Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07006-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07006-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-07006-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-07006-01
Accionante: JAMES LEONARDO ARÉVALO RIAÑO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SALA DIEZ ESPECIAL DE
DECISIÓN
Tema: Se confirma el fallo impugnado. Se declara improcedente el
mecanismo de amparo por falta de legitimación en la causa por activa
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
7 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor James Leonardo Arévalo Riaño solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la Sala Diez Especial de Decisión del Consejo de Estado,
por la presunta mora judicial en el proceso núm. 11001-03-15-000-2023-07089-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó que el 9 de noviembre de 2023 la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación
destituyó e inhabilitó por 10 años y 6 meses al señor Walfrando Adolfo Forero
Bejarano, en su condición de Alcalde del municipio de Tocancipá.
2.2. Indicó
que el señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano presentó el recurso
extraordinario de revisión núm. 11001-03-15-000-2023-07089-00 el cual le fue
asignado al magistrado ponente Juan Enrique Bedoya Escobar de la Sala Diez
Especial de Decisión del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07006-01
Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño
2.3. Señaló que, por auto de 31 de mayo de 2024, se admitió el recurso extraordinario
de revisión y mediante providencia de 4 de diciembre de 2024 se dejó sin efectos
lo actuado y se adecuó el asunto al proceso de revisión automática e integral
señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 20231.
2.4. . Manifestó que el 27 de noviembre de 2024 solicitó impulso procesal de la citada
revisión. Sin embargo, a la fecha no se ha proferido decisión que ponga fin al
asunto.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Respetados Honorables Magistrados, presento está ACCIÓN DE
TUTELA, presento esta acción pública para solicitarles se le ordene a este
Honorable Magistrado JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR no continuar
violando el debido proceso y el acceso a la justicia, una pronta y oportuna
justicia, frente a este proceso que cursa contra el servidor público
WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO.
Que su orden impartida sea de estricto cumplimiento para que no continúen
más dilaciones en este proceso que ya se debería haber dictado sentencia por
mandato de la Ley […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 16 de enero de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela. Asimismo, ordenó “[…] primero. Notificar como demandados a
los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B […]
Segundo. Vincular y notificar como terceros con interés en las resultas de este
proceso al señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano y a la Procuraduría General de
la Nación […]” [negrilla original del texto].
5. Mediante auto de 8 de mayo de 2025, se ordenó remitir el expediente de la
referencia al Despacho del Consejero Ponente, en razón a que la ponencia
registrada para la Sala no obtuvo mayoría.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
6.1. La Sala Diez de Decisión Especial del Consejo de Estado solicitó declarar
improcedente la tutela porque el accionante no está legitimado en la causa por
activa, en razón a que el señor James Arévalo no es parte en el proceso
1 Corte Constitucional. Sentencia C - 030 de 16 de febrero de 2023. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos
Cortés González.
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Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño
disciplinario núm. IUS-E-2016-2016-83092 / IUCD-2016-872215 objeto de la
revisión.
6.2. La Procuraduría General de la Nación solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela porque el accionante no probó que en el trámite del proceso núm.
11001031500020230708900 se le hubiere causado un daño o perjuicio
irremediable.
6.3. El
vinculado Walfrando Adolfo Forero Bejarano solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante fallo de tutela de 7 de febrero de 2025, la Sección Segunda
Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de legitimación en la causa por activa porque el
accionante “[…] no es parte ni tercero interviniente en el proceso de revisión contra
el fallo que sancionó disciplinariamente al señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano
con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia en razón a que: “[…] no
comparto dicha decisión […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Cuestión previa
10. Seadvierte que el juez de primera instancia admitió la solicitud de amparo,
ordenó notificar como parte accionada a la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y omitió notificar a la Sala Diez Especial de Decisión del
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño
Consejo de Estado, autoridad que conoce del proceso núm. 11001-03-15-000-
2023-07089-00, objeto de la presente acción de tutela.
11. Sin embargo, el Consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar en calidad
de magistrado sustanciador del proceso controvertido rindió informe a la presente
acción constitucional. Por lo que se subsanó la irregularidad procesal presentada.
VIII.3. Problemas jurídicos
12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales
invocados por el accionante, por la presunta mora judicial en el trámite del
recurso de revisión automática núm. 11001-03-15-000-07089-00.
13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela
14. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
15. A su vez, el artículo 6 del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
16. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.
VIII.5. El caso concreto
17. El señor James Leonardo Arévalo Riaño solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la Sala Diez Especial de Decisión del Consejo de Estado,
por la presunta mora judicial en el proceso núm. 11001-03-15-000-2023-07089-00.
VIII.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub
examine
18. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.
19. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
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Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
20. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.
21. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente […]”8. [Subrayado fuera del texto]
22. El señor James Leonardo Arévalo Riaño solicitó la protección de sus derechos
fundamentales, cuya vulneración le atribuyó a la presunta mora judicial en que ha
incurrido la Sala Diez Especial de Decisión del Consejo de Estado en el trámite del
recurso de revisión automático e integral núm. 11001-03-15-000-2023-07089-00.
23. En ese sentido solicitó, se ordené a la Sala Diez de Decisión del Consejo de
Estado, emita “[…] una pronta y oportuna […]” decisión que resuelva el fondo del
asunto.
24. Al respecto, se precisa que el accionante no es parte o tercero en del proceso
disciplinario núm. IUS-E-2016-2016-83092 / IUCD-2016-872215 adelantado por la
Procuraduría General de la Nación contra Walfrando Adolfo Forero Bejarano, el
cual es objeto de recurso de revisión automática e integral señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-030 de 20239.
8
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
9 Corte Constitucional. Sentencia C - 030 de 16 de febrero de 2023. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos
Cortés González.
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25. En ese sentido, se considera que el actor no tiene la legitimación en la causa por
activa para reclamar la posible mora judicial en el trámite del citado recurso de
revisión, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sección.
26. Al respecto, la Sala de Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 30 de mayo de 202410, señaló lo siguiente:
“[…]En el caso bajo examen, la actora pretende que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por el TRIBUNAL al haber incurrido en una
presunta mora judicial injustificada dentro del medio de control de los derechos
e intereses colectivos identificado con el número único de radicación 25000-23-
41-000-2019-00303-00, promovido por la señora VERUSKA NIETO BORJA
contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros, para la
protección de los derechos colectivos afectados como consecuencia de la
deforestación, contaminación de aguas, extinción de flora y fauna, entre otros
hechos, en el Departamento del Amazonas.
[…]
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido el criterio consistente en que quien
promueva una acción de tutela con el propósito de buscar la protección del
derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con ocasión
de las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso
judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del mismo.
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la señora JULIA MARGARITA
ACOSTA no ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte en el respectivo
medio de control de los derechos e intereses colectivos identificado con el
número único de radicación 25000-23-41-000-2019-00303-00, del cual alega
una presunta mora judicial vía tutela, en tanto no es titular de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
cuya vulneración depreca, máxime cuando la misma actora aseguró en el
escrito de tutela que solicitó la coadyuvancia dentro del proceso, la cual le fue
denegada, situación que confirma que carece de legitimación en la causa por
activa para promover la solicitud de amparo de la referencia.
Ante dicha circunstancia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, pues no se acreditó el presupuesto de la legitimación en la causa por
activa de la actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto, subrayado fuera del
texto].
27. En conclusión, el señor James Leonardo Arévalo Riaño no se encuentra
legitimado para solicitar a través de la acción de tutela, que se estudie la presunta
mora judicial en el proceso núm. 11001-03-15-000-2023-07089-00, dado que, no
tiene la calidad de parte.
28. Tampoco se cumplen los requisitos para reconocer al accionante como agente
oficioso porque en el escrito de tutela no manifestó expresamente que actuaba en
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Conjueces, Sentencia de 30 de mayo
de 2024, Exp., núm. 11001-03-15-000-2022-006150-00. C.P.: Alberto Sierra Beltrán.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07006-01
Accionante: James Leonardo Arévalo Riaño
dicha calidad y no demostró la imposibilidad de los agenciados para interponer la
acción de tutela por sí mismos.
29. Portanto, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de febrero de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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