Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02469-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02469-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02469-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de abril de 2026
Demandantes: Mariano Ojeda Torregroza y Ojeda Group Ltda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02469-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta [30] de abril de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02469-00
Demandantes: MARIANO OJEDA TORREGROZA Y OJEDA GROUP
LIMITADA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C
Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente por falta
de relevancia constitucional - debate meramente legal
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021
y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 27 de marzo de 20261, el señor Mariano Ojeda Torregroza, quien actúa en
nombre propio y como representante legal de Ojeda Group Limitada, a través de su
abogado, presentó acción de tutela con el fin de que se les amparen sus derechos
fundamentales a la «(justicia y orden social justo); art. 2 (efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y vigencia de un
orden justo); art. 29 (debido proceso); art. 83(postulados de la buena fe); arts. 228
y 229 (acceso a la administración de justicia)».
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C al proferir la sentencia de segunda instancia de 11
de agosto de 2026 al interior de la demanda de identificada con el radicado 25000-
23-36-000-2016-01208-02 [65.246].
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
1 Se entiende presentada el 27 de marzo de 2026, comoquiera que el correo fue registrado en el
aplicativo Samai el 26 de marzo de 2026 a las 21:07:24 horas.
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Demandantes: Mariano Ojeda Torregroza y Ojeda Group Ltda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
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PRIMERA. - Conceder el amparo material y efectivo de los derechos fundamentales
del accionante Mariano Ojeda Torregroza, en cuya vulneración incurrieron las
autoridades judiciales accionadas: Preámbulo (justicia y orden social justo); art. 2
(efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y
vigencia de un orden justo); art. 29 (debido proceso); art. 83 (postulado de la buena
fe); arts. 228 y 229 (acceso a la administración de justicia) de la Constitución Política.
SEGUNDA. – Dejar sin valor ni efecto las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
proferida el 25 de julio de 2019 (Exp. 250000-23-36-000-2016-0128-00), que declara
de oficio la nulidad absoluta del contrato 21 de enero de 2013, mediante la cual se
constituyó la sociedad Procesadora de Cárnicos de Girardot S.A.S. y por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia proferida el 11 de agosto de 2025, notificada el 7 de octubre de 2025,
en donde declara la falta de legitimación en la causa por activa de Procesadora de
Cárnicos de Girardot S.A.S.; la nulidad absoluta del acto contractual de constitución
de la sociedad de economía mixta Procesadora de Cárnicos de Girardot S.A.S., y
condena en costas a la parte actora.
TERCERA. – Ordenar al Consejo de Estado, emita una nueva sentencia en un lapso
de 30 días, donde se repete la congruencia, se garantice la contradicción, y se
pronuncie de fondo sobre el incumplimiento del Municipio, en un análisis de la
conducta de la administración y la confianza legítima2.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El señor Mariano Ojeda Torregroza, Ojeda Group Ltda. y la Procesadora de
Cárnicos de Girardot S.A.S. formularon demanda de controversias contractuales
contra el municipio de Girardot por el presunto incumplimiento del acuerdo de
voluntades consistente en la «constitución de la sociedad de economía mixta
denominada Procesadora de Cárnicos de Girardot S.A.S. [en adelante Procagir
S.A.S.], cuyo objeto social principal consistía en “la construcción, administración,
operación y modernización de la planta de beneficio animal regional”».
• El 25 de julio de 2019, la Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró de oficio la nulidad absoluta del contrato, al exponer que los
«acuerdos municipales que autorizaron su creación fueron expedidos con
desconocimiento de los requisitos legales3 […]y, por otro lado, porque con su
celebración el municipio habría proyectado transferir a un particular tanto la
prestación de un servicio público4[…], como el dominio de un bien, sin contar con el
soporte jurídico, técnico y financiero exigido por la normativa aplicable».
• En cuanto a la facultad para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato,
precisó que ello era viable, legalmente, de conformidad con los artículos 45 de la
2 Trascrito del texto original con posibles errores ortográficos.
3
Previstos en el artículo 50 de la Ley 489 de 1998
4
Que venía siendo gestionado por un ente autónomo diferente.
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Ley 80 de 1993 y 141 del CPACA, y jurisprudencialmente5, cuando se acrediten los
siguientes presupuestos: que no haya (i) operado la caducidad de la acción
correspondiente; que se haya garantizado el (ii) derecho de contradicción y de
defensa de las partes contractuales, en tanto hayan sido debidamente vinculadas al
proceso; y que la transgresión de normas (iii) imperativas o la causal de nulidad se
evidencie de manera palmaria, los cuales se cumplieron a cabalidad.
• El 11 de agosto de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado modificó la providencia del a quo.
• En primer lugar, declaró la falta de legitimación en la causa por activa de «Procagir
S.A.S. —sociedad que compareció al proceso como integrante de la parte
demandante— […], toda vez que la controversia sometida al conocimiento de la
Sala versa sobre el posible incumplimiento contractual de las obligaciones asumidas
por el municipio de Girardot —en su calidad de socio—, con ocasión de la
suscripción el acto de constitución de la referida sociedad de economía mixta, lo
que significa que Procagir S.A.S. no fue signataria del negocio jurídico objeto de
litigio, pues dicho contrato de sociedad fue precisamente el que dio origen a su
existencia como persona jurídica».
• Luego, confirmó la decisión de primer grado en cuanto a la nulidad absoluta del
contrato, puesto que el tribunal no solo estaba facultado sino obligado6 a declararla,
y porque se acreditaron los presupuestos jurisprudenciales para el efecto, ya que la
determinación del tribunal se sustentó «en la pretermisión de las normas que
regulan la creación de sociedades de economía mixta, así como en la configuración
de un objeto y causa ilícitos, al transferirse a un particular tanto un servicio público
como la titularidad de un bien sin el debido respaldo jurídico, técnico y financiero».
• Por su parte, en cuanto a los argumentos expuestos en la apelación, frente a la
eventual vulneración de su derecho de contradicción y defensa por no haber podido
pronunciarse sobre las causales de nulidad que se decretaron, la Sección Tercera
del Consejo de Estado estableció que, desde «vieja data, […] el juez puede ejercer
oficiosamente el estudio de validez del negocio jurídico sometido a su consideración
“al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, y así la controversia judicial no
haya girado en torno a dicha nulidad, mientras en el proceso intervengan las partes
contratantes”, dado que dicha facultad oficiosa encuentra su fundamento en el
interés general, al encaminarse a la protección del orden jurídico».
• Por lo anterior, concluyó que los cargos expuestos en el recurso de apelación no
están llamados a prosperar, toda vez que, como ha quedado analizado, se reúnen
todos los presupuestos que la ley exige para que proceda la declaratoria oficiosa de
5 «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, exp.
23088; Subsección A, sentencia del 19 de julio 2018, exp. 55991».
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de agosto de 2006, exp. 31354. Posición reiterada
en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2015, exp.
29742: «el juez no sólo tiene la facultad sino el deber de declarar la nulidad absoluta total o parcial
de un contrato, aun sin petición de parte».
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nulidad absoluta del acto contractual de constitución de la sociedad de económica
mixta Procagir S.A.S.
• La providencia de segunda instancia fue notificada el 7 de octubre de 2025 y la
acción de tutela de la referencia radicada el 27 de marzo de 2026.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Los accionantes consideran que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos procedimental absoluto, sustantivo, violación directa de la Constitución,
fáctico y desconocimiento del precedente.
En primer lugar, advirtieron que no se les concedió la oportunidad para pronunciarse
acerca de la nulidad decretada, lo que trasgrede su derecho a la defensa material.
Alegaron que no es suficiente con la presencia formal de las partes del proceso para
declarar la nulidad, porque la posibilidad de su declaración impone al juez el deber
de habilitar un escenario de contradicción, cuando el debate no ha sido propuesto
originalmente.
Señalaron que los «jueces fundaron sus decisiones en una valoración probatoria
ajena al thema decidendum planteado en la demanda, incurriendo en un error
fáctico con trascendencia constitucional».
Indicaron que se incurrió en un «Desconocimiento del precedente jurisprudencial La
jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaratoria oficiosa de
nulidad absoluta del contrato exige: (i) que la causal sea evidente y palmaria; (ii)
que las partes contratantes hayan intervenido en el proceso con plenas garantías
sustanciales de defensa y contradicción; y (iii) que no haya operado la caducidad.
Las providencias impugnadas desconocieron el requisito (ii), apartándose del
precedente aplicable sin motivación suficiente que justifique el cambio de posición».
Destacaron que se presentó una «mutación litigiosa» incompatible con el debido
proceso pues lo que era una controversia por el incumplimiento contractual, se
convirtió en un proceso sobre la existencia y validez del negocio jurídico, lo que
resulta incongruente.
Resaltaron que la determinación del a quem trasladó al particular las consecuencias
de las irregularidades de la administración, quien en últimas fue quien ocasionó la
nulidad, sobre todo si se tiene en cuenta que actuaron bajo la presunción de
legalidad de los actos del ente territorial.
1.5. Trámite de la acción
El 7 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso notificar a los
demandantes, así como al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
como autoridad judicial accionada.
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Como terceros con interés, se vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, al municipio de Girardot y a la Procesadora de
Cárnicos de Girardot S.A.S.7, así como las demás partes, personas y/o entidades
que hayan participado en el expediente con radicado 25000-23-36-000-2016-
01208-02 [65.246].
De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información de
la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
Además, dispuso requerir al profesional del derecho que presentó la acción, con el
fin de que aportara en debida forma el mandato conferido por los accionantes y
allegara el certificado de existencia y representación legal de Ojeda Group Limitada,
lo cual fue atendido por el abogado8.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C pidió que se
declarara improcedente el mecanismo, o en su defecto se niegue. En primer lugar,
destacó que la tutela carece de relevancia constitucional, ya que no involucra un
debate real sobre el contenido, alcance o goce de derechos fundamentales.
Por su parte explicó que no se configuran los defectos, porque aunque el juicio de
validez no hubiera sido propuesto inicialmente, ello no impide su examen oficioso,
pues la jurisprudencia ha admitido de forma pacífica que dicho control puede
ejercerse al momento de dictar sentencia, aun cuando la controversia no haya
girado expresamente en torno a la nulidad, siempre que concurran las partes
contratantes, se advierta la ilicitud del negocio a partir del material probatorio
obrante en el plenario y no hubiera operado la prescripción extraordinaria -de 10
años-.
1.6.2. El municipio de Girardot recordó los fundamentos de la providencia
controvertida, con el fin de resaltar que no se trasgredió alguno de los derechos
alegados por los accionantes.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
7 En el evento de que en la actualidad aun exista dicha sociedad.
8 Se acreditó el otorgamiento del poder a través de medios tecnológicos, y se aportó el certificado
requerido.
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Esta sección es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Mariano Ojeda Torregroza y Ojeda Group Ltda, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la parte accionante, por
parte de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión
de la sentencia proferida en segunda instancia el 11 de agosto de 2025.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
del defecto alegado, y (iv) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […] [énfasis de
sala].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201413, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia14.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
14 Énfasis de la sala.
7
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En primera medida se recuerda que en el escrito de tutela se indicó que la
providencia controvertida trasgredió el derecho fundamental a la defensa material
de los accionantes, comoquiera que no se le permitió pronunciarse acerca de la
nulidad absoluta de contrato declarada, sobre todo cuando dicha controversia no se
planteó por las partes.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos del
accionante, sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de
la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta sala, el argumento que se desarrolló en la
presunta trasgresión al derecho a la defensa no cuenta con la carga argumentativa
para ser estudiado, en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales,
porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto en sede ordinaria, no
desvirtúa, a prima facie, el análisis realizado por el tribunal.
Al respecto se destaca que, de entrada, es posible colegir que el ad quem sustentó
la decisión de declarar la nulidad absoluta del contrato en la norma y la
jurisprudencia vigente.
Ahora, no puede perderse de vista que, de aceptarse la tesis de los accionantes, se
estaría reconociendo o imponiendo que, para declarar la nulidad absoluta del
contrato, el juez contencioso debe adoptar un trámite autónomo, lo cual escapa de
la competencia del juez de tutela, sobre todo si se tiene en cuenta que la
jurisprudencia ya se ha pronunciado al respecto, y ha establecido cuáles son los
presupuestos para su procedencia, y ninguno de ellos se refiere a procedimiento
específico previo para que opere ese fenómeno jurídico.
Por su parte, aunque los accionantes alegaron los defectos: fáctico y por
desconocimiento del precedente, estos yerros carecen de carga argumentativa,
comoquiera que no se identificaron las pruebas o los antecedentes que fueron
presuntamente desatendidos.
En este orden de ideas, se advierte que los tutelantes pretenden reabrir el debate
legal y buscan que el juez de tutela imponga una interpretación distinta a la que
asumió el funcionario natural de la causa, el cual estableció, bajo criterios
establecidos en sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que era
viable el estudio y decreto de la nulidad absoluta del contrato por la pretermisión de
las normas que regulan la creación de sociedades de economía mixta, así como en
la configuración de un objeto y causa ilícitos, al transferirse a un particular tanto un
8
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servicio público como la titularidad de un bien sin el debido respaldo jurídico, técnico
y financiero.
Al respecto, esta sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico15, y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de
tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde
cabe destacar que, de hacerlo, esta sección se convertiría en una tercera instancia.
En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el contrario,
se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico expuesto
en la demanda, para a su vez, disentir del análisis legal y probatorio efectuado por
la autoridad judicial de segundo grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por el accionante, la sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»16 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.4.2. Además, la sala considera que tampoco se cumple el requisito de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial, toda vez que la parte
actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de
la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral 5. ° del artículo 250
ibidem, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación», como se pasará a explicar.
En efecto, se recuerda que uno de los fundamentos de la acción de tutela se
enmarca en que el tribunal de cierre incurrió en una incongruencia.
Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esa tesis, lo cierto es que esta sección,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el proveído
bajo cuestionamiento adolece de incongruencia, circunstancia que, como se
analizará más adelante, se enmarca en la causal 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, ya que tal análisis le corresponde al juez natural del recurso extraordinario
15 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
9
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de revisión.
Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Especial
Veintidós de Decisión de esta Corporación17, la falta de motivación y la
incongruencia dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los
términos del numeral 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201118.
La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:
2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…]
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del
C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia,
se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
[…]
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
18 «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.
[…]».
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configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia
interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia
proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales
no se podía pronunciar.
[…]
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]” (Destacado por la Sala)
En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia
da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5. ° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 vigente para la fecha de interposición de la
demanda que suscitó la presente controversia, esto es, «[…] Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación […]».
Ahora bien, se tiene que, la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen […]19».
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 20. Entonces,
19 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
20 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del
perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han
de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
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corresponde a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de
manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los demandantes se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni los accionantes lo advierten.
2.5. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Mariano Ojeda Torregroza y Ojeda Group Ltda.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos
para el equilibrio social».
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Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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