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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00277-01

Superintendencia de servicos públicos domiciliarios: sanción a empresa de aseo

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00277-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia. Segundo: CONFIRMAR la sentencia de 30 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda. Tercero.- DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00277-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

12 de julio de 2018

SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Sanción a empresa de aseo / COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO – Cálculo del factor NFC con base en cifras incorrectas / CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA - El término es el previsto en el artículo 38 del CCA / CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA – Determinación temporal / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA - Cómputo cuando se trata de actos sancionables de ejecución continuada

[L]a Resolución Sancionatoria No. SSPD 20114400010775 del 2 de mayo de 2011 se observa que, en primer lugar, la multa de $ 30’000.000 que se le impuso fue imputada y tasada así: i. $ 20’.000.000 por violación del artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005, en la medida en que el cálculo del factor NFC, como componente de los costos de comercialización del servicio de aseo, se realizó con base en cifras incorrectas. (…) La diferencia que surge entre la empresa accionante y la autoridad demandante, en lo que versa a este punto, tiene que ver con la forma de interpretar dicho precepto. Esto significa que su violación, a partir de esa circunstancia específica, no puede ser vista como una sucesión de actos reiterativos, sino como una conducta de ejecución continuada, pues la hermenéutica de la norma alcanza de manera uniforme el tiempo en el que se aplique tal criterio, valga decir, aceptado en este caso por PALMIRANA como el derrotero único que debió gobernar su relación con los usuarios y suscriptores en lo que atañe al componente tarifario en cuestión. El referido pliego de cargos, tuvo como soporte, entre otros documentos, el Memorando No. 20094310081143 del 25 de septiembre de 2006, que a su vez se nutrió del “acta de visita” de 5 de junio de 2008, (…) Nótese entonces que la regla tarifaria aplicada por la sociedad accionante no había sido cambiada aún el 5 de junio de 2008. Así las cosas, por responder ello a una conducta continuada que siguió teniendo lugar con posterioridad al 24 de mayo de 2008, es claro que frente a ella no sobrevino la caducidad esgrimida por aquella, dada la permanencia de la conducta sancionada que a motu proprio siguió desplegando la actora.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Sanción a empresa de aseo / COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO – Cobro equivocado a usuarios / CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA - El término es el previsto en el artículo 38 del CCA / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA – Cómputo cuando se trata de actos de ejecución instantánea / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA – Configuración respecto de algunas facturas. Cómputo / FACTURA - Concepto

En relación con la sanción impuesta a PALMIRANA con base la violación del artículo 148 de la Ley 142 de 1994 por facturar a sus usuarios y/o suscriptores costos de comercialización equivocados, es menester indicar que, a diferencia del supuesto analizado en párrafos anteriores, no se trata de un acto de ejecución continuada, sino de la realización reiterada de conductas individuales y homogéneas. Y esto es así porque la facturación no responde a un supuesto genérico que ocupe de manera trasversal la interpretación de una norma, sino a la definición particular y concreta del cobro que la empresa materializa en períodos uniformes –mensuales, bimensuales, etcétera– a cada uno de sus suscriptores y/o usuarios, de conformidad con los consumos en los que incurran, las cifras y variables legalmente autorizadas por la autoridad pública reguladora del servicio prestado y el respectivo contrato de condiciones uniformes, siendo entonces una actividad plenamente identificable como de ejecución instantánea. Lo anterior en perfecta armonía con la definición contenida en el artículo 14.9 de la Ley 142 de 1994, la factura de servicios públicos “[e]s la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos”. Es así que, solo respecto de los servicios facturados con posterioridad al 24 de mayo de 2008 en el caso de marras le era permitido a la SUPERINTENDENCIA ejercer la potestad sancionatoria; contrario sensu, por el hecho de la facturación generada antes de esa fecha no podía la entidad demandada hacer uso de ella, por haber sobrevenido la caducidad trienal de la facultad sancionatoria, conforme a las voces del artículo 38 del CCA precitado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 38 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 14 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 79 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 148 / RESOLUCIÓN CRA 351 DE 2005 – ARTÍCULO 9 / RESOLUCIÓN CRA 294 DE 2004 – ARTÍCULO 1 / RESOLUCIÓN CRA 294 DE 2004 – ARTÍCULO 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00277-01

Actor: PALMIRANA DE ASEO S.A E.S.P PALMASEO S.A. E.S.P

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85 CCA). Sentencia de segunda instancia. Sanción por violación del régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

La empresa PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. PALMASEO S.A. E.S.P., por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, a efectos de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA: Declare la nulidad de la Resolución No. SSPD 20114400010775 del dos (2) de mayo de 2.011.

SEGUNDA: Declare la nulidad de la Resolución SSPD 20114400021305 del primero (1o) de agosto de 2.011.

TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de que trata las pretensiones primera y segunda y a título de restablecimiento del derecho disponga que PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. PALMASEO S.A. E.S.P. no está obligada a pagar la sanción impuesta en las Resoluciones precedentes.

CUARTA: De forma subsidiaria a la pretensión precedente, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de que trata las pretensiones primera y segunda y a título de restablecimiento del derecho, en caso que PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. PALMASEO S.A. E.S.P. hubiese pagado la sanción, se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS la devolución de lo cancelado en un término prudencial.

QUINTA: Que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS actualizar y pagar el monto dinerario de que trata la pretensión cuarta, con la variación del índice de precios al consumidor, desde el día del pago efectuado por parte de PALMASEO, hasta la fecha de su efectiva devolución si esta fecha no supera el término dispuesto por el Tribunal.

SEXTA: Que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS a reconocer y pagar intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida, calculados respecto del monto de capital de que trata la pretensión cuarta, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido para su devolución y hasta la fecha en que efectivamente se cancele.

SÉPTIMA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de que trata las pretensiones primera y segunda y a título de restablecimiento del derecho, disponga que PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. PALMASEO S.A. E.S.P. no está en la obligación de devolver a sus suscriptores o usuarios el valor de la tarifa supuestamente cobrado indebidamente.

OCTAVA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de que trata las pretensiones primera y segunda y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS pagar en un término prudencial a PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. PALMASEO S.A. E.S.P. una suma de dinero igual a la cuantía de la totalidad de los montos dinerarios que PALMASEO, en cumplimiento de los actos administrativos proferidos por la SSPD, se vio obligado a devolver por haber sido supuestamente cobros en exceso.

NOVENA: Que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS actualizar y pagar los montos dinerarios de que trata la pretensión octava, con la variación del índice de precios al consumidor desde el día del pago efectuado por parte de PALMASEO hasta la fecha de su efectiva devolución si esta no supera el término dispuesto por el Tribunal.

DÉCIMA: Que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS a reconocer y pagar intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida, calculados respecto del monto de capital de que trata la pretensión octava, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido para su devolución y hasta la fecha en que efectivamente se cancele.

DÉCIMA PRIMERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de que trata las pretensiones primera y segunda y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS pagarle a PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. PALMASEO S.A. E.S.P. la sumatoria de la totalidad de las sumas de dinero dejadas de cobrar por la mencionada E.S.P. por concepto de Costo de Comercialización Ajustado de que trata el artículo 9o de la Resolución CRA 351 de 2.005 hasta la fecha en la cual CRA autorizó la modificación del citado costo de comercialización por suscripción.

DÉCIMA SEGUNDA: Se condene en costas a la demandada.”.

Igualmente, con base en razones similares a las que soportan el concepto de violación esgrimido en la demanda, solicitó la suspensión previsional de los actos administrativos censurados.

1.2. HECHOS

El libelista los narró, en síntesis, así:

1.2.1. La Superintendencia Delegada para el Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS comunicó el 2 de marzo de 2010 a PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. PALMASEO S.A. E.S.P. la apertura en su contra de la investigación No. 2010440350600057E, con fundamento en la supuesta existencia de cobros indebidos y a partir del siguiente pliego de cargos:

Incumplimiento del artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005 (metodología tarifaria).

Incumplimiento del artículo 148 de la Ley 142 de 1994 (requisitos de las facturas).

Incumplimiento del artículo 2º de la Resolución CRA 294 de 2004, en concordancia con el artículo 3.9 inciso 2º de la Ley 142 de 1994 (devolución de cobros no autorizados).
1.2.2. El 3 de mayo de 2010 la sociedad presentó descargos y solicitó el decreto y práctica de pruebas.

1.2.3. Mediante Resolución No. SSPD 20114400010775 del 2 de mayo de 2011, la SUPERINTENDENCIA resolvió:

Imponerle “… sanción de MULTA…” equivalente a $ 30’000.000 m/cte.

Ordenarle “… hacer el recalculo [sic] del componente CCS y ajustar la norma a la normatividad vigente informando, a través del cargue al Sistema Único de Información – SUI, el nuevo estudio de costos actualizado…”.

Ordenarle “… la devolución de las sumas cobradas en exceso a los usuarios…”, acorde con la Resolución CRA 294 de 1994.

1.2.4. La empresa interpuso recurso de reposición y en subsidió apelación en contra de dicho acto administrativo.

1.2.5. Con la Resolución SSPD 20114400021305 del 1º de agosto de 2011 la SUPERINTENDENCIA confirmó en todas sus partes la decisión impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

El apoderado de la empresa demandante invocó como violadas las siguientes normas y explicó su concepto de violación, respecto de los actos enjuiciados, como sigue:

1.3.1. Inexistencia del incumplimiento de las disposiciones legales que fundamentaron la sanción

Artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005.
Artículo 148 de la Ley 142 de 1994.
Artículo 2º de la Resolución CRA 294 de 2004 en concordancia con el artículo 3, numeral 9, inciso 2 de la Ley 142 de 1994.
1.3.1.1. PALMIRANA se atuvo al artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005. Empero, la CRA, con posterioridad a los hechos sancionados, dio otra interpretación (no vinculante) a esta norma, vía conceptos y circulares; fue con base en esa nueva postura que la SUPERINTENDENCIA sancionó a la empresa, lo cual no es admisible dada las jerarquías normativas y el sistema de fuentes que opera en un Estado de Derecho.

En dicha preceptiva se establece una fórmula para el “costo de comercialización por factura ajustado” (CCSAJ) –para determinar el respectivo componente del servicio de aseo cuando la facturación de una parte o del total de suscriptores no se realice conjuntamente con el servicio de acueducto–, en el que la variable “NFC” podía ser dotada de contenido a partir de cualquiera de las siguientes dos opciones para el “número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio (…) con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano, para el año baso”: (i) con posibilidad de facturación conjunta, o (ii) efectivamente facturados.

Bajo ese contexto fue legal que la empresa se acogió a la segunda alternativa –para los cobros mensuales realizados desde enero de 2007 hasta mayo de 2008–, en la que se reportaba un número de cero (0) usuarios bajo esa condición, lo que le permitía cobrar el mayor valor aceptado en la antedicha regulación.

No obstante, la Superintendencia se fundamentó en un consulta absuelta por la CRA en diciembre de 2007 –siendo que el respectivo régimen tarifario entró a regir en enero del mismo año–, en la que expresa que el componente “NFC” es equivalente al “catastro de usuarios del servicio de acueducto a quienes se les presta el servicio de aseo”, desconociendo el tenor literal de la norma y las dos hipótesis que admite, especialmente la que responde a la expresión “ con posibilidad de facturación conjunta o efectivamente facturados”, en la que destaca la presencia de la conjunción copulativa “o”.

Erró la entidad demandada al reducir la norma a un único supuesto, esto es, al de “facturación conjunta” –con el servicio de acueducto–, dejando por fuera el hecho que, en el caso concreto, ello era imposible de cumplir para la empresa accionante, dado que, incluso antes de entrar en vigencia la Resolución CRA 351 de 2005, había celebrado un contrato indisoluble con una empresa de energía para el cobro del servicio de aseo.

1.3.1.2. La errada intelección que la accionada le dio al artículo 9º ejusdem opera en contravía de lo normado en los artículos 34.1. y 34.2 de la Ley 142 de 1994 que suponen la relación entre “cobro de tarifas” y “gastos de operación” de un servicio –adicional o no–. Con la postura acogida en los actos sancionatorios se prohíja la regla tarifaria no en función de “… cuánto costó, sino cuánto le pudo costar…” a la empresa.

1.3.1.3. Es así que, entonces, a PALMIRANA “… en estricto sentido se le sanciona por no acatar premonitoriamente, la posición institucional [de la CRA y la SUPERINTENDENCIA] en cuanto a la interpretación de la norma, pues debía conocerla antes de que existiese, y no propiamente por la trasgresión al texto de la regulación…”, siendo que, de cualquier modo, la postura de tales entidades es la que se aparta de la ley.

1.3.2. Caducidad de la facultad sancionatoria administrativa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Artículo 38 del CCA.

La enunciada disposición establece el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración en 3 años. Por su parte la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado 3 tesis en relación con la forma de interrumpirla: (i) una laxa –expedición del acto principal–, (ii) una intermedia –expedición y notificación del acto principal– y (iii) una restrictiva –expedición, notificación y agotamiento de la vía gubernativa.

La actora es de la tesis que se debe aplicar al asunto en cuestión la restrictiva, pues la sanción solo puede considerarse impuesta una vez que quede ejecutoriada. No obstante, aún bajo la tesis intermedia, aplicada por la entidad accionante, operó la caducidad, cuando menos de forma parcial.

Ello es así porque la facturación no constituye un hecho o acto de tracto sucesivo, toda vez que, a la luz de las Circulares Conjuntas SSPD-CRA 003 y 006 de 2006 estas se calculan de forma mensual, y así lo hizo PALMIRANA. De modo que frente a las que emitió la empresa entre enero de 2007 y abril de 2008 habría operado tal fenómeno, siendo oportuna la sanción únicamente para la factura correspondiente a mayo de 2008, por tratarse cada una de ellas de actos “autónomos e instantáneos”.

1.3.3. Ilegalidad de la orden de prohibir exigir los documentos que acreditan la titularidad del derecho

Bajo este rótulo, el libelista presentó dos reproches, a partir del hecho de que la SUPERINTENDENCIA no le permitió exigir a los usuarios o suscriptores la prueba de la afectación presuntamente sufrida con los cobros por los que fue sancionada la empresa, los cuales desarrolló así:

1.3.1.1. Ilegalidad de la orden de devolución en una sanción cuando su sustento es la relación jurídica empresa usuario, sin haber agotado el recurso de apelación

Numeral 31 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, subrogado mediante el artículo 13 de la Ley 689 de 2001.
Artículos 152 a 159 de la Ley 142 de 1994 y sus modificaciones.
La entidad accionante no podía emitir órdenes en procura de la supuesta protección de los derechos de los usuarios o suscriptores (art. 79.31 L.142/94), a menos que estos lo hubieran pedido directamente, para lo cual debían acudir al recurso de apelación, subsidiario al de reposición (arts. 152-159 L.142/94), contra la denegatoria de la E.S.P., lo cual no ocurrió en el caso de marras. De ahí que la SUPERINTENDENCIA no tuviera competencia para ordenar devoluciones a la empresa sin permitirle simultáneamente exigir requisitos a los usuarios para materializarlas.

1.3.1.2. Ilegalidad de la orden de devolución sin permitir la prueba de la acreditación del titular del derecho, cuando el sustento es el enriquecimiento sin causa

Resolución CRA 294 de 2004.
Artículos 1524, 2313, 2315 del Código Civil (C.C.)
Artículo 831 del Código de Comercio (C.Co.).

Si el motivo de la devolución de sumas a los usuarios o suscriptores es el “enriquecimiento sin causa” tampoco puede prohibirse a PALMIRANA que exija a quien pretende servirse de tal medida que acredite la calidad de beneficiario, pues es lo que se desprende de las normas del C.C., que son las que gobierna esta figura.

Sumado a ello, la Corte Suprema de Justicia ha resaltado el carácter de “remedio extraordinario y excepcional” del enriquecimiento sin causa. Ello significa que no se puede acudir a este sin que los afectados acudieran previamente a los recursos de reposición y apelación consagrados en la Ley 142 de 1994.

Igualmente, el artículo 831 del C.Co. establece unos requisitos para que se configure el referido enriquecimiento (enriquecimiento de uno, empobrecimiento de otro y ausencia de causa jurídica eficiente), por tanto, no puede suponerlos la SUPERINTENDENCIA, sino que se debe permitir a la empresa actora que pueda verificar la acreditación de estos, caso a caso.

Solo así se puede evitar que se favorezca a una persona distinta a quien pagó la correspondiente factura, y que se haga con ello incurrir en doble costo de devolución a la empresa.

1.4. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

1.4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en auto adiado 15 de marzo de 2012 admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor y negó la suspensión provisional de los actos enjuiciados, por considerar que las razones presentadas por la parte actora debían estudiarse en la sentencia.

1.4.2. En auto de 25 de junio de 2013, la Subsección “C” en Descongestión del Tribunal avocó conocimiento del asunto.

1.5. CONTESTACIÓN

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda; y en cuanto a los cargos planteados, pidió que se tuvieran en cuenta los considerandos de los actos acusados. Así mismo, refirió:

1.5.1. Es cierto que la empresa accionante tenía derecho a aplicar la fórmula establecida en el artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005. Sin embargo debía tener en cuenta que para determinar el “NFC”, los usuarios sin posibilidad de facturación son aquellos que no estén conectados al servicio de acueducto.

1.5.2. La aplicación de los contenidos normativos dispuestos en dicho precepto no dependen de aspectos subjetivos de las empresas a las que se dirige, sino del cumplimiento objetivo de los mismos.

1.5.3. Contrario a lo que señala la parte demandante, las dos hipótesis que allí se contemplan no son facultativas, sino más bien excluyentes. De ahí que si sus suscriptores no estaban siendo efectivamente facturados por una empresa de acueducto –pues lo estaban por una empresa de energía–, la única posibilidad que tenía era determinar cuántos tenían posibilidad de ser facturados.

1.5.4. La interpretación que realiza la empresa demandante es contraria a la protección de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y al principio de neutralidad, pues prohíja cobros diferenciados para personas en situaciones iguales.

1.5.5. Mediante sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009, el Consejo de Estado acogió la “tesis intermedia” en materia de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración. De ahí que no operó dicho fenómeno en el presente asunto, toda vez que el acto principal se notificó en mayo de 2011, y tres años atrás la violación normativa persistía.

1.5.6. Del artículo 1º de la Resolución CRA 294 de 2004 se desprende que no hace falta la interposición de recursos para que proceda la orden de devolución de cobros en exceso, pues basta que los organismos de control o el prestador de servicios lo identifique.

1.5.7. La empresa sancionada es quien conoce a sus suscriptores y usuarios y no debe exigirle documentos innecesarios, pues si no lo hace para cobrar las facturas, mucho menos debería para devolverles lo que no le pertenece; máxime cuando el procedimiento para ello se encuentra definido en los artículos 2º y siguientes de la normativa antedicha.

1.5.8. Precisamente ese carácter especial de la Resolución CRA 294 de 2004 –que junto a la 351 de 2005 gozan de presunción de legalidad– la hace prevalente sobre el CCA y no se opone al trámite de recursos dispuestos en la Ley 142 de 1994 para otro tipo de circunstancias y asuntos.

1.6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA

1.6.1. La parte demandante reiteró los planteamientos esbozados en su escrito iniciático. Aunque acudió a las sentencias C-150 de 2003 y C-558 de 2001 de la Corte Constitucional y la de 23 de septiembre de 1997 del Consejo de Estado, para resaltar el carácter de acto particular y concreto que tiene cada factura. Igualmente, aportó copia del fallo de 17 de abril de 2013 en el que, vía tutela, la Corporación infirmó el fallo de unificación de 29 de septiembre de 2009.

1.6.2. La parte demandada presentó memorial con idéntico contenido al de su escrito de contestación de la demanda.

1.6.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

1.7. SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión, a través de fallo de 30 de agosto de 2013, denegó las pretensiones de la demanda. Para arribar a tal resolutiva indicó lo siguiente:

1.7.1. Al caso resulta aplicable la tesis restrictiva que impone que el término de caducidad se interrumpe con el agotamiento de la vía gubernativa. Bajo ese marco, advirtió que la administración solo tuvo certeza de los hechos a partir de la formulación del pliego de cargos (2 de marzo de 2010); ergo no acaeció el fenómeno en cuestión, pues no pasaron 3 años hasta el acto definitivo (Resolución SSPD 20114400021305 del 1º de agosto de 2011, notificada el 15 de septiembre de 2011).

1.7.2. La SUPERINTENDENCIA aplicó correctamente el artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005, pues la empresa accionante cargó indebidamente sobrecostos a los usuarios. Aunado a que PALMIRANA no trajo argumentos para desvirtuar en sede judicial las razones esbozadas en sede administrativa por la autoridad accionada.

1.7.3. En los actos acusados no se aplicaron conceptos y circulares posteriores a los hechos sancionados, sino “… un mandato dispuesto por vía legal dentro de la normatividad de servicios públicos”.

1.7.4. Los artículos 79 de la Ley 142 de 1994 y 5 del Decreto 990 de 2002 facultan a la Superintendencia para “… adoptar el procedimiento para la restitución de un cobro no autorizado”, aunado a que, “… con fundamento en la posición dominante de la entidad [empresa] frente al suscriptor…”, podía usar sus bases de datos para identificarlos.

1.7.5. Y finalmente, en relación con la censura relacionada con el enriquecimiento sin causa, “… no se configura la totalidad de elementos citados en precedencia, toda vez que [sic] orden de restituir la contribución, se funda en un imperativo legal aplicable en materia de facturación de un servicio público, derivado de la Ley 142 de 1994…”.

1.8. RECURSO DE APELACIÓN

La parte accionante pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda, con base en razones similares a las presentadas en el decurso del proceso, las cuales presentó, grosso modo, de la siguiente manera:

1.8.1. La forma en la que el a quo computó el término de caducidad es incorrecta, ya que, además de basarse en jurisprudencia inaplicable, la facturación no corresponde a un acto de tracto sucesivo, sino a sendos “instantáneos y autónomos”, emitidos mes a mes –según lo ordenan las mentadas circulares de la CRA–, y es frente a cada uno de ellos que se debe contar el plazo en cuestión, bajo la tesis restrictiva dispuesta para esos fines por la jurisprudencia del Consejo de Estado, aunque ocurra lo mismo si se aplica la intermedia.

Además, mal puede decirse que la administración solo conociera del hecho sancionable a partir de la formulación de un pliego de cargos en 2010, cuando en marzo de 2008 le había hecho un requerimiento previo a la empresa en el mismo sentido, sin que ello implique que con este tipo de instrumentos el Estado pueda manipular la caducidad a su antojo, sumado a una visita a sus instalaciones en junio del mismo año. Incluso, desde entonces, venía impartiéndole órdenes de reajuste tarifario y devolución.

1.8.2. El Tribunal de primera instancia evitó resolver el problema jurídico en torno a la correcta interpretación del artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005, pues se limitó a transcribir apartes del acto demandado, sin escudriñar en los argumentos presentados por PALMIRANA.

1.8.3. La invocación de circulares y conceptos en la demanda buscaba poner de relieve la postura de la entidad accionada en relación con la aplicación de la referida resolución regulatoria, junto con sus insumos jurídicos, para contrastarla con la de la empresa actora.

1.8.4. Resulta ilegal que la SUPERINTENDENCIA obligue a la sociedad demandante a efectuar unas devoluciones sin permitirle siquiera saber a quién o a quiénes; máxime cuando carece de competencia para emitir esa orden por fuera del marco de los recursos de apelación por parte de los suscriptores o usuarios en el marco de reclamaciones individuales.

Lo anterior aunado al hecho de que, si la devolución se sustenta en el enriquecimiento sin causa, no puede evitarse a la empresa que verifique la calidad del supuesto afectado, pues dicha facultad responde a exigencias propias del ordenamiento civil y comercial, aplicadas en jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en este caso operan en defensa del patrimonio de PALMIRANA.

1.9. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandante reiteró los argumentos que planteó en el curso de la primera instancia, dando especialmente alcance al libelo genitor de este proceso. La parte demanda, hizo lo propio. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del CCA, en concordancia con el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.

2.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala, de cara a los planteamientos esbozados en el escrito de apelación, determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual resulta necesario establecer, frente a los actos administrativos censurados: (i) la caducidad de la facultad sancionatoria, (ii) la correcta interpretación del artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005 y (iii) la legalidad de las devoluciones ordenadas.

2.3. CUESTIÓN PREVIA

El Consejero de Estado Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó impedimento para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, toda vez que como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” suscribió el auto de 15 de marzo de 2012, a través del cual se admitió la demanda y se denegó la solicitud de suspensión provisional.

El Consejero, consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso –anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil–.

La Sala acepta su impedimento y lo separa del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, luego de advertir que a folios 42-46 del cuaderno 1 obra la providencia a las que hace referencia, ya que, de conformidad con el alcance de la causal invocada, esta se configura por “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

2.4. CASO CONCRETO

2.4.1. Caducidad de la facultad sancionatoria

2.4.1.1. De acuerdo con lo normado en el artículo 38 del CCA, “salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

Este término empieza a contarse, generalmente y según sea el caso, desde (i) la realización del acto de ejecución instantánea, (ii) la cesación de la conducta continuada, (iii) la fecha en la que se debió cumplir un deber o (iii) de manera individual frente a cada una de las conductas homogéneas reiteradas, “… sin que sea dable entender la reiteración como un hecho único que permita tomar como extremo inicial el último de los actos que dan lugar al adelantamiento del procedimiento sancionatorio”.

Nótese que estas hipótesis tienen como común denominador la realización del hecho, pues así lo dispone el artículo 38 del CCA, y, por regla general, no su conocimiento por parte de la administración o la consolidación de la información que le permitiría adelantar el trámite sancionatorio. Esto permite a la Sala apartarse del argumento esgrimido por el a quo, en torno a que la caducidad se cuenta desde la formulación del pliego de cargos a la empresa investigada, aunado a que, observado el expediente y como bien lo planteó la recurrente, antes del referido pliego, la SUPERINTENDENCIA había desplegado diligencias o actividades que, en todo caso, ponían al descubierto su conocimiento de los hechos, por lo menos desde marzo de 2008, según se evidenciará en lo sucesivo de este proveído.

Por otro lado, de acuerdo con la tesis unificada e imperante en esta Corporación, en vigencia del CCA, la operancia de la caducidad de la facultad sancionatoria se interrumpe con la notificación del acto administrativo que impone la sanción, independientemente de que contra este se puedan ejercer los recursos de reposición y/o apelación en vía gubernativa.

2.4.1.2. En el sub judice, el acto administrativo que impuso la sanción –sin importar lo resuelto posteriormente vía reposición– fue la Resolución No. SSPD 20114400010775 del 2 de mayo de 2011, notificada a PALMIRANA mediante edicto desfijado el 24 de mayo de 2011.

Quiere decir lo anterior que el ejercicio de la potestad sancionatoria vertida en dicha Resolución no podía extenderse más allá de hechos u omisiones acaecidas antes del 24 de mayo de 2008, pues hasta esa fecha se proyectan los 3 años señalados en el artículo 38 del CCA y el precedente unificado del Consejo de Estado.

2.4.1.3. Visto el contenido del referido acto, objeto de reproche en vía contenciosa, se advierte que la sanción no fue global –de manera que estuviera anclada únicamente al tema facturación–, sino que es el producto de lo que la SUPERINTENDENCIA consideró la demostración de los 3 cargos endilgados en el curso del procedimiento administrativo previo, a través del pliego No. 20104400140851 del 2 de marzo de 2010.

Es así que de la Resolución Sancionatoria No. SSPD 20114400010775 del 2 de mayo de 2011 se observa que, en primer lugar, la multa de $ 30’000.000 que se le impuso fue imputada y tasada así:

$ 20’.000.000 por violación del artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005, en la medida en que el cálculo del factor NFC, como componente de los costos de comercialización del servicio de aseo, se realizó con base en cifras incorrectas.

$ 25’.000.000 por violación del artículo 148 de la Ley 142 de 1994, porque además de calcularse mal ese componente, se incluyó en la facturación realizada a los usuarios y/o suscriptores de la empresa.

$ 25’000.000 por violación del artículo 2º de la Resolución CRA 294 de 2004, en concordancia con el artículo 3.9 de la Ley 142 de 1994 por no devolver a los usuarios y/o suscriptores dichas sumas cobradas en exceso.

Hay que decir que, frente a la sumatoria de estos tres montos, la SUPERINDENTENCIA efectuó una deducción de $ 40’.000.000 en favor de PALMIRANA tomando en consideración las cargas que, de por sí, tendría que enfrentar en materia de aseo a raíz de los estragos ambientales causados por el “fenómeno del niño” en 2011.

Aunado a ello, con la misma base factual y jurídica de la multa impuesta fue que se ordenó el recálculo del factor NFC y su cargue al SUI, así como la devolución de los sobrecostos percibidos por la empresa accionante como consecuencia de su yerro.

Esa escisión de las conductas sancionadas y sus condignos montos pecuniarios impone que el análisis de la caducidad deba hacerse por separado respecto de cada una de las tres conductas que sirvieron de sustento al acto enjuiciado, como pasa a explicarse.

2.4.1.4. En cuanto a la violación del artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005, hay que decir que esta normativa consagra la metodología para definir las tarifas para el costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor. La diferencia que surge entre la empresa accionante y la autoridad demandante, en lo que versa a este punto, tiene que ver con la forma de interpretar dicho precepto.

Esto significa que su violación, a partir de esa circunstancia específica, no puede ser vista como una sucesión de actos reiterativos, sino como una conducta de ejecución continuada, pues la hermenéutica de la norma alcanza de manera uniforme el tiempo en el que se aplique tal criterio, valga decir, aceptado en este caso por PALMIRANA como el derrotero único que debió gobernar su relación con los usuarios y suscriptores en lo que atañe al componente tarifario en cuestión.

El referido pliego de cargos, tuvo como soporte, entre otros documentos, el Memorando No. 20094310081143 del 25 de septiembre de 2006, que a su vez se nutrió del “acta de visita” de 5 de junio de 2008, día en que “… la Superintendencia de Servicios Públicos realizó una visita de inspección a las instalaciones del prestador Proactiva de Servicios S.A. ESP Sede Valle – teniendo en cuenta que el señor Héctor Giraldo obra en calidad de gerente general de esta empresa, así como también de Tulueña de Aseo S.A. ESP, [y] Palmirana de Aseo S.A. ESP...”. De dicha acta se lee:

“1. De acuerdo con las comunicaciones enviadas a las empresas por los Superservicios se informó que se realizó una inadecuada aplicación de concepto tarifario previsto en la metodología en relación con la definición de la variable NFC del costo de comercialización.

Al respecto, la empresa señala que durante el año 2007 aplicaron el factor de productividad y que los costos reales de facturación son superiores a los reconocidos por la metodología tarifaria; así mismo señala que la cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana es interior al 100% lo cual dificulta la facturación conjunta a través de dicho servicio y reduciría el nivel de recaudo. Adicionalmente, hay varios de los municipios atendidos que tienen una importante participación de usuarios rurales.

La empresa señala que realizará las correcciones a partir de la facturación del servicio prestado en el mes de junio de 2008.

Igualmente, la empresa está en proceso de radicar solicitud de modificación del costo de comercialización ante la CRA de acuerdo con los costos en los que está incurriendo la empresa actualmente, los cuales son superiores a los reconocidos por la metodología tarifaria tanto en la facturación como en la atención al cliente y gestión social.

Este costo se viene aplicando desde enero de 2007, por lo cual la empresa debe proceder a realizar el cálculo de los mayores valores cobrados y las respectivas devoluciones respectivas teniendo en cuenta los siguientes criterios:

(…)

Todas las situaciones anteriores aplican para las empresas de Proactiva de Servicios SA ESP, Palmirana de Aseo SA ESP, Tulueña de Aseo SA ESP, Aseo Cerrito SA ESP y Buqueña de Aseo SA ESA” (Énfasis de la Sala).

Nótese entonces que la regla tarifaria aplicada por la sociedad accionante no había sido cambiada aún el 5 de junio de 2008. Así las cosas, por responder ello a una conducta continuada que siguió teniendo lugar con posterioridad al 24 de mayo de 2008, es claro que frente a ella no sobrevino la caducidad esgrimida por aquella, dada la permanencia de la conducta sancionada que a motu proprio siguió desplegando la actora.

2.4.1.5. En relación con la sanción impuesta a PALMIRANA con base la violación del artículo 148 de la Ley 142 de 1994 por facturar a sus usuarios y/o suscriptores costos de comercialización equivocados, es menester indicar que, a diferencia del supuesto analizado en párrafos anteriores, no se trata de un acto de ejecución continuada, sino de la realización reiterada de conductas individuales y homogéneas.

Y esto es así porque la facturación no responde a un supuesto genérico que ocupe de manera trasversal la interpretación de una norma, sino a la definición particular y concreta del cobro que la empresa materializa en períodos uniformes –mensuales, bimensuales, etcétera– a cada uno de sus suscriptores y/o usuarios, de conformidad con los consumos en los que incurran, las cifras y variables legalmente autorizadas por la autoridad pública reguladora del servicio prestado y el respectivo contrato de condiciones uniformes, siendo entonces una actividad plenamente identificable como de ejecución instantánea.

Lo anterior en perfecta armonía con la definición contenida en el artículo 14.9 de la Ley 142 de 1994, la factura de servicios públicos “[e]s la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos”.

Es así que, solo respecto de los servicios facturados con posterioridad al 24 de mayo de 2008 en el caso de marras le era permitido a la SUPERINTENDENCIA ejercer la potestad sancionatoria; contrario sensu, por el hecho de la facturación generada antes de esa fecha no podía la entidad demandada hacer uso de ella, por haber sobrevenido la caducidad trienal de la facultad sancionatoria, conforme a las voces del artículo 38 del CCA precitado.

Como se vio del acta transcrita líneas atrás la empresa señaló que realizaría las correcciones “… a partir de la facturación del servicio prestado en el mes de junio de 2008…”, lo cual se reafirma con lo señalado por la sociedad actora en el escrito de apelación presentado en el proceso de la referencia, en tanto afirma que “… desde junio de 2008 cuando se hizo esta visita de la SSPD PALMIRANA dejó de cobrar el rubro que le fue reprochado, lo que significa que incluso en gracia de discusión la última conducta supuestamente censurable de mi representada sería la de mayo de 2008”. En igual sentido, este sujeto procesal esgrimió que “… en el presente asunto se observa bajo tal tesis [intermedia] que también ha operado el fenómeno de la caducidad con relación a todas las facturas, excepción hecha de la del mes de mayo de 2008…”

Quiere decir lo anterior que no está en discusión para la parte demandante que en el mes de mayo de 2008, dentro del término de caducidad de la facultad sancionatoria se expidió al menos una factura, frente a la cual era dable el ejercicio de la potestad sancionatoria.

Ahora, aunque tenga razón en cuanto a que por la facturación de abril de 2008 hacia atrás no podía ser sancionada, el parámetro de gradualidad que propone la demandante respecto de la multa que finalmente le fue impuesta no puede ser atemperado, ni siquiera bajo el hecho de que solo violó el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 con la conducta desplegada en mayo de 2008.

Ello es así porque la infracción normativa censurada no tuvo como fundamento el número efectivo de facturas producidas, sino el hecho de la transgresión normativa en sí mismo, que se produce, inclusive, con un solo período de facturación. De los actos administrativos enjuiciados no se extrae ningún tipo de dosificación de la multa que tuviera por objeto el lapso durante el cual se desarrolló el supuesto fáctico que dio lugar a la sanción –valga decir que si la administración debía hacer o no tal ponderación, es algo que escapa al objeto de la presente controversia–.

En otras palabras, la SUPERINTENDENCIA no sancionó a PALMIRANA por violar por mucho o poco tiempo la regla de facturación; lo hizo por el solo hecho de apartarse de su obligación legal, para lo cual, se insiste, bastaba tener en consideración incluso solo un mes. De ahí que la caducidad parcial que se acaba de develar –y que pretende la actora morigere su incumplimiento de la norma objetivamente considerada– no tenga la virtualidad de enervar el componente de $ 25’.000.000 (cifra morigerada finalmente por razones ambientales) sobre el total de la multa impuesta por violación del artículo 148 de la Ley 142 de 1994, al que refieren las resoluciones atacadas.

Ahora bien, la consecuencia de la referida caducidad parcial –desde el ámbito de la factura a usuarios–, de cara a las pretensiones del sub lite, merece otras precisiones en relación con la devolución de los sobrecostos por la facturación de meses anteriores a mayo de 2008.

Para el demandante la caducidad de la facultad sancionatoria, en cuanto refiere a las facturas correspondientes a los servicios prestados entre enero de 2007 y abril de 2008, conduce a que la empresa no tenga que devolver los dineros cobrados en exceso dentro de dicho período.

No obstante, en la Resolución SSPD 20114400021305 del 1º de agosto de 2011 la SUPERINTENDENCIA (que confirmó en todas sus partes la No. SSPD 20114400010775 del 2 de mayo de 2011) deja en claro lo siguiente:

“En este contexto, resulta claro que la orden de devolución de los cobros no autorizados, no se hizo a título de sanción y no corresponde a una sanción. Dicha orden de devolución corresponde al cumplimiento de una obligación establecida en la Resolución CRA 294 de 2004 de imperativo cumplimiento la cual señaló que cuando se encuentre que se han realizado cobros no autorizados, el prestador del servicio recalculará el valor cobrado, con el propósito de corregir el valor de la factura del servicio o ajustar la tarifa a la normatividad y regulación vigentes según sea el caso y hacer la respectiva devolución. Es decir, que de lo que se trata es sencillamente de que si la empresa hizo cobros no autorizados a sus usuarios, devuelva dichos dineros, sin que ello significa, que se trate de una sanción, tanto así que la misma Resolución CRA 294 de 2004, fue precisa en dejar claramente establecido que Las devoluciones de los cobros no autorizados proceden sin perjuicio de las sanciones y de las demás actuaciones que adelanten los organismos de control y vigilancia”.

Quiere decir lo anterior que la devolución no fue ordenada en ejercicio de la facultad sancionatoria, aspecto que no fue puesto en entredicho por la actora –lo que impone que la Sala pueda acometer su estudio, dado el carácter rogado que gobierna el ámbito contencioso–, a pesar de la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos demandados en este proceso, por lo tanto, dicha medida no estaría sometida el mismo término de caducidad que se predica de la mentada facultad sancionatoria, que es el que sustenta el pedimento del escrito de Sala que convoca a este ad quem.

2.4.1.6. Finalmente, respecto de la violación del artículo 2º de la Resolución CRA 294 de 2004, en concordancia con el artículo 3.9 de la Ley 142 de 1994 por no devolver a los usuarios y/o suscriptores dichas sumas cobradas en exceso, la aplicabilidad en la competencia sancionatoria de la ausencia de caducidad resulta todavía más evidente.

Y esto es así por cuanto si no se dio este fenómeno respecto de la aplicación de la fórmula bajo la cual la empresa de servicios públicos auspició los sobrecostos, mucho menos podría ocurrir en relación con la obligación de devolver, que surgiría de forma natural a la corrección del valor NFC en la fórmula tarifaria de los costos de comercialización, pues antes de ello la concepción de la empresa era que no había nada mal cobrado y, por ende, nada que devolver.

Por su lo anterior no fuera suficiente, está acreditado que solo hasta el 1º de junio de 2009 PALMIRANA, esto es –por mucho–, en el período dentro del cual era válido el ejercicio de la potestad sancionatoria, radicó ante la SUPERINTENDENCIA el cronograma de devoluciones y la relación de los montos a devolver, lo cual pone en evidencia que, hasta entonces, tampoco había cumplido con la obligación en cuestión.

2.4.1.7. En retrospectiva, la Sala observa que ninguno de los cuestionamientos que dieron pie a las sanciones contenidas en los actos demandados desbordó el límite temporal establecido por el artículo 38 del CCA para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administración, motivo por el cual se concluye que el motivo de inconformidad analizado en el presente acápite no está llamado a prosperar.

2.4.2. Interpretación del artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005

2.4.2.1. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió dicha resolución “Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones”.

En su artículo 9º prescribió:

“Artículo 9°. Costo de Comercialización por Factura Cobrada al Suscriptor, CCS. El costo de comercialización por suscriptor será, como máximo, de $668 (pesos de junio de 2004) mes.

El costo de comercialización por suscriptor podrá ajustarse a través de la siguiente fórmula cuando la facturación de una parte o la totalidad de los suscriptores de aseo no se realice conjuntamente con el servicio de acueducto:

CCSAJ = CCS * [2 – NFC/N]

Donde: CCSAJ: Costo de comercialización ajustado.

NFC: Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamente facturados, con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año base.

N: Número de suscriptores del prestador del servicio de aseo en su área de servicio, para el año base.

Parágrafo. La relación entre NFC y N se encontrará siempre acotada en el intervalo [0,1]”.

2.4.2.2. Lo primero que se advierte de tal disposición es que el “Costo de Comercialización por Suscriptor” (CCS) es un valor estándar que equivale a $668 para el servicio de aseo cuando este se facture conjuntamente con el servicio de acueducto.

Ese costo de comercialización puede “ajustarse” (CCSAJ), de conformidad con la fórmula establecida en la precitada norma, solo en el evento en que el servicio de aseo no esté efectivamente facturado de forma conjunta con el servicio de acueducto.

2.4.2.3. Es este supuesto el que habilita la aplicación de la antedicha ecuación para tasar un costo de comercialización superior a $668 (CCS), como lo es la suma de $1.336 que PALMIRANA asegura que tenía derecho a cobrar por “Costo de comercialización ajustado” (CCSAJ), por el hecho de tener contratada la facturación del servicio de aseo a su cargo con una empresa de energía eléctrica (tercero que no es una empresa de acueducto).

Tal vínculo entre estas dos compañías no está en discusión dentro de este proceso, pues así lo reconocen las partes, se desprende de los actos administrativos demandados y se corrobora del contrato suscrito entre la sociedad accionante y la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO celebrado el 2 de agosto de 2007, junto con sus otrosí.

2.4.2.4. En el asunto bajo examen, la discrepancia radica en la forma en la que se interpreta la variable “NFC”, que según el tenor literal del precitado artículo corresponde al “Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamente facturados, con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año base”.

Dicho esto, es menester precisar que, para la empresa accionante, para el NFC se establecen unos componentes vinculados al número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio, que admiten dos hipótesis excluyentes: (i) aquellos con posibilidad de facturación conjunta o (ii) aquellos efectivamente facturados; pero ambos casos en función de los prestadores del servicio de acueducto en el suelo urbano, para el año base.

2.4.2.5. Para la Sala esta postura carece validez, esencialmente por dos razones, (i) una es que es insostenible desde el punto de vista gramatical, dado que la expresión “o efectivamente facturados” se encuentra encerrada por comas (,), lo que implica que se trata de un enunciado explicativo, o cuando menos subordinado al texto dentro del cual se inserta, cual es la siguiente frase: “con posibilidad de facturación conjunta (…) con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano”.

Y (ii) la otra razón es que la postura que defiende la empresa accionante anula el efecto útil que se precisa de las normas en el ordenamiento jurídico al que pertenece la disposición en cuestión. Y ello es así porque, las hipótesis que plantea PALMIRANA obedecen a las siguientes construcciones:

Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio con posibilidad de facturación conjunta con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año base.
Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio efectivamente facturados con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año base.

Como se indicó, el contenido de la variable NFC se encuentra condicionado por el supuesto de que el servicio de aseo no se facture conjuntamente con el de acueducto.

2.4.2.6. Véase, entonces que, sobre ese panorama, la primera forma presentada por la parte actora responde al evento en que el “costo de comercialización” (CCS) esté siendo facturado a los suscriptores que tiene en su área de prestación de servicio, (i) directamente por la empresa de aseo o indirectamente a través de un tercero que no sea empresa de acueducto, pero que, adicional a ello, (ii) esos mismos suscriptores sean usuarios de una o de varias empresas de acueducto.

Esto último es lo que posibilita que tales costos puedan ser facturados de manera conjunta por la empresa de aseo y la(s) de acueducto, es decir, es lo que le da contenido a la expresión “con posibilidad de facturación conjunta”. Nótese que el supuesto normativo descrito se delinea en términos de potencialidad, pues de concretarse la facturación conjunta entonces no sería viable acudir a la fórmula del CCSAJ y no habría lugar a la discusión sobre el NFC por ser inviable la aplicación de la ecuación en cuestión.

Por su parte, la segunda forma trazada por la empresa demandante responde al evento en que el “costo de comercialización” (CCS) esté siendo facturado a los suscriptores que tiene en su área de prestación de servicio, (i) directamente por la empresa de aseo o indirectamente a través de un tercero que no sea empresa de acueducto, pero que, adicional a ello, (ii) estos costos sean efectivamente facturados con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano.

En punto a este segundo aspecto del párrafo anterior, habría que decir que se trata de suscriptores a las que las empresas de acueducto le facturan ese mismo servicio, pues de entenderse que lo hacen respecto del “costo de comercialización” por aseo, tampoco se podría acudir a la fórmula de costos “ajustados” que comprende el NFC, porque estarse, entonces, frente a una facturación conjunta.

2.4.2.7. Quiere decir lo anterior, que a partir de una intelección gramatical y de utilidad del enunciado normativo, el vocablo “o” que figura entre las expresiones “con posibilidad de facturación conjunta” y “efectivamente facturados”, no corresponde a una conjunción disyuntiva, sino más bien a una expresión de equivalencia que converge hacia la “posibilidad” –valga la repetición– de que entre la empresa de aseo y una o varias de acueducto se pueda convenir la facturación conjunta.

En otras palabras para que exista una posibilidad de facturación conjunta para la empresa de aseo de facturar conjuntamente con una de acueducto, es necesario que existan usuarios efectivamente facturados por una empresa de acueducto en la misma área de prestación de la de aseo.

2.4.2.8. Esto lo que traduce en la fórmula a la que se aplica el NFC es que a menor número de empresas de acueducto con las que existiera la virtualidad de que PALMIRANA celebrara acuerdos para la definición de costos de comercialización, mayor sería la tarifa a cobrar por dicho concepto, en razón de verse abocada la empresa a soportar mayores costos para cumplir con la carga de facturación, lo cual entendió el regulador –con el artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005– que se atenuaba con ese tipo de alianzas, y no mediante otras que tenían como destinatarios a corporativos de diferente naturaleza o sectores –gas, energía, etc.–, intelección que está dentro de su margen de configuración, además de encontrarse amparado por la presunción de legalidad.

De ahí que el hecho de que la sociedad accionante hubiera contratado la facturación con una compañía energética no se opone a que el mismo costo fuera “facturable” de manera conjunta con empresas de acueducto, pues era lo que ordenaba la normativa en comento, vigente al momento de los hechos sancionados y de la sanción misma.

2.4.2.9. Se trata de una condición objetiva que, contrario a lo esbozado en el escrito de alzada, desborda las particularidades y características de orden subjetivo de las prestadoras del servicio de aseo, que dado su carácter público deben atenerse con mayor rigor a las exigencias del orden jurídico, que en este caso se orientan, dentro del marco de la Ley 142 de 1994 a evitar abusos que pudieran apalancarse en su posición dominante frente a los suscriptores o usuarios.

2.4.2.10. Ahora, el hecho de que la entidad demandada en ciertos apartes de su defensa, incluso basándose en conceptos y circulares de la CRA, haga mención del “catastro de usuarios del servicio de acueducto a quienes se les presta el servicio de aseo”, no implica el establecimiento de un criterio diferenciable de la regla contenida en el artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005 o de hermenéutica contra la exegesis de la norma –que incluso el actor acusa de aplicarse de forma retroactiva a su caso–, habida cuenta que tal aserto no es más que una forma empírica de ilustrar lo que la norma regulatoria establece de forma genérica, sin apartarse de la literalidad de su contenido.

2.4.2.11. En ese orden de cosas, yerra la parte accionante cuando sostiene que le era dable optar por la “segunda posibilidad” con la cual podía reemplazar la variable NFC con el número cero “0”, equivalente, a su juicio, al número de facturas en las que el costo de comercialización se canalizaba a través de prestadoras de aseo. Ello, se insiste, por cuanto no es ese el parámetro de la norma, comoquiera que este depende, más bien, de la existencia de empresas de esa naturaleza contratables para dicha misión.

Fue con base precisamente en esto que la SUPERINTENDENCIA trajo a cuento, tanto en el pliego de cargos como en el acto sancionatorio, que en el municipio de Palmira “… los servicios de acueducto y alcantarillado son prestados por la empresa Centroaguas ESP, así como en los municipios de Vijes y Rio Frío por Acuavalle, de lo cual se concluye que el prestador tiene la posibilidad de facturar conjuntamente el servicio de aseo con dichos servicios, independientemente de que en la práctica así lo haga”.

Ello pone en evidencia la imposibilidad de emplear el número cero (o) en el campo NFC como valor de referencia, tal como en efecto lo hizo PALMIRANA, por lo menos no sin infringir el artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005.

2.4.2.12. De conformidad con lo que se acaba de explicar, para esta Colegiatura, emerge de forma diáfana la conclusión de que los argumentos que soportan la censura analizada en el presente capítulo de este proveído carecen de la aptitud necesaria para conducir a la nulidad de los actos administrativos enjuiciados.

2.4.3. Legalidad de las devoluciones ordenadas

2.4.3.1. La empresa demandante sostiene que las devoluciones ordenadas deben ser entendidas como una indemnización por incumplimiento contractual al suscriptor o usuario, pero ello no es posible por no ser el objeto del trámite que concluyó con los actos demandados y por no haberse emitido dentro del cauce del recurso de apelación de que tratan los artículos 152-159 de la Ley 142 de 1994.

2.4.3.2. Al respecto, conviene señalar que, tal y como ha quedado demostrado a lo largo del presente proveído, la investigación adelantada a PALMIRANA tuvo 3 ejes factuales distintos, uno de los cuales fue la no devolución de las sumas cobradas en exceso por la incorrecta aplicación de la formula definida en el artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005.

Es así que, más allá de la naturaleza de la orden impartida, lo cierto es que esta es consecuencial a la probanza del hecho investigado, por lo cual no resulta extraño que la entidad accionada adelante una actuación administrativa para examinar la no devolución de unas sumas, y ordene hacer lo propio luego de constatar tal omisión.

2.4.3.3. Por otro lado, el marco jurídico definido en los referidos artículos de la Ley 142 de 1994 atañe a la definición de controversias surgidas de la presentación de peticiones, quejas o reclamos por parte de los suscriptores o usuarios de la empresa frente “ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato” (art. 154).

Igualmente, es dable señalar que el artículo 79.31 de la referida ley, establece que la SUPERINTENDENCIA “Podrá ordenar en el acto administrativo que resuelva el recurso de apelación de que tratan los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, la devolución de los dineros que una empresa de servicios públicos retenga sin justa causa a un usuario”.

Empero, de tales prescripciones no se advierte condicionamiento alguno que impida a dicha autoridad administrativa, en su función de inspección vigilancia y control, determinar devoluciones en otro tipo de espacios o escenarios jurídicos.

El artículo 79.1 ejusdem, entre las funciones encomendadas a la SUPERINTENDENCIA contempla la de “Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad”.

En armonía con lo anterior, el artículo 1º de la Resolución CRA 294 de 2004 impone:

“Artículo 1°. Identificación de los cobros no autorizados. Cuando los organismos de control o el prestador del servicio, de oficio o a petición del suscriptor o usuario encuentren que se han realizado cobros no autorizados, el prestador del servicio recalculará el valor cobrado, con el propósito de corregir el valor de la factura del servicio o ajustar la tarifa a la normatividad y regulación vigentes según sea el caso.

Los cobros no autorizados pueden tener su origen en servicios no prestados, tarifas que no corresponden a la regulación y cobros de conceptos no previstos en la ley y en los contratos de condiciones uniformes…”.

Quiere decir lo anterior que, por virtud de lo dispuesto en un acto administrativo regulatorio, de carácter general, cuyo cumplimiento, por ministerio de la ley, corresponde vigilar a la entidad demandada, esta misma, inclusive de oficio, podrá identificar la realización de cobros no autorizados, que pueden tener origen en circunstancias como las que fueron objeto de la investigación previa a los actos sancionatorios enjuiciados, lo cual impone el deber a la prestadora del servicio público de hacer las devoluciones respectivas.

Nótese que para que tales empresas procedan a la devolución de dichos cobros, basta que la superintendencia los identifique. Eso quiere decir que, a partir de lo consignado en este acto regulatorio, ni siquiera hace falta una orden de la SUPERINTENDENCIA para que sea atendido este deber por parte de las prestadoras, razón por la cual, nada obsta para de quienes tienen a su cargo la prestación del servicio.

Por tal motivo, no resulta contrario a derecho que, en su misión de hacer cumplir tales normas el órgano de control adopte dictados que se avengan al contenido imperativo de aquellas que establecen cargas y obligaciones claramente definidas para los sujetos que están bajo ese poder instructor del Estado.
Es así que lo ordenado en ese sentido a PALMIRANA no adolece de vicio de ilegalidad alguno que amerite que este ad quem infirme lo resuelto en punto a ello en los actos administrativos objeto del reparo en vía contenciosa, mucho menos en cuanto se fundamentaron de forma explícita en lo decantado en los cánones reseñado en lo corrido del presente acápite.

2.4.3.4. De otro lado, conviene acotar, que la forma y el plazo para la devolución ordenada se encuentran regladaos en el artículo 2º de la citada Resolución CRA 294 de 2004, que a la letra ora:

“Artículo 2°. Forma y plazo para la realización de la devolución de los cobros no autorizados. En el evento de encontrarse que se ha efectuado un cobro no autorizado, de existir pago por parte del suscriptor o usuario cuya causa sea tal cobro, el prestador deberá abonar a la siguiente factura del servicio público que se trate, el monto a devolver al usuario o suscriptor, obtenido en los términos del artículo 1° de la presente resolución.

En el evento en que el monto a devolver sea superior al que debiera cobrarse en la siguiente factura, el prestador abonará el remanente en la próxima factura y así sucesivamente hasta cubrir la totalidad de dicho monto.

Igualmente, el prestador podrá pagar al suscriptor o usuario el monto adeudado en forma pura y simple, caso en el cual deberá informar de inmediato al usuario su voluntad de realizar el pago de esta forma.

Parágrafo. Cuando se haya producido la terminación del contrato de servicios públicos y exista un monto a devolver a un suscriptor o usuario, el prestador deberá pagar la totalidad de dicho monto a quien fuera suscriptor o usuario”.

Tal y como lo reconocen las dos partes en contienda, la devolución se puede hacer de dos maneras: la primera, abonando los cobros indebidos a la facturación del usuario o suscriptor, sin mediar trámite o requerimiento alguno; la segunda, a través del pago puro y simple, caso en el cual, corresponde inexorablemente al prestador informarle al usuario o suscriptor su deber de hacerle de esa manera.

Aunque la primera modalidad resultaría más eficiente y oportuna para que PALMIRANA atendiera su obligación devolutoria, es la segunda la que incumbe al sub judice, comoquiera que esta empresa asegura que fue su derecho acogerse a ella, así como también lo es exigir la verificación de la calidad de afectado de los correspondientes usuarios o suscriptores, pues, en su sentir, esto se encuentra ajustado a las previsiones del ordenamiento civil y comercial que gobiernan el enriquecimiento sin justa causa.

El respecto, es menester precisar que no hace falta ahondar en tales disquisiciones sobre el régimen jurídico aplicable, cuando es claro que, en virtud de lo que indica el artículo 2º de la citada Resolución CRA 294 de 2004, en la escena del “pago puro y simple” es la empresa quien debe informar de inmediato al usuario su voluntad de realizar el pago de esta forma, y desde luego que, para informarlo primero debe identificarlo.

Es por ello que no resulta de recibo, y menos desde el altillo de su posición dominante, que la empresa accionante imponga cargas y exigencias a los afectados con su comportamiento irregular, al retener indebidamente sumas derivadas de la violación al régimen tarifario, cuando no existe duda sobre a quién le corresponde enmendar tales fallas; máxime cuando la única exigencia que le impuso el ente regulador para acogerse a tal esquema de pagos, es gestionar su perfeccionamiento.

Aunado a lo anterior, la calidad de suscriptor o usuario se adquiere ante la prestadora mediante el cumplimiento de ciertas formalidades que le permiten saber a quién pueden hacer responsable del pago de determinadas facturas, por tal, como bien lo expuso la SUPERINTENDENCIA en su escrito de contestación, resulta inaceptable el hecho de que la sepa a quien exigirle pagos, pero no a quien devolverle los sobrecostos cargos a estos.

Ahora, que si PALMIRANA insiste en que no se encuentra en condiciones de atender su deber de informar a los usuarios su intención de efectuar la compensación “pura y simple”, es imperativo que atienda tal obligación mediante los abonos a las facturas que es lo que le manda el ordenamiento, sin que pueda concluirse por ese solo hecho, que se está afectando su patrimonio, comoquiera que de lo que se está hablando es del reintegro de sumas que se comprobó pertenecen a las personas a las que presta sus servicios (suscriptores o usuarios).

2.4.3.5. Lo explicado hasta aquí resulta suficiente para colegir que las censuras abordadas en el presente capitulo, al igual que las anteriores, merecen ser desestimadas, lo que, de suyo, conduce a la inexistencia de verdaderos motivos de nulidad con respecto a las resoluciones No. SSPD 20114400021305 del 1º de agosto de 2011 y SSPD 20114400021305 del 1º de agosto de 2011, proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Así las cosas, en vista de que no hay razones para acceder en esta segunda instancia a las pretensiones de la demanda incoada por PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P. PALMASEO S.A. E.S.P., se impone la confirmación del fallo denegatorio dictado por el Tribunal a quo, pero por otras razones, como quedó visto.

Finalmente, tampoco es viable, luego de la denegatoria de la nulidad de los actos enjuiciados, asumir el estudio de las pretensiones subsidiarias, en tanto eran referidas al eventual restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia.

Segundo: CONFIRMAR la sentencia de 30 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.

Tercero.- DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folios 1-37 del cuaderno 1. El 27 de febrero de 2012 (fl. 1 del cuaderno 1). Folios 5-7 del cuaderno 1. Folios 387-397 del cuaderno 3. No indicó cuáles. Folio 3 del cuaderno 1.
“Artículo 9°. Costo de Comercialización por Factura Cobrada al Suscriptor, CCS. El costo de comercialización por suscriptor será, como máximo, de $668 (pesos de junio de 2004) mes. || El costo de comercialización por suscriptor podrá ajustarse a través de la siguiente fórmula cuando la facturación de una parte o la totalidad de los suscriptores de aseo no se realice conjuntamente con el servicio de acueducto: || Donde: CCSAJ: Costo de comercialización ajustado. || NFC: Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamente facturados, con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año base. || N: Número de suscriptores del prestador del servicio de aseo en su área de servicio, para el año base. || Parágrafo. La relación entre NFC y N se encontrará siempre acotada en el intervalo [0,1]”. Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones
Se habla de un concepto de diciembre de 2007, en relación con el alcance del artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005. Se menciona la Circular CRA 02 del 22 de diciembre de 2011. CCSAJ = CCS * (2 – NFC / N)
Periodicidad que, según dice, desprende de la aplicación de las Circulares Conjuntas SSPD-CRA 003 y 006 de 2006. Folio 17 del cuaderno 1. Folio 18 del cuaderno 1. El actor reseña, respectivamente, los siguientes pronunciamientos: (i) Sección Cuarta, rad. 5158-94/04/22 y Sección Primera, rad. 6547; (ii) Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto No. 1632 de 2005; (iii) Sección Primera, rad. 6701 y Sección Segunda, rad. 17112. Invoca la sentencia de 2 de octubre de 2010, M. P. César Julio Valencia Copete, rad. 63001-31-03-004-2002-00034-01. Folios 42-46 del cuaderno 1. Folio 143 del cuaderno 1. Folios 59-79 del cuaderno 1.
“… por ser autoabastecedores, viviendas en zonas no nucleadas o productores marginales, o porque simplemente no tienen acceso al servicio formal de acueducto…” (folio 68 del cuaderno 1). C. P. Susana Buitrago Valencia, rad. 11001-03-15-000-2003-00442-01. Folios 149-156 del cuaderno 1. C. P. Carlos Betancur Jaramillo, rad. S-701, actor: Telehuila S.A. Sala de Conjueces del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2010-00076-00, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado. C. P. Susana Buitrago Valencia, rad. 11001-03-15-000-2003-00442-01. Folios 117-134 del cuaderno 1. Folios 450-475 del cuaderno 1. No se especifica cuál. Folio 216 del cuaderno 1. Folio 271 del cuaderno 1. Folio 217 del cuaderno 1. Folio 219 del cuaderno 1. Folios 223-244 del cuaderno 1. En este sentido, invocó el siguiente concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado: C. P. Luis Camilo Osorio Isaza, 16 de junio de 1997, rad. 931. El actor referenció el pronunciamiento invocado así: “Subsección “C”, 7 de marzo de 2011, rad. 23001-23-31-000-30050-02” (folio 243 del cuaderno 1.)
Folios 20-45 del cuaderno principal. Folios 46-57 del cuaderno principal. Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, C. P. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 8 de febrero de 2018, rad. 25000-23-24-000-2008-00045-02, actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – SSPD. Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, C. P. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 10 de mayo de 2018, rad. 25000-23-24-000-2009-00353-01, actor: Chevron Petroleum Company, demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – SSPD. Consejo de Estado, Sección Quinta, C. P. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 8 de febrero de 2018, rad.

25000-23-24-000-2008-00045-02, actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – SSPD.. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P.: Susana Buitrago Valencia, sentencia del 29 de septiembre de 2009, rad. No. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S), actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, demandado: EJÉRCITO NACIONAL. En el mismo sentido
Folios 163-164 del cuaderno 3. Folios 88-103 del cuaderno 4. Folios 154-155 del cuaderno 3. Cfr. folio 6 del cuaderno 1. Folio 3 del cuaderno 4. Folios 14-15 del cuaderno 4. Folio 15 del cuaderno 4. Cabe decir que el contexto en el que la parte actora emite la expresión “en gracia de discusión” se circunscribe a que lo que pretendía demostrar en líneas previas de su escrito de alzada era que la tesis aplicable en materia de caducidad era la restrictiva, pero que aún bajo la intermedia todo lo anterior a mayo de 2008 estaría sujeto a caducidad, siendo cobijada por esta figura únicamente este último período mensual. Folio 231 del cuaderno 1. Folio 233 del cuaderno 1. Folio 373 del cuaderno 3. Folio 48 del cuaderno 4. Folios 191-205 del cuaderno 4. Folio 11 del cuaderno 1. Folio 93 del cuaderno 4. Folio 104 del cuaderno 3. Por la cual se establece la devolución de cobros no autorizados para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, como criterio general de protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a la factura.

Expediente No. 25000-23-24-000-2012-00277-01
Demandante: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Fallo de segunda instancia

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