RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02469-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02469-00

Fecha
2 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02469-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar la prescripción de la acción disciplinaria y, en consecuencia, dejar sin efecto la sanción impuesta al señor Alejandro José Lyons Muskus por la Procuraduría General de la Nación dentro del expediente con radicado IUS E- 2018-278302 / IUS D-2018-1131546, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo. Reconocer personería a la abogada Erika Soraya Cortés Preciado identificada con cédula de ciudadanía 52.496.248 y portadora de la tarjeta profesional 144.752 del C.S. de la Judicatura para actuar como apoderada de la Procuraduría General de la Nación, en los términos y para los efectos del poder conferido visible en el índice 65 del aplicativo SAMAI. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Firmada electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente WILLIAM BARRERA MUÑOZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Salva voto Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02469-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

2 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., dos (02) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Revisión automática de acto sancionatorio Ley 2094 de 2021
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante Alejandro José Lyons Muskus

Demandada Procuraduría General de la Nación1

Decisiones Decisión del 4 de octubre de 2024 de la Sala Disciplinaria de
recurridas: Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de
la Procuraduría General de la Nación. Radicado IUS-E-2018-
278302 / IUC-D-2018-1131546.

Temas: Control automático de la sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad impuesta a un servidor público de elección popular

SENTENCIA DE REVISIÓN

ASUNTO

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión regulado en los artículos 54
a 60 de la Ley 2094 de 2021 de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia C-030
de 2023 de la Corte Constitucional y el auto de unificación jurisprudencial
proferido por la Sala Plena de esta corporación del 3 de diciembre de 20242
dentro del proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de revisión automática de la decisión disciplinaria3

1. PorOficio del 24 de abril de 2025, el ministro del interior remitió a esta
corporación las actuaciones que recibió de la Procuraduría General de la Nación,
según el Oficio PDJ2 N.° 2625 del 7 de noviembre de 2024 relacionadas con la
ejecución de la sanción disciplinaria impuesta a Alejandro José Lyons Muskus,
en condición de gobernador del departamento de Córdoba, dentro del expediente
IUS E-2018-278302 / IUS D-2018-11315464.

1 En adelante PGN.
2 Proferido dentro del proceso con radicado 11001–03–15–000–2023–00871–00.
3 Índice 9, Samai.
4 Índice 4 de Samai «4ED_42476pdf(.pdf) NroActua 4(.pdf) NroActua 4».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

2. Lo anterior en atención a que la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2
declaró la responsabilidad disciplinaria del mencionado servidor de elección
popular, y le impuso sanción de destitución e inhabilidad general de 10 años,
mediante acto del 15 de agosto de 2023. La decisión fue confirmada por la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, a
través del acto del 4 de octubre de 2024.

1.2. Trámite del proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la
Nación

3. Como actos relevantes dentro del trámite disciplinario se destacaron los
siguientes:

3.1. Alejandro José Lyons Muskus fue elegido gobernador del departamento de
Córdoba por el periodo constitucional 2012-2015.

3.2. El 13 de junio de 2018, la Contraloría General de la República, Gerencia
Departamental, dio traslado a la Procuraduría Regional de Córdoba de los
hallazgos disciplinarios detectados en la «[a]uditoría de cumplimiento departamento
de Córdoba vigencia 2017». Específicamente, informó sobre el pago de terapias de
rehabilitación que el departamento efectuó en favor de las IPS Crecer y Sonreír
Unidad de Rehabilitación S.A.S., Girasoles Centro Integral de Terapias y
Servicios de Salud S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y sobre la «inexistencia de
Acuerdo de Voluntades en la vigencia 2014» (sic) que los sustentaran en contravía
de lo ordenado por el artículo 5 del Decreto 4747 de 2007 que regulaba este tipo
de negociación en el sector salud5.

3.3. El 10 de julio de 2018, la Procuraduría Regional de Córdoba ordenó abrir
indagación preliminar con fundamento en tal hallazgo, con el fin de determinar la
ocurrencia de los hechos, si estos constituían falta disciplinaria e individualizar el
servidor público presuntamente responsable6. Para ese efecto, dispuso practicar
una visita especial a las oficinas de la Gobernación de Córdoba.

3.4. El 4 de octubre de 2018 tal autoridad decidió remitir por competencia el trámite
disciplinario a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal7. En la
providencia explicó que en la indagación preliminar se había determinado que
quienes fungieron como secretarios de desarrollo de la salud del departamento
de Córdoba reconocieron y pagaron servicios de salud a las IPS mencionadas
sin que existiera un acuerdo de voluntades. De igual manera, que ello lo hicieron
en virtud de la delegación para contratar que les otorgó el gobernador del
departamento, Alejandro José Lyons Muskus, por lo que este también podía tener
responsabilidad disciplinaria como delegante. Por tal razón, consideró que la
competencia recaía en la segunda dependencia aludida.

5 Índices 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua»,
folios 1 a 15 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 3 a 31 del archivo PDF).
6 Índices 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua».

Folios 17 y 18 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 33 y 34 del archivo PDF).
7 Índices 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua».

Folios 80 y 81 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 155 a 157 del archivo PDF).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

3.5. El 14 de junio de 20198 la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal
dispuso abrir investigación en contra de Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José
Aruchan Nárvaez y Edwin Preciado Lourdy en su condición de secretarios de
salud del departamento de Córdoba por haber ordenado el pago de unos
servicios de salud [neurorrehabilitación] a las IPS referidas sin existir un vínculo
contractual con el ente territorial. Asimismo, en contra de Alejandro Lyons
Muskus por la responsabilidad que le asistía como gobernador y delegante de
conformidad con el artículo 152 del Código Disciplinario Único. El acto
administrativo fue notificado a este último el 28 de junio de 20199.

3.6. El 24 de enero de 2020, la procuraduría determinó el cierre de la investigación
disciplinaria para su evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 160A
de la Ley 734 de 200210. La decisión fue notificada al disciplinado y a su
apoderado el 27 de enero de 2020, a sus correos electrónicos y por estado el 5
de febrero de ese año11.

3.7. El
2 de agosto de 2021, la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal formuló pliego de cargos en contra de Alejandro José Lyons
Muskus y los otros disciplinados. La providencia se notificó al primero el 4 de
agosto de ese año12 y le endilgó el siguiente cargo13:

«[...] ALEJANDRO JOSE LYONS MUSKUS, en su condición de Gobernador de
Córdoba presuntamente no ejerció el deber de vigilancia y control, sobre los actos
de sus delegatarios lo que permitió que ALEXIS JOSÉ GAINES ACUÑA,
ALFREDO JOSÉ ARUACHAN NARVÁEZ y EDWIN PRECIADO LOURDY, en su
respectiva condición de Secretarios de Desarrollo de la Salud de la Gobernación
de Córdoba, durante las vigencias 2014 y 2015, ordenaran mediante las
Resoluciones No. 01750 del 18 de junio de 2014 y resolución No. 03364 del 23 de
octubre de 2014, No. 002546 del 15 de agosto de 2014, No. 002938 del 18 de
septiembre de 2014, No. 003659 del 2014, No. 03351 del 22 de octubre de 2014,
No. 03454 del 7 de noviembre de 2014, No. 03442 del 4 de noviembre de 2014,
No. 03012 del 24 de agosto de 2014, No. 02553 del 22 de agosto de 2014, No.
02937 del 18 de septiembre de 2014, No. 03587 del 24 de noviembre de 2014, y
resolución No. 0766 del 15 de marzo de 2015, el pago de servicios de rehabilitación
en salud a Crecer y Sonreír Unidad de Rehabilitación S.A.S., I.P.S Semillas de
Amor S.A.S., y Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud I.P.S
S.A.S., por valor total de $8.286.574.000.00, sin que mediara relación contractual
entre los prestadores del servicio y la Gobernación de Córdoba […]» (sic).

3.7.1. La PGN consideró que la conducta descrita había desconocido los artículos
3, 12 y 26 de la Ley 80 de 1993, relacionados con los fines de la contratación
estatal y la responsabilidad del delegante; el Decreto 054 de 2012 por el cual el
disciplinado delegó en el secretario de salud la actividad contractual de la entidad

8 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»
Folios 85 a 87 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 165 a 170 del archivo PDF).
9 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 88 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 171 del archivo PDF). El disciplinado
designó apoderado a quien se le reconoció personería con auto del 29 de julio de 2019. Ibidem
folio 182 [355 del PDF].
10 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 191 y 192 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 365 a 367 del archivo PDF).
11 Ibidem, folios 193 a 195 y 205 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 369 a 373 y

393 del archivo PDF).
12 Índice 6, Samai archivo «12RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCER(.docx) NroActua 6».

Folios 231 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folio 3 del archivo PDF).
13 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 208 a 230 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 399 a 443 del archivo PDF).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

en esa área; los artículos 157 de la Ley 1450 de 2011 que reguló la procedencia
del pago que debe hacerse a las IPS por la prestación de sus servicios; y 20 de
la Ley 1122 de 2007 que regló la contratación de estas entidades para cubrir las
necesidades para la población no cubierta por el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Con fundamento en ellos se determinó que el disciplinado había
incurrido en la siguiente conducta:
«[...] El comportamiento reprochado al investigado, se tipifica como falta
disciplinaria en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que a su texto
reza:

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

... 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley.

6.5.3. Concepto de violación

Se tiene como presuntamente vulnerado el principio de responsabilidad y las
normas por parte del gobernador de Córdoba, toda vez que, para la época de los
hechos y conforme al cargo reprochado fungía como la máxima autoridad del
departamento, por tanto, era el llamado a velar por los intereses de la entidad
territorial, a dirigir la actividad contractual y a ordenar el gasto. En tal sentido, si
bien, en el caso concreto se acreditó que la facultad de contratación y de
ordenación del gasto se encontraban delegadas en los secretarios de salud, tal
situación por mandato legal (art. 12 Ley 80 de 1993) no lo exime de la
responsabilidad que le asiste de controlar y vigilar los de sus delegatarios.

De igual forma observa esta delegada que se trataba de controlar y vigilar la
prestación de un servicio público esencial y dirigido a satisfacer el derecho
fundamental a la salud que la Gobernación de Córdoba estaba en la obligación de
garantizar.

Concretamente la actuación que debió vigilar y controlar el gobernador de Córdoba
sobre los secretarios de salud fue la emisión de los actos administrativos señalados
en el cargo formulado a cada investigado, por medio de los cuales ordenaron
pagos de servicios de rehabilitación en salud a Crecer y Sonreír Unidad de
Rehabilitación S.A.S., I.P.S Semillas de Amor valor S.A.S., y Girasoles Centro
Integral de Terapias y Servicios de Salud I.P.S S.A.S., por valor total de
$8.286.574.000.oo, sin que mediara relación contractual que soportará los pagos
de los valores consignados en cada resolución […]» (sic).

3.8. Mediante auto del 8 de septiembre de 202114, la Procuraduría Segunda
Delegada para la Contratación Estatal remitió por competencia el trámite
disciplinario a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 en razón
a la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021 y la separación de las funciones
de instrucción y juzgamiento que disponía.

3.9. En el acto disciplinario de primera instancia del 15 de agosto de 202315, la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 sancionó a Alejandro
Lyons Muskus con la destitución e inhabilidad general para ejercer la función

14 Índice 6, Samai archivo « 12RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCER(.docx) NroActua 6»

Folios 335 a 337 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folio 215 a 219 del archivo PDF).
15 Índice 6, Samai archivo «13RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 1396 a 1556 del Cuaderno 7 del expediente disciplinario (Folios 193 a 513 del archivo
PDF).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

pública por el término de 10 años al encontrarlo responsable por el cargo
formulado.

3.10. Mediante acto sancionatorio del 4 de octubre de 202416, la Sala Disciplinaria
de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular confirmó la decisión
de primera instancia.

1.3. Decisión disciplinaria de primera instancia17

4. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 en el acto
disciplinario del 15 de agosto de 2023 declaró responsable a Alejandro Lyons
Muskus por el cargo imputado. Como consecuencia de lo anterior, le impuso la
sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer la función pública por el
término de 10 años. La decisión se fundamentó en lo siguiente:

5. Sobre la prescripción de la acción disciplinaria:

5.1. no se configuró porque el auto de apertura de la investigación se profirió el 14
de junio de 2019 por lo que la prescripción se materializaría ese día del año 2024,
de acuerdo con lo prescrito por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002. No obstante;
«resulta pertinente considerar que el próximo 29 de diciembre de 2023, entra a regir en
pleno el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 70 de la Ley 2094
de 2021, razón por, la cual y dado que estos hechos datan de los años 2014 y 2015, la
acción disciplinaria prescribirá el día 28 de diciembre de 2023, por lo que se encuentra
vigente la presente acción para proferir fallo disciplinario hasta la precitada fecha» (sic).

6. Sobre la tipicidad:

6.1. de acuerdo con el contenido del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002 debía establecerse si el disciplinado en su calidad de gobernador del
departamento de Córdoba para el periodo 2012 a 2015 ejerció control y
seguimiento a las facultades de contratación que otorgó a los secretarios de
desarrollo de salud de esa entidad y que ejercidas dieron lugar al pago a las IPS
Crecer y Sonreír -Unidad de Rehabilitación S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y
Girasoles — Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud S.A.S., por la
prestación de servicios de rehabilitación en salud a la población no cubierta con
el Plan Obligatorio de Salud.

6.2. Dentro del trámite se demostró la calidad de gobernador del departamento de
Córdoba de Alejandro Lyons Muskus y que mediante el Decreto 054 de 2012
delegó en tal calidad en el secretario de salud del departamento la actividad
contractual y la ordenación del gasto en ese ámbito.

6.3. El antecedente citado por el disciplinado en su favor relacionado con un caso
en el que la Contraloría General de la República absolvió en el proceso de

16 Índice 6, Samai archivo «13RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 1730 a 1762 del Cuaderno 8 del expediente disciplinario (Folios 228 a 292 del archivo
PDF).
17 Índice 6, Samai archivo «13RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 1396 a 1556 del Cuaderno 7 del expediente disciplinario (Folios 193 a 513 del archivo
PDF).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

responsabilidad fiscal al exgobernador Edwin Besaile era inaplicable, puesto que
el asunto giraba en torno al pago de medicamentos a pacientes inexistentes y no
aludía la formalidad legal que debía anteceder a la prestación del servicio de
salud. En ese sentido, no eran equiparables los casos.

6.4. Con las pruebas documentales y testimoniales recaudadas se demostró que
la Secretaría de Salud del departamento de Córdoba pagó la prestación de
servicios de salud a las IPS Crecer y Sonreír -Unidad de Rehabilitación S.A.S.,
Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles — Centro Integral de Terapias y Servicios
de Salud S.A.S. durante los años 2014 y 2015, sin que hubiese adelantado un
proceso contractual ni celebrado «un acuerdo de voluntades» como lo ordenaba la
normativa que regulaba el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6.5. La decisión de archivo a favor del disciplinado en el proceso de
responsabilidad fiscal no incidía en el proceso disciplinario porque se refería a un
asunto diferente. Así, mientras en el primero se juzgó la existencia de un
detrimento patrimonial en el segundo se controvertía la inexistencia de un
acuerdo de voluntades del departamento de Córdoba con las IPS mencionadas
previo al pago de los servicios de salud ordenados por los secretarios de salud
en virtud de la delegación que hiciera Alejandro José Lyons Muskus.

6.6. Algunos testimonios dieron cuenta de que el disciplinado ejerció seguimiento
sobre el desarrollo de las funciones delegadas en los secretarios de despacho;
no obstante, afirmaron que «ninguna fue tendiente a la revisión de la aplicación de la
normativa en cuanto a la modalidad y requisitos de contratación en materia de prestación
de servicios de salud por parte de las IPS en los años 2014 y 2015». Tal omisión en el
deber de control y vigilancia del cumplimiento de las funciones delegadas generó
que el departamento de Córdoba pagara a las IPS la suma de $8.286.574.000
por concepto de terapias de neurodesarrollo a la población no cubierta por el POS
sin que existiera un acuerdo de voluntades.

6.7. La copia del documento denominado « Acuerdo de voluntades para concertación
de tarifas vigencia 2014» que Alejandro José Lyons Muskus aportó como prueba
se contradecía con las otras documentales y no era posible determinar su
veracidad.

6.8. Así, era contraria al informe de auditoría que la Contraloría General de la
República realizó a la Secretaría de Salud del departamento en el que señaló que
tal acuerdo no fue hallado en la entidad. También al resultado de la visita que la
PGN efectuó en la que tampoco se encontró el documento y al contenido de las
resoluciones que dispusieron el pago de los servicios en las que no se mencionó
tal acuerdo.

6.9. A lo anterior se sumó que en la auditoría del levantamiento de glosas que la
Universidad de Cartagena efectuó a la IPS Crecer y Sonreír no se hallaron
soportes que justificaran el pago del servicio; y que quien suscribió el acuerdo de
voluntades aportado no era la representante legal de la IPS Girasoles para la
época de elaboración del instrumento [24 de junio de 2014] pues se vinculó a la
entidad en noviembre de 2024.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

6.10. La contratación de los servicios dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud debía agotar los trámites previstos para la contratación estatal,
salvo que existiera una urgencia por la amenaza o lesión inminente al derecho a
la salud. Por tal razón, la conducta de Alejandro Lyons Muskus encajó dentro de
la falta disciplinaria prevista en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002
porque, aunque delegó las funciones de contratación y de ordenación del gasto
en la Secretaría de Salud departamental, «ello no lo eximía de la responsabilidad
que le asistía de controlar y vigilar los actos de sus delegatarios».

6.11. De esta manera, se encontró acreditado que el disciplinado vulneró el
principio de responsabilidad «por no haber velado por los intereses de la entidad y
haber incumplido con los deberes de vigilancia y control de las funciones de contratación
y ordenación del gasto delegadas al secretario de Salud mediante el Decreto número
054 de 2012, respecto a la expedición de las resoluciones que ordenaron el pago en
favor de las IPS's (…) por la prestación de los servicios de salud sin mediar una relación
contractual previa para justificar dichos pagos» (sic).

7. Sobre la ilicitud sustancial:

7.1. El comportamiento desplegado por Alejandro José Lyons Muskus vulneró el
principio de eficacia y no estuvo justificado. Ello, puesto que como gobernador
del departamento de Córdoba omitió adoptar «los mecanismos continuos y
procedentes para realizar el control y seguimiento de las funciones de contratación
delegadas en la Secretaría de Salud de ese ente territorial, durante las vigencias 2014 y
2015, para la prestación del servicio de salud de terapias de neurodesarrollo a pacientes
no cubiertos por NO POS» (sic). Tal omisión ocasionó que la entidad pagara la
suma de $8.286.574.000 a favor de las IPS antes mencionadas sin celebrar
contrato o negocio jurídico alguno y sin cumplir con la normativa contractual para
la prestación de servicios de salud.

7.2. La conducta fue injustificada porque el disciplinado « tenía una obligación de
especial cuidado en relación con su investidura oficial, y sus funciones en tanto estaban
orientadas al servicio a la comunidad y al cumplimiento de los fines estatales».

8. Sobre la culpabilidad y dosificación de la sanción:

8.1. El disciplinado desarrolló la conducta con culpa gravísima, puesto que
«incurrió en la desatención elemental de deberes, al no haber desplegado las
actuaciones básicas y esenciales de diligencia en la vigilancia y control de las funciones
de contratación y ordenación del gasto, delegadas mediante el Decreto número 0054 del
11 de enero de 2012, entre otras Secretarías del Despacho, a la SECRETARÍA DE
SALUD» (sic). Además, se debía considerar que tenía formación en Derecho con
más de 6 años en el ejercicio de la profesión, por lo que conocía sobre el
funcionamiento del Estado.

8.2. Si bien el trámite disciplinario se adelantó en vigencia de la Ley 734 de 2002
durante su desarrollo entró a regir la Ley 1952 de 2019 más favorable en relación
con las clases y límites de las sanciones. Por lo tanto, la sanción a imponerse
era la establecida en el artículo 48.2 de esta última norma que preveía la
destitución e inhabilidad de 8 a 10 años para las faltas gravísimas. En cuanto a
los criterios de graduación correspondía acudir a la primera norma, artículo 47

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

literales g) grave daño social de la conducta; y (j) pertenecer al nivel directivo de
la entidad.

8.3. Sobre el primer criterio se configuró porque generó un impacto patrimonial
para el departamento de Córdoba y además implicó el incumplimiento de los
deberes funcionales por parte del disciplinado. El segundo se materializó por
ocupar el empleo de gobernador. Por tal razón la pena debía ser de destitución
e inhabilidad general de 10 años.

1.4. El recurso de apelación18

9. Alejandro José Lyons Muskus interpuso el recurso de apelación en contra de
la decisión disciplinaria de primera instancia para que fuera revocada. La
fundamentó en lo siguiente:

9.1. La PGN no podía destituirlo e inhabilitarlo porque la Convención Americana
de Derechos Humanos en sus artículos 8.1 y 23.2 disponía que respecto de los
funcionarios elegidos popularmente solo un juez penal podía imponer tal sanción.
Por esa razón, debía declararse la nulidad del proceso disciplinario.

9.2. La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso y el derecho de defensa
al imputarle la falta prevista en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002 y justificarlo
en la «omisión» del control y vigilancia en materia contractual de sus delegatarios.
La imputación fue incongruente porque se reprochó la conducta activa de
participar de la actividad precontractual y contractual que no guardó relación con
la que se le endilgó. Por tal razón, en el acto administrativo disciplinario se
configuró una «incongruencia de motivos, pues se habla de la violación de una norma
disciplinaria, pero su adecuación a la misma no se corresponde con los reproches que
se realizaron» (sic).

9.3. Tales derechos se desconocieron también porque la entidad otorgó valor
probatorio al concepto que emitió Mónica Esperanza Valderrama Espitia,
empleada del Ministerio de Salud, en el que explicó la normativa técnica para los
servicios de salud. No obstante, de la prueba no se dio el traslado
correspondiente para que se ejerciera la defensa y se valoró sin tener en cuenta
otros conceptos y normativa relevantes al tema.

9.4. La entidad aplicó la responsabilidad objetiva, pese a su prohibición. También
decidió sin tener en cuenta las pruebas aportadas, específicamente, la
testimonial rendida por los asesores jurídicos, jefes de contratación, secretarios
de salud y otros empleados que manifestaron que sí ejerció la vigilancia y control
sobre las funciones delegadas en los secretarios de salud.

9.5. La PGN derivó la responsabilidad por la ausencia de contratos, pero ello no
significaba que no había ejercido la función aludida. Ciertamente, con frecuencia
realizaba reuniones con el personal de la secretaría de salud e impartía
instrucciones, además los asesores jurídicos, auditores de la dependencia y

18 Índice 6, Samai archivo «13RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 1598 a 1619 del Cuaderno 8 del expediente disciplinario (Folios 3 a 46 del archivo PDF).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

expertos en contratación luego de su revisión daban el visto bueno a la forma en
que se realizaban los pagos y en ningún momento advirtieron alguna
irregularidad que debiera corregirse. Así las cosas, la tesis de la PGN «equivale
[a] pensar que un gobernador está obligado a desconfiar de todos los funcionarios y, por
tanto, obligado a lo imposible».

9.6. Lo anterior también permitía concluir que su actuar siempre se desarrolló bajo
la convicción de que la conducta no constituía falta disciplinaria, por cuanto fue
asesorado por un equipo jurídico y expertos de la secretaría de Salud como se
probó con la prueba testimonial. Por lo tanto, siempre creyó que los pagos se
hicieron de acuerdo con el orden jurídico, especialmente, con el Decreto 4747 de
2007 y el Decreto Ley 1281 de 2002. Asimismo, la PGN al definir la culpabilidad
lo hizo sin un razonamiento probatorio y apoyada en jurisprudencia en la que no
se analizaba la normativa que regulaba los pagos de los servicios de salud no
POS, es decir, inaplicable al caso por lo que incurrió en falsa motivación.

9.7. Los pagos realizados a las IPS se hicieron de conformidad con la
reglamentación que rige el sector salud. En efecto, de acuerdo con la Ley 715 de
2001 los servicios no POS debían ser asumidos por la entidad territorial y el
departamento los prestó a través de las IPS relacionadas antes que estaban
inscritas en la secretaría de salud y habilitadas.

9.8. Además, debía tenerse en cuenta que las entidades territoriales tenían
autonomía para establecer el tipo de relaciones con las IPS de acuerdo con
diversos conceptos de la Superintendencia de Salud19; y que no todos los pagos
de los servicios de salud requerían ser mediados por una relación contractual, tal
era el caso del cumplimiento de fallos de tutela autorizado por los artículos 13 y
14 del Decreto 4747 de 2007.

9.9. De igual manera, para las autorizaciones y pagos que se hicieron de los
servicios de salud no POS se verificaba el cumplimiento del anexo técnico 4, se
comprobaba previamente por parte de los auditores médicos que hubiese
existido la prestación del servicio y que estos hubiesen sido negados en primera
instancia por las EPS, en cumplimiento de la Ley 715 de 2001 y el artículo 7 del
Decreto Ley 1281 de 2002 que solo establecía como requisito para el pago del
servicio la existencia previa de una autorización.

9.10. La PGN se equivocó al no distinguir entre las normas generales de
contratación y las que son aplicables para la prestación de los servicios de salud
incluidas en las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011, 1751 de 2015,
el Decreto Ley 1281 de 2002 y el Decreto 4747 de 2017. En virtud de esta última
la entidad territorial contaba con autonomía para establecer las relaciones con
las IPS. En ese sentido, la autoridad disciplinaria desconoció el contenido del
artículo 5 de la Ley 57 de 1887 según el cual una disposición regulatoria de un
tema especial debía primar sobre la general.

9.11. En ese orden, la supuesta vulneración de laLey 80 de 1993 y de sus
principios no existió. En consecuencia, tampoco la tipicidad de la conducta.

19 Entre ellos citó el texto de la Circular Externa 18 del 7 de julio de 2005 y el Concepto 80242 del

13 de noviembre de 2012.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

Además, los pagos realizados no afectaron patrimonialmente al departamento de
Córdoba y se hicieron con el fin de proteger la salud y en cumplimiento de
órdenes de fallos de tutela.

9.12. No se configuró la ilicitud sustancial. La PGN se limitó a manifestar que se
desconoció el principio de eficacia por lo que impuso la sanción bajo un régimen
formalista y de responsabilidad objetiva. Por el contrario, lo que quedó
establecido con la prueba testimonial y documental es que tal principio fue
atendido, toda vez que el servicio de salud no POS fue prestado por el
departamento a través de las IPS las cuales fueron autorizadas y pagado sus
servicios de conformidad con el Decreto Ley 1281 de 2002, el Decreto 4747 de
2007, la Resolución 3047 de 2008, el anexo técnico 4 y el respectivo acuerdo de
voluntades. Por lo tanto, «en virtud del principio de eficacia y eficiencia, no se
permaneció inerte o inactivo ante una situación que involucraba a niños de manera
negativa por sus derechos e intereses». Así las cosas, no se afectó la función pública
ni los fines del Estado.

9.13. La PGN no podía desconocer las decisiones que la Contraloría General de
la República emitió en relación con los pagos efectuados a las IPS. Debía ser así
porque en los procesos de responsabilidad también se cuestionó su legalidad y
con fundamento en iguales pruebas a las del proceso disciplinario se concluyó
que los servicios fueron prestados y que se pagaron de conformidad con la Ley
715 de 2001 por tratarse de servicios no POS a cargo de las entidades
territoriales.

9.14. Aunado, la autoridad disciplinaria desconoció que antes de efectuarse el
pago a las IPS correspondía surtir un trámite de verificación y auditoría de la
prestación del servicio en el que intervenían múltiples personas desde quien
recibía la radicación de los documentos, médicos, auditores, personal
administrativo.

9.15. La ordenación del gasto y la facultad de contratar estaba en cabeza de la
secretaría de salud en virtud de la Ordenanza 9 de 2006 que determinó la
desconcentración de esta dependencia. Por ende, no eral el gobernador el
responsable de tal función. Si bien se expidió el Decreto 054 de 2012 que dispuso
la delegación en tal secretaría de dichas competencias, la norma aplicable era la
ordenanza por tener una jerarquía superior. De este modo fue interpretado por la
Contraloría General de la República en el proceso fiscal adelantado contra el
exgobernador Edwin Besaile en el cual fue exonerado y que debía ser tenido en
cuenta como antecedente al decidir el proceso disciplinario.

1.5. Decisión disciplinaria de segunda instancia objeto de revisión20

10. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular en decisión del 4 de octubre de 2024 confirmó el acto de primera
instancia. La decisión avaló la sanción impuesta por la comisión de la falta
prevista en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002. Se fundamentó en lo

20 Índice 6, Samai archivo «13RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 1730 a del Cuaderno 8 del expediente disciplinario (Folios 228 a del archivo PDF).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

siguiente:

11. Sobre la competencia de la PGN para proferir la decisión disciplinaria:

11.1. La Constitución Política en el artículo 277.6 otorgó la competencia a la PGN
para investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular. En
consideración a la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
profirió en el caso Petro Urrego vs Colombia y en la que se definió que solo un
juez podía destituir a tales servidores públicos se adecuó el ordenamiento jurídico
interno para atender el mandato de los artículos 8 y 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos con la expedición de la Ley 2094 de 2021.

11.2. La norma mantuvo en la PGN la competencia disciplinaria respecto de esos
servidores y supeditó la ejecución de la sanción a que un juez revisara la decisión.
La Corte Constitucional avaló la constitucionalidad de esta normativa en la
sentencia C-030 de 2023, por lo que la PGN sí era la competente para decidir el
caso de Alejandro José Lyons Muskus.

12. Sobre la vulneración del debido proceso y el derecho de defensa:

12.1. No se configuró la incongruencia alegada sobre la imputación de la falta
disciplinaria, puesto que la conducta reprochada consistió en que el disciplinado
no cumplió con el deber de controlar y vigilar a sus delegatarios en el desarrollo
de la actividad contractual y esta conducta se enmarcaba en « el concepto de
comisión por omisión u omisión impropia, bajo el entendido que el agente estatal se
encontr[aba] obligado por via de ley a llevar a cabo determinada acción, y aun así [fue]
de su resorte determinar no actuar en tal sentido» que estaba reglada en el artículo
27 de la Ley 734 de 2002.

12.2. De este modo, al haber tenido Alejandro José Lyons Muskus una posición de
garante como delegante estaba en la obligación de velar por el acatamiento de
la actividad contractual. Así, al no haberlo hecho pese a que podía actuar
equivalía a haber participado en la etapa precontractual y contractual. Por tal
razón, y contrario a su defensa, su conducta sí se subsumió en la falta gravísima
establecida en el artículo 48, numeral 31, de la Ley 734 de 2002.

12.3. Elconcepto emitido por la empleada del Ministerio de Salud, Mónica
Esperanza Valderrama, sí fue dado a conocer al disciplinado para su
contradicción. Dentro del expediente existía la copia del auto del 28 de julio de
2022 que decretó la prueba consistente en que se informara acerca de cuál
normativa regulaba los procedimientos y modalidades de contratación en el
sector salud, tal acto fue notificado a las partes y una vez recibida la prueba está
permaneció en el expediente y podía ser consultada. Además, en su contenido
solo se enlistaba las normas aplicables, por lo que no tenía la calidad de prueba
técnica.

13. Sobre la tipicidad:

13.1. De acuerdo con el contenido de las leyes 715 de 2001, 1122 de 2007, 1450
de 2011, los decretos 4747 de 2007 y 1510 de 2013 y las resoluciones 5334 de
2008, 3047 de 2008 y 5073 de 2013, el proceso de cobro y pago de los servicios

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

de salud no POS del régimen subsidiado a las IPS por parte de las entidades
territoriales se debía realizar dentro del marco de un contrato de prestación de
servicios o acuerdo de voluntades previo.

13.2. Dentro del proceso se demostró que el pago de los servicios de salud no
POS a las IPS fue realizado sin que existiera un contrato o acuerdo de voluntades
como lo ordenaban las normas mencionadas. Adicionalmente, en el trámite
disciplinario no se refutó que con tal conducta se hubiese generado un detrimento
patrimonial, por el contrario, se reprochó que con esta se desconocieron los
principios de «economía y responsabilidad» establecidos en los numerales 3, 7 y
12 del artículo 25; y 1 y 4 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 aplicables incluso
para el régimen de contratación del sector salud por virtud del artículo 23 ibidem.

13.3. El principio de «economía» se vulneró porque el disciplinado no verificó que
sus delegatarios hubiesen cumplido con los requisitos contractuales exigidos por
las normas que regulaban la materia previo al pago que realizaron a las IPS. Por
ende, desconoció la planeación que debía regir este tipo de trámites como parte
del principio aludido.

13.4. El principio de responsabilidad se desatendió porque Alejandro José Lyons
Muskus como ordenador del gasto le correspondía vigilar y controlar la actividad
contractual sin que pudiera trasladar tal deber a otros funcionarios por mandato
de los artículos 26.5 y 51 de la Ley 80 de 1993. Al ser el representante legal de
la entidad era el garante de toda la legalidad del proceso contractual sin que
pudiera excusarse en la responsabilidad subjetiva de otros funcionarios.

13.5. De este modo, era el responsable de vigilar y controlar los actos de sus
delegatarios, al no hacerlo incurrió en la falta endilgada «por comisión por omisión»,
puesto que «la conducta se atribuye como si la hubiera cometido por una acción positiva
dada la posición de garante del procesado para impedir el resultado, en razón a que
estaba en condiciones de evitarlo. Es decir, la conducta omisiva enrostrada «no ejercer
vigilancia y control comporta un aspecto axiológico, por cuanto debe, para negar su
existencia, acreditarse que se llevaron a cabo actividades de observación, supervisión
(propio del acto de vigilar) y, a la vez, de inspección, comprobación, fiscalización e
intervención (propio del acto de controlar)». Las reuniones celebradas no eran
suficientes porque era necesario la realización del tipo de tareas referidas.

13.6. Por
lo anterior, se acreditó que Alejandro José Lyons Muskus con su
comportamiento sí incurrió en la falta disciplinaria descrita en el artículo 48,
numeral 31, de la Ley 734 de 2002.

14. Sobre la ilicitud sustancial:

14.1. Alejandro Lyons Muskus violó el principio de eficacia al permitir que los
secretarios de salud en los que delegó la contratación expidieran las resoluciones
con las cuales ordenaron el pago a las IPS por valor de $8.286.574.000 « sin que
mediara contrato de prestación de servicios en los términos exigidos por el ordenamiento
jurídico, entre los prestadores del servicio y la Gobernación de Córdoba».

14.2. El disciplinado conocía de la situación gracias a varias acciones de tutela que
ordenaban al departamento autorizar el tratamiento de terapias no POS, pero « en
ningún momento el exmandatario ejerció de manera eficaz su deber de vigilancia y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

control sobre los secretarios de salud, en el sentido de exigirles que adelantaran los
trámites precontractuales y contractuales de acuerdo a la normativa aplicable, con la
finalidad de realizar los pagos previa la celebración de un acuerdo de voluntades entre
las IPS y la gobernación de Córdoba y recibir a satisfacción los servicios prestados».

15. Respuesta a los reparos sobre la valoración probatoria y otros argumentos de
defensa:

15.1. La autoridad disciplinaria de primera instancia sí valoró de forma critica la
prueba documental denominada «Acuerdo de voluntades» que suscribieron los
representantes legales de las IPS a las que se les realizó el pago y que fue
aportada por la defensa. No obstante, en el análisis se le restó credibilidad al no
coincidir su contenido con las otras pruebas documentales y testimoniales. Ello
se acompasaba con el Oficio 2018EE006937 en el que la Contraloría General de
la República reportó el hallazgo de la visita según el cual no existía tal acuerdo
entre las IPS y el departamento. Asimismo, con el informe presentado por la
oficina de archivo de la gobernación de Córdoba del 8 de marzo de 2018 en el
que se señaló de manera expresa que en la entidad no reposaba ningún
documento de ese tipo.

15.2. La desconcentración de funciones dispuesta en la Ordenanza 9 de 2006 en
la que el disciplinado sustentó su falta de responsabilidad no implicaba la
exoneración de sus obligaciones, puesto que el artículo 8 de la Ley 489 de 1998
establecía que operaba la figura sin perjuicio de los deberes de orientación e
instrucción de los jefes de la entidad, por lo que el disciplinado dio un alcance
errado a tal acto administrativo. Igualmente, en lo que a la delegación de
funciones se refería esta no lo eximía del deber de vigilancia y control sobre los
actos de los delegatarios en materia contractual.

15.3. La decisión de archivo del proceso fiscal que profirió la Contraloría General
de la República no podía ser tenida en cuenta como antecedente porque los
supuestos de hecho que se juzgaron fueron diferentes de los del trámite
disciplinario. En el primero se estudió la responsabilidad por un presunto
detrimento patrimonial porque la Secretaría de Salud de Córdoba realizó pagos
a las IPS por la prestación del servicio de terapias de neurodesarrollo y el no
recobro de lo pagado a las EPS y se concluyó que el pago de tales servicios por
no estar en el POS debía asumirlos la entidad territorial. En el caso disciplinario
la falta gravísima se imputó, no por un detrimento patrimonial, sino porque no se
atendieron los principios de la contratación estatal.

16. Remisión del proceso disciplinario para que se surtiera el recurso automático
de revisión:

16.1. La PGN consideró que era improcedente remitir el expediente a esta
corporación porque al momento de proferirse el acto administrativo sancionatorio
el disciplinado no se encontraba en ejercicio de un cargo de elección popular. A
su juicio, la sentencia C-030 de 2023 solo estableció tal garantía en ese supuesto.
Por lo tanto, ordenó la ejecución de la sanción impuesta a Alejandro José Lyons
Muskus de manera inmediata.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

1.6. Trámite del proceso

17. Por Oficio del 24 de abril de 2025, el ministro del interior remitió a esta
corporación las actuaciones que recibió de la Procuraduría General de la Nación,
según el Oficio PDJ2 N.° 2625 del 7 de noviembre de 2024 relacionadas con la
ejecución de la sanción impuesta a Alejandro José Lyons Muskus, en condición
de gobernador del departamento de Córdoba, dentro del expediente IUS E-2018-
278302 / IUS D-2018-1131546121.

18. Con auto del 19 de mayo de 202522 el despacho avocó conocimiento de la
revisión automática del acto administrativo sancionatorio en relación con la
sanción impuesta a Alejandro José Lyons Muskus y descartó hacerlo respecto de
los otros sancionados por no ser servidores públicos de elección popular.

19. En la providencia se dispuso la notificación del disciplinado y otorgarle el
término de 30 días para que ejerciera su derecho de defensa ante esta
corporación. Asimismo, se ordenó dar traslado a la PGN por el término de 5 días
para que interviniera de acuerdo con lo previsto por el artículo 238F de la Ley
1952 de 2019 adicionado por el artículo 59 de la Ley 2094 de 2021 una vez
cumplido lo anterior. Finalmente se advirtió a la PGN y al Ministerio del Interior
que la ejecución de la sanción quedaría suspendida hasta que se profiriera la
sentencia dentro del presente proceso.

1.7. Recurso extraordinario de revisión

20. Una vez surtida la notificación a Alejandro José Lyons Muskus y a su
apoderado, no se pronunció ni solicitó el decreto de pruebas dentro del término
de 30 días otorgados en el auto del 29 de agosto de 202523.

1.8. Intervención de la Procuraduría General de la Nación24

21. La Procuraduría General de la Nación se opuso a que por vía del recurso
extraordinario de revisión se deje sin efectos el acto administrativo sancionatorio
con fundamento en los siguientes argumentos:

21.1. El recurso no debía constituir una tercera instancia en la que se pudiera
replantear el objeto de litigio. Además, dentro del trámite no se demostró la
configuración de alguna de las causales de procedencia previstas en el artículo
238C del Código Disciplinario.

21.2. En el presente asunto quedó acreditada la tipicidad de la conducta y esta fue
congruente entre el pliego de cargos y los actos administrativos disciplinarios,
puesto que al disciplinado se le acusó de trasgredir los principios de economía y
responsabilidad prescritos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y, por ende,
por incurrir en la falta establecida en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 por
no haber ejercido el deber de vigilancia y control sobre los actos de sus
delegatarios en calidad de secretarios de desarrollo de salud de Córdoba, al

21 Índice 4 de Samai «4ED_42476pdf(.pdf) NroActua 4(.pdf) NroActua 4».
22 Índice 8 de Samai.
23 Índice 49 de Samai.
24 Índices 45, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

permitir que hicieran pagos a las IPS por la prestación de servicios sin que
mediara una relación contractual entre estas y el departamento de Córdoba.

21.3. Asimismo, la ilicitud sustancial también fue establecida, por cuanto Alejandro
Lyons Muskus con la conducta descrita desconoció el principio de eficacia al
permitir que se hicieran los pagos aludidos sin que los secretarios de salud
delegados adelantaran los trámites precontractuales y contractuales que exigía
la normativa vigente.

21.4. Igualmente, quedó evidenciado que la PGN realizó un análisis probatorio
adecuado al momento de definir la culpabilidad, que el disciplinado conocía de la
ilicitud de su actuar y desatendió su deber objetivo de cuidado que le imponía la
carga de vigilar las actuaciones de sus delegatarios en materia contractual.

21.5. Los actos acusados se profirieron una vez comprobada la certeza de los
hechos investigados y con fundamento en las pruebas decretadas, practicadas y
allegadas. De igual manera, dentro del trámite de la investigación disciplinaria se
observaron las reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos
para pruebas, competencias, recursos e instancias que corresponden al debido
proceso.

21.6. La entidad reiteró los argumentos que expresó en la decisión disciplinaria de
segunda instancia sobre su competencia para juzgar y sancionar
disciplinariamente a los servidores públicos elegidos por voto popular.

1.9. Alegatos de conclusión

22. Por auto del 24 de junio de 202625 se corrió traslado para que las partes
presentaran alegatos de conclusión, oportunidad en la cual no intervinieron.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. La Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 238B de la Ley 1952 de
2019 que estableció que «[l]as Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado
conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda
instancia o de doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las
Salas de Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones
producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación […]»
y 107 del CPACA.

2.2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión previsto en los
artículos 238A a 238G de la Ley 1952 de 2019. Procedencia en el presente
caso

28. A través de la Ley 1952 de 2019 se expidió el Código General Disciplinario 26,
por lo que derogó la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de

25 Índice 59 de Samai.
26 En adelante CGD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

2011. En la disposición se estableció que su entrada en vigor se daría 4 meses
después de su promulgación [28 de mayo de 2019] y algunas normas de
procedimiento 18 meses después [28 de julio de 2020]27. No obstante, la Ley
1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, difirió la vigencia del nuevo estatuto
disciplinario a partir del 1 de julio de 2021.

29. La aplicación del CGD se vio afectada por la sentencia que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dictó en el caso Petro Urrego vs Colombia
el 8 de julio de 2020, en la que declaró responsable al Estado colombiano por la
violación de los artículos 8.1, 8.2 y 23.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos [CADH] por la sanción de destitución e inhabilidad que impuso la
Procuraduría General de la Nación al entonces alcalde mayor de Bogotá D.C.

30. En el caso aludido, la Corte consideró que una «autoridad administrativa» no
podía imponer una sanción que restringiera los derechos políticos de los
servidores públicos elegidos democráticamente señalados en el artículo 23.2 de
la CADH, pues esto solo podía hacerlo un juez competente mediante sentencia.
En ese sentido, ordenó al Estado colombiano en aplicación «del artículo 2 de la
Convención»28, que adecuara «[...] en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico
interno a los parámetros establecidos en [esa] Sentencia [...]».

31. A raíz de lo anterior, con el fin de cumplir con el fallo se expidió la Ley 2094 de
2021 con la que se reformó la Ley 1952 de 2019. La nueva disposición:

31.1. (i) dividió las etapas de investigación y de juzgamiento en los procesos
disciplinarios;

31.2. (ii)
otorgó facultades «jurisdiccionales» disciplinarias a la Procuraduría
General de la Nación para juzgar y sancionar con suspensión, destitución e
inhabilidad a los servidores públicos, entre ellos, los de elección popular [artículos
1, 2, 13, 16, 17, 54, 73 y 74]; y

31.3. (iii) creó el recurso extraordinario de revisión como un mecanismo judicial
especial para controlar los fallos disciplinarios proferidos por tal entidad [artículos
54 a 60]. Tales normas estatuyeron su procedencia, la competencia para
conocerlo, las causales que podían invocarse, el término para interponerse, sus
requisitos y su trámite.

32. La constitucionalidad de la función «jurisdiccional» de la PGN fue demandada
ante la Corte Constitucional, que en sentencia C-030 de 2023 declaró inexequible
las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional» contenidas en los artículos 1,
54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021. También de la expresión « ejecutoriadas» del
artículo 54 ibidem. La Corte consideró que la atribución de funciones
jurisdiccionales a la PGN vulneró el inciso tercero del artículo 116 de la
Constitución, al desconocer los presupuestos fijados por la Carta para asignar
esta competencia.

27 Los artículo 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,

222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254.
28 Que prevé el deber general de los Estados Parte de adecuar su derecho interno a las

disposiciones de la convención para garantizar los derechos en ella consagrados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

33. De este modo, las decisiones disciplinarias volvieron a tener el carácter de
actos administrativos por su naturaleza administrativa y no jurisdiccional. La
Corte precisó que la imposición definitiva de las sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad de los servidores públicos de elección popular
correspondía a los jueces, con independencia de su especialidad, de acuerdo
con el criterio adoptado en la sentencia C-146 de 2021 en la que interpretó el
artículo 23.2 de la CADH.

34. Para la Corte, la reserva judicial se justificó en la protección del principio
democrático y el derecho a la representación política que obligan a interpretar el
artículo 277.6 Constitucional armónicamente con la CADH para «[...] maximizar el
respeto por los derechos políticos [...]» de tales servidores. Bajo este criterio declaró
la exequibilidad del artículo 1 de la Ley 2094 de 2021.

35. En esa línea, indicó que tal competencia podía recaer en los jueces de lo
contencioso administrativo y no necesariamente en los penales, siempre bajo las
reglas del debido proceso. Lo anterior lo justificó al señalar que una interpretación
literal del artículo 23.2 de la CADH vulneraba el principio de «necesidad en materia
penal» según el cual este debe ser la última ratio del derecho punitivo, y también
ignoraba la gravedad de las faltas. De este modo, consideró desproporcionado
aplicar el derecho penal para proteger bienes jurídicos de inferior jerarquía que
podían cuidarse con otras alternativas menos lesivas.

36. En concordancia con lo expuesto, la Corte Constitucional al examinar la
expresión «ejecutoriadas» del artículo 54 de la Ley 2094 de 2021 que creó el
recurso extraordinario de revisión para controlar los fallos disciplinarios proferidos
por la PGN, la declaró inexequible porque las decisiones de destitución,
suspensión e inhabilidad de los servidores públicos de elección popular las debía
proferir de manera definitiva un juez de la República, específicamente,
contencioso administrativo.

37. Sin embargo, la Corte adecuó el alcance del recurso a la Carta Política y a la
CADH para mantenerlo dentro del ordenamiento jurídico y evitar un vacío
normativo ante la declaración de inexequibilidad del término «jurisdiccionales»
del artículo 1 ibidem.

38. En tal virtud, manifestó que la regulación del recurso garantizaba el debido
proceso, el derecho de defensa del disciplinado y la reserva judicial de la decisión
al suspender sus efectos hasta que un juez se pronunciara [párrafos 335 a 337
de la sentencia]. No obstante, precisó que su carácter rogado amenazaba la
intervención efectiva del juez y que las causales taxativas de procedencia
limitaban el derecho de defensa y el control integral de la decisión. Por tal razón,
moduló las consecuencias normativas del recurso de la siguiente manera:

«[...] a) El estándar de garantía constitucional exige que la intervención de juez en
la determinación e imposición de las sanciones analizadas a los servidores de
elección popular sea obligatoria y no rogada. También, debe ser ordinario y
siempre estar presente en la imposición de dichas sanciones, para que estas se
concreten en una sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de revisión
operará de manera automática e inmediata y no está supeditado a las causales
taxativas de procedencia, permitiéndosele al ciudadano disciplinado el ejercicio de
todas las actividades procesales que estime pertinentes a su defensa, tales como
presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir su contradicción, lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

cual podrá hacer dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia
disciplinaria proferida por la PGN, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley
2094 de 2021, el cual creó el artículo 238 D de la Ley 1952 de 2019. Vencido este
término, en el que el disciplinado puede ejercer de manera efectiva su derecho de
defensa y todas sus garantías procesales, la PGN deberá enviar, inmediatamente,
el proceso ante el juez de lo contencioso administrativo, quien deberá hacer un
examen integral de la actuación disciplinaria adelantada por la PGN, no solo de
corrección de legalidad.

b) Las decisiones de la PGN que se refieran a la destitución, suspensión e
inhabilidad de funcionarios de elección popular, no podrán, en ningún caso, ser
impuestas de manera definitiva sin la intervención del juez de lo contencioso
administrativo.

c) Contra la sentencia del juez de lo contencioso administrativo procederán los
recursos de ley consagrados en el CPACA. El sistema de investigación y
juzgamiento disciplinario de servidores de elección popular se complementará con
las normas que se enuncian en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019, entre las que
está el artículo 179 y siguientes del CPACA y las reglas supletivas del Código
General del Proceso. [...]».

39. De igual modo, la Corte señaló los efectos de la decisión:

«[...] solamente las actuaciones disciplinarias que hayan implicado la imposición
de sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad para servidores públicos de
elección popular, respecto de las cuales i) no hubieren transcurrido 30 días desde
su notificación, ii) en las que estuviere en trámite el recurso extraordinario de
revisión o iii) las que se adopten con posterioridad, en todos los casos, teniendo
en cuenta el día siguiente de la fecha de esta decisión (17 de febrero de 2022)
[sic], se someterán a las reglas de modulación sobre el recurso extraordinario de
revisión ante el juez contencioso administrativo. Lo anterior implica que los efectos
de la decisión que ahora adopta la Corte Constitucional no dejan sin efecto las
determinaciones que se hayan proferido hasta ahora por parte de la PGN o por las
autoridades judiciales que realizaron el control judicial de esas decisiones. [...]»

40. El Consejo de Estado se pronunció sobre la procedencia y trámite del recurso
extraordinario de revisión previsto en los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de
2021. La Sala Plena en auto de unificación del 3 de diciembre de 202429 acogió
por completo el criterio expuesto en la sentencia C-030 de 2023 sobre su alcance.
No obstante, fijó varias reglas de unificación con el fin de llenar algunos vacíos
dejados por la legislación y la sentencia de constitucionalidad sobre la aplicación
del mecanismo judicial. Las reglas son las siguientes:

«[...] Primera regla:

Procedencia:

El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o
de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que
impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos
de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo
de elección popular al momento de la imposición de la sanción.

Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o
ejercer funciones públicas.
[...]

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto unificación del 3 de

diciembre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2023-00871-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

Segunda Regla:

Suspensión de la sanción:

La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de
revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve
el recurso de revisión.
[...]
Tercera regla:

Intervención directa del sancionado:

El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a la
notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría General de
la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su favor,
solicitar pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el procedimiento
administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o [a] través de
apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales
distintas a la legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos de
inconformidad.
[...]
Cuarta regla:

Auto que avoca conocimiento del trámite de revisión

El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca conocimiento,
el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al disciplinado. El
órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrá oponerse a los
cargos presentados por el servidor público de elección popular, en su escrito de
intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.

Quinta regla:

Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad

En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción
disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.

Sexta regla:

Competencia para resolver el recurso de doble conformidad

El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas por las
Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la Sala
Especial de Decisión que siga en orden numérico.

Séptima Regla:

Control integral:

El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de
la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e
inhabilidad de servidores públicos de elección popular [...]»

41. En virtud de la última regla de unificación, corresponde a la Sala realizar un
examen integral del proceso disciplinario sujeto a la revisión automática de los
artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de 2021. Esto implica, de acuerdo con la
sentencia C-030 de 2023 y la providencia de unificación citada «[...] efectuar un
cotejo con todo el ordenamiento jurídico superior, al cual está sometida la decisión [...]».
Así las cosas, el control va más allá de los cargos expuestos por el disciplinado,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

puesto que la garantía de reserva judicial comprende lo siguiente de conformidad
con el criterio unificado:

«[...] i) el análisis de la actuación administrativa sancionatoria bajo los principios
rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta y de las sanciones,
ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana,
presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia, igualdad,
derecho a la defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, motivación,
interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios e integración
normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los
convenios internacionales ratificados por Colombia y ii) la posibilidad de variar la
calificación de la falta y la imposición de la sanción, sin afectar el principio de la no
reformatio in pejus, entre otros aspectos [...]».

42. La Sala Plena definió que las reglas de unificación son vinculantes hacia el
futuro desde la ejecutoria de la decisión. En consecuencia, las sanciones que
imponga la PGN de destitución, suspensión e inhabilidad a los servidores
públicos de elección popular deben sujetarse a ellas. Asimismo, determinó que
«[...] los trámites ya iniciados, en los cuales el magistrado ponente hubiere dictado auto
admisorio o aquel que avoca conocimiento del recurso de revisión, deberán adecuarse
a estas reglas de unificación [...]».

43. No pasa por alto la Sala que en el presente caso la PGN omitió remitir el
proceso disciplinario para que se surtiera el trámite del recurso automático de
revisión con el argumento de que al momento de proferirse la sanción el
disciplinado no se encontraba en ejercicio de un cargo de elección popular. Tal
postura desconoció el pronunciamiento que la Corte Constitucional hizo en la
sentencia C-030 de 2023 al definir la exequibilidad condicionada del artículo 1 de
la Ley 2094 de 2021, pues determinó que lo era «en el entendido de que la
imposición definitiva de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a
servidores públicos de elección popular corresponderá al juez de lo contencioso
administrativo» sin hacer la distinción que hizo la entidad, interpretación que
corroboró la Sala Plena del Consejo de Estado en el auto de unificación ya citado.

44. Con fundamento en lo expuesto, la Sala efectuará el control judicial del fallo
disciplinario que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación expedido dentro del
proceso disciplinario con radicado IUS E-2018-278302 / IUS D-2018-1131546, en
relación con la sanción de destitución e inhabilidad general impuesta a Alejandro
José Lyons Muskus.

45. Previo a ello, la Sala advierte que el disciplinado no se pronunció dentro del
término de 30 días que le fue otorgado para expresar sus argumentos de defensa.
Sin embargo, ello no es impedimento para que se profiera un pronunciamiento,
debido a que el recurso de revisión es automático e inmediato y opera de manera
oficiosa.

3. Problema jurídico

46. La Sala realizará el examen integral del proceso disciplinario en los términos
ordenados en la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional y en el auto
de unificación dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado del 3 de diciembre
de 2024.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

47. El estudio se adelantará en dos etapas, de la siguiente manera:

47.1. En la primera, se examinará el cumplimiento de los postulados y garantías
del debido proceso. En ese sentido, se verificará si se aplicó el procedimiento
legal que correspondía, si los actos administrativos se expidieron dentro del
término establecido en la ley, si al disciplinado se le respetó la oportunidad para
presentar argumentos y solicitar pruebas, si se le notificaron en debida forma las
decisiones y si pudo refutarlas, la congruencia del pliego de cargos con el fallo
disciplinario y demás garantías procesales.

47.2. En la segunda etapa, y siempre que se hubiese superado la primera, se
evaluará los elementos de la responsabilidad y el análisis jurídico y probatorio
que sobre ellos se efectuó en sede administrativa para efectos de definir la
responsabilidad disciplinaria.

3.1. Respeto de las garantías procesales

3.1.1. Normativa que la PGN debió aplicar

48. La Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario30, derogó la Ley 734 de
2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011. No obstante, su entrada
en vigor no fue inmediata y se prolongó en varias ocasiones.

49. En efecto, su artículo 265 original estableció que entraba a regir «[...] cuatro
(4) meses después de su sanción y publicación [...]» y que derogaba las normas
mencionadas. Tal artículo en su inciso segundo determinó que las normas
relativas al procedimiento regirían «[...] dieciocho (18) meses después de su
promulgación [...]» y que entretanto se aplicaría el trámite de la Ley 734 de 2002.

50. Las normas procedimentales a las que se refería la última parte de la citada
disposición eran los artículos 33, que regulaban la prescripción de la acción
disciplinaria; 101 y 102 que reglaban las competencias de las salas disciplinarias
de la PGN y del procurador general; 208 a 235 que contenían el trámite desde la
indagación preliminar hasta la decisión de la segunda instancia; y el 254 que
preveía el juzgamiento disciplinario jurisdiccional.

51. La Ley 1952 de 2019 se publicó el 28 de enero de 2019, por lo que sus
disposiciones, con excepción de las procedimentales mencionadas, comenzaban
a gobernar el proceso disciplinario desde el 28 de mayo de ese año. Las que
hacían alusión a las ritualidades del proceso lo harían desde el 28 de julio de
2020.

52. Ahora bien, el vigor de estas normas no irradiaba todos los procesos
disciplinarios, puesto que el artículo 263 ibidem original decretó que aquellos en
los que se hubiese «[...] proferido auto de apertura de investigación disciplinaria o de
citación a audiencia [...]» a su entrada en vigencia «[...] continuar[ían] tramitándose
de conformidad con las ritualidades consagradas en el procedimiento anterior [...]»; es
decir, por la Ley 734 de 2002.

30 En adelante CGD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

53. Posteriormente, la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, publicada
el 25 de mayo de 2019 [3 días antes de que las normas no procedimentales de
la Ley 1952 de igual año entraran a operar], difirió en su artículo 140 la vigencia
del nuevo estatuto disciplinario para otra fecha, hasta el 1 de julio de 2021. Así
las cosas, tanto las normas procedimentales [artículos 33, 101, 102 y 208 a 235
y 254] como las que no tenían esta naturaleza entrarían a regir en la fecha
aludida.

54. Luego, la expedición de la Ley 2094 de 2021, que reformó la Ley 1952 de 2019
e introdujo otras normas al régimen disciplinario, cambió la fecha de entrada en
rigor del CGD. Así, en su artículo 73 [que modificó el 263 del CGD] estableció lo
siguiente:

«[...] ARTÍCULO 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual
quedará así:
Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente
ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma,
entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este
período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.
Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las
palabras “y la consulta” que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley
1123 de 2007.
Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las norma relacionadas con la
Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia.
PARÁGRAFO 1o. El artículo 1o de la presente Ley, relativo a las funciones
jurisdiccionales31 entrará a regir a partir de su promulgación.
PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses
(30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo
30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011
[...]» (sic).

55. Significa lo expuesto, que la Ley 2094 de 2021 y todas las normas del CGD
entraron en vigor 9 meses después de la promulgación de la primera ley [29 de
junio de 2021], es decir, el 29 de marzo de 2022. Antes de ello el proceso
disciplinario seguía gobernado por la Ley 734 de 2002. Lo anterior, salvo lo
dispuesto en el artículo 1, en el que regló la titularidad de la potestad disciplinaria
y las atribuciones de la PGN, que entró a gobernar una vez promulgada la norma.
También el artículo 7, que modificó el 33 de la Ley 1952 de 2019 [prescripción de
la acción disciplinaria], regiría 30 meses después de la promulgación de la ley,
esto es, el 29 de diciembre de 2023.

56. Así las cosas, las normas de las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 tienen
vigencia desde el 29 de marzo de 2022, con las dos excepciones expuestas.
Además, el artículo 263 de la primera ley modificado por el 71 de la segunda
dispuso lo siguiente:

«[...] A ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo modificado por el
artículo 71 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> A la entrada
en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la
notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal,
continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.
En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.

31Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
sentencia C-030 de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

PARÁGRAFO. <Parágrafo corregido por el artículo 3 del Decreto 1656 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La designación de la primera sala disciplinaria de
juzgamiento a que alude el artículo 17 de esta ley, deberá ser integrada de forma
tal que, a su entrada en vigencia, asuma inmediatamente sus competencias. El
período de esta primera sala se extenderá hasta el 17 de marzo de 2025, sin
perjuicio de su eventual prórroga [...]».

57. De esta manera, en los procesos disciplinarios que, para el 29 de marzo de
2022, fecha en que entró en vigor el CGD, se hubiese notificado el pliego de
cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, el procedimiento aplicable era
el fijado en la Ley 734 de 2002.

58. En el proceso disciplinario examinado se probó que la Procuraduría Segunda
Delegada para la Contratación Estatal formuló pliego de cargos en contra de
Alejandro Lyons Muskus mediante auto del 2 de agosto de 202132 notificado por
correo electrónico el 4 de agosto de ese año33. Ello significa que el trámite debió
regirse por la Ley 734 de 2002, tal como la PGN lo aplicó.

3.1.2. Ocurrencia de la caducidad y de la prescripción de la acción
disciplinaria

59. Comoquiera que la normativa aplicable en el presente asunto era la Ley 734
de 2002, el término de caducidad y de prescripción que la PGN debía cumplir era
el establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 que determinaba lo
siguiente34:

«[...] ARTÍCULO 132. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
DISCIPLINARIA. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:

“La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la
ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde
el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el
deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas. [...]».

60. En virtud de lo anterior, la caducidad de la acción disciplinaria se configura si
trascurren 5 años desde que ocurrió la falta y no se ha dado apertura a la
investigación.

32 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 208 a 230 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 399 a 443 del archivo PDF).
33 Índice 6, Samai archivo «12RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCER(.docx) NroActua 6».

Folios 231 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folio 3 del archivo PDF).
34 El texto de la norma citada incluye la modificación de la que fue objeto el artículo 30 original de

la Ley 734 de 2002 por parte del artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 «[p]or la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública». La versión original del primer
artículo disponía que la acción disciplinaria prescribiría «en cinco años, contados para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último acto».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

60.1. En el presente caso, la PGN inició su actuación porque la Contraloría General
de la República informó mediante oficio del 18 de junio de 201835 sobre un
hallazgo disciplinario detectado en la auditoría realizada al departamento de
Córdoba en el año 2017. En el oficio se advirtió que desde la gobernación de
Córdoba en los años 2014 y 2015 se hicieron pagos a varias IPS por servicios de
terapias de rehabilitación sin que se hubiese suscrito previamente un contrato
estatal o un acuerdo de voluntades.

60.2. Con fundamento en lo anterior, la PGN inició la indagación preliminar el 10
de julio de 201836 y, posteriormente, dispuso en auto del 14 de junio de 201937,
notificado el 18 de ese mes y año38, abrir investigación en contra de Alejandro
José Lyons Muskus por la posible responsabilidad que le asistía como
gobernador del departamento de Córdoba por la delegación que realizó de la
función de contratación en los secretarios de salud quienes dispusieron, en
ejercicio de tal facultad, el pago de unos servicios de rehabilitación a varias IPS39
en los años 2014 y 2015 sin existir un vínculo contractual con el ente territorial.
Luego en el auto del 2 de agosto de 202140 formuló cargos y se registró como
última orden de pago la realizada con la Resolución 0766 del 15 de marzo de
2015.

60.3. Así las cosas, desde la ocurrencia de la falta, específicamente la orden del
último pago [15 de marzo de 2015] y hasta que se profirió el auto de apertura de
la investigación [14 de junio de 2019] no trascurrieron más de 5 años. Por lo que
se puede concluir que en vigencia de la Ley 734 de 2002 no se configuró la
caducidad de la acción disciplinaria.

61. En cuanto a la prescripción debe señalarse que es un mandato de orden
público por el cual el Estado cesa su potestad punitiva o ius puniendi por el
cumplimiento de un término fijado en la ley41. En ese sentido, es «un instituto
jurídico liberador»42 en el que la administración, en este caso la PGN, «dejan vencer
el plazo señalado por el legislador [...] sin haber adelantado y concluido el proceso
respectivo, con decisión de mérito»43.

62. Bajo tales parámetros, la prescripción constituye una sanción para el Estado
que implica la pérdida de su potestad sancionadora por la ineficiencia en su
ejercicio. A la vez es una institución establecida en favor de quien es investigado,

35 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 1 a 15 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 3 a 32 del archivo PDF).
36 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 17 a 18 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 33 a 35 del archivo PDF).
Inicialmente el trámite correspondió a la Procuraduría Regional de Córdoba, luego mediante auto
del 4 de octubre de 2018 la remitió por competencia a la Procuraduría Delegada para la
Contratación Estatal, dependencia que profirió el auto de apertura de la investigación disciplinaria.
37 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 85 a 87 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 165 a 170 del archivo PDF).
38 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 88 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 171 del archivo PDF). El disciplinado
designó apoderado a quien se le reconoció personería con auto del 29 de julio de 2019. Ibidem
folio 182 [355 del PDF].
39 Las IPS eran: Crecer y Sonreír Unidad de Rehabilitación S.A.S., Girasoles Centro Integral de

Terapías y Servicios de Salud S.A.S., Semillas de Amor S.A.S.
40 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 208 a 230 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 399 a 443 del archivo PDF).
41 Corte Constitucional, sentencia C-556 de 2001.
42 Corte Constitucional, sentencia C-401 de 2010.
43 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

pues protege su derecho a que se defina su situación jurídica dentro de un plazo
razonable44. Por ende, es parte fundamental del debido proceso de aquel porque
se relaciona con el derecho a que el proceso culmine con una decisión de fondo 45.

63. La prescripción de la acción disciplinaria de acuerdo con el artículo 30 de la
Ley 734 de 2002 se materializa si pasados 5 años contados a partir del «[...] auto
de apertura de la acción disciplinaria [...]» no se ha proferido la decisión.

63.1. Cabe precisar que esta corporación ha interpretado que la expresión de la
norma «[...] auto de apertura de la acción disciplinaria [...]» alude al auto que ordena
la apertura de la investigación. Este criterio se sustenta en que es esta la etapa
en la que se verifica la ocurrencia de la conducta y si es falta disciplinaria, además
en que con tal acto se da inicio formal al trámite disciplinario y es a partir del cual
el servidor público adquiere la calidad de investigado y puede ejercer todos sus
derechos, según los artículos 91 y 92 ibidem46.

63.2. Asimismo, desde la vigencia del anterior régimen disciplinario previsto en el
artículo 34 de la Ley 200 de 1995 y con fundamento en el contenido de esta
norma, la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado47
determinó que el conteo del término de la prescripción se interrumpía una vez
proferido el acto disciplinario de primera instancia por ser el que decidía de fondo
el asunto. Por el contrario, consideró que el que resolvía el recurso no lo era
porque «[...] correspond[ía] a una etapa posterior cuyo propósito no e[ra] ya emitir el
pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste
sea revisado a instancias del administrado [...]»48. Esta postura se mantuvo con la
entrada en vigor de la Ley 734 de 2002.

63.3. En vigencia de tal normativa y de la interpretación que jurisprudencialmente
se le había dado, se puede concluir que en el presente caso no se configuró la
prescripción de la acción.

63.4. Es así porque el auto de apertura de la investigación se profirió el 14 de junio
de 2019 y se notificó el 28 de ese mes y año y el acto disciplinario de primera
instancia fue expedido el 15 de agosto de 2023 y notificado por correo electrónico
al apoderado del disciplinado el 28 de agosto de ese año49. En ese orden, es
claro que este último se expidió dentro del término de 5 años siguientes al primer
acto referido, pues el término vencía el 28 de junio de 2024. Esto bajo el
entendido que la norma que regulaba el término de prescripción era la Ley 734

44 De acuerdo con la sentencia SU-126 de 2002 «[…] 34. Por otra parte, como consecuencia de

la sanción al Estado, pero como un fin en sí mismo, la prescripción de la acción sancionatoria
opera en favor del procesado. Justamente, como el ejercicio del ius puniendi puede implicar la
afectación de derechos constitucionales - en el caso más extremo, la privación de la libertad – la
prescripción de la acción sancionatoria busca proteger el derecho que tiene todo individuo a que
se le defina su situación jurídica. En otras palabras, la prescripción de la acción que se sigue en
contra de una persona la “libera (…) de la incertidumbre que supone la existencia de un proceso
(…) en su contra” […]».
45 Ver C-556 de 2001 y T-416 de 1998.
46 Postura plasmada por la Sala 10 Especial de Decisión en las siguientes sentencias: del 31 de

octubre de 2025, radicado 11001031500020230708900 (11159): y del 27 de junio de 2025,
radicado 110010315000202400849 00 (1326).
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de

septiembre de 2009, radicado 11001031500020030044201.
48 Ibidem.
49 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 1593 a 1594 del Cuaderno 8 del expediente disciplinario (Folio 41 a 44 del archivo PDF).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

de 2002.

63.5. Ahora bien, la Sala advierte que el acto administrativo disciplinario de
segunda instancia fue proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular el 4 de octubre de 2024 y notificado el
7 de igual mes y año50. Ello quiere decir que la entidad lo emitió cuando ya había
entrado en vigencia el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 que regló un nuevo
término de prescripción de la acción disciplinaria a partir del 29 de diciembre de
202351 de la siguiente manera:

«[…] ARTÍCULO 33. Prescripción e interrupción de la acción disciplinaria. La
acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o
continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas,
cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción
se cumple independientemente para cada una de ellas.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde
la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda
instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de
prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se
interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la
prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación
del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique […]».

64. Como se advierte, la nueva norma dispuso que la prescripción es de 5 años
computables desde que se cometió la falta si esta es instantánea o de la
realización del último hecho si es continuada, contrario al contenido del artículo
33 de la Ley 734 de 2002 en el que se establecía que el término comenzaba
desde la apertura de la investigación. Además, el artículo citado prevé que tal
fenómeno se interrumpe con el fallo de primera instancia y que una vez
interrumpido se produciría si pasados 2 años no se profirió el de segunda,
aspecto no reglado en la anterior disposición.

64.1. Por tal razón, para la Sala se hace imperioso examinar si, pese a que el
trámite debía regirse por la Ley 734 de 2002 según se expuso, en virtud del
principio de favorabilidad el término de prescripción que debió aplicarse por la
PGN era el establecido en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019. Para dilucidar
ello, es necesario examinar el alcance del principio de favorabilidad en materia
disciplinaria.

3.1.3. Aplicación del principio de favorabilidad en el proceso disciplinario

65. El artículo 29 de la Constitución Política instaura como principio general en
materia sancionatoria que la ley aplicable es la que se encuentra vigente al
momento de la comisión de los hechos. En ese sentido, dispone en su inciso
segundo que «[n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto

50 Índice 6, Samai archivo «14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folio 1730 a 1763 y 1765 [notificación personal] y 1783 [notificación por edicto] del Cuaderno 8B
del expediente disciplinario (Folio 228 a 294; y 296 y 317 del archivo PDF).
51 De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que modificó el 263 del CGD, según se

expuso en la primera parte de esta sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

que se le imputa». Establece así el principio de legalidad como garantía del debido
proceso. La interpretación constitucional ha indicado que el artículo con la
expresión citada alude a las normas de carácter sustantivo que establecen las
conductas y las sanciones52.

66. El principio de legalidad encuentra su limitación en el de favorabilidad que el
propio artículo 29 Superior en su inciso tercero prescribe al señalar que «[e]n
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable». De este modo, el principio de
favorabilidad se presenta como la excepción a la regla general al permitir que
situaciones no ocurridas bajo la vigencia de una ley se gobiernen por esta si
resulta más beneficiosa que la normativa que, en principio, regía53. Así se activa
la posibilidad de que la ley posterior regule hechos ocurridos con antelación a su
vigencia.

67. En lo que respecta a las normas de carácter procesal, el artículo 40 de la Ley
53 de 1887 regla que prevalecen sobre las anteriores desde que comienzan a
regir, es decir, dispone que en materia procesal opera el principio de aplicación
inmediata de la ley. Y aunque la misma norma prevé que ello es así salvo para
los términos, diligencias y actuaciones que hubiesen comenzado a correr y a
desarrollarse en vigencia de la ley previa, lo cierto es que el empleo o no de la
ley procesal, al igual que sucede con las de carácter sustantivo, debe atender
siempre el principio de favorabilidad54.

68. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que «[…] el
principio de favorabilidad es imperativo respecto de normas sustantivas y procesales en
la misma medida. De esta forma, “tanto en materia sustantiva como procesal, las
disposiciones más favorables al inculpado deben aplicarse de manera preferente,
aunque el régimen transitorio determine en principio cosa diversa” […]»55. En igual
sentido ha precisado que «[…] si bien el principio de aplicación inmediata de las
normas procesales es compatible con el derecho al debido proceso, éste debe integrarse
con el principio constitucional de favorabilidad, máxime cuando el propio Código
Disciplinario Único así lo ha establecido en su artículo 14 […]»56.

69. Lo expuesto adquiere mayor relevancia si lo que ocurre es que la norma
procesal nueva contiene preceptos más benéficos que la que deja de estar
vigente, pues en este evento concurren en su prevalencia y sin contradicción los
principios de aplicación inmediata de la ley procesal y el de favorabilidad. En ese

52 Corte Constitucional, sentencia C-200 de 2002.
53 En la sentencia C-181 de 2002 al analizarse la vigencia de varias normas de la Ley 200 de

1995, en relación con el principio de legalidad se precisó que «[…] tiene como fin primordial la
protección del principio de la seguridad jurídica, pilar fundamental del orden público. No obstante,
la tradición jurídica ha reconocido la posibilidad de establecer una excepción a tal precepto para
permitir que situaciones de hecho acaecidas bajo la vigencia de una ley sean reguladas por otra.
La Corte se refiere en estos términos al principio de favorabilidad […]».
54 En la sentencia C-692 de 2008 se precisó que «[…] la potestad del legislador en la adopción

de mecanismos que regulan la entrada en vigencia de normas procesales, encuentra límites en
el respeto de derechos adquiridos conforme a disposiciones legales vigentes (artículo 58 de la
C.P.), así como en el principio de favorabilidad (artículo 29 de la C.P.), de acuerdo con el cual
puede aplicarse una norma diferente a la prevista por el legislador, siempre que ella sea más
favorable a la persona investigada o juzgada […]».
55 Corte Constitucional, sentencias C-692 de 2008 y T-625 de 1997. En la sentencia C-200 de

2002 también se manifestó que «[…] la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal,
no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto
constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas
procesales […]».
56 Corte Constitucional, sentencia C-328 de 2003.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

orden, no tendría lugar acudir a la norma procesal anterior más desventajosa,
aun cuando el artículo 40 de la Ley 53 de 1887 determine que rige para los
asuntos que ya hubiesen comenzado a surtirse en vigencia de aquella.

70. Así las cosas, es claro que el uso de los principios de legalidad y de aplicación
inmediata de las normas procesales no puede implicar el desconocimiento del
principio de favorabilidad, toda vez que la propia Carta Política le otorgó
preponderancia al determinar de manera expresa que la ley más benévola debe
ser la que gobierne el caso incluso si aquella es posterior. Es más, la
jurisprudencia ha señalado con claridad que el principio de favorabilidad implica
también «una merma del principio de seguridad jurídica»57, al permitir que una
situación se rija por disposiciones jurídicas no vigentes al momento de su
ocurrencia.

71. En ese sentido, la favorabilidad conlleva que la autoridad administrativa o
judicial deba optar por la interpretación de las normas siempre en beneficio del
disciplinado, pues de encontrar que una norma es más benévola que otra no tiene
alternativa distinta de la de aplicar tal disposición58.

72. Ahora, si bien el artículo 29 Constitucional se refiere a las garantías y principios
que gobiernan el derecho penal, la jurisprudencia ha indicado que también cobija
el trámite disciplinario59. Ello con la claridad de que su aplicación en este debe
hacerse con atención a sus particularidades, pues a diferencia del derecho penal
que busca la protección del orden social lo que pretende es salvaguardar la
organización y funcionamiento del Estado60. De igual manera, se ha señalado
que la remisión solo es viable si dentro de la ley disciplinaria no hay regulación
expresa y suficiente61.

73. Lo anterior concuerda con el contenido del artículo 20 de la Ley 734 de 2002
que determinó que en la interpretación de la ley disciplinaria prevalecen los
principios establecidos en esta y en lo no previsto « lo dispuesto en los códigos
Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal [...]».

74. En consideración a lo expuesto, es claro que la Ley 734 de 2002 prescribió de
forma expresa en su artículo 14 el principio de favorabilidad, luego la aplicación
de este dentro del trámite disciplinario no ocurre por remisión, sino porque es una
garantía incluida en el propio proceso disciplinario. En efecto, el artículo aludido
lo regló en los siguientes términos:

«[…] Artículo 14. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o

57 La Corte Constitucional en la sentencia T-530 de 2009 precisó que «[…] la aplicación de la

favorabilidad disciplinaria también implica una merma del principio de seguridad jurídica en la
medida en que “una situación de hecho puede someterse a la regulación de disposiciones
jurídicas no vigentes al momento de su ocurrencia cuando, por razón de la benignidad de
aquellas, su aplicación se prefiere a las que en, estricto sentido, regularían los mismos hechos”
[…]».
58 Corte Constitucional, sentencia T-233 de 1995.
59 Sobre el particular se ha precisado que «[l]a naturaleza esencialmente sancionatoria de ambos

derechos hace que las garantías del derecho más general (el penal) sean aplicables también a
ese otro derecho, más especializado pero igualmente sancionatorio, que es el derecho
disciplinario. Tanto el derecho penal como el administrativo disciplinario emplean las penas como
el principal mecanismo de coacción represiva. Todos los principios y garantías propias del
derecho penal se predican también del disciplinario». Sentencia T-438 de 1992.
60 Corte Constitucional, sentencia T-142 de 1993.
61 Corte Constitucional, sentencia C-708 de 1999.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable. Este principio rige también para quién este cumpliendo la
sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política […]».

75. De igual manera, la Ley 1952 de 2019 incluyó en su artículo 8 de forma
expresa el principio de favorabilidad y especificó que se aplicaría para la
interpretación de las normas sustanciales y procesales. Así, dispuso lo siguiente:

«[…] Artículo 8. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o
favorable, sustancial o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea posterior,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también
para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución
Política […]».

76. Por virtud de los artículos 29 Constitucional, 14 de la Ley 734 de 2002 y ahora
el 8 de la Ley 1952 de 2019 es obligatorio para las autoridades administrativas y
judiciales guiarse dentro del proceso disciplinario por el principio de favorabilidad
cuando se produce un tránsito legislativo. Tal aplicación debe dirigirse a definir la
responsabilidad del disciplinado a la luz de la normativa que le sea más favorable,
puesto que el principio se estableció en su favor sin que se admita otra
interpretación.

77. Comoquiera que el mandato del principio de favorabilidad implica que la
autoridad disciplinaria debe determinar entre mínimo dos normas cuál es la que
le es más favorable al disciplinado, en su elección debe escoger solo una de ellas
y con ese criterio resolver el caso. Ha sido postura jurisprudencial que no puede
tomarse la parte de cada norma que se crea más benévola para definir la
situación. Solo una debe ser aplicada en su integridad, pues lo contrario
implicaría crear una tercera disposición sin tener competencia para ello.

78. Tal posición ha sido expuesta por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal al manifestar que al acudirse al principio de favorabilidad en
materia punitiva «[…] el celo por la integridad del ordenamiento jurídico, puede decirse
que es el faro que guía la conjunción favorable de normas sucedidas en el tiempo [...]»62.
En esa línea, al resolver sobre la aplicación de diversas normas para determinar
el mínimo de la pena indicó lo siguiente:

«[…] Ahora bien, el demandante -en el intento de buscar unos límites punitivos que
le permitan reducir la sanción corporal, o bien fijar un término prescriptivo inferior
al real- propone una exótica e improcedente combinación de leyes; así, pretende
que el juzgador ha debido tomar el límite punitivo inferior previsto para el delito de
estafa en el Código Penal de 1980, y el límite máximo según lo que señala el
estatuto sustantivo de 2000. Semejante fórmula es inconcebible, pues corresponde
a una modalidad de configuración de lex tertia inadmisible, pues ante la
concurrencia de estatutos punitivos, el legislador debe escoger aquel que regule
cada especie de pena, según criterios de favorabilidad, y aplicarlo integralmente
[…]»63.

62 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 24 de febrero de 2014,

radicado 34099.
63 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de abril de 2010 radicado

33655. En otra providencia el alto tribunal manifestó que «[…] Lo importante es que identificada
una previsión normativa como precepto, cualquiera sea su conexión con otras, se aplique en su
integridad, porque, por ejemplo, no sería posible tomar de la antigua ley la calidad de la pena y
de la nueva su cantidad, pues un tal precepto no estaría clara y expresamente consagrado en
ninguno de los dos códigos sucesivos, razón por la cual el juez trascendería su rol de aplicador
del derecho e invadiría abusivamente el ámbito de la producción de normas propio del legislador
[…]». Sentencia del 3 de septiembre de 21001, radicado 16837.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

79. Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial expuso en sentencia
del 31 de enero de 2024 sobre el uso integral de la norma más favorable lo que
se presenta a continuación:

«[…] el principio de favorabilidad no habilita a introducir figuras procesales, que de
plano desquicien el sistema de enjuiciamiento aplicable de acuerdo con la norma
de transición normativa, ni tampoco es dable la creación de mixturas que
comporten la disección de un apartado normativo para unirlo con el de otra
disposición, actividad conocida como lex tertia. En consecuencia, el operador
deberá escoger cuál legislación resulta más permisiva o favorable en su integridad
en orden a su aplicación y reconocimiento.

(…)

Lo que no puede ser de recibo bajo ninguna interpretación, es postular que como
el proceso se encuentra en sede de apelación y entró a regir plenamente la Ley
1952 de 2019, entonces la regla a aplicar en punto de la prescripción sería el aparte
de la nueva ley que regula los dos años para la segunda instancia, ya que por esa
vía, en la práctica se estaría creando una lex tertia según la cual, mantiene vigente
apartes de la Ley 1474 de 2011 para efectos de sostener el término de caducidad,
y simultáneamente predica la vigencia de la prescripción sustentada en el nuevo
término, lo cual es abiertamente violatorio de las garantías procesales, y termina
de paso en una contradicción lógica, ya que si se sostiene a toda costa la vigencia
de la Ley 734 de 2002, inexorablemente tendría que reconocerse que en la misma
impera igualmente la favorabilidad como principio rector y debe interpretarse
siempre, en favor del procesado […]»64.

80. El Consejo de Estado acogió la postura explicada a través de la Sala Primera
Especial de Decisión en sentencia del 5 de diciembre de 2025 también para
aplicar la prescripción de la acción disciplinaria prevista en el artículo 33 de la Ley
1952 de 2019 modificado por la Ley 2094 de 2021 a un proceso regido por la Ley
734 de 2002. La Sala concluyó una vez citado el antecedente trascrito lo que se
cita a continuación:

«[…] De conformidad con lo expuesto, la Sala Primera Especial de Decisión
concluye que, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular tenía la obligación de aplicar el principio de favorabilidad respecto
a la prescripción de la acción disciplinaria, porque para el momento en que se
profirió la decisión de segunda instancia ya se encontraba vigente el artículo 33 de
la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, esto es, una norma
posterior que resultaba más beneficiosa al disciplinado […]»65.

81. Así las cosas, de lo expuesto es dable concluir:

81.1. (i) la aplicación de los principios de legalidad y de aplicación inmediata de las
normas no puede darse en detrimento del principio de favorabilidad porque el
artículo 29 de la Constitución Política le otorgó preponderancia a este último;

81.2. (ii) el principio de favorabilidad en materia disciplinaria se estableció con el
fin de proteger en mayor medida los derechos fundamentales del disciplinado,
específicamente su debido proceso;

64 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sentencia del 31 de enero de 2024, radicado
50001110200020180034101.
65 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de

Revisión, sentencia del 5 de diciembre de 2025, Recurso Extraordinario Automático de Revisión,
radicado 11001-03-15-000-2024-06216-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

81.3. (iii) es obligatorio para las autoridades administrativas y judiciales aplicar
dentro del proceso disciplinario el principio de favorabilidad cuando se produce
el tránsito de normas sustantivas o procesales por virtud de los artículos 29
Constitucional, 14 de la Ley 734 de 2002 y ahora el 8 de la Ley 1952 de 2019;

81.4. (iv) La autoridad disciplinaria debe emplear de manera integral la norma que
considere más favorable para el disciplinado.

3.1.4. Aplicación del término de prescripción en el presente proceso
disciplinario

82. En el presente caso está probado que cuando entró en vigencia el artículo 33
de la Ley 1952 de 2019 [29 de diciembre de 2023], la PGN había proferido el acto
sancionatorio de primera instancia, pues lo dictó el 15 de agosto de 2023 y lo
notificó al disciplinado el 28 de agosto de ese año66. Asimismo, que el recurso de
apelación interpuesto por este estaba en trámite y apenas fue decidido el 4 de
octubre de 2024 y notificado el 7 de igual mes y año67.

83. En atención a que se materializó el tránsito legislativo cuando aún no
terminaba el proceso disciplinario, se debe evaluar si el artículo 33 de la Ley 1952
de 2019 era más beneficioso para Alejandro José Lyons Muskus en cuanto al
cálculo de la prescripción. Ello, en virtud del principio de favorabilidad previsto en
los artículos 29 Constitucional y 14 de la Ley 734 de 2002 que también opera
cuando se trata de normas de carácter procesal.

84. Pues bien, la nueva disposición estableció que la prescripción de 5 años debía
computarse desde que se cometió la falta y no desde la apertura de la
investigación como reglaba el artículo 30 de la Ley 734 de 2002. Asimismo, previó
la prescripción para la segunda instancia en 2 años contados desde que se
profirió el fallo de primera instancia, lo que no estaba reglado en la ley derogada.

85. En el presente caso los hechos que dieron lugar al inicio del trámite
disciplinario ocurrieron entre los años 2014 y 2015, periodo en el que quienes
ostentaron el cargo de secretario de salud del departamento de Córdoba
expidieron en ejercicio de la delegación otorgada por el disciplinado las
resoluciones que dispusieron el pago a las IPS por los servicios de rehabilitación.
La última de estas resoluciones se profirió el 15 de marzo de 2015 [Resolución
0766], por lo que era esa fecha el punto de partida para contabilizar la
prescripción.

86. Ello es así porque a partir de la expedición de esa última resolución el
disciplinado cesó en su deber de actuar para efectos de la imputación de la que
fue objeto, esto es, no ejercer el deber de vigilancia sobre los actos de los
delegatarios [secretarios de salud] en el trámite de la contratación de los servicios
de terapias de rehabilitación que permitió que se profiriera la resolución de pago
sin agotar antes el trámite contractual. Es decir, el disciplinado fue imputado por
no ejercer un control previo a que se profiriera la resolución que dispuso el pago,

66 Índice 6, Samai archivo « 14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 1593 a 1594 del Cuaderno 8 del expediente disciplinario (Folio 41 a 44 del archivo PDF).
67 Índice 6, Samai archivo « 14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folio 1730 a 1763 y 1765 [notificación personal] y 1783 [notificación por edicto] del Cuaderno 8B
del expediente disciplinario (Folio 228 a 294; y 296 y 317 del archivo PDF).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

no por dejar de controlar la etapa posterior a este. Así se explicó en el acto de
formulación de cargos al indicar que «[c]oncretamente la actuación que debió vigilar
y controlar el gobernador de Córdoba sobre los secretarios de salud fue la emisión de
los actos administrativos señalados en el cargo formulado a cada investigado, por
medio de los cuales ordenaron pagos de servicios de rehabilitación» (se resalta).

87. De este modo, al tomarse como punto de partida para el cómputo de la
prescripción la fecha de la última resolución que ordenó el pago [15 de marzo de
2015], el plazo vencía el 15 de marzo de 2020, por lo que la Procuraduría
Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 debía dictar el acto administrativo de
primera instancia hasta máximo ese día para interrumpirlo. Comoquiera que lo
profirió el 15 de agosto de 2023 y lo notificó al disciplinado el 28 de agosto de
ese año68, lo hizo cuando ya había fenecido el término de la prescripción.

88. En consecuencia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular debió declarar la prescripción cuando expidió el acto
disciplinario de segunda instancia, pues era evidente que al ser una garantía en
pro del disciplinado lo beneficiaba a la luz de la nueva normativa. Como no lo hizo
y mantuvo la decisión al amparo del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 desconoció
el principio de favorabilidad al escoger la norma que le era menos beneficiosa
para resolver el asunto.

89. En este punto es oportuno precisar que, aunque la prescripción tiene la doble
finalidad de sanción para el Estado y de derecho para el disciplinado, la
jurisprudencia ha señalado que al momento de definir sobre su ocurrencia, la
autoridad administrativa o judicial debe dar prevalencia a la segunda finalidad
porque protege el derecho al debido proceso del disciplinado y no optar por una
postura en favor de la actividad punitiva del Estado. Lo contrario implicaría
aceptar la interpretación más gravosa para el servidor público en contravía del
principio de favorabilidad69.

90. Aunque es cierto que para cuando entró a regir el artículo 33 de la Ley 1952
de 2019 ya se había proferido el acto sancionatorio de primera instancia, no por
ello puede deducirse que el principio de favorabilidad solo era aplicable respecto
del término de prescripción que tal normativa fijó para la segunda instancia y
desechar el que estableció para la primera. Hacerlo de ese modo conllevaría
emplear de manera parcial la nueva disposición y mantener vigente, en lo
desfavorable, lo reglado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002. Es decir,
significaría crear una nueva regla a partir de la unión de las dos disposiciones, lo
que contraría tal principio que obliga usar de forma integral la norma más

68 Índice 6, Samai archivo « 14RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE3(.docx) NroActua 6»

Folios 1593 a 1594 del Cuaderno 8 del expediente disciplinario (Folio 41 a 44 del archivo PDF).
69 En la sentencia SU- 126 de 2022 se manifestó lo siguiente: «[…] para la Corte es claro que la

explicada doble connotación de la prescripción de la acción penal, como especie de derecho
sancionatorio, no admite una interpretación que favorezca la efectividad de la potestad
sancionatoria del Estado pero que obre en detrimento de la garantía que tiene el procesado para
liberarse de la imputación que aquel le haga, por el mero transcurso del tiempo. Permitir tal
hermenéutica implicaría aceptar una interpretación in malam parte perjudicial para el procesado
– y nugatoria del favor libertatis que se inclina por la libertad del sindicado. Así, definidos por el
Legislador los términos de la prescripción de la acción penal, la interpretación de las normas
correspondientes debe siempre hacerse buscando la lectura que mayormente favorezca su
provecho por parte del sujeto acusado y que propenda por su liberación. Tal tesis surge de la
literalidad del tercer inciso del artículo 29 de la Carta Política (debido proceso) […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

benévola.

91. Además, debe tenerse en cuenta que el proceso disciplinario no había
finalizado para el 29 de diciembre de 2023 en que se produjo el tránsito
legislativo. Si bien para esa fecha ya se había proferido el acto sancionatorio de
primera instancia, en vigencia de la Ley 734 de 2002 el efecto de ello era la
interrupción de la prescripción según la interpretación jurisprudencial sobre su
contenido, pero no implicaba que con tal acto hubiese quedado resuelta la
responsabilidad de Alejandro José Lyons Muskus. Por consiguiente, al seguir el
proceso en trámite le era aplicable la nueva normativa por resultar más
beneficiosa.

92. Ahora, si bien para el año 2020 cuando se cumplieron los 5 años de
prescripción el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 no estaba vigente y, por ende,
podría interpretarse que en aplicación del principio de legalidad la normativa que
gobernaba el caso era el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 por ser la que regía
en ese instante, lo cierto es que el principio de favorabilidad es la excepción a
ello. Ciertamente y como se expuso, el propio artículo 29 Constitucional así lo
establece al señar que la ley permisiva o favorable «aun cuando sea posterior»
debe ser aplicada de preferencia a la restrictiva. De este modo, el principio
permite que situaciones no ocurridas bajo la vigencia de una ley se rijan por esta
sin importar que hubiese sido posterior, como en este caso.

93. Sumado a ello, es oportuno precisar que la decisión definitiva sobre la sanción
corresponde proferirla al Consejo de Estado en virtud del control integral
ordenado en la sentencia C-030 de 2023. En efecto, en tal providencia cuando
se modularon las consecuencias normativas del recurso de revisión, de modo
textual se indicó que «[…] b. Las decisiones de la PGN que se refieran a la destitución,
suspensión e inhabilidad de funcionarios de elección popular, no podrán, en ningún caso,
ser impuestas de manera definitiva sin la intervención del juez de lo contencioso
administrativo […]» (se resalta)».

94. En ese sentido, aun en esta instancia es posible, en ejercicio del control
integral de los actos administrativos sancionatorios, decretar la prescripción de la
acción disciplinaria con fundamento en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 en
virtud del principio de favorabilidad.

95. Si bien dentro del Consejo de Estado se han proferido decisiones con posturas
diferentes a la plasmada en esta sentencia70, se acoge la expuesta porque
desarrolla mejor el principio de favorabilidad según los argumentos plasmados y,
además, porque encuentra fundamento en la línea jurisprudencial que se citó
sobre el particular en esta providencia.

96. Se suma a ello que la Procuraduría General de la Nación conoció con
anticipación la intención del legislador de establecer que el cómputo de la
prescripción debía iniciarse a partir del momento de la comisión de la falta, puesto
que desde que se radicó el proyecto de ley 055 de 201471 [artículo 34] en el

70 Por ejemplo, en la sentencia con radicado 11001-03-15-000-2024-00839-00 de la Sala 16

Especial de Decisión se aplicó la prescripción prevista en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019
solo respecto de la segunda instancia.
71 Gaceta del Congreso de la República año XXIII N° 401 del 6 de agosto de 2014.

https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/TEXTO%20COMPLE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

Senado de la República y que se transformaría en la Ley 1952 de 2019 [artículo
33] así se propuso.

97. Asimismo, porque cuando la entidad tomó la iniciativa de presentar un
proyecto de ley para modificar la Ley 1952 de 2019, incluido su artículo 33, y
regresar a la fórmula de conteo de la prescripción inicial del artículo 30 de la Ley
734 de 200272 fue negada la propuesta y el texto del artículo 7 de la Ley 2094 de
2021, que modificó este último, mantuvo la forma del computo de la prescripción
desde que ocurrieron los hechos. Adicionalmente, la entidad conocía que por
virtud del parágrafo 2 del artículo 73 ibidem que modificó el 263 del CGD la norma
sobre prescripción comenzaba a regir desde el 29 de diciembre de 2023. De este
modo, le era posible prever que el trámite de los procesos disciplinarios a su
cargo debía sujetarse al término de prescripción que le fuera más favorable al
disciplinado una vez superada esa fecha.

98. Por todo lo expuesto, se declarará la prescripción en el presente caso. En ese
sentido, la Sala se abstendrá de continuar con el estudio de los demás puntos
del control integral73.

4. Conclusión

99. Con fundamento en lo expuesto se concluye que en el proceso disciplinario
adelantado en contra de Alejandro José Lyons Muskus con radicado IUS E-2018-
278302 / IUS D-2018-1131546 ante el tránsito legislativo ocurrido antes de que
culminara el proceso disciplinario entre los artículos 30 de la Ley 734 de 2002 y
33 de la Ley 1952 de 2019 modificado por la Ley 2094 de 2021 que regulaban la
prescripción de la acción disciplinaria, le era aplicable esta última en su integridad
en virtud del principio de favorabilidad.

100. En consecuencia, al quedar demostrado que el acto sancionatorio de primera
instancia se profirió luego de vencido los 5 años de prescripción reglados en el
artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 por favorabilidad, según se expuso, se
decretará la prescripción de la acción disciplinaria.

TO%20Y%20TABLAS%20DE%20CONTENIDO/GACETA%20DEL%20CONGRESO/GACETA%
20DEL%20CONGRESO%202014/GC%20401%20DE%202014.PDF.
72 Gaceta 182 del Congreso de la República del 25 de marzo de 2021.
https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/TEXTO%20COMPLE
TO%20Y%20TABLAS%20DE%20CONTENIDO/GACETA%20DEL%20CONGRESO/GACETA%
20DEL%20CONGRESO%202021/GC%200182%20DE%202021.PDF.
La procuradora general de la Nación radicó el proyecto de ley para modificar la Ley 1952 de 2019
y propuso como regla para la prescripción la siguiente: «Artículo 7. Modificase el artículo 33 de la
Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 33. […] La acción disciplinaria prescribirá en cinco
(5) años contados a partir del auto de apertura de la investigación disciplinaria. Cuando fueren
varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas. La prescripción se interrumpirá con la notificación
del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos
(2) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda
instancia […]». No obstante, el artículo 7 de la Ley 2094 de 2021 mantuvo el cómputo de la
prescripción desde la fecha de los hechos.
73 Aunque el magistrado ponente en sede de nulidad y restablecimiento del derecho ha expuesto

una posición distinta a la plasmada en esta providencia, tal criterio se manifestó en atención a la
naturaleza de ese proceso. No obstante, en el presente caso se asume la posición en razón a
que en el recurso automático de revisión la intervención del juez de lo contencioso administrativo
responde a la garantía de juez natural derivado de la reserva judicial exigida en la sentencia C-
030 de 2023 [ver salvamento de voto dentro del proceso 25000-23-42-000-2024-00532-01 (2175-
2025).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02469 00 (3848)
Demandante: Alejandro José Lyons Muskus

101. En tal virtud, se anularán los actos administrativos sancionatorios proferidos
por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 del 8 de septiembre
de 2021 y por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular el 4 de octubre de 2024, dentro del proceso disciplinario IUS E-
2018-278302 / IUS D-2018-1131546.

102. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diez Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar la prescripción de la acción disciplinaria y, en consecuencia,
dejar sin efecto la sanción impuesta al señor Alejandro José Lyons Muskus por
la Procuraduría General de la Nación dentro del expediente con radicado IUS E-
2018-278302 / IUS D-2018-1131546, por las razones expuestas en esta
providencia.

Segundo. Reconocer personería a la abogada Erika Soraya Cortés Preciado
identificada con cédula de ciudadanía 52.496.248 y portadora de la tarjeta
profesional 144.752 del C.S. de la Judicatura para actuar como apoderada de la
Procuraduría General de la Nación, en los términos y para los efectos del poder
conferido visible en el índice 65 del aplicativo SAMAI.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmada electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salva voto

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.