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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2008-00725-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2008-00725-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, y, en su lugar, se dispone: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-31-000-2008-00725-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 68001 23 31 000 2008 00725 01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

TESIS: SE REVOCA EL FALLO APELADO EN ATENCIÓN A QUE LA
ORDEN DADA POR LA SSPD A LA SOCIEDAD EMAB, RELATIVA A
DEVOLVER LOS DINEROS CAPTADOS A USUARIOS QUE HABÍAN
REQUERIDO SU DESVINCULACIÓN Y SOLICITADO EL SERVICIO A LA
SOCIEDAD CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., FUE IMPARTIDA EN
CUMPLIMIENTO DE LA POTESTAD DE INSPECCIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA OTORGADA A DICHA ENTIDAD. NO GUARDA RELACIÓN
INESCINDIBLE CON LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL COBRO NO
AUTORIZADO DE TARIFAS, AL FACTURAR Y COBRAR SERVICIOS A
USUARIOS VINCULADOS A LA SOCIEDAD CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.
LA ORDEN DE DEVOLUCIÓN DE COBRO NO JUSTIFICADO NO REVISTE
POR SÍ MISMA LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA SANCIÓN.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

• SSPD1, contra la sentencia de 16 de abril de 2015, proferida por el

1
En adelante SSPD

2

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2008 00725 01
Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión2, que

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La sociedad EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. -

EMAB3, mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código

Contencioso Administrativo4, presentó demanda en contra de la SSPD,

tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones

núms. SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre de 2007, “Por la

cual se impone una sanción” y SSPD 20084400008595 de 7 de abril de

2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, que modificó

el valor de la sanción impuesta, no accedió a la solicitud de revocatoria

de la orden de devolución señalada en el artículo 3° de la Resolución

núm. SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre de 2007, revocó los

2
En adelante el Tribunal.

3
En adelante EMAB

4
En adelante CCA

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cargos quinto y séptimo, y confirmó en los demás términos la

Resolución en cita. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] 2. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que la actora
no está obligada a pagar a la Nación la sanción pecuniaria de
$290.000.000, impuesta por la Superintendencia Delegada para
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SSPD, en las resoluciones cuya
nulidad se demanda.

3. Que, igualmente y como consecuencia de la primera declaración, se
declare que la demandante no está obligada a devolver a la sociedad
CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., los dineros cuya devolución se ordena en
el artículo Tercero de la Resolución Núm. SSPD 20074000040475 del
17 de diciembre de 2007 confirmada mediante el artículo Segundo de
la Resolución Núm. SSPD 20084400008595 del 7 de abril de 2008,
actos administrativos impugnados, correspondientes supuestamente a
servicios no prestados pero si cobrados a determinados usuarios
atendidos presumiblemente por la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A.
E.S.P.

4. Que, en el evento de que, a la fecha de proferirse el fallo de la
presente acción, la sociedad accionante se haya visto obligada a
devolver las sumas, cuya devolución se ordena a favor de la sociedad
CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P. en los actos impugnados, cuya cuantía a
la fecha se desconoce, se condene a la Nación – Departamento
Nacional de Planeación – SSPD, a devolver la suma cuyo pago se
acredite por la actora en el curso de este proceso, debidamente
indexada conforme lo ordena el artículo 178 del CCA. […]”

I.2. Hechos

Afirmó que la sociedad EMAB tiene como objeto social la prestación y

regulación del servicio público domiciliario de aseo en el Municipio de

Bucaramanga y cualquier otro municipio del territorio nacional, en los

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términos de la Ley 142 de 11 de julio de 19945 y se encuentra registrada

en la Cámara de Comercio de Bucaramanga bajo la matrícula mercantil

núm. 05-071216-04 de 30 de octubre de 1998.

Comunicó que la Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la SSPD

solicitó a la Dirección de Investigaciones para Acueducto, Alcantarillado

y Aseo de la SSPD, la apertura de investigación administrativa contra

la sociedad EMAB, por presunta violación a normas y disposiciones

legales vigentes sobre servicios públicos domiciliarios, mediante

memorandos núms. 2004430001763 de 19 de noviembre de 2004 y

20064300006113 de 3 de febrero de 2006.

Sostuvo que las razones de tal solicitud de investigación contra la

sociedad EMAB fueron las diversas quejas presentadas por el

representante legal de la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., la

sociedad LIMPIEZA URBANA S.A. E.S.P., el periodista Nelson

Rodríguez, residentes del Conjunto Residencial Rincón de los

Caballeros, y la Confederación Nacional de Vocales de Control.

5
Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones2.

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Asimismo, informes técnicos de 19 de noviembre de 2004 y de 7 de

diciembre de 2005, emanados de la Dirección Técnica de Aseo de la

SSPD, que contienen el resultado del análisis de pruebas documentales

y de la visita de inspección practicada el 1o. de diciembre de 2005 en

el área metropolitana de Bucaramanga, para verificar e inspeccionar la

gestión comercial de las empresas del área, dentro de las cuales se

encontraba la sociedad EMAB.

Informó que la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia

Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, inició la investigación

administrativa núm. 2006-440-000045 en contra de la sociedad EMAB.

Expresó que la Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la SSPD

formuló a la sociedad EMAB pliego de cargos núm. 20064400265531,

el 22 de mayo de 2006, entre otros, por el presunto cobro no autorizado

de tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios que estaban

vinculados a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.

Comunicó que dicho cargo fue soportado con base en que la sociedad

EMAB supuestamente realizó desde el mes de marzo de 2003 hasta el

mes de septiembre de 2004 presuntos cobros no autorizados de tarifas

por servicios no prestados, cuando dicho servicio fue suministrado por

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la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., que inició operaciones de

forma regular y continua desde el 10 de marzo de 2003, prestando sus

servicios a 10.119 usuarios, a los cuales la sociedad EMAB facturó y

cobró los servicios, infringiendo así el artículo 148 de la Ley 142.

Informó que la sociedad EMAB, a través de apoderada, presentó

descargos mediante radicado núm.2006529020809-2, el 9 de junio de

2006, manifestando frente al cargo quinto que la sociedad EMAB prestó

el servicio de recolección, transporte, disposición final y barrido de las

vías públicas a los usuarios entre marzo de 2003 a marzo de 2004, y

que por ello realizó el cobro respectivo.

Señaló que en la etapa probatoria de la investigación (auto de 17 de

agosto de 2006), la Dirección de Investigaciones de la SSPD rechazó

las pruebas testimoniales y periciales solicitadas, aceptando solo

algunas documentales, decisión contra la cual la sociedad EMAB

interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, el 4 de

septiembre de 2006.

Precisó que la Dirección de Investigaciones de la SSPD resolvió el

recurso de reposición contra el auto mencionado, revocando

parcialmente el artículo tercero de la parte resolutiva, confirmando los

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artículos cuarto y quinto del mismo, y concediendo el recurso de

apelación, mediante proveído de 1o. de noviembre de 2006.

Comunicó que el Superintendente Delegado para el Acueducto,

Alcantarillado y Aseo, el 7 de diciembre de 2006, confirmó el auto que

resolvió el recurso de reposición.

Afirmó que el Superintendente Delegado para el Acueducto,

Alcantarillado y Aseo, impuso a la sociedad EMAB una sanción

pecuniaria y ordenó la devolución de los dineros captados a usuarios

que habían solicitado su desvinculación y que requirieron el servicio a

la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., mediante la Resolución núm.

SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre de 2007, decisión que fue

impugnada mediante recurso de reposición presentado el 7 de febrero

de 2008, por estimar que existió caducidad de la potestad sancionatoria

de los cargos segundo, cuarto, quinto y séptimo, violación general al

debido proceso e insuficiente y errada motivación del acto administrativo

recurrido frente a todos los cargos.

Expresó que el Superintendente Delegado para el Acueducto,

Alcantarillado y Aseo mediante la Resolución núm. SSPD

20084400008595 de 7 de abril de 2008, resolvió el recurso de

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reposición, a través del cual modificó el valor de la sanción impuesta,

no accedió a la solicitud de revocatoria de la orden de devolución

señalada en el artículo 3° de la Resolución núm. SSPD

20074000040475 de 17 de diciembre de 2007, revocó los cargos

quinto y séptimo y confirmó en los demás términos la Resolución en

cita, que quedó en firme el 19 de agosto de ese año.

I.3.- Fundamentos de derecho

La actora expuso que los actos administrativos demandados violaron

las siguientes normas:

1. Constitución Política: artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 21, 25, 29, 58,

83, 209, 333, 334, 365, 369 y 370.

2. CCA: artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38,

59 y 60.

3. Código de Procedimiento Civil6: artículos 6°, 37, 103, 174, 175,

176, 177, 178, 179, 180, 183, 187, 213, 246, 251 y 252.

4. Ley 142: artículos 2°, 3°, 9°, 11, 14, 25, 30, 32, 34, 79, 81, 106,

108, 109, 111, 112, 113, 128, 129, 132, 133, 152, 153, 154 y

156.

6
En adelante CPC

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5. Ley 256 de 15 de enero de 19967: artículos 1°, 2°, 6°, 7°, 8°,

10°, 11, 12 y 18.

Explicó el concepto de la violación en los siguientes términos:

Violación de las normas superiores. La demandante precisó que los

actos demandados desconocieron el principio de legalidad, en atención

a que la orden de devolver dineros por parte de las empresas de

servicios públicos domiciliarios no fue establecida en ninguna de las

potestades sancionatorias de la SSPD, por lo que tal orden no

correspondía a una atribución de dicha entidad.

Violación al debido proceso. Expuso que la SSPD incurrió en

verdaderas vías de hecho, comoquiera que para proferir los actos

administrativos demandados desconoció el procedimiento propio en

cuanto a la conformación de la prueba, rechazó el decreto de las

pruebas solicitadas oportunamente, desestimó injustificadamente

material probatorio legalmente practicado y aportado a la investigación

administrativa, trasgrediendo el debido proceso.

7
Ley 256 “Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”.

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Expedición irregular y con desviación de poder. A juicio de la

demandante, en los actos administrativos acusados la SSPD introdujo

a título de sanción accesoria, la orden de devolver dineros

supuestamente retenidos a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P por

la sociedad EMAB, en ausencia de prueba alguna dentro del proceso

administrativo de que tales dineros en verdad se debían, sin tener la

facultad para emitir dicha orden como consecuencia de haberse probado

presunto cobro no autorizado de tarifas, al facturar y cobrar servicios a

usuarios que estaban vinculados a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A.

E.S.P., sin que ello estuviere previamente señalado en la Ley, y sin que

dicho precepto se hubiere formulado con anterioridad en ninguna etapa

del proceso, con lo cual se violó la seguridad jurídica y se desconoció el

derecho de contradicción y de defensa de la sociedad EMAB.

Falsa motivación. Para fundamentarla expresó que la SSPD en la

expedición de los actos acusados dio un sentido probatorio que no

correspondía al contenido jurídico y real de las pruebas, desconfigurando

el esquema de equilibrio procedimental instaurado por las normas

aplicables, con lo que generó un grave defecto fáctico y jurídico en la

sustentación de su decisión.

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I.4. Contestación de la demanda

La demanda fue admitida por el Tribunal mediante auto de 11 de junio

de 20098 en el que se ordenó la notificación a la entidad que expidió

los actos acusados y al Ministerio Público.

La SSPD, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda

en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones,

argumentando, en esencia, que los actos acusados se encontraban

ajustados al principio de legalidad, la Constitución Política, la Ley 142,

demás normas concordantes y documentos emanados de la Comisión

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 9.

Afirmó que la SSPD actuó bajo el ámbito estricto de su competencia,

sin exceder sus facultades, limitándose de manera exclusiva a lo

regulado en materia de investigaciones y sanciones a las empresas que

se encontraban bajo su vigilancia, garantizando el debido proceso y el

derecho de defensa.

Señaló que la SSPD, según los artículos 79 y 81 de la Ley 142, era la

8
Folios 1626 a 1630 C. 5.

9
En adelante CRA

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autorizada legalmente para conocer todo el procedimiento

administrativo que se iniciare contra una empresa de servicio público

domiciliario, así como, para conocer, tramitar, resolver y notificar las

actuaciones administrativas.

Agregó que la SSPD en la expedición de los actos acusados se apegó

al orden constitucional y legal, respetó los derechos de debido proceso

y defensa, brindó la oportunidad legal y procesal a la sociedad EMAB

para defenderse a través de la presentación de los recursos de ley.

Indicó que no hubo violación al debido proceso, en atención a que no se

desconoció el procedimiento de conformación de la prueba, ni se dio un

alcance probatorio que no tenía, pues, por el contrario, la conducta

desplegada por la Delegada de la SSPD fue garantista y respetuosa.

Manifestó que las pruebas solicitadas, que no fueron objeto de decreto,

se pusieron en conocimiento de la sociedad EMAB, la cual interpuso

recurso contra el auto respectivo, obteniendo un argumento contundente

sobre la impertinencia e inconducencia de su decreto, es decir, existieron

las suficientes garantías para ejercer su derecho de defensa y se actuó

bajo el debido proceso.

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Precisó que la orden de devolver dineros retenidos a la sociedad

CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P por la sociedad EMAB, no es una sanción

y, por tanto, no se encuentra tipificada en el artículo 81 de la Ley 142;

no obstante, explicó que dicha orden surgió en el transcurso de la

actuación como consecuencia natural frente a la comprobación de una

conducta, que al realizarse, ocasionó necesariamente que se ordenara la

devolución en cumplimiento de un deber normativo.

Añadió que la orden de devolución de los dineros obedeció al

cumplimiento de un deber establecido en los artículos 1° y 4° de la

Resolución CRA 294 de 21 de julio de 200410, que ordena la devolución

de cobros no autorizados en los servicios de acueducto, alcantarillado y

aseo, como criterio general de protección de los derechos de los usuarios

en lo relativo a la factura.

Propuso como excepciones las siguientes:

• «Inexistencia de la violación por parte de los actos

administrativos». La sustentó en que en los actos administrativos

demandados no existe violación de las normas citadas por la actora.

10
Resolución CRA 294 “Por la cual se establece la devolución de cobros no autorizados para los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo, como criterio general de protección de los derechos de los usuarios
en lo relativo a la factura”.

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• «Excepción de falta de causa petendi». La sustentó en que, por

sustracción de materia, de no existir violación alguna en los actos

acusados sobre las normas alegadas por la demandante, se presenta

carencia en la causa petendi.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 16 de abril de 2015, accedió parcialmente

a las pretensiones de la demanda. En esencia, adujo lo siguiente:

Que la SSPD, mediante la Resolución núm. SSPD 20084400008595 de

7 de abril de 2008, decidió declarar la caducidad de la potestad

sancionatoria respecto del cargo quinto -presunto cobro no autorizado

de tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios que estaban

vinculados a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., por lo que dicho

acto administrativo revocó la sanción pecuniaria impuesta en contra de

la sociedad EMAB, pero a su vez dejó en firme la orden de devolución

de los dineros captados a los usuarios que habían pedido la

desvinculación de la EMAB y que solicitaron su vinculación a la sociedad

CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.

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Sostuvo que, con fundamento en lo anterior, resultaba contradictorio

que la SSPD decidiera declarar la caducidad de la potestad

sancionatoria respecto del cargo quinto, pero dejara en firme la orden

que guardaba relación directa con dicho cargo y los hechos que lo

fundaron.

Así las cosas, el Tribunal precisó que si bien en la contestación de la

demanda la SSPD fue clara en afirmar que dicha orden de devolución

de dineros no era una sanción administrativa, por lo cual no estaría

afectada por la caducidad del cargo quinto, lo cierto era que la misma

surgió como resultado del análisis efectuado del cargo quinto, en

consecuencia, al declararse la caducidad del presunto cobro no

autorizado de tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios vinculados

a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., no era viable ordenar la

devolución de dichos dineros captados a usuarios que desvinculados de

la sociedad EMAB y que solicitaron el servicio a la sociedad CIUDAD

CAPITAL S.A. E.S.P.

En ese orden de ideas, consideró procedente la declaratoria de nulidad

parcial de los actos demandados, en cuanto a que no se ordenaría la

devolución de dineros a usuarios, que estando vinculados a la sociedad

EMAB solicitaron la desvinculación de dicha empresa para vincularse a

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la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., cuya potestad sancionatoria

por cobro no autorizado de tarifas fue declarada caducada por la misma

SSPD mediante la Resolución núm. SSPD 20084400008595 de 7 de

abril de 2008.

En conclusión, el Tribunal declaró la nulidad del artículo tercero de la

Resolución núm. SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre de 2007

y del artículo segundo de la Resolución núm. SSPD 20084400008595

de 7 de abril de 2008.

III-. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

La SSPD, a través de apoderado solicitó revocar los artículos primero

y segundo de la sentencia de primera instancia, con base en los

siguientes reproches:

Sostuvo que la decisión de ordenar a la sociedad EMAB la devolución

de los dineros captados a usuarios que habían solicitado su

desvinculación y luego pidieron su vinculación a la sociedad CIUDAD

CAPITAL S.A. E.S.P., no guarda una relación inescindible con la

potestad sancionatoria del cobro no autorizado de tarifas, al facturar y

cobrar servicios a usuarios vinculados a CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.,

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respecto de la cual se declaró la caducidad mediante la Resolución

núm. SSPD 20084400008595 de 7 de abril de 2008.

Señaló que la orden administrativa de que tratan el artículo tercero de

la Resolución núm. SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre de

2007 y el artículo segundo de la Resolución núm. SSPD

20084400008595 de 7 de abril de 2008, tenía fundamento jurídico en

la Resolución CRA 294, expedida por la Comisión de Regulación de

Agua Potable y Saneamiento Básico.

Resaltó que el artículo 2° de la Resolución CRA 294 estableció las

formas y plazos para la devolución de cobros no autorizados; sin

embargo, no determinó un tiempo en el cual debía hacerse,

particularmente, el parágrafo de dicho artículo dispuso “cuando se

haya producido la terminación del contrato de servicios públicos y

exista un monto a devolver a un suscriptor o usuario, el prestador

deberá pagar la totalidad de dicho monto a quien fuera suscriptor o

usuario”.

En ese sentido, agregó que, con fundamento en la transcrita normativa

aplicable al presente caso, la SSPD expidió la orden a la sociedad EMAB

de devolver los dineros captados a usuarios que habían solicitado su

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desvinculación y, posteriormente, su vinculación con la sociedad

CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.

En esa medida, el apelante explicó que es diferente la orden

administrativa dirigida a garantizar derechos fundamentales de los

usuarios del servicio público domiciliario y la sanción administrativa

generada por una violación de las normas que regulan la prestación del

servicio público domiciliario; y que así lo estableció la Resolución CRA

294, en su artículo 4° que dispuso que “las devoluciones de los cobros

no autorizados proceden sin perjuicio de las sanciones y de las demás

actuaciones que adelanten los organismos de control y vigilancia”.

En ese orden de ideas, afirmó que las intervenciones de la SSPD no

son restrictivas a la posibilidad de imponer una sanción como reproche

de conductas antijurídicas por el incumplimiento de las normas

aplicables en cuanto a la prestación del servicio público domiciliario,

sino que su intervención, por expresa autorización normativa, también

se dirige a controlar la relación jurídica entre los usuarios y la empresa

para que se cumplan los fines del Estado, y así garantizar el ejercicio

pleno de los derechos de los usuarios en aras de conservar la

confiabilidad en los órganos de control.

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Así las cosas, enfatizó en que las razones procedimentales que

impidieron la imposición de la sanción administrativa a la sociedad

EMAB por el cobro no autorizado a usuarios, no pueden alegarse

respecto de la orden de devolución del dinero a esos usuarios, en

atención a que, según el mandato del artículo 38 del CCA, el término

perentorio de caducidad se circunscribe a la potestad sancionatoria; no

obstante, la orden de devolución por la conducta antijurídica del cobro

no autorizado no fue una sanción accesoria a dicho cargo, ni reviste

por sí misma las características de una sanción.

Finalmente, manifestó que el a quo no señaló la causal de nulidad que

vició la legalidad del artículo tercero de la Resolución núm. SSPD

20074000040475 de 17 de diciembre de 2007 y segundo de la

Resolución núm. SSPD 20084400008595 de 7 de abril de 2008, por lo

cual es dable concluir que los actos acusados gozan de presunción de

legalidad.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

.- El apoderado de la parte actora sostuvo que la decisión del a quo es

acertada y debe mantenerse, habida cuenta que la orden dada por la

entidad demandada en los artículos tercero de la Resolución SSPD-

20074000040475 de 17 de diciembre de 2007 y segundo de la

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Resolución SSPD 20084400008595 de 7 de abril de 2008, relacionada

con la devolución de dineros cobrados a los usuarios que habían

solicitado su desvinculación y traslado, desconoció el debido proceso y

su derecho de defensa y contradicción al no ser introducida en el pliego

de cargos.

Señaló que la Corte Constitucional, en numerosas sentencias, ha

explicado que excluir al administrado del conocimiento previo de la

sanción y, por ende, negarle la posibilidad de controvertirla antes de

su imposición, vulnera el derecho fundamental al debido proceso, tal y

como sucedió en el caso sub examine.

.- Por su parte, la entidad demandada reiteró la solicitud elevada en el

recurso de apelación que interpuso contra el fallo de primera instancia

de 16 de abril de 2015, en el sentido de revocar los numerales primero

y segundo de dicha providencia y, en consecuencia, denegar las

pretensiones de la demanda.

Para sustentar lo anterior, sostuvo que una cosa es la potestad

sancionatoria y otra la posibilidad que tienen los entes de control de

impartir ordenes administrativas en cumplimiento de sus funciones

constitucionales y legales, razón por la cual, en el caso objeto de

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estudio, pese a que no era posible imponerle una sanción a la Empresa

de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., teniendo en cuenta que había

operado la caducidad de la potestad sancionatoria, sí era procedente

impartirle la orden de devolver los dineros indebidamente cobrados a

los usuarios que habían solicitado su desvinculación y traslado, como

en efecto se hizo en los artículos tercero de la Resolución SSPD-

20074000040475 de 17 de diciembre de 2007 y segundo de la

Resolución SSPD 20084400008595 de 7 de abril de 2008.

Señaló que la caducidad no se predica de la investigación adelantada

como ente de control y vigilancia sino de la potestad sancionatoria

propiamente dicha, por lo tanto, si bien la Ley le impone un término

perentorio para imponer una sanción, no hay restricción temporal

alguna para tomar decisiones u órdenes administrativas encaminadas

a hacer cumplir el ordenamiento jurídico o las normas que imponen

una obligación ante conductas antijuridicas comprobadas.

Manifestó que sus intervenciones como órgano de seguimiento, control

y vigilancia no se limitan a la imposición de sanciones como reproche

de conductas antijuridicas, dado que también puede controlar la

relación jurídica entre los usuarios y las empresas, con el objeto de que

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se cumplan los fines del Estado y garantizar el ejercicio pleno de los

derechos de los usuarios.

Adujo que el a quo no motivó debidamente su decisión, pues no

estableció cuál era la causal que daba lugar a la nulidad de los artículos

tercero de la Resolución SSPD-20074000040475 de 17 de diciembre

de 2007 y segundo de la Resolución SSPD 20084400008595 de 7 de

abril de 2008, ni expuso cuál era la norma superior violada o infringida.

Finalmente, alegó que los antecedentes administrativos de los actos

demandados demuestran que cumplió con todas las garantías

procesales y respetó el derecho de defensa y contradicción de la actora,

pues desde el pliego de cargos se le dieron a conocer los motivos que

daban lugar a la investigación, se le permitió controvertirlos, se

brindaron las oportunidades probatorias correspondientes, se

notificaron debidamente las actuaciones y decisiones expedidas y se le

puso en conocimiento el término para interponer los recursos

procedentes contra las mismas.

.- El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. ACTOS ACUSADOS

Los actos administrativos demandados son:

• Resolución núm. SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre

de 2007, “Por la cual se impone una sanción”, expedida por el

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

En este acto se declaró que la sociedad EMAB afectó la prestación del

servicio de aseo con calidad y eficiencia; limitó el mercado, vulneró la

libre competencia, generó restricción de la competencia, fomentó el

abuso de la posición dominante, infringió los derechos de los usuarios,

puso en riesgo la salud pública por operación deficiente del sitio de

disposición final, además, del transporte inadecuado de los desechos,

configurándose violación del régimen de los servicios públicos

domiciliarios. En consecuencia, impuso a la sociedad en cita una

sanción pecuniaria por la suma de $400.000.000 y le ordenó la

devolución de los dineros captados a usuarios que habían solicitado su

desvinculación, y que solicitaron el servicio a la sociedad CIUDAD

CAPITAL S.A. E.S.P. Al respecto, se resalta lo siguiente:

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“[…] Para el cargo quinto, el prestador efectuó cobro no autorizado
de tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios que estaban
vinculados a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., quienes
fueron retenidos injustificadamente so pretexto de no cumplir con
los requisitos de desvinculación preceptuados en un contrato de
condiciones uniformes carente de concepto de legalidad por parte
de la CRA, cuando se pudo demostrar que dicho contrato no podía
exigir para su terminación cláusulas distintas a las consignadas en
la Resolución CRA 151 de 2001, para lo cual, solo era menester
expresar la voluntad inequívoca de desvinculación con por lo menos
dos meses de anticipación, encontrase a paz y salvo con la empresa
y contar con un nuevo prestador.

En tal sentido, y a pesar de la manifestación expresa de
desvinculación de los usuarios, la sociedad EMAB no atendió la
solicitud de desvinculación y continuó prestando el servicio y
facturando por él, a usuarios que habían contratado con otro
prestador, contrarió con ello:

Artículo 148, inciso 2˚, de la Ley 142 y artículo 1˚, inciso 2˚, de la
Resolución CRA 294 del 21 de julio de 2004, referidos a:

“[…] Los cobros no autorizados pueden tener su origen en servicios
no prestados, tarifas que no corresponden a la regulación y cobros
de conceptos no previstos en la Ley y en los contratos de
condiciones uniformes”.

Por tal razón, ante las pruebas obrantes, y los pronunciamientos de
la CRA, este Despacho se inclina por ordenar la devolución de los
dineros recibidos por la sociedad EMAB, provenientes de los 10.119
usuarios que habían manifestado el deseo de cambiar de operador,
en favor de la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., desde el mes
de marzo de 2003 hasta febrero de 2004.

[…] En total la sanción impuesta en relación con los siete cargos
asciende al monto se $400.000.000.

Con relación al cargo quinto “presunto cobro no autorizado de
tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios que estaban
vinculados a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.”, tal y como
fue anunciado en la parte motiva, se ordena a la EMPRESA DE ASEO
DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. la devolución de los dineros
cobrados a aquellos usuarios que habiendo manifestado su decisión
inequívoca de pasarse a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.,
fueron retenidos y se les prestó el servicio en contra de su voluntad,
para el efecto, la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., ha de
efectuar relación precisa de aquellos usuarios que fueron retenidos

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por la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. pero
también se les prestó el servicio por su parte, acorde con la
actuación que se adelantó ante la CRA.

La citada relación, ha de ser entregada a la COMPAÑÌA DE
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA, como ente
facturado, a fin de que determine el monto de los dineros enviados
a la la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. por cuenta
de dichos usuarios.

La sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., tiene un término de un
(1) mes, contado a partir de la comunicación del presente acto
administrativo, para efectuar la relación aludida, y comunicarla a la
COMPAÑÌA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA,
quien en el término de un (1) mes, contado a partir de recibir la
información por parte de la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.,
informará a la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. el
monto de dinero a devolver.

Cumplido lo anterior, una vez avisado por la COMPAÑÌA DE
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA, la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. devolverá a la sociedad
CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., los dineros ordenados, en un plazo
máximo de dos (2) meses.

Con fundamento en lo antes señalado, este Despacho:

RESUELVE:

Artículo Primero: Imponer sanción pecuniaria a la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., en favor de la Nación, por la
suma de $400.000.000, la cual se hará efectiva en el término de
diez (10) días hábiles para su pago, contados a partir de la
ejecutoria de esta Resolución.

[…]

Artículo Tercero: Se ordena a la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA S.A. E.S.P., la devolución de los dineros captados
a usuarios que habían solicitado su desvinculación, y solicitaron el
servicio a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P. En la forma y
términos que fue ordenado en la parte motiva. […]”

• Resolución Núm. SSPD 20084400008595 del 7 de abril de

2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, interpuesto

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contra la Resolución núm. SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre

de 2007, que impuso una sanción pecuniaria y ordenó la devolución de

unos dineros, expedida por el Superintendente Delegado para

Acueducto, Alcantarillado y aseo.

Este acto modificó el valor de la sanción impuesta, no accedió a la

solicitud de revocatoria de la orden de devolución señalada en el

artículo 3° de la Resolución núm. SSPD 20074000040475 de 17 de

diciembre de 2007, revocó los cargos quinto y séptimo y, confirmó en

los demás términos la Resolución en cita. De dicho acto se resalta lo

siguiente:

“[…] Frente a lo dicho por el prestador, referente al cargo quinto,
este Despacho es preciso en señalar que la devolución de dineros
cobrados a los usuarios que habiendo manifestado su intención de
cambiar de operador, fueron retenidos y obligados a usar
alternativamente el servicio prestado por la sociedad EMAB, no es
una sanción, por cuanto, no se encuentra contemplada en el artículo
81 de la Ley 142.

[…]

Así, la devolución recurrida, es una orden administrativa, que surgió
en la actuación administrativa como consecuencia natural frente a
la comprobación de una conducta, que al realizarse, ocasiona
necesariamente que se ordene la devolución mencionada, en
cumplimiento de un mandato normativo.

En efecto, una vez determinada la responsabilidad del prestador
frente a la conducta investigada (que no necesariamente implica la
posibilidad de imponer una sanción, sino que muestra la ocurrencia
del hecho reprochado) según el cargo quinto11, la consecuencia

11
CARGO QUINTO: Presunto cobro no autorizado de tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios que
estaban vinculados a la sociedad Ciudad Capital S.A. E.S.P.

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natural frente a un cobro no autorizado es la devolución de dichos
dineros a los usuarios.

La orden de devolución de dineros no obedece a un capricho de este
Despacho, sino por el contrario, al cumplimiento de un deber
normativo en el que se le da al prestador la orden de cumplir con
la obligación contenida en el artículo 1 de la Resolución CRA 294.

[…] En la misma Resolución en cita, se reconoce en la SSPD la
potestad de hacer cumplir las normas y leyes que sujetan a los
prestadores de servicios públicos, entre las cuales, precisamente se
encuentra la devolución de los dineros cobrados de manera no
autorizada.

[…] Sobre la caducidad del cargo quinto, esto es: presunto cobro
no autorizado de tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios
que estaban vinculados a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.,
este Despacho, consecuente con lo argumentado por el prestador y
con la revisión de las piezas probatorias, considera que a estas
alturas procesales, efectivamente se ha presentado la caducidad de
la facultad sancionatoria de esta Superintendencia, frente a este
cargo, toda vez que los hechos narrados, las pruebas aportadas
señalan que la conducta desplegada ocurrió entre los meses de
marzo de 2003 y febrero de 2004.

Así, entre el mes de febrero de 2004, fecha en la cual se atribuye
la conducta analizada, o mejor proyectando la fecha a las calendas
de denuncia, septiembre-agosto de 2007, se puede calcular que
transcurrió más de los tres (3) años fijados por el artículo 38 del
CCA para ejercer la facultad sancionatoria alegada.

[…]

Sin embargo, ha de ser claro este Despacho, que la caducidad aquí
reconocida, no afecta para nada la orden de devolución de dineros,
señalada en el artículo tercero del Resuelve de la Resolución Núm.
SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre de 2007, por cuanto,
tal orden, como se explicó anteriormente, no constituye sanción
alguna, sino, que la misma constituye el cumplimiento de la
obligación normativa establecida en la Resolución CRA 294 de
frente a la cual, no se ha señalado término de caducidad, siendo
operable en cualquier momento.

Se precisa entonces, que la figura de la caducidad solo ocurrió
frente al tema sancionatorio del cargo quinto, mas no así en lo que

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tiene que ver con las órdenes de devoluciones, por cuanto estas en
sí mismas no constituyen una sanción, sino que son no autorizados,
y ante su cobro se impone la devolución.

[…]

En cuanto al cargo Núm. 5 presunto cobro no automatizado de
tarifas al facturar y cobrar servicios a usuarios que estaban
vinculados a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., este
Despacho analiza que, aunque anteriormente este Despacho, al
analizar el tema de la caducidad, concluyó efectivamente que frente
a este cargo se había producido dicha figura, el Despacho entrará a
analizar el presente argumento, teniendo en cuenta que a pesar de
que no se impondrá sanción por el mismo con ocasión de la
caducidad, sí mantendrá incólume la orden de devolución de los
cobros no autorizados, por cuanto se reitera, esta orden no
corresponde a una sanción, sino al cumplimiento de una obligación
normativa, que a la fecha se encuentra plenamente vigente.

Lo primero que debe precisar el Despacho, es que en la presente
actuación no existe duda alguna acerca de la prestación del servicio
por parte la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., que no fue
desvirtuada o siquiera atacada por la EMAB S.A. E.S.P. en sus
descargos, máxime si se tiene en cuenta que la situación de la
prestación del servicio discutida por las dos empresas fue
mencionada desde un principio en el Pliego de Cargos Núm.
200664400265531 del 22 de mayo de 2006, que para el cargo
quinto trae como uno de sus sustentos, las denuncias presentadas
por la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P. por radicado
20045290341842 del 2 de junio de 2004 y 200545290341842 del
2 de julio de 2004 que advierten que no le ha sido devuelto el dinero
facturado a sus usuarios debido a que la EMAB S.A. E.S.P., no los
ha desvinculado y la empresa de acueducto de Bucaramanga, aún
les factura como si fueran usuarios de la EMAB S.A. E.S.P.

Por lo expuesto, el argumento del prestador no es acogido por el
Despacho.

[…]

CONCLUSIÓN

De lo expuesto a lo largo de este acto administrativo se tiene que
de los siete (7) cargos formulados y que fueron objeto de sanción,
cinco de ellos prosperan y dos fueron desvirtuados, es menester

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proceder a la modificación de la multa impuesta mediante
Resolución Núm. SSPD 20074000040475 del 17 de diciembre de
2007, para lo cual deberá disminuirse de acuerdo con el valor con
el que se tasó los cargos desestimados conforme a lo dicho
anteriormente, esto es $80.000.000 por el cargo quinto y
$30.000.000 por el cargo séptimo, por lo que la multa habrá de
quedar en $290.000.000.

Por lo expuesto, este Despacho:

RESUELVE:

Artículo Primero: Modificar la Resolución Núm. SSPD
20074000040475 del 17 de diciembre de 2007, en el sentido de
dejar el valor de la multa en la suma de $290.000.000, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
Resolución.

Artículo Segundo: No acceder a la solicitud de revocar la orden de
devolución señalada en el artículo tercero de la Resolución Núm.
SSPD 20074000040475 del 17 de diciembre de 2007 conforme lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo Tercero: Revocar los cargos quinto y séptimo, conforme lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. […]”

V.2. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER

Corresponde a la Sala establecer si le asiste razón al apelante cuando

afirma que los actos acusados gozan de presunción de legalidad, en

atención a que la orden administrativa de devolución de dineros

captados a usuarios que habían solicitado su desvinculación a la

sociedad EMAB, y solicitaron su vinculación a la sociedad CIUDAD

CAPITAL S.A. E.S.P., no guarda relación inescindible con la potestad

sancionatoria del cobro no autorizado de tarifas, al facturar y cobrar

servicios a usuarios que estaban vinculados a la sociedad CIUDAD

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CAPITAL S.A. E.S.P.; no fue una sanción accesoria a dicho cargo, ni

reviste por sí misma las características de una sanción, o si, por el

contrario, tenía razón el Tribunal al declarar la nulidad de los artículos

tercero de la Resolución núm. SSPD 20074000040475 de 17 de

diciembre de 2007 y segundo de la Resolución núm. SSPD

20084400008595 de 7 de abril de 2008 por tratarse de una orden que

guardaba relación directa con la potestad sancionatoria caducada para

este cargo.

V.3. CASO CONCRETO

La Sala, para efectos de resolver los interrogantes planteados como

problema jurídico, se referirá al material probatorio obrante en el

expediente:

-. Certificado de matrícula mercantil núm. 05-071216-04 del 30 de

octubre de 1998, cuyo objeto social es “la prestación y regulación del

servicio público domiciliario de aseo en el Municipio de Bucaramanga y

cualquier otro Municipio del territorio nacional, en los términos de la

Ley 142.”

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-. Solicitudes de apertura de investigación administrativa a la

sociedad EMAB por presunta violación a normas y disposiciones legales

vigentes sobre servicios públicos domiciliarios, realizadas por la

Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la SSPD a la Dirección de

Investigaciones para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SSPD,

mediante los memorandos núms. 200443000176312 y

2006430000611313.

-. Quejas contra la sociedad EMAB, presentadas por la sociedad

CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P. 14, la sociedad LIMPIEZA URBANA S.A.

E.S.P. 15, y la Confederación Nacional de Vocales de Control16.

-. Certificaciones de usuarios de la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A.

E.S.P., mediante las cuales documentan que dicha sociedad les ha

prestado el servicio de barrido, recolección, transporte y disposición

final de residuos sólidos, desde el año 2003 y 2004; y que sin embargo,

la empresa prestadora que figura en la factura es la sociedad EMAB17.

12
Folios 14 a 21 C.1.
13
Folios 55 a 61 C.1.
14
Folios 606 a 643 C.6; Folios 746 a 747 C.6; Folios 65 a 73 C.1; Folios 76 a 80 C.1; Folios 90 a 98 C.1;
Folios 101 a 102 C.1; Folios 334 a 335 C.1.
15
Folios 646 a 724 C.6.
16
Folios 1 a 5 C.1.
17
Folios 130 a 331 C.1.

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32

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2008 00725 01
Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

-. Pliego de cargos núm.20064400265531 de 22 de mayo de 200618,

realizado por la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia

Delegada para Acueducto, Alcantarillado, Agua y Aseo contra la sociedad

EMAB por los siguientes cargos:

“[…] CARGO PRIMERO: Ejercer presunto abuso de posición dominante
en la prestación del servicio de disposición final, frente a su competidor
la sociedad Limpieza Urbana S.A. E.S.P., en el mercado del servicio
público domiciliario de aseo de Bucaramanga.

CARGO SEGUNDO: Presunto abuso de la posición dominante de la
sociedad EMAB frente a sus usuarios, al aplicar la cláusula vigésima del
contrato de servicios públicos, incurriendo en la prohibición del artículo
133.19 de la Ley 142 de 1994.

CARGO TERCERO: Presunta violación a los derechos de los usuarios
por no recibir ni tramitar peticiones relativas a la desvinculación del
servicio público de aseo y afectar su derecho a la libre elección del
prestador.

CARGO CUARTO: Restringir en forma indebida la competencia en el
mercado de aseo de Bucaramanga, al ejercer presuntos actos de
competencia desleal contra las empresas Ciudad Capital S.A. E.S.P. y
Limpieza Urbana S.A. E.S.P., derivados de las relaciones comerciales
con los usuarios.

CARGO QUINTO: Presunto cobro no autorizado de tarifas, al facturar y
cobrar servicios a usuarios que estaban vinculados a la sociedad Ciudad
Capital S.A. E.S.P.

[…] Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho considera que la
EMAB S.A. E.S.P. realizó desde el mes de marzo de 2003 hasta el mes
de septiembre de 2004, inclusive, presuntos cobros no autorizados de
tarifas por servicios no prestados, ya que fue demostrado ante la
Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento básico, que la
sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P. inició operaciones de forma
regular y continua desde el 10 de marzo de 2003, prestando sus
servicios a 10.119 usuarios, a los cuales la EMAB facturó y cobró
servicios, infringiendo con ello el artículo 148 de la Ley 142.

18
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Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

[…] CARGO SEXTO: Presunta operación inadecuada del sitio de
disposición “El Carrasco”, de acuerdo a los parámetros fijados por la
regulación.

CARGO SÉPTIMO: Presunto incumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 49, numeral 3, del Decreto 1713 del 26 de septiembre de
200219, relativo al transporte de residuos sólidos. […]”

-. Documento de Descargos núm.2006529020809-2 de 9 de junio

de 200620, presentado por la apoderada de la sociedad EMAB, del que

se resalta:

“[…] La Resolución CRA Núm.262 del 7 de noviembre de 2003,
confirmada por la Resolución CRA Núm.278 del 20 de febrero de 2004,
quedó en firme el 20 de marzo del año 2004, a partir de ese momento
cobró plena ejecutoria, y solo a partir de este momento se puede inferir
sus efectos patrimoniales.

La Resolución CRA 262 DE 2003 en su artículo 3 dispuso ordenar a la
Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga la entrega a
la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P. de los dineros que se
recauden, a partir de la ejecutoria de la presente resolución, por la
facturación de los usuarios a ella reconocidos en el artículo primero de
este acto administrativo y de aquellos que posteriormente se vinculen
al nuevo prestador.

De lo anterior, se colige que en manera alguna la EMAB S.A. E.S.P.
está reteniendo dineros que le pertenecen a ciudad capital, anteriores
a la fecha en que el fallo cobró ejecutoria, como tampoco es cierto que
de la resolución antes referida se pueda deducir que quien prestó el
servicio fue la sociedad Ciudad Capital S.A. E.S.P. y no EMAB S.A.
E.S.P., ya que se manifiesta de manera expresa que durante el tiempo
que duró el litigio, la EMAB S.A. E.S.P. fue quien prestó el servicio a los
usuarios, y que la sociedad Ciudad Capital S.A. E.S.P. no lo hizo.

[…] Las empresas de servicios públicos se encuentran en libre
competencia para la obtención de usuarios, sin embargo este hecho no
faculta a las empresas para omitir los requisitos de tipo constitucional

19
“Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 200 y la Ley 689 de 2001, en relación con
la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos”.

20
Folios 812 a 833 C.6.

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sobre el tema particular de vinculación y desvinculación de usuarios
siendo necesario expresar que la EMAB S.A. E.S.P. prestó el servicio
de recolección, transporte, disposición final y barrido de las vías
públicas a los usuarios entre marzo del 2003 a marzo del 2004 y por
ello la entidad realizó el cobro y recaudo por el servicio prestado […]”.

-. Auto Decreto Probatorio, expedido por la Dirección de

Investigaciones de la SSPD, el 17 de agosto de 200621, mediante el

cual se incorporó al expediente los documentos aportados en los

descargos de la sociedad EMAB, se ofició a la sociedad EMAB para que

remitiera unos documentos, se negó la práctica de testimonios y la de

las inspecciones judiciales solicitadas.

-. Oficio de 6 de septiembre de 2006, mediante el cual la apoderada

de la sociedad EMAB interpone recurso de reposición y, en subsidio, de

apelación, contra el auto de decreto probatorio, alegando violación del

debido proceso en la etapa probatoria22.

-. Auto de 1o. de noviembre de 200623, expedido por la Dirección

de Investigaciones de la SSPD 200624, mediante el cual se resuelve un

recurso de reposición frente al auto de decreto probatorio, a través del

cual se confirmó la negativa de decretar la práctica de testimonios y

de las inspecciones judiciales solicitadas.

21
Folios 1096 a 1101 C.3.
22
Folios 1102 a 1111 C.3.
23
Folios 1114 a 1127 C.3.
24
Folios 1114 a 1127 C.3.

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Número único de radicación: 11001 03 24 000 2008 00725 01
Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

-. Auto mediante el cual se resuelve un recurso de apelación

respecto del auto de decreto probatorio, expedido por el

Superintendente delegado para el Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el

7 de diciembre de 200625, por medio del cual se confirmó el auto que

resolvió recurso de reposición de 1o. de noviembre de 2006.

-. Resolución núm. SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre de

2007, expedida por el Superintendente delegado para el Acueducto,

Alcantarillado y Aseo, a través de la cual se impuso a la sociedad EMAB

una sanción pecuniaria consistente en la suma de $400.000.00026, y

se ordenó la devolución de los dineros captados a usuarios que habían

solicitado su desvinculación, y solicitaron el servicio a la sociedad

CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., en la forma y términos establecidos en

la parte motiva del citado acto.

-. Edicto núm.029 de 18 de enero de 2008, mediante el cual se

notificó por edicto de la Resolución núm. SSPD 20074000040475 de

17 de diciembre de 2007, por el término de diez (10) días hábiles27.

25
Folios 1291 a 1300 C.4.
26
Folios 1301 a 1358 C.4.
27
Folio 1360 C.4.

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Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

-. Oficio de 9 de enero de 2008, dirigido por el señor Hermann

Gustavo Garrido Prada al Superintendente Delegado para el Acueducto,

Alcantarillado y Aseo, a través del cual presentó solicitud de

reconocimiento de incentivo mediante adición a la Resolución núm.

SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre de 2007, – que impuso

sanción pecuniaria a la sociedad EMAB 28.

-. Oficio de 7 de febrero de 2008, dirigido por la apoderada de la

sociedad EMAB al Superintendente delegado para el Acueducto,

Alcantarillado y Aseo, mediante el cual interpuso recurso de reposición

contra la Resolución núm. SSPD 20074000040475 de 17 de diciembre

de 2007, -que impuso sanción pecuniaria a la sociedad EMAB-29, por

estimar que existió caducidad de la potestad sancionatoria de los cargos

segundo, cuarto, quinto y séptimo, violación general al debido proceso e

insuficiente y errada motivación del acto administrativo recurrido frente

a todos los cargos.

-. Resolución núm. SSPD 20084400008495 de 7 de abril de 2008,

“Por la cual se resuelve solicitud de reconocimiento del incentivo de

que trata el artículo 79.12 de la Ley 142, con ocasión de una

investigación adelantada a una empresa de Servicios Públicos

28
Folios 1370 a 1371 C.4.
29
Folios 1375 a 1409 C.4.

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Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

Domiciliarios”, expedida por el Superintendente delegado para el

Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a través de la cual no se accedió a la

solicitud de adjudicación de incentivos formulada por el señor Hermann

Gustavo Garrido Prada30.

-. Edicto núm.184 de 7 de julio de 2008, mediante el cual se notificó

por edicto de la Resolución núm. SSPD 20084400008595 de 7 de abril

de 2008, por el término de diez (10) días hábiles31.

-. Resolución núm. SSPD 20084400008595 de 7 de abril de 2008,

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por el

Superintendente delegado para el Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a

través de la cual modificó el valor de la sanción impuesta dejándolo en

$290.000.000, no accedió a la solicitud de revocatoria de la orden de

devolución señalada en el artículo 3° de la Resolución núm. SSPD

20074000040475 de 17 de diciembre de 2007, revocó los cargos

quinto y séptimo y confirmó en los demás términos la Resolución en

cita32.

30
Folios 1412 a 1421 C.4.
31
Folio 1422 C.4.
32
Folios 1424 a 1532 C.4.

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Número único de radicación: 11001 03 24 000 2008 00725 01
Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

-. Edicto núm.184 de 7 de julio de 2008, mediante el cual se realiza

la notificación por edicto de la Resolución núm. SSPD 20084400008595

de 7 de abril de 2008, por el término de diez (10) días hábiles33.

De acuerdo con el referido material probatorio, la Sala encuentra

acreditado que la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia

Delegada para Acueducto, Alcantarillado, Agua y Aseo formuló pliego de

cargos a la sociedad EMAB, por siete cargos, entre ellos, presunto cobro

no autorizado de tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios que

estaban vinculados a la sociedad Ciudad Capital S.A. E.S.P.

Igualmente, se encuentra demostrado que la Superintendencia

Delegada para el Acueducto, Alcantarillado y Aseo, impuso a la

sociedad EMAB una sanción pecuniaria por los siete cargos consistente

en multa por la suma de $400.000.000 y ordenó la devolución de los

dineros captados a usuarios que habían solicitado su desvinculación, y

el servicio a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., como quedó

establecido en la parte motiva de la Resolución núm. SSPD

20074000040475 de 17 de diciembre de 2007.

33
Folio 1540 C.4.

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De igual forma, está probado que la Superintendencia Delegada para

el Acueducto, Alcantarillado y Aseo, resolvió el recurso de reposición

interpuesto contra la Resolución núm. SSPD 20074000040475 de 17

de diciembre de 2007, a través del cual revocó los cargos quinto y

séptimo y, en consecuencia, modificó el valor de la sanción impuesta

dejándolo en $290.000.000, y no accedió a la solicitud de revocatoria

de la orden de devolución contenida en el artículo 3° de la Resolución

recurrida, por medio de la Resolución núm. SSPD 20084400008595 de

7 de abril de 2008.

Sobre el particular, la Sala precisa que el artículo 370 Constitucional

fijó el marco para la regulación de los servicios públicos 34,

estableciendo los principales principios y confiando al legislador la

potestad de formular las normas básicas relativas a la naturaleza,

extensión y cobertura del servicio público, su carácter de esencial, los

sujetos encargados de su prestación, las condiciones para asegurar

regularidad, permanencia, calidad y eficiencia en su prestación, las

relaciones con los usuarios, sus deberes y derechos, el régimen de su

protección y de participación en la gestión y fiscalización de las

34
Constitución Política. ARTICULO 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción
a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos
domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la
inspección y vigilancia de las entidades que los presten. […].

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empresas que presten el servicio público, el régimen tarifario, y la

manera como el Estado ejerce la inspección, control y vigilancia para

asegurar su prestación eficiente35.

Así las cosas, la Ley 142, que estableció el régimen de los servicios

públicos domiciliarios, en el artículo 79 ibidem, fijó en la SSPD la

mayoría de las funciones administrativas de inspección, control y

vigilancia a las entidades prestadoras de servicios públicos

domiciliarios36. Para ello le otorgó competencias principales, algunas

facultades de apoyo a la participación de los usuarios y, en el artículo

81 de la Ley en cita37, estableció la potestad de la Superintendencia

para imponer a las empresas prestadoras de servicios las sanciones a

que hubiere lugar por la violación de las normas en ella previstas.

35
Corte Constitucional, Sentencia C-761 del 28 de agosto de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.

36
ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. <Artículo modificado por el artículo 13 de
la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas prestadoras de servicios públicos y
aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143
de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones
de esta las siguientes:
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes
presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios
determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra
autoridad.
2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los
usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los "comités municipales de
desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios"; y sancionar sus violaciones. […].
37
ARTÍCULO 81. SANCIONES. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios podrá imponer
las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y
la gravedad de la falta:
81.1. Amonestación. […].

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En esa medida, el artículo 148 ibidem, ordenó que las empresas

prestadoras de servicios públicos en las facturas a usuarios no

cobrarían servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los

previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podría

alterar la estructura definida para cada servicio público domiciliario38.

Desde esta perspectiva, en desarrollo de las potestades atribuidas a la

SSPD, esta entidad cuenta con precisas facultades de inspección,

control y vigilancia que, entre otros asuntos, le permiten imponer

ordenes de devolución de los cobros no autorizados por los usuarios,

sin perjuicio de las sanciones y de las demás actuaciones que adelanten

los organismos de inspección y vigilancia.

Al respecto, la Resolución CRA 294, expedida por la Comisión de

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, estableció:

38
ARTÍCULO148. REQUISITOS DE LAS FACTURAS. Los requisitos formales de las facturas serán los
que determinen las condiciones uniformes del contrato, pero contendrán, como mínimo, información
suficiente para que el suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y
al contrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron sus consumos, cómo se comparan éstos y
su precio con los de períodos anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago.
En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la empresa hará conocer la factura
a los suscriptores o usuarios, y el conocimiento se presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo
estipulado. Corresponde a la empresa demostrar su cumplimiento. El suscriptor o usuario no estará
obligado a cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino después de conocerla. No se cobrarán
servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los
contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario.

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“[…] Artículo 1°. Identificación de los cobros no autorizados. Cuando
los organismos de control o el prestador del servicio, de oficio o a
petición del suscriptor o usuario encuentren que se han realizado
cobros no autorizados, el prestador del servicio recalculará el valor
cobrado, con el propósito de corregir el valor de la factura del servicio
o ajustar la tarifa a la normatividad y regulación vigentes según sea
el caso.

Los cobros no autorizados pueden tener su origen en servicios no
prestados, tarifas que no corresponden a la regulación y cobros de
conceptos no previstos en la ley y en los contratos de condiciones
uniformes.

En el caso de cobros no autorizados motivados en la factura, el monto
a devolver al suscriptor o usuario será la diferencia entre la factura
cobrada y la factura correctamente liquidada, para el estrato o sector
al que pertenece el suscriptor o usuario, junto con los intereses y los
ajustes de subsidios y contribuciones a que haya lugar.

En el caso de cobros no autorizados motivados por errores en la
aplicación de las tarifas, el monto a devolver al suscriptor o usuario
será la diferencia que resulte de aplicar la estructura tarifaria
ajustada a la normatividad y regulación, frente a la tarifa aplicada
por el prestador, junto con los intereses y los ajustes de subsidios y
contribuciones a que haya lugar durante el tiempo en que ocurrió el
cobro no autorizado.

La identificación de errores en la determinación de las tarifas no
causará la suspensión de la facturación.

Artículo 2°. Forma y plazo para la realización de la devolución de los
cobros no autorizados. En el evento de encontrarse que se ha
efectuado un cobro no autorizado, de existir pago por parte del
suscriptor o usuario cuya causa sea tal cobro, el prestador deberá
abonar a la siguiente factura del servicio público que se trate, el
monto a devolver al usuario o suscriptor, obtenido en los términos
del artículo 1° de la presente resolución.

En el evento en que el monto a devolver sea superior al que debiera
cobrarse en la siguiente factura, el prestador abonará el remanente
en la próxima factura y así sucesivamente hasta cubrir la totalidad
de dicho monto.

Igualmente, el prestador podrá pagar al suscriptor o usuario el monto
adeudado en forma pura y simple, caso en el cual deberá informar
de inmediato al usuario su voluntad de realizar el pago de esta forma.

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Parágrafo. Cuando se haya producido la terminación del contrato de
servicios públicos y exista un monto a devolver a un suscriptor o
usuario, el prestador deberá pagar la totalidad de dicho monto a
quien fuera suscriptor o usuario.

[…]

Artículo 4°. Las devoluciones de los cobros no autorizados
proceden sin perjuicio de las sanciones y de las demás
actuaciones que adelanten los organismos de control y
vigilancia […]”. (Negrilla y subraya fuera de texto)

Así las cosas, con fundamento en la atribución normativa prevista en

el artículo 4° de la Resolución CRA 294, la SSPD estaba en la facultad

de imponer a la sociedad EMAB la orden de devolución de dineros

captados a usuarios que habían solicitado su desvinculación a la

sociedad EMAB, y que solicitaron su vinculación a la sociedad CIUDAD

CAPITAL S.A. E.S.P., como consecuencia de su yerro al realizar un

cobro no autorizado de tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios

vinculados a la sociedad Ciudad Capital S.A. E.S.P.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la atribución de ordenar la

devolución de las sumas de dinero correspondientes a los cobros no

autorizados es un desarrollo de la potestad de inspección, control y

vigilancia de la SSPS, que responde a la transgresión normativa

censurada, independiente de la facultad sancionatoria de dicha

entidad, razón por la cual i) su mandato no depende de la imposición

de una sanción por este concepto, ii) su validez es independiente de la

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prosperidad de la sanción por la conducta investigada, iii) no se le debe

aplicar el término de caducidad establecido en el artículo 38 del CCA

para la potestad sancionatoria, y iv) no debe cumplir los requisitos y

formalidades de una sanción, debido a que no lo es por sí misma ni de

manera accesoria.

Basta traer a colación el texto del artículo 81 de la Ley 142 de 199439,

del cual se extrae con claridad cuáles son las sanciones que pueden

39
“Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios podrá imponer las
siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la
gravedad de la falta:

81.1. Amonestación.

81.2 Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de
reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se
podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para
determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le
aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para
la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se
refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado
los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción.

81.3. Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del infractor, y cierre de los
inmuebles utilizados para desarrollarlas.

81.4. Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de servicios públicos de los
cargos que ocupan; y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez años.

81.5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos que haya celebrado el
infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita, o la cancelación de licencias así como la
aplicación de las sanciones y multas previstas pertinentes.

81.6. Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos, hasta por diez años.

81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la suspensión temporal o definitiva de
sus autorizaciones y licencias, cuando las sanciones previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen
indebidamente a terceros.

Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el análisis de la culpa del eventual
responsable y no podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva”.

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imponerse en el marco de las competencias de la SSPD, dentro de las

cuales no se encuentra como tal la orden de devolución de dineros por

cobro de lo no debido.

Sobre el particular, la Sección Primera en sentencia de 26 de

noviembre de 201540, en la cual se reiteró la providencia de 21 de

agosto de 201441, precisó lo siguiente:

“[…] (ii) Competencia de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios – SSPD para ordenar la devolución de los
cobros no autorizados.

Sobre la competencia de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para ordenar la devolución de los cobros
efectuados en exceso, estima la Sala que no son de recibo los
argumentos expuestos por la recurrente, por cuanto tal
facultad tiene como fundamento las disposiciones que regulan
su actividad, como bien lo plasmó la entidad en la resolución
objeto de análisis.

El acto acusado sobre el particular precisó:

“El artículo 79.1 fija la competencia de la
Superintendencia en dos ámbitos plenamente descritos:
i) la facultad de vigilar y controlar el cumplimiento de las
leyes y actos administrativos a los que están sujetos
quienes presten servicios públicos y, ii) la facultad de
sancionar al prestador ante la violación normativa.

Dichas facultades se desarrollan, en tanto se afecte en
forma directa e inmediata a usuarios determinados, sin

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
noviembre de 2015, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 25000-23-24-000-
2005-01325-01.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 25000-23-24-000-2008 – 00350-01.

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Número único de radicación: 11001 03 24 000 2008 00725 01
Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

que la norma determine presupuestos adicionales a partir de
los cuales deba probarse tal presupuesto.

Y la ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos, en la
medida en que la función no esté asignada a otra autoridad.

Para el caso que nos ocupa, la Superintendencia, en
ejercicio de la facultad de verificar y controlar el
cumplimiento de la normatividad, adelantó tareas
tendientes a la verificación de la aplicación de la
Metodología Tarifaria por parte de los operadores de
Telefonía Pública Básica Conmutada Local sometidos al
régimen regulado de tarifas, entre otros, Colombia
Telecomunicaciones.

Como resultado de la verificación adelantada, se inició la
presente actuación administrativa formal en contra de
Colombia Telecomunicaciones, atendiendo al hecho de
encontrar presuntos incumplimientos en la aplicación de
la metodología tarifaria en mercados plenamente
determinados, lo que implica usuarios igualmente
determinados, en tanto que las tarifas registradas y
efectivamente aplicadas afectaban a todos y cada uno de los
usuarios pertenecientes a los mercados por los cuales se abrió
la investigación.

En desarrollo de la actuación administrativa formal y ante el
incumplimiento probado dentro del expediente, este
Despacho expidió la Resolución 2814 del 30 de
septiembre de 2004, mediante la cual se impuso sanción
pecuniaria a Colombia Telecomunicaciones, atendiendo el
número de mercados involucrados y por ende el número de
usuarios de dichos mercados, sin que corresponda dentro de
los presupuestos del artículo 79.1 de la Ley 142 de 1994,
cuantificar a nivel de usuarios los valores cobrados de más,
ante el evidente incumplimiento en la aplicación de la
metodología tarifaria.

Así, para el caso que nos ocupa, están plenamente identificados
dentro del expediente los mercados en los cuales se
comprobó el incumplimiento por parte de la empresa en
la aplicación de la metodología tarifaria, por lo que sus
usuarios están igualmente determinados y afectados en
tanto que las tarifas cobradas no correspondieron a las
que debían cobrarse al aplicar adecuadamente la citada
metodología. (…)” (Negrillas fuera de texto).

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En efecto, el numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de
1992, define la regulación de los servicios públicos domiciliarios
como la facultad de dictar normas de carácter general o
particular en los términos de la Constitución y la ley, para
someter la conducta de las personas que prestan los servicios
públicos domiciliarios a las reglas, disposiciones, principios y
deberes establecidos en el ordenamiento jurídico.

En este sentido, el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 establece
la prohibición referente a que en la factura no es posible el
cobro de servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes
a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos.

Aunado a lo anterior, la Sala recuerda que el artículo 1.524 del
Código Civil prescribe que no puede haber obligación sin causa
real y licita, además que el artículo 2.313 preceptúa que “el
que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene
derecho para repetir lo pagado” y, finalmente, que el artículo
2.315 dispone que se podrá repetir lo pagado por error de
derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una
obligación puramente natural. El Código de Comercio, por su
parte, señala en el artículo 831 que nadie podrá enriquecerse
sin justa causa a expensas de otro.

La anteriores disposiciones guardan coherencia y deben
interpretarse en el marco de lo dispuesto en el numeral 1º del
artículo 79 ibidem, subrogado por el artículo 13 de la Ley 689
de 2001, “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de
1994”, en el sentido que a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios le corresponde evitar la afectación en
forma directa e inmediata de los derechos de los usuarios a
través de la vigilancia y control del cumplimento del
ordenamiento jurídico.

En desarrollo de esta función de control la entidad cuenta con
amplias facultades para ordenar los correctivos necesarios con
el fin de subsanar las situaciones de los vigilados que
transgredan, por acción u omisión, el orden jurídico vigente.
Debe advertirse que dicha función se realiza con la finalidad de
proteger los derechos de los usuarios, los cuales además de
gozar de una especial protección resultan ser el pilar
fundamental en la prestación de los servicios públicos.

Sobre el particular, advierte la Sala que esta Sección42 en otra
oportunidad precisó que en eventos como el presente la

42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de agosto
de 2014. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala. Rad.: 2008 – 00350.

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Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios actúa con
competencia, tal y como se observa a continuación:

“Devolución de dineros y dosimetría sancionatoria:

Expresa la apoderada que la SSPD no tiene facultades para
ordenar la devolución de dineros.

En primer lugar, es preciso indicarle a la recurrente que no se
trata de un tema nuevo para la Superintendencia y que, aparte
de la Delegada de Telecomunicaciones, las otras áreas de la
entidad, en distintas actuaciones han ordenado la devolución
de dineros. Ciertamente, mediante concepto SSPO-OJ-2003-
0236 de la Oficina Jurídica expresó lo siguiente:

(…)

"De conformidad con la Ley 142 de 1994, corresponde a la
Superintendencia de manera general vigilar y controlar el
cumplimiento de las leyes y actos administrativos a que estén
sujetos quienes presten servicios, y en particular las relativas
al régimen tarifario, dentro del sistema de protección de los
usuarios de los servicios públicos. A este respecto conviene
recordar que según el profesor Hugo Palacios Mejía, la Ley 142
de 1994 se orienta a la protección del usuario. Pues bien, una
de las principales preocupaciones de la ley 142 en materia de
protección al usuario tiene que ver con que los cobros que las
empresas de servicios públicos hagan a los usuarios
correspondan a los servicios, tarifas y conceptos que la ley y el
contrato de servicios públicos autoricen. (Artículo 146]':

"Si la Superintendencia de Servicios Públicos en su condición
de autoridad competente en materia de protección de los
derechos de los usuarios de servicios públicos y ente encargado
del control de la correcta aplicación del régimen tarifaria por
parte de las empresas prestadoras, encuentra que una
empresa de servicios públicos incurrió en error al fijar sus
tarifas y ese error lesiona injustamente los intereses de los
usuarios, la Superintendencia podrá, previó el procedimiento
previsto en el artículo 106 y s. s. de la Ley 142 de 1994,
ordenar a la persona prestadora del servicio público la
devolución de los dineros cobrados demás. sin que medie
necesariamente la imposición de sanción alguna (se subraya y
resalta).

(…)

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De no poder la Superintendencia emitir orden para la
devolución, no tendría sentido el control tarifario; como
tampoco sería útil dicho control, si sólo sirviera como apoyo
para que el usuario sustentara y presentara la reclamación ante
la empresa. Así mismo, carecería de racionalidad jurídica y
práctica tener que resolver las empresas tantos reclamos como
usuarios afectados resulten, y otro tanto tuviera que hacer la
Superintendencia en la instancia de apelación, cuando
revisadas las tarifas por el órgano de control se establezca en
qué consistió el error y cómo debe ser corregido de manera
general a todos los usuarios.

En conclusión, la efectiva protección de los derechos de los
usuarios derivada del ejercicio de la función del control tarifario
a las empresas de servicios públicos, carece de contenido
jurídico si no se emite orden de devolver lo cobrado en exceso.

En otras palabras, lo que persigue la vigilancia y control de la
correcta aplicación del régimen tarifario es precisamente que
ante una situación irregular, la empresa corrija su conducta
conforme a lo que señale el órgano de control, con la condición
que la empresa puede dar las explicaciones que estime
pertinente y se respete el debido proceso administrativo, en
desarrollo del articulo 106 y s.s. de la Ley 142 de 1994. Es que
de otra manera, la función de vigilancia y control, sobre todo
en materia tarifaria, desprovista de la aplicación de correctivos,
no sería nada".

Sobre lo expresado en el concepto vale la pena destacar el
aparte que habla sobre la posibilidad de dar una orden
de devolución de dineros sin que necesariamente se
imponga una sanción.

El punto se reduce a que, según lo expresó en su oportunidad
la Oficina Jurídica, y según se reitera en este recurso, la orden
de devolución no es una sanción. En efecto, la orden de
devolución es una consecuencia obvia, resultante de la
captura de una renta que tuvo origen en la violación de
una disposición legal, regulatoria o de ambos tipos, que
no está encaminada a obtener la reparación de
perjuicios causados a usuarios o suscriptores ni se trata
de proveer indemnizaciones.

Adicionalmente, resulta oportuno para el caso puntual hacer
especial mención al artículo 2318 del Código Civil, el cual
expresa:

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"El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía.
es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y
calidad.

Si ha recibido de mala fe, también los intereses corrientes”.

Quien paga lo que no debe tiene derecho a repetir lo pagado.
Esta previsión legal se encuentra estrechamente ligada con el
enriquecimiento sin justa causa, principio universalmente
aceptado que señala, conforme lo expresa el tratadista Luis
Ernesto Guevara López, que el mismo tiene un fundamento
moral y que " ... nadie puede enriquecerse injustamente, sin
que medie una causa, en detrimento de otro. En virtud de tal
principio aquel que experimente un incremento en su
patrimonio, ya porque efectivamente ingresa un activo o bien
o porque disminuye su pasivo a expensas de otro patrimonio
está obligado a restablecer ese desequilibrio que no cuenta con
una justa causa que lo respalde…”

Adicionalmente, el artículo 6 del C.C., dispone:

"La sanción legal no es sólo la pena sino también la
recompensa; es el bien o el mal que se deriva como
consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la
transgresión de sus prohibiciones.

En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa
prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa.
Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se
arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas,
aparte de las que se estipulan en los contratos".

El artículo 79.1. menciona que la afectación se produce
directamente a usuarios determinados. Cabe preguntarse ¿por
qué la norma se refiere a "usuarios determinados"? La
respuesta es sencilla: justamente, porque si a raíz de un
incumplimiento de un acto administrativo o legal los
suscriptores o usuarios de un servicio sufren un detrimento,
por ejemplo patrimonial, se espera que como resultado de la
acciones de control y vigilancia se corrija dicha anomalía y no
que simplemente se limite a señalarla y a imponer una multa.

En consecuencia, limitar las funciones de vigilancia y
control de la Superintendencia como facultades
exclusivamente sancionatorias, equivale a asumir que
las funciones otorgadas a esta entidad sólo estarían
encaminadas a detectar conductas, sin que exista la
posibilidad de que estas sean corregidas.

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51

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Así las cosas, los prestadores sujetos al control y
vigilancia de esta entidad tendrían incentivos para
transgredir las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos, siempre que la ganancia esperada por
estos con el despliegue de dicha conducta sea mayor a
la sanción impuesta. La misma Ley ha previsto este hecho,
por cuanto el numeral 1 del artículo 79 establece que es función
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos
administrativos y sancionar sus violaciones, luego no se puede
entender la función sancionatoria como la única, siendo que la
ley expresa claramente que la sanción complementa las
funciones de control, de las cuales la devolución de dineros es
una forma de ellas.

De esta forma, es evidente para la Sala que la competencia de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para
vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa a que se
somete la Empresa actora como prestadora del servicio público
domiciliario de telefonía y para sancionar las violaciones a ella,
se limitó al cargo imputado.

Por ello, frente a la acusación objeto de la apelación
procede entender que la Superintendencia de Servicios
Públicos sí actuó con competencia, en los términos del
artículo 79.1 de la Ley 142 de 1998, en cuanto se refiere
al incumplimiento de Colombia Telecomunicaciones S.A.
ESP de efectuar la liquidación de las tarifas de los
estratos 1 y 2 acorde con lo previsto en el artículo 116
de la Ley 812 de 2003 y la resolución 996 de 2004 que
precisó la fórmula para el efecto” (Negrillas fuera de texto).

En este contexto, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios se encontraba facultada no sólo para imponer una
sanción de multa a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP,
empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, sino
también ordenar rembolsar a los usuarios el monto pagado de
lo cobrado sin autorización con carácter general o erga omnes,
porque si bien la misma no constituye una sanción, si genera
una consecuencia necesaria ante el incumplimiento de la
obligación de acatar lo previsto en el régimen de servicios
públicos, en el marco de los derechos de los usuarios y la
facultad consagrada en el referido artículo 79. […]”.

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52

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2008 00725 01
Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

Asimismo, la Sección Quinta en Descongestión consideró43:

“[…] Por otro lado, el marco jurídico definido en los referidos
artículos de la Ley 142 de 1994 atañe a la definición de
controversias surgidas de la presentación de peticiones, quejas o
reclamos por parte de los suscriptores o usuarios de la empresa
frente “ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o
la ejecución del contrato” (art. 154).

Igualmente, es dable señalar que el artículo 79.31 de la referida
ley, establece que la SUPERINTENDENCIA “Podrá ordenar en el
acto administrativo que resuelva el recurso de apelación de que
tratan los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, la
devolución de los dineros que una empresa de servicios públicos
retenga sin justa causa a un usuario”.

Empero, de tales prescripciones no se advierte condicionamiento
alguno que impida a dicha autoridad administrativa, en su
función de inspección, vigilancia y control, determinar
devoluciones en otro tipo de espacios o escenarios jurídicos.

El artículo 79.1 ejusdem, entre las funciones encomendadas a la
SUPERINTENDENCIA contempla la de “Vigilar y controlar el
cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén
sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el
cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios
determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando
esta función no sea competencia de otra autoridad".

En armonía con lo anterior, el artículo 1o de la Resolución CRA
294 de 2004 impone:

“Artículo 1o. Identificación de los cobros no autorizados.
Cuando los organismos de control o el prestador del
servicio, de oficio o a petición del suscriptor o usuario
encuentren que se han realizado cobros no autorizados,
el prestador del servicio recalculará el valor cobrado,
con el propósito de corregir el valor de la factura del
servicio o ajustar la tarifa a la normatividad y
regulación vigentes según sea el caso.

Los cobros no autorizados pueden tener su origen en
servicios no prestados, tarifas que no corresponden a la

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en Descongestión, sentencia
de 12 de julio de 2018, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, número único de radicación 25000-23-
24-000-2012-00277-01.

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53

Número único de radicación: 11001 03 24 000 2008 00725 01
Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

regulación y cobros de conceptos no previstos en la ley y
en los contratos de condiciones uniformes...”.

Quiere decir lo anterior que, por virtud de lo dispuesto en un acto
administrativo regulatorio, de carácter general, cuyo
cumplimiento, por ministerio de la ley, corresponde vigilar a la
entidad demandada, esta misma, inclusive de oficio, podrá
identificar la realización de cobros no autorizados, que pueden
tener origen en circunstancias como las que fueron objeto de la
investigación previa a los actos sancionatorios enjuiciados, lo cual
impone el deber a la prestadora del servicio público de hacer las
devoluciones respectivas.

Nótese que para que tales empresas procedan a la devolución de
dichos cobros, basta que la superintendencia los identifique. Eso
quiere decir que, a partir de lo consignado en este acto
regulatorio, ni siquiera hace falta una orden de la
SUPERINTENDENCIA para que sea atendido este deber por parte
de las prestadoras, razón por la cual, nada obsta para de quienes
tienen a su cargo la prestación del servicio (sic).

Por tal motivo, no resulta contrario a derecho que, en su misión
de hacer cumplir tales normas el órgano de control adopte
dictados que se avengan al contenido imperativo de aquellas que
establecen cargas y obligaciones claramente definidas para los
sujetos que están bajo ese poder instructor del Estado. […]”

En esa medida, la Sala precisa que la devolución de dineros por cobro

no autorizado de tarifas, captado a usuarios que habían solicitado su

desvinculación a la sociedad EMAB, y que solicitaron su vinculación a

la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., corresponde a una orden

administrativa impuesta por la SSPD en el marco de su competencia

para la vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos,

establecida en el artículo 370 Constitucional y en los artículos 79 y 148

de la Ley 142, y 1° y 4° de la Resolución CRA 294.

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54

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Ahora, la forma y plazo para la devolución de los dineros recaudados a

usuarios que habían solicitado su desvinculación, y que solicitaron el

servicio a la sociedad Ciudad Capital S.A. E.S.P., según el artículo 2°

de la citada Resolución CRA 294, podrá pagarse al suscriptor o usuario

el monto adeudado en forma pura y simple, caso en el cual deberá

informar de inmediato al usuario su voluntad de realizar el pago de

esta forma.

No obstante, para el efecto de la devolución de los dineros cobrados a

aquellos usuarios que habiendo manifestado su decisión inequívoca de

trasladarse a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P. fueron retenidos

y se les prestó el servicio en contra de su voluntad por parte de la

sociedad EMAB, la parte motiva de la Resolución núm. SSPD

20074000040475 de 17 de diciembre de 2007 dispuso que:

“[…] la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., ha de efectuar
relación precisa de aquellos usuarios que fueron retenidos por la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. pero también se
les prestó el servicio por su parte, acorde con la actuación que se
adelantó ante la CRA.

La citada relación, ha de ser entregada a la COMPAÑÌA DE
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA, como ente
facturado, a fin de que determine el monto de los dineros enviados
a la la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. por cuenta
de dichos usuarios.

La sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., tiene un término de un
(1) mes, contado a partir de la comunicación del presente acto
administrativo, para efectuar la relación aludida, y comunicarla a la
COMPAÑÌA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA,

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Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

quien en el término de un (1) mes, contado a partir de recibir la
información por parte de la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P.,
informará a la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. el
monto de dinero a devolver.

Cumplido lo anterior, una vez avisado por la COMPAÑÌA DE
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA, la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. devolverá a la sociedad
CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., los dineros ordenados, en un plazo
máximo de dos (2) meses […]”.

Así pues, para la Sala es evidente que la orden dada por la SSPD a la

sociedad EMAB de devolver los dineros captados a usuarios que habían

solicitado su desvinculación y que solicitaron el servicio a la sociedad

CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., corresponde al cumplimiento cabal de la

potestad de inspección, vigilancia y control conferida a dicha entidad,

no guarda relación inescindible con la potestad sancionatoria del cobro

no autorizado de tarifas, al facturar y cobrar servicios a usuarios que

estaban vinculados a la sociedad CIUDAD CAPITAL S.A. E.S.P., no fue

una sanción accesoria a dicho cargo, ni reviste por sí misma las

características de una sanción.

En consecuencia, la Sala revocará el fallo apelado y, en su lugar,

denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

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56

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Actora: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A ESP.

Ahora, en cuanto a la condena en costas la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de abril de 2015, proferida

por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión,

y, en su lugar, se dispone: NEGAR las pretensiones de la demanda,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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57

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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