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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07043-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07043-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 22 Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00 Actor: Ministerio del Interior

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-07043-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00
Actor: Ministerio del Interior
Demandada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Ministerio del Interior contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00
Actor: Ministerio del Interior

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1.El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 25 de abril de 2024 y el auto de 20 de junio de 2024, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 110010325000201600444-
00, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

Presupuestos fácticos

2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3.Manifestó que, Cielo González Villa presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y Ministerio del Interior, con el fin de
que se declarara la nulidad del Decreto núm. 011 del 9 de enero de 2013, mediante el
cual fue retirada del cargo de gobernadora del Huila, en cumplimiento de lo ordenado
el 25 de julio de 2012 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal, confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación
el 6 de diciembre del mismo año.

4.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia
de única instancia el 25 de abril de 2024, por medio del cual resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva del Departamento Administrativo de Presidencia de la
República.

Segundo. DECLARAR la nulidad del Decreto No. 011 del 9 de enero de 2013,
mediante el cual se retiró a la demandante del cargo de gobernadora del Huila, por
las razones previamente expuestas.

Tercero. ORDENAR al Ministerio del Interior reconocer y pagar a la demandante, el
monto dinerario correspondiente al salario mensual y demás emolumentos que

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documentos denominados “3_DemandaWeb_Poder_Poder(.pdf) NroActua 2”
y “5_DemandaWeb_Anexos_Acta135_24LettyLeal(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00
Actor: Ministerio del Interior

debía recibir durante el período constitucional restante para el cual fue elegida, esto
es, el comprendido entre la fecha en que se hizo efectivo el retiro y diciembre de
2015.

Teniendo en cuenta que en el expediente no está demostrada la fecha de
notificación del acto demandado ni a partir de cuándo se retiró efectivamente del
servicio, se deberá corroborar con la Gobernación del Huila en atención al principio
de colaboración, la fecha en que se retiró a la demandante.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se indicó en la parte motiva.

Cuarto. NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.

5.Como fundamento de su decisión consideró que2:

“[…] Bajo esta lógica, en el ejercicio del control de convencionalidad, los jueces y
órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención; y, por ende, en virtud de la
potestad que en derecho les corresponde a las autoridades judiciales, dicho control
puede realizarse bajo su iniciativa, sin necesidad de la solicitud a instancia de parte.

Es claro, que la jurisdicción interna también está llamada a actuar como juez
interamericano, y en el presente caso se ejercerá un control de convencionalidad a
la conducta del Estado, en cabeza del Ministerio del Interior, y se determinará si se
quebrantaron normas internacionales de derechos humanos, para lo cual esta Sala
de subsección deberá interpretar este caso a la luz de los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por el país, como lo es la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969, y ratificada por Colombia,
según la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 […]”.

[…]

“[…] Atendiendo al deber que tiene toda autoridad judicial y administrativa de realizar
el control de convencionalidad ex officio, y a la luz de la jurisprudencia decantada en
el caso Petro Urrego vs Colombia, para esta Sala de subsección es claro que la
normativa colombiana que faculta a las autoridades administrativas para destituir,
inhabilitar o retirar del cargo a funcionarios de elección popular está viciada de
ilegalidad por ser contraria a los postulados consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Entonces, al tener en cuenta que la jurisprudencia interamericana no creó un sentido
o alcance nuevo del artículo 23 de la Convención Americana, sino que precisó la única
alternativa de aplicación posible de dicha norma, es claro que el Ministerio del Interior,
como autoridad administrativa, al retirar del servicio a la demandante por haberse
configurado la inhabilidad sobreviniente del artículo 38 de la Ley 734 de 2002,
flagrantemente, omitió que era incompetente para restringir los derechos políticos de
aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente, conforme con lo
expuesto en esta providencia.

Por consiguiente, como la falta de competencia que hubo al sancionar a la
demandante fue la misma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
censuró o reprobó en el precedente convencional del caso Petro Urrego vs Colombia,

2 Transcripción literal del texto

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Actor: Ministerio del Interior

es palmaria la ilegalidad del acto administrativo acá demandado porque con
fundamento en una competencia manifiestamente ilícita, la autoridad administrativa
retiró del servicio a una servidora que fue elegida por voto popular.

La Sala, en consecuencia, declarará la nulidad del Decreto 011 del 9 de enero de
2013 porque el retiro de la actora era competencia exclusiva de las autoridades
judiciales competentes; y porque la autoridad administrativa omitió realizar el control
de convencionalidad al que está obligada, pues recuérdese que todas las autoridades
de un Estado Parte en la Convención, tienen la obligación de ejercer un control de
convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional
sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de
derechos humanos […]”.

6.El Ministerio del Interior presentó solicitud de aclaración frente a la sentencia de
única instancia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado del 25 de abril de 2024.

7.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
providencia de 20 de junio de 2024 resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. NEGAR la solicitud de aclaración de la sentencia proferida el 25 de
abril de 2024, por las razones expuestas.

Segundo. En firme esta providencia, archívese el proceso […]”.

8.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró lo
siguiente:

“[…] La entidad demandada solicitó aclarar la sentencia proferida por esta
Subsección, toda vez que en la parte motiva de la providencia se indicó que:

“El Ministerio del Interior alegó de conclusión extemporáneamente (…)”.

Que esto no es cierto, pues la providencia que corrió traslado para alegar de
conclusión fue notificada al Ministerio del Interior el 2 de agosto de 2022, a través
de correo electrónico; por lo tanto, la entidad tenía hasta el 19 de agosto de 2022
para lo propio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 205 del CPACA, modificado
por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 8 de la
Ley 2213 de 2022 […]”.

[…]

“[…] En este caso, la sentencia de única instancia fue debidamente notificada a las
partes el 8 de mayo de 2024, como consta en el envío de notificación que obra a
índice 76 de SAMAI; motivo por el cual, al haberse presentado la solicitud el 14 de
mayo de 2024, se encuentra que esta se radicó dentro del término y, en
consecuencia, la Sala procederá con el análisis del asunto.

Del texto de la solicitud de aclaración presentada, se considera que los fundamentos
del apoderado de la parte demandada no se circunscriben a los límites de aclaración
de sentencias, puesto que la inconformidad no se refiere a un concepto o frase que,

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Actor: Ministerio del Interior

ofreciendo un verdadero motivo de duda para la parte, esté contenido en la parte
resolutiva de la sentencia o influya en ella.

Lo que se cuestiona por la parte demandada responde a un disenso en cuanto a la
interpretación que se hizo de los términos procesales para alegar de conclusión lo
que no tiene la potencialidad de alterar la decisión que en derecho se adoptó, porque
la misma está sustentada en la parte motiva de la providencia objeto de aclaración
[…]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, e
IGUALDAD en conexidad con el principio de SEGURIDAD JURÍDICA del MINISTERIO
DEL INTERIOR, los cuales han sido vulnerados por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A, al proferir la Sentencia de 24 de abril de 2024, en el Exp.
No. 11001-03-25-000-2016-00444-00 (2041-2016), por violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente constitucional.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la
Sentencia de 25 de abril de 2024, y en su lugar, profiera nueva decisión teniendo en
cuenta lo decidido en la acción de tutela Exp. No. 11001-03-15-000-2024-03021-01
[…]”.

10.El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada al
proferir las providencias judiciales indicadas supra incurrió “[…] en un defecto
material o sustantivo y en una violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y defensa en conexidad con el principio de la seguridad jurídica […]”; y en
la causal de violación directa de la Constitución.

Actuación

11.El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de enero de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó, como terceros con interés
legítimo, a la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y a Cielo González Villa, concediéndoles el término de tres (3) días para
que rindiera informe sobre el particular.

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Actor: Ministerio del Interior

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

12.La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió “[…] enlace
del proceso judicial para facilitar su consulta, descarga de actuaciones y/o
memoriales […]”.

13.La Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y
Cielo González Villa guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Ministerio del Interior

Problema jurídico

16.Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

17.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; iv) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
v) análisis del caso concreto y finalmente las vi) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

19.Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actor: Ministerio del Interior

20.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

21.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

22.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

23.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

24.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida

9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

25.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201411, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [15].

11 Ut supra página 6.
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de

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Actor: Ministerio del Interior

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [18]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,

los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

26.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado19:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”20

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”21

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

27.En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga

19 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Ibidem.

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Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00
Actor: Ministerio del Interior

argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

28.La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202222 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)

22
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00
Actor: Ministerio del Interior

pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

29.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas

23 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00
Actor: Ministerio del Interior

propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

31.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

32.Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

24 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Actor: Ministerio del Interior

Análisis del caso concreto

33.El actor, a través de apoderado25, presentó acción de tutela contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 25 de abril de 2024 y el auto de 20 de junio de 2024, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 110010325000201600444-
00, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

34.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

35.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

36.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

36.1.Copia digital del expediente del proceso adelantada en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 110010325000201600444-00.

25 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documentos denominados “3_DemandaWeb_Poder_Poder(.pdf) NroActua
2” y “5_DemandaWeb_Anexos_Acta135_24LettyLeal(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Actor: Ministerio del Interior

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

37.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente26:

“[…] En ese orden de ideas, la presenta acción constitucional es de relevancia
constitucional, teniendo en cuenta que en similar asunto al aquí debatido, el Consejo
de Estado resolvió amparar los derechos de la Procuraduría General de la Nación, al
establecer que si es competente para sancionar a los funcionarios de elección
popular, al respecto obsérvese que en el Exp. No. 11001031500020240302101 la
Alta Corporación, indicó:

“65. Al respecto, la sala considera que la Procuraduría General de la Nación cumplió
con suficiencia la carga argumentativa mediante la cual justificó que el asunto versa
sobre una controversia de evidente relevancia constitucional. Esto, al señalar que la
garantía al debido proceso de la entidad, como demandada en los distintos trámites
ordinarios objeto de la presente acción constitucional, está en tensión con las
decisiones adoptadas por la Sección Segunda, en las que aplicó un control de
convencionalidad oficioso y consideró que tal autoridad carecía de competencia para
sancionar con medidas de suspensión, destitución e inhabilidad a servidores elegidos
por voto popular […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, resulta palmario que la decisión aquí reprocha está inmersa en
los vicios de inaplicación del artículo 277.6 superior y violación directa de la
Constitución, pues condenó al Ministerio del Interior, sin siquiera detenerse a analizar
el alcance del artículos 117, 118 y 277.6 Superior y la Sentencia C-028 de 2006 y
reiterados pacíficamente.

Recuérdese, que la Corte Constitucional “ha pronunciado con respecto a la
constitucionalidad de una disposición normativa y, con ello, ha establecido los
parámetros que rigen su interpretación a la luz de la carta política, los operadores
judiciales cuentan con el deber de actuar bajo dichos lineamientos. En tal sentido, al
desconocer el criterio reiterado en sentencias tales como la C-028 de 2006, C-500 de
2014 y C-086 de 2019 en las que se estudió la constitucionalidad de disposiciones
de la Ley 734 de 2002, la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió también
en un defecto sustantivo […]”.

[…]

“[…] En el caso concreto, la Sentencia de 25 de abril de 2024 se incurrió en un
defecto material o sustantivo y en una violación de los derechos fundamentales al
debido proceso y defensa en conexidad con el principio de la seguridad jurídica, por
las siguientes razones:

26 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00
Actor: Ministerio del Interior

La Sección Segunda del Consejo de Estado llevó a cabo una aplicación del control de
convencionalidad con desconocimiento del artículo 93 de la Constitución Política. La
interpretación tanto del artículo 23 convencional, como de la sentencia del caso Petro
Urrego contra Colombia, se efectuó de forma autónoma y aislada de los parámetros
constitucionales establecidos por la Corte Constitucional desde la sentencia C-028 de
2006 y reiterados pacíficamente.

En efecto, las subsecciones A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
desconoció la supremacía constitucional ante una aplicación irrestricta de la norma
convencional y el referido fallo de la Corte IDH, obviando su obligación de llevar a cabo
una interpretación armónica y sistemática del tratado internacional con las normas de
la Carta Política. Con ello, se incurrió en una inaplicación del artículo 277.6 superior,
el cual le otorga a la Procuraduría General de la Nación la potestad disciplinaria y
sancionatoria sobre los servidores públicos con inclusión de aquellos elegidos por voto
popular.

Incurrió en un desconocimiento de la arquitectura institucional que en materia
disciplinaria previó tanto el constituyente como el legislador y, con ello, se desatendió
los principios y mandatos que estructuran el ejercicio de la función pública en el
ordenamiento. En la decisión objeto de esta acción, la Sección Segunda del Consejo
de Estado no solo transgredió normas de naturaleza constitucional, como los artículos
118 y 277, sino que desconoció el diseño institucional previsto por la Ley 734 de 2002,
específicamente, por sus artículos 44.1, 45.d y 46.

La sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado cuestionada
mediante esta acción constitucional y que declaró la nulidad del Decreto No. 011 del
9 de enero de 2013, mediante el cual se retiró a la demandante del cargo de
gobernadora del Huila, acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional en
cumplimiento a la decisión de la Procuraduría contra funcionario de elección popular
al considerar que estaban fundadas en una ley inconvencional, desconoce los
precedentes constitucionales que establecieron, con efecto de cosa juzgada, su
validez. En tal sentido, al desconocer el criterio reiterado en sentencias tales como la
C-028 de 2006, C-500 de 2014 y C-086 de 2019 en las que se estudió la
constitucionalidad de disposiciones de la Ley 734 de 2002 se incurre en una manifiesta
causal de procedencia de la acción de tutela […]”.

[…]

“[…] En el caso que motiva la presente acción de tutela, el defecto por violación directa
de la Constitución, se configura porque en la sentencia cuestionada se desconoció las
normas constitucionales que, según se ha mostrado establecen que la función pública
está al servicio del interés general, que los servidores públicos que se aparten de ese
objetivo serán responsables conforme a la ley y que, para ese efecto, se contempla,
por un lado, la existencia en todos los niveles de la administración de una instancia de
control interno, artículo 209 y, por otro, aquel que le atribuye al Gobierno Nacional,
representado por el Ministerio del Interior dar cumplimiento a la orden de la
Procuraduría General de la Nación y a esta ultima la competencia para (i) ejercer la
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,
inclusive las de elección popular, (ii) ejercer preferentemente el poder disciplinario y
(iii) adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas
sanciones conforme a la ley, artículo 277-6.

De esta manera, la providencia impugnada se aparta de la decisión expresa del
Constituyente de 1991, según la cual, ante el hecho de que el control interno previsto
en el artículo 209 de la Constitución como primer nivel de control disciplinario, no
puede operar frente a los servidores de elección popular, era preciso atribuir de
manera expresa a un órgano autónomo e independiente la potestad de ejercer el
control disciplinario en relación con ellos, artículo 277-6.

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Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00
Actor: Ministerio del Interior

Desconoce así mismo, el hecho de que esa determinación se adoptó en el contexto
de un nuevo diseño para la estructura del Estado dentro del cual la Procuraduría
General de la Nación dejó de tener una relación de dependencia con el poder Ejecutivo
y que si el Presidente de la República es la suprema autoridad administrativa (artículo
115), ésta se concibe como un órgano autónomo e independiente encargado, junto
con la Contraloría General de la República, del ejercicio de la función de control,
artículo 117 constitucional […]”.

[…]

“[…] Es importante advertir que, la sentencia C-030 de 2023 tiene efectos hacia futuro,
lo que implica que, la reserva judicial no se puede exigir a las decisiones
sancionatorias tomadas con anterioridad a la ley que fue objeto de control
constitucional. La sentencia C-030 de 2023 no dispuso un alcance retroactivo, por lo
que la reserva judicial no podía ser exigida para decisiones que cobraron ejecutoria
antes de la reforma que introdujo la Ley 2094 de 2021 y en vigencia de una línea
jurisprudencial pacífica que avalaba sin ambages las sanciones de inhabilidad,
destitución y suspensión, inclusive a funcionarios electos popularmente […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, es evidente que la Procuraduría General de la Nación, es
competente para sancionar a los funcionarios de elección popular y, a su turno el
Ministerio del Interior, no quebrantó norma de rango legal al expedir el Decreto No.
011 del 9 de enero de 2013, mediante el cual retiró a la demandante del cargo de
gobernadora del Huila, por cuanto, por disposición legal y reglamentaria, está
facultado para expedir los actos administrativos de ejecución de la sanciones
impuestas por el organismo de control a gobernadores y alcaldes de distrito […]”.

38.Para la Sala el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada, y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una instancia adicional que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.

39.Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los derechos
fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa,
por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.

40.Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el

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Actor: Ministerio del Interior

Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente27:

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”28, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”29. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

41.De igual manera, sobre el tema, la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-451 de 202430 consideró lo siguiente:

“[…] Por lo expuesto, la Corte Constitucional ha considerado que la tutela
contra providencias del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia,
conlleva un grado de deferencia mayor por parte del juez constitucional, pues
se trata de una decisión proferida por el órgano límite de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo o de la ordinaria y que, en principio, está cobijada
por una garantía de estabilidad mayor que aquellas proferidas por otros
jueces. En consecuencia, cuando la tutela se dirige contra una decisión
expedida por una alta corte, “además de cumplir con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela y con los especiales de procedibilidad
contra providencias judiciales, se debe acreditar una irregularidad que
contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que
amerite la intervención urgente del juez de tutela”.31 […]”. (Resaltado por la Sala).

42.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el

27 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
28 Sentencia SU-050 de 2018.
29 Sentencia SU-354 de 2017.

30 M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
31 Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021.

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Actor: Ministerio del Interior

alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

43.La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

44.Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

45.En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca cuestionar
el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales accionadas, es
decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico
del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita de
competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega la vulneración
de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la relevancia
constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante la
acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

46.Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad enunciados por el actor, no se evidencian en el caso sub examine,
toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se adelantó ante
el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el
derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre
una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la
actuación del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de
un sujeto de especial protección constitucional.

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Núm. único de radicación: 110010315000202407043-00
Actor: Ministerio del Interior

47.En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

48.De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal
y probatorio.

Conclusiones de la Sala

49.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Actor: Ministerio del Interior

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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