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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00586-00

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00586-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, invocados por María Patricia Tobón Yagarí, los cuales fueron vulnerados por las autoridades accionadas y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS los autos de 14 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024 proferidos por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, dentro del incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación 050013333036202300112-02, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: INSTAR a la Dirección Técnica de Reparaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV para que continúe aplicando anualmente el método técnico de priorización con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida al señor Víctor Alfonso Rodríguez Rivera por el hecho victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm. 04102019-510400 de 13 de marzo de 2020, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de tutela de 29 de mayo de 2023, proferida por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, y se logre la reparación integral a las víctimas. 37 Núm. único de radicación: 110010315000202400586-00 Actor: María Patricia Tobón Yagarí CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00586-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400586-00
Actora: María Patricia Tobón Yagarí
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro1

Temas: Defecto fáctico/alcance

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia y iii) buen nombre

Derechos Fundamentales Amparados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María Patricia Tobón Yagarí
contra la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400586-00
Actor: María Patricia Tobón Yagarí

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala Tercera
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al
proferir el auto de 23 de junio de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir los autos de 20 de
junio de 2023, 7 de julio de 2023, 21 de julio de 2023, 14 de diciembre de 2023 y 30
de enero de 2024, en el incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción
de tutela identificado con el número único de radicación 050013333036202300112-
02: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA, interpuso acción
de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas (sic), por el hecho de no entregarle a la (sic) accionante una fecha, plazo
o turno para el pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, reconocido previamente mediante Resolución No.
04102019-510400 del 13 de marzo de 2020 […]”.

4. Señaló que, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, mediante sentencia de 20 de abril de 2023, declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado.

5. Manifestó que, la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia mediante sentencia de 29 de mayo de 2023, resolvió la impugnación
presentada por Víctor Alfonso Rodríguez Rivera así:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral De Medellín, del día 20 de abril de dos mil veintitrés (2023).

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Núm. único de radicación: 110010315000202400586-00
Actor: María Patricia Tobón Yagarí

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor VICTOR
ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA.

TERCERA: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV- que dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión, profiera
una respuesta de fondo, concreta y precisa respecto de la petición presentada por el
señor VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA, el 28 de septiembre de 2022
relacionada con la entrega de la indemnización administrativa por el hecho
víctimizante (sic) de desplazamiento forzado. En consecuencia, deberá indicar un
plazo aproximado para el pago de la indemnización administrativa, o por lo menos
señalar la vigencia mediante la cual le será entregada la misma, esto, sin vulnerar el
derecho de igualdad frente a las demás personas que estén en las mismas
condiciones […]”.

6. Sostuvo que, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín mediante auto de 7 de junio de 2023, dio apertura al incidente de desacato
presentado por Víctor Alfonso Rodríguez Rivera en contra de la UARIV por el
incumplimiento de la sentencia mencionada supra.

7. Expuso que, el Juzgado mediante auto de 20 de junio de 2023, resolvió declarar
probados los hechos objeto del incidente de desacato y la sancionó, en calidad de
Representante Legal de la UARIV.

8. Indicó que, la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia mediante auto de 23 de junio de 2023, en grado jurisdiccional de consulta,
resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la decisión consultada […]”.

9. Sostuvo que, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín mediante auto de 7 de julio de 2023, resolvió desestimar la solicitud de
inaplicación presentada por la UARIV, “[…] por cuanto la orden del superior
funcional mediante sentencia del 29 de mayo de 2023 NO ha sido cumplida a
cabalidad […]”.

10. Manifestó que, frente a una nueva solicitud de inaplicación de la sanción
presentada por la UARIV, el Juzgado, mediante auto de 21 de julio de 2023, resolvió
“[…] PRIMERO: ESTESE A LO RESUELTO en auto del 7 de julio de 2023, proferido
dentro del asunto de la referencia […]”.

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

11. Advirtió que, la UARIV solicitó al Juzgado reconsiderar la suspensión de la
sanción impuesta a la Directora de la entidad por la supuesta imposibilidad de
cumplimiento de la sentencia; sin embargo, el Juzgado, a través de auto de 14 de
diciembre de 2023 resolvió “[…] PRIMERO: ESTESE A LO RESUELTO en auto del
7 y 21 de julio de 2023, proferido dentro del asunto de la referencia […]”.

12. Adujo que, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, mediante auto de 30 de enero de 2024, resolvió “[…] PRIMERO: ESTESE
A LO RESUELTO en auto del 7 y 21 de julio y 14 diciembre de 2023, proferido dentro
del asunto de la referencia […]”, frente a la solicitud impetrada nuevamente por la
UARIV respecto de la inaplicación de la sanción.

La solicitud de tutela

Pretensiones

13. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con fundamento en las razones precedentes, de manera respetuosa solicito a
ustedes, Honorable Magistrados, con fundamento en el Decreto 2591 de 1991, lo
siguiente:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, bueno (sic) hombre (sic) y patrimonio de las (sic) suscrita.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al Juzgado Treinta y Seis Administrativo
Oral de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia, inaplicar la sanción
calendada mediante auto del 20 junio de 2023 impuesta a la suscrita consistente en
multa de uno (1) SMMLV. Confirmada mediante auto del 23 junio de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO: se ORDENE al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y
al Tribunal Administrativo de Antioquia, ANALICE / ESTUDIE la declaratoria de
cumplimiento de la providencia de segunda instancia del 06 de febrero 2023, dentro
del radicado 05001333303620230011200, en cumplimiento de la Sentencia SU-034
de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida en que se
cumplió con la orden al expedir la Resolución No. 04102019-510400 del 13 de marzo
de 2020, que reconoció el derecho a la entrega de las indemnización administrativa
a VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA y dispuso la aplicación del método
técnico de priorización al particular con sus respectivos resultados de los años 2021
2022 2023.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín o al
Tribunal Administrativo de Antioquia, que comunique a la autoridad encargada de la

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Núm. único de radicación: 110010315000202400586-00
Actor: María Patricia Tobón Yagarí

ejecución de las sanciones pecuniarias, que las mismas se han levantado con
ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín o al
Tribunal Administrativo de Antioquia, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa
acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del
incidente de desacato […]”.

14. Como fundamento de su solicitud, la actora adujo la configuración de un
defecto fáctico y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial:

“[…] Ahora, surge para la Entidad la imposibilidad de informar monto, fecha, plazo
o turno probable de pago de la indemnización reconocida mediante la Resolución
No. 04102019-510400 del 13 de marzo de 2020, toda vez que debe ser respetuosa
del procedimiento establecido en la resolución 1049 de 2019 y del debido proceso
administrativo.

Es preciso ser enfático frente a esta situación, en el entendido que la orden de tutela
lleva consigo el desconocimiento de la regla general de priorización para el acceso
de la indemnización administrativa por el efecto del conflicto armado y en esa medida
induce al servidor público a una encrucijada; a cumplir la orden de la tutela saltando
los turnos establecidos con los criterios objetivos señalados desconociendo los
derechos de otros con igual o mayor prioridad; y de contera el reglamento a cuyo
cumplimiento se haya obligado.

Sin embargo, la Unidad para las Víctimas procedió conforme a la norma y al
procedimiento establecido, es decir, contestó la petición en los términos conforme al
reglamento y no la orden de tutela, que en realidad es jurídicamente imposible de
cumplir por las razones ya citadas, en ese orden de ideas, no existe responsabilidad
subjetiva, pero si se configura unas órdenes desproporcionadas y por fuera de las
reglas emanadas por la Corte Constitucional y del procedimiento ya reglado, que
deben ser objeto de análisis y revocatoria.

Dicho en otros términos, la suscrita no se encuentran en rebeldía a dar cumplimiento
a la orden judicial, sino una posición razonablemente atendida o justificable para
proceder como se hizo durante el proceso, suficiente para conjurar las (sic) sanción,
de manera que lo que resulta inadecuado para proteger el derecho del accionante,
sin lastimar los derechos de otras personas en igualdad o en condiciones más
difíciles que él, es la orden de tutela, por tanto debe cambiase (sic) conforme a las
reglas establecidas por la Corte Constitucional, en ese orden, no es factible bajo
ninguna mirada que se insista en configurar la sanción proferida en mi contra, solo
porque para el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, consideran que si la respuesta al
derecho de petición no contiene una fecha de pago, no se puede considerar un
cumplimiento a la petición de fondo y congruente […]”.

Actuación

15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de febrero de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar los magistrados de la Sala Tercera de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juez Treinta y Seis Administrativo Oral

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

del Circuito de Medellín; iii) negó la medida provisional solicitada por la actora; y iv)
vinculó, como terceros con interés legítimo, a la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a Víctor Alfonso Rodríguez Rivera,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

16. La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
manifestó que “[…] en las providencias objeto de tutela se encuentran debidamente
planteados los argumentos de hecho y de derecho que las sustentan; por lo tanto,
puede afirmarse que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno […]”.

17. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín
manifestó que “[…] en el presente caso, se ha adelantado todo el procedimiento
incidental y en gracia de la decisión del superior funcional al resolver la consulta, se
ha confirmado la sanción de multa, cuyos efectos, como fue resuelto con motivo de
lo anterior, no han sido inaplicados […]”.

18. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín allegó
copia digital del proceso de la acción de tutela identificado con el número único de
radicación 050013333036202300112-02, junto con su respectivo incidente de
desacato.

19. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y Víctor Alfonso Rodríguez Rivera guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

20. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

21. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

22. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala
Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir el auto de 23
de junio de 2023, y el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, al proferir los autos de 20 de junio de 2023, 7 de julio de 2023, 21 de julio
de 2023, 14 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024, en el incidente de
desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela identificado con el número
único de radicación 050013333036202300112-02, incurrieron i) en un defecto
fáctico y ii) en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
vulnerando los derechos fundamentales de la actora al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y al buen nombre.

23. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de

3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) sobre la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de
desacato; iv) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso
concreto; v) el defecto fáctico; vi) el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; viii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; ix) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre; x) análisis del
caso concreto; y finalmente xi) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

25. Esta Sección6 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

26. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

27. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”7.

28. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

29. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos
parámetros.

30. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

7Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400586-00
Actor: María Patricia Tobón Yagarí

31. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato

32. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1.°
de octubre de 201510, fijó una excepción a la regla jurisprudencial de la acción de
tutela contra providencias judiciales, para el efecto, fijó una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela, o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

33. Respecto a la actuación posterior a la sentencia, en dicho caso, de una tutela,
la Corte Constitucional analizó la posibilidad de que mediante tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato. Sobre este evento,
señaló:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”11.

34. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU –
034 de 3 de mayo de 201812, profundizó sobre los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra las providencias proferidas dentro de los trámites
incidentales de desacato. En ese sentido, reiteró que debían cumplirse los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, y exigió que el
actor alegara la configuración de, por lo menos, uno de los defectos especiales.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de

Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU – 034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:

Expediente T-6.017.539.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400586-00
Actor: María Patricia Tobón Yagarí

35. De igual forma, precisó que, a fin de cumplir con el requisito de
subsidiariedad, la tutela sólo podría interponerse contra la decisión que pone fin al
trámite una vez esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar
otra decisión diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería,
ya que el ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como
“[…] la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza […]”.

36. Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende, indicó
que no se admite invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite incidental,
y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en el curso del
desacato.

37. En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de
tutela está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial
vulneró el derecho al debido proceso.

38. Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar la procedencia de la
modificación de la orden contra la providencia que da origen al trámite incidental
consideró que el juez “[…] no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de
tutela, el alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la
tutela primigenia –salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para
garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado–, pues se trata de un
debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de
ceñirse al trámite incidental objeto de estudio […]”.

39. En ese orden de ideas, se advierte que la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está
sujeta a que: i) se controvierta la decisión que finaliza el trámite, ii) que no se
aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del desacato, iii) que
además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración de
un defecto especial, iv) que se busque la protección del debido proceso y que su
trasgresión se haya originado en el curso del desacato y, que iv) la decisión no

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Núm. único de radicación: 110010315000202400586-00
Actor: María Patricia Tobón Yagarí

puede cuestionar o modificar la decisión, el alcance o contenido sustancial de la
orden impartida en este caso por el juez de la acción de cumplimiento primigenia.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

40. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.

41. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

41.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la
actora al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al buen nombre.

41.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
de los derechos fundamentales invocados supra y, además, ii) la actora cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico y en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

41.3. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas procesales13, en el escenario del amparo
contra providencias judiciales, cuando esta próspera se afecta el principio de la cosa
juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada

13 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica
de la actora, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e
irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales14.

41.4. Frente el requisito general de procedibilidad de inmediatez, la Sala advierte
que respecto de los autos de 23 de junio de 202315 (que confirmó lo resuelto
mediante el auto de 20 de junio de 2023), 7 de julio de 202316 y 21 de julio de 202317,
no se cumple con dicho requisito, toda vez que desde su notificación hasta la fecha
de presentación de la acción de tutela (8 de febrero de 2024), la actora la presentó
por fuera del plazo razonable. Sin embargo, frente a los autos de 14 de diciembre
de 2023 y 30 de enero de 2024, la Sala advierte que la actora presentó la acción de
tutela dentro del plazo razonable.

41.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección de los derechos
fundamentales invocados18.

41.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

41.7. La actora identificó los hechos y el derecho cuya vulneración alega; y

41.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

42. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad19 por defecto fáctico:

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de

2017, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
15 Notificado el 23 de junio de 2023.
16 Notificado el 10 de julio de 2023.
17 Notificado el 21 de julio de 2023.
18 La Sala precisa que, la procedencia de la acción de tutela contra las providencias proferidas en los trámites

incidentales de desacato está sujeta a que se controvierta la decisión que finaliza el trámite, como en efecto
sucede en el caso objeto de estudio, en el que la actora insiste en la configuración de en un defecto fáctico y
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial en las providencias que resolvieron
sancionarla y negar la inaplicación de dicha sanción en el incidente de desacato adelantado en el proceso de
la acción de tutela identificado con el número único de radicación 050013333036202300112-02.
19 “En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera

arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio

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“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia20 ha determinado que
se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria
o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las
que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y,
c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas
resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que
las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la
autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”21 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”22[…]“.23

43. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente
allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido
y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.

44. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”24.

de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
20 Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre

el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
21 Corte Constitucional.
22 Ibídem.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de

2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

45. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

46. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189625 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200127; C-816 de
201128; C-179 de 201629; y T-102 de 201430.

47. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”31 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

48. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional32, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus

25 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
26 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
27 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
28 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
29 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
30 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
31 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
32 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

49. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria33, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.

50. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala34, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.

51. En efecto, la Sala35 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial36”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.

33 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de

2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
35 ibídem.
36 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez

y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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52. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

53. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

54. Atendiendo a que, la Corte Constitucional37 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección

37 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

55. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

56. Atendiendo a que, la Corte Constitucional38 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
buen nombre

57. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, que establece que:

“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas […]”.

38 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

58. Atendiendo a que la Corte Constitucional39 ha entendido que el derecho al
buen nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa
a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una
persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona
realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real
dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia
muestra como crédito una persona […]”.

Análisis del caso concreto

59. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala Tercera
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al
proferir el auto de 23 de junio de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir los autos de 20 de
junio de 2023, 7 de julio de 2023, 21 de julio de 2023, 14 de diciembre de 2023 y 30
de enero de 2024, en el incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción
de tutela identificado con el número único de radicación 050013333036202300112-
02: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

60. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

61. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

39 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

Acervo y análisis probatorios

62. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

62.1. Copia digital del expediente del proceso de la acción de tutela identificado
con el número único de radicación 050013333036202300112-02.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto fáctico

63. La actora señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto fáctico, por las siguientes razones:

“[…] Como también en (sic) se incurrió en defecto fáctico por valoración defectuosa
del material probatorio allegado al proceso, ya que el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral de Medellín, como también el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA al momento de valorar los escritos emitidos por la Unidad para las
Víctimas, como también la resolución que resolvió el reconocimiento a la medida
indemnizatoria del actor de la acción constitucional de la referencia, valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, sin razón valedera da por no probado
el hecho del incumplimiento de la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones
manifestadas en distintas oportunidades en relación al debido proceso administrativo
gestado en la resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimiento para
la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado
dentro de un marco de igualdad entre las demás víctimas […]”.

64. Con el fin de determinar si se configura el defecto que adujo la actora, resulta
necesario analizar los fundamentos que condujeron a imponer la sanción por
desacato que se discute en el caso sub examine.

65. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín, mediante auto de
20 de junio de 2023, señaló:

“[…] De lo anteriormente expuesto, entiende el Despacho que a la hora de proferir
esta decisión, el incidentista no ha obtenido “una respuesta de fondo, concreta y
precisa respecto de la petición presentada por el señor VICTOR ALFONSO
RODRIGUEZ RIVERA, el 28 de septiembre de 2022 relacionada con la entrega de
la indemnización administrativa por el hecho víctimizante (sic) de desplazamiento
forzado” y por lo tanto, se concluye que la Sra. PATRICIA TOBÓN YAGARÍ,
Representante legal de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UAARIV -, continúa con

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

la conducta omisiva que dio origen a la Acción de Tutela, el cual fue objeto de amparo
en decisión del 29 de mayo de 2023, emitida en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS –UAARIV -, pues a la fecha no han puesto en conocimiento a la
parte accionante, una decisión de fondo y completa conforme lo ordenado en la
sentencia […]”.

66. Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Tercera de Oralidad
Tribunal Administrativo de Antioquia, en auto de 23 de junio de 2023, consideró:

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, y como quiera que la accionada en cabeza de
los representantes contra quienes se adelanta el incidente de desacato han omitido
el cumplimiento de la orden judicial impartida, esto es, por razones de transparencia
indicar, aun en el evento de no estar priorizado, el plazo aproximado y orden en el
que, de no ser priorizados, el accionante accederán a la medida.

Ahora bien, con lo precedente se deduce con claridad que persiste la vulneración al
derecho de petición del accionante, toda vez que la entidad aún no ha proferido
respuesta de fondo al derecho de petición de la accionante, excediendo los términos
fijados por esta Corporación para su cumplimiento efectivo.

En consecuencia, se CONFIRMARÁ la sanción impuesta por el Juzgado Treinta y
Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín […]”.

67. Frente a las solicitudes de inaplicación o suspensión de la sanción que
presentó la UARIV, el Juzgado señaló:

“[…] En consecuencia, a la solicitud de reconsideración de la inaplicación y/o
suspensión de la sanción impuesta a la directora de la entidad, se dirá nuevamente
que no hay lugar pues dicha petición fue resuelta por auto del 7 y 21 de julio y 14
diciembre de 2023, a los cuales se remite. Además, no se acredita a la fecha el
acatamiento completo a la orden tutelar en los términos dados por el TAA […]”.

68. De conformidad con las consideraciones expuestas por esta Sección40 en
casos con supuestos fácticos y jurídicos similares al de la actora, la Sala advierte
que para resolver el caso sub examine es preciso hacer mención del derecho de las
víctimas a ser reparadas integralmente y los límites constitucionales previstos para
la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal.

69. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 201341 se
refirió a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral y, en

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de

2023, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-04754-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04776-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
41 Corte Constitucional, sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Núm. único de radicación: 110010315000202400586-00
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esa medida, analizó la reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado,
conforme a la sentencia T-025 de 200442, en la cual se declaró la existencia de un
estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada.

70. En relación con la indemnización administrativa, la mencionada sentencia
concluyó que, por regla general, la acción de tutela no tenía una naturaleza
indemnizatoria, pero resulta procedente para otorgar protección a la población
víctima de desplazamiento en condición de extrema vulnerabilidad.

71. Al examinar la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 201143
y en los Decretos 4634 de 9 de diciembre de 201144 y 4635 de 9 de diciembre de
201145, la Corte, en la sentencia C-753 de 201346, sostuvo que la misión institucional
del sistema de reparación precisaba de la capacidad suficiente para responder a las
exigencias relacionadas con la reparación a las víctimas, lo que exige contar con la
disponibilidad de recursos para que la política de reparación sea viable en el tiempo
y para todo el universo de víctimas. De este modo, la citada sentencia i) resaltó que
es importante que las medidas de atención se acojan a los principios de continuidad
y progresividad, pero sin que el derecho a la reparación esté supeditado a la
sostenibilidad fiscal; y ii) agregó que, dada la necesidad de que la política de
reparación sea viable y proporcional al número de víctimas y al daño sufrido por
ellas, es menester considerar mecanismos para que el sistema esté
adecuadamente financiado, o, de lo contrario, no cumpliría el propósito para el que
fue diseñado ni tendría ninguna eficacia en términos de justicia material.

72. En ese orden, la sentencia de la referencia concluyó que las disposiciones
normativas que establecen plazos y límites en términos del presupuesto nacional
no suponían una extralimitación del principio de responsabilidad fiscal, en
detrimento del derecho de las víctimas a la indemnización, por cuanto dicho principio

42 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

43 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado

interno y se dictan otras disposiciones.
44 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas

pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano.
45 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las

víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
46 Corte Constitucional, sentencia C-753 de 30 de octubre de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

“[…] es un criterio orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del
Estado que no tiene la virtualidad de socavar derechos fundamentales […]”.

73. Es decir que, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e instrumentos
de priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto por la Ley para
la entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto
del conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas,
conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad. En efecto, así lo
ha reiterado en los distintos Autos de Seguimiento a la sentencia T-025 de 200447,
entre ellos, el Auto 206 de 2017, en el que exhortó a los jueces de la República a
que se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes de reconocimiento de
indemnización administrativa y sanciones por desacato, dado el número de tutelas
que desbordaban la capacidad de la entidad competente para atenderla.

74. Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 201848, en la que se
estudiaron las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos desacatos
de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas a órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa, sentencia
que será analizada por la Sala al abordar el defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente, planteado por la actora.

75. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del
derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de
indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar en
consideración las medidas adoptadas por el Ejecutivo con la finalidad de indemnizar
al universo de víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.

76. Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las
víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas expidió la
Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019, “Por la cual se adopta el procedimiento
para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método
técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018,
y se dictan otras disposiciones”, en la cual estableció las fases del procedimiento

47 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
48 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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para acceder a dicha prestación y creó el método técnico de priorización para su
desembolso. Este último consiste en:

“[…] Artículo 16. El método de priorización es un proceso técnico que
determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la Subdirección de
Reparación Individual para determinar la priorización anual del desembolso
de la indemnización administrativa […]”.

77. El artículo 17 de la Resolución mencionada supra indica que el método se
aplica anualmente para la asignación de los turnos de pago. El citado texto reza:

“[…] Artículo 17. El método tiene como objetivo generar unas listas ordinales
que indicarán la priorización para el desembolso de la medida de
indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la asignación
de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados
en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco de
Gasto de Mediano Plazo del Sector […]”. (Resaltado por la Sala).

78. En el caso objeto de estudio, la Sala advierte que en múltiples ocasiones la
UARIV manifestó al Juzgado que no desconoció los derechos de Víctor Alfonso
Rodríguez Rivera, por el contrario, reconoció el derecho que tiene de una
indemnización administrativa mediante la Resolución núm. 04102019-510400 de 13
de marzo de 2020, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
administrativo señalado en la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019, a la Unidad
para la Víctimas le era imposible otorgar una fecha de pago, para lo cual era
necesario esperar a que la entidad procediera a la aplicación del método de
priorización que solo tiene lugar anualmente.

79. En escrito dirigido al Juzgado el 24 de junio de 2023, la UARIV solicitó
inaplicar la decisión contenida en el auto de 20 de junio de 2023, para lo cual expuso
lo siguiente:

“[…] Señor Juez, sobre la imposibilidad por parte de la Unidad en cuanto a
indicar una fecha de pago de la Indemnización, toda vez que, que se
encuentra en una condición excepcional que valide su incumplimiento
material. Lo anterior teniendo que, como lo señala el marco normativo, la
entrega de las medidas de reparación, atención y asistencia, deben cumplir
los principios de progresividad, gradualidad, y sostenibilidad fiscal, por cuanto
no es viable jurídicamente, ni materialmente indemnizar a todas las víctimas
al mismo tiempo.

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Por eso, el Método Técnico de Priorización es la herramienta que determina
el orden de pago de las personas, que no se enmarcan en las situaciones del
artículo 4° de la resolución 1049 de 2019, pero que según la evaluación de
otros factores si es necesario apremiar el pago de la Indemnización
Administrativa. Es decir, la Unidad depende de un presupuesto anual, que se
distribuye en las personas que sean priorizadas por el artículo 4° de la
resolución 1049 y las que salgan favorables luego de la aplicación del método
técnico de priorización; luego, no hay manera de saber la cantidad de víctimas
que serán priorizadas para pago, por ende, no se puede asignar una fecha de
pago cuando no es seguro si financieramente la Unidad pueda asumir dicho
pago […]”.

[…]

“[…] Por lo cual, al encontrarnos ante situaciones como la de VICTOR
ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA, en donde, sin desconocer su calidad de
persona víctima del conflicto armado, no presenta ninguna situación de
vulnerabilidad o urgencia manifiesta, resulta absolutamente lógico dar
prelación a otras personas que sí presenten circunstancias de priorización
[…]”. (Resaltado del texto original)

80. La petición fue reiterada en escrito de 28 de julio de 2023, en los siguientes
términos:

“[…] para el caso en virtud del procedimiento establecido en la Resolución
1049 de 2019 se emitió la Resolución Nº. 04102019-510400 - del 13 de
marzo de 2020 en la que se le decidió en favor del accionante (i) reconocer
la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante
desplazamiento forzado y (ii) aplicar el “Método Técnico de Priorización” con
el fin de determinar el orden de la entrega de la indemnización49, teniendo en
cuenta que el accionante no acreditó alguna situación de urgencia manifiesta
o de extrema vulnerabilidad de las previstas en el artículo 4 de la Resolución
No. 01049 del 15 de marzo de 2019, y primero de la Resolución 582 de 2021
(Edad de 68 años, o enfermedad huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto
costo o discapacidad), por lo que el orden de otorgamiento o pago de la
indemnización estará sujeto al resultado de la aplicación del Método Técnico
de Priorización, por lo que fue informado que se aplicará nuevamente el
Método Técnico de Priorización en el mes de septiembre de 2023 […]”.
(Resaltado del texto original)

81. Mediante memorial de 15 de enero de 2024, la UARIV solicitó nuevamente al
Juzgado la inaplicación de la sanción impuesta, al considerar que:

“[…] c) Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019, a la Unidad para
la Víctimas le es imposible otorgar una fecha de pago. Pues, en el caso
particular de VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA el resultado de la

49 El Método Técnico de Priorización es un proceso técnico que atendiendo a la información de variables

demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño, y de avance en el proceso de reparación integral
de las víctimas, determina el orden para el desembolso de la medida de indemnización administrativa de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal anual asignada a la Unidad para las Víctimas.

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aplicación del Método sí bien permitió determinar un orden, éste no se ubicó
dentro del universo de víctimas que accederán a la indemnización
administrativa conforme la disponibilidad presupuestal asignada a la Entidad
para los años 2021, 2022 y 2023.

d) Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de VICTOR ALFONSO
RODRIGUEZ RIVERA, no es posible realizar el desembolso de la medida de
indemnización en la vigencia 2023, la Unidad procederá a aplicarle el
Método en la vigencia del año 2024, con el fin de determinar la priorización
para el desembolso de su indemnización administrativa. Es importante
indicarle que, en ningún caso, el resultado obtenido en una vigencia será
acumulado para el siguiente año.

e) Finalmente, se le preciso (sic) al accionante a través de misiva con radicado
2024-0004298-1 del 15 de enero de (sic), que si VICTOR ALFONSO
RODRIGUEZ RIVERA llegase a contar con una de las situaciones de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en el artículo 4 de la
Resolución 1049 de 2019 o primero de la Resolución 582 de 2021, el actor
podría adjuntar en cualquier tiempo, la certificación y los soportes necesarios
para priorizar la entrega de la medida, al correo
documentacion@unidadvictimas.gov.co. Como también se le adjunto (sic) el
Oficio de no favorabilidad del 22 de diciembre de 2023, que desarrollo (sic)
el puntaje obtenido por el accionante en la aplicación del MTP […]”.
(Resaltado del texto original)

82. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la UARIV explicó
detenidamente las medidas que adoptó para darle cumplimiento a la sentencia de
tutela y el método que dispuso esa entidad, en cumplimiento a lo ordenado por la
Corte Constitucional, para asignar los turnos de pago. En relación con la fecha
exacta de pago, que las autoridades judiciales accionadas le reprocharon a lo largo
del trámite incidental, la entidad expuso que la misma se obtendría a partir de la
aplicación del método de priorización, el cual corresponde a un proceso técnico que
determina los criterios para proceder al desembolso, proceso que se aplica de
manera global y anualmente a todas las víctimas.

83. En efecto, tal como lo advirtió la UARIV en sus escritos de solicitud de
levantamiento de la sanción, la entidad procedió a aplicar el método de priorización,
previsto en la Resolución 01049 de 2009, al señor Víctor Alfonso Rodríguez Rivera,
resultado del cual no fue posible realizar el desembolso de la medida de
indemnización, por falta de disponibilidad presupuestal. No obstante, en el mismo
comunicado se indicó que la Unidad procederá a aplicarle el método cada año hasta
que de acuerdo con el resultado, sea priorizado para el desembolso de su
indemnización administrativa.

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84. En ese orden de ideas, para la Sala, una apreciación de las pruebas
aportadas al trámite incidental, de cara a la situación de la entidad, hubiese
permitido arribar a la conclusión de que, en el caso particular, no se configuró el
elemento subjetivo de la responsabilidad para la imposición de la multa por desacato
a la actora, toda vez que aunque la UARIV no pudo señalar una fecha exacta para
el desembolso de la indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en
acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho que le asiste al
señor Víctor Alfonso Rodríguez Rivera, sino a la complejidad del trámite que aquí
se ha expuesto.

85. En ese orden, es indiscutible que la situación del señor Víctor Alfonso
Rodríguez Rivera había sido suficientemente contextualizada y detallada a lo largo
del proceso, a través de sendos escritos de oposición al trámite incidental y de
solicitud de levantamiento de la sanción, que fueron presentados por la UARIV una
y otra vez, de manera que tal evidencia no puede ser desconocida en perjuicio de
los derechos fundamentales de la actora.

86. En consecuencia, contrario a las conclusiones a las que arribaron las
autoridades judiciales accionadas, lo que se evidencia es una actividad constante
de parte de la UARIV de lograr persuadir al juez de tutela de abstenerse de aplicar
una sanción y valorar las gestiones adelantadas para descartar la hipótesis de un
incumplimiento deliberado de la sentencia.

87. En consecuencia, contrario a las conclusiones a las que arribó el juzgado, lo
que se evidencia es una actividad constante de parte de la UARIV de lograr
persuadir al juez de tutela de abstenerse de aplicar una sanción y valorar las
gestiones adelantadas para descartar la hipótesis de un incumplimiento deliberado
de la sentencia de tutela, por lo que dicha autoridad judicial accionada incurrió en
un defecto fáctico.

Análisis de la posible configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial

88. La actora en su escrito de tutela señaló que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

precedente judicial, toda vez que su decisión se apartó de lo establecido en la
sentencia SU-034 de 201850 que, a su juicio, le era aplicable al caso bajo estudio,
toda vez que, “[…] señala expresamente las reglas jurisprudenciales, para que los
jueces de tutela de primera instancia, module el cumplimiento del fallo, en especial
los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa […]”.

89. Al respecto, De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que para la
aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la
procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que
esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y,
iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente51.

Sentencia de SU-034 de 201852

90. La Corte Constitucional revisó la acción de tutela que presentó Paula Gaviria
Betancur, en calidad de Directora General de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contra el Juzgado Civil del Circuito
de Los Patios (Norte de Santander) y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, al considerar que sus derechos fundamentales habían sido
vulnerados con las decisiones de negar el levantamiento de unas sanciones que le
habían sido impuestas durante el trámite de unos incidentes de desacato.

91. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional amparó los derechos
fundamentales a la libertad y al debido proceso de la actora, al considerar que las
autoridades judiciales accionadas habían desconocido la finalidad del incidente de
desacato, a saber, conminar al obligado a cumplir la orden de tutela y no castigar
con una sanción:

“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de
vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si
bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición
de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es

50 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
51 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
52 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.

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lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada53; de
suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí
misma54, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención
cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella,
la reivindicación de los derechos quebrantados55.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se
persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de
la sanción:

“[L]a imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha
desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar
la sentencia.

“En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por
desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar
ser sancionado acatando.” […]”. (Subraya del texto original)

92. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la Corte Constitucional
ha considerado que la finalidad o propósito del incidente de desacato no es
sancionar a quien incumple la sentencia de tutela, sino el cumplimiento mismo de la
orden que el juez constitucional dispuso para el caso concreto.

93. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del incidente de
desacato no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe
considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva
sentencia. Por tanto, pese a que el incidente de desacato puede concluir con la
imposición de una sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en
alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de amparo.

94. Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de 2003,
indicó:

“[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede implicar que al
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha

53 Cita del texto original: “Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio

González Cuervo”.
54 Cita del texto original: “Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.:

Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio
Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo”.
55 Cita del texto original: “Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional

en la sentencia C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz”

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desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá
acatar la sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por
desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá
evitar ser sancionado acatando […]”. (Negrillas de la Sala)

95. La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-512-11, T-010-12,
T-482-13 y SU 034 de 2018. En esta última, la Corte sostuvo:

“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de
vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si
bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición
de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es
lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada56; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de
la sanción en sí misma57, sino que ésta debe entenderse como una forma para
inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida
de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción
impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados58.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se
persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de
la sanción.

(…)

Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones con
argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato
es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito
perseguido por la sanción es conminar al obligado como medio para garantizar
el goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar […]»59. (Negrillas de la Sala)

96. Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de 201560, se
refirió a la finalidad del incidente de desacato en los siguientes términos:

“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada mediante el auto de
11 de julio de 2013, dictado en el expediente núm. 2012-00364, para, en su lugar,
retomar el criterio Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
56 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González Cuervo
57 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas

Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra
Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-
074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo,
58 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-092

de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
59 Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre

de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García González.

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persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr el cumplimiento
efectivo del fallo que ampara los derechos fundamentales, como claramente lo
ha dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ello, por cuanto no
existe razón alguna que justifique mantener una sanción por desacato contra quien
ha sido persuadido por la misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con posterioridad a la
resolución del Grado Jurisdiccional de Consulta […]”. (negrillas se destaca)

97. Así las cosas, cuando se dé cumplimiento íntegro a la orden impartida por
el juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto carece de objeto,
aunque haya culminado el grado jurisdiccional de consulta.

Del levantamiento de la sanción por desacato y la jurisprudencia de la Corte

98. La sentencia de la Corte que la actora invoca como desconocida indicó:

«[…] Ahora bien: allende las providencias traídas a colación por la accionante,
la Sala constata que la jurisprudencia constitucional ha avalado de
manera reiterada la aplicación de criterios e instrumentos de
priorización y el agotamiento del procedimiento previsto por la ley
dentro del esquema para la entrega de la indemnización administrativa
por los hechos sufridos en el contexto del conflicto, con miras a viabilizar
la adecuada reparación integral de las víctimas conforme a los principios de
igualdad, gradualidad y progresividad.

En efecto, a través de múltiples pronunciamientos[61] esta Corte ha reconocido
que la salvaguarda de los derechos de que son titulares las víctimas,
específicamente en su faceta de acceso a la indemnización por vía
administrativa, está vinculada a la obligación estatal de llevar a cabo una
efectiva ejecución de la política de reparación integral, la cual está sujeta a
una regulación que, para avanzar en el sentido de ser plenamente operativa,
incluye, entre otras cosas, la debida identificación y caracterización de las
víctimas –en lo cual ellas toman parte activa–, la incorporación de un enfoque
diferencial en las mecanismos y planes para resarcir los daños, y la apropiada
distribución de los recursos reservados por el Estado para tal fin, atendiendo
al particular estado de vulnerabilidad de los destinatarios de tales medidas.

Inclusive, se ha señalado que la pretermisión de estas reglas –como ocurre
con el creciente recurso a la acción de tutela para obtener una orden de pago
directa e inmediata al margen de los turnos– genera efectos adversos para el
correcto funcionamiento del sistema de reparación, entre los que se cuentan
la afectación del derecho a la igualdad de otras víctimas que aguardan por
ser indemnizadas y el paralelismo de actuaciones que duplica la tarea de las
autoridades encargadas y auspicia el bloqueo institucional[62].

[61] Cons. sentencias T-519 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-410 de 2017, M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado, T-377 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-083 de 2017, M.P.: Alejandro Linares
Cantillo, T-130 de 2016, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-527 de 2017, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado,
T-293 de 2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-197 de 2015, M.P.: Martha Victoria Sáchica Méndez, T-
112 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-908 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-863 de
2014, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-680 de 2014, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-640 de 2014,
M.P.: Mauricio González Cuervo, T-534 de 2014, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[62] Auto 206 de 2017, Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

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Vistas así las cosas, retomando el asunto que nos ocupa, para la Sala es claro
que el precedente a que se ha hecho alusión exigía que el Juez Civil del
Circuito de Los Patios y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta asumieran una postura omnicomprensiva del contexto
–estado de cosas inconstitucional en materia de atención a víctimas de
desplazamiento forzado– y tomaran en consideración los informes
rendidos por la UARIV (incluso aquellos allegados con posterioridad a
la imposición de las sanciones por desacato en cada uno de los
expedientes), para reconocer la imposibilidad de efectuar los pagos en
el escaso plazo concedido en las sentencias, valorar las gestiones
adelantadas por la entidad para satisfacer las órdenes de tutela y
descartar así la hipótesis de un incumplimiento deliberado de los fallos
de tutela que dispusieron el pago de las indemnizaciones administrativas.
(…)
A juicio de la Sala, la conducta desplegada por la entidad con el propósito
de dar cumplimiento a las órdenes de tutela, pone de manifiesto el
prudente acatamiento a las reglas legales y jurisprudenciales que
imponen al Estado la adopción de medidas para garantizar de manera
efectiva los derechos de todas las víctimas del conflicto –así no se
concretara el pago inmediato de la indemnización administrativa–,
habida cuenta de que en ningún momento se cuestionó el derecho que
les asistía a los tres peticionarios a reclamar la medida de reparación a
que se alude, los tiempos inicialmente previstos para su entrega en dos de
los casos no se aprecian desproporcionados atendiendo a la masividad de
solicitudes, y en el otro caso se enfrentaba un obstáculo que la UARIV no
podía sortear de manera autónoma, consistente en la imposibilidad jurídica
de pagar la indemnización sin haber previamente identificado y caracterizado
el hogar del peticionario.
(…)
Es necesario precisar, no obstante, que la alternativa de acción
adoptada por la UARIV (consistente en la asignación de un turno para la
entrega efectiva de la indemnización) está inserta en una estructura
general de cumplimiento, por tratarse de un estado de cosas
inconstitucional, en este caso, en materia de atención a víctimas de
desplazamiento forzado [..]». (Resaltado de la Sala).

99. En la sentencia transcrita, la Corte examinaba si las decisiones de los jueces
constitucionales de denegar el levantamiento de la sanción por desacato a las
órdenes de reconocimiento de indemnización a las víctimas, estuvieron ajustadas
a derecho y concluyó que una lectura ponderada del contexto de la situación no
habría sido indiferente al hecho de que la obligación de reparar integralmente a las
víctimas del conflicto está circunscrita a una regulación con respaldo constitucional
que incluye el agotamiento de un procedimiento y la aplicación de unos criterios de
priorización, así como al respeto por unos principios de rango superior -
especialmente- el derecho a la igualdad de que son titulares todas las personas
que aspiran a acceder a la indemnización administrativa.

100. Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar que el

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín no acogió las
pautas que la jurisprudencia constitucional ha avalado en materia de aplicación de
criterios de priorización y el agotamiento del procedimiento previsto por la ley
dentro del esquema para la entrega de la indemnización administrativa por los
hechos sufridos en el contexto del conflicto armado.

101. Es preciso traer a colación la providencia de 16 de julio de 2020, en la que
esta Sala, en un caso de similares presupuestos, indicó:

“[…] La Sala observa que con la expedición de la Resolución núm. 04102019-
27405 de 25 de julio de 2019, en efecto, la UARIV dio cumplimiento a la orden
contenida en la sentencia de tutela de 19 de octubre de 2018, consistente en
iniciar los trámites necesarios para el reconocimiento de la indemnización
administrativa a favor del actor.

Cabe señalar que la mencionada resolución reconoció el derecho a la medida
de indemnización administrativa solicitada por el accionante, para lo cual
dispuso:

“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer el derecho a la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de HOMICIDIO de
la señora LUDIVIA NARVÁEZ ÁLVAREZ, quien se identificó con cédula de
ciudadanía Nº 57291529, conforme a las razones expuestas en el presente
acto administrativo, a los siguientes beneficiarios:

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar el Método Técnico de Priorización, con
el fin de determinar el orden de asignación de turno para el desembolso de
la medida de indemnización administrativa, de manera proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, de conformidad con
las razones señaladas en el presente acto administrativo, a las siguientes
personas:

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el período de que dispone la Unidad
para las Víctimas para hacer efectivo el pago de la medida en razón al
resultado de la aplicación del Método Técnico de Priorización.

ARTÍCULO CUARTO. La entrega de la medida de indemnización
administrativa queda condicionada a que, en el momento del desembolso,
el estado en el Registro Único de Víctimas sea de inclusión […]”.

De la lectura de la citada resolución se advierte que, además de otorgarle al
actor la medida de indemnización administrativa solicitada, dispuso la
aplicación del método técnico de priorización con el fin de ubicar el orden
de asignación de turno para el desembolso, trámite establecido para el
efecto.

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

Así las cosas, al verificar la sentencia de tutela que se alega desatendida, la
Sala encuentra que en efecto la UARIV dio cumplimiento a la misma al iniciar
los trámites necesarios para el reconocimiento de la indemnización
administrativa del actor.
(…)

En el caso bajo examen, no podía ser de otra manera, por cuanto sabido es
que para el pago de tales indemnizaciones las entidades del estado tienen
procedimientos y turnos que deben observarse, pues de lo contrario se
vulneraría el derecho a la igualdad de aquellas personas que de tiempo atrás
están a la espera de tales desembolsos.

Precisamente, en la resolución a través de la cual se le reconoció al actor la
indemnización en comento fue clara en señalar que el turno para el pago de la
misma se sometería al Método Técnico de Priorización, procedimiento con
el que cuenta la entidad para establecer el turno de los respectivos
desembolsos por dicho concepto.

En efecto, a través de la Resolución núm. 1049 de 15 de marzo de 2019, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otros,
adoptó “el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por
vía administrativa”, para lo cual creó el método técnico de priorización, en aras
de darle un trato prioritario a aquellas víctimas que estén enfrentando una
situación de vulnerabilidad debido a factores como la edad y la discapacidad
que les impide darse su propio sustento, valoración que le corresponde efectuar
a la UARIV, con fundamento en la información que reposa en dicha entidad, al
momento de asignar los turnos para el desembolso de la indemnización. De ahí
que el Despacho Judicial accionado haya exhortado y no ordenado a la entidad
dicho desembolso, en la providencia objeto de tutela, como al parecer lo
entendió el actor […]»63. (Resaltado fuera del texto original).

102. Sumado a lo anterior, en un asunto con similar situación fáctica a la
presente, la Sala64 amparó los derechos fundamentales de los allí actores al no
haberse accedido a la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato en
razón a la imposibilidad jurídica de darse fecha o plazo para el pago de la
indemnización administrativa reconocida.

103. Es por esta razón que la Sala estima que la decisión de no levantar la
sanción impuesta a la actora configuró un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial sobre los criterios de priorización que deben tener en cuenta
los jueces constitucionales en los casos en que se ordena a la UARIV el
reconocimiento y pago de indemnizaciones administrativas.

63
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de julio
de 2020, número único de radicación 20001-23-33-000-2020-00031-01 (AC), CP NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN.
64
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
febrero de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04776-00, CP NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN.

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Actor: María Patricia Tobón Yagarí

104. En ese orden de ideas, la Sala considera que se desconoció la ratio decidendi
establecida en dicha sentencia, puesto que, tal como se expuso previamente, el
caso de la actora se subsume dentro de la regla jurisprudencial que para tal efecto
estableció la Corte Constitucional.

105. En ese sentido, la Sala i) concederá el amparo de los derechos
fundamentales de la actora al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por encontrarse configurados los defectos fáctico y sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial;

ii) se dejará sin efectos los autos de 14 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024
proferidos por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
dentro del incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 050013333036202300112-02 y,

iii) se ordenará a dicho Tribunal que, en el término de diez (10) días, contados a
partir de la notificación de esta sentencia profiera la providencia de reemplazo,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

106. Sin perjuicio de lo anterior, se instará a la UARIV para que continúe
aplicando anualmente el método técnico de priorización con el fin de que se
establezca el turno para el respectivo desembolso de la indemnización
administrativa reconocida al señor Víctor Alfonso Rodríguez Rivera por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm. 04102019-
510400 de 13 de marzo de 2020, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia
de tutela de 29 de mayo de 2023, proferida por la Sala Tercera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, y se logre la reparación integral a las víctimas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Conclusiones de la Sala

107. En suma, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales de
la actora al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por

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encontrarse configurados los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, invocados por María Patricia Tobón Yagarí, los
cuales fueron vulnerados por las autoridades accionadas y, en consecuencia,
DEJAR SIN EFECTOS los autos de 14 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024
proferidos por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
dentro del incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 050013333036202300112-02, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito
de Medellín que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: INSTAR a la Dirección Técnica de Reparaciones de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas –
UARIV para que continúe aplicando anualmente el método técnico de priorización
con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la
indemnización administrativa reconocida al señor Víctor Alfonso Rodríguez Rivera
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm.
04102019-510400 de 13 de marzo de 2020, con el objeto de dar cumplimiento a la
sentencia de tutela de 29 de mayo de 2023, proferida por la Sala Tercera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, y se logre la reparación integral
a las víctimas.

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CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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