Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-07071-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-07071-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-07071-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-07071-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
27 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Valparaíso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO VALPARAÍSO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Contra autos dictados en proceso de nulidad. Improcedencia.
Subsidiariedad: proceso en trámite.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Alianza Fiduciaria S.A. vocera del
patrimonio autónomo fideicomiso Valparaíso contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y el Juzgado Segundo Administrativo de
Zipaquirá.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 19 de diciembre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, la Alianza Fiduciaria S.A., vocera del patrimonio autónomo fideicomiso
Valparaíso, pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 30 de
marzo de 2023 y del 25 de septiembre de 2024, dictados por el Juzgado Segundo
Administrativo de Zipaquirá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, respectivamente, que rechazaron por improcedente un recurso
de apelación presentado contra un auto que decretó medidas cautelares por hechos
sobrevinientes en el proceso de nulidad con radicado 25899-33-33-002-2021-00014-
00/04.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
4.1. Que se declare que el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE ZIPAQUIRÁ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA lesionaron el derecho
fundamental al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de la sociedad
ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo FIDEICOMISO
VALPARAÍSO, al rechazar por improcedente recurso de apelación contra auto del veintiséis (26) de
enero de 2023.
4.2. Que se ordene dejar sin efectos: i) el auto del treinta (30) de marzo de 2023 del Juzgado Segundo
Administrativo de Zipaquirá, el cual rechazó por improcedente recurso de apelación contra auto del
veintiséis (26) de enero de 2023; el auto del veinticinco (25) de septiembre de 2024 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual declara bien negado recurso de apelación contra auto del
veintiséis (26) de enero de 2023; y iii) el auto del 17 de octubre de 2024 del Juzgado Administrativo de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Valparaíso
Zipaquirá, por medio del cual se emitió orden de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en auto del veinticinco (25) de septiembre de 2024.
4.3. Como consecuencia de lo anterior, que ordene JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ conceder recurso de apelación contra el auto emitido el 26
de enero de 2023, y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA decidir sobre dicho recurso
interpuesto por mi representada en el trámite de la nulidad simple con radicado No.
25899333300220210001400.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Edgar Antonio Flórez Castro y otros presentaron demanda nulidad contra el
municipio de Sesquilé, departamento de Cundinamarca, para que se declarara la nulidad
del Acuerdo 004 del 20 de marzo de 2019, <<por medio del cual se realiza modificación
excepcional al PBOT del municipio de Sesquilé Cundinamarca para incorporar un predio rural al
perímetro urbano para el desarrollo y construcción para vivienda, vivienda vis, y vip en
cumplimiento de lo establecido en las Leyes 1537 de 2012 y 1753 de 2015, en especial lo definido
en el artículo 91>>, al considerar que había sido expedido con infracción a las normas en
que debía fundarse.
El acuerdo demandado incorporó varios predios rurales al perímetro urbano, entre los
que se encontraba el inmueble denominado Valparaíso, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 76-47634, de propiedad del fideicomiso Valparaíso.
Con la demanda se pidió como medida cautelar la suspensión provisional del acuerdo
demandado, por estimar que se trasgredía el literal a del artículo 91 de la Ley 1753 de
20151.
La demanda se adelantó bajo el radicado 25899-33-33-002-2021-00014-00 y
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá que, por auto del 25 de
febrero de 2021, la admitió.
El 7 de octubre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá decretó la
medida cautelar solicitada, al considerar que el acuerdo demandado ponía en riesgo de
vulneración los derechos colectivos de toda la comunidad.
Inconforme, el municipio de Sesquilé presentó recurso de apelación, en el que argumentó
que la suspensión provisional del acto administrativo demandado no surgía de la
confrontación que se debía hacer con las normas superiores invocadas como
trasgredidas o del estudio de las pruebas allegadas.
El 24 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, revocó la decisión apelada, para, en su lugar, denegar la medida cautelar.
Dijo que hasta ese momento procesal no había razones normativas ni probatorias que
permitieran la suspensión provisional del acto demandado.
1 Artículo 91. Incorporación del Suelo Rural, Suburbano y Expansión Urbana al Perímetro Urbano. Modifíquese el
artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 47. Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano. Con el fin de garantizar
el desarrollo de vivienda, infraestructura social y usos complementarios y compatibles que soporten la vivienda, durante
el período constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020,
y por una sola vez, los municipios y distritos podrán:
(…)
a) Se trate de predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y que tengan garantizada su conexión y articulación con los sistemas de
movilidad existentes en el municipio o distrito, certificada por los prestadores correspondientes.
(…)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Valparaíso
Luego, por auto del 22 de abril de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá
admitió la solicitud de coadyuvancia, a favor de la parte pasiva, radicada por la Alianza
Fiduciaria S.A. Valparaíso.
El 1 de julio de 2022, se celebró la audiencia inicial y, entre otras, se ordenó una
inspección judicial con exhibición y reproducción de documentos a la empresa de
servicios públicos de Sesquilé Acuases S.A. E.S.P., para verificar y reproducir la carpeta
administrativa de antecedentes de la Resolución 53 de 2018, por medio de la cual se
había otorgado viabilidad para la prestación de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado del predio Valparaíso.
El 20 de octubre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá agregó al
expediente el despacho comisorio, que había llevado a cabo la inspección judicial.
El 7 de diciembre de 2022, el señor Edgar Antonio Flórez Castro y otros solicitaron el
decreto de medida cautelar por hechos sobrevinientes. Manifestaron que de la inspección
judicial se advertía que en la carpeta administrativa de la Resolución 053 de 2018,
existían dos documentos contentivos de esa resolución, con una serie de irregularidades.
El 26 de enero de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá decretó la
medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión provisional del Acuerdo 004 del
20 de marzo de 2019.
Explicó que en la carpeta administrativa de la Resolución 053 de 2018 se observaban
dos documentos contentivos de esa resolución, que tenían contenidos distintos en la
parte considerativa y en la parte resolutiva, que uno daba viabilidad condicionada para la
prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del predio Valparaíso y el otro
otorgaba viabilidad sin reparo.
Que, por lo anterior, existían serias dudas sobre el acatamiento de las disposiciones
legales en las que debía fundarse el acuerdo demandado, esto es, el artículo 91 de la
Ley 1753 de 2015, por lo que era procedente el decreto de la medida cautelar.
Inconformes, la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo
Fideicomiso Valparaíso y el municipio de Sesquilé apelaron.
El 23 de febrero de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá concedió en
efecto devolutivo los recursos de apelación presentados por la sociedad Alianza
Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo Fideicomiso Valparaíso y el municipio de
Sesquilé.
Contra la anterior decisión, el señor Edgar Antonio Flórez Castro y otros presentaron
recurso de reposición, para que se rechazaran de plano los recursos de apelación
presentados contra el auto del 26 de enero de 2023.
Señalaron que, de acuerdo con el inciso final del artículo 233 del CPACA 2, contra el auto
que decreta una medida cautelar por hechos sobrevinientes no procede ningún recurso.
El 30 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá repuso el auto
del 23 de febrero de 2023 y rechazó por improcedente los recursos de apelación
presentados contra el auto del 26 de enero de 2023, porque el inciso final del artículo 233
del CPACA dispone que el auto que resuelve una medida cautelara por hechos
sobrevivientes no es susceptible de recurso alguno.
2 Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en
virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no
procederá ningún recurso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Valparaíso
Inconformes, la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo
Fideicomiso Valparaíso y el municipio de Sesquilé presentaron recurso de queja.
El 25 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, declaró bien denegados los recursos de apelación interpuestos
por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo Fideicomiso
Valparaíso y el municipio de Sesquilé contra el auto del 26 de enero de 2023.
Explicó que el proceso se encontraba en la hipótesis prevista en el inciso final del artículo
233 del CPACA, que ordenaba que contra el auto que resuelve una solicitud de medidas
cautelares por hechos sobrevinientes no procede ningún recurso.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en ellos
siguientes vicios de fondo:
Desconocimiento del precedente fijado en:
i) la sentencia del 9 de marzo de 2017 dictada en el proceso con radicado 52001-23-33-
000-2016-00622-02 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que, según la parte
actora, definió lo que debe entenderse como hecho sobreviniente y aclaró que no hacen
referencia a pruebas o documentos obtenidos o conocidos con posterioridad a la
presentación de la primera solicitud de medida cautelar.
ii) La sentencia del 7 de noviembre de 2019 dictada en el proceso con radicado 11001-
03-24-000-2017-00268-00 por el Consejo de Estado, Sección Primera, que, para la
demandante, señaló tres requisitos para la adopción de medidas cautelares por hecho
sobrevinientes:
a. Que el hecho sea un aspecto fáctico y no jurídico.
b. Que el supuesto fáctico sobrevenga luego de la primera solicitud de medida cautelar que fue
denegada.
c. Que el hecho sobreviniente deba guardar relación directa con las pretensiones de la demanda.
Dijo que, por lo anterior, la nueva solicitud de medida cautelar presentada en el proceso
de nulidad con radicado 25899-33-33-002-2021-00014-00/04 no estuvo fundada en un
hecho sobreviniente, porque se sustentó en la inspección judicial con exhibición de
documentos que fue decretada. Que no se trató de un fundamento fáctico sino jurídico
relacionado con discrepancias en la expedición de la Resolución 053 de 2018.
Que la Resolución 053 de 2018 no es un hecho posterior a la presentación de la primera
solicitud de medida cautelar, porque fue expedida el 17 de abril de 2018 y la primera
solicitud se radicó el 29 de enero de 2021. Que las incongruencias que se alegan sobre
la Resolución 053 de 2018 no guardan relación directa con las pretensiones de la
demanda ordinaria que pretende la nulidad del Acuerdo 004 del 20 de marzo de 2019.
Error inducido por parte de los demandantes del proceso ordinario, que, según el
accionante, adujeron haber conocido la existencia de la Resolución 053 de 2018 con la
práctica de la inspección judicial que se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2022,
señaló que esa resolución hacía parte del expediente administrativo que precedió la
expedición del Acuerdo 004 de 2019, que fue aportado con la contestación de la demanda
del municipio de Sesquilé. Que, además, desde el 13 de mayo de 2022 era de público
conocimiento la existencia de dos actos administrativos con la misma numeración, pero
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Valparaíso
con diferente contenido normativo, debido a que fue un tema tratado en la plenaria del
Concejo Municipal de Sesquilé.
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria de la carpeta administrativa de la
Resolución 053 de 2018, en la que, a juicio de la parte actora, se advertían dos versiones
de ese acto administrativo, por un lado, un borrador y, por otro lado, otra versión definitiva
que otorgaba viabilidad y fue debidamente notificada a sus destinatarios.
Violación directa de la constitución, porque las decisiones cuestionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Defecto procedimental absoluto pues, dice, las autoridades judiciales demandadas se
apartaron del procedimiento dispuesto en el numeral 5 del artículo 243 de la Ley 1437 de
2011, puesto que, a su juicio, la medida cautelar decretada no estuvo fundamentada en
un hecho sobreviniente y, en consecuencia, sí era procedente el recurso de apelación
que presentó.
5. Trámite procesal
Por auto del 20 de enero de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y al juez segundo
administrativo de Zipaquirá, y, vinculó, en calidad de terceros con interés al alcalde del
municipio de Sesquilé, departamento de Cundinamarca y a los señores Édgar Antonio
Flórez Castro, Ernesto Sánchez Sánchez y María Diomar Casas González.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 23 y 28 de enero
de 2025.
6. Intervenciones
El Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá pidió que se declarara improcedente
la acción de tutela y, subsidiariamente, que se denegaran las pretensiones de la parte
actora. Manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.
Que todas las decisiones dictadas en el proceso de nulidad con radicado 25899-33-33-
002-2021-00014-00/04 se ajustaron a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en la
jurisprudencia aplicable al caso concreto y a los principios de contradicción, doble
instancia y legalidad.
Que la decisión de no conceder el recurso de apelación contra el decreto de la medida
cautelar por hecho sobreviniente se fundamentó en el inciso final del artículo 233 del
CPACA. Que no se configuraron los defectos alegados y que la acción de tutela es
improcedente, porque la parte demandante la utiliza para reabrir un debate judicial que
ya fue resuelto en el proceso ordinario.
El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, ponente del auto del 25 de septiembre de 2024, solicitó desestimar las
pretensiones de la acción de tutela y que se declarara su improcedencia.
Sostuvo que, la acción de tutela no tiene relevancia constitucional, porque propone una
discusión sobre interpretación normativa. Además, porque, según dijo, la parte actora
pretende utilizarla como una instancia adicional de proceso ordinario.
Que no se configuró ninguna irregularidad procesal ni ninguno de los defectos alegados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Valparaíso
El alcalde del municipio de Sesquilé y los señores Édgar Antonio Flórez Castro,
Ernesto Sánchez Sánchez y María Diomar Casas González no se pronunciaron pese
a que, como se vio, fueron debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la Alianza
Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo fideicomiso Valparaíso para dejar sin
efectos los autos del 30 de marzo de 2023 y del 25 de septiembre de 2024 dictados por
el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, respectivamente, que rechazaron por
improcedente un recurso de apelación presentado contra un auto que decretó medidas
cautelares sobrevinientes en el proceso de nulidad con radicado 25899-33-33-002-2021-
00014-00/04.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque no cumple el
requisito de subsidiariedad, porque cuestiona asuntos relacionados con un proceso
judicial que se encuentra en trámite.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) la improcedencia general de la acción de tutela cuando el
proceso judicial se encuentra en curso y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
3. La Improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso
En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que “si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que “no es dable la intromisión de la
jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo”.
Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual “no
se ha proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Valparaíso
4. Análisis del caso concreto
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al
rechazar por improcedente el recurso de apelación presentado contra el auto del 26 de
enero de 2023, que decretó como medida cautelar, por hechos sobrevinientes, la
suspensión provisional del Acuerdo 004 del 20 de marzo de 2019.
Sostuvo que la solicitud de esa medida cautelar no estuvo fundamentada en hechos
sobrevinientes y, en consecuencia, ese auto sí era susceptible de recurso de apelación,
de acuerdo con el numeral 5 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011.
Ahora bien, de la revisión del expediente aportado por el Juzgado Segundo Administrativo
de Zipaquirá, así como de la información registrada en Samai, la Sala encontró lo
siguiente:
• El 29 de enero de 2021, los señores Édgar Antonio Flórez Castro, Ernesto Sánchez Sánchez y
María Diomar Casas González presentaron demanda de nulidad contra el municipio de Sesquilé,
departamento de Cundinamarca, para que se declarara la nulidad del Acuerdo 004 del 20 de marzo
de 2019. Con la demanda se pidió como medida cautelar la suspensión provisional del acuerdo
demandado, por estimar que se trasgredía el literal a del artículo 91 de la Ley 1753 de 2015.
• La demanda se adelantó bajo el radicado 25899-33-33-002-2021-00014-00 y correspondió al
Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá que, por auto del 25 de febrero de 2021, la admitió.
• El 7 de octubre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá decretó la medida
cautelar solicita.
• Inconforme, el municipio de Sesquilé presentó recurso de apelación. Luego, el 24 de marzo de
2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, revocó la
decisión apelada, para en su lugar, denegar la medida cautelar deprecada.
• El 22 de abril de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá admitió la solicitud de
coadyuvancia, a favor de la parte pasiva, radicada por la Alianza Fiduciaria S.A. Valparaíso.
• El 1 de julio de 2022, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que se ordenó una inspección judicial
con exhibición y reproducción de documentos a la empresa de servicios públicos de Sesquilé
Acuases S.A. E.S.P., para verificar y reproducir la carpeta administrativa de antecedentes de la
Resolución 53 de 2018 y, para ello, se comisionó al juez promiscuo municipal de Sesquilé.
• El 20 de octubre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá se agregó al expediente
el despacho comisorio.
• El 7 de diciembre de 2022, el señor Edgar Antonio Flórez Castro y otros solicitaron el decreto de
medida cautelar por hechos sobrevinientes, de suspensión provisional del acuerdo demandado.
Manifestaron que, con base en las pruebas recaudadas en el despacho comisorio, se advertía que
en la carpeta administrativa de la Resolución 053 de 2018, existían dos documentos contentivos
de esa resolución, de los que se advertían una serie de irregularidades.
• El 26 de enero de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá decretó la medida
cautelar solicitada, al considerar que el asistía razón a los demandantes, que esas irregularidades
evidenciaban serias dudas sobre el acatamiento de las disposiciones legales en las que debía
fundarse el acuerdo demandado.
• Inconformes, la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo fideicomiso
Valparaíso y el municipio de Sesquilé presentaron recurso de apelación. Luego, el 23 de febrero
de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá concedió en efecto devolutivo los
recursos de apelación.
• Contra la anterior decisión, el señor Edgar Antonio Flórez Castro y otros presentaron recurso de
reposición, para que se rechazaran de plano los recursos de apelación presentados contra el auto
del 26 de enero de 2023, porque, a su juicio y de acuerdo con el inciso final del artículo 233 del
CPACA, contra el auto que decreta una medida cautelar por hechos sobrevinientes no procede
ningún recurso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Valparaíso
• El 30 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá repuso el auto del 23 de
febrero de 2023 y rechazó por improcedente los recursos de apelación presentados contra el auto
del 26 de enero de 2023, porque el inciso final del artículo 233 del CPACA disponía que el auto
que resuelve una medida cautelara por hechos sobrevivientes no era susceptible de recurso de
apelación.
• Inconformes, la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo Fideicomiso
Valparaíso y el municipio de Sesquilé presentaron recurso de queja.
• El 25 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, declaró bien denegado los recursos de apelación interpuestos por la sociedad
Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo fideicomiso Valparaíso y el municipio de
Sesquilé contra el auto del 26 de enero de 2023.
• El 17 de octubre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá profirió auto de
obedecimiento de la orden del superior.
• El 23 de enero de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá incorporo unas
documentales decretadas en la audiencia de inicial y requirió, por segunda vez, al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi para que allegara unos medios de convicción que también habían sido
decretados en la audiencia inicial.
Siendo así, la Sala encuentra que se trata de un proceso judicial en curso, en el cual no
se ha proferido una decisión definitiva, por lo que, no le es dable al juez constitucional
entrometerse en la órbita propia del juez ordinario.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.
La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho3:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime si el
proceso de nulidad aún se encuentra en trámite y no se ha proferido definitiva.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07071-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Valparaíso
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.