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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07089-00

Fecha
31 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07089-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios proferidos por la Procuraduría General de la Nación - Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular-, el 9 de noviembre de 2023 y por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública el 16 de diciembre de 2021, dentro del proceso disciplinario IUS-E-2016-83092 / IUCD 2016-872215, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Firmada electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente WILLIAM BARRERA MUÑOZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Aclara voto Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL Aclara voto Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07089-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Revisión automática de acto sancionatorio Ley 2094 de 2021
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07089 00 (11159)
Demandante Walfrando Adolfo Forero Bejarano
Demandado Procuraduría General de la Nación1

Decisiones Decisión del 9 de noviembre de 2023, proferida por la
recurridas: Procuraduría General de la Nación - Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular,
dentro del proceso disciplinario IUS-E-2016-83092 / IUCD
2016-872215

Temas: Control automático de la sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad impuesta a un servidor público de elección popular

SENTENCIA DE REVISIÓN

ASUNTO

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión regulado en los artículos 54
a 60 de la Ley 2094 de 2021 de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia C-030
de 2023 y el auto de unificación jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
esta corporación del 3 de diciembre de 20242 dentro del proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de revisión automática de la decisión disciplinaria3

1. Por Oficio SDJ-SEP- No. 195 del 24 de enero de 2024, el presidente de la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la
Procuraduría General de la Nación remitió el proceso disciplinario con radicado
IUS-E-2016-83092 / IUCD 2016-872215, con el fin de que se surtiera la revisión
de que trata el artículo 54 de la Ley 2094 de 2021, en cumplimiento de lo
ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023.

1 En adelante PGN.
2 Proferido dentro del proceso con radicado 11001–03–15–000–2023–00871–00.
3 Índice 9, Samai).

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2. Lo anterior en consideración a que, mediante acto del 9 de noviembre de 2023,
esa sala confirmó la decisión de primera instancia que impuso sanción de
destitución e inhabilidad general a Walfrando Adolfo Forero Bejarano, alcalde de
Tocancipá (Cundinamarca).

1.2. Trámite del proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la
Nación

3. Como actos relevantes dentro del trámite disciplinario se destacaron los
siguientes:

3.1. WalfrandoAdolfo Forero Bejarano fue elegido alcalde del municipio de
Tocancipá (Cundinamarca) por el periodo constitucional 2016-2019.

3.2. El 18 de marzo de 2016 mediante un escrito anónimo se presentó queja
disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, en la que se denunció
que como alcalde del municipio de Tocancipá (Cundinamarca) se enriqueció de
manera ilícita con múltiples actividades como la sobrevaloración de terrenos,
recibimiento de dádivas para otorgar licencias y la compra de varios inmuebles
para su familia4.

3.3. Por medio de auto del 10 de junio de 2016, la Procuraduría Provincial de
Zipaquirá ordenó abrir indagación preliminar con fundamento en la queja referida,
con el fin de determinar la ocurrencia de los hechos y si constituían falta
disciplinaria5.

3.4. Con auto del 8 de agosto de 2016 tal autoridad decidió acumular la indagación
preliminar iniciada con la radicada IUS-2016-83092 que inició con apoyo en igual
denuncia y en contra de varios concejales del municipio de Tocancipá
(Cundinamarca)6.

3.5. A través de la Resolución 021 del 15 de enero de 2018, el procurador general
de la Nación reasignó la competencia para tramitar el proceso disciplinario a la
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial7.

3.6. Con auto del 8 de marzo de 2018, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Judicial y la Policía Judicial ordenó la apertura formal de la investigación
disciplinaria en contra de Walfrando Adolfo Forero Bejarano por su posible
«enriquecimiento ilícito» «[...] el cual presuntamente tuvo su origen en la apropiación
indebida de recursos públicos y en la recepción de sobornos por la adjudicación de
contratos públicos […]» pues tuvo injerencia en la adquisición de los predios en los
que se desarrolló la construcción del proyecto de vivienda de interés social Torres

4 Índices 9 y 65, Samai. Folios 1 y 2 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 3 y 4 del
archivo PDF).
5 Índices 9 y 65, Samai. Folios 3 y 4 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 4 y 5 del
archivo PDF).
6 Índices 9 y 65, Samai. Folios 73 y 74 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 71 y
72 del archivo PDF).
7 Índices 9 y 65, Samai. Folios 43 y 44 PDF del Cuaderno 1, parte 2 del expediente disciplinario,

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de San Juan y en el primer proceso de contratación de la construcción del anillo
vial Verganzo8.

3.7. Mediante la Resolución 225 del 28 de mayo de 2018 el procurador general de
la Nación reasignó la competencia para adelantar el proceso disciplinario a la
Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia
y la Integridad9.

3.8. A través de auto del 24 de abril de 2018, la procuraduría aludida determinó el
cierre de la investigación disciplinaria para su evaluación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 160A de la Ley 734 de 200210.

3.9. Mediante auto del 12 de junio de 2019, la Procuraduría Delegada para la
Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad formuló pliego
de cargos en contra de Walfrando Adolfo Forero Bejarano por los siguientes tres
cargos11:

(i) Incremento injustificado de su patrimonio y el de su grupo familiar. Modalidad
de la conducta «por acción» y forma de culpabilidad «a título de dolo»:

«[...] De acuerdo con el material probatorio arrimado al proceso, se tiene
demostrado que el señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano, en su condición de
alcalde del municipio de Tocancipá - Cundinamarca, posiblemente incrementó de
manera injustificada su patrimonio, toda vez que de acuerdo con el informe técnico
financiero elaborado por funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales de la Procuraduría General de la Nación, al confrontar las fuentes de
sus ingresos percibidas con los usos generados, se encontró una diferencia sin
justificación alguna (...)

La prueba técnica permite finalmente determinar que WALFRANDO ADOLFO
FORERO BEJARANO y su grupo familiar, conformado por su esposa LIZETH
ANDREA REINA BULLA y sus hijos VANEZA FORERO ARÉVALO y JUAN
ESTEBAN FORERO SÁNCHEZ, incrementaron su patrimonio, hasta el momento
presuntamente de manera injustificada, en el periodo 2016 a 2018, por la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL PESOS ($951.396.000). (...)

Con el anterior comportamiento, el señor WALFRANDO ADOLFO FORERO
BEJARANO, en su condición de alcalde del municipio de Tocancipá, para la época
indicada y conforme a las pruebas obrantes en la actuación, probablemente
incurrió en la conducta de incrementar su patrimonio injustificadamente no
solamente el propio, sino el de su grupo familiar integrado por su esposa y dos
hijos, con lo cual podría estar incurso en la falta gravísima contemplada en el inciso
2° numeral 3° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 C.D.U., consistente en:
"Incrementar injustificadamente el patrimonio en forma directa en favor propio o de
un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga" […]».

(ii) Walfrando Adolfo Forero Bejarano incumplió el deber de presentar en debida

8 Índices 9 y 65, Samai. Folios 45 y 46 PDF del Cuaderno 1, parte 2; y folios 1 a 19 del del
Cuaderno 1, parte 3 expediente disciplinario.
9 Índices 9 y 65, Samai. Folios 205 a 214 del Cuaderno 1 parte 4 del expediente disciplinario,
(Folios 12 a 20 del archivo PDF).
10 Índices 9 y 65, Samai. Folios 97 del Cuaderno 3, parte 2 del expediente disciplinario, (Folios
49 del archivo PDF).
11 Índices 9 y 65, Samai. Folios 113 a 135 del Cuaderno 3 «Pliego de Cargos» del expediente
disciplinario, (Folios 7 y 52 del archivo PDF).

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forma la declaración juramentada de bienes y rentas. Modalidad de la conducta
«por acción», calificación de la falta como «grave» y forma de culpabilidad «a título
de dolo»:

«[...] De acuerdo al material probatorio arrimado al proceso, se tiene demostrado
que el servidor WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO en su condición de
alcalde del municipio de Tocancipá - Cundinamarca, posiblemente omitió el deber
de presentar la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica,
correspondiente al año 2016 toda vez que de acuerdo a los resultados de la visita
especial efectuada por servidor comisionado de esta Delegada, se demostró que
el investigado incumplió la obligación consagrada en el artículo 13 de la Ley 190
de 1995.

De igual manera, en la declaración juramentada de bienes que presentó al
momento de tomar posesión del cargo como alcalde del municipio de Tocancipá
para el periodo 2016 o 2019, no declaró ni relacionó la Sociedad MEGAPOLIS 36Z
S.A., en la cual tiene participación el investigado WALFRANDO ADOLFO
FORERO BEJARANO, sociedad constituida en la República de Panamá (...)

En ese orden de ideas, la posible conducta desplegada por el doctor WALFRANDO
ADOLFO FORERO BEJARANO, se describe en la desatención del deber que le
corresponde cumplir en su condición de alcalde del municipio de Tocancipá -
Cundinamarca, consagrado en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002
consistente en "Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, las leyes, los
decretos (...)".

Deber que por remisión normativo corresponde al consagrado en el artículo 13 de
la Ley 190 de 1995: "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa", conocido como estatuto anticorrupción, en
el cual se exige a los servidores públicos que para tomar posesión del cargo y para
el desempeño del mismo, será requisito presentar una declaración juramentada de
bienes, la cual deberá ser actualizada.

En concordancia con lo anterior, incumplió la obligación consagrada en el artículo
15 de la Ley 190 de 1995 o "Estatuto Anticorrupción", según el cual será requisito
para la posesión suministrar la información sobre la actividad económica privada
del servidor público, detallando la participación en sociedades o en cualquier
actividad privada de carácter económico o sin ánimo de lucro de la cual haga parte,
dentro о fuera del país […]».

(iii) Walfrando Adolfo Forero Bejarano incumplió con el deber de presentar el
informe que debía radicar en cumplimiento de la comisión a la que fue enviado
en España. Modalidad de la conducta «por acción», calificación de la falta como
«grave» y forma de culpabilidad «a título de dolo»:

«[...] De acuerdo al material probatorio arrimado al proceso, se encuentra
demostrado que el servidor WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO en su
condición de alcalde del municipio de Tocancipá - Cundinamarca, posiblemente
incumplió lo señalado en el numeral 3° del Acuerdo No. 16 del 08 de noviembre de
2016 del Concejo de Tocancipá - Cundinamarca, en el cual se autorizó mediante
comisión la salida del país del alcalde para asistir a la MISIÓN ACADÉMICA
EUROPA 2016 en las ciudades españolas de Barcelona y Bilbao del 12 al 18 de
noviembre de 2016, comisión en la que se le pagaron viáticos con recursos del
erario público municipal, Acuerdo en el cual se exigía que una vez culminada la
comisión el alcalde WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO debía
presentar en un término no superior a quince (15) días hábiles, informe completo
de las actividades realizadas y de los gastos asumidos por el municipio en la misión
académica efectuada.

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Conforme al resultado de la visita especial efectuada por funcionario comisionado
en la Secretaría del Concejo del municipio de Tocancipá - Cundinamarca, se logró
establecer que el alcalde WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO,
incumplió lo señalado en el Acuerdo No. 016 de 2016 del Concejo de Tocancipá,
pues no presentó ante dicha Corporación informe de su gestión ni tampoco de los
gastos incurridos con cargo al presupuesto del municipio, de la actividad
académica realizada los días 12 a 16 de noviembre de 2016 en las ciudades de
Barcelona y Bilbao en España (...)

En ese orden de ideas, la posible conducta desplegada por el doctor WALFRANDO
ADOLFO FORERO BEJARANO, se describe en la desatención del deber que le
corresponde cumplir en su condición de alcalde del municipio de Tocancipá -
Cundinamarca, consagrado en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002
consistente en "Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, las leyes, las
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales..." (Subrayado y negrilla
nuestro)

Deber que por remisión normativa corresponde a lo preceptuado en el numeral 3°
del Acuerdo 16 del 08 de noviembre de 2016 del Concejo de Tocancipá
Cundinamarca, en el cual se establece que una vez cumplida la comisión, el
alcalde WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO debía presentar en un
término no superior a quince (15) días hábiles, un informe completo de las
actividades realizadas y de los gastos asumidos por el municipio en la Misión
Académica Europа 2016, informe que de acuerdo a las pruebas practicadas nunca
fue presentado por el disciplinado a la Corporación Municipal.

De igual manera, incumplió con la obligación consagrada en el artículo 111 de la
Ley 136 de 1994: "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios ", según la cual al término de
las comisiones superiores a cuatro (4) días y dentro de los quince (15) días
siguientes, el alcalde deberá presentar al Concejo, un informe sobre el motivo de
la comisión, duración, costos y resultados obtenidos en beneficio del municipio,
toda vez que de acuerdo a las pruebas practicadas no presentó informe alguno
[…]».

3.10. En el acto disciplinario de primera instancia del 16 de diciembre de 202112,
la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública sancionó a Walfrando Forero
Bejarano con la destitución e inhabilidad general para ejercer la función pública
por el término de 11 años al encontrarlo responsable por los dos primeros cargos.

3.11. Mediante acto sancionatorio del 9 de noviembre de 2023, la Sala Disciplinaria
de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular confirmó
parcialmente la decisión de primera instancia en cuanto a la sanción impuesta
por el primer cargo relacionado con la comisión de la falta prevista en el artículo
48.3 de la Ley 734 de 2002 y revocó la relacionada con el segundo. De igual
manera, la sanción la fijó en destitución y 10 años y 6 meses de inhabilidad.

3.12. Walfrando Forero Bejarano fue elegido nuevamente como alcalde del
municipio de Tocancipá (Cundinamarca) por el periodo constitucional 2024 a
2027, según credencial formato E-27 proferida por la Comisión Escrutadora
Municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil del 3 de noviembre de
2023.

12 Índices 9 y 65, Samai. Folios 1 a 49 del archivo «Primera instancia fallo disciplinario» del
expediente disciplinario.

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1.3. Decisión disciplinaria de primera instancia13

4. La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública en el acto disciplinario del
16 de diciembre de 2021 declaró responsable a Walfrando Forero Bejarano por
el primero y segundo cargos imputados. Como consecuencia de lo anterior, le
impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer la función
pública por el término de 11 años. La decisión se fundamentó en lo siguiente:

5. Primer cargo: incremento patrimonial injustificado.

5.1. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional [sentencia C-310
de 1997] le correspondía al Estado probar el incremento patrimonial y, una vez
acreditado, al disciplinado le incumbía sustentarlo porque el artículo 122 de la
Carta Política determinó un deber específico de transparencia al exigir a los
servidores públicos declarar bajo juramento el monto de sus bienes y rentas.

5.2. Del informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales de la PGN14 del 28 de diciembre de 2020 [citó el texto del informe],
con el que aclaró y complementó el informe técnico elaborado por la firma
Investigaciones Estratégicas & Asociados del 18 de septiembre de 2019
presentado por la defensa del disciplinado, se pudo concluir lo siguiente:

(i) la firma Investigaciones Estratégicas & Asociados incurrió en inconsistencia
entre los valores que expuso en su informe [anexo 27] y los que Walfrando Forero
Bejarano declaró por ingresos ante la DIAN por los años 2016 y 2017;

(ii) Lizeth Andrea Reina Bulla, cónyuge del disciplinado, no contaba con empleo
y sus ingresos provenían de lo que este le giraba por manutención (67%). No era
creíble el testimonio de Gladys Bulla Rojas [su madre], que afirmó que le enviaba
dinero para sus gastos, pues no se aportó constancia de las transferencias y
tampoco existieron retenciones del gobierno nacional;

(iii) para el caso de Vanesa Forero Arévalo, hija del disciplinado, se identificó que
sus ingresos tenían como fuente a su madre, Mabel Arévalo, y a su padre.
También que aumentaron cada año [2016, 2017 y 2018] y que la ejecución de
sus gastos fue menor a los recursos recibidos;

(iv) en relación con Juan Esteban Forero Sánchez, hijo del disciplinado, para los
años 2016, 2017 y 2018 solo recibió dinero por parte de su padre y sus gastos
fueron inferiores a sus ingresos;

(v) por lo anterior, se concluyó que «[...] el investigado y su núcleo familiar
presentaron incremento patrimonial no justificado, que no guarda[ba] relación con las
actividades económicas reportadas por ellos y que e[ra] factible [sic] concluir que
correspond[ían] al cargo de alcalde de Toncancipá, lo que además sup[uso] una elevada
capacidad de gasto, que como se ha dicho. Más aun, no guard[ó] coherencia con los
ingresos que de manera legal se encontr[aban] declarados y sustentados en las
declaraciones de bienes y rentas ante la DIAN [...]» [sic].

13 Índices 9 y 65, Samai. Folios 127 a 151 del cuaderno 6 del proceso disciplinario (154 a 158 del

archivo PDF).
14 En adelante DNIE.

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5.3. En ese sentido, el disciplinado incurrió en la falta gravísima tipificada en el
artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002 «[…] dado que, en virtud del material probatorio
obrante en el dossier, se observ[ó] que el señor WALFRANDO FORERO BEJARANO, y
su núcleo familiar, no justificaron de manera alguna la razón por la cual sus ingresos
fueron superiores durante las vigencias 2016 a 2018 y que no te[nían] relación alguna
con sus emolumentos salariales […]».

5.4. La actuación del disciplinado afectó el deber funcional [ilicitud sustancial]
como alcalde municipal de Tocancipá (Cundinamarca), toda vez que inobservó
el principio de moralidad administrativa que implica actuar de acuerdo con lo
previsto en la ley y de manera honesta. Con su actuar persiguió intereses
particulares y generó falta de credibilidad en los ciudadanos, lo que se demostró
con «[…] las cifras y el análisis realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales en la complementación y adición al informe técnico rendido por la firma
INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS & ASOCIADOS [...]».

5.5. Walfrando Forero Bejarano desarrolló el comportamiento a título de dolo
porque tuvo pleno conocimiento del incremento de su patrimonio con sus
movimientos financieros y los de su familia. A ello se sumó que conocía la función
de su cargo y la obligación de declarar sus ingresos y gastos, pues fue concejal
en el municipio de Upala y luego de Tocancipá (Cundinamarca) por los periodos
2001 a 2002 y 2004 a 2007, respectivamente.

6. Segundo cargo: incumplimiento del deber de presentar en debida forma la
declaración juramentada de bienes y rentas.

6.1. Walfrando Forero Bejarano en la declaración que radicó para tomar posesión
como alcalde del municipio de Tocancipá (Cundinamarca) en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 190 de 1995 no declaró en sus actividades
económicas privadas su participación accionaria en la sociedad Megápolis 36Z
S.A. constituida en la ciudad de Panamá. El disciplinado, de acuerdo con la
declaración de su contador, Luis Eduardo Morales Galeano, ocultó tal
información a este y a las autoridades administrativas y actuó de esta manera sin
que pudiera ser excusado porque «[…] supuestamente se hubiese vendido o
enajenado con anterioridad a la fecha de la posesión [...]». Tal venta tampoco se
acreditó, pues se aportó un contrato de compraventa incompleto.

6.2. Por lo anterior, la conducta del mencionado constituyó el incumplimiento del
deber previsto en los artículos 34.1 de la Ley 734 de 2002 y 13 de la Ley 190 de
1995 al no actualizar en su declaración de bienes y rentas del año 2016 su
actividad económica privada dentro y fuera del país. La falta es grave y el actuar
se desplegó con dolo, puesto que el disciplinado conocía el deber de presentar
la declaración de bienes y rentas.

6.3. La conducta perturbó la función pública porque con su proceder afectó «[…]
la confianza y credibilidad que debe observarse en el actuar de todo servidor público,
que en otros términos implica el ajuste de la conducta del servidor al camino trazado por
el legislador […]».

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7. Dosificación de la sanción por la declaración de responsabilidad por el primero
y segundo cargo:

7.1. La sanción que correspondía imponer era la de destitución e inhabilidad de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.21 de la Ley 734 de 2002 y los criterios
de graduación señalados en los artículos 46 y 47 ibidem. Así, el disciplinado no
actuó con diligencia y cuidado en el desempeño del cargo, pues las conductas al
perseguir intereses particulares afectaron la gestión. Además, estas causaron
grave daño social, por cuanto por el cargo que ostentaba debía destacarse por
su transparencia, imparcialidad, independencia y moral social, todo lo cual quedó
comprometido con el incremento patrimonial injustificado. A ello se sumó que
conocía la ilicitud de su proceder y pertenecía al nivel directivo de la entidad.

7.2. Por lo expuesto, y en consideración a que infringió varias disposiciones de la
ley disciplinaria [ artículo 47.2 ibidem] «[…] se incrementará la sanción en otro tanto,
se tiene que, en el presente caso se probó que el servidor infringió con la primera
actuación, la conducta fue con falta gravísima a título de dolo y la segunda con falta
grave a título de dolo, por lo que la sanción a imponer será la de DESTITUCIÓN e
INHABILIDAD GENERAL por el término de ONCE (11) AÑOS […]» [sic].

8. Tercer cargo: incumplimiento del deber de presentar el informe luego de la
comisión a la que fue enviado en España.

8.1. Los hechos por los que se formuló el cargo no existieron. Así se corroboró
con la visita efectuada a las instalaciones del concejo municipal de Tocancipá el
20 de septiembre de 2019 y con la respuesta ofrecida por su presidente el 14 de
agosto de 2019 en la que informó que el disciplinado sí presentó el informe que
le correspondía luego de regresar de la comisión.

1.3. El recurso de apelación15

9. Walfrando Forero Bejarano interpuso el recurso de apelación en contra de la
decisión disciplinaria de primera instancia para que fuera revocada. La apelación
se fundamentó en lo siguiente:

9.1. Durante el desarrollo del proceso disciplinario se vulneró el debido proceso
por cuanto (i) la investigación se fundamentó en una queja anónima que no
cumplió con los requisitos de ley al no acompañarse de pruebas; (ii) se configuró
la caducidad de la acción disciplinaria; (iii) la PGN extralimitó su competencia a
formular los cargos segundo y tercero; (iv) se investigó a los familiares del
disciplinado sin pruebas de que sus movimientos patrimoniales tuvieran relación
con la función pública que desempeñaba aquel. Además, se investigó a un menor
de edad sin respeto de los dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1098 de 2006; y
(v) el informe de la DNIE se rindió por fuera del término otorgado para practicar
las pruebas.

9.2. La PGN carecía de competencia para sancionar con destitución e inhabilidad
a un funcionario elegido por voto popular. Tal actuación vulneró el artículo 23.2
de la Convención Americana de Derechos Humanos que limitó la restricción de

15 Índice 9 y 65, Samai. Folios 172 a 197 del cuaderno 06 del proceso disciplinario (Folios 222 a

273 del archivo PDF).

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los derechos políticos a una decisión judicial [sentencia caso Petro Urrego vs
Colombia]. La Ley 2094 de 2021 no acató los estándares internacionales fijados
en la sentencia mencionada porque se dotó a una autoridad administrativa de
funciones jurisdiccionales y, en consecuencia, se le permitió restringir derechos
políticos.

9.3. En cuanto al primer cargo:

9.3.1. El disciplinado justificó el incremento de su patrimonio y el de su grupo
familiar, puesto que se probó con el informe técnico elaborado por la empresa
Investigaciones Estratégicas & Asociados que sus «ingresos» fueron superiores
a sus gastos, el cual fue avalado por la DNIE en el informe del 28 de diciembre
de 2020. No obstante, la PGN valoró de manera «contraevidente» este último
informe que aceptó que los ingresos del disciplinado fueron superiores a sus
gastos y que procedieron de la empresa Manufacturas en Madera Cimitarra.
Además, la PGN no valoró todos los documentos allegados con el informe técnico
de la empresa aludida y obvió el hecho de que el flujo de caja [recurso que se
recibía] era diferente de los ingresos tributarios.

9.3.2. La «supuesta» inexactitud en la declaración privada del impuesto de renta no
era prueba de un incremento patrimonial injustificado. Las cifras que se
incluyeron en los informes técnicos correspondían al «flujo de caja» de los
recursos que recibió el disciplinado. Los montos que se señalaron en las
declaraciones de renta eran ingresos tributarios o causados y su declaración
siguió las líneas del Estatuto Tributario [artículos 574 y 596] que permitía corregir
las inexactitudes en la declaración.

9.3.3. La PGN desconoció la dinámica de la relación comercial del disciplinado con
la empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra, puesto que esta presentaba
saldos pendientes por concepto de arrendamiento o transporte en favor de aquel,
registrados en cuentas por pagar y al no ser recibidos en una vigencia fiscal no
tenían que ser declarados en esta. Los ingresos que el sancionado tuvo por los
años 2016, 2017 y 2018 se certificaron con los anexos del informe técnico de la
empresa Investigaciones Estratégicas & Asociados, con la certificación que el
revisor fiscal de la empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra profirió y las
declaraciones de Delio Villamil Florián [contador del disciplinado], Jonattan
Adrián Álvarez y Nancy Yasmín Galvis Garzón, contadores de tal empresa.

9.3.4. Con los ingresos y créditos incluidos en las declaraciones de renta de los
años 2016 y 2017, entre los que se encontraban salarios, arrendamientos,
honorarios de transporte y créditos otorgados por Manufacturas en Maderas
Cimitarra, y los recibidos por los otros miembros del grupo familiar cuyo origen
no era el disciplinado, se justificó el incremento patrimonial. Al expediente se
allegaron los extractos bancarios, contratos de prestación de servicios, de
arrendamientos, entre otras pruebas documentales y testimoniales con las que
se acreditó la existencia de tales recursos.

9.3.5. En relación con el primer cargo no se configuró la ilicitud sustancial. La
decisión de primea instancia fue incongruente, puesto que se refirió a la omisión
de declarar recursos en la declaración de renta, pese a que se trataba de
establecer un incremento injustificado del patrimonio. Además, en este último

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aspecto se probó que tal aumento sí estuvo justificado. Finalmente, la PGN afirmó
que Walfrando Forero Bejarano desvió el ejercicio de la función pública para
lograr intereses particulares sin sustento probatorio alguno.

9.3.6. El actuar del disciplinado no fue doloso. El acto sancionatorio de primera
instancia omitió señalar cuál era el conocimiento que tuvo sobre el movimiento
del patrimonio de su grupo familiar. Por el contrario, Walfrando Forero Bejarano
entregó toda la información sobre su patrimonio y el de su familia.

9.4. Frente al segundo cargo:

9.4.1. El disciplinado no omitió presentar la declaración juramentada de bienes y
rentas del año 2016 y su participación accionaria en la empresa Megápoliz 36z
S.A. y esta fue vendida cuando no era sujeto disciplinable [2015]. La primera
instancia descartó sin fundamento las pruebas que demostraron la venta y que
no se ocultaron los recursos, como lo era el contrato de compraventa, la
declaración de bienes y rentas radicada cuando se posesionó como alcalde, el
acta de la asamblea general de accionista de la empresa, las declaraciones de
impuesto a la riqueza y activos en el exterior presentada ante la DIAN en el 2015
y la cuenta bancaria en Panamá.

9.4.2. La declaración juramentada de bienes y rentas del año 2016 diligenciada el
22 de diciembre de 2015 era válida, pues el periodo constitucional como alcalde
inició el 1 de enero de 2016 según lo previsto en el artículo 314 de la Constitución
política. Por ende, no era cierto que el disciplinado hubiese omitido actualizarla.

9.4.3. Elacto administrativo sancionatorio no analizó la ilicitud sustancial ni
fundamentó la supuesta vulneración de los principios de la función pública. Por
el contrario, se contradijo, puesto que unas veces indicó que la falta se estructuró
por la no actualización de la declaración de bienes y rentas y otras porque no se
incluyó la participación en la sociedad Megápoliz 36Z S.A.S.

1.4. Decisión disciplinaria de segunda instancia objeto de revisión16

10. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular en decisión del 9 de noviembre de 2023 confirmó parcialmente el acto
de primera instancia. La decisión avaló la sanción impuesta por el primer cargo
relacionado con la comisión de la falta prevista en el artículo 48.3 de la Ley 734
de 2002 y revocó la relacionada con el segundo. De igual manera, modificó la
sanción y la fijó en destitución y 10 años y 6 meses de inhabilidad general.
Fundamentó la decisión en lo siguiente:

11. Sobre la competencia de la PGN para proferir la decisión disciplinaria:

11.1. La Constitución Política en el artículo 277.6 otorgó la competencia a la PGN
para investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular. Tal
potestad fue ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023
cuando examinó la constitucionalidad de la Ley 2094 de 2021 expedida con el fin

16 Índices 9 y 65, Samai. Folios 354 a 379 del cuadro 8 del expediente disciplinario [ 2 a 51 del

archivo PDF).

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de adecuar el ordenamiento jurídico a lo ordenado en la sentencia proferida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de julio de 2020, con la
salvedad de que las sanciones de destitución e inhabilidad requería de la
intervención final de un juez.

11.2. La Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, que comenzó a
regir el 29 de marzo de 2022, regló la función disciplinaria. Sin embargo, los
procesos en los que para tal fecha se había notificado el pliego de cargos se
debían gobernar por la Ley 734 de 2002 que en su artículo 2 reguló la
competencia de la PGN para adelantar el trámite y fijó en su artículo 25 como
destinatarios de la ley disciplinaria a los servidores públicos sin hacer
distinciones.

11.3. Elartículo 16 de la Ley 2094 de 2021 creó la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. El Decreto 1851 de
2021 en su artículo 11 le asignó la función de conocer de la segunda instancia
de los procesos diligenciados contra servidores públicos de elección popular por
los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales. Por lo tanto, en
el presente caso la sala aludida sí tenía competencia, máxime cuando el recurso
de apelación se radicó en vigencia de la Ley 734 de 2002.

12. Sobre las pruebas pedidas en segunda instancia:

12.1. se decidió dar valor probatorio a los documentos aportados con el recurso de
apelación; sin embargo, no se decretó la ampliación del informe rendido por la
empresa Inversiones Estratégicas & Asociados S.A.S para referirse al informe
presentado por la DNIE de la PGN del 28 de diciembre de 2020 porque no lo
refutó durante su traslado.

13. Sobre las irregularidades procesales alegadas por la defensa se indicó que
todas las que expuso [5 en total] fueron resueltas por la primera instancia. Sin
embargo, respecto de ellas en esta instancia se precisó lo siguiente:

13.1. En relación con que la investigación se inició con fundamento en una queja
anónima que no cumplió con los requisitos legales y que abordó hechos no
incluidos en esta. Al respecto, el disciplinado no explicó los requisitos incumplidos
y, por el contrario, la queja acató los previstos en el artículo 81 de la Ley 962 de
2005, pues se refirió a hechos y a personas claramente identificables y señaló
que el disciplinado como alcalde incrementó injustificadamente su patrimonio. La
queja sirvió para activar las facultades oficiosas de la PGN, a la cual le
correspondía verificar los hechos.

13.2. La extralimitación de las funciones del funcionario delegado por el procurador
general para adelantar el trámite no sucedió porque su designación se dio para
que se surtiera el proceso hasta su terminación. En ese orden, como se trataba
de determinar el incremento patrimonial del disciplinado cuando se desempeñó
como alcalde y la falta presuntamente se estructuró desde el año 2016 al 2018,
la investigación podía extenderse hasta 2018, pues el investigado fue elegido
para el periodo 2016 a 2019.

13.3. Por ser la falta investigada de ejecución continuada la caducidad de la acción

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disciplinaria prevista en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 se debía contar
desde la última ejecución de la conducta. Por lo tanto, cuando se inició la
investigación [2018] no había caducado aquella, toda vez que se buscaba
determinar la fuente del incremento patrimonial durante el desempeño del
disciplinado como alcalde, actuación que se extendió a la investigación del
patrimonio familiar [no de los miembros de la familia, ni menos de los menores]
por conexidad por ser quienes recibían parte de los recursos.

13.4. En cuanto al alegato según el cual el informe de la DNIE se allegó por fuera
del tiempo concedido por el funcionario de instrucción, ello no representó la
vulneración del debido proceso por sustentarse la mora en la dificultad de
recopilar la información y porque no todo incumplimiento de términos conlleva la
vulneración de tal garantía constitucional.

13.5. Eldefensor sí tuvo acceso al expediente para sustentar el recurso de
apelación y dentro de este obran varias constancias de que sí accedió y recibió
copias.

14. Análisis del primer cargo. Tipicidad:

14.1. Cuando se trataba del tipo disciplinario de incremento patrimonial
injustificado previsto en el artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002, una vez que el
Estado lo estableció al investigado le correspondía sustentar el incremento, de
acuerdo con lo reglado en el artículo 122 Constitucional y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional [sentencia C-319 de 1996] y del Consejo de Estado17. Ello
porque tal obligación era un mecanismo de protección de la función pública que
desarrollaba los principios de transparencia y moralidad.

14.2. Parala configuración del tipo se exigía la prueba del incremento del
patrimonio y que no fuera justificado por el disciplinado. No era necesario
demostrar el nexo causal entre el incremento y el ejercicio del empleo público ni
tampoco la prueba de la ilicitud de los ingresos. En ese orden, bastaba con probar
el incremento a través de cualquier medio de convicción y su falta de justificación.

14.3. En el caso concreto, con fundamento en el informe técnico que elaboró la
DNIE se profirió el pliego de cargos y se determinó un incremento del patrimonio
del disciplinado y de su grupo familiar [conformado por su cónyuge Lizeth Andrea
Rena Bulla y sus hijos Venza Forero Arévalo y Juan Esteban Forero Sánchez]
por $951.396.000. Por lo tanto, su conducta se subsumió en el tipo disciplinario
previsto en el artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior, por lo siguiente:

14.4. El disciplinado en la versión libre aseveró que su principal fuente de ingresos
era la empresa Manufacturas Cimitarra Ltda. Sin embargo, en el informe que la
DNIE presentó [no indicó si se refería al del 7 de diciembre de 2018 o al del 28
de diciembre de 2020] se señaló que las pruebas financieras y contables
allegadas por el disciplinado «[...] contienen inconsistencias que impiden aseverar
que los documentos y libros contables se llevaron conforme las pautas o normas
aceptadas y vigentes para la época de los hechos y, por tanto, que la información allí
contenida no es confiable [...]». [Citó los artículos 19 del Código de Comercio, 3 de

17
Referencias contenidas la decisión disciplinaria sin más datos.

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la Ley 1314 de 2009, 4 del Decreto 2649 de 1993].

14.5. Las declaraciones que rindieron Delio Villamil Florián, Jonatan Adrián Henao
Álvarez y Nancy Yasmin Galvis Garzón, quienes prestaron los servicios al
disciplinado en su empresa como contadores y revisores fiscales, concordaron
en que hasta el año 2018 su contabilidad y la de la empresa Manufacturas
Cimitarra Ltda. presentaron falencias que ameritaron la contratación de una
auditoría externa y la restructuración de los registros contables desde 2013 a
2018 para normalizar las obligaciones tributarias en el 2019. De igual manera,
que la empresa le prestó con frecuencia dinero al disciplinado y que este le alquiló
el servicio de transporte. No obstante, una vez se depuró la contabilidad las
falencias continuaron.

14.6. La DNIE rindió informe el 28 de diciembre de 2020 y en él se refirió al
elaborado por la empresa Investigaciones & Asociados S.A.S. y sus respectivos
soportes. En aquel no se indicó que «[...] el procesado y su grupo familiar tuvieron
más ingresos que gastos durante los años objeto de reproche [...]» como lo aseveró
el disciplinado. Por el contrario, la DNIE concluyó que este último informe no era
fiable porque los ingresos descritos en el Anexo 27 no coincidieron con los
certificados y declarados ante la DIAN. Fue este examen el que se hizo en
primera instancia, y no significó el cambio de cargos en el fallo y la vulneración
del principio de congruencia.

14.7. Para la configuración de la falta disciplinaria no era necesario determinar que
el origen de los ingresos de Walfrando Forero Bejarano fuera ilícito.

14.8. Eldisciplinado alegó que sus ingresos tuvieron origen en la empresa
Manufacturas en Madera Cimitarra Ltda y que con el informe de la empresa
Investigaciones Estratégicas & Asociados S.A.S. justificó que con ellos podía
sufragar sus gastos. No obstante, además de la diferencia de esta información
con la reportada a la DIAN, la empresa aludida no certificó que hubiese entregado
recursos al disciplinado por los años 2016 y 2017 pese a que la DNIE lo pidió en
oficio del 30 de noviembre de 2018 y se realizó visita a sus instalaciones el 11 de
diciembre de ese año, y tampoco probó el adecuado cumplimiento de sus libros
contables.

14.9. Alo expuesto se sumó que la empresa Investigaciones Estratégicas &
Asociados S.A.S. indicó en el informe las empresas en las que el disciplinado era
accionista, pero no que tal participación hubiese reportado dividendos o
ganancias durante el periodo de reporte.

14.10. La empresa Investigaciones & Asociados S.A.S aseveró en su informe que
los ingresos de Walfrando Forero Bejarano procedieron de rentas laborales,
préstamos y pagos por arrendamiento y servicios de transporte hechos por la
empresa Manufacturas en Madera Cimitarra Ltda.; no obstante, esos datos no
eran confiables, pese a que el revisor fiscal de esta última los certificó.

14.11. Elloporque los comprobantes de pago de 2016 no tenían un orden
consecutivo; el valor de los préstamos del 2018 certificado por el revisor no
coincidió con el que indicó la firma aludida; faltó identificar el método de pago de
los préstamos; en el libro contable no existió un orden cronológico de estos y se

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registraron pagos no tenidos en cuenta como ingresos por el revisor fiscal; y los
pagos por arrendamientos y transportes no coincidieron con lo registrado en el
libro auxiliar contable.

14.12. Por lo anterior, el informe de la empresa Investigaciones Estratégicas &
Asociados S.A.S y los documentos que lo soportaron no eran creíbles y tampoco
la certificación que suscribió el revisor fiscal porque presentaron inconsistencias
entre sí y omitieron información. Frente a los bienes muebles e inmuebles,
aunque reportó un lote en Guamal (Meta) y un vehículo, no los valoró, lo que
incidió en el cálculo de patrimonio de Walfrando Forero Bejarano.

14.13. Los ingresos reportados por Lizeth Reina Bulla [«esposa» del disciplinado]:
según lo informó la DNIE [no identificó la fecha pese a que existen dos informes]
no tenía fuente de ingreso reportada ni bienes registrados. Sin embargo, sus
productos financieros denotaron que manejó un flujo de dinero superior a sus
ingresos y que tuvo incrementos por justificar por los años 2016 a 2018 por valor
de $122.974.000, pues únicamente se acreditó que su madre, Gladys Bulla
Rojas, le concedió el pago mensual de un arrendamiento de un apartamento
desde marzo de 2018. Por los años 2016 y 2017 no se aportó soporte de ello.
Los principales ingresos que obtuvo por estos años fueron girados por Walfrando
Forero Bejarano.

14.14. Los ingresos y egresos de Vanesa Forero Arévalo: de acuerdo con «los
informes de la DNIE» reportaron que entre 2016 y 2018 su mayor fuente de
ingresos fue las divisas que le transfirió su madre y honorarios por contratos de
prestación de servicio. No obstante, una vez revisados sus extractos bancarios
se encontraron consignaciones locales en efectivo y por «montos significativos»
que no tuvieron soporte. Asimismo, se encontró que la empresa Investigaciones
Estratégicas & Asociados S.A.S no incluyó en su informe que tenía a su nombre
un lote, un vehículo y una motocicleta.

14.15. Los ingresos de Juan Esteban Forero Sánchez: todos tuvieron fuente en el
disciplinado. Empero, el informe de la DNIE [no identificó cuál] señaló que sus
gastos eran superiores a los que reseñó la empresa Investigaciones Estratégicas
& Asociados S.A.S.

14.16. La DNIE concluyó al examinar el informe técnico hecho por la empresa
Investigaciones Estratégicas & Asociados S.A.S que «persist[ian]
inconsistencias» en cuanto a los ingresos certificados y declarados ante la DIAN
por el disciplinado, los bienes certificados por Vanesa Forero Arévalo y los gastos
certificados por Juan Esteban Forero Sánchez.

15. Ilicitud sustancial del primer cargo:

15.1. Comoquiera que se demostró que Walfrando Forero Bejarano cuando se
desempeñó como alcalde de Tocancipá (Cundinamarca) incrementó su
patrimonio sin justificación, se afectó la función pública, específicamente por
desatender el deber de actuar con transparencia. Por ende, desconoció el
principio de la moralidad administrativa, por cuanto ha sido un deber de todo
servidor público explicar el monto de sus bienes y rentas.

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16. Factor subjetivo de responsabilidad del primer cargo:

16.1. La primera instancia fundamentó que el comportamiento del disciplinado fue
a título de dolo. En primer lugar, porque se acreditó que entregaba, de manera
voluntaria y consciente, a su «esposa» e hijos montos mensuales de
manutención y estos también tenían otras fuentes de ingresos que no justificaron.
Tal conocimiento también se reflejó en las transferencias hechas con la empresa
Manufactura Cimitarra Ltda sin soporte. A ello se sumó que por haber sido
servidor público de elección popular con anterioridad [concejal por el periodo
2001-2002 y 2004- 2007 y alcalde del 2008 al 2011] conocía su deber de informar
sobre su patrimonio. No obstante, lo desconoció al obtener ingresos y realizar
gastos por los años 2016 a 2018 que no pudo justificar.

16.2. El disciplinado al tener una experiencia como comerciante por más de 20
años sabía que era su deber mantener registros contables de sus transacciones
y negocios. Pese a la existencia de tal obligación no lo hizo.

17. Análisis del segundo cargo. Tipicidad:

17.1. No era cierto que el disciplinado hubiese omitido presentar la declaración de
bienes y rentas en el año 2016, puesto que si bien en la visita a la alcaldía de
Tocancipá se encontró que el reporte saltaba del año 2015 al 2017 no se tuvo en
cuenta que el presentado en este último fue una actualización de lo declarado en
primero que se hizo al momento de posesionarse, tal como lo ordenó el artículo
13 de la Ley 190 de 1995 y lo desarrolló el artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de
2015. Esta normativa exigía que tal actualización se hiciera a través del Sistema
de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP), por lo que no encontrar
copia física del reporte no significaba que no se hubiese hecho.

17.2. En lo que respecta a la comisión de reportar en tal declaración de que era
accionista de la sociedad Megápolis 36Z S.A. quedó demostrado que no le
correspondía porque vendió tal participación antes de posesionarse y el valor que
le fue pagado [$600.000.000] lo reportó como parte de lo que tenía en sus
cuentas de ahorros. Además, esta información se corroboró con la declaración
de Luis Eduardo Morales, su contador entre 2001 y 2016, con la copia del
contrato privado que suscribió con Ángel Ávila de la Cruz a quién le «endosó»
las acciones; y con el contrato de «mutuo» que celebró con la empresa
Manufacturas en Madera Cimitarra Ltda para capitalizarla.

17.3. Por lo anterior, no se dieron los supuestos probatorios que exigía el artículo
142 de la Ley 734 de 2002 para declarar la responsabilidad por el segundo cargo.
Por lo tanto, procedía la aplicación del principio de in dubio pro disciplinado en
favor de Walfrando Forero Bejarano.

18. Dosificación de la sanción:

18.1. La primera instancia graduó la sanción de acuerdo con el artículo 47 de la
Ley 734 de 2002 y tuvo en cuenta el concurso de dos faltas. Como en esta
instancia al disciplinado se le absolvió por una de ellas la sanción se fijó en
destitución e inhabilidad general por 10 años y 6 meses.

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1.3. Recurso extraordinario de revisión18

19. Walfrando Forero Bejarano presentó inicialmente el recurso extraordinario de
revisión el 21 de noviembre de 202319 y lo complementó el 20 de marzo de
202420. En él solicitó revocar las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia antes resumidas.

20. Con posterioridad ajustó su escrito el 18 de diciembre de 202421, en
cumplimiento de lo que se ordenó en el auto del 4 de ese mes y año22, por el cual
se dispuso el saneamiento del proceso y su adecuación al trámite automático
ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023. El nuevo
escrito y el primero coincidieron en las pretensiones y en su argumentación casi
en su totalidad23. Las pretensiones las fundamentó en lo siguiente:

21. «[...] Falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para
imponer sanciones de destitución e inhabilidad a elegidos por voto popular […]».

21.1. El trámite del proceso disciplinario a la luz de la Ley 734 de 2002 vulneró la
CADH que estableció una protección especial a los derechos políticos, puesto
que dispuso que solo podían restringirse por sentencia de un juez.

21.2. Aunque en el fallo disciplinario se señaló que la ejecución se suspendía hasta
que se decidiera por el juez de lo contencioso-administrativo, desde la vigencia
de la Ley 734 de 2002 «[…] resulta necesario aplicar un juicio de legalidad aplicando
el bloque de constitucionalidad sobre las demás normas disciplinarias a fin de determinar
que las mismas garanticen el estándar internacional de protección […]». Por
consiguiente, el artículo 44.1 ibidem que otorgó la competencia a la PGN es
contrario al bloque de constitucionalidad y al contenido del artículo 33.10 de igual
disposición.

22. «[…] Infracción de los fallos disciplinarios por expedirse en forma irregular.
(Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la
apreciación de la prueba) […]».

22.1. En los fallos disciplinarios de primera y de segunda instancia existieron
deficiencias probatorias que constituyeron «errores de hecho por falso juicio de
raciocinio». Ello al restarle valor «demostrativo» a la prueba pericial contable
presentada por la defensa y no tener en cuenta que era distinta la realidad
económica contable y que desmintió el incremento patrimonial injustificado de las
inconsistencias tributarias encontradas en las declaraciones de renta
presentadas ante la DIAN.

22.2. Las decisiones disciplinarias concluyeron de manera contraevidente que el

18 Índices 2 y 50, Samai.
19 Índice 2, Samai.
20 Índice 15, Samai.
21 Índice 48, Samai.
22 Índice 43, Samai.
23 No obstante, en aquellos aspectos el segundo no incluyó del primero también serán objeto de

análisis y se incluirá en el respectivos antecedes en aras de garantizar el derecho de defensa del
disciplinado

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incremento patrimonial no estuvo justificado con apoyo en el informe presentado
por la DNIE que examinó el que elaboró la empresa Investigaciones Estratégicas
& Asociados, pese a que se acreditó que Walfrando Adolfo Forero Bejarano y su
grupo familiar tuvieron ingresos superiores a los gastos.

22.3. Laautoridad disciplinaria arribó a una conclusión contradictoria cuando
analizó el informe elaborado por la DNIE, puesto que las cifras demostraron que
el incremento patrimonial sí fue justificado. La valoración que se hizo del informe
aludido fue contraria a su contenido porque él dio cuenta de que los ingresos de
Walfrando Adolfo Forero Bejarano tuvieron su origen en operaciones lícitas
realizadas con la empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra Ltda. que le
permitieron tener un flujo de caja favorable con ingresos suficientes y superiores
a sus gastos.

22.4. Si a la PGN le pareció no confiable el informe que elaboró la empresa
Investigaciones Estratégicas & Asociados y también el de la DNIE, debió
desechar ambas pruebas, pero no valorar solo este último.

22.5. La PGN omitió apreciar todos los documentos que soportaron el informe
rendido por la empresa Investigaciones Estratégicas & Asociados, que
demostraron que el flujo de caja [recursos recibidos] era diferente de los ingresos
tributarios o efectivamente causados en cada vigencia y que se incluyeron en las
declaraciones de renta. Tales documentos acreditaron la realidad y origen de las
fuentes (ingresos) obtenidas por el disciplinado y su núcleo familiar durante el
periodo investigado.

22.6. La inexactitud en la declaración privada del impuesto a la renta no era
prueba del incremento patrimonial injustificado, por ende, la entidad hizo una
inadecuada valoración probatoria. La PGN confundió en su análisis el flujo de
caja de los años 2016, 2017 y 2018 que recibió de la empresa Manufacturas en
Madera Cimitarra Ltda. [incluido en los informes de la DNIE y de la empresa IEA]
con los ingresos tributarios efectivamente causados incorporados en las
declaraciones privadas por cada vigencia fiscal que ante inexactitudes podían ser
corregidas, según el Estatuto Tributario. En los informes se estudiaron las
«fuentes y usos» de los estados financieros que cotejó el origen de los recursos
y su utilización para analizar el patrimonio.

22.7. Las fuentes de ingresos del disciplinado se podían encontrar en el Anexo 27
del informe de la empresa IEA; en la certificación que expidió el revisor fiscal de
la empresa Manufacturas en Madera Cimitarra Ltda. y en su libro auxiliar
contable; y los testimonios de los contadores públicos Delio Villamil Florián,
Jonathan Adrián Henao Álvarez, Nancy Yasmin Galvis Garzón y Luis Eduardo
Morales Henao; pruebas con las que se acreditó el pago a aquel de
arrendamientos, prestación del servicio de transporte y créditos por $
2.644.064.532.

22.8. Los documentos contables referidos demostraron que «[...] el flujo de efectivo
fue superior a los ingresos efectivamente causados, toda vez que, por la dinámica de la
relación que el investigado t[enía] con su empresa, se presentaban saldos pendientes
por pagar de años anteriores [...]» por lo que los ingresos tributarios no podían
coincidir con los recursos efectivamente entregados. (Se citó el libro auxiliar de

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la empresa Manufacturas en Madera Cimitarra para determinar los préstamos y
pagos que se hicieron al disciplinado).

22.9. La PGN desconoció el contenido de las declaraciones de renta presentadas
por los años fiscales 2016 y 2017 y sus anexos al concluir que el disciplinado no
había reportado los préstamos que la empresa Manufacturas en Madera
Cimitarra Ltda. le concedió; no obstante, sí estaban incluidos en los renglones 31
y 30 de cada declaración, respectivamente.

22.10. Los ingresos tributarios, los créditos que se incluyeron en las declaraciones
de renta de los años 2016 y 2017 por el disciplinado, y los ingresos que tuvieron
los demás miembros de su grupo familiar de fuentes diferentes de aquel se
justificó el incremento patrimonial fijado por la PGN en $951.396.000.

22.11. Los ingresos de Vanesa Forero y Lizeth Reina fueron acreditados con los
extractos bancarios, los comprobantes de créditos, contratos de prestación de
servicios, arrendamientos, transferencias hechas por Mabel Arévalo Rodríguez y
Gladys Lucila Bulla Rojas, madres de la primera y segunda respectivamente.
Sobre esta última debía dársele credibilidad a su testimonio porque demostró que
tenía la capacidad económica para hacer las transferencias.

22.12. Todo lo anterior y el material probatorio recopilado dejó claro que Walfrando
Adolfo Forero Bejarano «cumplió con su deber de explicar y justificar las fuentes y
usos que obtuvo durante el periodo censurado por la procuraduría, lo que desvirtúa las
conclusiones de sus fallos».

23. «[…] Violación al debido proceso: nulidad originada en el curso del proceso
disciplinario por falso juicio de existencia de prueba en su modalidad negativa
[…]».

23.1. El trámite disciplinario estuvo viciado de nulidad por las causales previstas
en los numerales 1 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002 porque la PGN lo
tramitó sin competencia al ser autoridad administrativa que no podía emitir
sanciones de este tipo por expresa prohibición del artículo 23.2 de la CADH.
También la entidad omitió valorar todas las pruebas, específicamente la decisión
que la Fiscalía General de la Nación profirió para archivar la investigación en
contra del Walfrando Adolfo Forero Bejarano por enriquecimiento «injustificado»,
prueba que hubiese cambiado la decisión.

23.2. La PGN vulneró el debido proceso por realizar una «indebida estructuración de
la ilicitud sustancial», toda vez que la sustentó en el desconocimiento del principio
de moralidad y no tuvo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado al definirlo lo distanció del principio de legalidad.

23.3. En consecuencia, «[...] para que se pueda conculcar el principio de la moralidad
administrativa, es necesario no solamente demostrar una supuesta ilegalidad de la
conducta, sino que con dicha conducta ilegal se cometió un acto de corrupción, pues
sólo de esta manera se afecta gravemente los valores y principios del Estado y de la
función pública [...]» [sic]. Es así, porque la vulneración del principio de moralidad
el servidor público debió actuar para satisfacer sus intereses personales. En el
caso, el cargo del incremento patrimonial no se fundó en actos de corrupción,

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luego no se vulneró el deber funcional al no transgredirse tal principio.

23.4. En cuanto a la falta de presentación de la declaración juramentada de bienes
y rentas por el año fiscal 2016, en el fallo disciplinario no se indicó el principio de
la función pública que se quebrantó.

23.5. La autoridad disciplinaria actuó en contravía del debido proceso al omitir la
aplicación del principio de favorabilidad cuando decidió si la conducta se cometió
a título de dolo. En este punto, debió acudir al artículo 28 del nuevo Código
Disciplinario. Además, la entidad cuando argumentó que el comportamiento fue
doloso se limitó a señalar que lo fue porque el disciplinado conocía sus funciones
y que las vulneró voluntariamente sin apoyarse en algún medio probatorio para
sustentar tal aseveración.

24. «[…] Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de
Estado se modifique favorablemente el criterio en el que se fundamentó la
decisión recurrida […]».

24.1. Las decisiones disciplinarias desconocieron el precedente jurisprudencial
que fijó el Consejo de Estado en el que planteó la inconvencionalidad del artículo
44.1 de la Ley 734 de 2002 debido a la falta de competencia de la PGN para
restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos popularmente.

1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión24

25. La Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad del recurso
extraordinario de revisión con fundamento en los siguientes argumentos:

25.1. (i) Sobre el cargo denominado violación directa de la ley sustancial

25.1.1. En la sentencia C-028 de 2008, la Corte Constitucional efectuó el control
de constitucionalidad del artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 y lo declaró
exequible al encontrar la facultad de la PGN de investigar y sancionar con
inhabilidad y destitución a servidores públicos de elección popular acorde con la
Carta Política y con el artículo 23.2 de la CADH. Este criterio se ratificó en las
sentencias SU-712 de 2013, C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018,
C-086 de 2019, C111 de 2019, y C-325 de 2021.

25.1.2. Con la expedición de la Ley 2094 de 2021 se cumplió con el mandato que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos impartió en la sentencia del caso
Petro Urrego vs. Colombia. La providencia ordenó ajustar el ordenamiento
jurídico interno en materia de sanciones disciplinarias de funcionarios de elección
popular, para garantizar su debido proceso y que la decisión definitiva la profiriera
un juez, de suerte que fuera compatible con lo dispuesto en el artículo 23.2. de
la CADH.

25.1.3. La Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 reiteró su postura
sobre lo señalado en el párrafo anterior, pero indicó que las sanciones de
inhabilidad, destitución y suspensión de funcionarios elegidos democráticamente,

24 Índices 27 y 57, Samai.

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en ejercicio de su cargo, debía tener intervención judicial.

25.1.4. La actuación dentro del trámite disciplinario acogió la postura normativa y
jurisprudencial expuesta, por lo que no ocurrió la violación de la ley alegada.

25.2. (ii) Respecto del cargo de violación indirecta de la ley sustancial por error de
hecho o derecho en la apreciación de la prueba:

25.2.1. La prueba pericial que se aportó al proceso por parte de la defensa [informe
de la firma Investigaciones & Asociados S.A.S] contenía inconsistencias
detectadas por la DNIE en sus informes del 18 de enero de 2019 y 28 de
diciembre de 2020, fundamentados en soportes y documentos contables que
hicieron que el primero no fuera confiable. Entre ellas se encontró la falta de
coherencia con los ingresos declarados por el disciplinado ante la DIAN, de orden
cronológico de los comprobantes de egreso de los préstamos, que el valor de
estos no coincidió entre lo certificado por el revisor fiscal y lo indicado en el
informe, y que no se determinó el método de entrega del préstamo.

25.2.2. Por lo anterior, la prueba aludida no justificó el patrimonio de Walfrando
Adolfo Forero Bejarano y el de su núcleo familiar. Por el contrario, reveló
inconsistencias en las declaraciones de renta del disciplinado, en el reporte de
ingresos de su esposa y los ingresos y bienes de sus dos hijos.

25.3. (iii)
Acerca del cargo de nulidad originada en el curso del proceso
disciplinario:

25.3.1. La PGN reiteró los argumentos expuestos para defenderse del primer cargo
del recurso denominado «violación directa de la ley sustancial». Así, hizo un
recuento de la jurisprudencia de las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional en la que analizó las competencias disciplinarias de la PGN para
imponer sanciones a los servidores públicos elegidos por voto popular en las que
abordó el cumplimiento del artículo 23.2 de la CADH.

25.4. (iv) Sobre el cargo denominado «[c]uando por precedente de la Corte
Constitucional o del Consejo de Estado se modifique favorablemente el criterio en el que
se fundamentó la decisión recurrida […]»:

25.4.1. El fallo disciplinario de segunda instancia se profirió el 9 de noviembre de
2023, esto es, después de que la Corte Constitucional dictara la sentencia C-030
de 2023. Aunque el disciplinado alegó que la decisión desconoció el precedente
jurisprudencial que el Consejo de Estado estableció en los casos de Eduardo
Carlos Merlano, Juan Carlos Abadía Campo y Cielo González Villa, lo cierto fue
que la decisión se amparó en la sentencia referida que hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional con efectos erga omnes. Además, la Corte Constitucional
definió una línea jurisprudencial pacífica que respaldó la constitucionalidad de la
competencia de la PGN para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los
servidores públicos de elección popular.

25.5. (v) Legalidad de los actos proferidos por la PGN:

25.5.1. En el proceso disciplinario se respetó el debido proceso del disciplinado. En

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ese orden, se dio aplicación a las reglas de legitimación, representación,
notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e instancias que
correspondían y aquel tuvo la oportunidad de ejercer su defensa y solicitar
pruebas. Asimismo, los fallos disciplinarios fueron debidamente motivados con
argumentos jurídicos y probatorios que surgieron del expediente, con el
respectivo análisis probatorio y de la tipificación de las conductas.

1.5. Alegatos de conclusión

26. Por auto del 14 de julio de 202525 se corrió traslado para que las partes
presentaran alegatos de conclusión, oportunidad en la cual intervinieron las
partes.

1.5.1. Disciplinado26

27. El apoderado del disciplinado hizo un recuento de las actuaciones adelantadas
en el presente trámite, así como de los argumentos con base en los cuales la
PGN lo declaró responsable por el incremento injustificado de su patrimonio y el
de su grupo familiar y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general.
Seguidamente, expuso que los actos objeto de revisión, estaban viciados de
nulidad por lo siguiente:

27.1. Los actos sancionatorios fueron falsamente motivados. En efecto, en el
recurso de apelación contra la decisión de primer grado se explicó:

27.1.1. El informe de la DNIE reveló que los ingresos de Walfrando Adolfo Forero
Bejarano provenían de Manufacturas Cimitarra Ltda. y que siempre hubo « flujo
de caja favorable». Esta situación demostraba que el investigado siembre contó
con liquidez para soportar su patrimonio.

27.1.2. Sila decisión de primera instancia determinó que el informe de
Investigaciones Estratégicas & Asociados aportado por la defensa no era
confiable por la presunta diferencia respecto de la declaración de renta, la
autoridad debió descartar su valoración por completo, en lugar de omitir el
análisis de todos los documentos que le sirvieron como soporte y otras pruebas
que desvirtuaban el incremento injustificado.

27.1.3. La supuesta falta de coherencia entre los ingresos y las declaraciones de
la DIAN era contraevidente al «confundir el flujo de caja con los ingresos tributarios».
En este caso, los informes de la DNIE y la firma privada se referían al flujo
[recursos recibidos], mientras que las declaraciones de renta correspondían a los
«ingresos causados».

27.1.4. No se tuvo en cuenta que el disciplinado recibió la suma de $2,644,064,532,
por los arrendamientos, prestación de servicio de transporte y créditos de
Manufacturas Cimitarra Ltda. Ello se podía corroborar con testimonios, además,
sí fueron reportados en las declaraciones de renta, de manera que no había
diferencia entre lo recibido y lo declarado.

25 Índice 128 de Samai.
26 Índice 133 de Samai.

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27.2. Por su parte, el acto de segunda instancia confirmó la decisión con
fundamento en 8 inconsistencias detectadas en el dictamen pericial que fueron
desvirtuadas por la analista forense Luz Esther Infante Durán, en el trámite de la
revisión de las decisiones sancionatorias, así:

27.2.1. Inconsistencia cronológica en comprobantes de egreso. Por ejemplo, el
comprobante 7778 señalaba como fecha el 14 de abril de 2016, en realidad
correspondía al 29 de julio de 2016 (7708); pero, a pesar de los « saltos en la
numeración» o «intervalos», los documentos eran «fidedignos» para respaldar la
información en un análisis forense. En este sentido, las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), que también aplicaban, permitían registrar
hechos económicos en los periodos correspondientes, no necesariamente con
un consecutivo estricto, mientras que el Decreto 2649 de 1993 citado por la PGN
no era suficiente.

27.2.2. Discrepancia en el valor total de los préstamos. Según la Procuraduría, el
valor total de los préstamos para el año 2018 ($300.500.000) no coincidió con lo
señalado en el informe de Investigaciones Estratégicas & Asociados S.A.S.
($300.000.000) ni con lo certificado por el revisor fiscal. La analista forense señaló
que la PGN analizó un recibo de caja, para incluirlo dentro de la relación de
soportes de préstamos realizados al investigado (egreso), cuando en realidad se
trataba de un recibo de ingreso, puesto que este documento no fue identificado
en el libro auxiliar ni en lo certificado por Manufacturas en Maderas Cimitarra ni
en los soportes allegados.

27.2.3. Falta de identificación del método de giro o entrega de préstamos. La
entidad sostuvo que en los comprobantes de egreso que soportaban el informe
de la defensa, no se identificó el método por el cual se realizó el giro o la entrega
de los préstamos al procesado. Sin embargo, la testigo forense aclaró que los
libros auxiliares sí identificaban los medios de pago como « caja» (efectivo), que
los comprobantes de egreso indicaban la partida contable y el número de cuenta,
y reiteró que el pago en efectivo era un método válido y que no se veía reflejado
en extractos o certificados bancarios.

27.2.4. Ausencia de soportes para la forma de entrega de préstamos. La autoridad
disciplinaria advirtió que no se observó ningún soporte (como extractos,
certificados bancarios o relación de cheques) que acreditara la forma o método
utilizado para entregar los préstamos al investigado. Según la experta forense
estos documentos no podían exigirse porque los pagos se hicieron en efectivo
de manera que no se verían reflejados en tales extractos bancarios.

27.2.5. Intervalos en el orden consecutivo de documentos auxiliares. Según la PGN
al consultar el orden de los registros en el libro auxiliar, se observaron intervalos,
lo que indicaba una falta de orden estricto y consecutivo. Para la testigo experta,
de acuerdo con las NIIF y para el estudio de las «fuentes y usos», esta situación
no implicaba que la información no fuera veraz, además que era atribuible a un
proceso de contabilidad de la empresa y no al disciplinado.

27.2.6. Pagos no tomados en cuenta como ingresos. En los actos controvertidos
los «otros» pagos que fueron clasificados como «varios» en el libro auxiliar de
Manufacturas en Maderas Cimitarra no fueron tenidos en cuenta como ingresos

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23

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en el informe de Investigaciones & Asociados S.A.S. ni certificados por el revisor
fiscal. Sobre el tema, la analista forense aclaró que algunas operaciones se
desagregaban en varias cuentas contables, y que si bien existían « gastos varios»
estos estaban identificados y con sus respectivos soportes, con lo que hizo una
distinción entre los gastos asociados a la empresa y los de Walfrando Adolfo
Forero Bejarano.

27.2.7. Inconsistencias en pagos por arrendamientos y transporte. La PGN afirmó
que los pagos que recibió el procesado por arrendamientos y transportes también
presentaron inconsistencias. Para el efecto, citó un comprobante de egreso que
no aparecía en el libro auxiliar, y la existencia de dos comprobantes con el mismo
número por conceptos diferentes. Además, que hacía falta el número de cheque
y el banco emisor para un pago específico. Sobre este aspecto, la experta puso
de presente que existía una contradicción porque se trataba de anexos que sí se
allegaron.

27.2.8. Omisión en la valoración de bienes muebles e inmuebles sujetos a registro.
Para el órgano de control, el informe de la defensa no valoró algunos bienes
inmuebles e inmuebles sujetos a registro, como un vehículo y un lote en Guamal
(Meta), en el patrimonio de Vaneza Forero Arévalo. Con ello se afectó el cálculo
del patrimonio del disciplinado y su grupo familiar. La experta forense precisó que
el estudio de «fuentes y usos» se enfocaba en si se adquirieron bienes durante el
periodo investigado (2016-2018), y los bienes mencionados no fueron comprados
en ese periodo, por lo tanto, no afectaban el análisis para el lapso objeto de
estudio.

27.3. Aunque los anteriores argumentos eran suficientes para anular las
decisiones cuestionadas, la metodología implementada por la entidad para
derivar la responsabilidad disciplinaria también demostraba su falsa motivación.
Esto por cuanto la PGN se limitó a confrontar los ingresos reportados por el
disciplinado en sus declaraciones de renta frente a los usos e ingresos
identificados y trató como «ingreso omitido» todo recurso adicional identificado en
sus cuentas o soportes financieros, sin considerar que muchos de ellos
constituían fuentes legítimas no gravables, como los préstamos otorgados por su
empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra Ltda. o productos de venta de
activos (acciones, maquinaria), los cuales no constituían ingreso tributario, sino
sustitución patrimonial o endeudamiento.

27.4. Sin embargo, para determinar si el incremento del patrimonio era justificado
o no, los testimonios practicados y el dictamen pericial efectuado por el contador
Óscar Guillermo Vergara Gómez y el experto José de Jesús Guevara Espinel
presentado en el trámite del presente recurso de revisión permitían dilucidar que
debían aplicarse, de manera complementaria, las metodologías de aceptación
técnica general: (i) la comparación patrimonial, prevista en los artículos 236 y 237
del Estatuto Tributario; y (ii) el análisis de fuentes y usos, derivado de las Normas
Internacionales de Auditoría – NIAs, así como de los principios contables
generalmente aceptados y de la doctrina especializada en auditoría forense.

27.5. De acuerdo con tales metodologías se podía determinar que los préstamos
efectuados por la empresa Manufacturas de Madera Cimitarra Ltda., eran una
fuente, pero no correspondían a un uso en la declaración de renta y mucho

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menos un ingreso para efectos fiscales.

27.6. Otro error en el que incurrió el informe Técnico Científico de la Procuraduría
General de la Nación fue no haber tenido en cuenta las correcciones de las
declaraciones de renta presentadas por el investigado ante la DIAN. Para
asegurar con certeza la existencia de un incremento patrimonial injustificado, era
indispensable contar con un estado de situación financiera o balance general por
cada año o periodo fiscal investigado, toda vez que este documento identificaba
y cuantificaba los activos, pasivos y el patrimonio, por lo que ofrecía «una
fotografía de la situación financiera».

27.7. Con esta falencia, la autoridad disciplinaria incurrió en «falso juicio de
raciocinio» al confundir la realidad económica contable con las posibles
inconsistencias tributarias derivadas de las declaraciones de renta presentadas
ante la DIAN.

27.8. Por todo lo anterior, era procedente la revocatoria de las decisiones
disciplinarias sancionatorias en la medida en que se acreditó que la conducta de
Walfrando Adolfo Forero Bejarano fue atípica, por cuanto el «hecho atribuido no
existió».

1.5.2. Procuraduría General de la Nación27

28. La entidad intervino para reiterar las razones por las cuales la PGN era
competente para sancionar a servidores públicos de elección popular; la
conformidad de los actos sancionatorios con las ritualidades disciplinarias; y
respecto de la valoración probatoria en el presente asunto expuso:

28.1. No tenía vocación de prosperidad la causal de revisión sustentada en que, la
decisión de segunda instancia presentó un error en la valoración de las pruebas,
al restar credibilidad a una prueba pericial contable aportada por la defensa.

28.2. Sobre la presunta confusión de aspectos contables con eventuales
inconsistencias tributarias en las declaraciones de renta de Walfrando Adolfo
Forero Bejarano ante la DIAN que dio lugar a un «falso juicio de raciocinio», ya que
la pericia demostró que no existió un aumento injustificado del patrimonio del
disciplinado ni de su familia, se debía considerar lo siguiente:

28.2.1. La
PGN desestimó correctamente el informe presentado por la firma
Investigaciones & Asociados S.A.S. pues no era consistente con los ingresos
reportados ante la DIAN y presentaba cifras poco confiables.

28.2.2. Los profesionales de la DNIE evaluaron minuciosamente el informe e
identificaron diversas inconsistencias, tales como: la falta de orden cronológico
en los comprobantes de egreso de 2016, con incumplimiento del artículo 124 del
Decreto 2649 de 1993; desajustes en el valor total de los préstamos reportados
en 2018 entre lo indicado en el informe, lo certificado por el revisor fiscal y los
documentos contables; ausencia de evidencia del método de desembolso de los

27 Índice 134 de Samai.

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préstamos; y desorden en los libros auxiliares contables, sin una secuencia
numérica clara.

28.2.3. Portanto, el análisis del informe por parte de la DNIE se basó en
documentación contable real que mostró irregularidades patrimoniales no
justificadas y el informe presentado por la defensa no logró justificar el patrimonio
del investigado y el de su familia. Por el contrario, el documento reveló
inconsistencias en las declaraciones de renta del investigado, los ingresos de su
esposa y los bienes de sus hijos, como lo indicó la decisión de segunda instancia.

28.3. En esas condiciones, los actos disciplinarios valoraron integralmente las
pruebas, las cuales fueron suficientes para confirmar los cargos imputados y
concluir con certeza que el disciplinado incurrió en la conducta descrita en el
artículo 48 numeral 3 de la Ley 734 de 2002, ya que los servidores públicos tenían
la obligación de justificar el incremento de su patrimonio.

28.4. En relación con la falta de valoración de la decisión de archivo proferida por
la Fiscalía General de la Nación, se debía tener en cuenta que los artículos 2 de
la Ley 734 de 2002 y 2 de la Ley 1952 de 2019 previeron que la acción
disciplinaria era independiente de cualquier otra que pudiera surgir de la comisión
de la falta. En consecuencia, la absolución o falta de «encauzamiento penal» no
implicaban la ausencia de responsabilidad disciplinaria. En todo caso, de acuerdo
con la prueba aportada a este proceso, se podía constatar que la investigación
en contra de Walfrando Adolfo Forero Bejarano fue desarchivada y se encontraba
en indagación.

28.5. Por otra parte, el dictamen emitido por la Sociedad de Contadores el 12 de
mayo de 2025 no cumplió con estándares mínimos requeridos en materia
contable y tributaria, por la falta de documentación soporte y las inconsistencias
respecto de las otras pruebas periciales allegadas por la defensa, lo cual hacía
que sus conclusiones no fueran confiables, por lo siguiente:

28.5.1. El referido dictamen indicó que los préstamos otorgados por la empresa
Manufacturas en Maderas Cimitarra al investigado durante los años 2016, 2017
y 2018 constituían fuentes de financiación. No obstante, en los documentos
contables y financieros entregados a la «Sociedad de Investigaciones Estratégicas»
para el informe elaborado el 18 de septiembre de 2019, se encontraron registros
contables de tales préstamos, pero no se aportaron pruebas documentales que
respaldaran efectivamente dichas transacciones.

28.5.2. En la página 16, el informe indicó: «[l]a sociedad Manufacturas en Maderas
Cimitarra Ltda. realizó préstamos al señor Walfrando Forero así: según certificado de
septiembre de 2009, se efectuaron préstamos como socio en el año 2016 por
$500.000.000, en 2017 por $300.000.000 y en 2018 por $300.000.000, sumando
$1.100.000.000». Sin embargo, la certificación citada tenía fecha anterior a la de
los préstamos, por lo que había una incongruencia evidente y generaba dudas
sobre la autenticidad del documento y la veracidad del dictamen.

28.5.3. El informe, en el numeral 4.3.3. detalló los pasivos del disciplinado, pero al
comparar esa información con lo reportado en las declaraciones de renta, se
observaban discrepancias.

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28.6. Con fundamento en lo expuesto, era procedente declarar infundado el
recurso de revisión.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

29. La Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 238B de la Ley 1952 de
2019 que estableció que «[l]as Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado
conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda
instancia o de doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las
Salas de Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones
producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación […]»
y 107 del CPACA.

2.2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión previsto en los
artículos 238A a 238G de la Ley 1952 de 2019

30. A través de la Ley 1952 de 2019 se expidió el Código General Disciplinario 28,
con el cual se derogó la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474
de 2011. En la norma se estableció que su entrada en vigor sería 4 meses
después de su promulgación [28 de mayo de 2019] y algunas normas de
procedimiento 18 meses después [28 de julio de 2020]29. No obstante, la Ley
1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, difirió la vigencia del nuevo estatuto
disciplinario a partir del 1 de julio de 2021.

31. La aplicación del CGD se vio afectada por la sentencia que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dictó en el caso Petro Urrego vs Colombia
el 8 de julio de 2020, en la que declaró responsable al Estado colombiano por la
violación de los artículos 8.1, 8.2 y 23.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos [CADH] por la sanción de destitución e inhabilidad que impuso la
Procuraduría General de la Nación al entonces alcalde mayor de Bogotá D.C.

32. En el caso aludido, la Corte consideró que una «autoridad administrativa» no
podía imponer una sanción que restringiera los derechos políticos de los
servidores públicos elegidos democráticamente señalados en el artículo 23.2 de
la CADH, pues esto solo podía hacerlo un juez competente mediante sentencia.
En ese sentido, ordenó al Estado colombiano en aplicación «del artículo 2 de la
Convención»30, que adecuara «[...] en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico
interno a los parámetros establecidos en [esa] Sentencia [...]».

33. A raíz de lo anterior, con el fin de cumplir el fallo se expidió la Ley 2094 de
2021 con la que se reformó la Ley 1952 de 2019. La nueva disposición:

28 En adelante CGD.
29 Los artículo 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,

222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254.
30 Que contempla el deber general de los Estados Parte de adecuar su derecho interno a las

disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados.

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33.1. (i) dividió las etapas de investigación y de juzgamiento en los procesos
disciplinarios;

33.2. (ii)
otorgó facultades «jurisdiccionales» disciplinarias a la Procuraduría
General de la Nación para juzgar y sancionar con suspensión, destitución e
inhabilidad a los servidores públicos, entre ellos, los de elección popular [artículos
1, 2, 13, 16, 17, 54, 73 y 74]; y

33.3. (iii) creó el recurso extraordinario de revisión como un mecanismo judicial
especial para controlar los fallos disciplinarios proferidos por tal entidad [artículos
54 a 60]. Tales normas establecieron su procedencia, la competencia para
conocerlo, las causales que podían invocarse, el término para interponerse, sus
requisitos, y su trámite.

34. La constitucionalidad de la función «jurisdiccional» dada a la PGN fue
demandada ante la Corte Constitucional, la que, en sentencia C-030 de 2023,
declaró inexequible las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional»
establecidas en los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021. También de
la expresión «ejecutoriadas» del artículo 54 ibidem. La Corte consideró que la
atribución de funciones jurisdiccionales a la PGN vulneró el inciso tercero del
artículo 116 de la Constitución, al desconocer los presupuestos fijados por la
carta para asignar esta competencia.

35. De este modo, las decisiones disciplinarias volvieron a tener el carácter de
actos administrativos por su naturaleza administrativa y no jurisdiccional. La
Corte precisó que la imposición definitiva de las sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad de los servidores públicos de elección popular
correspondía a los jueces, con independencia de su especialidad, de acuerdo
con el criterio adoptado en la sentencia C-146 de 2021 en la que interpretó el
artículo 23.2 de la CADH.

36. Para la Corte, la reserva judicial se justificó en la protección del principio
democrático y el derecho a la representación política que obligan a interpretar el
artículo 277.6 Constitucional armónicamente con la CADH para «[...] maximizar el
respeto por los derechos políticos [...]» de tales servidores. Bajo este criterio declaró
la exequibilidad del artículo 1 de la Ley 2094 de 2021.

37. En esa línea, indicó que tal competencia podía recaer en los jueces de lo
contencioso administrativo y no necesariamente en los penales, siempre bajo las
reglas del debido proceso. Lo anterior lo justificó al señalar que una interpretación
literal del artículo 23.2 de la CADH vulneraba el principio de «necesidad en materia
penal» según el cual este debe ser la última ratio del derecho punitivo, y también
ignoraba la gravedad de las faltas. De esta manera, consideró desproporcionado
aplicar el derecho penal para proteger bienes jurídicos de inferior jerarquía que
podían cuidarse con otras alternativas menos lesivas.

38. Enconcordancia con lo expuesto, la Corte Constitucional al examinar la
expresión «ejecutoriadas» del artículo 54 de la Ley 2094 de 2021 que creó el
recurso extraordinario de revisión para controlar los fallos disciplinarios proferidos
por la PGN, la declaró inexequible porque las decisiones de destitución,
suspensión e inhabilidad de los servidores públicos de elección popular las debía

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proferir de manera definitiva un juez de la República, específicamente,
contencioso administrativo.

39. Sin embargo, la Corte adecuó el alcance del recurso a la Carta Política y a la
CADH para mantenerlo dentro del ordenamiento jurídico y evitar un vacío
normativo ante la declaración de inexequibilidad del término «jurisdiccionales»
del artículo 1 ibidem.

40. En tal virtud, manifestó que la regulación del recurso garantizaba el debido
proceso, el derecho de defensa del disciplinado y la reserva judicial de la decisión
al suspender sus efectos hasta que un juez se pronunciara [párrafos 335 a 337
de la sentencia]. No obstante, precisó que su carácter rogado amenazaba la
intervención efectiva del juez y que las causales taxativas de procedencia
limitaban el derecho de defensa y el control integral de la decisión. Por tal razón,
moduló las consecuencias normativas del recurso de la siguiente manera:

«[...] a) El estándar de garantía constitucional exige que la intervención de juez en
la determinación e imposición de las sanciones analizadas a los servidores de
elección popular sea obligatoria y no rogada. También, debe ser ordinario y
siempre estar presente en la imposición de dichas sanciones, para que estas se
concreten en una sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de revisión
operará de manera automática e inmediata y no está supeditado a las causales
taxativas de procedencia, permitiéndosele al ciudadano disciplinado el ejercicio de
todas las actividades procesales que estime pertinentes a su defensa, tales como
presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir su contradicción, lo
cual podrá hacer dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia
disciplinaria proferida por la PGN, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley
2094 de 2021, el cual creó el artículo 238 D de la Ley 1952 de 2019. Vencido este
término, en el que el disciplinado puede ejercer de manera efectiva su derecho de
defensa y todas sus garantías procesales, la PGN deberá enviar, inmediatamente,
el proceso ante el juez de lo contencioso administrativo, quien deberá hacer un
examen integral de la actuación disciplinaria adelantada por la PGN, no solo de
corrección de legalidad.

b) Las decisiones de la PGN que se refieran a la destitución, suspensión e
inhabilidad de funcionarios de elección popular, no podrán, en ningún caso, ser
impuestas de manera definitiva sin la intervención del juez de lo contencioso
administrativo.

c) Contra la sentencia del juez de lo contencioso administrativo procederán los
recursos de ley consagrados en el CPACA. El sistema de investigación y
juzgamiento disciplinario de servidores de elección popular se complementará con
las normas que se enuncian en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019, entre las que
está el artículo 179 y siguientes del CPACA y las reglas supletivas del Código
General del Proceso. [...]»

41. De igual modo, la Corte señaló los efectos de la decisión:

«[...] solamente las actuaciones disciplinarias que hayan implicado la imposición
de sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad para servidores públicos de
elección popular, respecto de las cuales i) no hubieren transcurrido 30 días desde
su notificación, ii) en las que estuviere en trámite el recurso extraordinario de
revisión o iii) las que se adopten con posterioridad, en todos los casos, teniendo
en cuenta el día siguiente de la fecha de esta decisión (17 de febrero de 2022)
[sic], se someterán a las reglas de modulación sobre el recurso extraordinario de
revisión ante el juez contencioso administrativo. Lo anterior implica que los efectos
de la decisión que ahora adopta la Corte Constitucional no dejan sin efecto las
determinaciones que se hayan proferido hasta ahora por parte de la PGN o por las
autoridades judiciales que realizaron el control judicial de esas decisiones. [...]»

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42. El Consejo de Estado se pronunció sobre la procedencia y trámite del recurso
extraordinario de revisión previsto en los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de
2021. La Sala Plena en auto de unificación del 3 de diciembre de 202431 acogió
por completo el criterio expuesto en la sentencia C-030 de 2023 sobre su alcance.
No obstante, fijó varias reglas de unificación con el fin de llenar algunos vacíos
dejados por la legislación y la sentencia de constitucionalidad sobre la aplicación
del mecanismo judicial. Las reglas son las siguientes:

«[...] Primera regla:

Procedencia:

El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o
de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que
impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos
de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo
de elección popular al momento de la imposición de la sanción.

Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o
ejercer funciones públicas.
[...]
Segunda Regla:

Suspensión de la sanción:

La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de
revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve
el recurso de revisión.
[...]
Tercera regla:

Intervención directa del sancionado:

El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a la
notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría General de
la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su favor,
solicitar pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el procedimiento
administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o [a] través de
apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales
distintas a la legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos de
inconformidad.
[...]
Cuarta regla:

Auto que avoca conocimiento del trámite de revisión

El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca conocimiento,
el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al disciplinado. El
órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrá oponerse a los
cargos presentados por el servidor público de elección popular, en su escrito de
intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.

Quinta regla:

Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto unificación del 3 de

diciembre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2023-00871-00.

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En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción
disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.

Sexta regla:

Competencia para resolver el recurso de doble conformidad

El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas por las
Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la Sala
Especial de Decisión que siga en orden numérico.

Séptima Regla:

Control integral:

El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de
la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e
inhabilidad de servidores públicos de elección popular [...]»

43. En virtud de la última regla de unificación, corresponde a la Sala realizar un
examen integral del proceso disciplinario sujeto a la revisión automática de los
artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de 2021. Esto implica, de acuerdo con la
sentencia C-030 de 2023 y la providencia de unificación citada «[...] efectuar un
cotejo con todo el ordenamiento jurídico superior, al cual está sometida la decisión [...]».
Así las cosas, el control va más allá de los cargos expuestos por el disciplinado,
puesto que la garantía de reserva judicial comprende lo siguiente de conformidad
con el criterio unificado:

«[...] i) el análisis de la actuación administrativa sancionatoria bajo los principios
rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta y de las sanciones,
ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana,
presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia, igualdad,
derecho a la defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, motivación,
interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios e integración
normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los
convenios internacionales ratificados por Colombia y ii) la posibilidad de variar la
calificación de la falta y la imposición de la sanción, sin afectar el principio de la no
reformatio in pejus, entre otros aspectos [...]».

44. La Sala Plena definió que las reglas de unificación son vinculantes hacia el
futuro desde la ejecutoria de la decisión. En consecuencia, las sanciones que
imponga la PGN de destitución, suspensión e inhabilidad a los servidores
públicos de elección popular deben sujetarse a ellas. Asimismo, determinó que
«[...] los trámites ya iniciados, en los cuales el magistrado ponente hubiere dictado auto
admisorio o aquel que avoca conocimiento del recurso de revisión, deberán adecuarse
a estas reglas de unificación [...]».

45. Con fundamento en lo expuesto, la Sala efectuará el control judicial del fallo
disciplinario que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación expidió dentro del
proceso disciplinario con radicado IUS-E-2016-83092 / IUCD 2016-872215, en
relación con la sanción de destitución e inhabilidad general impuesta a Walfrando
Adolfo Forero Bejarano.

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3. Problemas jurídicos

46. La Sala resolverá los siguientes interrogantes previo a efectuar el control
integral del proceso disciplinario:

(i) ¿la PGN al expedir los actos disciplinarios de primera y segunda
instancia vulneró el artículo 23.2 de la CADH porque la restricción de
los derechos políticos del disciplinado solo podía decidirse en una
sentencia proferida por un juez?

47. En consideración a que el disciplinado en el recurso de apelación que presentó
contra el acto administrativo sancionatorio de primera instancia lo alegó se
deberá resolver como problema jurídico también el siguiente:

(ii) ¿en el presente caso se configuró la caducidad y la prescripción de
la acción disciplinaria?

48. En caso de resultar negativas las respuestas a los problemas jurídicos
planteados, la Sala realizará el examen integral del proceso disciplinario en los
términos ordenados en la sentencia C-030 de 2023 y en el auto de unificación
dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado del 3 de diciembre de 2024.

3.1. Vigencia de la Ley 734 de 2002. Entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019
con las modificaciones de la Ley 2094 de 2021 y normativa aplicable en el
presente caso

49. La Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario32, derogó la Ley 734 de
2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011. No obstante, su entrada
en vigor no fue inmediata y se prolongó en varias ocasiones.

50. En efecto, su artículo 265 original estableció que entraba a regir «[...] cuatro
(4) meses después de su sanción y publicación [...]» y que derogaba las normas
mencionadas. Tal artículo en su inciso segundo determinó que las normas
relativas al procedimiento regirían «[...] dieciocho (18) meses después de su
promulgación [...]» y que entretanto se aplicaría el trámite de la Ley 734 de 2002.

51. Las normas procedimentales a las que se refería la última parte de la citada
disposición eran los artículos 33, que regulaban la prescripción de la acción
disciplinaria; 101 y 102 que reglaban las competencias de las salas disciplinarias
de la PGN y del procurador general; 208 a 235 que contenían el trámite desde la
indagación preliminar hasta la decisión de la segunda instancia; y el 254 que
preveía el juzgamiento disciplinario jurisdiccional.

52. La Ley 1952 de 2019 se publicó el 28 de enero de 2019, por lo que sus
disposiciones, con excepción de las procedimentales mencionadas, comenzaban
a gobernar el proceso disciplinario desde el 28 de mayo de ese año. Las que
hacían alusión a este último aspecto lo harían desde el 28 de julio de 2020.

32 En adelante CGD.

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53. Ahora bien, el vigor de estas normas no irradiaba todos los procesos
disciplinarios, puesto que el artículo 263 ibidem original decretó que aquellos en
los que se hubiese «[...] proferido auto de apertura de investigación disciplinaria o de
citación a audiencia [...]» a su entrada en vigencia «[...] continuar[ían] tramitándose
de conformidad con las ritualidades consagradas en el procedimiento anterior [...]»; es
decir, por la Ley 734 de 2002.

54. Posteriormente, la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, publicada
el 25 de mayo de 2019 [3 días antes de que las normas no procedimentales de
la Ley 1952 de igual año entraran a operar], difirió en su artículo 140 la vigencia
del nuevo estatuto disciplinario para otra fecha, para el 1 de julio de 2021. Así
las cosas, tanto las normas procedimentales [artículos 33, 101, 102 y 208 a 235
y 254] como las que no tenían esta naturaleza entrarían a regir en la fecha
aludida.

55. Luego, la expedición de la Ley 2094 de 2021, que reformó la Ley 1952 de 2019
e introdujo otras normas al régimen disciplinario, cambió la fecha de entrada en
rigor del CGD. Así, en su artículo 73 [que modificó el 263 del CGD] estableció lo
siguiente:

«[...] ARTÍCULO 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual
quedará así:
Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente
ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma,
entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este
período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.
Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las
palabras “y la consulta” que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley
1123 de 2007.
Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas con
la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia.
PARÁGRAFO 1o. El artículo 1o de la presente Ley, relativo a las funciones
jurisdiccionales33 entrará a regir a partir de su promulgación.
PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses
(30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo
30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011
[...]».

56. Significa lo expuesto, que la Ley 2094 de 2021 y todas las normas del CGD
entraron en vigor 9 meses después de la promulgación de la primera ley [29 de
junio de 2021], es decir, el 29 de marzo de 2022. Antes de ello el proceso
disciplinario seguía gobernado por la Ley 734 de 2002. Lo anterior, salvo lo
dispuesto en el artículo 1, en el que regló la titularidad de la potestad disciplinaria
y las atribuciones de la PGN, que entró a gobernar una vez promulgada la norma.
También el artículo 7, que modificó el 33 de la Ley 1952 de 2019 [prescripción de
la acción disciplinaria], regiría 30 meses después de la promulgación de la ley,
esto es, el 29 de diciembre de 2023.

57. Así las cosas, las normas de las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 tienen
vigencia desde el 29 de marzo de 2022, con las dos excepciones expuestas.
Además, el artículo 263 de la primera ley modificado por el 71 de la segunda
dispuso lo siguiente:

33Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
sentencia C-030 de 2023.

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«[...] A ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo modificado por el
artículo 71 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> A la entrada
en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la
notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal,
continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.
En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.

PARÁGRAFO. <Parágrafo corregido por el artículo 3 del Decreto 1656 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La designación de la primera sala disciplinaria de
juzgamiento a que alude el artículo 17 de esta ley, deberá ser integrada de forma
tal que, a su entrada en vigencia, asuma inmediatamente sus competencias. El
período de esta primera sala se extenderá hasta el 17 de marzo de 2025, sin
perjuicio de su eventual prórroga [...]».

58. De esta manera, en los procesos disciplinarios que para el 29 de marzo de
2022, fecha en que entró en vigor del CGD, se hubiese notificado el pliego de
cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, el procedimiento aplicable era
el fijado en la Ley 734 de 2002.

59. En el proceso disciplinario examinado se probó que la Procuraduría Delegada
para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad formuló
pliego de cargos en contra de Walfrando Adolfo Forero Bejarano mediante auto
del 12 de junio de 201934. Ello significa que el trámite debió regirse por la Ley 734
de 2002, tal como la PGN lo aplicó.

60. Bajo esta premisa se pasará a verificar si la entidad al expedir los fallos
disciplinarios de primera y segunda instancia vulneró el artículo 23.2 de la CADH
porque restringió los derechos políticos del disciplinado.

3.2.1. Competencia de la PGN para investigar y juzgar al disciplinado

61. Walfrando Adolfo Forero Bejarano aseveró que la PGN no tenía competencia
para imponer sanciones de destitución e inhabilidad a servidores públicos de
elección popular. En su criterio, el trámite del proceso disciplinario adelantado a
la luz de la Ley 734 de 2002 vulneró la CADH que estableció una protección
especial a los derechos políticos, puesto que dispuso que solo podían restringirse
por sentencia de un juez.

62. En esa línea agregó que, aunque en el acto disciplinario se señaló que la
ejecución se suspendía hasta tanto se decidiera por el juez de lo contencioso-
administrativo «[…] resulta necesario aplicar un juicio de legalidad aplicando el bloque
de constitucionalidad sobre las demás normas disciplinarias a fin de determinar que las
mismas garanticen el estándar internacional de protección […]» [sic]. Todo lo anterior
para señalar que el artículo 44.1 ibidem que otorgó la competencia a la PGN es
contrario al bloque de constitucionalidad y al contenido del artículo 33.10 de igual
disposición.

63. Pues bien, el artículo 118 de la Constitución Política le asigna a la PGN como
deber «[...] la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas [...]». En tal virtud, en el artículo 277.6 ibidem le otorga al procurador

34 Índices 9 y 65, Samai. Folios 113 a 135 del Cuaderno 3 «Pliego de Cargos» del expediente

disciplinario, (Folios 7 y 52 del archivo PDF).

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general la siguiente función:

«[...] ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de
sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
(…)
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el
poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley [...]».

64. La Ley 734 de 2002 desarrolló el mandato constitucional aludido y en su
artículo 3 dispuso que la PGN es la titular del ejercicio preferente del poder
disciplinario que debe ejercerse en relación con los servidores públicos.

65. En lo que respecta a la función disciplinaria de la PGN relacionada con los
servidores públicos de elección popular, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que no se opone a lo previsto en el artículo 23.2 de la CADH. Tal estudio
lo realizó en dos periodos. El primero en el que avaló que la entidad los
sancionara con restricción de sus derechos políticos [destitución e inhabilidad] en
vigencia de la Ley 734 de 2002. El segundo en el que dispuso que tal sanción
solo la puede imponer de manera definitiva un juez, postura fijada luego de la
sentencia proferida por la Corte IDH en el caso Petro Urrego Vs. Colombia.

66. En el primer periodo se profirió la sentencia C-028 de 2006 que examinó la
constitucionalidad del numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 que
estableció como sanción disciplinaria la destitución e inhabilidad para acceder a
cargos públicos [norma que el disciplinado advierte inconstitucional]. En la
providencia se analizó la normativa a la luz del artículo 23 de la CADH y se indicó
que este debía ser interpretado de forma armónica con la Constitución Política
sin que se entendiera superior y de manera sistemática con los otros
instrumentos internacionales universales y regionales adoptados para la lucha
contra la corrupción.

67. Bajo esa premisa se concluyó que los estados parte podían implementar
medidas disciplinarias para proteger el erario en aras de enfrentar la corrupción
como las fijadas para los servidores públicos, incluidos los de elección popular,
en la norma que se revisaba del CDU. En la providencia se concluyó lo siguiente:

«[...] En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los
legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la
suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con
miras a combatir el fenómeno de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de
1991, tal y como lo ha considerado la Corte en diversos pronunciamientos,
tampoco se opone a la existencia de dichas sanciones disciplinarias, incluso de
carácter permanente, pero bajo el entendido de que dicha sanción de inhabilidad
se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la comisión de un delito
contra el patrimonio del Estado [...]».

68. En la sentencia SU-712 de 2013, la Corte Constitucional se refirió de manera
específica a la destitución de una servidora pública de elección popular
[congresista] por parte de la PGN y para tal efecto atendió la sentencia C-028 de
2006 que dio cuenta de la interpretación armónica y sistemática que debía primar
entre la CADH con la Carta Política. También a que aquella no limitó al legislador
para facultar a la PGN para imponer sanciones de destitución e inhabilidad a todo

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tipo de funcionarios públicos35.

69. La Corte manifestó, al examinar el mandato previsto en el artículo 23 de la
CADH y la aplicación del caso López Mendoza Vs. Venezuela, que (i) la propia
Corte IDH reconoció que las sanciones disciplinarias, al igual que las penales,
son expresión del poder punitivo del Estado y que, por lo tanto, lo que se exige
en tal proceder es el respeto del debido proceso36 y; (ii) que el caso venezolano
no es igual al colombiano, pues la constitución de ese país sí exigía una sentencia
judicial en este tipo de asuntos, mientras que la colombiana le otorgó de forma
expresa la facultad a la PGN.

70. Por lo anterior, concluyó que el artículo 23 de la CADH, más que exigir que la
sanción disciplinaria se aplique por un juez a través de una decisión judicial, lo
que requiere es que sea «[...] adoptada en el marco de un proceso administrativo,
sujeto a las garantías que se reconocen a dichas actuaciones tanto por la Constitución
como por los instrumentos internacionales que se integran a ella; y en todo caso es
susceptible de ser sometida a control judicial ante la más alta autoridad de la jurisdicción
contencioso administrativa, o excepcionalmente por el juez constitucional a través de la
acción de tutela [...]».

71. La postura examinada se ratificó en la sentencia SU-355 de 2015, en la que
se decidió la tutela presentada por quien fuera alcalde de Bogotá por una sanción
que le fue aplicada por la PGN, y en la sentencia C-086 de 2019, que estudió la
constitucionalidad de los artículos 157 de la Ley 734 de 2002 y 217 de la Ley
1952 de 2019 los cuales facultaban a la PGN a suspender provisionalmente al
servidor público de elección popular dentro del proceso disciplinario. En esta
providencia se indicó: «[...] la CADH no prohíbe a los Estados que sus ordenamientos
internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que limite los
derechos políticos de los servidores públicos de elección popular siempre que dicha
autoridad sea (i) autónoma e independiente y (ii) asegure las garantías judiciales
establecidas en su artículo 8 [...]».

72. En el segundo periodo, la jurisprudencia que la Corte Constitucional tuvo como
antecedente el pronunciamiento de la Corte IDH emitido en el caso Petro Urrego
Vs. Colombia. En tal virtud, aquella ajustó la postura jurisprudencial antedicha en
la sentencia C-146 de 2021. En esta providencia examinó la constitucionalidad
de varias normas de las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 que establecían
inhabilidades para concejales, diputados y alcaldes. Aunque la sentencia de la
Corte IDH no era un precedente aplicable de manera directa al caso por tratar
situaciones fácticas y jurídicas diferentes, la Corte consideró que era un
antecedente importante porque Colombia había sido condenada y en ella se
interpretó el contenido del artículo 23.2 de la CADH.

35 La Corte precisó que «[...] lo que hace el artículo 23 de la Convención es fijar una serie de

pautas bajo las cuales el Legislador puede regular los derechos allí señalados, pero no establece
una relación cerrada (numerus clausus) en cuanto a las eventuales restricciones que
constitucionalmente pueden ser impuestas a su ejercicio [...]».
36 Específicamente, en la sentencia se indicó lo siguiente: «[e]n todo caso, aun cuando la

Convención Americana alude a la “condena, por juez competente, en proceso penal”, debe
destacarse que la propia Corte también reconoce la posibilidad de que se adopten sanciones
administrativas y disciplinarias, las cuales son “como las penales, una expresión del poder
punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de estas”, siempre y cuando
se hayan respetado las garantías del debido proceso [...]».

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73. Por lo anterior, y luego de efectuar un análisis sobre tal sentencia, la Corte
Constitucional indicó que la ratio dicidendi que contenía se determinaba así: «[...]
las autoridades administrativas no pueden imponer sanciones que restrinjan derechos
políticos y, en particular, no tienen competencia para sancionar con destitución e
inhabilidad a funcionarios elegidos popularmente [...]».

74. Bajo esa premisa interpretó el artículo 23.2 de la CADH y concluyó que este
permitió dos formas de limitar los derechos políticos a saber: «[...] (i) que los
Estados, mediante ley, impongan limitaciones a los derechos políticos, por criterios tales
como la edad, la nacionalidad o la capacidad civil y (ii) que los jueces, con independencia
de su especialidad, impongan limitaciones a los derechos políticos, siempre que brinden
las garantías del debido proceso. Pero prohíbe que estas restricciones sean impuestas
por autoridades administrativas [...]». La última regla, de acuerdo con lo manifestado
en la sentencia, tiene como razón evitar que una autoridad administrativa restrinja
los derechos políticos al arbitrio o voluntad del gobernante de turno.

75. Como consecuencia de lo considerado en el caso Petro Urrego Vs. Colombia
y la tesis acogida en la sentencia C-146 de 2021 se adecuó la legislación interna
en el ámbito disciplinario para hacerla compatible con el artículo 23.2 de la CADH.
Por ello, se expidió la Ley 2094 de 2021, que modificó la Ley 1952 de 2019. En
la nueva normativa se previeron las etapas de investigación y de juzgamiento en
los procesos disciplinarios, se otorgaron facultades «jurisdiccionales»
disciplinarias a la PGN para juzgar y sancionar a los servidores públicos de
elección popular, y se creó el recurso extraordinario de revisión para controlar los
actos disciplinarios proferidos por tal entidad, según se expuso con antelación en
esta providencia.

76. La Ley 2094 de 2021 fue objeto de control de constitucionalidad en la
sentencia C-030 de 2023. En particular, esta providencia examinó la
constitucionalidad de los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021
[específicamente las expresiones «jurisdiccionales», «jurisdiccional» y
«ejecutoriadas»] y se retomó la tesis de la sentencia C-146 de 2021. Así se precisó
que la interpretación armónica, dialógica y sistemática del artículo 23.2 de la
CADH con la Constitución Política conlleva a que la restricción de los derechos
políticos de los servidores públicos elegidos popularmente tiene reserva judicial
y, por ende, la debe decretar un juez de la República.

77. Por lo anterior, señaló que la normativa aludida no desconocía los artículos 8
y 23.2 de la CADH siempre que se entendiera que la imposición definitiva de la
sanción correspondía al juez contencioso-administrativo. En esa medida, declaró
la exequibilidad condicionada de los artículos 1 y 54 de la ley examinada y avaló
la existencia del recurso extraordinario de revisión, pero con carácter automático,
por encontrar que garantizaba el debido proceso, el derecho de defensa del
disciplinado y la reserva judicial de la decisión al suspender sus efectos hasta
que un juez se pronunciara.

78. Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto, la facultad de la PGN para
sancionar servidores públicos de elección popular con la destitución e inhabilidad
en vigencia de la Ley 734 de 2002 tuvo siempre aval de la jurisprudencia
constitucional y solo cambió a partir del caso Petro Urrego Vs. Colombia y la tesis

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acogida en la sentencia C-146 de 2021 que exigió la aplicación de la reserva
judicial en estos eventos.

79. Por lo tanto, el trámite que se adelantó en el presente caso estuvo acorde con
la interpretación del artículo 23.2 de la CADH sostenida en el primer periodo
jurisprudencial antes identificado y la decisión definitiva se ajustó a los
parámetros del segundo, puesto que se emitió en vigencia de la Ley 2094 de
2021 que creó en su artículo 54 el recurso extraordinario de revisión que
garantiza la revisión en vía judicial de forma automática sin que se ejecute la
sanción.

80. Si bien en las sentencias C-146 de 2021 y C-030 de 2023 no se estudiaron las
disposiciones de la Ley 734 de 2002, podría entenderse que lo determinado en
ellas era aplicable para los casos decididos bajo esta normativa que estaban en
trámite cuando se profirieron. Es así porque definieron que solo los jueces podían
imponer sanciones disciplinarias restrictivas de los derechos políticos a los
servidores públicos de elección popular y despojaron a la PGN y a las demás
autoridades administrativas de esta prerrogativa a partir de la interpretación
armónica de la CADH y de la Carta Política. En ese sentido, no podrían avalarse
las sanciones disciplinarias decretadas bajo la Ley 734 de 2002 que incumplieran
con este requisito por ir en contravía del derecho a la reserva judicial establecido
en la normativa superior.

81. Aunque el recurso extraordinario de revisión creado con la Ley 2094 de 2021
[que comenzó a regir a partir del 29 de marzo de 2002] no estaba previsto en la
Ley 734 de 2002, esta no es razón para no aplicar tal procedimiento en favor de
los servidores públicos que fueron investigados y sancionados bajo el
procedimiento de esta última norma. Pese a que podría interpretarse que la
primera ley al tener efectos hacia el futuro no lo debe gobernar en ningún aspecto,
lo cierto es que el trámite debe aplicarse porque se estableció para proteger el
principio democrático, los derechos a la representación política, a la reserva
judicial y al debido proceso del disciplinado, de suerte que garantiza que la
sanción no se ejecute hasta tanto exista un pronunciamiento judicial.

82. La anterior interpretación es la más acorde con las garantías y derechos que
se busca proteger con la reserva judicial que se exige en la CADH para decidir
sobre las sanciones que restringen derechos políticos de los servidores públicos
de elección popular. Dar un entendimiento contrario obligaría al disciplinado a
demandar el acto sancionatorio en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho y someterse a que la sanción se ejecute mientras se agotan las etapas
previstas para tal medio de control, lo que va en contravía de los derechos que
se busca proteger y lo pone en situación de desigualdad frente a los servidores
públicos investigados y sancionados en vigencia de las leyes 1952 de 2019 y
2094 de 2021.

83. En el caso que se examina, la PGN aplicó el trámite previsto en la Ley 734 de
2002 y ejerció su competencia a partir de lo previsto en sus artículos 6 y 78 que
la establecieron para tramitar los procesos disciplinarios y señalaron que debía
hacerlo de acuerdo con la estructura y organización de la entidad37. En ese orden,

37 El artículo 78 disponía: «[...] Artículo 78. Competencia de la Procuraduría General de la Nación.

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para la época del acto de primera instancia [16 de diciembre de 2021] se debía
aplicar el Decreto 262 de 2000, sin las modificaciones que el Decreto 1851 de
2021 le incluiría con posterioridad, pues este se expidió el 24 de diciembre de
2021 y entró a regir el 29 de marzo de 2022 por así disponerlo en su artículo 27.

84. Así las cosas, el Decreto 262 de 2000 original establecía en su artículo 2 la
estructura de la PGN, dentro de la que se incluía a las procuradurías delegadas.
En lo que respecta a estas últimas, el artículo 23 ibidem estableció que ejercerían
funciones disciplinarias, de conformidad con la Constitución y la ley y «[...] cuando
lo determine el Procurador General en virtud de las facultades contenidas en el artículo
7 de este decreto […]».

85. Elartículo 7 que alude la norma establece dentro de las facultades del
procurador general de la nación la de distribuir competencias en sus distintas
dependencias [numeral 8]; la de designar a funcionarios de la entidad para
adelantar investigaciones disciplinarias y fallar cuando la gravedad e importancia
del hecho lo ameriten, para lo cual podrá desplazar al funcionario del
conocimiento [numeral 19].

86. En el presente asunto, el procurador general ejerció tal potestad mediante la
Resolución 225 del 28 de mayo de 2018 con la que reasignó la competencia para
adelantar el proceso disciplinario a la Procuraduría Delegada para la Defensa del
Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad38 la cual dictó el pliego de
cargos. Después, con auto del 21 de julio de 202139 y en virtud de la entrada en
vigor de la Ley 2094 de 2021 y las normas sobre separación de funciones de
juzgamiento e instrucción, reasignó a la Procuraduría Delegada para la Moralidad
Pública que dictó el acto sancionatorio de primera instancia. En consecuencia,
tal dependencia actuó con competencia al dictar el acto del 16 de diciembre de
2021.

87. En lo que respecta a la competencia para resolver el recurso de apelación,
debe tenerse en cuenta que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular dictó el acto de segunda instancia el 9 de noviembre
de 2023, cuando ya regía la reforma que el Decreto-ley 1851 de 2021 introdujo
al Decreto-ley 262 de 2000, pues entró en vigor a partir del 29 de marzo de 2022.

88. El nuevo decreto también era aplicable porque, se reitera, la Ley 734 de 2002
en sus artículos 6 y 78 para efectos de la competencia de la PGN remitió a la
norma que fijara su estructura. Este mandato se replicó con posterioridad en el
artículo 95 de la Ley 2094 de 2021 para los procesos que se regían por sus
disposiciones y por los de la Ley 1952 de 201940.

Los procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación y las personerías
distritales y municipales se tramitarán de conformidad con las competencias establecidas en
la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la desarrollen, con
observancia del procedimiento establecido en este código. […]» (Negrilla de la Sala).
38 Índices 9 y 65, Samai. Folios 205 a 214 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 12

a 20 del archivo PDF).
39 Índices 9 y 65, Samai. Folios 118 a 120 del Cuaderno 6 del expediente disciplinario, (Folios 141

a 145 del archivo PDF).
40 El artículo 95 de la Ley 2094 de 2021 dispone que «[l]os procesos disciplinarios que adelante

la Procuraduría General de la Nación [...] se tramitarán de conformidad con las competencias
establecidas en la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la
desarrollen, con observancia del procedimiento establecido en este código […]» (se destaca).

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89. Este último decreto en su artículo 22 estableció las competencias de las
nuevas salas disciplinarias de juzgamiento de la PGN. Entre ellas fijó las de la
Sala de Juzgamiento de los Servidores Públicos de Elección Popular en su
numeral 3. El literal b) de este prescribió que les correspondía «[c]onocer de los
recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos, recusaciones y
conflictos de competencia que se presenten, en etapa de juzgamiento, en los procesos
de conocimiento de los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, en
las actuaciones contra servidores públicos de elección popular […]».

90. A ello se suma que la sala mencionada fue creada en el artículo 17 de la Ley
2094 de 2021 y que en el parágrafo de su artículo 71 determinó que «[l]a
designación de la primera sala disciplinaria de juzgamiento a que alude el Artículo 17 de
esta ley, deberá ser integrada de forma tal que, a su entrada en vigencia, asuma
inmediatamente sus competencias […]». La norma indicó que la sala debía
comenzar a ejercer sus funciones de inmediato, por lo que estaba facultada para
asumir el conocimiento del proceso disciplinario que se examina, aun cuando se
regía por la Ley 734 de 2002, máxime cuando los artículos 6 y 78 de esta última
para efectos de la competencia remiten a las normas que fijan la estructura de la
PGN, en este caso, el Decreto-ley 1851 de 2021 que ya había fijado las funciones
de tal sala.

91. Por las razones expuestas, se concluye que en el proceso disciplinario
adelantado en contra de Walfrando Forero Bejarano los actos disciplinarios de
primera y segunda instancia fueron proferidos por funcionarios competentes, por
lo que no existió afectación a su debido proceso. Asimismo, que, aunque el
trámite se adelantó en vigencia de la Ley 734 de 2002, es procedente la revisión
reglada en el artículo 54 y siguientes de la Ley 2094 de 2021, en los términos de
la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, como garantía de su
debido proceso y, en especial la reserva judicial de la decisión.

3.2.2. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria en el presente
caso

92. La prescripción de la acción disciplinaria fue regulada inicialmente en el
artículo 12 de la Ley 25 de 1974, norma en la que se dispuso un término de 5
años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, mandato que fue
replicado en el artículo 6 de la Ley 13 de 1984. En el año 1995 entró a regir la
Ley 200 que en su artículo 34 regló que la prescripción de la acción disciplinaria
que se causaría en 5 años se contaría para las faltas instantáneas desde el día
de su consumación y para las permanentes o continuadas desde la radicación
del último acto.

93. Estaúltima norma fue objeto de interpretación por parte de la Sección
Segunda, Subsección B, de esta corporación en sentencia del 23 de mayo de
200241. En ella se señaló que como el legislador no había indicado cuál era el
acto que imponía la sanción e interrumpía el término de prescripción, aquella se
debía considerar impuesta cuando se hubiere expedido y notificado el acto
administrativo disciplinario inicial [primera instancia], pero si se interpusieron
recursos cuando se expidiera y notificara el fallo disciplinario que los resolvía.

41 Radicado 76001233100019972204601 (17112).

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40

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07089 00
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94. Contra la anterior decisión la PGN interpuso recurso extraordinario de súplica
que fue decidido por la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado en sentencia del 29 de septiembre de 200942. En esta providencia se
revocó la de la Sección Segunda y se determinó que el acto administrativo que
impone la sanción e interrumpe el término de la prescripción era el «[...] acto
administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario [...]».

95. Al respecto, en la sentencia se manifestó que este acto «[...] define la conducta
investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la
voluntad de la administración [...]». Mientras que los que resolvían los recursos
interpuestos en vía gubernativa no eran los que imponían la sanción porque «[...]
corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento
que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a
instancias del administrado [...]».

96. Contra la sentencia de la Sala Plena se interpuso acción de tutela que la Sala
de Conjueces de la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente
en providencia del 6 de marzo de 201443, al determinar que los fallos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado constituyen
decisiones últimas, intangibles, inimpugnables e inmodificables a través del
mecanismo de la tutela.

97. De acuerdo con lo expuesto, en materia de prescripción de la acción
disciplinaria la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 proferida
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado definió
que dentro del término de los 5 años establecido por el artículo 34 de la Ley 200
de 1995 la autoridad disciplinaria competente solo debía proferir y notificar el acto
administrativo sancionatorio principal, esto es, el de primera o única instancia con
el cual se interrumpía el término de prescripción.

98. La Ley 734 de 2002 en su artículo 30 original reprodujo el mandato contenido
en el mencionado artículo 34 de la Ley 200 de 1995, al disponer: «[l]a acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día
de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización
del último acto [...]». Durante su vigencia se aplicó la tesis fijada por la Sala Plena
antes referida para efectos de determinar la interrupción de la prescripción.

99. La norma mencionada fue modificada por la Ley 1474 de 201144, artículo 132,
que determinó lo siguiente:

«[...] ARTÍCULO 132. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
DISCIPLINARIA. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:
“La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la
ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde
el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el
deber de actuar.

42 Radicado 11001031500020030044201.
43 Radicado 11001-03-15-000-2010-000764-3.
44 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

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La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas. [...]».

100. En virtud de lo anterior, la prescripción de la acción disciplinaria se configura
si transcurridos 5 años contados a partir del «[...] auto de apertura de la acción
disciplinaria [...]» no se ha proferido la decisión. Comoquiera que el artículo no
indicó cómo se interrumpe la prescripción, resulta aplicable el criterio que la
jurisprudencia ha expuesto para interpretar los artículos 34 de la Ley 200 de 1995
y 30 original de la Ley 734 de 2002 explicado con antelación.

101. En ese sentido, en vigencia del artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 que
modificó el 30 de la Ley 734 de 2002 la prescripción se interrumpe una vez
dictado el fallo disciplinario de primera instancia.

102. La Sala interpreta que la norma en la expresión «[...] auto de apertura de la
acción disciplinaria [...]» hace alusión al auto que ordena la apertura de la
investigación por ser esta la etapa en la que una vez establecida la identidad del
posible autor del comportamiento, se va a verificar la ocurrencia de la conducta y
si es constitutiva de falta disciplinaria.

103. Es decir, la providencia aludida inicia de manera formal el proceso
disciplinario, y por tal razón, el artículo 91 ibidem determina que «[…] la calidad
de investigado se adquiere a partir del momento de la apertura de investigación o de la
orden de vinculación, según el caso […]», momento desde el cual puede ejercer
todos los derechos que el artículo 92 ejusdem le otorga como designar defensor,
ser oído en versión libre, pedir pruebas, entre otras.

104. Actualmente, La Ley 1952 de 2019 en su artículo 33 dispuso que la
prescripción es de 5 años computables desde que se cometió la falta si esta es
instantánea o de la realización del último hecho si es continuada. La norma prevé
que tal fenómeno se interrumpe con el fallo de primera instancia y que una vez
interrumpido se producirá si pasan 2 años sin proferirse el fallo de segunda. Esta
disposición, se reitera, entró en vigor el 29 de diciembre de 2023 por mandato del
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que modificó el 263 del CGD.

105. Comoquiera que la normativa aplicable en el presente asunto es la Ley 734
de 2002, la prescripción se rige por el artículo 30 ibidem con la modificación que
le hizo el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, por cuanto la conducta se
materializó después de estar vigente esta reforma. No aplica el artículo 33 de la
Ley 1952 de 2019 porque entró a regir el 29 de diciembre de 2023 por mandato
del artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que modificó el 263 del CGD, cuando ya
había terminado el proceso disciplinario, pues el acto sancionatorio de segunda
instancia data del 9 de noviembre de 2023 y fue notificado el 27 de ese mes y
año.

106. Aclarado lo anterior, se advierte que en el presente caso, la conducta por la
cual se sancionó al disciplinado fue la establecida en el artículo 48.3 de la Ley
734 de 2002 [i]ncrementar injustificadamente el patrimonio en forma directa en favor
propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga" […]», comportamiento que
presuntamente se materializó durante los años 2016, 2017 y 2018.

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107. Ello significa, en primer lugar, que no se configuró la caducidad de la acción
disciplinaria, puesto que los 5 años de que trata el artículo 132 de la Ley 1474 de
2011 que modificó el 30 de la Ley 734 de 2002 comenzaron a contarse desde el
año 2016 y el auto de apertura de la investigación disciplinaria la Procuraduría
Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial lo profirió el 8 de marzo
de 201845, es decir, dentro de los 5 años siguientes a la ocurrencia de la falta.

108. En segundo lugar, se constata que tampoco se configuró la prescripción
porque entre la fecha en que se dictó el auto que dispuso el inicio de la
investigación disciplinaria [8 de marzo de 2018] y el acto sancionatorio de primera
instancia que se expidió el 16 de diciembre de 202146, notificado por edicto fijado
del 29 al 31 de ese mes y año47 de forma personal, no transcurrieron más de 5
años.

109. En conclusión, cuando la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación dictó el
acto sancionatorio de primera instancia no había operado la prescripción de la
acción disciplinaria y, por lo tanto, no se vulneró el debido proceso de Walfrando
Adolfo Forero Bejarano por este aspecto.

3.3. Examen integral del proceso disciplinario

110. La Sala efectuará el control integral del proceso disciplinario, para lo cual
examinará el cumplimiento de los postulados y garantías del debido proceso,
evaluará los elementos de la responsabilidad y el análisis jurídico y probatorio
que sobre ellos se efectuó en sede administrativa.

111. Para hacerlo, se verificará si al disciplinado se le respetó la oportunidad de
participar dentro del trámite para presentar argumentos y solicitar pruebas, si se
le notificaron en debida forma las decisiones y si tuvo oportunidad de refutarlas,
la congruencia del pliego de cargos con el fallo disciplinario y demás garantías
procesales. Superada esta etapa se analizará su responsabilidad disciplinaria.

3.3.1. Respeto de las garantías procesales

112. En primer lugar y como se expuso, se advierte que en el trámite disciplinario
se aplicó la norma que debía regirlo, esto es, la Ley 734 de 2002. Ello por la fecha
de ejecución de la conducta reprochada como disciplinable [años 2016, 2017 y
2018] y porque al momento de entrar en vigor la Ley 1952 de 2019 ya se había
notificado el pliego de cargos [proferido en auto del 12 de junio de 2019 y
notificado por correo electrónico el 14 de junio de 201948] por lo que se aplicaba
la excepción prevista en el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 que modificó el
263 del CGD.

45 Índices 9 y 65, Samai. Folios 123 a 145 del cuaderno 1 del proceso disciplinario [Folios 131 a

151 archivo PDF].
46 Índices 9 y 65, Samai. Folios 127 a 199 del Cuaderno 6 del expediente disciplinario [Folios 154

a 198 del archivo PDF].
47 Índices 9 y 65, Samai. Folios 159 y 160 del Cuaderno 6 del expediente disciplinario [Folios 206

y 207 del archivo PDF].
48 Índices 9 y 65, Samai. Folios 113 a 135 del Cuaderno 3 del expediente disciplinario, (Folios 114

a 159 del archivo PDF).

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112.1. En segundo lugar, está demostrado que Walfrando Forero Bejarano ejercía
la función pública para el momento de la conducta que se le recriminó en el
proceso disciplinario, puesto que ocupaba el cargo de alcalde de Tocancipá
(Cundinamarca) para el periodo constitucional 2016 a 2019. Actualmente ostenta
también ese empleo por el periodo constitucional 2024 a 2027, según credencial
formato E-27proferida por la Comisión Escrutadora Municipal de la Registraduría
Nacional del Estado Civil del 3 de noviembre de 2023. Por ende, era sujeto
disciplinable al tenor de lo reglado en el artículo 25 de la Ley 734 de 2002.

113. En tercer lugar y en consonancia con lo analizado en esta providencia,
Walfrando Forero Bejarano fue investigado y juzgado por la autoridad
competente tanto en primera como en segunda instancia y no se advierte que los
funcionarios de la PGN que lo hicieron se hubieran manifestado impedidos por
alguna de las causales previstas en el artículo 84 de la Ley 734 de 2002 y el
disciplinado no manifestó tal situación. De igual manera, está claro que la PGN
profirió los fallos dentro del término de prescripción que establece el artículo 30
de la Ley 734 de 2002.

114. En cuarto lugar, se observa que la autoridad disciplinaria inició su actuación
debido a la queja presentada el 18 de marzo de 2016 por una persona anónima
en la que denunció que el disciplinado como alcalde del municipio de Tocancipá
(Cundinamarca) se había enriquecido de manera ilícita con múltiples actividades
como la sobrevaloración de terrenos, recibimiento de dádivas para otorgar
licencias y la compra de varios inmuebles para su familia.

115. En este punto cabe precisar que el artículo 69 de la Ley 734 de 2002 prohíbe
las quejas anónimas, salvo que se cumplan con los presupuestos de los artículos
38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992 que aluden a la existencia
de medios probatorios suficientes sobre la comisión de una falta disciplinaria que
permitan adelantar la actuación de oficio. La jurisprudencia ha interpretado estas
normas de una manera laxa, de modo que la queja disciplinaria anónima, aun sin
los medios probatorios, pueda activar la facultad oficiosa de la autoridad
disciplinaria si otorga información de la cual pueda inferirse la ocurrencia de una
falta disciplinaria.

116. Así, la Sección Segunda sobre el particular manifestó lo siguiente:

«[…] Esta Corporación ha interpretado el alcance de las normas anteriormente
citadas [la providencia se refiere a los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de
la Ley 1992] en el sentido de entender que la queja anónima, por sí misma, no se
puede erigir como prueba de lo que en ella se consigne. Ahora bien, esto no
significa negar la posibilidad de que sirva como referente respecto de la comisión
de una falta disciplinaria pues, en todo caso, la disposición permite que en uso de
la facultad oficiosa de que goza la autoridad disciplinaria, esta sea ejercida para
definir si una determinada conducta activa u omisiva es constitutiva de una falta de
dicha naturaleza.
(...)
De esta manera, la autoridad disciplinaria debe asumir las averiguaciones
necesarias para establecer si un servidor público pudo incurrir en falta disciplinaria
y eso lo puede hacer de oficio o por información proveniente de cualquier medio
que amerite credibilidad. Así, no importa si ese medio fue un anónimo; si este es
claro y concreto, la autoridad debe atender oficiosamente las diligencias
necesarias para determinar si hubo una falta e individualizar a su presunto

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responsable […]»49.

117. En el caso analizado, la queja identificó a Walfrando Forero Bejarano como
el servidor público denunciado y enlistó una serie de hechos sobre la contratación
y adquisición de predios, mientras ejercía su cargo como alcalde de Tocancipá
(Cundinamarca), y de anomalías en el incremento de su patrimonio que ameritó
a la PGN iniciar la indagación preliminar para efectos de determinar tal aumento
y si este se encontraba o no justificado.

118. De este modo, aunque medió una queja anónima los datos en ella
suministrados, la importancia del rol en la administración pública que Walfrando
Forero Bejarano ocupaba y la protección del erario ameritaba que se activara la
facultad oficiosa de la PGN para efectos de iniciar la indagación preliminar con el
fin de verificar la existencia de la conducta denunciada, si constituía falta
disciplinaria o si, a pesar de serlo, se actuó bajo una causal de exclusión de
responsabilidad, según lo reglado en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. En
ese sentido, no se advierte que la PGN hubiese actuado de manera irregular o
con vulneración del debido proceso.

119. En quinto lugar, se pudo constatar que la Procuraduría Provincial de
Zipaquirá dio apertura a la indagación preliminar el 10 de junio de 201650 con
fundamento en la queja y con el fin de verificar el posible «enriquecimiento ilícito»
de Walfrando Forero Bejarano y sin referirse a hechos distintos de los
denunciados o sin relación con ellos. Asimismo, decretó pruebas dirigidas a
determinar la ocurrencia de los hechos. Entre ellas la recopilación de información
sobre el valor de los predios, la contratación del anillo vial el «Verganzo», la
declaración de bienes y rentas del disciplinado para cuando se posesionó como
alcalde para el periodo 2016 a 2019, ofició a la oficina de registro de instrumentos
públicos de Bogotá y de Tocancipá para determinar los inmuebles de su
propiedad, así como a la del registro de automotores, entre otras.

120. Por lo anterior, la entidad cumplió con lo previsto en el inciso final del artículo
150 de la Ley 734 de 2002 que establece que la indagación preliminar «[...] no
podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación
oficiosa y los que le sean conexos […]», pues su actuación se dirigió a establecer la
ocurrencia del enriquecimiento denunciado. Asimismo, la entidad notificó
personalmente al disciplinado de la decisión el 21 de julio de 2016 51. En ese
orden, no se advierte irregularidad alguna que afecte el debido proceso de
Walfrando Forero Bejarano.

121. En sexto lugar, se pudo verificar que la Procuraduría Delegada para la
Vigilancia Judicial y la Policía Judicial dio apertura a la investigación disciplinaria
mediante auto del 8 de marzo de 201852 con fundamento en las pruebas
recopiladas durante el trámite de la indagación preliminar. La entidad precisó que

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 05001-23-31-000-2013-00038-

01(3352-15), sentencia del 4 de julio de 2019.
50Índices 9 y 65, Samai. Folios 3 y 4 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 4 y 5 del

archivo PDF).
51 Índices 9 y 65, Samai. Folio 45 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 47 del

archivo PDF).
52 Índices 9 y 65, Samai. Folios 123 a 146 Cuaderno 1 del expediente disciplinario (folios 131 a

150 PDF) del Cuaderno.

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en el desarrollo de esta se pudo establecer la identidad plena del servidor público
que incurrió en posibles comportamientos sancionables como alcalde de
Tocancipá (Cundinamarca) y que era necesario determinar si estos eran
constitutivos de faltas disciplinarias, de acuerdo con lo reglado en el artículo 152
ibidem.

122. A partir de allí, la PGN concluyó que existía mérito para investigar a Walfrando
Forero Bejarano por «[...] presunto enriquecimiento ilícito y otras posibles conductas
de relevancia disciplinaria […]». Luego añadió que «[...] el objeto de esta actuación
será determinar la presunta existencia o no de enriquecimiento ilícito del servidor público
investigado, el cual presuntamente tuvo su origen en la apropiación indebida de recursos
públicos y en la recepción de sobornos por la adjudicación de contratos públicos […]».

123. Por lo anterior, con el fin de determinar la ocurrencia de la falta disciplinaria
descrita u otras que pudieran tener relación y la responsabilidad del investigado,
decretó varias pruebas, incluida la investigación de su patrimonio y el de su
núcleo familiar, y ordenó notificar la decisión con la advertencia de que podía
comparecer con abogado, con lo que acató lo prescrito en los artículos 153, 154
y 155 de la Ley 734 de 2002. El auto se notificó personalmente a su apoderada
el 2 de abril de 201853 .

124. Como se advierte, la PGN adelantó la investigación con el fin de determinar,
en primer lugar, el posible enriquecimiento ilícito del disciplinado, sin descartar
que en el trascurso de las averiguaciones se pudiera determinar otro tipo de faltas
relacionadas o derivadas de la principal que se pretendía verificar.

125. Con el fin de tener claridad sobre las conductas que podían ser catalogadas
como faltas disciplinarias, la PGN profirió el auto del 18 de julio de 2018 54 en el
que dispuso como pruebas, además de continuar con la averiguación sobre el
posible enriquecimiento ilícito por anomalías en la contratación y apropiación de
recursos públicos, examinar el patrimonio del disciplinado y el de su grupo familiar
para determinar un incremento injustificado y también las salidas del país de
aquel.

126. Este actuar se enmarcó en el objeto que los artículos 152 y 153 de la Ley 734
de 2002 fijó para la viabilidad de la investigación disciplinaria. En efecto, según
la primera norma, esta procede cuando se identifica al autor de la falta
disciplinaria con fundamento en la queja o en la indagación preliminar. La
segunda disposición establece que la investigación tiene como finalidad «[...]
verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria;
esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la
responsabilidad disciplinaria del investigado […]».

127. Luego de verificar los puntos antedichos, la PGN cerró la investigación con

53 Índices 9 y 65, Samai. Folio 168 del cuaderno 1 del expediente disciplinario (folio 176 del archivo

PDF). La notificación se hizo a la apoderada del disciplinado, Laura Angélica Romero Malaver, a
quien este le otorgó poder (Cuaderno, parte 2, folio 88 del expediente que corresponde al 8 del
archivo PDF).
54 Índices 9 y 65, Samai. Folio 241 a PDF del Cuaderno 1, parte 1.

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auto del 24 de abril de 201955 y se concedió al disciplinado la oportunidad de
presentar el recurso de reposición, tal como lo ordena el artículo 160A ibidem. La
decisión se le notificó por correo electrónico el 25 de abril de 201956. El
disciplinado no presentó recurso.

128. En séptimo lugar, se comprobó que la Procuraduría Delegada para la
Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad formuló cargos
en auto del 12 de junio de 201957 en contra de Walfrando Forero Bejarano, por
los tres cargos materializados en los años 2016, 2017 y 2018 resumidos en los
antecedentes de este proyecto, y que se sintetizan así:

(i) Incremento injustificado de su patrimonio y el de su grupo familiar.
Modalidad de la conducta «por acción» y forma de culpabilidad «a título de
dolo»;

(ii) Incumplimiento del deber de presentar en debida forma la declaración
juramentada de bienes y rentas por los años 2016 a 2019. Modalidad de la
conducta «por acción», calificación de la falta como «grave» y forma de
culpabilidad «a título de dolo»; y

(iii) Incumplimiento del deber de presentar el informe que debía radicar por
el desarrollo de la comisión a la que fue enviado a España. Modalidad de la
conducta «por acción», calificación de la falta como «grave» y forma de
culpabilidad «a título de dolo».

129. La PGN motivó la decisión en las pruebas decretadas y practicadas. Así, para
el primer cargo se apoyó en el informe técnico rendido por la DNIE de la PGN del
7 de diciembre de 2018 que dio cuenta de un incremento patrimonial injustificado
del disciplinado, con lo cual incurrió en la falta prevista en el artículo 48.3 de la
Ley 734 de 2002.

130. Para el segundo, se basó en la visita que hizo a la alcaldía de Tocancipá y a
los documentos que encontró allí, la declaración juramentada de bienes y otros
documentos, de lo que infirió que faltó al deber previsto en el artículo 34.1 ibidem.
Respecto del tercer cargo se apoyó en la visita hecha al Concejo Municipal de
Tocancipá, en el que no encontró el informe que debió entregar el disciplinado,
lo que dio lugar a que considerara que incumplió igual deber.

131. Para cada uno de los cargos la entidad realizó un análisis de las normas
vulneradas con la conducta, la ilicitud sustancial, la culpabilidad y la calificación
de las faltas. Finalmente, analizó los argumentos que el disciplinado presentó en
su defensa relacionados con la caducidad y la prescripción de la acción
disciplinaria sin encontrar acreditados tales fenómenos jurídicos.

132. El pliego de cargos se notificó a Walfrando Forero Bejarano por correo

55 Índices 9 y 65, Samai. Folios 97 del Cuaderno 3 del expediente disciplinario, (Folios 98 del

archivo PDF). Aunque el auto registra como año de expedición el 2018, en realidad fue el 2019 y
se notificó el 25 de abril de este último año. Folio 99 ibidem.
56 Índices 9 y 65, Samai. Folios 99 y 100, 102 y 103 del Cuaderno 3 del expediente disciplinario.
57 Índices 9 y 65, Samai. Folios 113 a 135 del Cuaderno 3 del expediente disciplinario, (Folios 114

a 159 del archivo PDF).

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electrónico el 14 de junio de 201958 y se le informó que contaba con 10 días
hábiles para solicitar pruebas y presentar descargos, de acuerdo con lo ordenado
por los artículos 165 y 166 de la Ley 734 de 2002. Dentro del término presentó
los descargos59 en los que aportó varias pruebas documentales y expuso las
razones de su defensa por los tres cargos endilgados.

133. Comoquiera que el disciplinado fue absuelto por dos de los cargos, a
continuación, solo se resumirán los argumentos que planteó para defenderse del
relacionado con el incremento patrimonial injustificado por el que fue sancionado
y que es objeto de revisión. Al respecto manifestó lo siguiente:

(i) El concepto de violación que sustentó el pliego de cargos no guarda
relación con la falta imputada, por cuanto hizo referencia a un
enriquecimiento ilícito y citó jurisprudencia alusiva a este. Por tal razón, la
PGN no realizó el juicio de adecuación típica de la conducta en los términos
previstos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, en contravía de su
derecho de defensa.

(ii) El incremento patrimonial injustificado no existió. Todos los ingresos y
gastos de Walfrando Forero Bejarano, en su condición de alcalde de
Tocancipá (Cundinamarca) por el período 2016-2019, y de su grupo familiar
se originaron en actividades comerciales lícitas. El informe presentado por
la DNIE adolece de falencias técnicas, puesto que no tuvo en cuenta que
para la fecha de su posesión tenía en sus cuentas un saldo a favor por
$600.000.000 por haber vendido su participación en la empresa
Megalópolis 36Z; que recibió de parte de la empresa Manufacturas en
Maderas Cimitarra Ltda. por concepto de préstamos y pago de servicios de
arrendamiento y transporte la suma de $2.644.064.532 lo que consta en la
contabilidad y comprobantes de pago de la empresa; y que no todas las
fuentes de ingresos del grupo familiar provienen del disciplinado.

(iii) La conducta no es sustancialmente ilícita, ya que todos los ingresos y
gastos tuvieron origen en actividades comerciales y laborales lícitas.

(iv) La PGN dio por acreditado el actuar doloso del disciplinado, sin realizar
un análisis sobre el particular y sin tener acreditados los elementos de la
responsabilidad exigidos por el artículo 163 de la Ley 734 de 2002. Además,
la entidad no sustentó por qué Walfrando Forero Bejarano tenía
conocimiento sobre los movimientos patrimoniales de sus familiares y no
señaló los bienes que supuestamente se ocultaron.

134. La Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la
Transparencia y la Integridad decretó algunas de las pruebas documentales
aportadas por el disciplinado; algunos testimonios que solicitó y se negaron otros,
la ampliación del informe del DNIE; se denegó la práctica del dictamen pericial

58 Índices 9 y 65, Samai. Folios 137 a 140 del Cuaderno 3 del expediente disciplinario, (Folios 161

y 162 del archivo PDF).
59 Índices 9 y 65, Samai. Folios 148 a 177 del Cuaderno 3 «Pliego de Cargos» del expediente

disciplinario, (Folios 174 a 203 del archivo PDF).

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de auditoría forense en auto del 29 de julio de 201960 que fue debidamente
motivado y en el que se prescribió que contra la decisión procedía el recurso de
apelación.

135. La providencia aludida se notificó por correo electrónico al disciplinado el 30
de julio de 201961 y personalmente el 31 ese mes y año62. El disciplinado presentó
los recursos de reposición y apelación63, los cuales fueron decididos en autos del
26 de agosto de 201964 y del 19 de noviembre de 201965, en los que se accedió
parcialmente a lo pedido y se decretaron algunas pruebas que habían sido
denegadas.

136. Como se advierte, el pliego de cargos cumplió con los requisitos establecidos
en los artículos 162, 163 y 165 de la Ley 734 de 2002, puesto que se motivó en
las pruebas recaudadas dentro de la investigación; se determinaron las
conductas reprochables y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron; las normas que se vulneraron; se identificaron de manera precisa los
cargos; se analizó el material probatorio recaudado; expuso las razones de la
calificación de la falta, la forma de culpabilidad y se estudiaron los argumentos
de defensa del disciplinado.

137. Asimismo, el pliego de cargos se notificó en debida forma y se otorgó al
disciplinado la posibilidad de presentar los descargos y solicitar pruebas, que se
decidieron de acuerdo con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad y
se dio la oportunidad para recurrir esta decisión, según los mandatos de los
artículos 166 y 168 ibidem.

138. De igual manera, revisado el expediente se pudo corroborar que mediante
auto del 24 de mayo de 2021 se permitió al entonces investigado que presentara
alegatos de conclusión66, oportunidad en la que intervino en los términos del
artículo 169 de la Ley 734 de 200267.

139. La Sala aclara en este punto que, aunque la investigación estaba dirigida
inicialmente a determinar si el disciplinado obtuvo un enriquecimiento ilícito como
consecuencia de la contratación que hiciera como alcalde de Tocancipá
(Cundinamarca) de la construcción de la urbanización Torres de San Juan y del
anillo vial «Verganzo» y que finalmente le fue imputada la falta prevista en el inciso
2 del artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002 relativa al incremento patrimonial
injustificado, tal actuación no representó una irregularidad que derivara en la

60 Índices 9 y 65, Samai. Folios 10 a 17 del Cuaderno 4 del expediente disciplinario, (Folios 21 a

35 del archivo PDF).
61 Índices 9 y 65, Samai. Folios 18 a 19 del Cuaderno 4 del expediente disciplinario, (Folios 39 a

40 del archivo PDF).
62 Índices 9 y 65, Samai. Folio 22 del Cuaderno 4 del expediente disciplinario, (Folio 45 del archivo

PDF).
63 Índices 9 y 65, Samai. Folios 43 a 52 del Cuaderno 4 del expediente disciplinario, (Folios 1 a

71 a 79 del archivo PDF).
64 Índices 9 y 65, Samai. Folios 83 a 99 del Cuaderno 4 del expediente disciplinario, (Folios 111

a 143 del archivo PDF).
65 Índices 9 y 65, Samai. Folios 170 a 175 del Cuaderno 5 del expediente disciplinario, (Folios 177

a 187 del archivo PDF).
66 Índices 9 y 65, Samai. Folio 81 del cuaderno 5 del expediente disciplinario (folio 78 del archivo

PDF).
67Índices 9 y 65, Samai. Folio 90 a 101 del cuaderno 5 del expediente disciplinario (folio 87 a 109

del archivo PDF).

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vulneración del debido proceso del disciplinado.

140. Si bien la PGN debió cerrar la investigación por enriquecimiento ilícito y dar
apertura a la relacionada con el incremento patrimonial injustificado por tratarse
de faltas diferentes y no referirse a la queja que dio lugar a la indagación
preliminar a esta segunda, lo cierto es que la sospecha sobre la posible
ocurrencia de la materialización de la falta imputada solo se generó después de
que se examinó el patrimonio del disciplinado en la investigación por la primera
falta aludida.

141. Esta situación implicaba para la PGN el deber de iniciar de oficio la acción
disciplinaria e imputar los cargos si encontraba elementos de juicio para ello.
Además, el disciplinado tuvo la oportunidad de ejercer en debida forma su
derecho de defensa, esto es, de presentar descargos, pedir y aportar pruebas y
contradecir las que se allegaron en su contra, respecto de la falta imputada según
lo relatado en los párrafos anteriores. Por lo tanto, no se advierte una
irregularidad que conlleve a una nulidad en esta actuación.

142. En octavo lugar, se constató que el acto sancionatorio de primera instancia
guardó coherencia con el pliego de cargos68. Así, en él se indicó que las
conductas a juzgar eran (i) el incremento injustificado de su patrimonio [ falta
prevista en el artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002]; (ii) incumplimiento del deber
de presentar en debida forma la declaración juramentada de bienes y rentas; y
(iii) incumplimiento del deber de presentar el informe luego de la comisión a la
que fue enviado a España, faltas señaladas en el artículo 34.1 ibidem. Y expuso
las razones para absolver al disciplinado del último cargo y sancionarlo por los
dos primeros, según quedó plasmado en los antecedentes de esta sentencia.

143. Con lo anterior, la autoridad respetó el principio de congruencia en materia
disciplinaria, según el cual debe existir correspondencia entre la formulación de
los cargos y el acto disciplinario como parte del debido proceso, puesto que
garantiza que se formule un cargo por una falta y en la decisión no se atribuya
una distinta de aquella que fue imputada69. De este modo, el principio es una
garantía del ejercicio del derecho de defensa y contradicción y en el caso
presente fue acatado.

144. De igual manera, en el acto sancionatorio se realizó el análisis de las pruebas
recaudadas y los argumentos de la defensa del disciplinado, de la normativa que
se endilgó como vulnerada, la ocurrencia de la ilicitud sustancial con la conducta,
la calificación de la falta disciplinaria y el análisis de culpabilidad y la dosificación
de la sanción en relación con el cargo por el cual fue sancionado. En
consecuencia, se cumplió con lo reglado en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002.

145. Además, la decisión se notificó al disciplinado por edicto fijado entre el 29 y
el 31 de ese mes y año70 y pudo ejercer su derecho de contradicción, al radicar

68 Índices 9 y 65, Samai. Folios 1 a 49 del archivo «Primera instancia fallo disciplinario» del

expediente disciplinario.
69 Sobre el principio de congruencia se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de abril de 2017 radicado 11001-03-
25-000-2012-00123-00 (0544-12).
70 Índices 9 y 65, Samai. Folios 159 y 160 del Cuaderno 6 del expediente disciplinario [Folios 206

y 207 del archivo PDF].

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el recurso de apelación el 31 de diciembre de 202171, concedido con auto del 12
de enero de 202272 y decidido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular, mediante acto de segunda instancia del
9 de noviembre de 202373, notificado el 14 de igual mes y año74. En este último
se examinaron todos los argumentos de defensa que el indagado planteó, según
se indicó en los antecedentes de esta providencia.

146. De este modo, se puede concluir que al disciplinado se le garantizó el derecho
a la segunda instancia y no se advierte que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento
de Servidores Públicos de Elección Popular se hubiese pronunciado con
desconocimiento del marco planteado en el recurso, por lo que acató lo previsto
en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

147. A lo expuesto se suma que la sala mencionada remitió a esta corporación el
proceso disciplinario para que se realizara el control automático ordenado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, con el fin de garantizar la
reserva judicial en la imposición de la sanción de suspensión por ser el
disciplinado un servidor público elegido popularmente, y previo al envío del
proceso le corrió traslado por el término de 30 días para que ejerciera su derecho
de contradicción en sede del recurso extraordinario de revisión reglado en el
artículo 54 de la Ley 2094 de 2021.

148. En este punto se aclara que la PGN en el acto de segunda instancia no
ordenó la remisión por considerar que los hechos sancionados ocurrieron cuando
fue alcalde para el periodo 2016 a 2019 y que para el instante de la decisión
disciplinaria no estaba en ejercicio de tal empleo; sin embargo, en auto del 7 de
diciembre de 202375 al percatarse que el disciplinado había sido elegido de nuevo
como alcalde por el periodo 2024 a 2027 dispuso el envío del expediente a esta
corporación previo el traslado aludido.

149. La decisión fue notificada al disciplinado ese mismo día76. En ese orden,
aunque el envío del expediente para el control automático fue posterior al instante
en que se profirió el acto sancionatorio de segunda instancia, la Sala no
encuentra que la demora hubiese quebrantado el debido proceso del
disciplinado, puesto que sí fue remitido con posterioridad en un lapso cercano,
no se ejecutó la sanción y el trámite del recurso pudo adelantarse sin
contratiempos.

150. Finalmente, dentro del proceso no existe evidencia de que el disciplinado
hubiese sido juzgado en otro proceso disciplinario por igual objeto o hechos y
causa, de suerte que pudiera vulnerarse el principio de non bis in idem incluido
en el artículo 29 Constitucional como garantía para evitar un doble

71 Índices 9 y 65, Samai. Folios 171 a 187 del expediente disciplinario, cuaderno 6 (221 a 291 del

archivo PDF)
72 Índices 9 y 65, Samai. Folios 206 y 207 del expediente disciplinario, cuaderno 6 (281 y 282 del

archivo PDF)
73 Índices 9 y 65, Samai. Folios 354 a 369 del cuaderno 8 del expediente disciplinario (folios 2 a

51 del archivo PDF).
74 Índices 9 y 65, Samai. Folios 382 y 383 cuaderno 8 del expediente disciplinario (55 y 56 del

archivo PDF).
75 Índices 9 y 65, Samai. Folios 510 a 513 del cuaderno 8 DEL expediente disciplinario (243 y 249

del archivo PDF).
76 Ibidem, folio 515 (251 del PDF).

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enjuiciamiento77.

151. Por todo lo anterior, se concluye que a Walfrando Forero Bejarano se le
respetó el debido proceso durante el trámite de la investigación disciplinaria por
parte de la PGN.

152. En consecuencia, se pasará a evaluar los elementos de la responsabilidad
disciplinaria y el análisis jurídico y probatorio que sobre ellos se efectuó en sede
administrativa.

3.3.2. Análisis de la responsabilidad disciplinaria de Walfrando Forero
Medina

3.3.2.1. Análisis de la tipicidad de la conducta en el caso

153. Altenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional78. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.

154. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado sino conforme con leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su
turno, la Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que
estuvieran descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.

155. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una « categoría dogmática»
que «encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido
proceso»79, así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución
autorizó solo al legislador para que estableciera qué conductas constituían una
infracción de carácter disciplinario, el cual está obligado « a describir la conducta o
comportamiento que considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de
modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que
da lugar a la sanción»80.

156. Para garantizar que el servidor público o sujeto pasivo de la acción
disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la falta que se le
reprocha, le corresponda al legislador «definir de forma abstracta y objetiva, qué
conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones públicas

77 Sobre este principio se ha señalado que «[e]n cuanto a su aplicación, la posición jurisprudencial

ha indicado que, por su estrecha relación con el principio de cosa juzgada, debe cumplir tres
requisitos, a saber i) el sujeto: identidad de persona imputada, ii) objeto: igual hecho da lugar a
ambas actuaciones y, iii) causa […]». Sentencia del Consejo de Estado Sección Segunda,
Subsección A, del 28 de septiembre de 2017, radicado 11001-03-25-000-2012-00150-00 (0665-
12).
78 Corte Constitucional, sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
79 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017,

radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00 (2388-2010).
80 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.

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deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha sido
encomendado o por el abuso de su ejercicio81»82.

157. Es decir que este principio comprende dos garantías83: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y
se concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la
cual podrá hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden
determinados los elementos estructurales de la conducta antijurídica»84.

158. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como
esta corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario,
el legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede
ejecutar un servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente:

«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la
relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la
efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una
relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el
ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.

El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar descritos
los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor flexibilidad
al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga un listado
detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de falta85; como
consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista constitucional86, la
inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la formulación de los tipos
abiertos y en blanco que están redactados con una amplitud tal que hace necesario
remitirse a otras normas en las que se encuentren consagrados los deberes, las
funciones o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen
un proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma
congruente cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la ley» 87

159. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada
apuntó a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas
siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los
comportamientos censurables», lo cual tiene asidero en que permitir que el
operador disciplinario establezca a su arbitrio la conducta reprochable
desconocería el principio de legalidad previsto en el artículo 29 superior.

81 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
82 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
83 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
84 Ibidem.
85 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las

conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»
[1], posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
86 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la

C-393 de 2006.
87 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.

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160. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco, la
sentencia del 26 de octubre de 201688 también explicó:

«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818 de
200589, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son “aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un
listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a
un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se
consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina
por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento
de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”.

En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que
apunta a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su
sentido90 bajo la condición de que se “verifique la existencia de normas jurídicas
precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos
aspectos de los que adolece el precepto en blanco” exigencia que trasciende al
campo disciplinario, según lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.

No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar
que los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su
alcance91, mientras que los segundos se pueden delimitar así “[e]l tipo abierto,
como lo ha definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha determinado
de manera completa la materia de la prohibición, correspondiéndole cerrarlo al
juez: ‘la materia de la prohibición no está descrita en forma total y exhaustiva por
medio de elementos objetivos’92, afirma Hans Welzel”93. Es así como los tipos en
blanco se han incluido en la clasificación de tipos según su estructura formal94,
mientras que los abiertos ingresan en la división según su contenido95».

161. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que
se sanciona está descrita de manera precisa, bien por estar determinada en el
mismo cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas
jurídicas; la sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación entre
la conducta y la sanción.

162. En el presente caso, la Procuraduría Delegada para la Defensa del
Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad formuló pliego de cargos en
contra de Walfrando Adolfo Forero Bejarano por las siguientes tres conductas96
a saber: i) incremento injustificado de su patrimonio y el de su grupo familiar; ii)
incumplimiento del deber de presentar en debida forma la declaración
juramentada de bienes y rentas por los años 2016 a 2019; y iii) incumplimiento
del deber de presentar el informe que debía radicar por el desarrollo de la
comisión a la que fue enviado a España.

88 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
89 En este aparte, cita la sentencia C-401 de 2001.
90 Ver la sentencia 404 de 2001.
91 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad

Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
92 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
93 Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
94 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
95 Ibidem p.118.

96 Índices 9 y 65, SamaI. Folios 113 a 135 del Cuaderno 3 «Pliego de Cargos» del expediente
disciplinario, (Folios 7 y 52 del archivo PDF).

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163. Comoquiera que el disciplinado fue sancionado solo por el primero de los
cargos, en esta providencia únicamente se analizará la tipicidad respecto de él y
no se hará pronunciamiento sobre los otros dos.

164. En esa línea, se advierte que la falta disciplinaria se encuentra tipificada en
el artículo 48.3 inciso 2 de la Ley 734 de 2002 de la siguiente manera:

«[…] ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:

(…)

3. (…)

Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en
favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga […]» (se
resalta).

165. Como se advierte, la estructura del tipo disciplinario se construye a partir de
los comportamientos que desarrolle el servidor público consistentes en (i)
«incrementar» de forma «injustificada» su patrimonio «directa» o «indirectamente» o
el de terceros; o (ii) «permitir» o «tolerar» que otro lo incremente de ese modo.

166. En el primer supuesto, se requiere entonces que exista un incremento del
patrimonio. En términos de la RAE, «incrementar» significa «aumentar»97 y el
término «patrimonio» es definido como «[…] 1.
m. Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título […] y
«[…] Der. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos
a un fin, susceptible de estimación económica […]». Sobre este último concepto la
Constitucional sostuvo «[s]e entiende por patrimonio "el conjunto de bienes, créditos
y derechos de una persona y su pasivo, deudas u obligaciones de índole económica. Es
el conjunto de los derechos y de las cargas apreciables en dinero, de que una misma
persona puede ser titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica"»98.

167. Entonces se trata de aumentar los bienes y derechos de los que se es titular.
Además, la configuración del tipo exige que ese incremento patrimonial no tenga
una «justificación», es decir, que esté ausente una
99
«[c]ausa, motivo o razón que justifica» , de suerte que, de existir el incremento con
un sustento o causa comprobable no encajaría la conducta en el tipo disciplinario.

168. En relación con la conducta sancionable descrita, la jurisprudencia de esta
corporación ha señalado que al Estado le incumbe acreditar el incremento del
patrimonio del servidor público como titular de la acción disciplinaria. Esto va en
consonancia con lo que la Corte Constitucional manifestó en la sentencia C-310
de 1997, cuando examinó el artículo 25 de la Ley 200 de 1995, que estableció
como falta gravísima tal aumento del patrimonio por parte de un servidor
público100.

97 La RAE define el verbo incrementar como «tr. aumentar (‖ dar mayor extensión). U. t. c. prnl»
98 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 1993.
99 Así define la REA e término justificación. También agrega, entre otras acepciones, que es «5.

Prueba convincente de algo».
100 El artículo 25, numeral 4, de la Ley 200 de 1995 establecía lo siguiente: «[e]l servidor público

o el particular que ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona
obtenga para sí o para otro incremento patrimonial […]». Al respecto, la Corte indicó que «[e]l

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169. Pese a la carga atribuida al Estado, por virtud del deber establecido para los
servidores públicos en el artículo 122 Constitucional a estos les corresponde
explicar la razón de ello una vez determinado el incremento patrimonial por la
autoridad disciplinaria. Ciertamente «[...] el investigado se encuentra en la obligación
de brindar las explicaciones relativas al origen y procedencia de su patrimonio pues, de
lo contrario, existiendo pruebas que demuestren las irregularidades relativas al
incremento patrimonial injustificado, deberá otorgársele valor a aquellas […]»101. Es
así porque la falta disciplinaria se configura, no por el incremento patrimonial,
sino por su falta de justificación cuando se encuentran diferencias entre tal
aumento y los recursos que ha recibido102.

170. Cabe precisar que la configuración de la falta no exige que el incremento
patrimonial tenga un nexo causal con el ejercicio del empleo público, puesto que
su descripción en el artículo 48.3 inciso 2 de la Ley 734 de 2002 no lo requiere.
Asimismo, tampoco debe ser el resultado de alguna actividad ilícita103. En
definitiva, su configuración depende de la existencia del incremento patrimonial y
el hecho de no estar justificado.

171. En el asunto que se examina, la PGN señaló en el pliego de cargos que
Walfrando Adolfo Forero Bejarano incurrió en el tipo disciplinario descrito porque
cuando ejercía como alcalde de Tocancipá (Cundinamarca) «[…] incrementó de
manera injustificada su patrimonio, toda vez que de acuerdo con el informe técnico
financiero elaborado por funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales de la Procuraduría General de la Nación, al confrontar las fuentes de sus
ingresos percibidas con los usos generados, se encontró una diferencia sin justificación
alguna […]».

172. La diferencia a la que alude el auto equivale a $951.396.000. La entidad
afirmó que el incremento se dio en el patrimonio del disciplinado y en el de su
grupo familiar conformado por su esposa Lizeth Andrea Reina Bulla y sus hijos
Vaneza Forero Arévalo y Juan Esteban Forero Sánchez.

173. Pues bien, para determinar si Walfrando Adolfo Forero Bejarano incurrió en
el tipo disciplinario descrito, es preciso examinar en conjunto los informes
técnicos en los que se investigó el incremento de su patrimonio que fueron
aportados al trámite disciplinario y el dictamen pericial allegado por aquel en el
transcurso del presente proceso. También es necesario, a la par con las pruebas
mencionadas, hacer un análisis crítico de los testimonios recaudados y del
interrogatorio que respondió el perito y demás pruebas documentales que
reposan en el expediente.

174. Todo lo anterior para determinar si la conclusión a la que la autoridad
disciplinaria arribó sobre si Walfrando Forero Bejarano incurrió en la conducta
disciplinaria prevista en el artículo 48.3 inciso 2 de la Ley 734 de 2002, esto es,

incremento patrimonial debe entonces ser demostrado, en el caso a que alude la disposición
impugnada, por la autoridad competente para investigar y sancionar al servidor público, pues la
carga de la prueba le corresponde al Estado […]».
101 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, sentencia del 12 de abril de 2018,

radicado 11001-03-25-000-2014-01086-00(3378-14).
102 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de febrero de 2021,

radicado 47001-23-33-000-2015-00226-02(0662-20).
103 Ibidem.

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si incrementó de manera injustificada su patrimonio y el de su familia, se
corresponde con la realidad probatoria.

175. Primer informe técnico proferido por la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales de la PGN el 7 de diciembre de 2018

175.1. El informe se ordenó como prueba por parte de la Procuraduría Delegada
para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial en el auto que dio apertura a la
investigación disciplinaria del 8 de marzo complementado con el auto del 18 de
julio, ambos de 2018104. En él se determinó como objetivo «[…] verificar cada uno
de los hechos a los que hace alusión el escrito anónimo que dio origen a la presente
actuación disciplinaria, relacionados con la situación patrimonial del investigado, su
grupo familiar y empresas donde tenga participación […]».

175.2. En el estudio se indicó al definirse su alcance que era «estrictamente analítico
y de contextualización técnica» y se precisó que para su elaboración «[…] se
procedió a analizar toda la información recaudada comprendida entre el periodo del año
2016 a octubre del 2018 […]».

175.3. Como metodología se explicó que se «[…] procedió a estudiar e investigar toda
la información patrimonial que posee tanto el investigado como su grupo familiar [y que]
una vez conseguida toda la información se proced[ió] a analizar toda la documentación
donde se p[odían] identificar las fuentes y/o recursos y los usos y/o gastos así mismo
todos los bienes para poder identificar si existe un presunto incremento indebido […]»
[sic].

175.4. Dicho lo anterior, la DNIE prosiguió con el análisis financiero del disciplinado
y de su grupo familiar. Respecto de Walfrando Adolfo Forero Bejarano determinó
lo siguiente:

Ítem patrimonial
Resultado del análisis Observación de la Sala
examinado
Bienes muebles e 15 bienes muebles e inmuebles En la tabla en que se citaron los bienes se
inmuebles de su de su propiedad calculados en pudo establecer que 4 eran vehículos y 11
propiedad $1.153.225.000. bienes inmuebles
Identificó las siguientes empresas:

• Manufacturas en Madera Cimitarra Ltda
Participación (98% de participación).
Accionista mayoritario en 3
accionaria en
empresas
empresas - Procesadora de Maderas Cimitarra Ltda
(95%).

• Acuicultura el Porvenir del Llano (95%)
Ingresos recibidos
En total recibió por este concepto: En el informe se indicó que «[…] los
por concepto de
únicos recursos identificables son los
salario como alcalde
Año 2016: $117.435.201 pagos de la alcaldía del municipio de
de Tocancipá por los
Año 2017: $172.061.384 Tocancipá son recibidos en cheques de
años 2016, 2017 y
Año 2018: $113.535.968 gerencia […]» [sic].
2018.
En el informe se registraron los pagos que
Créditos a cargo del
Existen 2 créditos hipotecarios hizo por estos créditos desde 2016 hasta
disciplinado
2018.
En el informe se registraron los pagos que
Tarjetas de crédito Existen 2 tarjetas de crédito hizo por estos créditos desde 2016 hasta
2018.

104 Índices 9 y 65, Samai. Folio 241 a PDF del Cuaderno 1.

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175.5. Una vez que en el informe se identificaron los datos antedichos, la DNIE
concluyó, con fundamento en ellos y en la información que el disciplinado reportó
a la DIAN con otros ingresos que recibió diferentes del salario, lo siguiente:

«[…] Por último de toda la información obtenida por parte del señor Walfrando
Adolfo Forero Bejarano ya expuesta, identificando las fuentes de ingreso
percibidas por él y los usos generados se elaboró el estudio respectivo para
determinar si existió alguna diferencia patrimonial, es indispensable exponer que
el estudio elaborado se tuvo muy presente la información entregada por la DIAN,
puesto que allí se identificaron ingresos recibidos diferentes a los obtenidos en
calidad de empleado como alcalde del municipio de Tocancipá, así mismo se
tomaron como base los gastos con referencia al desarrollo de la actividad ejercida
y las obligaciones financieras obtenidas (Ver tabla 6), en donde se puede ver
claramente que existe diferencias por justificar puesto que los gastos son
superiores a los ingresos obtenidos por el año 2016 es de SESENTA y UN
MILLONES CUATROCEIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (Cop $61.425.000),
y por el año 2018 CIENTO SETENTA Y DOS MIL DIOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL PESO ( Cop $172.278.000) corresponden a diferencias patrimoniales
por justificar […]» (ortografía del original. Se resalta).

175.6. La información aludida en el informe que fue entregada por la DIAN
corresponde a las declaraciones de renta que presentó Walfrando Adolfo Forero
Bejarano por los años 2011 a 2017 en las que se advierten ingresos por otros
conceptos distintos del salario, entre los que se citan, «honorarios, comisiones,
servicios», «otros ingresos (arrendamientos etc)»105.

175.7. Cabe precisar que las declaraciones de los años 2016 y 2017 que incluyó
el informe son las que el disciplinado presentó dentro del calendario tributario
fijado por la DIAN para el reporte de esos años. Para la fecha del informe que se
analiza aún no había presentado las correcciones de tales declaraciones y
tampoco la del 2018, la cuales radicó ante la DIAN los días 1, 2 y 13 de agosto
de 2019106.

175.8. Enseguida, la DNIE realizó el análisis financiero del grupo familiar del
disciplinado. El estudio arrojó los siguientes resultados:

Miembro del
Ítem patrimonial Resultado del
grupo Observación
examinado análisis
familiar
Se identificaron
bienes muebles e No es propietaria de Sin observación
inmuebles de su ninguno.
propiedad
Lizeth Andrea El estudio señaló que «[…] no se
Reina Bulla identificaron ingresos, pero sí la
Identificó 2 cuentas
(segunda Productos generación de gastos lo que se
bancarias y 3 tarjetas
«esposa» del financieros (tarjetas puede determinar que existe
de crédito vigentes y
disciplinado) de crédito, cuentas diferencias por justificar […]».
los pagos realizados
de ahorro y corriente)
por este concepto.
Tales diferencias las fijó para el
2016 en $51.836.000; 2017 en

105 Índices 9 y 65, Samai. Folios 394 a 417 del expediente disciplinario, cuaderno apoyo técnico

02 (folios 96 a 120 del archivo PDF).
106
Las correcciones a las declaraciones de renta se encuentran en los índices 9 y 65, Samai.
Folios 18, 39 y 57 del expediente disciplinario, cuaderno 5 [Folios 19, 40 y 58 archivo PDF].

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$36.149.000 y en el 2018 en
$34.989.000.
No se identificó
Juan Diego En el informe se indicó que «[…]
patrimonio o bienes ni
Forero Reina por lo anterior (inexistencia de la
información financiera
(hijo del información) no se elaboró
ni fuentes de ingreso ni
disciplinado) estudio alguno […]».
obligaciones o gastos.
Se identificaron
Es propietaria de 2
bienes muebles e
vehículos y un bien Sin observación
inmuebles de su
inmueble
propiedad

En el análisis indicó que «[…] el
manejo de las cuentas bancarias
es bastante alto además de los
gastos efectuados y como
sucedió con la señora Lizeth
Andrea Reina Bulla, a ella
tampoco se le identificó alguna
fuente de ingresos por lo que se
puede definir que efectivamente
existe una presunta diferencia
patrimonial a justificar (Ver tabla
Identificó cuentas
13) para los años 2016, 2017 y
bancarias, créditos de
Productos 2018 […]».
Maryi Vaneza consumo y varias
financieros (tarjetas
Forero tarjetas de crédito
de crédito, cuentas El incremento sin justificar lo
Arévalo (hija vigentes y los pagos
de ahorro y corriente) determinó así:
del realizados por este
disciplinado) concepto.
2016 por $148.580.000; 2017 por
$175.181.000 y el 2018 por
$184.942.000.

Además de lo anterior, señaló
que «dentro de sus productos
financieros posee fuentes sin
origen», para 2016 por
$156.157.000; para 2017 por
$183.299.000; y por el 2018
$170.177.000.
En el estudio se señaló que en la
cuenta se detectaron fuentes de
ingreso sin origen.

No se identificaron Además, que «[…] se pudo
Juan Esteban
bienes muebles o detectar que los gastos
Forero
inmuebles, pero sí Identificó una cuenta efectuados por él, asimismo se
Sánchez (hijo
productos financieros de ahorros encontraron fuentes de ingreso
del
que obtuvo desde pero sin ningún origen (ver tabla
disciplinado)
marzo de 2018. 16) por lo que finalmente solo
para el año 2018 generó la
diferencia de ochenta y seis
millones de pesos (Cop
$86.016.000) […]» [sic].

175.9. Luego del análisis referido, la DNIE concluyó que Walfrando Adolfo Forero
Bejarano «posee un incremento patrimonial por justificar»; y de acuerdo con la
información suministrada por la DIAN «posee otros ingresos los cuales no fueron
posibles de ser identificados» en total $412.575.000 reportados en las
declaraciones de renta de 2016 y 2017.

175.10. Respecto de estos ingresos indicó que «[…] no fueron posible de identificar
ya que él no posee movimientos en la información financiera ni tampoco existió registro
alguno de pagos por parte de las empresas donde él aparece como accionista […]»
[sic]. Asimismo, determinó que en «su núcleo familiar» se detectó un incremento

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patrimonial a justificar «ya que se pudieron identificar los usos de recursos mientras
que la fuente de ingresos no». El total del incremento patrimonial por justificar por
parte del disciplinado y su familia lo fijó en $926.560.000.

176. Segundo informe técnico elaborado por la empresa Investigaciones
Estratégicas & Asociados [IEA] el 18 de septiembre de 2019107.
Comparación de sus resultados con el que la DNIE realizó el 7 de diciembre
de 2018

176.1. La prueba fue solicitada en los descargos como un dictamen pericial; no
obstante, fue negada como tal mediante auto del 29 de julio de 2019 108, pero
concedida como prueba documental [informe] mediante auto del 26 de agosto de
2019109 que resolvió el recurso de reposición presentado por el disciplinado
contra la primera providencia confirmada el 19 de noviembre de 2019110. Se
precisa que al momento del decreto de la prueba el demandante había corregido
las declaraciones de renta de los años 2016, 2017 y 2018, con presentación de
las correcciones el 1, 2 y 13 de agosto de 2019, respectivamente. Por lo tanto, el
informe de la empresa IEA tuvo en cuenta la información incluida en estas, a
diferencia de la DNIE de la PGN en su informe del 7 de diciembre de 2018.

176.2. El informe lo elaboró Carlos Fernando Salazar Salamanca, administrador
de empresas con especialización en auditoría forense; José de Jesús Guevara,
contador público con especialización en prevención de lavado de activos; y Luz
Esther Infante Durán, contadora pública111.

176.3. En el informe se determinó como objetivo «[…] realizar un estudio pericial
forense de análisis de fuentes y usos del señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano
identificado (…) y su grupo familiar (...) teniendo como base de análisis los documentos
solicitados y aportados por el cliente para los años 2016, 2017 y 2018 y los contenidos
del expediente allegado, con el fin de identificar la fuente u origen de recursos y
destinación de los mismos […]».

176.4. Enel estudio se definió como metodología «[…] la inspección física de
documentos, cotejo de información, preguntas y solicitudes verbales, cálculos utilizando
extensiones aritméticas, análisis, entre otros, utilizados en la documentación allegada
[…]». Asimismo, se precisó que se aplicarían técnicas y procedimientos
aceptados por las normas internacionales sobre auditoría.

176.5. Dicho lo anterior, la empresa IEA prosiguió con el análisis financiero del
disciplinado y de su grupo familiar. Respecto de Walfrando Adolfo Forero
Bejarano determinó con fundamento en información recopilada desde el año
2005 hasta el 31 de diciembre de 2018, lo siguiente:

107 Índices 9 y 65, Samai. Folios 1 a 40 del expediente disciplinario, cuaderno AZ 01.
108 Índices 9 y 65, Samai. Folios 10 a 17 del Cuaderno 4 del expediente disciplinario, (Folios 21 a

35 del archivo PDF).
109 Índices 9 y 65, Samai. Folios 83 a 99 del Cuaderno 4 del expediente disciplinario, (Folios 111

a 143 del archivo PDF).
110 Índices 9 y 65, Samai. Folios 170 a 175 del Cuaderno 5 del expediente disciplinario, (Folios

177 a 187 del archivo PDF).
111 Diplomas de pregrado y postgrado visibles en los índices 9 y 65, Samai. Folios 508 a 559 del

expediente disciplinario cuaderno AZ 03 (561 a 612 archivo PDF).

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Coincidencia con el
Ítem patrimonial informe de la DNIE
Resultado del análisis Observación de la Sala
examinado del 7 de diciembre
de 2018
En el informe se señaló que
Identificó 12 bienes los bienes fueron adquiridos
inmuebles de su entre los años 2005 al 2013
Bienes inmuebles
propiedad calculados en «sin que se observe No coinciden los
de su propiedad
un valor de incremento patrimonial en los informes.
$1.332.000.000 bienes inmuebles
anteriormente descritos». El de la DNIE reportó
15 bienes muebles e
Identificó 17 bienes inmuebles.
En el informe se precisó que
Bienes muebles de muebles (vehículos,
los bienes no tuvieron
su propiedad retroexcavadoras,
incremento patrimonial.
buldócer, entre otros).
Identificó las siguientes
empresas:
• Manufacturas en Madera
Cimitarra Ltda. (98% de
participación)
• Procesadora de Maderas
Cimitarra Ltda. (95%)
No coinciden los
Accionista mayoritario en - Acuicultura el Porvenir del
Participación informes.
5 empresas con rastro de Llano (95%)
accionaria en
registro desde 1999 a -Acuicultura Forero Vanegas
empresas El de la DNIE reportó
2004. Ltda. (50%)
3 empresas.
-Procesadora de alimentos
Llano Integral Ltda. (50%)

En el informe se precisó que
no existe incremento
patrimonial representado en
acciones.
Se identificaron
obligaciones bancarias
por un leasing No coinciden los
habitacional, un crédito informes.
Información
hipotecario, un
financiera
multipréstamo rotativo y El de la DNIE reportó
varias tarjetas de crédito 2 tarjetas de crédito y
por los años 2016, 2017 y 2 créditos
2018. Las obligaciones hipotecarios.
ascienden a
$902.962.761.
No coinciden los
informes.
Se indicó que las fuentes
El de la DNIE reportó
de los recursos provienen
solo ingresos por
de i) salarios; ii) pagos de
salarios recibido en el
la empresa Manufacturas
periodo como
Análisis de los en Madera Cimitarra por En el informe se precisó como
alcalde. Aunque
recursos que arrendamiento, ingresos los siguientes:
también tuvo en
ingresaron por los transporte y préstamos 2016: $1.405.296
cuenta ingresos
años 2016, 2017 y socios; y iii) enajenación 2017: $1.270.200.629
reportados en las
2018. de la compañía 2018: $1.066.638.957
declaraciones de
Megápolis 36Z en el año
renta por los años
2015 cuyo pago fue
2011 a 2017 por
recibido en el periodo de
honorarios,
estudio.
comisiones,
servicios,
arrendamientos.
Se determinó que los
usos de los recursos se
dirigieron a i) pagos de En el informe se determinó
créditos bancarios; ii) como usos los siguientes: No coinciden los
Análisis de los
pago préstamo empresa informes.
usos por los años
Madera Cimitarra; iii) 2016: $630.322.154
2016, 2017 y 2018
manutención de Lizeth 2017: $714.549.880
Andrea Reina Bulla 2018: $504.693.643
Vaneza Forero y Juan
Esteban Forero.

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176.6. Con fundamento en lo anterior, la empresa IEA concluyó, una vez restó los
valores correspondientes a las fuentes y usos, lo siguiente:

«[…] En el análisis de Fuentes y Usos de recursos del señor Walfrando Adolfo
Forero Bejarano, para los años 2016, 2017 y 2018, con base en los documentos
aportados, se evidencia que generó recursos susceptibles de capitalizar para los
años objeto de estudio, que ascienden a un valor de (…) $1.892.570.644,20
[…]»112.

176.7. Enseguida, la empresa IEA realizó el análisis financiero del grupo familiar
del disciplinado con los siguientes resultados:

Coincidencia
con el informe
Miembro del Ítem patrimonial de la DNIE del
Resultado del análisis Observación
grupo familiar examinado 7 de
diciembre de
2018
La fuente de recursos por
los años 2016 y 2017
tienen origen en ingresos
laborales, en
manutención de su No coinciden
madre, Gladys Lucilla los informes.
Productos financieros
Bulla Rojas, y de Sin observación
(cuentas de ahorros
Walfrando Forero El estudio del
Bancolombia y
Bejarano. Por el año 2018 DNIE indicó
Davivienda)
por recibir el que no se
arrendamiento de la casa identificaron
de su madre y por fuentes de
recursos girados por este «ingresos».
Lizeth Andrea
último.
Reina Bulla
Pagos por los años 2016,
(segunda Sin observación
Tres tarjetas de crédito 2017 y 2018 por
«esposa» del
$108.995.839
disciplinado)
Determinó como
ingresos por el
2016 $56.457.288,
2017 $44.219.972
Como fuentes identificó
y; 2018
las descritas con
$39.686.262.
Fuente y uso de los antelación. Como usos
recursos compras en
establecimientos y pago
Como gastos por el
de tarjetas de crédito.
2016 $56.457.285;
2017 $44.219.972;
y 2018
$31.104.152.
Coinciden los
informes.
Juan Diego
La DNIE
Forero Reina No se incluyó en el No se incluyó en el No se incluyó en el
tampoco hizo el
(hijo del estudio estudio estudio
estudio por
disciplinado)
falta de
información.

No coinciden
La motocicleta la los informes.
Se identificaron bienes
Es propietaria de 1 adquirió con un
muebles de su
vehículo y una crédito en el banco La DNIE indicó
propiedad
motocicleta BBVA en el 2018. propiedad de 1
bien mueble y 2
Maryi Vaneza vehículos.
Forero Arévalo Productos financieros Identificó que las Determinó como No coinciden

112 Índices 9 y 65, Samai. Folio 33 del expediente disciplinario, cuaderno AZ 01.

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(hija del (cuentas de ahorro y consignaciones recibidas ingresos por el los informes.
disciplinado) tarjetas de crédito por (fuentes) en las cuentas 2016
los años 2016, 2017 y de ahorro provenían del $113.068.829; La DNIE señaló
2018) pago por contratos de 2017 $163.220.673 que no se
prestación de servicios, y; 2018 identificó la
manutención de su $221.191.580. fuente de sus
madre, Mabel Arévalo, y «ingresos».
de su padre Walfrando
Forero. Como gastos por el
2016 $49.998.854;
Se estableció que el uso 2017
de los recursos se dirigió $118.8851.772; y
al pago de tarjeta de 2018
créditos y crédito. $126.357.101.
No coinciden
En el estudio se los informes.
Se identificó un Identificó que los recursos señaló como
Juan Esteban
producto financiero recibidos en la cuenta de ingresos bancarios La DNIE indicó
Forero Sánchez
desde el año 2018. ahorros provenían de la suma de que no se supo
(hijo del
Para los años 2016 y Walfrando Forero $99.310.258 y cuál es el
disciplinado)
2017 no tenía ninguno. Bejarano. gastos por «origen» de la
$24.979.896. fuente de
«ingresos».

176.8. Luego
del análisis referido, la empresa Investigaciones Estratégicas &
Asociados concluyó respecto del grupo familiar del disciplinado lo siguiente:

«[…] En el análisis de Fuentes y Usos de recursos de la señora Lizeth Andrea
Reina Bulla, para los años 2016, 2017 y 2018, con base en los documentos
aportados, se evidencia que obtuvo recursos susceptibles de capitalizar, que
ascienden a un valor total de (…) $8.582.111,68 (…)

En el análisis de Fuentes y Usos de recursos de la señorita Vaneza Forero Arévalo,
para los años 2016, 2017 y 2018, con base en los documentos aportados, se
evidencia que obtuvo excedentes y/o recursos susceptibles de capitalizar, que
ascienden a un valor total de (…) $202.273.555,56 (…)

En el análisis de Fuentes y Usos de recursos del señor Juan Esteban Forero
Sánchez, para los años 2016, 2017 y 2018, con base en los documentos
aportados, se evidencia que obtuvo recursos susceptibles de capitalizar para los
años objeto de estudio, que ascienden a un valor total de (…) $74.330.361,74 (…)
[…]».

176.9. Finalmente,
como interpretación definitiva de los resultados el informe
técnico determinó una vez verificada la información de Walfrando Forero
Bejarano y su grupo familiar lo siguiente:

«[…] para los años 2016, 2017 y 2018, las fuentes y/u origen de recursos
aportadas, documentadas y consolidadas, cubren totalmente los usos del titular y
su grupo familiar, evidenciándose para cada uno de ellos, excedentes de recursos
susceptibles de capitalizar principalmente en cabeza del señor Walfrando Adolfo
Forero Bejarano.

Es importante resaltar que en los que corresponde al patrimonio representado en
bienes inmuebles, muebles y participaciones accionarias, del señor Walfrando
Adolfo Forero Bejarano y su grupo familiar, dentro del periodo objeto de análisis
no evidencia incremento alguno, excepto para la señorita Vaneza Forero Arévalo
quien adquirió en los años objeto de análisis, un bien mueble representado en una
motocicleta, cuya fuente de recursos se encuentra documentada y representada
en una operación financiera de crédito […]»[sic].

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177. Tercer informe técnico. Presentado por la DNIE el 28 de diciembre de
2020 como respuesta al realizado por la empresa Investigaciones
Estratégicas & Asociados [IEA] del 18 de septiembre de 2019113. Análisis de
coincidencia de los informes

177.1. El informe fue ordenado mediante auto del 12 de marzo de 2020114 con el
fin de que la DNIE ampliara el inicialmente presentado el 7 de diciembre de 2018
teniendo en cuenta la documentación allegada por el disciplinado en los
descargos y, también, para que examinara la razonabilidad y fiabilidad del
elaborado por la empresa Investigaciones Estratégicas & Asociados el 18 de
septiembre de 2019. Para esto, dispuso que realizara «los ajustes que consideren
necesarios como resultado de su análisis y elaboren un informe final de estudio
patrimonial» [sic] para lo cual debía tener en cuenta los nuevos documentos
aportados por la defensa y otorgó 20 días de plazo115.

177.2. Por lo anterior, la DNIE en la elaboración del nuevo informe valoró, entre
otros documentos, el informe de la empresa Investigaciones Estratégicas &
Asociados el 18 de septiembre de 2019 y las declaraciones de renta corregidas
por los años 2016, 2017 y 2018 que se analizaron en este último.

177.3. Si bien en el auto se concedió un término de 20 días para la elaboración del
documento y este se presentó en diciembre del año 2020. Sin embargo, esta
situación no implicó la vulneración del debido proceso del demandante como lo
alegó en la apelación contra el acto sancionatorio de primera instancia, puesto
que por la dificultad del tema a tratar era comprensible la demora. Además, no
es una irregularidad sustancial que afectara el derecho de defensa, pues a lo
largo del trámite pudo refutar su contenido.

177.4. La DNIE al definir el alcance del nuevo informe señaló que analizaría la
nueva documentación aportada por la defensa y el informe de tal empresa. La
DNIE precisó que en aquel se identificaron «aspectos patrimoniales» con los que
no contaba para realizar el primer informe. Aclarado ello, procedió a realizar el
«análisis financiero» del diciplinado de la siguiente manera:

Coincidencia con el
informe de
Ítem patrimonial Investigaciones
Resultado del análisis Observación
examinado Estratégicas &
Asociados del 18 de
septiembre de 2019
En el informe se determinó
No coinciden los
que los bienes inmuebles y
Identificó un incremento en informes.
muebles tienen un avaluó
Bienes inmuebles y los bienes en relación con los
de $1.876.420.000.
muebles de su informados por la empresa La DNIE expresó que
propiedad Investigaciones Estratégicas la empresa IEA no
Señaló que la empresa IEA
& Asociados (IEA) incluyó el valor de un
no incluyó el valor de un
vehículo y de un lote.
vehículo y de un lote.
Rectificó la información del Identificó las siguientes
Participación accionaria Coinciden los
primer informe y precisó que empresas:
en empresas informes.
el disciplinado es accionista - Manufacturas en Madera

113 Índices 9 y 65, Samai. Folios 30 a 57 del expediente disciplinario, cuaderno 6.
114
Índices 9 y 65, Samai. Folios 64 a 67 del expediente disciplinario, cuaderno 6.
115
En el auto se indicó que para el informe se examinara «los documentos iniciales aportados por
la defensa en los descargos y con los argumentos expuestos en el informe allegado por el
apoderado judicial». Ibidem.

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64

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Demandante: Walfrando Adolfo Forero Bejarano

en 5 empresas. Cimitarra Ltda. (98% de
participación)
• Procesadora de Maderas
Cimitarra Ltda. (95%)
• Acuicultura el Porvenir del
Llano (95%)
-Acuicultura Forero
Vanegas Ltda. (50%)
-Procesadora de alimentos
Llano Integral Ltda. (50%).
Rectificó la información
incluida en el informe inicial y
señaló que el disciplinado
En el informe se determinó
obtuvo «ingresos» por i)
como «ingresos» los
Análisis de los ingresos salarios; ii) pagos de la Coinciden los
siguientes:
por los años 2016, 2017 empresa Manufacturas en informes.
2016: $1.405.296.735
y 2018. Madera Cimitarra por
2017: $1.270.200.629
arrendamiento, transporte y
2018: $1.066.638.957
préstamos socios; y iii)
enajenación de la compañía
Megápolis 36Z.
Se determinó que los usos de Coinciden los
los recursos se dirigieron a i) informes. Incluso en
pagos de seguridad social; ii) En el informe se precisó los valores de los usos
créditos bancarios (2 como usos los siguientes: o gastos, pues la
hipotecarios, un rotativo); iii) 2016: $630.322.154 empresa IEA indicó
Análisis de los gastos pago préstamo empresa 2017: $714.549.879 los siguientes.
por los años 2016, 2017 Manufacturas en Madera 2018: $488.767.243 2016: $630.322.154
y 2018 Cimitarra; iv) manutención de 2017: $714.549.880
Lizeth Andrea Reina Bulla 2018: $504.693.643
Vaneza Forero y Jun Esteban (única diferencia por
Forero; y v) pago tarjetas de valor de
crédito. $15.926.400).

177.5. No obstante las coincidencias entre los informes de la DNIE del 28 de
diciembre de 2020 y el de la empresa IEA del 18 de septiembre de 2019, la
primera manifestó que el informe técnico presentado por esta última carecía de
fiabilidad y razonabilidad en la información que suministró.

177.6. Lo precedente lo sustentó en que los valores que la empresa IEA indicó
como ingresos del disciplinado por los años 2016 y 2017 eran superiores a los
declarados ante la DIAN por ese lapso, esto de acuerdo con las declaraciones
de renta corregidas en el año 2019. Así, mientras en el informe se aseveró que
en el 2016 recibió $1.405.296.735 en la declaración de renta señaló
$567.724.000, para el año 2017 en el informe precisó $1.270.200.629 y declaró
ante la DIAN $618.674.000 [estos valores, según el cuadro anterior coinciden con
los que también encontró la DNIE]. Por tal virtud concluyó lo siguiente:

«[…] Expuesto el anterior concepto dejaría entre duda la fiabilidad de la
información y razonabilidad con la cual se emitió el concepto por parte de la firma
Investigaciones Estratégicas & Asociados por la no coherencia en base a los
ingresos certificado y declarados del señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano […]»
[sic]

177.7. De esta manera, la DNIE descartó la posibilidad de tener en cuenta el
informe técnico que la empresa IEA elaboró para la defensa del disciplinado. La
DNIE no esbozó más argumentos desde el punto de vista contable para justificar
la razón que la llevó a dar tal recomendación. Es decir, no explicó por qué la
diferencia entre los ingresos que Walfrando Forero Bejarano incluyó en la
declaración de renta corregidas de los años 2016, 2017 y 2018 y los reportados

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en el informe por la empresa IEA debían coincidir y por qué el que no fuera así le
restaba credibilidad al informe técnico.

177.8. Enseguida, la DNIE realizó el análisis financiero del grupo familiar del
disciplinado con los siguientes resultados:

Coincidencia con
el informe de
Miembro del Ítem Investigaciones
grupo patrimonial Resultado del análisis Observación Estratégicas &
familiar examinado Asociados del 18
de septiembre de
2019
Coinciden
parcialmente.
Por el año 2016 la mayoría
de los ingresos provienen
Sin observación El informe de la
del disciplinado (83%).
empresa IEA señaló
Ingreso de los
como fuentes de los
recursos Para el año 2017 igual que
ingresos no solo
el 2016, pero en un 67%.
walfrando Forero,
sino también
Para el año 2018 el total de
manutención de su
ingresos el 57% proviene
Lizeth Andrea madre y pago del
del disciplinado.
Reina Bulla arrendamiento de
(segunda En el análisis de usos una casa.
«esposa» del Para el año 2016 principal y fuentes comparó los
disciplinado) gasto pago de tarjetas de ingresos y su
crédito (79%) utilización y concluyó
Gastos de los que solo en el año
recursos Para el año 2017 pago de 2018 sobró un monto
Coinciden los
tarjeta de crédito (79%) de $8.580.210.
informes.
Para el año 2018 el gasto
se debió al comprar en
establecimientos con la
cuota de ahorros (72%).
El informe señaló que el La empresa IEA
Se identificaron
presentado por la empresa incluyó 1 vehículo y 1 No coinciden los
bienes muebles
IEA no incluyó un bien motocicleta, no informes.
de su propiedad
inmueble de su propiedad bienes inmuebles.
2016: el mayor ingreso
proviene de transferencias
internacionales de su
madre, Mabel Arévalo
(44%) y el restante del
disciplinado (27%).
Determinó como
Coinciden los
2017: el 43% de los ingresos por el 2016
Origen de los informes, incluso en
recursos tiene origen en $113.062.823; 2017
recursos los valores de los
contratos de prestación de $163.214.817 y; 2018
recursos recibidos.
servicios. El 40% del $221.188.942.
disciplinado.

2018: 26% con origen en
contratos de prestación de
Maryi Vaneza servicios. El 11% del
Forero disciplinado.
Arévalo (hija 2016: pago de productos
del financieros (44%)
Como gastos por el
disciplinado) Coinciden los
2016 $49.998.854;
Uso de los 2017: pago de productos informes, incluso en
2017 $118.851.772; y
recursos financieros. los valores de los
2018 $126.357.101
recursos recibidos.
2018: pago de productos
financieros y manutención.
En los años 2016, 2017 y
2018 las fuentes de
Conclusión de financiación fueron las
Sin observación
la DNIE transferencias hechas por
Mabel Arévalo, Walfrando
Forero y por los contratos

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de prestación de servicios y
«la ejecución de los gastos
fue menor a los recursos
recibidos generándole una
liquidez durante los tres
periodos de ($202.258.855
millones)».
Identificó que solo obtuvo
ingresos en el año 2018 por
$ 99.310.268, todos con
origen en el disciplinado. Coinciden
Juan Esteban
parcialmente los
Forero
Origen de Difiere del informe informes.
Sánchez (hijo Sin observación
recursos presentado por la empresa
del
IEA en que esta indicó Solo difieren en el
disciplinado)
gastos por $24.979.896 monto de los gastos.
cuando en realidad son
$86.604.000. soportados
en extractos bancarios.

177.9. La DNIE en el informe del 28 de diciembre de 2020 concluyó que «[…]
Walfrando y su grupo familiar presentaron ingresos superiores a los gastos efectuados,
lo que demuestra que presentan capacidad suficiente para solventar las obligaciones
obteniendo suficientes recursos por capitalizar lo que les refleja liquidez suficiente […]».

177.10. Esta conclusión coincidió con la que la empresa IEA estableció en su
informe del 18 de septiembre de 2019 expuesta párrafos atrás y que conviene
volver a citar. En efecto, la empresa manifestó que «[…] para los años 2016, 2017
y 2018, las fuentes y/u origen de recursos aportadas, documentadas y consolidadas,
cubren totalmente los usos del titular y su grupo familiar, evidenciándose para cada uno
de ellos, excedentes de recursos susceptibles de capitalizar principalmente en cabeza
del señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano […]».

177.11. Pese a lo anterior, la DNIE precisó que el informe de la empresa IEA
presentaba inconsistencias i) con los ingresos certificados en la declaración de
renta corregidas en los años 2016 y 2017 por el disciplinado; ii) con los bienes
certificados por Vaneza Forero Arévalo; y iii) con los gastos de Juan Esteban
Forero en el 2018. Y agregó que las divergencias enunciadas ponían «en
evidencia que la razonabilidad y fiabilidad de la información no son confiables». Todo
esto quedó expuesto en los cuadros elaborados en esta providencia en los que
se consignaron los puntos en los que no coincidieron los informes.

178. Conclusiones de los tres informes analizados:

179. De lo hasta aquí expuesto, es posible llegar a las siguientes conclusiones:

179.1. La primera que el informe técnico que la DNIE elaboró el 7 de diciembre de
2018 fue hecho con información incompleta, tal como lo aceptó esa autoridad en
el segundo informe que hizo el 28 de diciembre de 2020, con ocasión del
realizado por la empresa IEA. En efecto, en este rectificó lo consignado en el
primero en lo relacionado con la participación accionaria, los «ingresos» y gastos
por los años 2016, 2017 y 2018 y coincidió en estos puntos con los fijados por tal
empresa. Asimismo, rectificó los ítems de «ingresos» y gastos de Lizeth Andrea
Reina Bulla (esposa del disciplinado) Maryi Vaneza Forero Arévalo y Juan
Esteban Forero Sánchez (hijo) indicados en el inicial.

179.2. La segunda es que el informe del 28 de diciembre de 2020 de la DNIE
coincide con lo afirmado por la empresa IEA en el documento del 18 de

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septiembre de 2019. En efecto, ambos concluyeron que el disciplinado y su grupo
familiar obtuvieron recursos financieros suficientes para solventar los gastos que
se reportaron y que les quedaron recursos susceptibles de «capitalizar».

179.3. La tercera se refiere a que en lo único que no coinciden los informes de la
DNIE del 28 de diciembre de 2020 y el de la empresa IEA del 18 de septiembre
de 2019 es en (i) el incremento en los bienes muebles e inmuebles del
disciplinado, puesto que la DNIE indicó que la empresa IEA no tuvo en cuenta el
valor de un vehículo y un lote; (ii) que la empresa IEA no incluyó un bien mueble
de Maryi Vaneza Forero Arévalo; y (iii) difieren en los gastos de Juan Esteban
Forero en el 2018, pues la DNIE afirma que fueron $86.604.000 y la empresa
$24.979.896. No obstante, coinciden en que los gastos fueron inferiores a los
recursos recibidos.

179.4. Finalmente, la cuarta conclusión es que la DNIE en su informe del 28 de
diciembre de 2020 [segundo informe] restó confiabilidad al presentado por la
empresa IEA el 18 de septiembre de 2019 porque los valores que este indicó
como ingresos del disciplinado por los años 2016 y 2017 eran superiores a los
incluidos en la declaración de renta corregida en el año 2019 por esos años ante
la DIAN por ese lapso. Ello, a pesar de que ambos informes guardaron similitud
en su análisis patrimonial y de fuentes y usos, incluso en la conclusión en la que
se resaltó que los recursos recibidos por el disciplinado eran superiores a sus
gastos.

180. Ante la situación anterior, se hace necesario examinar el dictamen pericial
decretado dentro del presente trámite de revisión, así como los testimonios de
los profesionales de la empresa IEA que realizaron el informe técnico para
determinar si las diferencias que encontró la DNIE en su informe del 28 de
diciembre de 2020 con el de la empresa IEA del 18 de septiembre de 2019
implicaron una variación tal en el análisis patrimonial que puedan llevar a concluir
que hubo un incremento injustificado. O, por el contrario, si tales diferencias
encuentran justificación contable que permita deducir que no existió.

181. Entonces a continuación se hará el análisis anunciado.

(i) Análisis integral del dictamen pericial aportado por el disciplinado
durante el trámite del recurso extraordinario de revisión116 y la sustentación
del perito junto con las otras pruebas allegadas al proceso

182. Conceptos técnicos

182.1. El dictamen fue ordenado en el auto de pruebas proferido dentro de la
presente actuación en auto del 11 de abril de 2025117 con el fin de analizar la
situación financiera del disciplinado durante el periodo investigado [ 2016 a 2018].
Lo elaboró la empresa «Contadores Judiciales, Investigación Judicial»
específicamente, Óscar Guillermo Vergara Gómez, contador público y magister
en investigación criminal de la Escuela de la Policía Nacional118.

116 Índices 91, 93 y 94, Samai.
117 Índices 91, 93 y 94, Samai.
118 Índices 91, 93 y 94, Samai.

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182.2. Previo al análisis de fondo del peritaje, se hace necesario aclarar conceptos
contables para su mejor comprensión debido a la especialidad del tema
estudiado. Para ello se citará, no solo su texto, sino lo explicado por el perito en
la audiencia de contradicción prevista en el artículo 228 del CGP que se realizó
el 7 de julio de 2025.

182.3. Pues bien, el dictamen determinó como objetivo «[…] 1. Revi[sar] el
comportamiento de ingresos y patrimonial de Walfrando Adolfo Forero Bejarano y de su
grupo familiar desde el año 2011 y hasta el 2018 (…) 2. verifi[car] las supuestas falencias
de los dictámenes periciales advertidas por parte de los fallos de primera y segunda
instancia (…) 3. [establecer] un análisis de los informes técnicos elaborados por la
Dirección de Investigaciones Especiales y sus ampliaciones o aclaraciones, junto con el
de la Fiscalía General de la Nación […]».

182.4. En el estudio se definió como metodología aplicar las normas
internacionales de auditoría (NIAS) y a partir de allí examinar dos marcos de
referencia, a saber «[e]l primer marco advierte sobre la evolución del patrimonio de
acuerdo con las declaraciones de renta presentadas para los años 2012 a 2018. El
segundo marco de referencia se desarrolla a partir del análisis de la información
presentada en los diversos informes contables y sus conclusiones […]».

182.5. En la audiencia de contradicción del dictamen se interrogó al perito para que
explicara la metodología aludida y el porqué era la adecuada para determinar la
existencia del incremento patrimonial de una persona natural. Sobre el particular
manifestó que era la establecida en los artículos 236 y 237 del Estatuto Tributario
y que consistía en la «[…] comparación patrimonial complementada con el estado de
fuentes y usos […]».

182.6. Con el fin de aclarar lo anterior, el perito aseveró que lo primero que debía
hacerse para determinar el incremento de un patrimonio era identificarlo y que
una vez determinado «[…] [se] procedía [a] revisar las fuentes con las cuales contaba
el señor Walfrando para los años 2016, 2017 y 2018 y de esta forma poder comparar si
estas eran suficientes para los incrementos justificados que tenía o por el contrario eran
insuficientes […]»119. Con el dictamen y con la declaración del perito se ilustró
sobre cómo se determina el patrimonio, cómo se calcula su incremento y el
concepto de «fuentes y usos» y para qué sirve este.

182.7. Así, en relación con el primer tema en el dictamen se puntualizó que la
«información patrimonial» se presenta principalmente en los estados financieros
básicos o fundamentales. Se precisó que dentro de estos se encuentra el «Estado
de Situación Financiera (Bance General)»120 y que este «presenta una fotografía de los
activos, pasivos y patrimonio del ente económico en una fecha determinada»121. El
peritaje detalló que «[e]l análisis patrimonial necesita de un Estado de la Situación
Financiera o Balance General, que identifique los activos, pasivos y patrimonio […]»122.

182.8. Asimismo, en el dictamen se aclaró que «[…] el incremento patrimonial se
calcula comparando el patrimonio líquido de dos periodos consecutivos. (Un periodo
contable o periodo fiscal es un lapso de tiempo específico (generalmente un año) […]»

119 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [12´:40´´ a 13´:53´´].
120 Índice 91, 93 y 94, Samai. Dictamen pericial, página 46.
121 Ibidem.
122 Ibidem. Índices 91, 93 y 94, Samai. Dictamen pericial, página 47.

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[sic] (negrilla el original). En la audiencia del artículo 228 del CGP el perito explicó
el concepto de patrimonio y el patrimonio líquido. Al respecto expresó que «[…]el
patrimonio es la totalidad de bienes y haberes que poseía el señor Walfrando para cada
uno de los años. El patrimonio líquido es el patrimonio total menos las deudas que tuvo
durante cada año. Para qué nos sirven, nos sirven porque la deuda o los pasivos son
tomados como fuente de financiamiento para adquirir el patrimonio bruto […]»123.

182.9. Sobre el segundo tema «fuentes y usos» en el dictamen se precisó que «[e]l
Proceso de Fuentes y Usos ayuda a justificar el incremento patrimonial: El proceso de
Fuentes y Usos debería mostrar cómo los fondos que ingresaron (fuentes) se utilizaron
para adquirir activos o reducir pasivos, lo que se refleja en el incremento del patrimonio
[…]» (ortografía del texto original).

182.10. De igual manera, se explicó el concepto de «fuentes y usos» y se señaló
que «[…] genera un informe financiero que muestra de dónde provinieron los recursos
financieros (fuentes) y cómo se utilizaron (usos) este proceso es aplicado a personas
naturales durante un período específico, que, de acuerdo con la normatividad
colombiana, es de un año […]» [sic] y se aclaró que « […] el proceso de Fuentes y
Usos no determina directamente el incremento del patrimonio sin justificar, pero es una
herramienta fundamental para identificar y analizar ese incremento […]» [sic].

182.11. Para el caso particular, en la audiencia de contradicción del dictamen el
perito precisó que «[…] el proceso de fuentes y usos consiste en identificar los ingresos
que en este caso el señor Walfrando, persona natural no obligada a llevar contabilidad,
obtiene durante un periodo de tiempo determinado o una anualidad, entonces al
identificar los ingresos también se debe identificar en que se gastó el dinero […]»124.

182.12. Asimismo, el perito en el interrogatorio explicó por qué, aunque el estudio
de «fuentes y usos» no determina el incremento patrimonial, es un complemento
necesario de su estudio. En efecto, señaló que el primero «[…] no es suficiente
porque ese resultado [se refiere a los ingresos y egresos] debe ser comparado con el
movimiento del patrimonio porque estamos mirando el incremento del patrimonio, no nos
podemos quedar solo con que le hizo falta ingreso sino verificarlo junto con el patrimonio
declarado durante los años 16, 17 y 18. Entonces por eso digo que es complemento, el
quedarse solo con una sola parte, ya sea el incremento patrimonial o las fuentes y usos
quedaría de alguna forma haciendo falta información para poder decirle efectivamente y
con certeza existió incremento o no existió incremento del patrimonio […]»125.

182.13. En el dictamen se especificó que «fuente» se refiere a la entrada de
recursos financieros y que puede ser ingresos (salarios, comisiones, ventas);
financiación (préstamos) o inversión (venta de propiedades, planta y equipo, etc).
En cuanto a los «usos» dijo que aluden a las salidas o aplicación de los recursos
financieros y pueden ser costos y gastos (pagos relacionados con el negocio);
financiación (pago de préstamos, recompra de acciones, pago de dividendos);
inversión (compra de propiedades) y otros usos (aumento de activos corriente
como inventarios, cuentas por cobrar). Esta explicación también se dio en la
audiencia de contradicción del dictamen, en la que el perito explicó la diferencia
entre «fuente» e «ingresos»126.

123 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [23´:00´´ a 23´:21´´].
124 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [14´:47´´ a 16´:23´´].
125 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [14´:47´´ a 16´:23´´].
126 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [24´:28´´ a 25´:20´´].

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182.14. Así las cosas, de acuerdo con la información técnica contable incluida en
el dictamen pericial y las explicaciones que el perito hizo en la audiencia de
contradicción de aquel, se puede concluir que para determinar el incremento
patrimonial de una persona natural y si fue justificado o no, es necesario:

(i) Identificar el patrimonio existente en un estado de situación financiera o
balance general;

(ii) calcular el incremento del patrimonio con la comparación del patrimonio
líquido de dos periodos consecutivos; y

(iii) realizar el estudio de fuentes y usos para determinar si el incremento fue
justificado o no. Esto es, si las fuentes de recursos se usaron y alcanzaron para
tal efecto.

182.15. Aclarado lo anterior, se pasará a verificar el estudio patrimonial y de fuentes
y usos que en el dictamen pericial se hizo, así como el examen que en aquel se
realizó de los informes técnicos elaborados por la DNIE de la PGN y la empresa
IEA. Todo para efectos de determinar si Walfrando Forero Bejarano incurrió en
el tipo disciplinario previsto en el artículo 48.3 inciso 2 de la Ley 734 de 2002,
esto es, si incrementó de manera injustificada su patrimonio.

183. Análisispatrimonial del dictamen pericial. Coincidencia con los
resultados del informe técnico de la empresa IEA del 18 de septiembre de
2019

183.1. En el peritaje se realizó un perfil económico del disciplinado en el que
concluyó que ha sido un reconocido líder social de su región y empresario con
participación accionaria en 5 empresas, a saber: Manufacturas en Madera
Cimitarra Ltda. (98%), Acuicultura El Porvenir del Llano C.I. Ltda. (95%),
Acuicultura Forero Vanegas Ltda. (50%), Procesadora de Alimento Llano Integral
Ltda. (50%) y Procesadora Maderas Cimitarra Ltda. (95%).

183.2. A continuación, efectuó un análisis de la evolución de su patrimonio con
fundamento en las declaraciones de renta por el periodo 2012 a 2018 [primer
paso a seguir según el dictamen y lo relatado por el perito]. Se advierte que en el
informe se examinaron las declaraciones de renta de los años 2016, 2017 y 2018
corregidas por el demandante los días 1, 2 y 13 de agosto de 2019,
respectivamente. Por lo tanto, el peritaje contó con igual información a la
analizada por la empresa IEA en su informe del 19 de septiembre de 2019 y por
la DNIE de la PGN en el informe del 28 de diciembre de 2020.

183.3. Los peritos hicieron un resumen de los resultados del estudio patrimonial:

183.4. Patrimonio: en el informe se explicó que «se refiere a todos los bienes y
derechos que estén a su nombre, como: inmuebles, vehículos, cuentas por cobrar,
acciones, etc.». Se analizó el patrimonio bruto, los pasivos y el total del patrimonio
líquido, con los siguientes resultados:

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AÑO Total patrimonio bruto 127 Pasivo128 Total patrimonio liquido
2012 $5.388.156.000 $881.271.000 $4.506.885.000
2013 $5.494.569.000 $837.766.000 $4.656.803.000
2014 $5.732.698.000 $826.555.000 $4.906.143.000
2015 $6.652.743.000 $851.997.000 $5.800.746.000
2016 $5.988.831.000 $1.217.985.000 $ 4.770.846.000
2017 $6.299.940.000 $1.581.992.000 $4.717.948.000
2018 $6.573.610.000 $1.952.479.000 $4.621.131.000

183.5. De lo anteriores datos el peritaje concluyó que «[…] a lo largo del periodo de
estudio comprendido entre los años 2012 al 2018, el crecimiento del patrimonio ha
sido constante, debido principalmente en los ingresos obtenidos y la financiación con
recursos de terceros en pasivos […]» (se resalta).

183.6. A continuación, el perito procedió a « verificar la razonabilidad y causalidad de
los ingresos reportados en las declaraciones de renta» [en las que analizó las
corregidas por el demandante por los años 2016, 2017 y 2018]. Definió ingreso
como «toda ganancia que se recibe por venta de un bien o servicio y que puede ser en
dinero o especie» y determinó el total de ingresos por el periodo comprendido entre
2012 a 2018 así:

Salarios y Honorarios,
Dividendos y
Año demás pagos comisiones y Otros Total
participaciones
laborales servicios
2012 $ 15.719.000 $ 283.905.000 $ 1.016.250.000 $1.315.874.000
2013 $ 647.336.000 $ 142.110.000 $ 789.446.000
2014 $ 513.337.000 $ 100.000.000 102.188.000 $ 715.525.00
2015 $ 397.231.000 $ 136.250.000 $ 533.481.000
2016 $155.149.000 $ 276.325.000 $ 136.250.000 $ 567.724.000
2017 $206.099.000 $ 490.826.000 $ 696.925.000
2018 $190.597.000 $ 518.489.000 $ 709.086.000
Total $567.564.000 $ 2.118.134.000 $1.109.315.000 $ 1.533.048.000 $5.328.061.000

183.7. Como resultado de lo anterior señaló que en este lapso [2012 a 2018] el
disciplinado recibió un total de ingresos «declarados» de $5.328.061.000, los
cuales decrecieron año a año [pues en 2012 ascendieron a $1.315.874.000, en
2013 a $ 789.446.000, en 2014 a $ 715.525.00, en 2015 a $ 533.481.000, en 2016
a $ 567.724.000, en 2017 se incrementaron a $ 696.925.000 y en 2018 a $
709.086.000] y «[están] representado[s] en salarios como alcalde de Tocancipá,
honorarios por parte de la sociedad Manufacturas en Maderas Cimitarra Ltda, de la cual
es socio accionista, dividendos y participaciones de sociedades en las cuales tiene
acciones y otros ingresos como arrendamientos […]»129.

183.8. Si bien en el dictamen se dio a entender con la redacción trascrita que los
ingresos incluyeron dividendos en los años 2016 y 2017, el perito en la audiencia
de contradicción del dictamen explicó el contenido de la casilla «Dividendos y
participaciones» ante la duda planteada por la PGN.

183.9. Así, señaló que, si bien para esos años aparecen cifras en tal casilla, ellas
se refieren realmente a arrendamientos y honorarios recibidos por pago de

127 «todos los activos financieros, inversiones, bienes inmuebles, vehículos y otros activos que

una persona tiene al finalizar un año gravable»
128 «constituyen una fuente de ingresos que pueden ser utilizadas para la compra y/o adquisición

de activos»
129 Índices 91, 93 y 94, Samai. Página 15 del dictamen pericial.

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transporte porque el formulario expedido por la DIAN para la declaración de renta
a partir del año 2017 indicó que debían ir en ella estos emolumentos. El perito lo
explicó de la siguiente manera:

«[…] Pregunta PGN: En su informe usted menciona que los ingresos recibidos
por el señor Walfrando conforme a las declaraciones de renta provienen de
ganancias que recibe por venta de bienes y servicios, asimismo también especifica
que parte de los salarios recibidos como alcalde de Tocancipá percibió honorarios
por parte de la empresa Manufacturas Cimitarra de la cual es socio y accionista
también recibió dividendos y participaciones y otros ingresos provenientes de la
misma empresa. Yo le pregunto ¿qué documentos tomó como base para
determinar el monto de los ingresos recibidos por el señor Walfrando en los años
que está enunciando su informe?

Respuesta del perito: entendamos una cosa. El señor Walfrando, persona
natural no obligada a llevar contabilidad, declara, en las declaraciones de renta
hablamos de ingresos de capital, dentro de los ingresos de capital a hoy se
encuentran subsumidas arrendamientos, honorarios y dividendos, en ningún
momento el señor Walfrando ha recibido dividendos, ha recibido honorarios y
arrendamientos que se encuentran en la cédula de capital, ingresos de capital.

Pregunta PGN: Usted indica que el señor Walfrando no recibió dividendos, pero
en su informe en la página 15 discrimina saldo casi de mil millones de dividendos
y participaciones [se refiere al cuadro antes trascrito]. Podría explicarnos eso, por
favor.

Respuesta del perito: claro que sí. Como le dije anteriormente, doctor, los
formularios de la renta, de la declaración de renta han venido cambiando a lo largo
del tiempo. Entonces, hasta el 2016 usted podía colocar en sus declaraciones de
renta una parte los honorarios otra parte los arrendamientos y otra parte los
dividendos, al 2017 hay un cambio sustancial frente a esto y ahora se llaman rentas
de capital. Entonces, en ese orden de ideas tratando de unificar el cuadro de rentas
de capital coloqué los dividendos, pero eso no significa que el señor haya recibido
dinero por dividendos. Dividendos está subsumido en el renglón 43 de las rentas
de capital, es decir, esos mil nueve millones que aparecen en ese cuadro están
divididos en lo que declaró como arrendamientos para el año 2017, para el año
2018 y lo que declaró como honorarios para el año 2017 y para el año 2018.
Entonces, el hecho de que usted venga y me diga veo dividendos, pero son rentas
de capital que aparecen en el renglón 43 del formulario de declaración de renta y
ahí obliga la DIAN a meter honorarios y arrendamiento […]»130 [sic].

183.10. Lo anterior concuerda con los formularios que la DIAN expidió para la
declaración de renta de persona natural [formulario 210]. Al revisarlo se pudo
constatar que a partir del año 2017 cambiaron131. Así, en el del año 2016 en el
cuadro de «ingresos» aparecían juntos, pero en diferente casilla, los honorarios,
comisiones y servicios [casilla 35], las ventas y arrendamientos [casilla 38] y los
dividendos y participaciones [casilla 37]. Desde el año 2017 el cuadro de
«ingresos» dejó de existir y se creó el de «rentas de capital» en el que incluyó
«ingresos brutos rentas de capital» en el cual, de acuerdo con el instructivo se
reporta lo recibido por arrendamientos y honorarios.

183.11. Se aclara que al tratar de corroborar la información de ingresos revelada
por el perito en el expediente solo se encontró como anexos del dictamen pericial

130 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [1:44´:18´´ a 1:47´:31´´].
131En la página Web de la DIAN se encuentran los formularios con los respectivos instructivos de

diligenciamiento:
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos/Paginas/default.aspx#Inplvie
wHash99b640fb-d36f-45e4-ba71-52fd08fa4b3d=SortField%3Dacjs-
SortDir%3DAscWebPartID%3D%7BE2F9D3BF--79FE--47E7--88BE--C6AD63D83736%7D

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las declaraciones de renta de los años 2012 a 2015, pero no las de los años 2016,
2017 y 2018. No obstante, la Sala entiende que fue un descuido del perito al
momento de agrupar los anexos, puesto que en la audiencia de contradicción del
dictamen mostró y explicó las correspondientes a estos últimos años y afirmó que
fueron anexados. Además, los valores de ingresos y pasivos establecidos en
tales declaraciones coinciden con los que sobre estos ítems en el dictamen
pericial se determinó [gráficas 4.3.3. y 4.3.4.] lo que permite deducir que los tomó
de ellas.

183.12. Esta inferencia se refuerza porque los valores que se indicaron como
ingreso en el dictamen pericial, se pudieron corroborar con la copia de las
declaraciones de renta corregidas por esos años que se encontraban como
prueba dentro del expediente disciplinario132 y con en el informe técnico 11-
328746 del 2 de junio de 2023 elaborado por el Cuerpo Técnico de
Investigaciones [CTI] para la Fiscalía 26 Seccional Especializada contra la
Corrupción133 dentro de la investigación adelantada en contra de Walfrando
Forero Bejarano por su incremento patrimonial que sustentó su archivo.

183.13. En tal informe se adjuntaron fotografías completas de las declaraciones de
renta corregidas de esos años [páginas 7, 13 y 19] y los valores por ingresos
contenidos en ellas coinciden con los enunciados en el peritaje. Cada fotografía
concuerda en los consecutivos de los formularios mostrados por el perito
[formulario 2016 # 211641556708, formulario 2017 # 211363232002; y formulario 2018
# 2114606330061] y con los de las declaraciones de renta que reposan como
prueba dentro del expediente disciplinario.

183.14. A ello se agrega que en el informe el CTI discriminó los ingresos con ayuda
del programa «Ayuda de Renta» del que dijo era «propiedad de la DIAN, de
distribución gratuita y se ha diseñado con el propósito de facilitar, hacer más ágil y
sencillo el diligenciamiento de la Declaración de Renta y Complementarios Personas
Naturales»134, del cual extrajo iguales datos. Así las cosas, aun cuando las
declaraciones de renta corregidas de los años 2016, 2017 y 2018 no fueron
aportadas con el dictamen pericial, para la Sala es claro que el perito sí se basó
en ellas para determinar los ingresos y pasivos del disciplinado.

183.15. Ahora bien, revisadas las declaraciones de renta corregidas por los años
2016, 2017 y 2018 que se muestran en el informe del CTI se pudo constatar que
los ingresos que en el dictamen pericial se aseveró que el disciplinado recibió en
los años 2016, 2017 y 2018 y que se reseñaron en el cuadro anterior, sí
incluyeron los arrendamientos y honorarios por transporte que le pagó
Manufacturas en Maderas Cimitarra y no se refería a dividendos como el perito
lo sustentó.

183.16. En efecto, el CTI en su informe técnico discriminó los ingresos con ayuda,
según lo expresó, del programa «Ayuda de Renta» de la DIAN, y determinó que
los ingresos de Walfrando Forero Bejarano para el año 2016 y 2017 provenían
de su labor como empleado público, por pago de servicio de transporte, por pago

132 Índices 9 y 65, Samai. Folios 18, 39 y 57 del expediente disciplinario, cuaderno 5 [Folios 19,

40 y 58 archivo PDF].
133 Índice 92, Samai.
134 Ibidem. Informe técnico 11-328746 del 2 de junio de 2023 del CTI. Página 7.

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de arrendamientos y por la venta de un bien mueble135; y para el 2018 por salarios
como empleado, rendimientos financieros y arrendamientos136.

183.17. Enel peritaje también se encontraron acreditadas otras «fuentes de
financiación» del disciplinado. El dictamen las define como «todos los recursos en
dinero o especie que permite a la persona natural crecer patrimonialmente, estos pueden
ser: ingresos, préstamos o pasivos y sustitución de activos entre otros». Entre ellas
incluyó los préstamos que la empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra Ltda.
le hizo al disciplinado por los años 2016 a 2018 por un total de $1.100.000.000,
distribuidos en $500.000.000 por el año 2016, $300.000.000 por el año 2017 y
$300.000.000 por el año 2018. Incluyó también el dinero que recibió por la venta
de su participación en la empresa Megápolis 36Z S.A. por $558.993.046 recibidos
en tres cuotas en igual tiempo137.

183.18. El perito en la audiencia de contradicción del dictamen afirmó que la
información citada como pasivos fue «obtenida de las declaraciones de renta que
reposan a lo largo del expediente y fueron aportados por el dictamen de la empresa
investigaciones estratégicas y fueron analizados también por la Procuraduría […]»138.
En la audiencia del artículo 228 del CGP el perito evidenció al mostrar todas las
declaraciones de renta corregidas presentadas por el disciplinado para los años
2016 a 2018 el valor de los pasivos que declaró y que fueron incluidos en el
dictamen pericial139. Así, señaló que para el año 2016 los pasivos ascendieron a
$1.217.985.000, para el 2017 a $1.581.992.000, y para el 2018 a $1.952.479.000
dentro de los cuales se encontraba lo adeudado a Manufacturas en Maderas
Cimitarra.

183.19. En efecto, las cifras anteriores coinciden con las que se indicaron por el
Cuerpo Técnico de Investigaciones [CTI] en el informe técnico 11-328746 del 2
de junio de 2023140 cuya elaboración se apoyó en las declaraciones de renta que
el disciplinado presentó corregidas para los años 2016 a 2019. En este informe
se determinaron como pasivos por los años 2016 a 2018 iguales cifras a las
señaladas en el dictamen pericial. Asimismo, el CTI al hacer la discriminación de
los pasivos con apoyo del programa «Ayuda de Renta» incluyó lo adeudado a
Manufacturas en Madera Cimitarra por los años 2016, 2017 y 2018 por un total
de $1.100.000.000141 y coincidió en el total de pasivos que se indicó en el
dictamen pericial por cada año.

183.20. Asimismo, en el dictamen pericial se precisó que el soporte contable de los
préstamos que recibió en efectivo el disciplinado por parte de la empresa
Manufacturas en Maderas Cimitarra es el comprobante de egreso con el que esta
generó los estados financieros. Así también el perito lo sustentó en la audiencia
de contradicción del dictamen142. Añadió que su revisor fiscal también lo certificó
en el año 2019 como un egreso de la entidad porque la operación estaba
soportada en los comprobantes de egresos y los libros contables de la

135 Ibidem. Informe técnico 11-328746 del 2 de junio de 2023 del CTI. Páginas 11 y 17.
136 Ibidem, página 23.
137 Página 17 del dictamen pericial.
138 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [18´:21´´ a 18´:47´´].
139 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [1:09´:32´ a 1:15¨:32´´]. En el dictamen

los pasivos se relacionaron en el cuadro 4.3.1. y en la gráfica 4.3.3, páginas 12 y 14.
140 Índice 92, Samai.
141 Ibidem. Informe técnico 11-328746 del 2 de junio de 2023 del CTI. Páginas 10, 16, 22.
142 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [2:12´:00´ a 2:12¨:51´´].

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empresa143.

183.21. Dentro del expediente existe la certificación suscrita por el revisor fiscal de
la empresa Manufacturas en Madera Cimitarra del 3 de septiembre de 2019 144 y
en ella se indicó que esta le prestó al disciplinado la suma de $1.100.000.000
distribuidos en los años 2016, 2017 y 2018. Las cifras en la certificación coinciden
con las señaladas en el dictamen pericial y en el informe técnico del CTI. De igual
modo, en la certificación se informó el valor de los pagos que le hizo la empresa
por concepto de arrendamientos y transporte por iguales años. Dentro del
expediente reposan los comprobantes de egreso por los préstamos de los años
aludidos145 y el libro auxiliar contable de la empresa que certifican el pago del
préstamo146.

183.22. De acuerdo con ello, el dictamen pericial presentado dentro del presente
proceso, los informes Técnicos elaborados por el CTI de la Fiscalía General de
la Nación y por la empresa IEA coinciden en que Walfrando Forero Bejarano
recibió recursos desde distintas fuentes a saber: salarios, pago de arrendamiento
y honorarios de transporte por parte de la empresa Manufactura en Madera
Cimitarra y préstamos de esta por valor de $ 1.100.000.000 y por la venta de su
participación en la empresa Megápolis 36Z S.A. También la DNIE de la PGN en
su segundo informe del 28 de diciembre de 2020 aceptó estas fuentes con el cual
rectificó el primero que presentó el 7 de diciembre de 2018, según se expuso en
capítulos previos.

183.23. No obstante lo anterior, la PGN en el acto administrativo sancionatorio de
segunda instancia restó credibilidad a los documentos contables de la empresa
Manufacturas en Maderas Cimitarra. Específicamente respecto de los
comprobantes de egreso señaló que al emitirse sin orden cronológico no eran
confiables147 y agregó que no se demostraron los medios con los que se pagaron
los préstamos.

183.24. Al revisar
tales argumentos, se pudo constatar que solo 2 de los 36
comprobantes emitidos en los años 2016, 2017 y 2018 no se expidieron en orden
de fecha. Estos corresponden al 007674-1 del 19 de febrero de 2016 por valor
de $35.000.000 que fue proferido primero que el 007661-1 pese a que este es
del 29 de marzo de 2016 [$40.000.000]. Los demás siguieron un orden
cronológico sin alteraciones.

183.25. Lo expuesto permite aseverar que la PGN al desvirtuar todo el valor de la
contabilidad de la empresa solo por esta única inconsistencia en tales
comprobantes de egreso constituye un análisis probatorio errado, máxime
cuando el pago del préstamo también podía corroborarse en los registros del libro
auxiliar. Ciertamente, al revisarse estos se constató que se registró efectivamente

143 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [1:21´:00´ a 1:23¨:41´´].
144 Índice 9 y 65, Samai. Carpeta AZ-02, página 33
145 Ibidem, folios 225 a 260. Los comprobantes aparecen ordenados de manera consecutiva y en

cada uno se refleja el valor pagado por los préstamos. El total de suma concuerda con el valor
total del préstamo $1.100.000.000. Así también lo registró la PGN en el acto administrativo de
segunda instancia en el que realizó los enlistó con el valor correspondiente a cada uno [índices 9
y 65, Samia. Folios 370 y 371, cuaderno 6 del expediente (folios 34 y 35 archivo PDF].
146 Índice 9 y 65, Samai. Carpeta AZ-0, folios 40 a 74.
147 índices 9 y 65, Samai. Folios 370, cuaderno 6 del expediente [folio 34 archivo PDF].

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el pago del préstamo, por los valores y en las fechas indicadas148.

183.26. La anterior se confirmó con la exposición que Luz Esther Infante Durán,
contadora pública y quien fue parte del equipo de la empresa IEA que elaboró el
informe técnico del 18 de septiembre de 2018, hizo en la declaración que rindió
dentro del presente trámite.

183.27. En ella exhibió los comprobantes de egreso de los préstamos que
Manufacturas en Maderas Cimitarra concedió al disciplinado y los libros auxiliares
de esta empresa en los que se indicó que se pagaron en efectivo [explicó que ello
es lo que significa cuando aparece registrado como «caja» en la contabilidad]. Con la
exhibición de los documentos resaltó que sí se identificaron los medios de pago
con los que se desembolsó el préstamo. Al preguntársele sobre la objeción que
la PGN señaló referida a que no se demostró el método con el cual el realizó el
pago, expresó:

«[…] Respondió: pues lo objeto de manera total en los dos sentidos que les he
mencionado y les he identificado [muestra cuadros del libro auxiliar contable de
Maderas Cimitarra] si se dan cuenta solo acá [resalta una casilla del cuadro en la
que se indican los medios de pago: caja y cheque] en todos los libros auxiliares de
muestran los métodos de pago y particularmente en lo que tiene que ver con los
préstamos, ya me voy al anexo correspondiente, aquí empieza el año 2016
[muestra libro auxiliar contable de la empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra]
en este que es concepto de préstamo a socios el modo de pago es caja para el
año 2016 [resalta la casilla que así lo indica], significa que no se generó un cheque
para efectuar el pago correspondiente [se interrumpe a la testigo y el abogado
defensor pregunta si eso es un método para realizar el pago] efectivamente se
genera de dos maneras a través de caja o bancos, las dos formas totalmente
válidas. Les iba a enseñar que para el periodo 2016, 2017 el método de pago que
es caja y 2018, respectivamente, lo que tiene que ver sobre ese concepto se hizo
por sobre esta opción de pago en efectivo que se realiza, aunado a ello les
muestro el anexo no se puede decir de que no está identificado a la luz de que el
mismo comprobante de egreso [muestra el comprobante 007674-1] le está
indicando la partida contable en la cual se registra y le está indicando el número
de cuenta, para los que manejan contablemente esta información pueden hacer la
consulta, pueden identificar que la 1105 [cuenta que aparece en el comprobante]
corresponde al método de pago de caja, o sea en efectivo, entonces no se puede
argumentar que no está siendo que tanto en el libro auxiliar como en los
comprobantes de egreso se identifica el medio de pago correspondiente […]»149
[sic].

183.28. Luz Esther Infante Durán también fue interrogada sobre lo afirmado por la
PGN en el acto administrativo sancionatorio relacionado con que los
comprobantes de egreso de la contabilidad de Manufacturas en Madera Cimitarra
no eran creíbles porque no estaban organizados cronológicamente. Al respecto
precisó lo siguiente:

«[…] fuera del hecho de que existen saltos en la numeración esos documentos
están en total eh… son fidedignos a la hora de respaldar una información para
análisis forense. Las razones por las cuales existe un consecutivo durante la
presentación de la información por parte de la empresa manufacturas pues no la
puedo aseverar porque ese no es mi campo de acción a la hora de decirle, yo no
soy contadora de manufacturas y decirle es por esta razón específicamente, como
contadora le puedo dar algunas razones entre otras hechos económicos, en
algunos escenarios, por ejemplo, se pueden dar que se hizo un desembolso y

148 Índice 9 y 65, Samai. Carpeta AZ-0, folios 38 y 39 [42 y 43 del archivo PDF].
149 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [1:32´:50´´ a 1:34´:43´´].

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hasta después ha sido informado a sus áreas de contabilidad y demás, pero ese
realmente no es mi campo de acción para este informe, estamos haciendo un
análisis de fuentes y usos mas no un análisis de la contabilidad de manufacturas
y maderas cimitarra […]»150.

183.29. Luego se le interrogó sobre si el hecho de que no exista orden cronológico
en los comprobantes de egreso es razón para no creer en su contenido. Al
respecto expuso lo siguiente:

«[…] no para nada, en absoluto, uno pues está citando una norma [se refiere a la
PGN que citó el artículo 124 del Decreto 2469 de 1993 para justificar que la no
cronología de los comprobantes les resta credibilidad] pero tenemos en paralelo
los NIIF, las NIF tienen incidencia desde el 2009 que inclusive son las que citamos
también en el informe que son las normas internacionales de información
financiera porque no solamente aplica un decreto sino algunos en paralelo que
permite registrar los hechos económicos no necesariamente, porque la norma no
dice explícitamente, no se pide que sea a nivel de consecutivo pero sí que se
registren en los meses correspondientes o en los periodos correspondientes, eso
es lo que dice las NIIF, entonces siento que quedaría corto traer una sola norma
siendo que también para la época se están hablando de otras más […]»151.

183.30. Si bien el Decreto 2649 de 1993152 en su artículo 124 ordena que los
comprobantes de contabilidad «deben ser numerados consecutivamente, con
indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieren elaborado y
autorizado», lo cierto es que en el presente caso ello no se cumplió solo en el
orden de los comprobantes 007674-1 del 19 de febrero de 2016 y 007661-1 del
29 de marzo de 2016. No obstante, esto no alteró el valor del préstamo y el
interregno entre la expedición de uno y otro no fue de tal consideración que diera
lugar a pensar que la expedición del segundo pretendía alterar la contabilidad.

183.31. Además, de acuerdo con lo narrado por Luz Esther Infante Durán, las
normas internacionales de información financiera [NIIF] exigen que el hecho
económico se registre, más que de forma consecutiva, en el periodo
correspondiente. Aclara la testigo desde su saber contable que el salto
cronológico puede suceder porque el hecho económico [préstamo] pudo
desembolsarse e informarse después al área de contabilidad, pero que lo
importante es su registro en esta.

183.32. Con la precisión anterior y con la certificación del revisor fiscal de la
empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra queda claro que los comprobantes
de egreso que reposan en su contabilidad sí demuestran el pago del crédito al
disciplinado y que el modo de pago fue en efectivo [caja]. Aunque existió un
desajuste en su orden cronológico, tal situación no desvirtúa su credibilidad,
mucho más cuando en los libros auxiliares de contabilidad se registró el pago y
la deuda fue declarada por Walfrando Forero Bejarano ante la DIAN.

183.33. La
PGN en el acto administrativo sancionatorio de segunda instancia
también restó valor probatorio a los documentos contables de la empresa

150 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [1:16´:15´´ a 1:25´:18´´].
151 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [1:25´:19´´ a 1:26´:39´´].
152 «Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de

contabilidad generalmente aceptados en Colombia».

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Manufacturas en Maderas Cimitarra en lo que respecta a los préstamos que hizo
al disciplinado, puesto que consideró que el valor de estos por el año 2018 [indicó
$300.500.000] no coinciden con los reportados por la empresa IEA que lo fijó en
$300.000.000 y que, según quedó evidenciado, concuerda con el dictamen
pericial y el informe técnico del CTI.

183.34. Frente al particular, se advierte que la PGN enlistó en la decisión los
comprobantes de egreso del préstamo por el año 2018153 y también incluyó un
recibo de caja154 por valor de $500.000. Para aclarar ello, se interrogó a Luz
Esther Infante Durán sobre la diferencia encontrada por la PGN, a lo que
respondió lo que sigue:

«[…] bueno, hice la correspondiente revisión y no sé particularmente de dónde ha
sacado el tema de la información, lo que referencian en el informe [...] este cuadro
[muestra el cuadro de la página 34 del fallo de segunda instancia] lo he identificado
en el informe que ha referenciado [al abogado le indicó que era el fallo disciplinario]
y particularmente llama mi atención que en los comprobantes de egreso que
efectivamente corresponden a la información asentada en el informe de
investigaciones se ha añadido un recibo de caja, no tengo la fuente de dónde pudo
haber salido esta información realmente no conozco esta información, es más ni
lo certificado por la empresa se puede identificar eso porque tengo los anexos y
no encuentro de dónde se pudo haber sacado, más allá de eso estoy
evidenciando que la naturaleza del documento tampoco corresponde, los
recibos de caja son un tema de recaudo no de pago, entonces no conozco,
pues fuera de no conocer no conozco porqué está incluido en esta relación.
Aunado a ello, me tomé la tarea de revisar uno a uno dentro del informe porque
quería encontrar qué tipo de inconsistencia era y efectivamente lo que dice el libro
auxiliar generado por la empresa los soportes que fueron entregados, obviamente
y validados, tampoco se identifica este tipo de documento, más allá tampoco lo
certificado por el revisor fiscal, puedo llamarles 429, permítame y busco [429 se
refiere a una página del libro auxiliar contable de Manufacturas Cimitarra] aquí
estamos efectivamente verificado que el libro auxiliar generado, lo que les decía
que había capturado la información para validarlo está referenciado lo que está en
el informe de investigaciones estratégicas y aunado a ello lo certificado también
por el revisor fiscal [muestra el certificado] efectivamente aquí una certificación
aunado a lo emitido por la empresa también está lo certificado por el revisor fiscal
y lo que tenemos en documentos que fueron recolectados y analizados en su
momento por el informe […]»155.

183.35. Se le interrogó entonces si el que la PGN hubiese incluido un recibo de
caja junto con los comprobantes de pago era un error y contestó: «[…]
efectivamente es un error por la naturaleza del mismo recibo no corresponde, un recibo
de caja no se utiliza para ese tipo de operaciones y menos en una empresa que se
requiere contabilidad […]»156.

183.36. De esta manera, se puede determinar que la PGN para calcular el valor del
préstamo del año 2018 incluyó un documento [recibo de caja] que no es el
soporte de ello. Tal error implicó que el valor del préstamo cambiara en la suma
de $500.000, diferencia que le generó dudas sobre la veracidad de la información
incluida en la contabilidad de Manufacturas en Maderas Cimitarra y la reportada
por la empresa IEA que coincide con el dictamen pericial y el informe técnico del

153 Comprobantes 008580-1, 008601-1, 008656-1, 008704-1, 008759-1, 008800-1-, 008839-1,

008884-1, 0028975-1, 009039-1, 009112-1, 009162-2.
154 RC-18/10/01.
155 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [1:29´:18´´ a 1:31´:14´´].
156 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [1:31´:40´´ a 1:32´:13´´].

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CTI. Por lo tanto, fue infundado el reparo que la PGN hizo sobre este punto.

183.37. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que Walfrando Forero
Bejarano para el periodo 2016 a 2018 sí contó con diversas fuentes de recursos
para solventar sus gastos distintos de los salarios que le pagaron por su
desempeño como alcalde de Tocancipá (Cundinamarca). Entre ellas los ingresos
que recibió por pago de arrendamientos y honorarios por servicios de transporte,
así como los préstamos que le otorgó la empresa Manufacturas en Madera
Cimitarra y lo recibido por la venta de sus acciones en la empresa Megápoliz 36Z
S.A.

183.38. Todo lo cual quedó evidenciado con las declaraciones de renta corregidas
de los años 2016, 2017 y 2018, a las que tuvo acceso tanto la empresa IEA para
elaborar su informe del 19 de septiembre de 2018 como la DNIE de la PGN para
estructurar el del 28 de diciembre de 2020, y los distintos documentos de la
contabilidad de Manufacturas en Maderas Cimitarra (comprobantes de egreso,
libro auxiliar, certificado del revisor fiscal), en los cuales se apoyó el dictamen
pericial, el informe de la empresa IEA y el CTI de la Fiscalía General de la Nación
para rendir sus respectivos informes técnicos y respecto de los cuales no
encontraron reparo alguno.

183.39. De hecho, tampoco la DNIE en los dos informes que realizó encontró
inconsistencias en los documentos de la contabilidad de la empresa
Manufacturas en Maderas Cimitarra, porque la contabilidad de la citada empresa
no fue cuestionada por la PGN, pese a ser los encargados de rendir el informe
especializado sobre el incremento patrimonial del disciplinado y de su grupo
familiar.

183.40. Ciertamente, la DNIE de la PGN en el segundo informe del 28 de diciembre
de 2020 que corrigió el primero del 7 de diciembre de 2018 solo refutó los
resultados del informe técnico de la empresa IEA por cuanto los valores por
ingresos del disciplinado en él presentado no coincidían con los declarados ante
la DIAN. La objeción no se dio porque los documentos contables que certificaban
los préstamos no fueran confiables, como la PGN en su decisión sí lo interpretó.

183.41. Con todo, de darse por probado que la empresa Manufacturas en Madera
Cimitarra presentó algunas incoherencias en su contabilidad, Walfrando Forero
Bejarano no tenía como controlar la forma en que se hacían los registros sobre
los préstamos que se le hicieron, pues, aunque es socio de la empresa no es
quien la administra. Lo relevante para efectos de determinar si los préstamos
fueron otra fuente de recursos para él es que quedó probado que los préstamos
y sus pagos se hicieron, por cuanto existen los comprobantes que dan cuenta de
que fueron entregados en efectivo, los registros en los libros contables y las
declaraciones de renta que lo corroboran.

183.42. El dictamen pericial con fundamento en el análisis patrimonial y de fuentes
y usos que realizó y del cual se puede afirmar estuvo debidamente soportado,
según se expuso en precedencia, concluyó lo siguiente:

«[…] El presente informe concluye de acuerdo con los profesionales de la
procuraduría y los peritos de Investigaciones Estratégicas que Walfrando Forero

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Bejarano y su grupo familiar (Lizeth Andrea Reina Bulla, Vaneza Forero Arévalo y
Juan Esteban Forero Sánchez), basados en los ingresos y gastos identificados,
presentaron en general una capacidad suficiente para cubrir sus gastos con los
ingresos identificados y obtener recursos para capitalizar su liquidez […]».

183.43. Una vez dilucidado lo anterior, en el peritaje se procedió a revisar la
aplicación del proceso de fuentes y usos en los diferentes informes presentados
en el trámite disciplinario de la siguiente manera:

184. (i) Análisis que el dictamen pericial hizo del informe técnico presentado
por la DNIE de la PGN del 7 de diciembre de 2018

184.1. Lo primero que el perito señaló es que el objeto del informe de la DNIE del
7 de diciembre de 2018 era determinar el estado patrimonial del disciplinado. No
obstante, precisó que para adelantar tal tarea era necesario discriminar y
cuantificar el patrimonio de aquel y reiteró que para esa tarea se requería la
realización previa del «Estado de Situación Financiera».

184.2. Al revisar el informe, el perito manifestó que tal estudio no fue hecho por la
entidad157. Así también lo corroboró cuando fue interrogado sobre el particular al
manifestar que la DNIE «[…] no lo realiz[ó]. Indetific[ó] partes del patrimonio del señor
Walfrando, por no realizó el estado financiero, no lo realizó, simplemente ellos tienen
como metodología tomar fuentes y usos […]»158 [sic]. Al indagársele sobre las
consecuencias de no efectuar el estudio expuso que no era posible la
comparación del patrimonio con el estudio de fuentes y usos159.

184.3. El análisis que se hizo en el peritaje del informe técnico de la DNIE del 7 de
diciembre de 2018 se resume a continuación:

Ítem analizado del Conclusión de la DNIE en su Evaluación del análisis hecho por
informe de la estudio del 7 de diciembre de 2018 la DNIE el 7 de diciembre de 2018
DNIE del 7 de por parte del perito
diciembre de 2018
«El informe técnico financiero
determinó, al confrontar las fuentes de
ingresos con los usos generados entre
«No es posible asegurar con grado
2016 y octubre de 2018, una diferencia
de certeza la existencia de
que constituye un presunto incremento
«Presunto incremento patrimonial por justificar,
patrimonial injustificado para el señor
incremento sin tener un estado de situación
Walfrando Adolfo Forero Bejarano por
patrimonial financiera o balance general por año
valor de doscientos treinta y tres
injustificado del o periodo fiscal investigado, donde se
millones setecientos tres mil pesos
investigado» identifique y cuantifique el activo,
($233.703.000). Esta cifra resulta de la
pasivo y patrimonio de una persona
diferencia entre el Total Uso de
natural o jurídica».
Recursos y el Total Origen de
Recursos identificados para el
investigado en dicho periodo»
Incremento «El estudio también concluyó que el «El no tener certeza sobre los activos,
patrimonial del patrimonio del grupo familiar (Lizeth pasivos y patrimonio de cada uno de
grupo familiar Andrea Reina Bulla, Vaneza Forero los investigados es decir estado de la

157 Índices 91, 93 y 94, Samai., Páginas 47 y 48 del dictamen pericial.
158 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [35´:45´ a 36¨:21´´]. También lo afirmó

en el mito 41´:49´´.
159 «[…] si yo no tengo la información, no tengo el estado financiero fundamental, el balance, no

tengo con qué compararlo. Entonces ellos sí hacen fuentes y usos per no tienen con qué
compararlo directamente. Hicieron mención a algunos elementos que aparecían a nombre del
señor Walfrando, pero un estado financiero no lo hicieron […]». Índice 125, Samai. Audiencia del
artículo 228 del CGP [42´:12´ a 42¨:31´´].

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Arévalo, y Juan Esteban Forero situación financiera o balance
Sánchez) se incrementó de manera general, hace que se reflejen errores
injustificada en el mismo periodo (2016 como el anterior (…) adicional a lo
a octubre de 2018), arrojando una anterior basan su análisis en los
diferencia patrimonial total para el retiros de las cuentas bancarias sin la
grupo familiar de novecientos certeza necesaria para afirmar que
cincuenta y un millones trescientos fue un uso y se reflejó en el activo o el
noventa y seis mil pesos pasivo del investigado»
($951.396.000); Aunque las tablas de
análisis individual suman
$155.837.000+ $175.175.000 +
$86.016.000 = $417.028.000, la tabla
consolidada para el grupo familiar sin
el investigado muestra una diferencia
de $926.560.000. El texto del informe
en la página 11 presenta las cifras
individuales para el investigado y la
cifra total de $951.396.000 para el
grupo familiar, separada del
investigado» [sic].
Para el perito los análisis hechos en
el informe de la DNIE del 7 de
diciembre de 2018 en este aspecto
«carecen de veracidad puesto que en
ninguno de los procedimientos realizados
En el informe del perito se hizo un por el grupo de profesionales se evidencia
«Análisis Individual
resumen de los bienes y movimientos la discriminación de activo o el pasivo o el
de Miembros del
bancarios de los miembros de la patrimonio en un estado de situación
Grupo Familiar»
familia del disciplinado investigados. financiera o balance general que
identifique cómo se incrementó el
patrimonio. Lo único que demuestra el
proceso de fuentes y usos es la salida de
dinero de los productos bancarios del
grupo familiar».
El perito indicó que la conclusión de
fuentes sin origen no es «coherente»
«El informe detalla rubros significativos
por la falta del «estado de situación
de "Bancos Identificados sin identificar
financiera de cada uno de los
«Fuentes sin su uso" (parte de los Usos de
investigados «para poder identificar
origen» Recursos) para el investigado y su
claramente y con carácter de certeza
grupo familiar, lo que el informe llama
en qué se usó el dinero retirado y si
"Fuentes Sin Origen”.
este afectó el patrimonio individual
y/o colectivo de los investigados».
Al respecto manifestó que «[l]a
anterior relación debió ser clasificada
por porcentajes de participación de
El perito hizo un listado de las los investigados y con esta
«Identificación de empresas que en el informe de la información realizar los estados de
Entidades DNIE se registraron en las que situación financiera para cada uno de
Relacionadas» aparece como accionista el los investigados y después de
disciplinado y su grupo familiar. realizar el proceso de fuentes y usos
de la metodología, comprobar la
existencia del incremento del
patrimonio si lo existiera».
«[se] debió hacer los estados
financieros básicos para determinar
la existencia del incremento del
«Se identificaron bienes inmuebles a
«Bienes patrimonio sin justificar por parte de
nombre del investigado y de su hija
Identificados» los investigados a partir del proceso
Vaneza Forero Arévalo»
de fuentes y usos y los efectos del
mismo en el aumento de activos y/o
disminución de los pasivos» [sic]

184.4. El peritaje concluyó que las cifras contenidas en el informe técnico de la
DNIE del 7 de diciembre de 2018 en el que se afirmó la existencia de un
incremento patrimonial injustificado del disciplinado y de su grupo familiar «[…]
nunca se relacionan con el aumento de los activos y/o disminución de los pasivos por la
falta de información consolidada en estados financieros que pudiesen dar certeza del

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incremento del patrimonio por justificar […]». Lo anterior, debido a la falta del análisis
del estado de la situación financiera o balance general.

184.5. De igual manera, el perito analizó el informe técnico que la DNIE presentó
el 28 de diciembre de 2020 en el que dio respuesta al radicado por la empresa
Investigaciones Estratégicas & Asociados el 18 de septiembre de 2019. En él
identificó que la DNIE concluyó en tal informe que Walfrando Forero Bejarano y
su grupo familiar recibieron ingresos superiores a sus gastos, por lo que contaban
con liquidez.

184.6. Ciertamente, el dictamen pericial rendido dentro del proceso de revisión
dedujo que la conclusión general del nuevo informe elaborado por la DNIE fue la
siguiente:

«[…] Basado en el informe técnico científico de la Procuraduría General de la
Nación de fecha 28 de diciembre de 2020 procedo a presentar la conclusión
derivada del análisis patrimonial de Walfrando Adolfo Forero Bejarano y su grupo
familiar.

El informe concluye que Walfrando Forero Bejarano y su grupo familiar (Lizeth
Andrea Reina Bulla, Vaneza Forero Arévalo y Juan Esteban Forero Sánchez),
basados en los ingresos y gastos identificados, presentaron en general una
capacidad suficiente para cubrir sus gastos con los ingresos identificados y obtener
recursos para capitalizar su liquidez […]»160.

184.7. Del análisis del nuevo informe de la DNIE del 28 de diciembre de 2020, se
infirió también que los ingresos del disciplinado provenían de la empresa
Manufacturas en Madera Cimitarras Ltda. por arrendamientos, honorarios por
servicio de transportes y préstamos y la venta de la empresa Megápoliz 36Z S.A.

184.8. Sin embargo, se aclaró que la DNIE en el informe indicó que «[s]e
encontraron diferencias significativas entre los ingresos certificados por la firma
INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS & ASOCIADOS y los declarados a la DIAN por
Walfrando Forero Bejarano. Estas diferencias llevan al informe a señalar que la
razonabilidad y fiabilidad de la información suministrada por la firma [Investigaciones
Estratégicas & Asociados] no son confiables […]». La DNIE señaló que la empresa
IEA determinó como ingresos por los años 2016 y 2017 las cifras de
$1.405.296.735 y $1.270.200.629, mientras que en las declaraciones de renta se
reportó $567.724.000 y $618.674.000, respectivamente.

184.9. Al revisar el informe de la empresa IEA se pudo corroborar que en el cuadro
que denominó «ingresos» incluyó diversas fuentes de recursos, no solo aquellos.
Así, destacó los pagos recibidos por salarios, los que la empresa Manufacturas
en Madera Cimitarra hizo por arrendamiento, transporte y préstamos y lo recibido
por la enajenación de la compañía Megápolis 36Z161. Al ser así, las cifras en la
declaración de renta corregidas por los años 2016, 2017 y 2018 por «ingresos»
no coincidían con lo reportado por la empresa IEA, puesto que, tal como se
explicó en el dictamen pericial y lo expuesto por el perito descrito con antelación
en esta providencia, las fuentes de recursos comprenden, además de los
ingresos, otro tipo de entradas de dinero como los pasivos, las ventas de activos,
entre otros, y no todos se incluyen en la casilla de «ingresos» en las declaraciones

160 Índices 91, 93 y 94, Samai. Página 67 del dictamen pericial.
161 Índices 9 y 65, Samai. Folios 15 cuaderno AZ 01.

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de renta.

184.10. Ciertamente, en el peritaje rendido en esta instancia se explicó que el
reparo hecho por la DNIE al informe técnico de la empresa IEA era errado porque
en contabilidad «los ingresos declarados no todos son fuentes y las fuentes no todas
son ingreso a declarar; razón por la cual se realiza la conciliación fiscal para declarar los
diferentes impuestos»162. Adujo que la conclusión a la que la DNIE arribó «revela la
falta experticia contable y tributaria»163 de quienes suscribieron el informe y su
contradicción.

184.11. Lo anterior, puesto que «[…] los profesionales de la Procuraduría cuando
confunden ingreso tributario frente a una de las fuentes de financiación y asume que el
ingreso tributario es la única fuente del señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano […]»164,
con lo cual evidenció que para tal inferencia la DNIE obvió que el disciplinado
recibió recursos por otro tipo de fuentes, como el préstamo de Manufacturas en
Maderas Cimitarra y la venta de las acciones de Megápolis 36Z S.A. que no se
registran en la declaración de renta como ingresos tributarios sino como pasivos.
Así lo explicó el perito en la audiencia del artículo 228 del CGP.

184.12. En efecto, fue interrogado sobre si la diferencia entre los ingresos del
disciplinado que certificó la empresa IEA en su informe técnico y los declarados
ante la DIAN está justificada. Al respecto, precisó lo siguiente:

«[…] claro que tiene que existir diferencia entre una y la otra ¿por qué? Porque la
contabilidad se lleva como contabilidad de causación. La contabilidad de causación
significa que así no le paguen yo tengo que registrar el hecho, me entregan una
mercancía sí yo no la pagué tengo que registrar el hecho en contabilidad para
seguir la cronología de mi libro diario. En cambio, el señor Walfrando es una
persona natural no obligada a llevar contabilidad, entonces él tiene una
contabilidad de caja. Entonces para él pudo haber presentado una cuenta de cobro
que no le pagaron, entonces para él el ingreso no es con esa cuenta de cobro,
para la empresa sí es un ingreso en esa anualidad. En cambió él dice no, hasta
que no me paguen el valor de esa cuenta de cobro no tengo ese dinero, entonces
no lo reporto. Esta es la situación que se da frente a las diferencias (...) ahora bien,
el señor Walfrando y su contador, me imagino porque él no es contador, hicieron
su declaración de renta de 2016 en el 2017, entonces él hace cuentas de lo que le
han pagado, no de la facturación, de las cuentas de cobro perdón, que pudo haber
pasado, entonces ahí es donde comienzan a generarse esas diferencias entre lo
reportado por la empresa cimitarra y lo declarado […]»165 [sic].

184.13. Sobre la justificación de la diferencia examinada se preguntó también a
Carlos Fernando Salazar Salamanca, administrador de empresas con
especialización en auditoría forense quien intervino en la elaboración del
dictamen de la empresa IEA. El testigo indicó que «lo pudiera definir en una sola
palabra se la diría, pero obviamente eso tiene una explicación, se llama metodología»166
refiriéndose a que no son iguales los hallazgos en este tema con el estudio
patrimonial y con el estado de fuentes y usos. Enseguida explicó de nuevo la
diferencia entre ambos conceptos167. Luego se le preguntó lo siguiente:

162 Índices 91, 93 y 94, Samai. Página 66 del dictamen pericial.
163 Ibidem.
164 Ibidem, página 40 del dictamen pericial.
165 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [1:01´:00´ a 1:05¨:00´´].
166 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [44´:28´´].
167 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [44´:28´´ a 49:05].

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«[…] Preguntado. Doctor Carlos Fernando, es decir, que tanto lo que ustedes
hicieron, desde el punto de vista de la técnica de la metodología de fuentes y usos
y la declaración de renta presentada por el alcalde Walfrando, no son
contradictorias o sí lo son.

Respondió: la conclusión final es que no son contradictorias, la conclusión parcial
es que si yo cojo los ingresos de fuentes y usos y solo los ingresos de la
declaración de renta pues obviamente no me va a cuadrar no me va a dar igual,
pero ya sabemos la razón, la razón no es otra diferente, como lo dije al principio.
Uno la metodología y dos que la declaración de renta tiene varias casillas, no solo
la de ingresos donde se registran los valores que son otras fuentes pero que no
van en la casilla de ingresos (…) no es lo mismo un ingreso que una fuente si esa
claridad está y entendiendo cuál es el objeto de cada metodología muy claramente
se va a ver que la declaración de renta contiene toda la información que sí permite
comparar con el estudio de fuentes y usos, pero no en la casilla de ingresos
únicamente […]»168 .

184.14. También José de Jesús Guevara, contador público con especialización en
prevención de lavado de activos y quién participó en la elaboración del informe
de IEA, sobre las diferencias en los ingresos reportados en la declaración de
renta corregidas por los años 2016, 2017 y 2018 y el informe técnico que elaboró
esa empresa manifestó lo siguiente:

«[…] Preguntado: cuál es la razón, doctor José, para que exista esa diferencia, y
si esa diferencia [sic], para que exista esa diferencia entre los ingresos declarados
en renta y los ingresos que calcularon ustedes en el dictamen. Primera pregunta,
cuál es la razón de la diferencia. Y segunda pregunta, si esa diferencia hace que
el dictamen emitido por ustedes no se corresponde con la realidad tributaria que el
doctor Walfrando declaró para el año 2016 y 2017.

Respondió: básicamente son dos análisis diferentes y ambos son
complementarios. Cuando digo diferentes es porque definitivamente en el primero
que menciona que es el análisis basado en renta simplemente toma, como su
nombre lo dice, todos los documentos que soportan cada uno de los renglones de
renta y es un tema tributario, sin desconocer que el estudio de fuentes y usos
contiene absolutamente el universo de las transacciones y todas las fuentes de
recursos para poder determinar si efectivamente la persona natural contaba con
esos recursos para cubrir todos los gastos de ese periodo fiscal que no lo hace en
el tema del estudio patrimonial, entonces por eso digo que los dos pueden subsistir
pero uno es complementario al otro, de allí la importancia de hacer el estudio de
fuentes y usos porque van a existir diferencias lógicas pero no contradictorias,
simplemente complementarias, esto quiere decir si por ejemplo yo tengo un
vehículo en mi patrimonio y vendo este vehículo obtengo unos recursos, pero esos
recursos producto de la venta de ese vehículo que son unos ingresos, unos
recursos, no van en la declaración de renta en mi renglón de ingresos, entonces,
eso por citar un ejemplo, eso sí es una fuente de recursos para mi, para poder por
ejemplo cubrir unos gastos o cualquier cosa […]»169 [sic].

184.15. Al declarante también se le preguntó lo siguiente:

«[…] Preguntado: doctor José ¿está bien si digo que la realidad tributaria o los
ingresos en la realidad tributaria son diferentes en los ingresos y fuentes de la
realidad contable, pero eso no quiere decir que sean realidades contrapuestas o
que se contradigan?

Respondió: perfectamente, así es doctor, simplemente son complementarios y
pueden ser diferentes, pero no, en ningún momento van en contraposición los unos

168 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [54´:28´´ a 54´:44´´].
169 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [2:17´:25´´ a 2:19¨:25´´].

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con los otros […]»170 [sic].

184.16. Al testigo se le pusieron de presente los valores incluidos como ingresos
en las declaraciones de renta corregidas de los años 2016, 2017 y 2018 del
disciplinado y los incluidos en el informe técnico de la empresa IEA. Luego se le
preguntó:

«[…] ¿cuál es la diferencia entre los ingresos declarados tributariamente y lo que
ustedes dicen aquí ingreso en el dictamen pericial?

Respondió: ahí [se refiere a los valores que se le mostraban] perfectamente se ve lo
que acabamos de mencionar y es que definitivamente en la declaración de renta
en el rubro de ingresos se muestran unos recursos que pudo haber tenido producto
de unas transacciones financieras en el periodo fiscal 2016, las cuales están
soportadas en el informe, cuáles son esos, los préstamos de socios. Los préstamos
de socios son unos recursos que yo obtengo de la empresa, a mí me pueden
prestar dinero al igual que lo puede hacer un banco pero en este caso están
documentados, soportados y avalados por el revisor fiscal de la empresa de donde
se recopilaron estos documentos y esos préstamos de socios, que no están en
renta, sí tienen para mi un tema de una fuente porque es dinero disponible que yo
tengo para hacer cualquier cantidad de operaciones (…) es una fuente de
recursos, como aquí finalmente lo que se trata de identificar es si tiene o no
incremento patrimonial la base de todo este contexto es mirar todas las fuentes de
recursos que se tiene soportadas porque si no estaría uno sesgado en la parte de
la operación, sin que esté mal mirado solamente el tema tributario […]»171 [sic].

184.17. Enseguida el declarante explicó el ingreso incluido en el informe de la
empresa IEA por la venta de las acciones de la empresa Megápoliz 36Z y que no
se incluyó en las declaraciones de renta del siguiente modo:

«[…] toda disminución de un activo se convierte para mi en una fuente de recursos.
Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo por decir algo cinco carros y vendo uno,
eso es una disminución del activo, pero se convierte en una fuente de recursos,
plata disponible como se ve en el cuadro. Entonces claramente es importante
hacer la discriminación y el detalle de todas las fuentes de recursos para evidenciar
si efectivamente tenía los recursos suficientes para cubrir unos gastos […]»172 [sic].

184.18. Finalmente, se interrogó al declarante por lo siguiente:

«[…] ¿por qué puede existir, por qué puede haber más dinero en el dictamen que
ustedes hicieron? Respondió: porque definitivamente se toman todas las variables
que generan fuentes de recursos, cosa que no pasa en la declaración de renta,
puede existir esa diferencia, claro que sí […]»173 [sic].

184.19. De acuerdo con lo que en el dictamen pericial se indicó sobre la conclusión
a la que la DNIE de la PGN arribó sobre la no confiabilidad del informe técnico
elaborado por la empresa IEA, por no coincidir los ingresos que certificó con los
declarados a la DIAN por Walfrando Forero Bejarano, así como lo sustentado por
el perito en la audiencia del artículo 228 del CGP y lo declarado por Carlos
Fernando Salazar y José de Jesús Guevara, la existencia de tal diferencia no es
una irregularidad.

170 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [2:19´:52´´ a 2:20¨:28´´].
171 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [2:20´:35´´ a 2:25¨: 32´´].
172 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [2:25´:34´´ a 2:26¨:06´´].
173 Índice 89, Samai. Audiencia de recepción de testimonios [2:27´:16´´ a 2:27¨:34´´].

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184.20. Por el contrario, es un resultado común porque, de acuerdo con lo
explicado por los expertos en la materia y que no fue refutado con otros
conceptos especializados, en las declaraciones de renta en el renglón de
«ingresos» es posible que no se registren todas las fuentes de recursos
[préstamos, ventas de activos, entre otros] que pudo recibir el disciplinado en un
periodo fiscal. Es así, toda vez que no todos los ingresos que se detectan con la
metodología del estudio de fuentes y usos que abarca la totalidad de las
transacciones realizadas son declarados de esta manera. Es decir, la declaración
de renta no contiene todos los recursos recibidos por las diversas fuentes que sí
encuentra el estudio mencionado.

184.21. Lo anterior deja sin fundamento el argumento que la DNIE de la PGN en el
informe del 28 de diciembre de 2020 esbozó para restarle credibilidad al informe
realizado por la empresa IEA del 18 de septiembre de 2018, puesto que la
diferencia entre los ingresos incluidos en las declaraciones de renta corregidas
en el año 2019 de Walfrando Forero Bejarano y los que se incluyeron en este
informe es un resultado natural del proceso de fuentes y usos.

184.22. A ello se suma que la DNIE de la PGN no explicó por qué tal diferencia
tenía tal connotación de restar confiabilidad al informe. La entidad se limitó a
plasmar tal conclusión sin un análisis detallado del asunto desde el punto de vista
contable o fiscal lo cual resta fuerza a lo afirmado.

184.23. En ese sentido, la credibilidad del informe de la empresa IEA no debió
ponerse en duda por la razón expuesta al tener una justificación razonable desde
el punto de vista contable y tributario. Por lo tanto, la conclusión a la que
inicialmente la DNIE arribó en su segundo informe del 28 de diciembre de 2020
relacionada con que el disciplinado y su grupo familiar contaban con suficientes
recursos para solventar sus gastos y para capitalizar, debió ser la que imperara
para efectos de la decisión disciplinaria. Conclusión que coincidió con la del
dictamen pericial y el informe técnico que el CTI de la Fiscalía General de la
Nación elaboró y con el cual se archivó la investigación penal en contra del
Walfrando Forero Bejarano.

185. (ii) Análisis que el dictamen pericial hizo del informe técnico presentado
por la empresa Investigaciones Estratégicas & Asociados aportado por la
defensa del disciplinado el 18 de septiembre de 2019

185.1. El perito señaló que el objeto del informe de la empresa IEA era determinar
«un análisis forense de fuentes y usos de los recursos» del disciplinado y de su grupo
familiar por los años 2016, 2017 y 2018 para identificar « la fuente u origen de los
recursos y el destino de los mismos». Precisó que el informe presentado por la
empresa se fundamentó en normas contables y financieras «(NAGA, NIC, NIIF)».
Enseguida, efectuó un estudio del informe técnico de la siguiente manera:

(a) Análisis relacionado con Walfrando Forero Bejarano

Ítem analizado Estudio del informe técnico de la Evaluación del análisis de la empresa

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del informe de empresa EIA sobre el patrimonio del EIA por parte del perito
la empresa disciplinado
EIA sobre el
disciplinado
Aunque la empresa no realizó
técnicamente un «estado de situación
financiera» «discrimina el activo del
«Posee doce (12) bienes inmuebles señor Walfrando Adolfo Forero
adquiridos entre 2005 y 2013, con un Bejarano, desde los bienes inmuebles y
valor comercial total de $1.332.000.000 analiza el periodo de adquisición que no
Bienes al 31 de diciembre de 2018, No se se cruza con el periodo de investigación
inmuebles observa incremento patrimonial en por parte de la Procuraduría es decir
estos bienes durante el periodo de que los peritos pueden afirmar con
estudio (2016-2018). Se identifican certeza que no se incrementó el
propiedades en Meta y Bogotá» [sic] patrimonio desde los inmuebles».

Cumple con el análisis básico del
patrimonio.
«Posee diecisiete (17) bienes muebles «Al igual que con los inmuebles, realiza
(vehículos, maquinaria, equipo) la descripción de los bienes muebles,
adquiridos desde 2015. El valor los peritos pueden afirmar con certeza
Bienes estimado pasó de $668.150.000 al 31 que no se incrementó el patrimonio
muebles de diciembre de 2015 a $544.420.000 al desde los bienes muebles».
31 de diciembre de 2018, No se observa
incremento patrimonial en estos bienes Cumple con el análisis básico del
durante el periodo de estudio» [sic] patrimonio.
«Tiene participación accionaria en cinco
(5) empresas (Manufacturas en
«Con la participación accionaria ocurre
Maderas Cimitarra, Acuicultura El
lo mismo que con los inmuebles y los
Porvenir del Llano C.I. Ltda., Acuicultura
muebles, realizan la descripción de la
Forero Vanegas Ltda., Procesadora de
participación accionaria porque los
Participación Alimentos Llano Integral Ltda.,
peritos pueden afirmar con certeza que
accionaria en Procesadora Maderas Cimitarra Ltda.)
no se incrementó el patrimonio desde
empresas desde 1999 a 2004 El valor nominal total
los bienes muebles».
de su participación es de
$1.167.600.000. No se observa
Cumple con el análisis básico del
incremento patrimonial en estas
patrimonio.
acciones durante el periodo de estudio»
[sic]
El informe «no se limitó a los ingresos
por trabajo o laborales sino en cómo
identificar el activo del señor Walfrando
«Sus Orígenes de Recursos totales
Adolfo Forero Bejarano, por medio de la
para los años 2016, 2017 y 2018 fueron
elaboración de un estado de situación
$1.405.296.735, $1.270.200,629 y
financiera o balance general para
$1.066.638,957 respectivamente. Estos
contextualizar la información patrimonial
orígenes incluyen ingresos laborales,
Origen de los del investigado, pudo establecer otras
salario de la Alcaldía de Tocancipá,
recursos fuentes o entradas de recursos que
préstamos de socios, arrendamientos,
dieron paso a informar y certificar el total
ventas de Manufacturas en Maderas
de las fuentes donde se incluyen los
Cimitarra Ltda., transferencias entre
ingresos generados por su actividad
cuentas y venta de Megapolis 36Z» [sic]
como alcalde».

Todo lo anterior se sustentó en más de
«1500 anexos».
«Sus Usos de Recursos totales para los
años 2016, 2017 y 2018 fueron «Cuando los peritos del grupo de la
$630.322,154, $714.549,870 y defensa establecieron el activo, pasivo y
$504.693,643 respectivamente. Estos patrimonio del señor Walfrando Adolfo
usos incluyen pago de impuestos, Forero Bejarano, fue fácil identificar
pagos obligatorios (salud, pensión), cuáles fueron los usos dados a las
pagos de manutención a Lizeth Andrea fuentes de financiación (debidamente
Usos de los
Reina Bulla, Vaneza Forero Arévalo, soportadas y certificadas por Revisor
recursos
Juan Esteban Forero Sánchez, Fredy Fiscal), para determinar la existencia de
Francisco Forero Bejarano y otros Recursos susceptibles de Capitalizar
familiares, retención en la fuente, pagos para el señor Walfrando Adolfo Forero
de servicios públicos, arrendamiento, Bejarano, por un total de
manutención, educación, transporte, $1.892.570.644,20 para el periodo
administración y recreación, pagos de 2016, 2017 y 2018»[sic]
obligaciones financieras (leasing,

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hipotecario, rotativo, tarjetas de
crédito)»

185.2. Según se pudo constatar de lo expuesto en el cuadro precedente, en el
peritaje se avaló el informe realizado por la empresa IEA, puesto que señaló que
en el estudio patrimonial cumplió con el análisis básico del patrimonio. A su vez,
indicó que en él se identificaron las diversas fuentes de recursos y se pudo
determinar sus usos gracias al estudio patrimonial que elaboró previamente.

185.3. Ahora, en el dictamen se afirmó que la empresa IEA no realizó un estudio
de situación financiera para determinar el patrimonio del disciplinado y pese a
ello aceptó el cálculo que hizo de aquel. Comoquiera que cuando el peritaje
analizó el informe técnico de la DNIE del 7 de diciembre de 2018 aseveró que
esta autoridad no efectuó el estudio aludido y que por esa razón no podía
asegurar con certeza el incremento del patrimonio al ser indispensable tal
examen, se interrogó al perito para que explicara por qué si la empresa IEA no lo
adelantó sí era posible que determinara el patrimonio.

185.4. Lo anterior se le preguntó del siguiente modo:

«[...] Preguntado: En el dictamen se indica que en el informe técnico la empresa
no realizó «técnicamente un estado de situación financiera» respecto del
disciplinado. A la vez se afirma que con la discriminación que se hizo de los activos
muebles e inmuebles y la participación accionaria sí era posible determinar con
certeza que no se incrementó el patrimonio desde este tipo de bienes y que el
informe técnico cumplió con el análisis básico del patrimonio. Explique por qué en
este punto sí era posible llegar a esa conclusión y por qué la empresa sí efectuó
el análisis de forma adecuada, pese a no existir el estudio de situación financiera.

Respondió: cuando reviso el dictamen de investigaciones estratégicas no veo el
estado financiero con los parámetros que debe tener el estado financiero o balance
general, pero sí veo la información. Entonces ¿qué hicieron ellos? Ellos pudieron
identificar cuánto había en caja, cuánto había en cada una de sus propiedades,
qué adquirió, qué vendió a lo largo del periodo de estudio si es 14 al 18. Entonces
yo sí veo que ellos me dicen, efectivamente, ellos me dicen mire en el activo en
sus haberes tiene un dinero en caja, tiene un carro, unas fincas, unas acciones,
unos pasivos. Entonces no está “tácitamente” formulado y firmado por un contador,
pero está la información básica del activo, el pasivo y el patrimonio del señor
Walfrando en los cuadros que ellos presentaron […]»174 [sic].

185.5. De acuerdo con lo explicado por el perito, la empresa IEA, aunque no
elaboró formalmente un estado de situación financiera de Walfrando Forero
Bejarano, sí tuvo en cuenta la información que lo conforma. Esta apreciación
hecha por un experto en la materia, que no fue refutada en su oportunidad por la
PGN, permite concluir que la empresa IEA sí realizó en debida forma el estudio
patrimonial del disciplinado. Esto es un punto fundamental, pues, según la
explicación técnica del peritaje, es el primer paso para determinar si hubo un
incremento del patrimonio, antes de entrar al estudio de las fuentes y usos para
identificar si fue justificado.

(b) Análisis relacionado con el grupo familiar del disciplinado

174 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [50´:49´ a 51¨:57´´].

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Ítem analizado del Estudio hecho en el informe técnico de Evaluación del análisis hecho
informe de la la empresa EIA sobre el patrimonio del por la empresa EIA por parte
empresa EIA disciplinado del perito
«Con relación a la señora Lizeth
• Origen de recursos: «[s]us Orígenes de
Andrea Reina Bulla, es imposible
Recursos para los años 2016, 2017 y
establecer el incremento del
Lizeth Andrea 2018 fueron $56.457.287,74,
patrimonio puesto que No tiene, y
$44.219.972,47 y $39.686.261,56
Reina Bulla: con relación a las fuentes el grupo
respectivamente» [sic].
de peritos identificaron ingresos
laborales, de arrendamiento y
• Usos de recursos: «[s]us Usos de
Origen y uso de manutención del esposo
Recursos para los años 2016, 2017 y
recursos Walfrando Adolfo Forero
2018 fueron $56.457.285,31,
Bejarano, quien tiene excedentes
$44.219.972,47 y $31.104.152,31
suficientes para cubrir los gastos
respectivamente» [sic].
del grupo familiar» [sic].
«Con la demostración del
patrimonio de la señorita Vaneza
Forero Arévalo, que se compone
• Bienes muebles: «[a]dquirió una de dos vehículos, uno adquirido
motocicleta en 2018, financiada mediante antes del periodo de investigación
una operación de crédito del Banco y el otro durante el periodo de
BBVA». investigación, pero con un crédito
bancario debidamente soportado,
• Origen de recursos: «para los años 2016, lo que se traduce en que no existe
Vaneza Forero
2017 y 2018 fueron $113.068.829,00, incremento del patrimonio por
Arévalo
$163.220.873,00 y $221.191.580,37 justificar». Además, se soportó «la
respectivamente». existencia de contratos de
prestación de servicio como
-Usos de los recursos: «para los años fuente lícita de ingresos, más la
2016, 2017 y 2018 fueron manutención por parte de sus
$49.998.852,61, $118.851.772,41 y progenitores, donde se ha dicho
$126.357.100,79 respectivamente». que el señor Walfrando Adolfo
Forero Bejarano, tenía para el
periodo de investigación
suficientes excedentes de capital
para cubrir la manutención de su
grupo familiar».
Origen de recursos: «[s]us Orígenes de «Con relación al señor Esteban
Recursos para el año 2018 fueron Forero Sánchez, es imposible
$99.310.257,55. No se registran orígenes establecer el incremento del
de recursos para 2016 o 2017» [sic]. patrimonio puesto que No tiene, y
con relación a las fuentes el grupo
Juan Esteban - Usos de recursos: «[s]us Usos de de peritos de la defensa,
Forero Sánchez Recursos para el año 2018 fueron identificaron que sus ingresos,
$24.979.895,81. No se registran usos de provienen de manutención por
recursos para 2016 o 2017. Los usos parte del señor Walfrando Adolfo
corresponden principalmente a gastos Forero Bejarano, quien tiene
efectuados mediante débito de la cuenta excedentes suficientes para cubrir
de ahorros» [sic]. los gastos del grupo familiar» [sic].

185.6. El perito señaló a modo de conclusión, y luego del estudio del informe
técnico que la empresa EIA elaboró, lo siguiente:

«[…] En interpretación de los resultados, el dictamen pericial concluye que la
información aportada correspondiente a las fuentes y usos de recursos del señor
Walfrando Adolfo Forero Bejarano y su grupo familiar evidencia que las fuentes o/y
origen de recursos cubren totalmente los usos del titular y su grupo familiar,
evidenciándose para cada uno de ellos recursos susceptibles de capitalizar,
principalmente en cabeza del señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano. Se resalta
que el patrimonio representado en bienes inmuebles, muebles y participaciones
accionarias del señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano y su grupo familiar durante
el periodo analizado es importante. Se menciona específicamente la adquisición
de una motocicleta por Vaneza Forero Arévalo en 2018, cuyo origen de recursos
se encuentra documentado y representado en una operación de crédito financiera
[…]».

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185.7. El anterior análisis que el dictamen pericial hizo sobre el patrimonio del
grupo familiar del disciplinado permite resolver las diferencias que existieron
entre los informes de la DNIE del 28 de diciembre de 2020 y el de la empresa IEA
del 18 de septiembre de 2019 que se indicaron con antelación en esta
providencia.

185.8. Ciertamente, la DNIE indicó que la empresa IEA en el cálculo del patrimonio
que hizo respecto de Maryi Vaneza Forero Arévalo no incluyó un bien mueble de
su propiedad lo cual variaba aquel. Frente a esto, el dictamen pericial señaló que
la DNIE no realizó un estudio de situación financiera o balance general lo que
impedía determinar el patrimonio, su incremento y justificación ante la
imposibilidad de comparación con un estudio de fuentes y usos. Es decir, la DNIE
no podía afirmar ello con certeza. Precisamente en el peritaje se dijo para refutar
tal conclusión que esta demostraba la falta de idoneidad de los expertos de la
DNIE porque «[..] frente a la señora Vaneza Forero no tiene certeza de los bienes
[…]»175.

185.9. A lo anterior se suma que el peritaje y la empresa IEA concluyeron que el
patrimonio de la mencionada se componía de dos vehículos. Así, uno comprado
con un crédito bancario y, por lo tanto, justificado en su adquisición; y el otro,
adquirido antes del periodo de investigación y, en consecuencia, no podía
tenerse en cuenta para efectos del trámite disciplinario.

185.10. En lo que respecta a la otra diferencia de ambos informes relacionada con
los gastos de Juan Esteban Forero en el 2018 [la DNIE afirmó que fueron $
86.604.000 y la empresa IEA los fijó en $24.979.896] el peritaje resaltó que la
existencia de la diferencia en los gastos «[…] si no existe patrimonio no tiene ninguna
incidencia, por lo anterior no se podría hablar de diferencias en el patrimonio por justificar
[…]» [sic].

185.11. Ello, en razón a que en su estudio determinó que Juan Esteban Forero no
tenía patrimonio, luego no había incremento por justificar. Esta conclusión la
compartió la DNIE en su informe inicial del 7 de diciembre de 2018, por lo que no
podía ser una razón para restarle valor al de la empresa IEA del 18 de septiembre
de 2019. A lo anterior se suma que los dos informes sí coincidieron en que los
gastos de Juan Esteban Forero fueron inferiores a los recursos recibidos, es
decir, más allá de su monto, fueron justificados. Lo que se refuerza en el dictamen
pericial que señaló que tales recursos provenían de Walfrando Forero Bejarano
que tenía suficientes recursos para solventarlos.

186. (iii)
Conclusiones generales del peritaje rendido por la empresa
«Contadores Judiciales» dentro del presente proceso

186.1. En el dictamen pericial se señaló respecto del disciplinado, a modo de
conclusión, lo siguiente176:

(i) La DNIE de la PGN en su informe técnico solo tuvo en cuenta los ingresos del
disciplinado como empleado público y no realizó un «Estudio de Situación

175 Índices 91, 93 y 94, Samai. Dictamen pericial, página 40.
176 Índices 91, 93 y 94, Samai. Páginas 67 a 70 del dictamen pericial.

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Financiera» para determinar sus activos, pasivos y patrimonio líquido. Tampoco
de su grupo familiar. Por lo tanto, sus conclusiones sobre incremento patrimonial
«carecen de veracidad y certeza»;

(ii) La empresa Investigaciones Estratégicas & Asociados sí contextualizó el
patrimonio del disciplinado desde el año 2005 en su informe del 18 de septiembre
de 2018, es decir «proyectó el estado de situación financiera en los papeles de
trabajo». Asimismo, detalló los bienes muebles e inmuebles, el origen de los
recursos y concluyó que existieron «recursos susceptibles de capitalizar».

(iii) En el dictamen pericial se estableció que en el patrimonio del disciplinado no
se presentaron aumentos por justificar por los periodos 2016 al 2018. De acuerdo
con el análisis de fuentes y usos el incremento fue acorde con las fuentes de
recursos al ser superiores a sus usos.

186.2. En cuanto al grupo familiar manifestó que el estudio financiero realizado a
Lizeth Andrea Reina Bulla y a Juan Esteban Forero Sánchez determinó que no
era posible establecer un incremento de su patrimonio, puesto que no tenían uno.
Respecto de Vaneza Forero Arévalo concluyó que no había incremento
patrimonial por justificar porque de los dos vehículos de su propiedad uno lo
adquirió antes del periodo investigado y otro a través de un crédito.

186.3. Como conclusión general el peritaje indicó la siguiente:

«[…] El presente informe concluye de acuerdo con los profesionales de la
procuraduría y los peritos de Investigaciones Estratégicas que Walfrando Forero
Bejarano y su grupo familiar (Lizeth Andrea Reina Bulla, Vaneza Forero Arévalo y
Juan Esteban Forero Sánchez), basados en los ingresos y gastos identificados,
presentaron en general una capacidad suficiente para cubrir sus gastos con los
ingresos identificados y obtener recursos para capitalizar su liquidez […]».

186.4. De todo el análisis realizado, la Sala encuentra que las conclusiones a las
que arribó el dictamen pericial realizado por la empresa «Contadores Judiciales»
se encuentran justificadas sin que exista motivo para dudar de su contenido. Por
el contrario, este concuerda con lo plasmado en las declaraciones de renta
corregidas en el año 2019 de Walfrando Forero Bejarano de los años 2016, 2017
y 2018 de las cuales no se refutó su legalidad y no hay prueba que hayan sido
rechazadas por la DIAN, los documentos contables de la empresa Manufacturas
en Madera Cimitarra cuya veracidad no fue desvirtuada [entre ellos los
comprobantes de egresos, los libros auxiliares de contabilidad y la certificación
del revisor fiscal] así como en los demás documentos que se examinaron y que
reposan como anexos del dictamen.

186.5. Además, coincidieron con las conclusiones del informe técnico 11-328746
del 2 de junio de 2023 que el Cuerpo Técnico de Investigaciones [CTI] elaboró
para la Fiscalía 26 Seccional Especializada contra la Corrupción dentro de la
investigación adelantada en contra de Walfrando Forero Bejarano por su
incremento patrimonial y que sustentó el archivo de esta. También con las del
informe técnico que la empresa IEA realizó el 18 de septiembre de 2018. Ambos
que también tuvieron como fundamento las declaraciones de renta corregidas en
el año 2019 por los años 2016, 2017 y 2018.

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186.6. En este punto, conviene precisar que, en los alegatos que la PGN presentó
en el trámite de revisión [párrafo 27.5.2] cuestionó la fecha que el informe de
mayo de 2025 relacionó en la página 16, en relación con los préstamos realizados
por Manufacturas en Madera Cimitarra «03 de septiembre de 2009», puesto que
fue anterior a los años en los cuales aquellas operaciones se realizaron [2016 a
2018]. Sin embargo, se precisa que verificado el documento contentivo de la
mencionada certificación se constata que señala «[e]sta certificación se expide a
quien pueda interesar, a los tres (3) días del mes de septiembre de 2019», de manera
que es posible deducir que se trató de un error de digitación en el informe
preparado por «Contadores Judiciales», tal y como lo reconoció Óscar Guillermo
Vergara Gómez en la audiencia del 7 de julio de 2025177, aspecto que no afecta
la idoneidad probatoria del estudio.

186.7. También es oportuno aclarar que, aunque para el primer informe del 7 de
diciembre de 2018 la DNIE de la PGN no contó con las declaraciones de renta
corregidas para los años 2016, 2017 y 2018 y que con fundamento en él se
formuló el pliego de cargos, tal situación no conlleva a que el dictamen pericial
decretado y practicado en esta instancia judicial no pueda ser tenido en cuenta
como parámetro para verificar la tipicidad de la conducta del disciplinado.

186.8. Ello, puesto que tales declaraciones corregidas fueron analizadas por la
empresa Investigaciones Estratégicas, en el informe del 19 de septiembre de
2019 decretado como prueba en el auto del 26 de agosto de 2019, por la DNIE
de la PGN, en el informe del 28 de diciembre de 2020, en el que no se refutó el
contenido o validez de tales documentos y la PGN las tuvo a su disposición para
valorarlas al momento de proferir los actos sancionatorios. Además, la corrección
de las declaraciones las presentó el disciplinado en ejercicio del derecho que le
otorga el artículo 588 y siguientes del Estatuto Tributario, por lo que nada impedía
que pudieran ser tenidas en cuenta en los informes aludidos.

186.9. Así las cosas, como ya se analizaron los dos informes técnicos presentados
por la DNIE de la PGN, el que la empresa IEA hizo y el dictamen pericial aportado
al presente trámite de revisión, se procede a verificar si de las conclusiones
contenidas en tales pruebas técnicas se puede inferir que Walfrando Forero
Bejarano incurrió en el tipo disciplinario previsto en el artículo 48.3 inciso 2 de la
Ley 734 de 2002.

3.3.2.2. Definición de la tipicidad de la conducta de Walfrando Forero
Bejarano

187. Según se expuso en precedencia, para que se configure la tipicidad de la
conducta disciplinaria reglada en el artículo 48.3 inciso 2 de la Ley 734 de 2002
es necesario (i) el incremento del patrimonio del servidor público; y (ii) la falta de
su justificación. Además, no se requiere acreditar que el incremento patrimonial
tenga un nexo causal con el ejercicio del empleo público o que fue el resultado
de alguna actividad ilícita.

188. El primer elemento del tipo disciplinario se encuentra probado. Ciertamente,
los informes técnicos de la DNIE del 7 de diciembre de 2018 y del 20 de diciembre

177 Índice 125, Samai. Audiencia del artículo 228 del CGP [02:09´:05´´ a 02:09´:37´´].

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de 2020, el que la empresa IEA elaboró el 18 de septiembre de 2019 y el dictamen
pericial aportado al presente proceso coinciden en afirmar que el patrimonio de
Walfrando Forero Bejarano y de su hija Vaneza Forero Arévalo durante el periodo
comprendido entre los años 2016 a 2018 se incrementó. En tal virtud,
correspondía a aquel demostrar que tal aumento tenía una justificación, por ser
su obligación en los términos del artículo 122 Constitucional.

189. En cuanto al segundo elemento del tipo disciplinario se concluye que
Walfrando Forero Bejarano logró acreditar que el aumento de su patrimonio y el
de su hija Vaneza Forero Arévalo fue justificado, por lo siguiente:

189.1. En primer lugar, porque el informe presentado por la DNIE de la PGN el 7
de diciembre de 2018 y que fue el fundamento para que se profiriera el pliego de
cargos no puede ser tenido como prueba determinante de que el incremento
patrimonial no tuvo justificación. Ello, en razón a que el análisis expuesto en
precedencia demostró que (i) se elaboró con documentación incompleta; (ii) en
él no se realizó un «Estudio de Situación Financiera» o balance general que
permitiera determinar el patrimonio real del disciplinado y de su familia, pese a
ser necesario; y (iii) su contenido y conclusiones fueron rectificados por la propia
DNIE en el informe del 28 de diciembre de 2020.

189.2. De igual manera, debe tenerse en cuenta que, si bien el informe del 7 de
diciembre de 2018 se fundamentó en las declaraciones de renta que el
disciplinado presentó dentro del calendario tributario fijado por la DIAN para el
reporte de los años 2016, 2017 y 2018 [sin la corrección del año 2019], tal prueba
por sí sola no podía llevar a determinar que el incremento del patrimonio fue
injustificado, como se concluyó en el pliego de cargos.

189.3. Ciertamente, según los expertos contables que rindieron los informes y el
dictamen pericial y que testificaron en el proceso, para determinar ello es
necesario realizar también el estudio de fuentes y usos que permite establecer la
razón del incremento patrimonial, pues en él se examinan todas las fuentes de
los recursos. Además, de acuerdo con lo explicado, no todos los recursos
recibidos se incluyen en la declaración de renta. Por lo tanto, aunque esta es
relevante para realizar el estudio patrimonial, no es la única prueba que define
por si su incremento fue justificado. En consecuencia, solo con fundamento en
ella es inviable concluir que se configuró la tipicidad de la conducta disciplinaria
reglada en el artículo 48.3 inciso 2 de la Ley 734 de 2002.

189.4. Asimismo, aunque es cierto que las declaraciones de renta fueron
corregidas en el mes de agosto del año 2019, cuando ya se había proferido el
pliego de cargos [12 de junio de 2019], este hecho no impide que en esta
instancia se examine la tipicidad de la conducta a la luz del nuevo reporte, puesto
que los informes que realizó la empresa IEA del 19 de septiembre de 2019 y la
DNIE de la PGN del 28 de diciembre de 2020 durante la etapa probatoria del
proceso disciplinario se cimentaron en la última información declarada. En ese
sentido, para cuando la entidad profirió el acto sancionatorio de primera instancia
ya contaba con las declaraciones de renta corregidas y debía valorarlas para
efectos de la tipicidad junto con el estudio de fuentes y usos, no solo porque tales
informes la incluyeron, sino porque la corrección la hizo el disciplinado amparado
en los artículos 588 y siguientes del Estatuto Tributario y la DIAN no la rechazó.

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189.5. En segundo lugar, porque el dictamen pericial elaborado por la empresa
«Contadores Judiciales» determinó que en el patrimonio de Walfrando Forero
Bejarano no se presentaron aumentos por justificar por los periodos 2016 al 2018
con el análisis patrimonial y el estudio de fuentes y usos que hizo. Por el contrario,
estableció que las fuentes de recursos fueron superiores a sus gastos. Esta
conclusión se soportó en:

(i) el contenido de las declaraciones de renta corregidas de los años 2016, 2017
y 2018 en las que consta los ingresos que recibió por concepto de salarios,
honorarios de la empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra y arrendamientos;

(ii) la acreditación contable de la existencia de otras fuentes de recursos que
obtuvo el disciplinado. Entre ellas se probó que recibió en los años 2016, 2017 y
2018 préstamos por un monto total de $1.100.000.000 en efectivo de parte de la
empresa Manufacturas en Madera Cimitarra y los recursos de la venta de su
participación en la empresa Megápoliz 36Z por $558.993.046. Lo que se
corroboró con los comprobantes de egreso expedidos por la empresa
Manufacturas en Maderas Cimitarra, los libros auxiliares de contabilidad, la
certificación del revisor fiscal y las declaraciones de renta corregidas de los años
2016, 2017 y 2018; documentos cuya validez y autenticidad no fueron
desvirtuados por la PGN.

189.6. En tercer lugar, porque el informe técnico de la empresa IEA, el dictamen
pericial referido, el segundo estudio que la DNIE elaboró el 28 de diciembre de
2020 y el informe técnico 11-328746 del 2 de junio de 2023 que el CTI hizo
arribaron a igual conclusión. Esto es, que el disciplinado y su grupo familiar
obtuvieron durante el periodo investigado [2016, 2017 y 2018] recursos
financieros suficientes para solventar los gastos que se reportaron y, además,
que les quedaron recursos susceptibles de «capitalizar».

189.7. Aunque la DNIE en el informe del 28 de diciembre de 2020 restó credibilidad
a esta conclusión, al encontrar que la empresa IEA en su informe al reportar los
ingresos del disciplinado no coincidieron con los indicados en sus declaraciones
de renta corregidas de los años 2016 y 2017, tal deducción quedó desvirtuada
con el peritaje, la sustentación del perito en la audiencia del artículo 228 del CGP,
lo declarado por Carlos Fernando Salazar y José de Jesús Guevara que al
unísono señalaron que tal diferencia era lo normal desde el punto de vista
contable y tributario y el informe técnico 11-328746 del 2 de junio de 2023 hecho
por el CTI. En contraste, la DNIE en su informe no explicó por qué tales valores
debían ser iguales.

189.8. A ello se suma que las otras diferencias que la DNIE en su informe del 28
de diciembre de 2020 encontró como fundamento para restar credibilidad al
informe técnico que la empresa IEA elaboró también fueron desvirtuadas por el
dictamen pericial.

189.9. Así, quedó claro que la empresa IEA en el cálculo del patrimonio de Maryi
Vaneza Forero Arévalo incluyó dos vehículos, soportó la compra de uno con un
crédito y el otro no lo tuvo en cuenta por haber sido adquirido antes del periodo
de investigación, con lo que se dejó sin sustento este reparo. Asimismo, se

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determinó que Juan Esteban Forero en el 2018 no tenía patrimonio y que los
gastos que tuvo [más allá de su monto, punto de la discusión] fueron sufragados
por Walfrando Forero Bejarano y que, en todo caso, eran inferiores a sus
ingresos.

189.10. Las anteriores consideraciones desvirtúan también lo afirmado en el acto
administrativo sancionatorio cuando justificó la tipicidad de la conducta.
Ciertamente, la PGN dio por probada la tipicidad amparada en los dos informes
que la DNIE elaboró. Estos restaron valor al informe técnico que la empresa IEA
realizó con el argumento de que los datos de los ingresos que incluyó no
coincidían con las declaraciones de renta reportadas a la DIAN en los años 2016
y 2017, aspecto que ya fue dilucidado.

189.11. El acto administrativo sancionatorio señaló que el informe de la empresa
IEA no determinó si el disciplinado recibió dividendos en las empresas en las
cuales tenía participación. Esta afirmación se desvirtuó con el dictamen pericial,
la explicación que el perito dio en la audiencia y el contenido del informe técnico
11-328746 del 2 de junio de 2023 elaborado por el CTI. Con estas pruebas se
demostró que los recursos recibidos por el disciplinado e incluidos en las
declaraciones de renta corregidas por los años 2016, 2017 y 2018 tuvieron origen
en los salarios, el pago de arrendamientos y honorarios por servicios de
transporte por parte de la empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra y por la
venta de su participación en la empresa Megápoliz 36Z S.A., nunca por
dividendos.

189.12. La PGN aseveró que los datos de los recursos recibidos por el disciplinado
que la empresa IEA indicó en su informe no eran confiables porque los
comprobantes de pago de 2016 no tenían un orden consecutivo, faltó identificar
el método de pago de los préstamos y en el libro contable no tenían un orden
cronológico. Tales afirmaciones fueron desmentidas por el dictamen pericial y su
sustentación y la declaración de Luz Esther Infante Durán. Estas pruebas
evidenciaron que los pagos de los préstamos se hicieron en efectivo, están
soportados en los comprobantes de egresos y en los libros auxiliares de
contabilidad de la empresa Manufacturas en Maderas Cimitarra. Además, que la
cronología de los comprobantes de egreso solo se dio en 2 de 36 y estos no
alteraron el contenido de la contabilidad. Asimismo, se probó que el valor del
crédito del año 2018 reportado coincide con el fijado en los comprobantes de
egreso.

189.13. Con todo, de darse por probado que la empresa Manufacturas en Madera
Cimitarra presentó incoherencias en su contabilidad, Walfrando Forero Bejarano
no tenía como controlar la forma en que se hacían los registros sobre los
préstamos que se le hicieron, pues, aunque es su socio no es quien la administra.
Lo relevante para efectos de determinar si los préstamos fueron otra fuente de
recursos para él es que quedó probado que los préstamos y sus pagos se
hicieron, por cuanto existen los comprobantes que dan cuenta de que fueron
entregados en efectivo, los registros en los libros contables y las declaraciones
de renta que lo corroboran según lo indicó el CTI en el informe técnico 11-328746
del 2 de junio de 2023. En este sentido, los informes de la PGN no fueron
contundentes para soportar la tesis del incremento injustificado, puesto que los
documentos técnicos y el dictamen pericial evidenciaron inconsistencias los

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elaborados por la autoridad disciplinaria.

189.14. De este modo, al estar demostrado, a partir del análisis patrimonial y el
estudio de fuentes y usos realizado por la empresa IEA, el dictamen pericial
rendido en este proceso y el informe técnico 11-328746 del 2 de junio de 2023
del CTI de la Fiscalía General de la Nación, que Walfrando Forero Bejarano para
el periodo 2016 a 2018 contó con fuentes [ingresos, préstamos, venta de
acciones] que le generaron recursos que le permitieron cubrir los gastos propios
y los de su grupo familiar y que incluso le quedó dinero para capitalizar, se
concluye que no se logró demostrar más allá de toda duda que el incremento
patrimonial que presentó en tal periodo fuera injustificado.

189.15. Porconsiguiente, su conducta no se subsume en el tipo disciplinario
establecido en el artículo 48.3 inciso 2 de la Ley 734 de 2002, puesto que para
ello es necesario que el incremento del patrimonio no tuviese justificación. En ese
orden, los actos administrativos sancionatorios deben ser anulados y Walfrando
Forero Bejarano restituido en todos sus derechos.

5. Conclusión

190. Con fundamento en lo expuesto se concluye que no existió irregularidad que
afectara el debido proceso de Walfrando Forero Bejarano o sus derechos como
servidor público de elección popular en el proceso disciplinario con radicado IUS-
E-2016-83092 / IUCD 2016-872215. Lo anterior, comoquiera que para su trámite
se aplicó la normativa procedente [Ley 734 de 2002], se dictó el acto
sancionatorio dentro del término de prescripción y por la autoridad competente.

191. Asimismo, se respetaron los principios del proceso disciplinario, entre ellos,
el de legalidad de la falta y las sanciones, el debido proceso, culpabilidad,
congruencia, y los demás previstos en el título I del Libro I de la ley mencionada.

191.1. No obstante, del análisis probatorio realizado se concluye que, aunque el
patrimonio de Walfrando Forero Bejarano tuvo un crecimiento constante por los
años 2016, 2017 y 2018, la PGN no logró demostrar con sus informes que este
fue injustificado al contar con fuentes de recursos suficientes que le permitieron
cubrir los gastos propios y los de su grupo familiar al punto que le sobraron para
capitalizar.

192. En consecuencia, su conducta no se subsume en el tipo disciplinario
establecido en el artículo 48.3 inciso 2 de la Ley 734 de 2002 porque no se
cumplió con el segundo de los elementos que requiere su tipicidad, esto es, que
no exista justificación del incremento patrimonial.

193. En tal virtud, se anularán los actos administrativos sancionatorios proferidos
por la Procuraduría General de la Nación - Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular-, el 9 de noviembre de 2023 y por la
Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública el 16 de diciembre de 2021,
dentro del proceso disciplinario IUS-E-2016-83092 / IUCD 2016-872215.

194. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, Sala Diez Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios
proferidos por la Procuraduría General de la Nación - Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular-, el 9 de noviembre de
2023 y por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública el 16 de diciembre
de 2021, dentro del proceso disciplinario IUS-E-2016-83092 / IUCD 2016-872215,
de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmada electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara voto

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Aclara voto Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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