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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07006-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07006-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción constitucional porque por falta de legitimación en la causa por activa de la parte actora. SEGUNDO: En caso de no impugnarse esta providencia, REMITIR este expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-07006-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07006-00
Accionante: JAMES LEONARDO ARÉVALO RIAÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SALA DIEZ ESPECIAL DE
DECISIÓN

Temas: Tutela de fondo. Mora Judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala resuelve la acción de tutela presentada por James Leonardo
Arévalo Riaño contra la Sala Diez Especial de Decisión de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de tutela

2. La parte actora, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sala Diez Especial de Decisión1. Con la solicitud de
amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia.

1.2. Hechos

3. Mediante fallo del 9 de noviembre de 2023, la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años y 6 meses al señor
Walfrando Adolfo Forero Bejarano. Lo anterior, en su condición de alcalde del
municipio de Tocancipá (Cundinamarca).

4. Contra la anterior decisión, el señor Forero Bejarano interpuso recurso
extraordinario de revisión establecido en el artículo 238 A de la Ley 1952 de 2019.
Ese proceso se identifica con el número de radicación 11001-03-15-000-2023-
07089-00 y fue asignado el 22 de noviembre de 2023 a la Sala Especial de
Decisión Diez de esta Corporación, magistrado sustanciador Dr. Juan Enrique
Bedoya Escobar.

5. El 7 de marzo de 2024, el recurso extraordinario de revisión fue inadmitido
por no cumplir con los requisitos formales establecidos en el artículo 252 del

1
La presente solicitud de tutela se presentó el 18 de diciembre de 2024, mediante escrito radicado
en el ventanilla virtual de esta corporación.

Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07006-00
Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño

CPACA2. Una vez subsanado lo anterior, se admitió la demanda mediante auto
del 31 de mayo de 2024.

6. Posteriormente, el despacho sustanciador, mediante auto del 4 de
diciembre de 2024, decidió sanear el proceso y dejar sin efectos los autos
inadmisorio y admisorio proferidos en el trámite del recurso extraordinario de
revisión. En su lugar, se adecuó el asunto al proceso de revisión automática e
integral establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023.

7. En consecuencia, se avocó conocimiento de la demanda en los términos
del auto de unificación del 3 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena
Contenciosa del 3 de diciembre de 20243.

1.3. Sustento de la vulneración

8. La parte actora considera que sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, reconocidos por los artículos 29
y 228 de la Constitución Política de 1991, son vulnerados porque el proceso
automático de revisión de los fallos de destitución de funcionarios de elección
popular no ha sido resuelto en los términos del artículo 238 G de la Ley 1952 de
2019. En consecuencia, solicita que se resuelva de fondo el proceso en el menor
tiempo posible.

9. La disposición en comento establece:

Ley 1952 de 29019. Artículo 238 G. Adicionado por el art. 60 de la Ley
2094 de 2021: Vencido el periodo probatorio si lo hubiere, se dictará
la respectiva sentencia. En todo caso, la decisión de este recurso no
podrá ser superior al termino de los seis (6) meses contados desde su
admisión. Para el efecto, este recurso tendrá prelación frente a los
otros asuntos que le corresponden conocer a la respectiva Sala
Especial o el Tribunal, salvo las acciones constitucionales. El
incumplimiento de los términos aquí previstos será causal de mala
conducta. (…)

1.4. Trámite de la acción

10. Mediante auto del 16 de enero de 2025, se admitió la acción constitucional
de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como entidad accionada
al Consejo de Estado, Sala Diez Especial de Decisión. A su vez, se vinculó como
terceros con interés a la Procuraduría General de la Nación y al señor Walfrando
Adolfo Forero Bejarano.

2
CPACA. Artículo 252: El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener:
1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Nombre y domicilio del recurrente.
3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.
4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.
Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales
que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de unificación del 3 de
diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2023-00871-00.

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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07006-00
Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño

1.5. Informes

11. Realizadas las notificaciones pertinentes, se presentaron las siguientes
intervenciones:

15.1. Consejo de Estado, Sala Diez Especial de Decisión

12. El magistrado sustanciador del proceso ordinario solicitó declarar
improcedente este mecanismo constitucional porque el actor no está legitimado
en la causa por activa para interponer la presente solicitud de amparo. Ello, por
cuanto el accionante no es parte ni interviniente en el proceso cuestionado, cuyo
objeto es la revisión de la decisión dictada por la Procuraduría General de la
Nación, Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al señor
Walfrando Adolfo Forero Bejarano y se le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad general de la función pública por el término de 10 y 6 meses.

1.5.2. Procuraduría General de la Nación

13. El Ministerio Público rindió informe en el que solicitó negar la presente
solicitud de tutela porque considera que el actor no demostró que en el trámite y
sustanciación del proceso Rad. 11001-03-15-000-2023-07089-00 se le cause un
daño grave o perjuicio irremediable alguno de los derechos fundamentales
invocados.

1.5.3. Walfrando Adolfo Forero Bejarano

14. El referido ciudadano presentó memorial de intervención en el que solicitó
declarar la falta de legitimación por activa del actor de esta tutela porque no es
parte ni tercero en el proceso de revisión promovido por el señor Forero Bejarano
contra el referido fallo disciplinario emitido por la Procuraduría General de la
Nación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por el señor James Leonardo Arévalo Riaño contra el Consejo de Estado, Sala
Especial Diez de Decisión.

16. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

17. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora

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Acción de Tutela
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Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño

y los informes rendidos, esta Sala considera que el problema jurídico que se debe
resolver es el siguiente:

¿Al señor James Leonardo Arévalo Riaño se le vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia con
ocasión de la supuesta mora judicial en la que se ha incurrido en el trámite del
proceso de revisión identificado con el número de radicado 1001-03-15-000-
2023-07089-00?

18. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) la legitimación en la causa por
activa; y (iii) de acreditarse el anterior presupuesto, se abordará el estudio del
caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

19. Conforme lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera
que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.

20. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de
defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En ese orden de ideas,
resulta evidente que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de
determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la
inmediatez y la subsidiariedad, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia.

21. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar a la tutela del uso
inadecuado, irracional y desmesurado, que podría desnaturalizar su valor
preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar
contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.4. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

22. El inciso 1 del artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda
persona puede acudir ante los jueces al ejercicio de la acción de tutela para
solicitar «por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».

23. A su vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción
constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante o apoderado judicial, o incluso a través de la figura de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos no esté en condiciones de promover su

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Acción de Tutela
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propia defensa.

24. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó desde la sentencia
T-416 de 1997 que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia
de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».

25. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló:

«La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja
es que la legitimación en la causa por activa en los procesos de
tutela se predica siempre de los titulares de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal
como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades, a
partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de
1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La
satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos
normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la
configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los
procesos de tutela. (Subraya fuera de texto)

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las
siguientes: (i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El
ejercicio por medio de representantes legales (caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado
judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición
de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el
poder especial para el caso, o en su defecto el poder general
respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso»4.

26. Posteriormente, el Tribunal Constitucional, en la sentencia T-176 de 2011,
reiteró la anterior postura en los siguientes términos:

«La legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que
la persona que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y
particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, de
tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante».

27. Luego, en la Sentencia de Unificación 456 de 2016 el Alto Tribunal
Constitucional manifestó que «El estudio de la legitimación en la causa, es un
deber de los jueces y una valoración de oficio, que constituye un presupuesto
procesal material de la demanda».

28. Para el caso bajo estudio, la Sala considera que el señor James Leonardo
Arévalo Riaño no está legitimado en la causa para interponer esta tutela alegando
que la supuesta mora en la que se ha incurrido en el trámite del proceso
identificado con el número de radicación 1001-03-15-000-2023-07089-00 vulnera

4
Corte Constitucional, Sentencia T-552, de 2006.

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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07006-00
Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño

sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia. En efecto, el actor de la presente tutela no es parte ni tercero interviniente
en el proceso de revisión contra el fallo que sancionó disciplinariamente al señor
Walfrando Adolfo Forero Bejarano con destitución e inhabilidad para ejercer
cargos públicos.

29. Como se ha señalado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 condiciona
el ejercicio de la acción de tutela a la titularidad de los derechos fundamentales
que se invocan y sobre los cuales se solicita protección. En este sentido, son las
partes e intervinientes de un proceso judicial las que están legitimados en la
causa para interponer una solicitud de amparo invocando la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, garantías propias de los intervinientes de una causa judicial.

30. Por lo anterior, se declarará improcedente la presente acción de tutela
porque el actor, James Leonardo Arévalo Riaño, no está legitimado en la causa
para interponer esta solicitud de amparo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción constitucional
porque por falta de legitimación en la causa por activa de la parte actora.

SEGUNDO: En caso de no impugnarse esta providencia, REMITIR este
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Ausente con permiso
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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