RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-07018-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07018-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07018-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por la señora Matilde Rincón Wilches en contra de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-07018-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de febrero de 2025

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación pensión de jubilación
de docente afiliado al FOMAG.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala decide la acción de tutela presentada por Matilde Rincón Wilches contra la
sentencia del 27 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

2. La parte actora, actuado a través de apoderada judicial, pretende la protección
de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social, entre otros.

3. Pidió dejar sin efectos las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E del 27 de septiembre de 2024, que
confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 13 Administrativo

1
Índice 2 del aplicativo SAMAI.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

de Bogotá, de fecha 26 de abril de 2024. Mediante estas decisiones se negaron las
pretensiones de la demanda dentro del proceso con radicado No. 11001 33 35 013
2022 00442 01.

4. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se le ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E proferir una
sentencia de fondo en la que se le ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio a reliquidar la pensión de jubilación al retiro del servicio de la docente,
incluyendo adicionalmente la prima de vacaciones, factor respecto del cual se hicieron
las cotizaciones a la seguridad social.

1.2. Los hechos

5. La señora Matilde Rincón Wilches se vinculó como docente al magisterio oficial
desde el 24 de agosto de 1987 hasta el 31 de diciembre de 2021, una vez cumplidos
los requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989, solicitó el reconocimiento de la
pensión de jubilación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
FOMAG. Esta prestación fue reconocida, a través de la Resolución 12130 del 4 de
diciembre de 2018, a partir del 25 de febrero de 2018, en la que se ordenó incluir como
factores salariales: asignación básica, sobresueldo, prima especial, bonificación
decreto, prima de vacaciones y prima de navidad.

6. Con ocasión del retiro definitivo del servicio docente a partir del 31 de diciembre
de 2021, la actora reclamó al FOMAG la reliquidación de la pensión de jubilación por
retiro del servicio, petición decidida mediante la Resolución 3718 del 19 de abril de
2022, que ordenó el reajuste de la prestación incluyendo los factores salariales de
asignación básica, sobresueldo, bonificación mensual y bonificación pedagógica,
omitiendo la inclusión de la prima de vacaciones, respecto de la cual se realizaron los
aportes correspondientes en el año anterior a la fecha del retiro del servicio.

7. La actora radicó solicitud ante el FOMAG tendiente a obtener el reconocimiento
de la prima de vacaciones como factor en la reliquidación de la pensión de jubilación,
petición decidida en forma negativa mediante la Resolución 9330 del 30 de agosto de
2022, quedando agotada la vía administrativa.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

8. En contra de esta decisión, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho tendiente a obtener la nulidad del acto administrativo mencionado, y, en
consecuencia, se ordene la reliquidación de la pensión de jubilación, teniendo en
cuenta, además de los factores ya reconocidos, la prima de vacaciones devengada
durante el año inmediatamente anterior al retiro del servicio.

9. La demanda correspondió al Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, quien, mediante providencia del 26 de abril de 2024, negó las pretensiones de
la demanda. En contra de esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación,
decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E a través de la sentencia del 26 de abril de 2024, al considerar que no
hay lugar a ordenar el pago de los aportes a pensión sobre los factores que no se
encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3 de la Ley 33 de
1985.

1.3. Sustento de la vulneración

10. Afirmó que, la parte actora tiene derecho a que se le incluya dentro de la
reliquidación de la pensión de jubilación, la prima de vacaciones devengada durante
el último año previo al retiro del servicio, al haberse realizado los correspondientes
aportes a la seguridad social, lo anterior, previo a la entrada en vigencia de la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, providencia que ordenó
liquidar la prestación de los docentes vinculados al magisterio con la inclusión de los
factores salariales cotizados.

11. Señaló que no se está pretendiendo reabrir una tercera instancia, por el
contrario, se solicita se le garanticen los derechos fundamentales, al incurrir en un vicio
de validez con relación a la aplicación de la norma pertinente. Así mismo, se vulnera
el debido proceso, teniendo en cuenta que la entidad judicial aplica de manera errada
el precedente judicial del Consejo de Estado, tomando una decisión que no es
razonable, esto es, no se tienen en cuenta los factores sobre los cuales se realizaron
las correspondientes cotizaciones para efectos de la reliquidación de la pensión de
jubilación.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

12. Se desconoce el derecho al mínimo vital, en el entendido que, al no proferir la
sentencia conforme a derecho, le ha generado inconvenientes de tipo económico,
emocionales y familiares que han desmejorado la calidad de vida, al no ajustarse la
mesada pensional debidamente.

13. Alude la violación al Acto Legislativo 01 de 2005, en el que se estableció que
las mesadas pensionales serán liquidadas con los factores sobre los cuales se
realizaron las correspondientes cotizaciones, en el entendido que la entidad realizó
descuentos para la seguridad social respecto de la asignación básica, bonificación
mensual, bonificación pedagógica y la prima de vacaciones; sin embargo, en vía
administrativa y judicial, no se está dando aplicación a esta norma.

1.4. Trámite de la acción

18. La presente acción de tutela fue admitida por medio de auto del 31 de enero de
20252 a través del cual se ordenó su notificación a las autoridades judiciales
accionadas y a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al haber actuado como demandados en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.5. Intervenciones

19. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá3 señaló que conoció
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001 33 35
013 2022 00442 00, y mediante sentencia de primera instancia, negó las pretensiones
de la demanda. Sostuvo que esta decisión judicial se encuentra ajustada a derecho,
está regida por los principios de objetividad, imparcialidad e independencia del juez, y
quedaron expuestos los fundamentos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales en que se
fundamentó.

2
Índice 11 de Samai.
3
Índice 17 de Samai

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E4 consideró que en el presente asunto no se configura causal de procedencia, ni se
presentan los defectos alegados, motivo por el cual solicitó se declare improcedente
la petición de amparo o se desestimen las pretensiones. Señaló que, mediante
sentencia del 27 de septiembre de 2024, se confirmó la decisión de primera instancia,
al considerar que el régimen aplicable al caso es el establecido en la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado, en cuanto solo se podía
incluir los factores salariales taxativamente previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985 que modificó la Ley 33 de 1985, dentro de los que no se relaciona la prima de
vacaciones que reclama.

21. Afirmó que se pretende es revivir el debate jurídico para que se reliquide la pensión
de la actora con la totalidad de los factores devengados en el último año de servicio,
en especial, lo que corresponde a la prima de vacaciones sobre la cual se efectuó
cotizaciones, pese a que esta situación fue analizada por esta jurisdicción en las
sentencias de primera y segunda instancia. No acredita la ocurrencia de un perjuicio
irremediable caracterizado por ser actual, grave, inminente e impostergable que no
esté obligado a soportar, por existir una norma especial aplicable al personal docente
vinculado antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 que debe ser analizada y aplicada
en consonancia con la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual resulta
de obligatorio cumplimiento.

22. Reiteró que la sentencia de unificación aplicable a la situación de la actora en su
condición de docente vinculada antes de la Ley 812 de 2003, es la proferida el 25 de
abril de 2019, la cual establece que el reajuste de las pensiones de jubilación debe
hacerse con los factores que se encuentren taxativamente previstos en las Leyes 33 y
62 de 1985, sobre los cuales se hubiere efectuado aportes, y al no encontrarse la prima
de vacaciones prevista en dichas disposiciones, no procedía su inclusión para
determinar el IBL.

23. La Fiduprevisora S.A.5, como vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, FOMAG, por intermedio de la directora de Gestión Judicial Aidee

4
Índice 20 de Samai
5
Índice 18 y 19 de Samai.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

Johanna Galindo Acero, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y
desvincularla del trámite del presente mecanismo, por no estar legitimados en la causa
por pasiva. Señaló que las autoridades judiciales que conocieron del proceso actuaron
conforme a la normatividad establecida, sin que hayan desconocidos los precedentes
judiciales relacionados con el objeto de la demanda. No se presentó transgresión
contra las garantías fundamentales, teniendo en cuenta que las actuaciones judiciales
fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos legales, lo que
evidencia la legalidad de ésta.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

20. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Matilde Rincón Wilches contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

21. Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, la Sala aclara que solo realizará el
análisis de la sentencia del 27 de septiembre de 2024, adoptada en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al
ser la autoridad que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado en procura de obtener la reliquidación de la pensión de la señora Matilde
Rincón Wilches, en tanto que confirmó el fallo de primer grado del 26 de abril de 2024,
expedido por el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Bogotá.

2.3. Problema jurídico

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

22. La Sala analizará si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar «por vía de
excepción» los cuestionamientos que plantea la accionante contra la sentencia del 27
de septiembre de 2024, que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 11001 33 35 013 2022 00442 01, a través
de la cual confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado 13 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, con fecha 26 de abril de 2024, que negó la reliquidación
de la pensión de jubilación, con la inclusión de la prima de vacaciones.

23. En caso afirmativo, se estudiará si con la adopción de la referida providencia se
vulneraron los derechos fundamentales de la actora al debido proceso, a la igualdad,
al mínimo vital y a la seguridad social, por incurrir en defecto sustantivo y en
desconocimiento del precedente judicial.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

24. La jurisprudencia constitucional6 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de
20057, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

25. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que

6
Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003,
T-200 de 2004, T-774 de 2004.
7
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

26. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

27. El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 20128, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe realizar el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.

2.3.1 Criterios para determinar la existencia del desconocimiento de precedente
jurisprudencial

28. En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal cuando la autoridad

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado
11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente9, vale decir, desconoce aquella
sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en
las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que
sirve también para solucionar el nuevo caso.

29. De la misma forma, la jurisprudencia constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes (horizontal y vertical), según la autoridad que profiera la providencia
previa, las cuales determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender
el juez o magistrado a la hora de proferir su fallo. Con relación al precedente vertical
aplicable para este caso, está determinado por la Corte Suprema de Justicia o el
Consejo de Estado, por ser órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción
dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional10. Sin embargo, cuando el
contenido de las decisiones es de naturaleza unificadora, los jueces resultan obligados
por estas o por sus propias sentencias y están forzados a aplicarlas, en aquellos
eventos en donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, en cuanto no es obligatorio aplicar el precedente cuando se presentan
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

30. Conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el desconocimiento del
precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su
respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud del respeto a
los principios al debido proceso, igualdad y buena fe11.

2.3.2. Defecto sustantivo

31. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda el marzo constitucional y legal, al apoyarse en una norma
inaplicable al caso concreto12. También determinó las situaciones en las cuales se
presenta, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; ii)
a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso

9
Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T- 087 de 2007, T-436 de
2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
10
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
11
Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C- 634 de 2011, entre otras.
12
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra
evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente
errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma
aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v)
no se efectúa una interpretación sistemática de la norma y, vi) se desconoce la norma
constitucional o legal aplicable al caso.

34. Así las cosas, la interpretación en la que se funda una decisión judicial en sí misma,
configura este defecto, en la medida en que debe ser considerada irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa; y debe ser de tal gravedad e importancia,
que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos
procesales13.

2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto.

35. Sea lo primero advertir, que los requisitos generales de procedencia están
cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto:

i) Goza de relevancia constitucional, en tanto el debate planteado gira en torno a
la presunta vulneración los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
al mínimo vital y a la seguridad social.
ii) Se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por pasiva y por activa,
debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el proceso
ordinario y, por el otro, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, profirió la decisión
que se cuestiona en el escrito de amparo.
iii) Cumple con el requisito de subsidiariedad porque se censura la providencia que
confirma la decisión de primera instancia, a través de la cual, negó la reliquidación de
la pensión de jubilación dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001 33 35 013 2022 00442 01, por lo que la demandante no cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial.
iv) La solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses establecidos
como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional, ya que

13
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

la decisión objeto de reproche constitucional data del 27 de septiembre de 2024 y la
presente acción de tutela se radicó en la secretaría general el 19 de diciembre de 2024,
por lo que se cumple el requisito de inmediatez.
v) Los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y respecto
de los cuales se alega vulneración.
vi) La acción no es contra un fallo de la misma naturaleza, sino la proferida dentro
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

36. Definido lo anterior, la actora somete a estudio lo decidido en sede ordinaria, al
considerar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
al mínimo vital y a la seguridad social.

37. En la sentencia objeto de reproche, confirmó la decisión de negar las pretensiones
adoptada en primera instancia, teniendo en cuenta que la señora Matilde Rincón
Wilches no tiene derecho al reajuste de la pensión de jubilación con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el último año, en especial, lo
correspondiente a la prima de vacaciones, como quiera que la prestación se reconoció
con el 75% de los emolumentos previstos únicamente en las Leyes 33 y 62 de 1985,
y sobre los cuales efectuó cotizaciones de conformidad con las reglas fijadas en la
sentencia de unificación de 25 de abril de 201914. Encontró que la actora laboró para
la docencia oficial con la Secretaría de Educación Distrital desde el 28 de agosto de
1987 al 30 de diciembre de 2021, por lo que tenía derecho a que le aplicaran las
disposiciones contenidas en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, ya que a la fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se encontraba vinculada a la docencia.

38. Consideró que, aunque se pretendía la inclusión de la prima de vacaciones no
tenida en cuenta al momento de la reliquidación de la prestación, se debía aplicar la
regla dispuesta en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ 014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado. Por lo anterior, advirtió que la
pensión fue reconocida y liquidada en debida forma, al incluir la asignación básica
sobre el cual realizó cotizaciones, el sobresueldo y las bonificaciones pedagógica y

14
Índice 9 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca registrado en Samai.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

mensual, que si bien, no están previstas de manera taxativa en la norma, tienen
naturaleza salarial para efectos pensionales, conforme a lo dispuesto en el Decreto
317 de 2020, 198 de 2020 y 2354 de 2018.

39. En tal sentido, la Sala considera que lo resuelto en la sentencia controvertida en la
presente acción de tutela, no constituye una transgresión de sus garantías
fundamentales o del ordenamiento jurídico, en la medida en que en ella se analizó que
la pensión de jubilación no podía reajustarse incluyendo la prima de vacaciones como
factor salarial devengado en el último año de servicios por la actora, en atención a lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, según el cual, el
ingreso base de liquidación para tasar la prestación pensional de los docentes que
ingresaron al servicio oficial antes de la vigencia de la Ley 812 de 2013, como sucede
en el presente caso, se rige por lo previsto en las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, que
no contemplan dicho emolumento para el cálculo de la pensión o su correspondiente
reliquidación.

40. Opuesto a lo señalado por la actora, no se advierte que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca haya incurrido en un defecto sustantivo ni en violación directa de la
Constitución, por el contrario, con fundamento en la normatividad y el precedente
judicial vinculante y obligatorio de la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019, resolvió la apelación. Se insiste, el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica que realiza el juez natural del proceso, por lo que no le está permitido
cuestionar las decisiones adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, siempre
que no sea evidente la vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en este
caso no se encontró probado.

2.5. Conclusión

41. Con los anteriores argumentos, la Sala considera que, el fallo proferido por el
Tribunal no comporta la configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente vertical o uno sustantivo, en los términos referidos en el líbelo, pues el juez
colegiado analizó la normatividad aplicable al caso y con fundamento en ellas confirmó
la no prosperidad de las pretensiones. Así las cosas, la Sala negará el amparo de los

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2024 07018 00
Demandantes: Matilde Rincón Wilches

derechos fundamentales invocados por la señora Matilde Rincón Wilches, en la
solicitud de tutela presentada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por la señora Matilde Rincón Wilches en
contra de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

SEGUNDO: En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
JC

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.