decreto 2591 de 1991, artículo 5°.
6
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renuncia al poder que le fue conferido9 y constancia de la comunicación a sus
poderdantes sobre esa dimisión el 19 de febrero de 2024, esto es, antes de la
fecha del fallo de la Subsección B y de su notificación. La accionada no
adoptó decisión al respecto, y una vez notificada la sentencia de segunda
instancia, finalizó el proceso remitiendo el expediente al Tribunal de origen.
De estas circunstancias, la parte actora deduce la violación de su derecho de
defensa porque, según indica, por la omisión de la demandada no pudo
contar con la asistencia de un apoderado judicial que procure sus intereses.
24. Para esta Sala, dicha aseveración no satisface el requisito general de
subsidiariedad. […]
[…]
25. Tomando este razonamiento, en el caso concreto no se observa que la
accionante haya agotado los mecanismos establecidos por el ordenamiento
jurídico para que un profesional del derecho defienda sus intereses en juicio
después de la renuncia del apoderado. En efecto, ante el apartamiento del
abogado, cuyos efectos principiaron una vez transcurrieron cinco días
contados a partir de la presentación de la renuncia y del aviso a los
demandantes10 a la Subsección B, la demandante podía designar otro letrado
y no lo hizo. Al comprobar que la demandante dejó de ejercer esta alternativa
para proteger sus derechos, la acción de tutela deviene improcedente. […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, con fundamento
en lo siguiente:
“[…] VULNERACION AL DEBIDO PROCESO AL UTILIZAR UNA
EXCEPCIÓN NO RECURIDA COMO ARGUMENTO DE FALLO DE
SEGUNDA INSTANCIA EN VIAS DE HECHO.
La Norma procesal esta creada para la garantía de los derechos de la
defensa de los ciudadanos colombianos en donde el trámite procesal es el
imperialismo de la ley escrita permite determinar como cuando y donde son
aplicados los derechos de los ciudadanos que buscan justicia reparativa de
actos entre la administración y los ciudadanos. El CPACA y CGP fueron
creados con el fin de determinar un camino justo. Es por ello que el
JUZGADOR DE SEGUNDA INSTANCIA no puede revivir una etapa procesal
9
Índice SAMAI reparación directa, núm. 72.
10
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) – Artículo 76: “TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la
radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder
se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso. // El auto que admite la revocación no
tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le
haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con
independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá
como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho.
Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral. // Igual derecho tienen
los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido. // La renuncia no pone término al poder sino cinco (5)
días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al
poderdante en tal sentido. // La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al mandato
judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores. Tampoco
termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica,
mientras no sea revocado por quien corresponda”. (Subraya la Sala).
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ya ventilada me refiero a la excepción previa propuesta por la defensa del
municipio de Funza Cundinamarca.
Es de anotar que cuando estamos en la etapa procesal la misma debe ser la
idónea para ventilar situaciones que puedan dar por terminada la actuación
judicial administrativa y las acciones u omisiones de las partes crean derecho
sobre el asunto blindando una seguridad jurídica que se pretende.
LA EXCEPCION DE CADUCIDAD debe ser propuesta por las partes y
ventilada en debida forma en la etapa correspondiente no puede ser el
juzgador quien extrapetita la implante solo para no realizar un debido control
de legalidad en la segunda instancia. En el caso que nos atañe. El JUZGADO
DE SEGUNDA INSTANCIA revive una etapa procesal culminada debido que
en audiencia inicial de fecha 16 de marzo del 2016 el TRIBUNAL determino
de manera errada o justa el desistimiento de las excepciones previas entre la
cual se encontraba la CADUCIDAD DE LA ACCION. En la manifestación de la
misma El TRIBUNAL corrió traslado de su decisión en la cual desiste de las
excepciones donde la defensa del municipio de Funza determino no hacer
uso de su derecho de apelación ni de reposición. Manifestando La presente
decisión se notifica a las partes en estrado y queda en firme. Parte demanda:
Sin Objeción me atengo al desarrollo del proceso.
Así las cosas al no objetar, recurrir, apelar o aclarar por acción acepta que no
hay caducidad en la acción.
[…]
Esta potestad del juzgador de segunda instancia solo se refiere a las
excepciones de mérito y no a las previas, pues estas últimas, por su
naturaleza procesal, no pueden discutirse en la sentencia como lo realizo el
JUZGADOR DE SEGUNDA INSTANCIA demostrando asi una vulneración al
debido proceso.
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
dice en su articulo 175 lo siguiente:
[…]
Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación,
falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se
declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos
previstos en el numeral tercero del artículo 182A. (negrillas mías).
[…]
Demuestra la norma que el JUZGADOR DE SEGUNDA INSTANCIA no
cuenta con la facultad para pronunciarse sobre las excepciones previas de
caducidad de la acción demostrando las vías de hecho cometidas en
segunda instancia. […]”. [Negrilla, subrayado y mayúscula del texto]
11. Igualmente, en el escrito de impugnación se señaló lo siguiente:
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“[…] VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO Y PUBLICIDAD POR VIAS
DE HECHO AL NO NOTIFICAR AL LITISCONSORTE NECESARIO
ITELLUS S.A.S.
La sociedad ITELLUS S.A.S. fue reconocida dentro del proceso como
litisconsorcio necesario el cual debida realizarse la notificación del fallo de
segunda instancia visorando un vicio de nulidad sobre dicha notificación y
vulnerando así su derecho a la defensa. Actuación que no se llevó a cabo.
Por ende se debe notificar a la parte de la decisión judicial.
VULNERACION DEL DERECHO A LA DEFENSA POR VIAS DE HECHO AL
NO RESOLVER LA RENUNCIA DEL APODERADO JUDICIAL HECTOR
EDUARDO PATIÑO DOMINGUEZ CON EL FIN DE NOMBRAR OTRO
APODERADO JUDICIAL PARA EL EJERCICIO ADECUADO DE LA
DEFENSA.
El apoderado de la demandante antes del fallo en fecha 30 de agosto de 2023
notifico adecuadamente al Juzgador de Segunda instancia la renuncia al
poder la cual fue aceptada por el demandante sin que en el fallo se tramitara
dicha solicitud pendiente generando asi una vulneración al debido proceso al
no resolver en tiempo esta petición. Dejando al demandado sin
representación judicial y sin la posibilidad de nombrar otro apoderado para
ejercer la defensa técnica en vía judicial. […]”. [Negrilla y mayúscula del texto]
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 199111, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
núm. 1069 de 26 de mayo de 201512, modificado por el artículo 1º del Decreto
núm. 333 de 6 de abril de 202113, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de
marzo de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de
202415.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:
11
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
12
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
13
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
14
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
15
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
14. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201216, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial17, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
17
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
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absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución18.
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”19 que encaje en
dichos parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
22. La Sociedad Inversiones y Construcciones Reina S.A.S. en liquidación solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 20 de mayo de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número de radicación 25000-23-
36-000-2015-02028-00/01.
18
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
19
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial el de subsidiariedad.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad
24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”.
26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal “[…] acción,
recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea
su naturaleza […]”20, lo que significa que el solicitante tiene la obligación de
interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén
a su alcance.
27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
20
Corte Constitucional, Sala Plena, auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”21.
28. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”22.
29. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991
señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que
cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de
tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario,
bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando
con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
30. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
31. Se observa del escrito de tutela y la impugnación que la accionante alega que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales por: (i) haber
declarado la caducidad del medio de control en segunda instancia, a pesar que
dicha caducidad no había sido objeto de debate en la apelación, por lo que se
profirió un fallo extra petita; (ii) haber omitido notificar en debida forma la
sentencia de 20 de mayo de 2024 a la sociedad ITELLUS S.A.S.; y (iii) haberse
omitido aceptar la renuncia del apoderado del accionante.
21
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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32. En el fallo impugnado se declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir los requisitos de relevancia constitucional, subsidiariedad e inexistencia
de la vulneración.
33. En criterio de la Sala, el argumento relacionado con la presunta transgresión de
los derechos del accionante por declararse la caducidad del medio de control,
busca cuestionar un presunto desconocimiento del principio de congruencia de la
sentencia de segunda instancia, porque la autoridad judicial presuntamente se
habría pronunciado sobre aspectos que no fueron expuestos en la apelación.
34. Ene se sentido, se observa que el accionante sostuvo tanto en la tutela como
en la impugnación que “[…] el JUZGADOR DE SEGUNDA INSTANCIA no cuenta
con la facultad para pronunciarse sobre las excepciones previas de caducidad
de la acción demostrando las vías de hecho cometidas en segunda instancia
[…]”. [Negrilla y subrayado del texto].
35. Esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión,
amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para controvertir la falta de
congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al respecto se dijo en el fallo de
16 de febrero de 202323:
“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta
acción de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta
en que la sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y la
garantía constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo los
planteamientos que se efectuaron contra la decisión de primera instancia.
39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de
tutela está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una
nulidad por desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en tanto
que el juez contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar los
argumentos señalados en el recurso de apelación.
40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:
[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se
traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto
es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como
la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es
una garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar
de la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2023. Exp.
N° 11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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al examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión
de la providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para
que, según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra
pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 320 armonizado con el
281, ambos del CGP [...].
41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión
que se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de
revisión, motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Negrilla fuera del
texto].
36. En ese orden de ideas, la Sala considera que el argumentomencionado es
susceptible de plantearse a través de otro mecanismo de defensa judicial y,
además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable24.
37. Lo mismo ocurre respecto de la presunta indebida notificación de la sentencia
de la sentencia de 20 de mayo de 2024 a la sociedad ITELLUS S.A.S. y la
supuesta omisión de aceptar la renuncia del apoderado del accionante.
38. Laspresuntas irregularidades procesales alegadas debieron ser discutidas,
primeramente, en el proceso ordinario y la acción de tutela no puede erigirse
como un mecanismo paralelo.
39. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que conforme al inciso 4 del artículo 76
de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 “[…] La renuncia no pone término al poder
sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado,
acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido. […]”.
40. Lanorma citada permite advertir que no es necesario proferir providencia
aceptando la renuncia, sino que esta opera por ministerio de la Ley.
41. En consecuencia, la Sala considera que la presente acción constitucional no
cumple con el requisito de subsidiariedad y no se encuentra acreditado un
perjuicio irremediable.
42. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado,
pero por las razones expuestas en esta decisión, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta decisión.
24
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de
acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto
no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes
requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial
transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de
ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4)
la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de febrero de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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