RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-07018-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07018-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07018-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la señora Matilde Rincón Wilches, por los motivos expuestos en esta decisión. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 27 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-35-013-2022- 00442-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión. TERCERO: ORDENAR a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte (20) días hábiles 41 Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010 criterio reiterado en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004 y SU-063deE 2023. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01 Accionante: Matilde Rincón Wilches Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-07018-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reliquidación de la pensión de jubilación.
Subtema 3: defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por Matilde Rincón Wilches en contra de la sentencia del 27
de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Matilde Rincón Wilches presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias
del 16 de abril de 2024 y del 27 de septiembre de 2024, proferidas por el Juzgado
Trece Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 11001-33-35-013-2022-00442-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. La señora Matilde Rincón Wilches se vinculó al servicio oficial docente desde el 24
de agosto de 1987 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

3.
El Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio1 (FOMAG), mediante Resolución
núm. 12130 del 4 de diciembre de 2018, reconoció una pensión de jubilación a favor
de la señora Matilde Rincón Wilches, con la inclusión de los siguientes factores de
salario: asignación básica, sobresueldo, prima especial, bonificación, prima de navidad
y prima de vacaciones, efectiva a partir del 25 de febrero de 2018.
4. La tutelante solicitó al FOMAG la reliquidación de su pensión de jubilación, con
ocasión del retiro definitivo del servicio. Por lo anterior, la entidad, a través de la
Resolución núm. 3718 del 19 de abril de 2022, dispuso reajustar la prestación de la
accionante con base en los siguientes emolumentos: asignación básica, sobresueldo,
bonificación mensual y bonificación pedagógica, sin incluir la prima de vacaciones.
5.
La señora Rincón Wilches, con escrito del 15 de agosto de 2022, le pidió al FOMAG
la reliquidación de la pensión de jubilación para que se incluyeran todos los factores
devengados en el año anterior al retiro del servicio. Dicha entidad, a través de la
Resolución núm. 9330 del 30 de agosto de 2022, negó el requerimiento de la
accionante.
6. Matilde Rincón Wilches presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG y la
Secretaría de Educación de Bogotá y la Fiduprevisora S.A., con el fin de que se dejara
sin efecto la Resolución núm. 9330 del 30 de agosto de 2022 y, en su lugar, se
ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación tomando para el efecto los factores
salariales devengados por la docente, especialmente la prima de vacaciones y los
demás sobre los cuales se hubiesen realizado cotizaciones.
7. El Juzgado Trece Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 26 de abril de
2024, negó las pretensiones de la demanda. La demandante interpuso recurso de
apelación en contra de dicha decisión.
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, a
través de providencia del 27 de septiembre de 2024, confirmó el fallo del juzgado, al
considerar que la regla fijada en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
25 de abril de 2019, para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación, establece que los factores que deben tenerse en cuenta son solo aquellos
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1
de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo. En consecuencia, concluyó que la prima de
vacaciones pretendida por la demandante no constituía base de liquidación.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de
la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias emitidas
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “E”, en la providencia de fecha 27 de septiembre de 2024 que

1
En adelante FOMAG.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07018-00, índice 2, certificado núm. ABD0D4DCB3569867 01D459204F4D4DF4
5741B8F6E312C35D 0B5A57C41FD55FF1.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

CONFIRMO la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO TRECE (13)
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN
SEGUNDA de fecha 26 de abril de 2024 mediante la cual se Negaron las súplicas de
la demanda, dentro del proceso con radicado No. 11001333501320220044201.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E” a proferir sentencia de
fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a reliquidar la pensión jubilación al retiro del servicio de la docente,
incluyendo además de los factores reconocidos, adicionalmente se debe
reconocer la PRIMA DE VACACIONES, factor sobre el cual se hicieron
cotizaciones a seguridad social3.

10.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
sentencias del 26 de abril de 2024 y del 27 de septiembre de 2024, proferidas por el
Juzgado Trece Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo porque efectuaron
una indebida interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005, así como del artículo 45
del Decreto 1045 de 1978 y la Ley 62 de 1985, al desestimar la inclusión de la prima
de vacaciones en la liquidación de la pensión de jubilación de la accionante.
11. De esta manera, explicó que las autoridades judiciales accionadas realizaron una
interpretación restrictiva de las normas referidas sin tener en cuenta otros
emolumentos devengados por la accionante que sirvieron de base para calcular los
aportes, como la prima de vacaciones.
12. Asimismo, manifestó que no tuvieron en cuenta que la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril
de 2019 indicó que las pensiones de jubilación reconocidas por el FOMAG para los
docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por remisión de la Ley 91 de 1989,
se debían liquidar con un ingreso base de liquidación calculado conforme a las leyes
33 y 62 de 1985, en cuyo contenido se indican que los factores salariales a tener en
cuenta para liquidar las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
serían aquellos emolumentos que sirvieron de base para calcular los aportes.
13. Adicionalmente, refirió que las decisiones acusadas desconocieron el precedente
jurisprudencial, pues la Corte Constitucional, en las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015 y SU-395 de 2017, precisó que, en aras de garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, todas las pensiones, independientemente del
régimen que les fuera aplicable, debían liquidarse conforme a los factores salariales
frente a los que se hubieran realizado los aportes al sistema.
14. Agregó que las autoridades judiciales accionadas, al expedir la sentencia objeto
de tutela, tampoco tuvieron en cuenta los lineamientos jurisprudenciales del Consejo
de Estado4 relacionados con la forma de determinar el IBL pensional y la inclusión de
los factores sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes.

3
Se transcribe incluso con errores.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado núm. 19001-23-31-000-2011-00144-01,
sentencia del 4 de abril de 2019, expediente núm. 76001-23-31-000-2011-001418-01, sentencia del 20 de febrero de 2019,
radicado núm. 25000-23-42-000-2013-002705-01 y sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado núm. 52001-23-33-000-2012-
00143-01 (IJ).

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

2.3. Trámite procesal
15. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante auto del 31 de
enero de 20255, admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación al Juzgado Trece
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, y dispuso comunicar el escrito de tutela a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional y el FOMAG, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones
16. El Juzgado Trece Administrativo de Bogotá 6 manifestó que la sentencia del 26
de abril de 2024 fue proferida conforme a derecho, toda vez que en su contenido se
expusieron de forma razonada los presupuestos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales
que fundamentaron la decisión de negar las pretensiones de la demanda. Esto, bajo
los principios de objetividad, imparcialidad e independencia del juez. Por lo anterior,
consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la tutelante.
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E7 solicitó que se declare improcedente la tutela, en razón a que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, pues la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como una oportunidad procesal adicional para revivir el
debate jurídico respecto a la reliquidación de su pensión de jubilación con la totalidad
de factores devengados en el último año de servicios, en especial con la prima de
vacaciones pese a que tal situación ha sido analizada en las sentencias de primera y
segunda instancia dentro del proceso ordinario.
18. Asimismo, informó que, en la providencia acusada, se explicó que la sentencia de
unificación aplicable a la situación de la accionante en su condición de docente
vinculada antes de la Ley 812 de 2003 es la de 25 de abril de 2019, la cual establece
claramente como regla que el reajuste de las pensiones de jubilación debe hacerse
con los factores que se encuentren taxativamente previstos en las Leyes 33 y 62 de
1985 sobre los cuales se hubieren efectuado aportes. Así las cosas, la prima de
vacaciones no se encuentra previstas en las disposiciones en cita y por eso no
procedía su inclusión para determinar el IBL.
19. De otra parte, mencionó que la tutelante no acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que no esté obligado a soportar y permita la procedencia de la tutela de
manera excepcional.
20. La Fiduprevisora S.A.,8 solicitó que se declare improcedente la tutela porque no
se configuran los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción
constitucional en contra de sentencias. Además, indicó que carece de legitimación en
la causa, toda vez que los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo están
dirigidas a cuestionar unas providencias proferidas por autoridades judiciales, respecto

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07018-00, índice 11, certificado núm.
B8C6988CD2AC50AC 6D6E7009898139B8 CA8138959E8E763B 142E4972360B72E9.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07018-00, índice 17, certificado núm. 6EA083E25D6681B1 1F4701C9669F42E7
2F26F369FC68DD92 CF82C926676CC92B.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07018-00, índice 20, certificado núm.
5D5C22EF0106224A 73B65ECA0CEC2B3A F585C071336165AE 5ACB424FECA4035A
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07018-00, índice 18, certificado núm. 0147F5A16A822A52 46932F27519B5BC9
6E3D27588BE28C3F 716E7DDD10AE617B.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

de lo cual no tiene injerencia alguna; por lo tanto, pidió su desvinculación del presente
asunto.
21. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia
22. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 27 de febrero de 20259, negó el amparo de tutela, al considerar que la
providencia adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, no incurrió en los defectos alegados
por la accionante.
23.
De esta manera, indicó que el Tribunal interpretó en forma razonable del asunto,
en tanto, concluyó que la pensión de jubilación de la señora Matilde Rincón Wilches
no podía reajustarse incluyendo la prima de vacaciones como factor salarial, en
atención a lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, según
la cual, el ingreso base de liquidación para tasar la prestación pensional de los
docentes que ingresaron al servicio oficial antes de la vigencia de la Ley 812 de 2013,
como sucede en el presente caso, se rige por lo previsto en las Leyes 33 de 1985 y 91
de 1989, en cuyo contenido no se establece dicho emolumento para el cálculo de la
pensión o su correspondiente reliquidación.
24. Así pues, afirmó que la decisión de la autoridad judicial se sustentó en la normativa
y el precedente judicial vinculante y obligatorio, esto es, la sentencia SUJ-014-CE-S2-
2019 del 25 de abril de 2019, sin que se pueda advertir una situación irregular que
constituya una vulneración de los derechos fundamentales invocados por la tutelante.
25. Por último, refirió que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica que
realiza el juez natural del proceso, por lo que no le está permitido cuestionar las
decisiones adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, siempre que no sea
evidente la vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en este caso no se
encontró probado.

2.6. Impugnación
26. La señora Matilde Rincón Wilches presentó impugnación10, en contra de la
sentencia del 27 de febrero de 2025, con el argumento de que el juez de primera
instancia no realizó una adecuada valoración de las irregularidades ocurridas en las
providencias cuestionadas.
27. De este modo, afirmó que el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo Cundinamarca incurrieron en error, al concluir que la pensión de la
demandante estaba bien liquidada y que no debía de incluirse ningún otro factor
salarial devengado, pese a que se demostró que sobre la prima de vacaciones realizo
los aportes a seguridad social, resultando afectad el patrimonio y el mínimo vital la
tutelante.

9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07018-00, índice 25, certificado núm. 4D2DDA65BCFB38EF 50DA68C02A6A6680
051D8CBBD43D8B09 57E345AA00D885B3.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07018-00, índice 29, certificado núm.
7BE31C48D7FFD8C2 D0841B7595FC1E31 D9CD4E0CF67D2ED4 A3563E9ACD64FD2D.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

28. Así pues, insistió en que las autoridades accionadas desconocieron el alcance del
Acto Legislativo 01 de 2005, el cual establece que las pensiones deben liquidarse con
la inclusión de todos los factores sobre los que se hubiere realizado las cotizaciones,
lo cual ha sido reiterado en distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado.
29. En este sentido, precisó que durante su vinculación como docente realizó los
aportes por concepto de seguridad social en pensión sobre el factor denominado
«prima de vacaciones», por lo que este emolumento no podía dejar de incluirse en el
IBL de la prestación de la actora por el hecho de encontrarse incluido taxativamente en
las leyes 33 y 62 de 1985.
30.
Así las cosas, afirmó que las decisiones cuestionadas vulneraron sus derechos
fundamentales porque omitieron ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación
con la inclusión de los factores cotizados al sistema pensional, conforme al principio
de sostenibilidad financiera.
31. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la providencia impugnada
y, en su lugar, se acceda al amparo de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 27 de
febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

3.2. Legitimación en la causa
33. La legitimación en la causa por activa de la señora Matilde Rincón Wilches está
acreditada porque fue la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron
sus derechos fundamentales.
34. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Trece
Administrativo de Bogotá y del Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, debido a que fueron las autoridades que profirieron las
sentencias del 26 de abril y del 27 de septiembre de 2024, objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar
35. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los
argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de
materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

36. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
segunda instancia expedida el 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, toda vez que esta decisión fue la
que puso fin a la actuación judicial (nulidad y restablecimiento del derecho) promovida
por la señora Matilde Rincón Wilches en contra de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, el FOMAG y otros.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional12.
38.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
39. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
40. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad.
41. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
42. Así pues, la Corte Constitucional16 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»18;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

43. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
44. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
45.
Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que
la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, fue notificada el 2 de octubre siguiente19, y la demanda de tutela se
presentó el 19 de diciembre de 202420, esto es, dentro del plazo de seis meses
establecidos por la jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como
razonable.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19
Samai, exp. 11001-33-35-013-2022-00442-01, índice 11.
20
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07018-00, índice 1.
21
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

46. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
era posible que hubiese alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
47. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
48.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico
49. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 27 de febrero de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo
interpuesta por la señora Matilde Rincón Wilches.
50. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E vulneró derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante e incurrió en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, al proferir la
sentencia del 27 de septiembre de 2024, en la cual decidió no incluir la prima de
vacaciones dentro del ingreso base de liquidación de la pensión que le fue reconocida.
51. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii)
el caso concreto.

Generalidades de los defectos invocados
52. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en los
defectos: i) sustantivo y ii) desconocimiento del precedente.

El defecto sustantivo
53. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado23.

23
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

54.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.
55. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]24.

56. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
57. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior).25

El desconocimiento del precedente judicial
58. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas26.

24
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
26 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo, lo
cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene
entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez
cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de
que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario
desconoce el precedente horizontal».

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

59.
Al respecto, la Corte Constitucional27 ha considerado que el precedente se define
como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales28.

60. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia 29.
61. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación
con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»30.
62. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela31.

27 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
28 Se transcribe incluso con errores.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
31 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez enuncie
las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues
“solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

63. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación32.
64. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.

Aspectos generales del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales
conforme la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019.
65. La sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 25 de abril de 201933, definió las reglas para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
66. La referida sentencia precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del

Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos
regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de
jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya
aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Estos
regímenes son:

(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003
que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de los
servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 1985 34, en el
que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de
liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos
aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al
respecto, se indicó lo siguiente:

«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados
en el mencionado artículo».

suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la
igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
32 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
33
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CES2 -2019.
Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
34
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector
Público».

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

67. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados

a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003, fecha de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, de
conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.

✓ Tiempo de servicio: 20 años

✓ Tasa de reemplazo: 75 %.

✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los
factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la
Ley 62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación,
las primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los
dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados
y el trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
68. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de
los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de
liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se
deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas
posteriores.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En
ese orden, el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se
hubiesen realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en
la sentencia de unificación se fijó la siguiente regla:

«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones».

69. En efecto, la sentencia de unificación fue enfática al señalar que el factor
determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación inicial
al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas reglas
tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
jurisprudencia de esta Sección35, de la siguiente manera:
35
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, radicado núm. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de 2024, radicado núm. 25000-23-42-000-2019-

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.

(ii) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 mantienen su régimen pensional, incluso si tienen interrupciones en el
servicio, aspecto que cobra especial relevancia en casos de vinculaciones
mediante contratos de prestación de servicios.

(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional o
por contrato de prestación de servicios).
70.
Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.

La determinación del ingreso base de liquidación.
71. En este punto, es pertinente precisar que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que
modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que los factores que se debían tener en cuenta
para tal efecto son «[la] asignación básica, [los] gastos de representación; [las] primas
de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; [los] dominicales y feriados;
[las] horas extras; [la] bonificación por servicios prestados; y [el] trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». La norma citada
también previó que, «[e]n todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes» [Negrilla fuera de texto].
72. En relación con los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de
la pensión, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado taxativo de los
factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando sobre ellos se hayan
realizado aportes a seguridad social. Asimismo, el contexto de la norma admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido reconocidos
normativamente como factores salariales, y servido de base para las cotizaciones a
seguridad social.
73. Lo anterior atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que en su
primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la segunda,
dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de base para calcular los
aportes a seguridad social.
74. Así pues, se advierte que la norma permite un margen de protección reforzado para

el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando factores adicionales a los
señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como base de cotización por

00655-01 (2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 18 de septiembre de 2020, radicado núm. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicado núm. 54001-23-33-
000-2014-00363-01(2960-2015).

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, toda vez que
debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen los aportes
correspondientes.
75. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones», y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de
agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en la que frente a las reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de
1985, por aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que:36

«La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».

3.6 Caso concreto
76. La señora Matilde Rincón Wilches acudió a la acción de tutela, con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo
vital y a la seguridad social. En consecuencia, solicitó que se deje parcialmente sin
efectos la sentencia del 27 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, y se ordene a la
autoridad accionada expedir una nueva providencia que disponga la reliquidación de
su pensión de jubilación, incluyendo la prima de vacaciones, además de los factores
reconocidos inicialmente, sobre los cuales realizó las cotizaciones al sistema de
seguridad social.
77. Para la parte actora, la providencia cuestionada no efectuó una interpretación
adecuada del Acto Legislativo 01 de 2005, así como del artículo 45 del Decreto 1045
de 1978 y la Ley 62 de 1985, al desestimar la inclusión de la prima de vacaciones en
la liquidación de la pensión por aportes, pese a que respecto de esta prestación se
efectuaron cotizaciones dada su condición de factor de salario.
78. También, refirió que la decisión acusada no tuvo en cuenta que la sentencia de
unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril de 2019 indicó que las pensiones de
jubilación reconocidas a los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por
remisión de la Ley 91 de 1989, se debían liquidar con un ingreso base de liquidación
calculado conforme a la Ley 62 de 1985, conforme los factores referidos en la norma,
lo que implica incluir los demás emolumentos que habían servido de base para calcular
los aportes.
79. Adicionalmente, mencionó que la sentencia objeto de tutela desconoció los
lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en
los cuales se precisó que las pensiones, independientemente del régimen que les fuera
aplicable, debían liquidarse conforme a los factores salariales frente a los que se
hubieran realizado los aportes al sistema.

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado núm. 52001-2333-
000-2012-00143-01.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

80.
Al respecto, la Sala abordará el estudio conjunto de los defectos propuestos por la
parte actora, por cuanto los argumentos planteados en el escrito de tutela están
relacionados con la interpretación normativa y jurisprudencial desarrollada por la
autoridad judicial accionada para determinar el ingreso base de liquidación con el que
se definió el valor de la pensión reconocida a la señora Matilde Rincón Wilches, lo cual,
en criterio de la tutelante no fue debidamente analizado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en la media en que excluyó injustificadamente la «prima de
vacaciones».

3.6.1 Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
81. Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión del a quo, mediante
la cual se negó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de la
señora Matilde Rincón Wilches con la inclusión de la prima de vacaciones. Al respecto,
el Tribunal desarrolló el siguiente análisis:

En el plenario se encuentra probado que la señora Matilde Rincón Wilches laboró para la
docencia oficial con la Secretaría de Educación Distrital desde el 28 de agosto de 1987
hasta el 30 de diciembre de 2021.

En el último año de servicio, esto es, entre el 31 de diciembre de 2020 y el 30 de diciembre
de 2021, la demandante percibió los siguientes factores: sueldo, sobresueldo, prima
especial, bonificación pedagógica, prima de servicios, bonificación mensual, prima de
vacaciones y prima de navidad. De los factores antes relacionados, la demandante
acredita cotizaciones únicamente respecto del sueldo, sobresueldo y la prima de
vacaciones.

Ahora bien, como su vinculación con la docencia oficial es anterior a la Ley 812 de 2003,
el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 91 de 1989, que remite a las Leyes
33 y 62 de 1985.

Entonces, en aplicación de las disposiciones previstas en la Ley 33, el monto de la
prestación corresponde al 75% del promedio de factores sobre los cuales se realizaron
aportes en el año anterior a la adquisición del estatus pensional de aquellos previsto s
taxativamente en las Leyes 33 y 62 de 1985, acogiendo la postura fijada por el Consejo
de Estado en sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 para el ramo docente.

Mediante la Resolución 3718 de 19 de abril de 2022, se incluyó en el ingreso base de
liquidación, la asignación básica, el sobresueldo, la bonificación pedagógica y la
bonificación mensual, dejando de lado la inclusión de la prima especial, la prima de
servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad, estas últimas por cuanto no se
encuentran previstas en la Ley 62 de 1985 y tampoco tienen connotación pensional en
norma especial.

En resumen, se advierte que:

El Fonpremag reconoció Según el certificado de
la prestación con los salarios la demandante
siguientes factores devengó
1. Asignación básica 1. Asignación básica
2. Sobresueldo 2. Sobresueldo
3. Bonificación mensual 3. Prima especial
4. Bonificación 4. Prima de servicios
pedagógica

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

5. Bonificación
pedagógica
6. Bonificación mensual
7. Prima de vacaciones
8. Prima de navidad

Del recuento anterior se advierte que la pensión fue reconocida y liquidada en debida
forma, por cuanto se incluyó (i) la asignación básica sobre el cual se cotizó y está prevista
en la Ley 62 de 1985, (ii) el sobresueldo que según los decretos anuales debe ser tenido
en cuenta en el IBC y (iii) las bonificaciones pedagógica y mensual, las cuales, si bien no
están previstas de manera taxativa en la norma de 1985, si tienen naturaleza salarial para
efectos pensionales como se indica en las normas de creación (Decretos 317 de 2020,
298 de 2020 y 2354 de 2018 Art. 3).

[…]

[...] para efectos de determinar los factores sobre los cuales deben realizarse aportes, la
sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, consideró:

Como se observa del fallo citado, los factores objeto de cotización son los previstos en la
Ley 62 de 1985; norma que en el artículo 1 precisa que el pago de aportes para pensión
debe realizarse con base en los siguientes factores: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio 37.

82. En efecto, el Tribunal accionado, al verificar los factores salariales certificados en
el año anterior al retiro del servicio de la señora Matilde Rincón Wilches, constató que
la demandante percibió los siguientes emolumentos: sueldo, sobresueldo, prima
especial, bonificación pedagógica, prima de servicios, bonificación mensual, prima de
vacaciones y prima de navidad.
83. Asimismo, destacó que, de los factores antes relacionados, la demandante
acreditó «cotizaciones únicamente respecto del sueldo, sobresueldo y la prima de
vacaciones».
84. De esta manera, indicó que el FOMAG al expedir la Resolución núm. 3718 del 19
de abril de 2022, únicamente, incluyó en el ingreso base de liquidación, la asignación
básica, el sobresueldo, la bonificación pedagógica y la bonificación mensual, sin incluir
la prima de vacaciones, por cuanto esta no se contaba prevista en la Ley 62 de 1985
y no tenía un carácter pensional en norma especial.
85. Con relación al sobresueldo, precisó que, según los decretos anuales, debía
tenerse en cuenta para determinar el IBL. En lo que respecta a las bonificaciones
pedagógica y mensual, aclaró que, si bien no están previstas de forma taxativa en la
Ley 62 de 1985, lo cierto es que tienen naturaleza salarial para efectos pensionales,
como se dispuso en las normas de creación, esto es, los Decretos 317 de 2020, 298
de 2020 y 2354 de 2018.
86. Adicionalmente, refirió que no era procedente incluir en la base de liquidación de
la pensión de jubilación de la demandante la prima de vacaciones, toda vez que, no se

37
Se transcribe incluso con errores.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

encuentra enlistada en la Ley 62 de 1985, que modificó el artículo 3 de la Ley 33 de
1985.
87. A partir de lo anterior, concluyó que la pensión de la accionante fue liquidada en
debida forma, es decir, que se ajustó a los criterios definidos en el Acto Legislativo 01
de 2005 y la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado.

3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la actora
88. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en los defectos expuestos por la accionante en el escrito de tutela, la Sala debe
precisar que al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se aportó la
Resolución núm. 12130 de 4 de diciembre de 2018, en la que consta que la señora
Matilde Rincón Wilches adquirió el estatus, el 25 de febrero de 2018 cuando cumplió
los 55 años y «los factores salariales que sirvieron de base para la liquidación» de la
pensión de jubilación reconocida a la demandante fueron los siguientes: (i) asignación
básica; (ii) sobresueldo; (iii) prima especial; (iv) bonificación decreto; (v) prima de
vacaciones, y (iv) prima de navidad.
89.También, se acreditó que, el FOMAG, a través de la Resolución núm. 3718 del 19
de abril de 2022, reliquidó la pensión de la accionante con base en los siguientes
emolumentos: (i) asignación básica, (ii) sobresueldo, (iii) bonificación mensual y (iv)
bonificación pedagógica, excluyendo la prima de vacaciones, por cuanto no se
encontraba enlistada dentro del artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

90.
Adicionalmente, se allegó al proceso ordinario certificación expedida por la
Secretaría de Educación de Bogotá, en la que consta que la accionante devengó los
siguientes factores: (i) asignación básica; (ii) sobresueldo; (iii) prima especial; (iv) prima
de servicios; (v) bonificación pedagógica; (vi) bonificación mensual; (vii) prima de
vacaciones y (ix) prima de navidad.

91.En ese sentido, y de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, estos
son los factores que, a primera vista, debían ser considerados para definir el ingreso
base de liquidación (IBL) de la pensión de jubilación reconocida a la tutelante.

92. Respecto a la prima de vacaciones para los educadores estatales, la Sala destaca
que se trata de un factor creado mediante el Decreto 1381 de 199738, en cuyo artículo
1 se estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 1º. Créase la prima de vacaciones para los docentes de los Servicios
Educativos Estatales, en una proporción del 40% del salario mensual para el año de
1997 y del 50% a partir del año 1998.

93. A su vez, el artículo 6 del referido decreto indicó que: «Los aspectos generales

38
«Por medio del cual se establece la prima de vacaciones para los docentes de los servicios públicos Educativos Estatales»

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

referidos a esta prestación, no contemplados en este decreto y que no le sean
contemplados, se regirán por lo establecido en el Decreto-ley 1045 de 1978 y por las
normas que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan».
94. En este orden, se advierte que la prima de vacaciones a favor de los docentes
oficiales, por disposición expresa del artículo 6 del Decreto 1381 de 1997, se rige por
el Decreto Ley 1045 de 1978, en los aspectos que no fueron regulados en su norma
de creación. Así, al remitirse a esta última, se advierte que, de acuerdo con el artículo
4539, es un concepto de carácter salarial base de cotización, en la medida en que fue
previsto para la liquidación de cesantías y pensiones de los empleados públicos40.

95.
De este modo, para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación reconocida a la accionante era necesario tener en cuenta los factores «que
hayan servido de base para calcular los aportes» de acuerdo con el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985, y normas concordantes. Razón por la cual era procedente incluir la
prima de vacaciones, adicionalmente, al sueldo, el sobresueldo, la bonificación
mensual y la bonificación pedagógica.

96. Con base en lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al reconocer la pensión de jubilación, determinó el ingreso base de
liquidación (IBL) de la tutelante conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985, bajo una interpretación restrictiva del asunto, pues excluyó la prima de
vacaciones debido a que no se encontraba dentro del listado previsto en la norma
mencionada.

97. De esta manera, se observa que la autoridad judicial accionada omitió realizar un
análisis sistemático del artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en concordancia con los
artículos 1 y 6 del Decreto 1381 de 1997 y el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978,
con los cuales hubiese podido advertir que la prima de vacaciones tenía una naturaleza
salarial, que servía de base para efectuar las respectivas cotizaciones a pensión.

98. Así pues, era viable incluir la prima de vacaciones en el IBL de la pensión de la
accionante, pues lo contrario, desconocería el mandato contenido en el Acto
Legislativo 01 de 2005, en cuanto expresa que «para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones».

99. En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la materia
permitía inferir que existen factores salariales adicionales a los señalados en la Ley 62
de 1985 que son considerados como base de cotización por normas especiales, lo cual
no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, toda vez que sobre aquellos se exige

39
«Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 45. «De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos
del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores
oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario: […] k) La prima de vacaciones […]».
40
En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de febrero de 2025,
radicado núm. 25000-23-42-000-2019-01210-01 (1889-2023).

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

la realización de los aportes correspondientes.

100. En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo se configura «[…] (vi)

cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso»41.

101. Así las cosas, se advierte que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo

y, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante,
en la medida en que no realizó una adecuada interpretación integral de las normas que
regulan la prima de vacaciones y su incidencia en la determinación del ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación reconocida a la señora Matilde Rincón
Wilches.

IV. CONCLUSIONES

102. En virtud de lo anterior, la Subsección revocará la sentencia del 27 de febrero de

2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar,
se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la señora Matilde Rincón
Wilches; y se dejará sin efectos la sentencia del 27 de septiembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
103. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término

de veinte 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia emita una
nueva providencia, en la que decida la apelación interpuesta por la parte demandante
dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-35-013-2022-00442-01, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de febrero de 2025 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, CONCEDER el amparo del
derecho fundamental al debido proceso de la señora Matilde Rincón Wilches, por los
motivos expuestos en esta decisión.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 27 de septiembre de 2024,
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-35-013-2022-
00442-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión.

TERCERO: ORDENAR a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte (20) días hábiles

41
Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010 criterio reiterado en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004 y SU-063deE
2023.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07018-01
Accionante: Matilde Rincón Wilches
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en
la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JLAS/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.