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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07011-00

Fecha
31 de enero de 2025
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07011-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, contra los autos proferidos el 21 de febrero y 7 de marzo de 2024 por incumplimiento del requisito de inmediatez. SEGUNDO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela respecto a la falta de decisión de fondo de las solicitudes de inaplicación de la sanción por desacato, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07011-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

31 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07011-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07011-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Requisitos de procedencia /
Se declara la improcedencia por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala resuelve la acción de tutela presentada por Sandra Viviana Alfaro Yara
contra el Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Administrativo
de Antioquia, para que se inaplique y se deje sin efectos la sanción impuesta por
desacato dentro del trámite de la acción de tutela identificada con el radicado 05001-
33-33-012-2023-00474-00/01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 18 de diciembre de 2024 la señora Alfaro Yara promovió una acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio. Considera que esas garantías
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constitucionales fueron vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, pues
no se ha efectuado la inaplicación de la sanción impuesta por el desacato dentro
del proceso con radicado 05001333301220230047400/01.

2.- En la acción de tutela se formularon las pretensiones que se transcriben a
continuación:

<<PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, buen nombre, y patrimonio.

SEGUNDO En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO
ORAL DE MEDELLÍN, inaplicar la sanción impuesta a la suscrita, a través de auto
fechado del 21 de febrero de 2024, confirmada en auto de fecha 07 de marzo de 2024
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE
DECISIÓN, consistente en multa equivalente a un (01) SMLMV, contra la suscrita.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de
inaplicación de la sanción presentada por parte de la Unidad para las Víctimas,
observando los asuntos relevantes dentro del trámite sancionatorio por desacato
descrito en el acápite de los hechos y las consideraciones la Sentencia SU- 034 de
2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa
impuesta en auto del 21 de febrero de 2024, que la misma se han levantado con
ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de
tutela y atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia
aplicable al caso del Consejo de estado y la Corte Suprema de Justicia.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA Y SÉPTIMA
DE DECISIÓN, a que acaten y apliquen los precedentes jurisprudenciales frente a la
procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de
la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en
la naturaleza persuasiva del incidente de desacato>>.

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Edilma Esther Correa Molina interpuso acción de tutela contra la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, UARIV) por la
vulneración de su derecho fundamental de petición.

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3.2.- En sentencia del 20 de noviembre de 2023 el Juzgado Doce Administrativo de
Medellín declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Esta decisión fue
revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 12 de
diciembre de 2023, en la cual se ordenó a la UARIV resolver de fondo la petición,
en el sentido de indicar la fecha probable de pago de la indemnización administrativa
a la señora Correa Molina.

3.3.- La UARIV, en memorial del 15 de diciembre de 2023, indicó que mediante la
Resolución 04102019-1384819 del 28 de octubre de 2021 reconoció la medida de
indemnización, pero que no era posible precisar una fecha de pago, ya que a la
señora Correa Molina no le fue favorable el resultado del método de priorización
aplicado en la vigencia de 2023.

3.4.- Mediante auto del 19 de enero de 2024, el juzgado accionado advirtió el
incumplimiento del fallo de tutela y ordenó a la directora técnica de Reparaciones,
Sandra Viviana Alfaro Yara, que cumpliera la orden en dos días hábiles, so pena de
imponerle la sanción por desacato. En respuesta, la UARIV, en memorial del 24 de
enero de 2024, indicó que no era procedente asignar una fecha de pago de la
indemnización, pues la accionante no alcanzó el puntaje mínimo en el método de
priorización.

3.5.- El 5 de febrero de 2024 el juzgado dio apertura al incidente de desacato contra
la accionante por incumplir la sentencia del tribunal. El 7 de febrero de 2024 la
UARIV respondió en el trámite incidental, reiterando los argumentos expuestos en
el memorial del 24 de enero de 2024.

3.6.- En auto del 21 de febrero de 2024 el juzgado sancionó a la accionante por
desacato y le impuso una multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. El
tribunal confirmó la decisión en providencia del 7 de marzo de 2024, al considerar
que la UARIV omitió dar una respuesta de fondo a la peticionaria y generó una
dilación injustificada al cumplimiento de la sentencia de tutela.

3.7.- El 9 de abril de 2024 el juzgado negó la inaplicación de la sanción solicitada
por la UARIV y remitió el auto del 21 de febrero de 2024 a la Oficina de Cobro
Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
para su ejecución. Así mismo, requirió a las partes para que informaran sobre el
cumplimiento del fallo de tutela.

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3.8.-. La UARIV, en memoriales del 23 de abril, 16 de mayo, 18 de septiembre y 31
de octubre de 2024 solicitó al juzgado la inaplicación de la sanción y la modulación
del fallo, alegando que, conforme al acto administrativo de reconocimiento y a la
aplicación del método de priorización, no era viable la materialización de la
indemnización administrativa.

3.9.- En auto del 15 de mayo de 2024 el juzgado compulsó copias del fallo de tutela
y del incidente de desacato a la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude
a resolución judicial.

3.10.- En auto del 8 de noviembre de 2024 el juzgado requirió a la señora Edilma
Esther Correa Molina para que indicara si desistía del trámite incidental. El 21 de
noviembre la requerida solicitó el cumplimiento del fallo de tutela.

3.11.- En auto del 11 de diciembre de 2024 el juzgado notificó a la UARIV sobre lo
informado por la señora Correa Molina y solicitó a la Fiscalía General de la Nación
un informe sobre el proceso penal derivado de la compulsa de copias efectuada.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- En concepto de la accionante, la sanción por desacato que le fue impuesta
desconoce el precedente de la Corte Constitucional e incurre en los defectos fáctico,
sustantivo y de violación directa de la constitución.

4.1.- A su juicio, las providencias desconocieron la sentencia SU-034 de 2018 de la
Corte Constitucional, que establece las reglas que los jueces de tutela deben aplicar
para modular el cumplimiento del fallo, especialmente en lo referente al pago de la
indemnización administrativa de las víctimas de desplazamiento forzado.

4.2. También indica que los autos incurrieron en un defecto fáctico por valoración
inadecuada del siguiente material probatorio: (i) la resolución de reconocimiento de
la indemnización administrativa; (ii) el método de priorización aplicado a la señora
Correa Molina; y (iii) el informe de cumplimiento de la UARIV, en el que se expuso
la imposibilidad de fijar una fecha probable para el acceso efectivo a la
indemnización administrativa.

4.3.- En cuanto al defecto sustantivo, agrega que las providencias impugnadas no
valoraron adecuadamente la responsabilidad subjetiva de la accionante, pues

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ignoró las actuaciones positivas realizadas para cumplir el fallo dentro del marco
legal y las posibilidades materiales.

4.4.- En cuanto a la violación directa de la Constitución refiere que: (i) se vulneraron
los principios de debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y
buena fe; (ii) se contravino el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional y la
Resolución 1049 de 2019 de la UARIV; y (iii) se vulneró el derecho al patrimonio
dada la afectación económica por la sanción impuesta, y su derecho al buen nombre
porque fue expuesta públicamente a comentarios negativos que pueden perjudicar
su carrera profesional.

4.5.- Cita sentencias de la Sección Primera1 y de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado2 y de la Corte Suprema de Justicia3 que decidieron
casos similares.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Antioquia (accionado) solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela porque considera que el caso carece de
relevancia constitucional. Argumentó que en el incidente de desacato se aplicaron
las normas y jurisprudencia vigentes, y que en sede de consulta se revisó y confirmó
la fundamentación de las sanciones. Además, no se cumplen los requisitos para la
procedencia excepcional de la tutela contra las decisiones adoptadas en el trámite
incidental.

6.- El Juzgado Doce Administrativo de Medellín (accionado) afirma que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno, pues ha actuado conforme al trámite del
incidente de desacato para garantizar el cumplimiento de la tutela. La accionante
aún no ha informado una fecha probable de pago de la indemnización administrativa
en favor de la señora Edilma Esther Correa Molina.

1 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 2 de mayo de 2024,

radicado 11001-03-15-000-2024-01137-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia del 14 de marzo de
2024, radicado 11001-03-15-000-2024-00586-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
2 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección B, sentencia del 12

de septiembre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-02014-01. C.P. Alberto Montaña Plata.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 13 de diciembre de 2023, radicado 11001-

02-05-000-2023-01878-00 M.P. Omar Ángel Mejía Amador. Sentencia del 29 de noviembre de 2023, radicado
11001-02-05-000-2023-01800-00. M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz.

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7.- La señora Edilma Esther Correa Molina (tercera con interés) guardó silencio pese
a haber sido debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES

8.- Estudiada la solicitud de amparo, la sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela en relación con (i) la sanción por desacato impuesta a la accionante por
no encontrarse satisfecho el requisito de inmediatez; y (ii) la falta de decisión de las
solicitudes de inaplicación de la sanción presentadas por la UARIV por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

E. Incumplimiento del requisito general de inmediatez frente a la sanción por
desacato

9.- La sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto de los cargos
formulados contra los autos del 21 de febrero y 7 de marzo de 2024 por el
incumplimiento de requisito de inmediatez, que ha sido establecido
jurisprudencialmente en un término de seis meses cuando se trata de tutelas contra
providencias judiciales4.

9.1.- El término de seis meses para presentar la acción de tutela contra una
providencia judicial inicia a partir de la notificación de la decisión objeto de reproche,
pues a partir de ese momento se infiere que los interesados conocen su contenido.
En este caso corresponde al auto del 7 de marzo de 2024, mediante el cual el
tribunal accionado confirmó la sanción por desacato impuesta por el juzgado a la
accionante por incumplimiento del fallo de tutela del 12 de diciembre de 2023.

9.2.- El aludido auto fue notificado a la accionante el 8 de marzo de 20245, por lo
que el término de inmediatez corrió entre el 11 de marzo (día siguiente hábil) y el 11
de septiembre de 2024. La acción de tutela se presentó el 18 de diciembre de 20246,
por lo que transcurrió un término de nueve meses y siete días, el cual es mayor al
previsto en la jurisprudencia. Lo mismo ocurre frente a la determinación del 9 de
abril de 2024 en la que se negó la inaplicación de la sanción solicitada por la UARIV.

4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

11001-03-15-000-2012-02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 Consultado en SAMAI el radicado 180013333004-2020-00143-01 (índice 7), obra copia de mensaje de datos

remitido el 8 de marzo de 2024 a la dirección electrónica notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co.
Misma dirección que refiere la accionante en su escrito de tutela como dirección de notificaciones.
6 Índice SAMAI 1.

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9.3.- Adicionalmente, se advierte que en el escrito de tutela la accionante no acreditó
una situación especial que permitiera flexibilizar o inaplicar el término de los seis
meses para la interposición de la acción.

F. La autoridad judicial accionada no ha vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso de la accionante por falta de decisión de las solicitudes de
inaplicación de la sanción por desacato presentadas por la UARIV.

10.- La accionante alega la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso porque la sanción por desacato no ha sido levantada pese a las solicitudes
de inaplicación presentadas por la UARIV en los memoriales del 23 de abril, 16 de
mayo, 18 de septiembre y 31 de octubre de 2024, que a la fecha de presentación
de la tutela no han sido decididas.

10.1.- En auto del 8 de noviembre de 2024, el juzgado accionado indicó que
resolvería la solicitud de inaplicación de la sanción por desacato una vez la señora
Edilma Esther Correa Molina se pronunciara sobre el desistimiento del trámite
incidental. Sin embargo, tras recibir dicha respuesta, en autos del 11 de diciembre
de 2024 y 20 de enero de 2025 el juzgado requirió a la Fiscalía sobre la compulsa
de copias ordenada el 15 de mayo de 2024, pero no se pronunció sobre las
solicitudes de la UARIV.

10.2.- Para la sala es evidente la demora en la resolución de las peticiones que
refiere la accionante, pues claramente han pasado más de nueve meses desde la
primera solicitud sin que se haya emitido pronunciamiento de fondo. Sin embargo,
se advierte que estas peticiones han sido presentadas por la UARIV y no por la
accionante.

10.3.- Se aclara que la sanción por desacato es personal y no institucional7. En este
caso se advierte que las solicitudes de inaplicación las ha presentado Lilia María

7 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 2018, expediente T-6.017.539. M.P. Alberto Rojas Ríos. La corte

precisó: “En este orden de ideas, la autoridad que adelante el incidente de desacato se debe limitar a verificar
los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii) en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la
misma, (iv) si efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de
ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo ordenado dentro del proceso.
(…)
En este contexto cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en
cabeza del destinatario de la orden de tutela, pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento
defectuoso para dar por supuesta una actitud indolente por parte del mismo. Es por esto que se ha sostenido
que “al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los

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Rodríguez Albarracín, directora técnica de Reparaciones de la unidad, quien ha
manifestado actuar en representación de la UARIV y no de la accionante.

11.- En ese orden de ideas, se advierte que la accionante no ha solicitado
directamente al juzgado la inaplicación de la sanción que le fue impuesta, por lo que
la tutela resulta también improcedente por subsidiariedad, en la medida en que no
ha agotado los mecanismos judiciales pertinente para que en su caso se inaplique
la sanción.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Sandra Viviana Alfaro Yara, contra los autos proferidos el 21 de febrero y 7
de marzo de 2024 por incumplimiento del requisito de inmediatez.

SEGUNDO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela respecto a la
falta de decisión de fondo de las solicitudes de inaplicación de la sanción por
desacato, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que
seguir los principios del derecho sancionador”.

De allí se desprende que corresponde a la autoridad competente verificar si efectivamente existe una
responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial –lo que, a su vez, conlleva examinar si se da
un nexo causal fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del demandado y el resultado pues si no
hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la responsabilidad por el solo
hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la sanción”.

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QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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