Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00268-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00268-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2017-00268-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
4 de diciembre de 2025
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Radicado: 11001 03 24 000 2017 00268 00
Demandante: ASOCIACIÓN MUTUAL ECO AMBIENTAL DE CALI
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 03 24 000 2017 00268 00
Actor: ASOCIACIÓN MUTUAL ECO AMBIENTAL DE CALI
Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Tesis: No es cierto que en el proceso de formación del acto acusado se incluyeran
y posteriormente se suprimieran disposiciones destinadas a los conductores de
vehículos de tracción animal.
No es cierto que en el acto demandado se otorgara tratamiento a los conductores
de vehículos de tracción animal como población recicladora.
No es nulo el acto por medio del cual se reglamentó la gestión integral de los
residuos generados en las actividades de construcción y demolición.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda promovida por la Asociación Mutual Eco
Ambiental de Cali, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), por medio de la cual pretende la declaratoria de nulidad de la
Resolución No. 0472 del 28 de febrero de 2017, “Por la cual se reglamenta la gestión
integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición
• RCD y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
Figuran como pretensiones las siguientes:
“1. Que se declare la nulidad de la Resolución 0472 del 28 de febrero del 2017,
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, toda vez
que el acto contraría la Constitución Política y la ley, en los términos que se
expondrán a continuación por falta de aplicación, por falsa motivación, irregular
e improcedente.
2. Que se decrete la nulidad de la Resolución 0472 del 28 de febrero del 2017,
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Demandante: ASOCIACIÓN MUTUAL ECO AMBIENTAL DE CALI
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya que
de acuerdo al cotejo normativo se puede evidenciar que el acto administrativo
transgrede normas superiores.”1.
1.2. El acto demandado
“RESOLUCIÓN 472 DE 2017
(Febrero 28)
Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las
actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras
disposiciones
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
En ejercicio de sus facultades legales y, en desarrollo de lo dispuesto en los
artículos 34, 35 y 38 del Decreto-ley 2811 de 1974 y los numerales 2, 10, 11 y
14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, establecen que es deber
del Estado proteger, prevenir, controlar y planificar la diversidad, integridad y
aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de conservarlos, para
garantizar no solo el desarrollo sostenible, sino el derecho que todas las
personas tienen a gozar de un ambiente sano.
Que entre las afectaciones ambientales generadas por la inadecuada gestión
de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) (anteriormente denominados
escombros), se encuentran la contaminación al aire, al agua y al suelo.
Que se ha incrementado la generación de RCD, conforme al diagnóstico integral
del modelo actual de la gestión de residuos en Colombia, en el año 2011 se
produjeron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales,
Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, Neiva, Valledupar y San
Andrés 22.270.338 toneladas de RCD.
Que se requiere adoptar disposiciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión
integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD); En mérito de lo
expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente acto administrativo
establece las disposiciones para la gestión integral de los Residuos de
1 El expediente se encuentra digitalizado en el índice 57 del Sistema de Gestión Judicial Samai. Se
realiza la transcripción con los probables errores de forma de la redacción original.
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Construcción y Demolición (RCD) y aplica a todas las personas naturales y
jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y
dispongan Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de las obras civiles o
de otras actividades conexas en el territorio nacional.
Parágrafo 1°. Los residuos peligrosos resultantes de las actividades de
construcción, demolición, reparación o mejoras locativas de las obras civiles o
de otras actividades conexas, complementarias o análogas, se regirán por la
normatividad ambiental especial establecida para su gestión.
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente
resolución, se establecen las siguientes definiciones:
Almacenamiento: Es la ubicación temporal de los RCD en recipientes,
contenedores y/o depósitos para su recolección y transporte con fines de
aprovechamiento o disposición final.
Aprovechamiento de RCD: Es el proceso que comprende la reutilización,
tratamiento y reciclaje de los RCD, con el fin de realizar su reincorporación al
ciclo económico.
Demolición selectiva: Es la actividad planeada de desmantelamiento que busca
obtener el aprovechamiento de los residuos de una demolición.
Generador de RCD: Es la persona natural o jurídica que con ocasión de la
realización de actividades de construcción, demolición, reparación o mejoras
locativas, genera RCD.
Gestión integral de RCD: Es el conjunto de actividades dirigidas a prevenir,
reducir, aprovechar y disponer finalmente los RCD.
Gestor de RCD: Es la persona que realiza actividades de recolección,
transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de RCD.
Gran generador de RCD: Es el generador de RCD que cumple con las
siguientes condiciones: 1) requiere la expedición de licencia de construcción en
cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del
espacio público, así como los previstos en el inciso 2° del numeral 7 del artículo
2.2.6.1.1.7 y las entidades a que se refiere el parágrafo 2° del artículo
2.2.6.1.1.12 del Decreto número 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o
sustituya y los proyectos que requieren licencia ambiental, y 2) la obra tenga un
área construida igual o superior a 2.000 m2.
Pequeño generador de RCD: Es el generador de RCD que cumple con alguna
de las siguientes condiciones: 1) no requiere la expedición de licencia de
construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y
ocupación del espacio público; 2) requiere la expedición de licencia de
construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y
ocupación del espacio público y la obra tenga un área construida inferior a 2.000
m2.
Plantas de aprovechamiento: Son las instalaciones en las cuales se realizan
actividades de separación, almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento
y reciclaje de RCD. Estas pueden ser:
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· Plantas de aprovechamiento fijas: Son las instalaciones que operan de manera
permanente en un predio determinado, incluye edificaciones, maquinaria y
equipo.
·Plantas de aprovechamiento móviles: Son las instalaciones transitorias
acondicionadas en el sitio de generación, incluye maquinaria y equipo.
Programa de manejo ambiental de RCD (antes denominado programa de
manejo ambiental de materiales y elementos en la Resolución número 541 de
1994): Es el instrumento de gestión que contiene la información de la obra y de
las actividades que se deben realizar para garantizar la gestión integral de los
RCD generados.
Puntos limpios: Son los sitios establecidos para que el gestor realice la
separación y almacenamiento temporal de los RCD.
Reciclaje de RCD: Es el proceso mediante el cual se transforman los RCD en
materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de
construcción.
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) (anteriormente conocidos como
escombros): Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de
excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de
obras civiles o de otras actividades conexas, entre los cuales se pueden
encontrar los siguientes tipos:
1. Residuos de Construcción y Demolición (RCD), susceptibles de
aprovechamiento:
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno:
coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la
excavación, entre otros.
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos,
trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y
concretos hidráulicos, entre otros.
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin
recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno,
policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y
cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso (drywall), entre otros.
2. Residuos de Construcción y Demolición (RCD) no susceptibles de
aprovechamiento:
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.
2.3. Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la
normatividad ambiental especial establecida para su gestión.
Reutilización de RCD: Es la prolongación de la vida útil de los RCD recuperados
que se utilizan nuevamente, sin que para ello se requiera un proceso de
transformación.
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Sitio de disposición final de RCD (anteriormente conocido como escombrera):
Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición
final controlada de RCD, minimizando y controlando los impactos ambientales
y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de dichos
residuos.
CAPÍTULO II
Gestión integral de RCD
Artículo 3°. Jerarquía en la gestión integral de los RCD. En la gestión integral
de los RCD se deberán priorizar las actividades de prevención o reducción de
la generación de RCD, como segunda alternativa se implementará el
aprovechamiento y como última opción, se realizará la disposición final de RCD.
Artículo 4°. Actividades de la gestión integral de RCD. Para efectos de esta
resolución se consideran como actividades de la gestión integral de RCD, las
siguientes:
1. Prevención y reducción.
2. Recolección y transporte.
3. Almacenamiento.
4. Aprovechamiento.
5. Disposición final.
Artículo 5°. Prevención y reducción de RCD. Los generadores de RCD
deberán implementar medidas para la prevención y reducción de la generación
de RCD, incluyendo como mínimo, las siguientes:
1. Planeación adecuada de la obra, que incluya la determinación de la cantidad
estrictamente necesaria de materiales de construcción requeridos, con el fin de
evitar pérdida de materiales.
2. Realizar separación por tipo de RCD en obra.
3. Almacenamiento diferencial de materiales de construcción.
4. Control de escorrentía superficial y manejo de aguas lluvias en la obra,
cuando aplique.
Artículo 6°. Recolección y transporte de RCD. La recolección y transporte de
los RCD deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones:
1. La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del
platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del
platón o contenedor.
2. Posibilitar el cargue y el descargue de los RCD evitando la dispersión de
partículas.
3. Cubrir la carga durante el transporte, evitando el contacto con la lluvia y el
viento.
4. Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas
vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas.
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Artículo 7°. Almacenamiento. Los grandes generadores de RCD, deberán
establecer uno o varios sitios para el almacenamiento temporal de los residuos
de construcción y demolición en la obra, donde se deberá efectuar la separación
de acuerdo al tipo de RCD de que trata el Anexo I, que forma parte integral de
la presente resolución. Dichos sitios deberán cumplir con las siguientes medidas
mínimas de manejo:
1. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio
de almacenamiento.
2. Realizar obras de drenaje y control de sedimentos.
3. Estar debidamente señalizado.
4. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas.
Artículo 8°. Puntos limpios. La separación y el almacenamiento temporal de
RCD se realizará en los puntos limpios que deberán contar mínimo con las
siguientes áreas de operación:
1. Recepción y pesaje.
2. Separación por tipo de RCD.
3. Almacenamiento.
Parágrafo. Para efectos de lograr economías de escala, los puntos limpios
podrán ser de carácter regional.
Artículo 9°. Aprovechamiento. El aprovechamiento de RCD se realizará en
plantas de aprovechamiento fijas o móviles y deberán contar mínimo con las
siguientes áreas de operación:
1. Recepción y pesaje.
2. Separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechables.
3. Aprovechamiento.
4. Almacenamiento de productos.
Artículo 10. Medidas mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y en
plantas de aprovechamiento. Los gestores de los puntos limpios y plantas de
aprovechamiento, deberán elaborar un documento que contenga las siguientes
medidas mínimas de manejo:
1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.
2. Diseñar y ejecutar las obras de drenaje y de control de sedimentos.
3. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con
la normatividad vigente.
4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores de la
planta, cuando a ello hubiere lugar.
5. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas.
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6. Mantener los RCD debidamente separados de acuerdo al tipo de RCD de
que trata el Anexo I.
Parágrafo 1°. El gestor deberá remitir copia del documento de que trata el
presente artículo a la autoridad ambiental competente, dentro de los 30 días
calendario siguientes al inicio de actividades de los puntos limpios y plantas de
aprovechamiento, para efectos de su seguimiento y control. A dicho documento
se le anexarán copia de los permisos, licencias y demás autorizaciones
ambientales a que haya lugar, así como copia de la certificación sobre la
compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la
Ley 1523 de 2012, o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá
diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia
y contingencia.
Artículo 11. Disposición final de RCD. Los municipios y distritos deberán
seleccionar los sitios específicos para la disposición final de los RCD a que se
refiere esta resolución, los cuales pueden ser de carácter regional o local.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los instrumentos de planificación ambiental, para
la selección de los sitios de disposición final de RCD se deberán tener en cuenta
los siguientes criterios y la metodología de evaluación que a continuación se
expone:
CRITERIOS PUNTAJE MÁXIMO
1. Oferta ambiental 10
2. Degradación del suelo 10
3. Distancia a los cuerpos hídricos 10
superficiales
4. Capacidad 10
5. Características geomorfológicas 6
6. Distancia del centroide de generación 4
7. Disponibilidad de vías de acceso 6
8. Densidad poblacional en el área 4
9. Uso del suelo 10
1. Oferta ambiental: Indica las características del área potencial, en referencia
a la capacidad de sus ecosistemas para entregar bienes y servicios
ambientales:
Baja oferta ambiental 10 puntos
Moderada oferta ambiental 5 puntos
Significativa oferta 0 puntos
2. Degradación del suelo: Se refiere a la pérdida físico-mecánica del suelo del
área potencial, con afectación en sus funciones y servicios ecosistémicos, que
produce, entre otras, la reducción de la capacidad productiva de los mismos:
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Muy severa 10 puntos
Severa 8 puntos
Moderada 4 puntos
Ligera 2 puntos
Sin evidencia 0 puntos
3. Distancia a cuerpos hídricos: Establece la relación que tendrá el área
potencial respecto a las fuentes hídricas superficiales existentes en la zona
medido linealmente desde la zona de inundación hasta el área, cuantificándose
de la siguiente forma:
Mayor a 2.000 metros 10 puntos
Entre 1.000 metros y 2.000 metros 8 puntos
Mayor a 500 metros y menor a 1.000 metros 4 puntos
Entre 50 metros y 500 metros 2 puntos
4. Capacidad: El área potencial deberá ser suficiente para permitir que la vida
útil del sitio de disposición final de RCD sea compatible con la generación
proyectada de RCD en el municipio, distrito o región, de la siguiente manera:
Para una capacidad superior a 1,5 veces la producción de RCD generados en
el municipio, distrito o región en treinta (30) años, 10 puntos.
Para una capacidad entre 0,5 y 1,5 veces la producción de RCD generados en
el municipio, distrito o región en treinta (30) años, 5 puntos.
Para una capacidad menor a 0.5 veces la producción de RCD generados en el
municipio, distrito o región en treinta (30) años, 0 puntos.
5. Características geomorfológicas: Hace referencia a la incidencia que puede
tener sobre el paisaje y el entorno la infraestructura ubicada en el área potencial
de disposición final de RCD, así:
Zona quebrada y encajonada 6 puntos
Zona en media ladera parcialmente encajonada 4 puntos
Zona en media ladera abierta 2 puntos
Zona plana y abierta 0 puntos
6. Distancia del centroide de generación: Se refiere a la distancia del área donde
se generan la mayor cantidad de RCD del municipio, distrito o región respecto
al área potencial para la disposición final de RCD:
Menor a 10 km 4 puntos
Entre 10 km y 50 km 2 puntos
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Mayor a 50 km 0 puntos
7. Disponibilidad de vías de acceso: Corresponde a la facilidad y economía que
el gestor tiene para llevar los RCD al área potencial en que se efectuará la
disposición final de los RCD:
Condiciones de la vía principal (puntaje máximo 2 puntos)
Pavimentada 2 puntos
Afirmado o carreteable 1 puntos
Trocha/no existe 0 puntos
Número de vías específicas o ramales de acceso que se desprendan de una
vía principal (puntaje máximo 2 puntos)
Dos o más vías 2 puntos
Una vía 1 puntos
No hay vías 0 puntos
Condiciones de la vía específica de acceso (puntaje máximo 2 puntos)
Pavimentada 2 puntos
Afirmado o carreteable 1 puntos
Trocha/ no existe 0 puntos
8. Densidad poblacional en el área: Evalúa la posible afectación de la población
ubicada en el área de influencia directa del área potencial en la que se realizará
la disposición final de RCD:
Entre 0 y 20 habitantes/hectárea 4 puntos
Mayor a 20 y menor a 50 habitantes/hectárea 2 puntos
Mayor o igual a 50 habitantes/hectárea 0 puntos
9. Uso del suelo: Evalúa la compatibilidad del área potencial para la disposición
final de RCD con la destinación asignada al suelo por el POT, PBOT o EOT,
según sea el caso, o los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
Uso principal 10 puntos
Uso compatible o complementario 6 puntos
Uso restringido 2 puntos
Parágrafo 1°. Para la selección del sitio de disposición final de RCD a que se
refiere este artículo, se deberá contar con el apoyo del grupo técnico de trabajo
conformado para la formulación y actualización del PGIRS. Así mismo, los sitios
de disposición final de RCD se localizarán prioritariamente en áreas cuyo
paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas,
entre otros.
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Parágrafo 2°. El puntaje máximo de la identificación y evaluación del sitio
específico será de 70 puntos. Los puntajes menores indican un orden de
elegibilidad de las áreas evaluadas.
Artículo 12. Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de
disposición final de RCD. Los gestores de los sitios de disposición final de
RCD, deberán elaborar un documento que contenga las siguientes medidas
mínimas de manejo:
1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.
2. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de
partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos.
3. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio.
4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio
de disposición final de RCD.
5. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con
la normatividad vigente.
6. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad
del sitio.
7. Contar con una valla informativa visible, que contenga la información
relevante del sitio.
8. Describir e implementar las actividades de clausura y posclausura.
Parágrafo 1°. El gestor deberá remitir copia del documento de que trata el
presente artículo a la autoridad ambiental competente, con una antelación de
90 días calendario al inicio de actividades del sitio de disposición final de RCD,
para efectos de su seguimiento y control. A dicho documento se le anexarán
copia de los permisos, licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya
lugar, así como copia de la certificación sobre la compatibilidad del proyecto con
los usos del suelo establecidos en el POT, PBOT o EOT.
Parágrafo 2°. El gestor deberá remitir dentro del primer trimestre de cada año
a la autoridad ambiental competente y al ente territorial, un reporte de la
cantidad de RCD dispuestos en el año inmediatamente anterior.
Parágrafo 3°. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la
Ley 1523 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá
diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia
y contingencia.
CAPÍTULO III
Programa de manejo ambiental de RCD
Artículo 13. Programa de manejo ambiental de RCD. El gran generador
deberá formular, implementar y mantener actualizado el Programa de Manejo
Ambiental de RCD. Dicho programa deberá ser presentado a la autoridad
ambiental competente con una antelación de 30 días calendario al inicio de las
obras para su respectivo seguimiento y control. Así mismo, el reporte de su
implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad
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ambiental competente dentro de los 45 días calendario siguientes a la
terminación de la obra.
Artículo 14. Contenido del programa de manejo ambiental de RCD. El
Programa de Manejo Ambiental de RCD, deberá contener como mínimo la
información establecida en el Anexo I de la presente resolución.
CAPÍTULO IV
Obligaciones
Artículo 15. Obligaciones de los generadores de RCD. Son obligaciones de
los generadores de RCD las siguientes:
1. Los grandes generadores deberán formular, implementar y mantener
actualizado el Programa de Manejo Ambiental de RCD.
2. Cumplir con la meta para grandes generadores, establecida en el artículo 19
de la presente resolución.
3. Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un
gestor de RCD para que se realicen las actividades de recolección y transporte
hasta los puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según
sea el caso.
Artículo 16. Obligaciones de los gestores de RCD. Son obligaciones de los
gestores de RCD de puntos limpios, plantas de aprovechamiento y sitios de
disposición final, las siguientes:
1. Inscribirse ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia en
el área donde desarrolla sus actividades.
2. Contar con equipos requeridos, de acuerdo a las actividades de manejo de
los RCD que oferte.
3. Expedir constancia al generador que incluya la información contenida en el
formato del Anexo II, que forma parte integral de la presente resolución.
4. Reportar a la autoridad ambiental competente regional o urbana, en el primer
trimestre de cada año, el reporte anual del año inmediatamente anterior, sobre
la cantidad y el destino final de los residuos gestionados, de acuerdo con el
formato del Anexo III, que forma parte integral de la presente resolución.
5. Los gestores que operen puntos limpios o plantas de aprovechamiento,
deberán formular e implementar el documento contentivo de las medidas
mínimas de manejo ambiental de que trata el artículo 10 de la presente
resolución.
6. Los gestores responsables de la disposición final de RCD, deberán formular
e implementar el documento contentivo de las medidas mínimas de manejo
ambiental de que trata el artículo 12 de la presente resolución.
Artículo 17. Obligaciones de los municipios y distritos. Son obligaciones de
los municipios y distritos las siguientes:
1. Ajustar el Programa de Gestión de RCD del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS) municipal o regional, teniendo en cuenta lo dispuesto
en la presente resolución.
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2. Promover campañas de educación, cultura y sensibilización sobre la Gestión
Integral de RCD.
3. Identificar las áreas donde se podrán ubicar las plantas de aprovechamiento,
puntos limpios y sitios de disposición final de RCD.
Parágrafo. Los municipios y distritos podrán promover en las licitaciones de
obras públicas, incentivos para el uso de material reciclado proveniente de
RCD.
Artículo 18. Obligaciones de la autoridad ambiental competente. Son
obligaciones de la autoridad ambiental competente:
1. Implementar el mecanismo para realizar la inscripción de los gestores de
RCD el cual deberá ser público y de fácil acceso a todas las personas, conforme
a lo establecido en el formato del Anexo IV que forma parte integral de la
presente resolución.
2. Efectuar el seguimiento y control a las actividades realizadas por los
generadores y gestores de RCD.
3. Tener a disposición del público a través de su página web un listado de los
gestores inscritos en su jurisdicción.
Parágrafo. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental que
generen RCD, serán objeto de seguimiento y control al cumplimiento de lo
dispuesto en la presente resolución en el marco de dicho instrumento.
Artículo 19. Metas de aprovechamiento de RCD. Los grandes generadores,
deberán utilizar RCD aprovechables en un porcentaje no inferior al 2% en peso
del total de los materiales usados en la obra, conforme a lo dispuesto en la
siguiente tabla:
CATEGORÍA MUNICIPAL CUMPLIMIENTO DE META
Especial, 1, 2 y 3 1° de enero de 2018
4, 5, y 6 1° de enero de 2023
En los años posteriores se deberá garantizar un incremento anual de dos puntos
porcentuales, hasta alcanzar como mínimo un 30% de RCD aprovechables en
peso del total de los materiales usados en la obra.
Parágrafo. En el caso de los proyectos, obras o actividades generadoras de
RCD sujetos a licenciamiento ambiental, deberán dar cumplimiento a las metas
a partir del 1° de enero de 2018.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe:
1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio
nacional.
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2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en los
rellenos sanitarios.
3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos
peligrosos.
4. Recibir en los sitios de disposición final de RCD, residuos sólidos ordinarios
o residuos peligrosos mezclados con RCD.
5. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas
arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos,
quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales, manglares y zonas
ribereñas.
Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia
a partir del primero (1°) de enero de 2018 y deroga a partir de la misma fecha
la Resolución número 541 de 1994.
El requisito establecido en el numeral 3 del artículo 10 de la presente resolución,
se hará exigible a los doce (12) meses, contados a partir de la vigencia de la
misma”.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La demandante sostiene que el acto acusado es “ilegal” por cuanto desconoce las
obligaciones constitucionales de protección al trabajo y los fines esenciales del
Estado previstos en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política. A su juicio, la
resolución acusada vulnera los derechos fundamentales de la población de
conductores de vehículos de tracción animal —carretilleros—, reconocidos y
amparados por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2003. Indica que
en la etapa de elaboración del acto los carretilleros participaron en la construcción
del borrador normativo, formulando observaciones que fueron eliminadas sin
justificación, pese a que la Corte Constitucional ha ordenado su inclusión en la
prestación del servicio público de aseo.
En segundo lugar, aduce que el acto administrativo es “irregular e improcedente”,
pues, aunque inicialmente se contempló la participación de los carretilleros en el
“Capítulo II, “Transporte de RCD”, artículo 9, parágrafos 1, 2 y 3 del borrador”,
posteriormente fueron excluidos sin justificación alguna. Afirma que el acto
demandado propicia la concentración o monopolización de la prestación del servicio
de transporte de RCD en favor de particulares, en detrimento de los denominados
prestadores naturales, afectando con ello el mínimo vital de esta población y sus
expectativas de formalización en la actividad que históricamente han desarrollado.
Finalmente, plantea que en el acto controvertido se configura una “falsa motivación”,
en tanto la exclusión de los carretilleros se sustentó en que la resolución no limita la
participación de los recicladores y que, conforme al Decreto 1077 de 2015, los
planes de gestión integral de residuos sólidos deben fortalecer acciones afirmativas
en favor de estos últimos. Argumenta que dicha motivación resulta errónea y ajena
a la realidad, por cuanto confunde dos actividades distintas: los recicladores de
oficio, quienes se ocupan de residuos ordinarios y aprovechables, y los carretilleros,
dedicados al transporte y manejo de residuos de construcción y demolición.
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se opuso a las pretensiones de la
demanda, aduciendo, en primer término, que, aunque se solicita la nulidad de la
Resolución 0472 de 2017, los reproches de la parte actora se refieren de manera
específica a la actividad de recolección y transporte de residuos de construcción y
demolición —RCD—, la cual solo es objeto de una regulación puntual en el artículo
6° del acto acusado.
Indicó que la mención a pronunciamientos judiciales sobre la población recicladora
y a la sustitución de vehículos de tracción animal carece de conexión directa con el
contenido normativo de la resolución, cuyo propósito central es reglamentar la
gestión integral de los RCD.
Sostuvo que la resolución demandada tiene un objeto eminentemente ambiental,
aplicable a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten,
transporten, almacenen, aprovechen o dispongan RCD en el territorio nacional, y
que la actividad de recolección y transporte es solo una de las seis etapas que
regula. El artículo 6° establece condiciones generales para dichas actividades —
relativas al manejo, cubrimiento y transporte de la carga—, sin determinar tipos
específicos de vehículos ni imponer restricciones al gremio de los carretilleros,
asunto que corresponde a las autoridades de tránsito y transporte.
Agregó que el acto acusado no contiene disposición alguna que limite la
participación del sector carretillero en la gestión de RCD ni busca monopolizar la
prestación del servicio público, cuya titularidad corresponde por mandato
constitucional y legal a los municipios. La exclusión de referencias específicas a
programas de inclusión social para dicho gremio obedece a que tal materia debe
ser tratada en el marco de la regulación del servicio público de aseo, en particular a
través de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos —PGIRS—, conforme
al artículo 2.3.2.2.3.87 del Decreto 1077 de 2015.
Por último, señaló que la Resolución 0472 de 2017 no constituye la primera
regulación sobre la materia, pues desde 1994 el Ministerio ha expedido normas que
incluyen disposiciones generales sobre transporte, almacenamiento, cargue,
descargue y disposición final de los RCD —denominados entonces escombros—,
como la Resolución 541 de ese año. En este sentido, concluyó que los cargos de
ilegalidad, irregularidad y falsa motivación carecen de fundamento, por no guardar
relación con el verdadero contenido y alcance del acto demandado.
III. AUDIENCIA INICIAL
El 19 de marzo de 2021 se llevó a cabo la audiencia inicial2. Particularmente, se fijó
el litigio en los siguientes términos:
2 En la diligencia judicial se indicó que a través de auto calendado el 12 de agosto de 2020, se
resolvió declarar no probada la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda formulada
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el auto que resolvió la excepción previa se
consideró: “Visto el alcance del medio exceptivo que se formuló y de cara al escrito de demanda, es
posible extraer que los reparos de la actora se centraron en discutir si la decisión censurada incurrió
en expedición irregular, falsa motivación y violación de normas superiores, bajo el argumento que la
población de conductores de vehículos de tracción animal fue excluida de la regulación para la
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“7.1. En relación con el cargo de violación de normas superiores
7.1.1. La Sala deberá estudiar si es cierto que en el proceso de formación del
acto acusado se incluyeron disposiciones cuyos destinatarios eran los
conductores de vehículos de tracción animal y si luego, al expedir la resolución
acusada, tales normas fueron excluidas.
7.1.2. De responder afirmativamente la anterior cuestión, tendrá que
determinarse si desconoce el principio de legalidad, los artículos 1, 2, 6, 123
inciso 1 y 124 de la Constitución Política y los derechos de los conductores de
vehículos de tracción animal la norma que reglamentó la gestión integral de
residuos generados en las actividades de construcción y demolición.
7.1.3. Absueltos los anteriores interrogantes, se resolverá si el acto demandado
adolece de nulidad por infringir una o todas o algunas de los preceptos
constitucionales en cita.
7.2. En relación con el cargo de expedición irregular
7.2.1. De acuerdo a lo que se resuelva en relación con el numeral 7.1.1. deberá
analizarse si la decisión demandada fue expedida de forma irregular al
eliminarse de su texto final las disposiciones que hacían referencia a los
conductores de vehículos de tracción animal.
7.2.2. En caso de que la respuesta a tal punto sea afirmativa, la Sala dilucidará
si ello se traduce en la nulidad del acto censurado.
7.3. En relación con la falsa motivación
7.3.1. Se establecerá si es cierto que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al expedir el acto demandado trata a los conductores de vehículos
de tracción animal como población recicladora.
7.3.2. Resuelto tal punto, se resolverá si ello implica la nulidad del acto
enjuiciado por falsa motivación.”3
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes guardaron silencio.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición, pese a
que en el borrador del proyecto de regulación habían sido previstas disposiciones relativas a la
participación de ese grupo en la mencionada actividad, las cuales fueron eliminadas en el texto final
de la norma acusada. Así las cosas, aun cuando el Despacho es consciente de que el discernimiento
expuesto no fue el más claro, es posible concluir que el accionante sí invocó las normas vulneradas
por el acto acusado y sustentó las razones de la presunta violación (…) Bajo tal presupuesto, a juicio
del Despacho, el concepto de violación ofrece la posibilidad de efectuar el examen de legalidad que
propone la accionante, razón por la cual la excepción propuesta no prospera”.
3 Visible a índice 68 ibidem.
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VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Cuestión previa
Mediante escrito del 27 de noviembre de 20254, el Consejero de Estado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes presentó a la Sala su impedimento para conocer del
proceso de la referencia.
El mencionado Consejero adujo estar incurso en la causal de impedimento prevista
en el numeral 12 del artículo 141 del CGP5. Al respecto, indicó que cuando se
desempeñó como Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico - CRA emitió el Concepto 258231 de 2018, relacionado con
la disposición final de residuos de construcción y demolición y la aplicación de la
Resolución 0472 de 28 de febrero de 2017, objeto del presente medio de control de
nulidad.
Respecto del alcance de dicha causal, esta Sección en proveído del 18 de marzo
de 20216, señaló lo que sigue:
Al respecto, es pertinente señalar que, en providencia de 24 de junio de 2015, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas
núm.1, en lo referente al impedimento fundado en que el funcionario judicial haya
«manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso», concluyó:
En punto a la estructuración de la causal alegada la Corte Suprema de Justicia
ha manifestado lo siguiente (CSJ AP, 5 Jul 2007, Rad. 27.775):
Frente a esta causal, la Sala ha sostenido que no toda opinión emitida por el
juez sobre el objeto del proceso da lugar a la declaratoria de impedimento, sino
4 Visible en el índice 98 ibidem.
5 Aplicable al presente trámite por remisión del artículo 130 del CPACA. La norma invocada por el
Magistrado Osorio Cifuentes es del siguiente tenor: “Artículo 141. Causales de recusación. Son
causales de recusación las siguientes: (…) 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de
actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como
apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto del 18 de marzo de 2021. Proceso
radicado número 11001 33 34 004 2015 00063 01. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
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sólo aquélla que se produce extraprocesalmente puede conducir a la
separación del asunto. Además, la opinión con poder suficiente para la
separación del conocimiento del proceso debe ser de fondo, sustancial, es
decir, que vincule al funcionario judicial con el asunto sometido a su
consideración al punto que le impida actuar con la imparcialidad y ponderación
que de él espera el conglomerado social, y particularmente los sujetos
procesales que intervienen en la actuación.
Pero no se trata de cualquier pronunciamiento u opinión abstracta y general, en
tanto que la que resulta impediente debe tener estrecha relación con el asunto
que ha de resolver el funcionario, como reiteradamente lo ha señalado la
jurisprudencia de la Sala, a la cual acudieron los integrantes del Tribunal
Superior de Valledupar para inadmitir el impedimento, “no toda opinión o
concepto sobre el objeto del proceso origina causal impediente, pues la que
adquiere relevancia jurídica en esta materia es la emitida por fuera del proceso
y de tal entidad y naturaleza que vincule al funcionario sobre el aspecto que ha
de ser objeto de decisión”, tema sobre el cual agregó:
Además ese concepto extraprocesal del que se exige identidad absoluta sobre
el objeto del conocimiento, debe presuponer un razonamiento con entidad
suficiente para sustentar la manifestación de impedimento, esto es, que
traduzca una motivación profunda, un compromiso intelectual que lo vincule a
los hechos que son materia de juzgamiento o, como lo ha señalado
recientemente la Sala, debe ser ‘sustancial, vinculante, de fondo, que constituya
una barrera que cerca el juicio del juzgador y le impide actuar con libertad’ (Auto
de julio 19/2000).
En este sentido, esta Sección, en providencia del 15 de noviembre de 2024 7,
estableció que, para estructurar la causal invocada, se deben cumplir los siguientes
requisitos: (i) emitir un concepto sustancial y de fondo sobre el asunto sometido a
consideración, (ii) que el concepto sea específico, es decir, que incida directamente
sobre la controversia, y (iii) que sea motivado, lo cual implica que las posiciones
adoptadas sobre las cuestiones en disputa deben centrarse en el tema sometido a
examen; veamos:
De acuerdo con lo precedente, los elementos que han de estar presentes en la
estructuración de la causal invocada y que dan lugar a que el juez sea apartado del
presente proceso por la manifestación extraprocesal que prueba el concepto dado
frente al asunto materia de debate, son los siguientes:
i) Concepto sustancial y de fondo. Es decir, que debe estar relacionado
intrínsecamente con el asunto sometido a decisión y se equipara a la preexistencia
de una posición sobre el tema llamado a decidir.
ii) Específico. El concepto que impide la participación del juez es aquel que de
manera precisa decanta una posición sobre el asunto sometido a controversia. No
es válido asimilar su ocurrencia por un planteamiento de contenido general que no
incida sobre el asunto en cuestión, ni de cualquier opinión no puntual que se
manifieste sobre la temática o marco general de la controversia.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto del 15 de
noviembre de 2024. Proceso radicado número: 68001 23 31 000 2008 00725 01. Consejera Ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón.
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iii) Motivado. La posición sobre las cuestiones materia del proceso recaen en que
los razonamientos del concepto estén referidos no solo a una exposición jurídica
suficiente y motivada, sino respecto del tema jurídico sometido a examen.
La controversia que se ventila en el presente trámite versa sobre la legalidad de la
Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, «Por la cual se reglamenta la gestión
integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición
• RCD y se dictan otras disposiciones», expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
En el presente caso, el Magistrado señala que emitió el Concepto 258231 de 2018,
el cual se encuentra relacionado con la disposición final de residuos de construcción
y demolición, así como con la aplicación de la Resolución 0472 de 28 de febrero de
2017, objeto, esta última, del medio de control de nulidad de la referencia.
En ese orden, el citado concepto tiene la entidad suficiente para comprometer su
imparcialidad y afectar su juicio en el caso bajo estudio, pues, como se explicó al
abordar el alcance de esta causal de impedimento, es sustancial, específico y
motivado, en la medida en que existe un compromiso intelectual con conexión
directa al acto demandado en la controversia actual. De manera que las
consideraciones expuestas en el señalado concepto revisten total relevancia para
inhibir su participación en el proceso.
Nótese que lo invocado es un concepto con un contenido sustancial, que se
encuentra vinculado a la resolución que ocupa la atención de la Sala, cuestión que,
en efecto, conduce a declarar fundado el impedimento del Consejero Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
7.3. Planteamiento
Del análisis conjunto de la demanda, la contestación al libelo introductorio y la
fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial, se advierte que la controversia se
centra en establecer si, en el proceso de expedición de la Resolución 0472 de 2017,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible excluyó de manera injustificada
disposiciones que, en el borrador de la norma, contemplaban la participación de los
conductores de vehículos de tracción animal —carretilleros— en las actividades de
recolección y transporte de residuos de construcción y demolición.
Por un lado, mientras la parte demandante sostiene que la eliminación de dichas
disposiciones configura una vulneración directa de normas superiores, un vicio en
la formación del acto y una falsa motivación —al haberse equiparado erróneamente
a los carretilleros con la población recicladora—, el Ministerio afirma que la
resolución demandada es de carácter ambiental, que la actividad de recolección y
transporte de RCD es solo una de las etapas que regula y que el artículo 6° del acto
demandado fija condiciones generales sin restringir la participación del gremio
carretillero.
Y por el otro, la parte actora considera que la omisión de incluir expresamente a los
carretilleros en el texto definitivo del acto desconoce mandatos constitucionales y
jurisprudenciales que ordenan su inclusión en el servicio público de aseo,
propiciando además la monopolización de la prestación de dicho servicio en favor
de particulares, en detrimento de prestadores naturales y afectando el mínimo vital
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de una comunidad vulnerable. Por su parte, la entidad demandada sostiene que la
resolución no contiene disposición alguna que limite la participación de los
carretilleros ni pretende entregar la prestación de servicios públicos a particulares,
en tanto su competencia se circunscribe a la regulación ambiental de la gestión
integral de los RCD, correspondiendo a los municipios, por mandato constitucional
y legal, la titularidad y organización del servicio público de aseo y la implementación
de programas de inclusión social en los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
7.4. Análisis de la Sala
7.4.1. En primer lugar, la Sala deberá establecer si es cierto que en el proceso de
formación del acto acusado se incluyeron disposiciones cuyos destinatarios eran los
conductores de vehículos de tracción animal y si luego, al expedir la resolución
acusada, tales normas fueron excluidas.
7.3.1.1. Para resolver el anterior interrogante, la Sala se remitirá al “DOCUMENTO
TÉCNICO DE SOPORTE DE LA RESOLUCIÓN” y “LA MEMORIA JUSTIFICATIVA
DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD EN EL TERRITORIO NACIONAL”.
7.3.1.2. El documento técnico de soporte presenta un análisis sobre la gestión de
los RCD en Colombia, con énfasis en experiencias nacionales y latinoamericanas,
y propone lineamientos para fortalecer su manejo. Contiene un capítulo de contexto
y antecedentes históricos, en el que se expone que, desde 1994, con la expedición
de la Resolución 541, el país comenzó a regular el manejo de estos residuos,
estableciendo requisitos para su transporte, almacenamiento y disposición final. No
obstante, señala que persisten deficiencias en la reducción de volúmenes
dispuestos en sitios no controlados, con impactos ambientales y sociales, dado que
la gestión sigue centrada en la disposición final, con escasa prevención,
reutilización y aprovechamiento. En el examen de experiencias, se citan los casos
de Brasil, Argentina y ciudades como Medellín, Bogotá y Manizales. Comenta que,
en Colombia, aunque existen escombreras controladas y programas de
aprovechamiento, los niveles de reciclaje siguen siendo bajos frente a la magnitud
del problema. El documento también aborda el marco normativo, que incluye el
Decreto 586 de 2015 y diversos acuerdos municipales, que busca transitar hacia
un modelo de economía circular que priorice la prevención, separación en la fuente,
reciclaje y aprovechamiento, fortaleciendo la regulación, la educación ciudadana y
la infraestructura para el tratamiento de los RCD.
7.3.1.2.1. La Sala advierte que, si bien en la página 14 de este documento, se
menciona que, en Barranquilla, pese a la existencia de un sitio autorizado para
disposición de residuos, algunos vehículos de tracción animal y volqueteros arrojan
RCD en lugares no permitidos, como espacios públicos, cuerpos de agua o arroyos,
situación frente a la cual se han adelantado operativos de control, imposición de
comparendos y acciones para erradicar puntos críticos, lo cierto es que esta
mención puntual describe un problema local y no evidencia, como lo sostiene la
parte actora, que en la elaboración de la resolución se hubiesen incluido
disposiciones dirigidas específicamente a los conductores de vehículos de tracción
animal.
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7.3.1.3. Por su parte, la memoria justificativa presenta las razones que sustentaron
la expedición de la resolución, enmarcadas en la economía circular y la protección
ambiental. Destaca la alta generación de RCD en el país, derivada del crecimiento
del sector de la construcción, y la necesidad de establecer normas para prevenir y
reducir su generación, promover su aprovechamiento y valorización, y evitar su
disposición inadecuada. Señala que la gestión debe priorizar la prevención, el
reciclaje y la disposición final en sitios autorizados, y resalta que la responsabilidad
por el manejo de los RCD recae en el generador.
La memoria recoge experiencias nacionales y evidencia que la regulación previa,
como la Resolución 541 de 1994, ha sido insuficiente para contener los impactos
ambientales, por lo que se propone fortalecer el marco normativo. Asimismo, señala
que el proyecto fue publicado en la página web del Ministerio, garantizando la
participación ciudadana.
7.3.1.3.1. La Sala observa que en la memoria justificativa no se incluyen referencias
específicas a conductores de vehículos de tracción animal. El énfasis está puesto
en la gestión integral de RCD, la normatividad ambiental, la prevención de impactos
y las acciones de aprovechamiento, sin mención particular a esta población.
7.3.1.4. Así, del examen de los antecedentes del acto demandado, esto es, del
documento técnico de soporte y de la memoria justificativa no se desprende que,
en el proceso de formación de la Resolución 0472 de 2017, se hubiesen
incorporado disposiciones expresamente dirigidas a los conductores de vehículos
de tracción animal y que luego hubiesen sido excluidas al momento de su
expedición. Las referencias halladas no permiten deducir que existió un tratamiento
normativo proyectado para este grupo poblacional dentro del articulado del acto
administrativo.
7.3.1.5. En consecuencia, no es cierto que en el proceso de formación del acto
acusado se incluyeran y posteriormente se suprimieran disposiciones destinadas a
los conductores de vehículos de tracción animal. Por tal motivo, los cargos por
violación de norma superior y expedición irregular no prosperan.
7.4.2. En segundo lugar, la Sala deberá establecer si es cierto que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al expedir el acto demandado otorgó tratamiento
a los conductores de vehículos de tracción animal como población recicladora.
7.3.2.1. Del análisis integral de la Resolución 472 de 2017, la Sala observa que su
objeto y ámbito de aplicación, definidos en el artículo 1°, se circunscriben a la
reglamentación de la gestión integral de los residuos de construcción y demolición
—RCD— y se dirigen a todas las personas naturales y jurídicas que generen,
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen o dispongan este tipo de residuos.
El articulado desarrolla las definiciones propias del sector, la jerarquía en la gestión,
las actividades que la integran, las medidas técnicas y ambientales aplicables, así
como las obligaciones de generadores, gestores, municipios, distritos y autoridades
ambientales.
7.3.2.2. A lo largo del texto de la resolución no se advierte mención alguna a la
población recicladora, ni a los conductores de vehículos de tracción animal, ni se
definen categorías diferenciadas de sujetos a partir de estas condiciones. Tampoco
se incluyen disposiciones que permitan inferir un tratamiento jurídico equiparable
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entre carretilleros y recicladores de oficio, ni se contemplan acciones afirmativas,
programas o beneficios dirigidos a alguno de estos grupos.
7.3.2.3. Las obligaciones y prohibiciones previstas por la norma tienen un carácter
estrictamente ambiental y técnico, encaminadas a garantizar el manejo adecuado
de los RCD para prevenir y mitigar sus impactos sobre el ambiente. Las únicas
referencias a actividades de transporte se encuentran en el artículo 6°, que
establece condiciones generales para la recolección y el transporte de RCD —
relativas a la forma de acomodar la carga, evitar su dispersión y cumplir con las
normas vigentes de tránsito, transporte y emisiones atmosféricas— sin que en ellas
se especifique o distinga el tipo de vehículo o el perfil socioeconómico de los
operadores.
7.3.2.4. En este contexto, no existen elementos objetivos que permitan concluir que
la autoridad demandada haya asimilado a los conductores de vehículos de tracción
animal con la población recicladora. El contenido normativo no contempla
definiciones, consideraciones o medidas que denoten tal equiparación, ni establece
que las disposiciones aplicables a los recicladores de oficio se extiendan o sean
predicables de los carretilleros.
7.3.2.5. En ese orden, del estudio del acto demandado, la Sala observa que no es
cierto que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible haya otorgado a los
conductores de vehículos de tracción animal el mismo tratamiento que a la
población recicladora. El acto acusado no hace referencia alguna a esta última, ni
prevé disposiciones que impliquen la equiparación de ambas poblaciones; por el
contrario, se limita a establecer reglas de carácter general y técnico aplicables a
todos los actores que intervienen en la gestión de los RCD, sin distinción por la
naturaleza de su vehículo o actividad económica específica. Por ende, el cargo de
falsa motivación no prospera.
7.4.3. En definitiva, la Sala concluye que no son ciertas las tesis que respaldan los
cargos de la nulidad dirigidos por la parte actora en contra del acto acusado. En
efecto, del análisis del documento técnico de soporte y de la memoria justificativa
no se desprende que, durante la elaboración de la Resolución 0472 de 2017, se
hubiesen incluido y posteriormente excluido disposiciones específicamente
dirigidas a los conductores de vehículos de tracción animal. Asimismo, de la lectura
del contenido normativo de la resolución cuestionada no se advierte que el
Ministerio hubiese otorgado a esta población el mismo tratamiento que a los
recicladores. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
Costas
Visto el artículo 188 del CPACA8, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto.
8 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”.
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22
Radicado: 11001 03 24 000 2017 00268 00
Demandante: ASOCIACIÓN MUTUAL ECO AMBIENTAL DE CALI
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, de conformidad con lo previsto en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
CUARTO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
4 de diciembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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