Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04015-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04015-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04015-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
4 de septiembre de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04015 00
Accionante: Findecol
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04015 00
Accionante: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y
EMPRENDIMIENTO COLOMBIANO - FINDECOL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A
Tesis: La acción de tutela es improcedente por falta de
subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso
de los mecanismos ordinarios establecidos en la ley para
la defensa de sus derechos. La acción de tutela es
improcedente por ausencia de relevancia constitucional
cuando el debate planteado por el demandante pretende
reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Fundación Integral para
el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol, por intermedio de
su representante legal, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, que estimó vulnerados con ocasión de la
sentencia del 7 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, que revocó el fallo del 17 de febrero de
2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera
de Decisión, y en su lugar declaró probada de oficio la excepción de
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caducidad del medio de control de controversias contractuales promovido
contra el Municipio de Santa Cruz de Lorica1 (Córdoba)2.
1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la demandante
relató que, el 25 de junio de 2018, presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 124 Judicial II para Asuntos
Administrativos, con el fin de cumplir el requisito de procedibilidad. La
audiencia de conciliación se declaró fallida por ausencia de ánimo
conciliatorio de las partes y, el 16 de agosto de 2018, se expidió la
constancia correspondiente.
1.3. El 3 de septiembre de 2018, Findecol interpuso demanda ante el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Montería,
en ejercicio de la cláusula compromisoria, y solicitó que se liquidara del
Contrato de Prestación No. 010 de 2016, celebrado con el Municipio, que
tuvo por objeto la prestación del servicio educativo para atención a
población adulta y jóvenes en extra edad (3.210 estudiantes) de los ciclos
tres al seis en la zona rural y urbana, durante el año lectivo 2016, por un
valor inicial de $3.272.370.000.
Además, la demandante pretendió que se declarara el incumplimiento
contractual por parte del Municipio, al adeudar un saldo por valor de
$704.370.000, correspondientes a la omisión del cuarto y quinto pago
pactados contractualmente, y que se condenara a la demandada al pago
de la indemnización por los perjuicios derivados de dicho incumplimiento.
Alegó que, a pesar de la presentación de las respectivas facturas y sus
soportes, los pagos fueron realizados de forma tardía y parcial, afectando
la ejecución y financiación del contrato.
1.4. Sin embargo, el Tribunal de Arbitramento cesó sus funciones el 7 de
septiembre de 2020, por la no cancelación de los honorarios y gastos
requeridos para su funcionamiento, quedando sin competencia para
continuar conociendo el proceso. Y, mediante oficio del 3 de diciembre de
1
En adelante el Municipio.
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Proceso que se identificó con la radicación 23001 23 33 000 2021 00106 00/01.
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2020, la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Montería remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Córdoba para que asumiera el conocimiento del asunto.
1.5. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante auto del 4 de junio
de 2021, inadmitió la demanda y ordenó a Findecol adecuarla a las
exigencias procesales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La orden fue cumplida por el apoderado de la demandante el 23 de julio
de 2021, y mediante auto del 30 de septiembre del mismo año la
demanda fue admitida.
1.6. El 17 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba
profirió sentencia anticipada en la que declaró liquidado judicialmente el
contrato y condenó al Municipio al pago de $272.783.052 a favor de la
demandante, y denegó las demás pretensiones de la demanda.
1.7. Contra la anterior decisión el Ministerio Público interpuso recurso de
apelación y, a través de la sentencia del 7 de marzo de 2025, el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, la revocó y, en su lugar declaró
probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, con
fundamento en que el plazo máximo para liquidar bilateralmente el
contrato venció el 15 de febrero de 2017, y para su liquidación unilateral
venció el 16 de abril del mismo año. Entonces, señaló que el término de
dos años empezó a correr desde el 17 de abril de 2017 y, en principio,
vencía el 18 de abril de 2019, pero fue suspendido desde el 25 de junio
de 2018, con la solicitud de conciliación prejudicial, y hasta el 17 de
agosto de 2018, día siguiente a la expedición de la constancia de haber
resultado fallida; por lo tanto, venció el 10 de junio de 2019.
Empero, la demanda solo se radicó ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo el 23 de julio de 2021, cuanto la actora expresó su clara
intención de tramitar ante esta el litigio, “para lo cual otorgó poder dirigido
a esa Corporación con la manifestación expresa de que facultaba a su
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apoderado para ‘adecuar y presentar la demanda de controversias
contractuales’”.
Precisó además que el trámite previo ante el Tribunal de Arbitramento no
suspendió ni interrumpió el plazo para ejercer la acción judicial. Analizó
el alcance del procedimiento arbitral y enfatizó en que, conforme a lo
dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y en la Ley 1437 de 2011, la cesación
de funciones de esa autoridad, por falta de pago de honorarios y gastos,
conlleva la extinción de los efectos del pacto arbitral, lo que implica la
finalización del proceso arbitral. Asimismo, resaltó que no existe
disposición legal que permita trasladar, suspender o interrumpir el
término de caducidad mientras el asunto esté bajo conocimiento del
árbitro.
Finalmente, sostuvo que, de conformidad con el inciso segundo del
artículo 187 del CPACA3, el juez tiene la facultad de pronunciarse
oficiosamente sobre todas las excepciones de fondo que resulten
probadas en el proceso, aunque no hayan sido propuestas por las partes,
en este caso, la caducidad de la acción.
1.7. La accionante manifestó en la tutela que la decisión de segunda
instancia incurrió en defecto sustantivo, al aplicar de forma errónea y
restrictiva el literal i del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, respecto
de la caducidad del medio de control, sin valorar debidamente los actos
procesales que acreditan la presentación oportuna de la demanda, es
decir, omitiendo el efecto jurídico que debería tener la presentación
oportuna de la demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Montería, y la posterior remisión del expediente
por parte de este al Tribunal Administrativo de Córdoba.
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“En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”
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Sostuvo que la decisión desconoció la sentencia STC-7034 de 2023,
dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, M.P.
Aroldo Quiroz Monsalvo, de la cual citó el siguiente aparte:
“No sobra recordar que de conformidad con el art. 11 del C.G.P., al interpretar la
ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de esta es la efectividad
de los derechos sustanciales y que, en los términos del art. 12 ibidem los vacíos
en sus disposiciones deberán llenarse con las ‘normas que regulan casos
análogos’.
En tal estudio encuentra el Tribunal que en el art. 30 de la ley 1563 se prevé que
cuando han cesado los efectos del pacto arbitral en razón de la declaratoria de
incompetencia, para preservar los efectos derivados de la presentación de la
demanda ‘el demandante tendrá un término de veinte (20) días para instaurar la
demanda ante el juez competente’.
Para el Tribunal es claro que ante la ausencia de una norma expresa que regule
las consecuencias de la extinción de los efectos del pacto arbitral originados en
la ausencia de pago de cara a la presentación de la demanda y el término de
caducidad debe considerarse la aplicación del art. 30 mencionado en cuanto se
está frente a un mismo escenario: la cesación de los efectos del pacto arbitral.
Recuérdese que, ante una misma situación de hecho debe existir una idéntica
situación de derecho (…)
Así las cosas, se concluye que la decisión controvertida no luce antojadiza,
caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descartándose la
presencia de una vía de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no
haya recibo en esta sede excepcional (…)
El Tribunal concluyó que, ante una interpretación de la ley procesal y un vacío
jurídico para los casos en los que se extingue la cláusula compromisoria por
ausencia de pago de los gastos y honorarios, es aplicable el término de caducidad
que dispone el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, esto es, la de 20 días para
instaurar de demanda ante el juez competente luego de emitido el auto;
interpretación que, al margen que se comparta, no luce arbitraria; de ahí que, si
la promotora no la incoó en ese término deviene de su propia incuria”.
1.8. Por otro lado, sostuvo que la sentencia vulneró el principio de
congruencia, dado que declaró probada de oficio la excepción de
caducidad, que no fue propuesta ni debatida por la parte demandada. Lo
que, a su juicio, afecta su derecho de defensa y las demás garantías
procesales alegadas.
1.9. Sostuvo que la decisión atacada incurrió en violación directa de la
Constitución, pues le vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, al resolver, sin justificación, sobre la caducidad
del medio de control.
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1.10. Con fundamento en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, PRINCIPIO DE LA CONGRUENCIA PROCESAL Y AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD, toda vez que LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO, en sentencia
del siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025), incurrió en un defecto
sustantivo.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia de fecha siete (07) de marzo
de dos mil veinticinco (2025) proferida por LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE
ESTADO por el Magistrado Ponente JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ.
TERCERO: ORDENAR a LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO, que, en el
término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro de la ACCION
DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 2 de julio de 2025, el despacho admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de terceros con interés al Municipio de Santa
Cruz de Lorica y al Tribunal Administrativo de Córdoba.
2.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por intermedio del magistrado ponente de la decisión debatida, hizo un
resumen de las consideraciones de la sentencia y manifestó que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, dado que lo
pretendido por la parte accionante es acceder a una instancia adicional
donde se analicen nuevamente los supuestos con base en los cuales se
encontró configurada la caducidad del medio de control, y así obtener una
decisión favorable a sus intereses.
2.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba allegó copia del
expediente digital de controversias contractuales con radicado 23001 23
33 000 2021 00106 00/01.
2.4. El Municipio de Santa Cruz de Lorica, vinculado al presente
trámite como tercero con interés, guardó silencio.
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. El 3 de septiembre de 2018, Findecol presentó ante el Tribunal de
Arbitramento de la Cámara de Comercio de Montería, una demanda de
controversias contractuales contra el Municipio de Santa Cruz de Lorica,
solicitando la liquidación judicial del Contrato No. 010 de 2016 y la
declaración de incumplimiento por falta de pago de un saldo adeudado.
3.2.2. Al cesar sus funciones por falta de pago de honorarios el 7 de
septiembre de 2020, el Tribunal de Arbitramento remitió el expediente al
Tribunal Administrativo de Córdoba, quien admitió la demanda en auto
del 30 de septiembre de 2021.
3.2.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 17
de febrero de 2023, declaró liquidado el contrato y condenó al Municipio
a pagar $272.783.052 a la demandante.
3.2.4. El Ministerio Público apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 7 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, la revocó y en su lugar declaró probada de oficio
la excepción de caducidad, con fundamento en que la demanda de
controversias contractuales fue presentada fuera del término legal, y que
la etapa arbitral previa no suspendió ni interrumpió el término respectivo.
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3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito de subsidiariedad
Los artículos 86 de la Constitución Política y 6º numeral 1º del Decreto
2591 de 1991 prevén que la tutela es improcedente cuando no se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos
fundamentales. Es allí donde radica la finalidad del requisito de
subsidiariedad, que consiste en impedir que esta acción se convierta en
un mecanismo principal de protección.
La Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por
excelencia para la preservación de los derechos es el proceso4. Por
consiguiente, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
herramienta sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa, salvo
que éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la petición de amparo se ejerza
como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Siendo así, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado
debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su
disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
3.3.1.2. Frente al requisito general de relevancia constitucional
4
Sentencia C–543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
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La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20226, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.
3.3.1.2.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
6
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20197, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.
3.3.1.2.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho9:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal’.
En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular,
por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en
una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a
la independencia de los jueces ordinarios […]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
9
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
3.3.2.1. La Sala recuerda que la parte actora, en primer lugar, se
encuentra inconforme con la sentencia del 7 de marzo de 2025, dictada
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por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, pues considera
que esta vulneró el principio de congruencia e incurrió en violación directa
de la Constitución, dado que declaró probada de oficio la excepción de
caducidad, que no fue propuesta ni debatida por la parte demandada, lo
que le vulneró el derecho a la defensa.
La sala advierte entonces que lo que la demandante reprocha en este
punto es la falta de coherencia externa del fallo, pues considera que se
emitió una decisión por fuera del cauce del debate que se había
adelantado. Tal argumento equivale a sostener que el juez de segunda
instancia dictó un fallo ultra o extra petita, por haberse pronunciado sobre
aspectos que no fueron planteados por las partes en las pretensiones ni
en las excepciones.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 1° de
noviembre de 201610, señaló diferentes circunstancias que pueden
conllevar a la configuración de una nulidad en la sentencia que finaliza un
proceso ordinario, entre las que se encuentra la incongruencia, por no
guardar relación con los fundamentos fácticos, jurídicos y las pruebas
puestos a consideración de la autoridad judicial, lo que permitiría que
dicha situación se someta a control mediante el ejercicio del recurso
extraordinario de revisión.
Bajo tales circunstancias, es claro que la actora tenía a su alcance el
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 7 de marzo de
2025, por la causal de nulidad originada en la sentencia11, establecida en
el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
10
C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 11001 03 15 000 2012 00230 00.
11
La Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación, en auto del 1º de diciembre de 2023, radicación
número: 11001-03-26-000-2020-00056-00 (66.053), consejera ponente: María Adriana Marín, señaló los
supuestos en los que podría configurarse la nulidad originada en la sentencia de que trata el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, así:
“Sobre el particular, se han identificado los siguientes supuestos transgresores del derecho al debido proceso:
(i) fallo inhibitorio; (ii) ausencia de motivación; (iii) transgresión del principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) falta de competencia o
jurisdicción; (vi) decisión proferida en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no contar la decisión con el número de votos requerido para su aprobación; y (viii) falta de congruencia por
condena extra, ultra o infra petita”.
13
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 04015 00
Accionante: Findecol
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Tal medio de defensa
resultaba eficaz e idóneo para exponer los argumentos sobre la
incongruencia que, a su juicio, presenta la decisión objeto de debate. Sin
embargo, la actora no hizo uso de este y, por el contrario, optó por
interponer directamente la presente acción constitucional, como si esta
pudiera emplearse en reemplazo de los mecanismos ordinarios
establecidos en la ley para la defensa de los derechos.
Por lo expuesto, la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la subsidiariedad12 y, en todo caso, no se observa que la
demandante esté sometida a un perjuicio irremediable que haga
procedente la tutela de manera excepcional.
3.3.2.2. Los demás argumentos de la demanda de tutela giran en torno a
la supuesta configuración de: (i) un defecto sustantivo, al aplicar de
manera errada y restrictiva el literal i del numeral 2° del artículo 164 del
CPACA, pues no se tuvo en cuenta el efecto jurídico de la presentación de
la demanda ante el centro de conciliación y arbitraje y de la remisión de
esta al Tribunal Administrativo de Córdoba, y (ii) el desconocimiento del
precedente fijado en la sentencia STC-7034 de 2023, dictada por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto al supuesto defecto sustantivo, la Sala considera que el debate
propuesto por la parte demandante constituye simplemente la reiteración
del que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja en claro que sólo
busca ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que
llegó el juez natural del asunto sobre el caso planteado.
Por lo tanto, es claro que la actora solo busca que el juez constitucional
analice nuevamente la controversia y emita una nueva y distinta
12
Esta Sección se ha pronunciado en el mismo sentido en asuntos de tutela similares, en los que también se
atacaban, por falta de congruencia, las sentencias que declararon oficiosamente la caducidad en segunda
instancia: (i) sentencia del 10 de octubre de 2022, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación:
11001-03-15-000-2022-04798-00, (ii) sentencia del 20 de marzo de 2025, consejero ponente: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, radicación: 11001-03-15-000-2024-06987-01, y (ii) sentencia del 24 de abril de
2025, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00.
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resolución sobre el particular, lo que hace evidente que solo quiere
acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente
este mecanismo excepcional de protección.
Frente al desconocimiento del precedente, se advierte que esta Sección,
en sentencia del 19 de noviembre de 202113, sostuvo que en las acciones
de tutela contra providencia judicial en las que se alega tal defecto se
exige, como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la
providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales
contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben
ser aplicables al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en
ambos casos deben ser análogos o similares. Es decir que, quien alega
este defecto debe identificar una providencia que constituya precedente
obligatorio para la autoridad judicial demandada al decidir el asunto
controvertido, y argumentar sobre los puntos referidos.
En el sub lite, basta con señalar que la providencia invocada fue proferida
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sede de tutela,
razón por la cual no era precedente obligatorio para el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, al decidir el proceso de controversias
contractuales. Sobre el particular, conviene recordar que la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado actúan como órganos de cierre
de jurisdicciones distintas —ordinaria y contenciosoadministrativa,
respectivamente—, de manera que las decisiones adoptadas por una de
estas altas cortes no tienen efecto vinculante frente a la otra.
Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la autoridad accionada,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de controversias contractuales.
13
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 04015 00
Accionante: Findecol
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
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Accionante: Findecol
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir el análisis efectuado por las autoridades de la jurisdicción,
como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el presupuesto analizado, razón
por la cual resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra decisiones judiciales.
3.3.3. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia de los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional respecto de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Accionante: Findecol
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por la Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento
Colombiano – Findecol contra la sentencia del 7 de marzo de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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