Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00224-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00224-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2012-00224-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
Demandada: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Tema: La interpretación de la variable “NFC” para calcular el “Costo de
comercialización Ajustado” (CCSAJ) de que trata el artículo 9° de la
Resolución CRA 351 de 2005. La facultad de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para ordenar, con carácter general, la
devolución de los cobros realizados a los usuarios de servicios
públicos. Reiteración jurisprudencial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda2
I.1.1. Las pretensiones de la demanda
1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, la sociedad
Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo, en adelante parte demandante, presentó
demanda para elevar las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Declare la nulidad de la Resolución No. SSPD
20114400010785 del 2 de mayo de 2011.
SEGUNDA: Declare la nulidad de la Resolución SSPD 20114400021295
del primero (1º) de agosto de 2011.
1
Mediante auto de 17 de enero de 2025, se declaró infundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado,
Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Cfr. Índice 25 SAMAI expediente digital, documento denominado
“22Autoqueresuel_20120022402TULUENADE(.pdf) NroActua 25”.
2
Folios 1 a 35 del Cuaderno 1.
2
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos de que trata (sic) las pretensiones primera y
segunda y a título de restablecimiento del derecho disponga que
TULUEÑA DE ASEO S.A. E.S.P. TULUASEO no está obligada a pagar
la sanción impuesta en las Resoluciones precedentes.
CUARTA: De forma subsidiaria a la pretensión precedente; como
consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de
que trata (sic) las pretensiones primera y segunda y a título de
restablecimiento del derecho, en caso que TULUEÑA DE ASEO S.A.
E.S.P. TULUASEO hubiese pagado la sanción, se le ordene a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS la
devolución de lo cancelado en un término prudencial.
QUINTA: Que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS actualizar y pagar el monto dinerario de que
trata la pretensión cuarta, con la variación del índice de precios al
consumidor, desde el día del pago efectuado por parte de TULUASEO,
hasta la fecha de su efectiva devolución si esta fecha no supera el término
dispuesto por el Tribunal.
[…]” (Mayúscula y negrilla del texto).
I.1.2. Los hechos que sustentan la demanda
2. Los principales hechos que sustentan la demanda son los siguientes:
2.1. La Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició investigación
administrativa núm. 2010440350600058E.
2.2. Mediante comunicación de fecha de 2 de marzo de 2010, la parte demandada
formuló pliego de cargos contra la sociedad Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo,
por: (i) presunto incumplimiento del artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005,
al establecer un costo indebido según lo previsto en la metodología tarifaria de aseo;
(ii) supuesta infracción al artículo 148 de la Ley 142 de 11 de julio de 19943;
(requisitos de las facturas) por el cobro indebido de un costo tarifario y, (iii) presunta
transgresión al artículo 2º de la Resolución CRA 294 de 2004, en concordancia con
el artículo 3º (numeral 9º inciso 2º) de la Ley 142 de 1994.
2.3. Mediante escrito con fecha de radicado de 8 de abril de 2010, la sociedad
Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo presentó descargos y solicitó el decreto y la
práctica de pruebas.
2.4. La Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución SSPD
20114400010785 del 2 de mayo de 20114, por medio de la cual impuso una sanción
de multa a la sociedad demandante equivalente a “[…] TREINTA MILLONES DE
3
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
4
“[…] Por la cual se impone una sanción […]”.
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Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
PESOS (30.000.000.oo) […]”. Adicionalmente, ordenó a la parte actora devolver
“[…] las sumas cobradas en exceso a los usuarios por concepto del cobro de un
valor producto de la alteración de la estructura tarifaria definida para el servicio
domiciliario de aseo […]”.
2.5. En contra de esa decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación.
2.6. La Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la Resolución
SSPD 20114400021295 de 1º de agosto de 20115, resolvió el recurso de reposición,
confirmando el acto recurrido. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.
I.1.3. Normas violadas y el concepto de la violación
3. Las disposiciones invocadas como infringidas son los artículos 9º de la
Resolución CRA 351 de 20056; 148 de la Ley 142 de 19947; 2º de la Resolución
CRA 294 de 20048, en concordancia con el artículo 3º (numeral 9º inciso 2°) de la
Ley 142 de 1994. Al desarrollar el concepto de violación, la actora expuso los
siguientes argumentos:
(i) Caducidad de la facultad sancionatoria
4. Indicó que operó la caducidad de la facultad sancionatoria, toda vez que desde
la ocurrencia del hecho o conducta que debe ser considerada como instantánea
hasta la fecha en que se notificó la decisión que desató la vía gubernativa
transcurrieron más de tres (3) años.
(ii) Inexistencia del incumplimiento de las disposiciones legales que
fundamentaron la sanción.
5. Precisó que hubo una interpretación incorrecta de la variable “[…] NFC […]” que
se tiene en cuenta para calcular el “[…] Costo de Comercialización por Factura
Ajustado (CCSAJ) […]” previsto en el artículo 9° de la Resolución CRA 351 de 2005.
6. Explicó que dicha variable corresponde al número de suscriptores del prestador
de aseo en su área de prestación del servicio fijando dos (2) opciones que resultan
excluyentes, a saber: (i) con posibilidad de facturación conjunta o (ii) efectivamente
facturados, pero ambos casos en función de los prestadores del servicio de
acueducto en el suelo urbano, para el año base.
5
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
6
“[…] Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras
del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de
residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones […]”.
7
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
8
"[…] Por la cual se establece la devolución de cobros no autorizados para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
como criterio general de protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a la factura […] ".
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Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
7. Anotó que la sociedad actora, se acogió a la segunda alternativa, por lo que su
“[…]NFC […]” era equivalente a cero (0), pues el número de usuarios efectivamente
facturados con personas prestadoras del servicio de acueducto en suelo urbano era
cero (0).
8. Manifestó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
fundamentó la imposición de la sanción en un concepto emitido por la CRA en el
mes de diciembre de 2007. Sin embargo, la entidad demandada ignoró que los
conceptos emitidos por las autoridades carecen de fuerza vinculante.
(iii) Ilegalidad de la orden de devolución
9. Aseguró que la orden de devolución de las sumas cobradas en exceso resulta
ilegal, porque dicha facultad solamente puede ser ejercida por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios cuando resuelve los recursos de apelación que
presentan los usuarios contra los actos de negativa del contrato, facturación,
suspensión y corte del servicio.
10. Agregó que la orden de devolución permite un enriquecimiento sin justa causa,
dado que la sociedad actora se ve obligada a pagar, indistintamente, al suscriptor o
usuario, sin que medie prueba de quién pagó la correspondiente factura.
I.2. La contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios9
11. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contestó de manera
oportuna la demanda. Sus argumentos de defensa se sintetizan en el siguiente
sentido:
(i) Caducidad de la facultad sancionatoria
12. Indicó que no tuvo ocurrencia la caducidad de la facultad sancionatoria, toda vez
que desde la fecha en que cesó la conducta censurada- que fue continuada lo cual
ocurrió el día 1° de junio de 2008- hasta la fecha en que se notificó el acto principal
o primigenio - el día 25 de mayo de 2011-, no habían transcurrido tres (3) años.
(ii) Incumplimiento de las disposiciones legales que fundamentaron la
sanción.
13. Precisó que no hubo una interpretación incorrecta de la variable “[…] NFC […]”
que se tiene en cuenta para calcular el “[…] Costo de Comercialización por Factura
Ajustado (CCSAJ) […]” toda vez que no se trata de opciones que resultan
9
Folios 82 a 162 del Cuaderno 1.
5
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Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
excluyentes entre sí. De ahí que la sociedad actora, ante la imposibilidad de contar
con suscriptores efectivamente facturados con empresas prestadoras del servicio
de acueducto, debía calcular cuántos de esos suscriptores, según su catastro,
tenían la posibilidad de ser facturados de forma conjunta con el servicio de
acueducto.
14. Aludió al Oficio SSPD 20075290463052 de 5 de diciembre de 2007, sobre la
correcta aplicación del Costo de Comercialización Ajustado (CCSAJ). Según este
concepto, el parámetro “[…] NFC […]” hace referencia a los suscriptores del
prestador de aseo que tienen la posibilidad de facturación conjunta con el servicio
de acueducto o, que efectivamente la tienen, es decir, se refiere al catastro de
usuarios del servicio de acueducto, a quienes se les presta el servicio de aseo. Esta
interpretación resulta armónica con el principio de neutralidad en el régimen tarifario,
conforme al cual, los usuarios tienen derecho a tener el mismo tratamiento tarifario
que cualquier otro, si las características de los costos que ocasiona a las empresas
de servicios públicos son iguales.
(iii) Ilegalidad de la orden de devolución
15. Expuso que la orden de devolución de las sumas cobradas en exceso resulta
ajustada al ordenamiento jurídico pues, tal como se indicó en los conceptos SSPD-
OJ-2007-241 y SSPD-OJ-2006-71120, las personas prestadoras de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo deberán reembolsar a los usuarios el monto
pagado de lo cobrado sin autorización. Igualmente, estas deben reconocer los
intereses que por esta acción se generan durante el tiempo transcurrido desde el
momento del pago hasta su devolución y, por tal virtud, sí resulta posible establecer
el valor que se debe devolver en cada caso particular a los usuarios, acudiendo al
catastro.
I.3. Trámite del proceso en la primera instancia
16. Mediante auto de 8 de marzo de 201210 se admitió la demanda y se denegó la
solicitud de suspensión provisional.
17. A través de proveído de 30 de agosto de 201211 se abrió el proceso a pruebas.
Mediante auto de 1.° de agosto de 201312 se corrió traslado a las partes para que
presenten sus alegatos de conclusión y al señor agente del Ministerio Público para
que rindiera concepto. En esta oportunidad intervinieron la parte actora13 y la parte
demandada14, quienes, en esencia, insistieron en las posturas esgrimidas en la
demanda y en la contestación. El Ministerio Público guardó silencio.
10
Folios 41 a 48 del Cuaderno 1.
11
Folios 105 a 106 del Cuaderno 1.
12
Folios 285 a 286 del Cuaderno 1.
13
Folios 287 a 308 del Cuaderno 1.
14
Folios 335 a 339 del Cuaderno 1.
6
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
18. El día 13 de diciembre de 2013 se celebró la audiencia de que trata el artículo
147 del CCA15.
19. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en descongestión, a través de fallo de 13 de febrero de 201416,
declaró la nulidad de los actos acusados, al considerar que operó el fenómeno de
la caducidad de la facultad sancionatoria prevista en el artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo.
20. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 1° de junio de
202017, dispuso revocar el ordinal 1.° de la sentencia de primera instancia, por
considerar que no operó la caducidad de la facultad sancionatoria. Igualmente,
ordenó devolver el expediente al a quo a fin de que se analizaran los cargos de
nulidad planteados en el libelo introductorio que no fueron analizados, en garantía
de los principios del debido proceso y de la doble instancia.
I.4. La sentencia de primera instancia18
21. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de julio de 2021, negó las pretensiones de
la demanda19.
(i) Caducidad de la facultad sancionatoria
22. El Tribunal de primera instancia se remitió a las consideraciones esgrimidas por
la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 1° de junio de 2020,
fallo judicial en el cual se señaló que no tuvo operancia el fenómeno jurídico de la
caducidad de la facultad sancionatoria, puesto que, desde la fecha en que cesó la
conducta continuada -1.° de junio de 2008- hasta la notificación de la Resolución
SSPD 20114400010785 de fecha 2 de mayo de 2011, a través del cual se impuso
la sanción a la sociedad actora, la cual se produjo el día 25 de mayo de 2011, no
había transcurrido el plazo de tres (3) años, lo cual permitía concluir que el ejercicio
de la facultad sancionatoria se llevó a cabo seis (6) días antes de que operara dicho
fenómeno extintivo.
15
Folios 350 a 353 del Cuaderno 1.
16
Folios 367 a 409 del Cuaderno 1.
17
Folios 82 a 99 del Cuaderno 2 del Consejo de Estado. La parte resolutiva es del siguiente tenor:
“[…] F A L L A: PRIMERO: REVOCAR el numeral 1º de la sentencia del 13 de febrero de 2014 proferida por la Sección
Primera Subsección C en Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, con el fin de que se pronuncie
sobre los cargos que no analizó respecto de las pretensiones de la demanda. Para los fines pertinentes y teniendo en cuenta
la fecha de radicación de la demanda y la plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia
procesal, la decisión deberá emitirse dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente, de conformidad
con la parte motiva de la presente providencia. […]”. (Negrilla del texto).
18
Folios 106 a 137 del Cuaderno 2 del Consejo de Estado.
19
FALLA: “[…] 1°) Deniéganse las pretensiones de la demanda demanda (sic) presentada por la sociedad Tulueña de Aseo
S.A. ESP -TULUASEO, contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas en la parte
motiva. 2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia. 3°) Notifiquese esta providencia en los términos
establecidos en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo (Decreto-ley 01 de 1984). 4°) Ejecutoriada esta
providencia, por Secretaría archivase el expediente dejando las constancias correspondientes. […]”. (Negrilla del texto).
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Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
(ii) Incumplimiento de las disposiciones legales que fundamentaron la
sanción.
23. Señaló que el costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor es una
variable constante de $668 (junio de 2004).
24. Explicó que dicho valor puede ajustarse por factura cobrada al suscriptor de
acuerdo con la fórmula, siempre que las empresas se encuentren en la siguiente
circunstancia: “[…] la facturación de una parte o la totalidad de los suscriptores de
aseo no se realice conjuntamente con el servicio de acueducto[…]”.
25. Expresó que se demostró que la sociedad actora estaba facturando
conjuntamente con la empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., y no con una
empresa prestadora del servicio de acueducto. Es decir, esta tenía la posibilidad de
ajustar la tarifa de aseo aplicando la fórmula CCSAJ, al encontrarse en la condición
prevista en el artículo 9° de la Resolución CRA 351 de 2005.
26.Agregó que no podía admitirse la interpretación de la demandante, quien
consideró que el valor “[…] NFC […]” equivalía a cero (0) y, como resultado de ello,
considerar que el (CCSAJ) era por valor de $1336.
27. Adujo que, si la empresa demandante no facturaba a sus suscriptores a través
de una empresa de acueducto, sino mediante la Empresa de Energía del Pacífico
S.A. E.S.P., su única alternativa era calcular cuántos de sus suscriptores, conforme
a su catastro, tenían la posibilidad de ser facturados de forma conjunta con el
servicio de acueducto, tal como lo dispone el artículo 9° de la Resolución CRA 351
de 2005.
28. Aludió al concepto 20075290463052 del 5 de diciembre de 2007 de la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el cual se indicó que:
“[…] el ajuste reconocido por la metodología cubre el mayor costo en que
incurre solamente por aquellos suscriptores a quienes se les deba facturar
directamente o con otro servicio público domiciliario, ya que no disponen del
servicio de acueducto. El parámetro NFC hace referencia a los suscriptores del
prestador de aseo que tienen la posibilidad de facturación conjunta con el
servicio de acueducto, o que efectivamente la tienen, es decir, se refiere al
catastro de usuarios del servicio de acueducto, a quienes se les presta el
servicio de aseo y por lo tanto tienen la posibilidad de facturación conjunta.
[…]”. (Negrilla del texto)
29. Aseveró que la variable “[…] NFC: número de suscriptores del prestador de aseo
en su área de prestación de servicio con posibilidad de facturación conjunta, o
efectivamente facturados, con personas prestadoras del servicio de acueducto en
el suelo urbano, para el año base […]” contenida en el artículo 9° de la Resolución
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Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
CRA 351 de 2005 no hace referencia tan solo a los usuarios efectivamente
facturados sino, también, aquellos con posibilidad de facturación conjunta con el
servicio de acueducto, independientemente de que en la actualidad se facture o no
con este servicio.
30. Sostuvo que el artículo 9° de la Resolución CRA 351 de 2005 no define un
criterio de prevalencia entre las dos hipótesis para dar aplicación al factor “[…] NFC
[…]” ya que “[…] su aplicabilidad dependerá de la situación en que se encuentre la
empresa prestadora del servicio de aseo a quien se encuentra dirigidos sus efectos
[…]”.
31.Explicó que la sociedad actora debió calcular cuántos de sus suscriptores,
según su catastro, tenían esa posibilidad. Por lo tanto, la sanción impuesta a la
demandante se encuentra ajustada a derecho.
32. Adujo que el cálculo erróneo de la fórmula de la tarifa conllevó a un cobro
indebido a través de la facturación, lo que generó sobrecostos para cada uno de los
usuarios, desconociéndose lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994.
(iii) Ilegalidad de la orden de devolución
33. El a quo precisó que, de conformidad con el artículo 1.° de la Resolución CRA
294 de 2004, cuando los organismos de control o el prestador del servicio, de oficio
o a petición del suscriptor o usuario encuentren que se han realizado cobros no
autorizados, el prestador del servicio debe recalcular el valor cobrado.
34. Agregó que, en caso de tratarse de errores en la aplicación de las tarifas, el
monto a devolver al suscriptor o usuario corresponde a la diferencia que resulte de
aplicar la estructura tarifaria ajustada a la normativa aplicable, junto con los
intereses y ajustes de subsidios y contribuciones a que haya lugar durante el tiempo
en que ocurrió el cobro no autorizado.
35. Resaltó que la parte actora conoce a sus usuarios y el valor cobrado
indebidamente a cada uno de ellos. Por ende, sí era posible determinar el valor a
devolver, según la información reportada en su catastro.
36. Explicó que la devolución ordenada por la entidad demandada en los actos
acusados no tiene origen en la reclamación prevista en los artículos 152 y siguientes
de la Ley 142 de 1994, sino en la facultad prevista en el artículo 79.1 de la misma
ley y en los artículos 1° y 2° de la Resolución CRA 294 de 2004, esto es, para
ordenar que se ajuste la tarifa a la regulación vigente cuando evidencie que se han
realizado cobros no autorizados.
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Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
37. Anotó que la Resolución CRA 294 de 2004, se encuentra amparada por el
principio de presunción de legalidad, hasta tanto no haya sido anulada ni
suspendida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
38. El a quo se relevó del estudio de la objeción presentada contra el dictamen
pericial rendido en este proceso, por cuanto la experticia tuvo como propósito
cuantificar el daño y era claro que las pretensiones de la demanda no prosperaban
y “[…] por lo tanto no hay lugar a estimar cálculo alguno de perjuicios solicitados por
la demandante ni mucho menos a proferir condena alguna de restablecimiento
sobre este preciso punto […]”.
I.5. El recurso de apelación20
39. La parte demandante inconforme con la decisión de primera instancia presentó
recurso de alzada. Los argumentos se resumen en el siguiente sentido:
(i) Inexistencia del incumplimiento de las disposiciones legales que
fundamentaron la sanción
40. Consideró que el a quo efectuó una interpretación equivocada del artículo 9° de
la Resolución CRA 294 de 2004 y de los artículos 3 y 148 de la Ley 142 de 1994,
en relación con la variable “[…] NFC […]” para calcular el “[…] Costo de
comercialización Ajustado […]”.
41. Estimó que la variable “[…] NFC […]” corresponde al número de suscriptores del
prestador de aseo en su área de prestación del servicio, la cual contempla dos (2)
opciones que resultan excluyentes, a saber: (i) con posibilidad de facturación
conjunta o (ii) efectivamente facturados.
42. Reiteró que, con fundamento en lo anterior, la sociedad actora se acogió a la
segunda alternativa, de modo que el “[…] NFC […]” era equivalente a cero (0), ya
que el número de usuarios efectivamente facturados con personas prestadoras del
servicio de acueducto en suelo urbano era cero (0).
43. Señaló que “[…] Si la CRA lo que quería era que la norma dijese que NFC significa
“Catastro de usuarios del servicio de acueducto a quienes se les presta el servicio
de aseo” así debió decirlo, pero ello no es lo que está redactado en la disposición.
[…]”.
44. Añadió que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fundamentó
la decisión sancionatoria en un concepto emitido por la Comisión de Regulación y
Agua Potable en el mes de diciembre, desconociendo el sistema de jerarquía de
fuentes del derecho.
20
Folios 146 a 155 del Cuaderno 2.
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Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
(ii) Ilegalidad de la orden de devolución
45. Argumentó que, a pesar de que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios tiene competencia para ordenar la devolución de sumas pagadas en
exceso, dicha facultad está reservada cuando dicha entidad resuelve los recursos
de apelación contra los actos de negativa del contrato, facturación, suspensión y
corte del servicio, pero no puede darse a través de un procedimiento sancionatorio.
46. Resaltó que según el artículo 79 (numerales 1, 29 y 31) de la Ley 142 de 1994,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no tiene la facultad para
exigir la devolución de las sumas de dinero a los suscriptores y/o usuarios, ni para
emitir órdenes generales, sin determinar quiénes son los usuarios específicos que
deben efectuar tal devolución.
47. Insistió en que esa competencia propia del control funcional solo puede ser
ejercida por la entidad demandada, al resolver el recurso de apelación que interpone
cada usuario en desarrollo de los artículos 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994.
48. Estimó que no resulta plausible que el legislador, por un lado, otorgue a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la facultad para pronunciarse
sobre temas de facturación y tarifas, a través del recurso de apelación,
estableciendo así unos límites precisos para que el suscriptor y/o usuario presente
dicho recurso y, por otro lado, permita a esa entidad asumir facultades oficiosas
para ordenar devoluciones, de manera general, por presuntos cobros indebidos en
las facturas, sin mediar recurso alguno.
49. Hizo referencia al concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 16 de junio
de 1997, en el cual se indicó, en términos generales, que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no tiene competencia para ordenar devoluciones
como parte de las atribuciones sancionatorias contenidas en los artículos 79 y 81
de la Ley 142 de 1994.
50. Mencionó que la orden de devolución de dinero a los suscriptores o usuarios
emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios permite un
enriquecimiento sin justa causa, ya que la sociedad actora se ve obligada a pagar
indistintamente al suscriptor o usuario, sin que se demuestre quién efectivamente
pagó la factura.
51. Subrayó que la orden de devolución resulta ilegal pues le prohíbe a la actora
exigir las pruebas que demuestren que la persona a la que se le debe hacer la
devolución fue la realmente afectada, circunstancia que desconoce la Resolución
CRA 294 de 2004.
11
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
I.6. Trámite impartido al proceso en segunda instancia
52. Mediante auto de 11 de octubre de 202121 se concedió, en el efecto suspensivo,
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
53. El magistrado sustanciador, mediante auto de 14 de diciembre de 202122, admitió
la alzada.
54. A través de proveído de 4 de marzo de 202223, se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al agente del Ministerio Público para que de
considerarlo pertinente rindiera concepto.
55. Enesta oportunidad procesal las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio24.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
56. Esta Sala de decisión, para desatar los argumentos propuestos en el recurso de
apelación abordará lo relativo a: (i) su competencia; (ii) los actos administrativos
demandados; (iii) el problema jurídico; (iv) lo probado en el proceso; (v) análisis del
problema jurídico y de los motivos de la alzada y (vi) pronunciamiento sobre la
condena en costas.
II.1. La competencia
57. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 129 del CCA25 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
II.2. Los actos administrativos demandados
58. (i) La Resolución SSPD 20114400010785 del 2 de mayo de 2011 “[…] Por la
cual se impone una sanción […]”, expedida por la Superintendente Delegada para
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en su parte resolutiva, ordenó:
21
Folio 227 del Cuaderno 2 del Consejo de Estado.
22
Folio 4 del Cuaderno 3.
23
Índice 8 SAMAI.
24
Así lo confirmó la constancia secretarial visible en el índice 16 SAMAI.
25
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
12
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
“[…] RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer sanción de MULTA a la empresa
TULUEÑA DE ASEO S.A. E.S.P., a favor de la Nación, por la suma de
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30,000,000.00), la cual se hará
efectiva en el término de 10 DIAS días (sic) hábiles contados a partir de
la ejecutoria de esta Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto que el pago de la sanción se haga
de acuerdo con los nuevos procedimientos de la entidad informados por
la Directora Financiera, una vez en firme la, presente Resolución, la
sanción impuesta deberá ser consignada en efectivo o cheque de
gerencia. Para proceder al pago el prestador deberá obtener el formato
de pago de sanciones disponible en el sitio WEB de la Superservicios
https://www.superservicios.gov.co/bajo el canal Servicios a Empresas/
Formatos de Pago. El prestador deberá acreditar el pago de la sanción
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del
presente acto administrativo. La multa se debe pagar en efectivo o cheque
de gerencia en cualquiera de las siguientes instituciones financieras:
Banco Agrario de Colombia, BBVA, BANCAFE.
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar al representante legal de la empresa
TULUEÑA DE ASEO SA. E.S.P., lo siguiente, so pena que se de (sic)
aplicación a lo previsto en el Artículo 65 del Código Contencioso
Administrativo:
A. Dentro del Mes siguiente a la ejecutoria del presente acto
administrativo deberá hacer el recálculo del componente CCS y ajustar la
fórmula a la normatividad vigente informando, a través del cargue en el
Sistema Único de Información - SUl, el nuevo estudio de costos
actualizado.
B. Que de conformidad con lo previsto en la Resolución CRA 294
proceda a la devolución de las sumas cobradas en exceso a los usuarios
por concepto del cobro de un valor producto de la alteración de la
estructura tarifaria definida para el servicio domiciliario de aseo. Así las
cosas, la empresa en el término de Veinte (20) días hábiles contados a
partir de la ejecutoria de la presente resolución, debe presentar a la
Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la Superintendencia Delegada
para Acueducto, Alcantarillado y Aseo un plan en el que establezca
claramente un cronograma de las devoluciones a efectuar y precise el
valor a devolver a cada uno de los usuarios afectados conforme la parte
motiva del presente acto administrativo. Tales devoluciones deben
iniciarse a más tardar dentro de un (1) mes siguiente a la fecha de
presentación de dicho cronograma.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente la presente Resolución al
Doctor HÉCTOR GIRALDO AVILA, en su calidad de REPRESENTANTE
LEGAL de la empresa TULUEÑA DE ASEO S.A. E.S.P., o a quien haga
sus veces, […] haciéndole entrega de una copia de la misma, y
advirtiéndole que contra ésta (sic) Resolución procede el recurso de
Reposición ante la Superintendente Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación.
13
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
De no ser posible la notificación personal, se dará aplicación a lo previsto
por el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar, una vez en firme, el contenido de la
presente decisión a la Directora Técnica de Gestión de Aseo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para lo de su
competencia.
ARTÍCULO SEXTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de
su notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
MÓNICA HILARIÓN MADARIAGA
Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
[…]” (Negrilla y subrayado del texto)
59. La Resolución SSPD 20114400021295 de 1.º de agosto de 2011 “[…] Por la
cual se resuelve un recurso de reposición […]”, expedida por la Superintendente
Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, en su parte resolutiva, dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR en su totalidad la Resolución
20114400010785 del 2011-05-02, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente la presente Resolución
al Dr. HÉCTOR GIRALDO ÁVILA, en calidad de REPRESENTANTE
LEGAL de la empresa TULUEÑA DE ASEO S.A. E.S.P., o a quien haga
sus veces, quien puede ser citado en la CALLE 24 No 26 - 58 del
municipio de Tulua (sic)- Valle del cauca, y advirtiéndole que contra ésta
no procede recurso en la vía gubernativa por encontrarse agotada.
De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar la presente resolución a la Dirección
Técnica de Gestión de Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
ARTICULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de
su notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
MÓNICA HILARIÓN MADARIAGA
Superintendente Delegada para Acueducto Alcantarillado y Aseo
[…]” (Negrilla del texto)
14
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
II.3. El problema jurídico
60. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32026 y 32827 del CGP,
aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, el problema jurídico que será
analizado consiste en establecer si son nulas o no las Resoluciones SSPD
20114400010785 del 2 de mayo de 2011 y SSPD 20114400021295 de 1.º de agosto
de 2011, por medio de las cuales la Superintendente Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo le impuso a la sociedad demandante sanción de multa por
valor de “[…] TREINTA MILLONES DE PESOS ($30,000,000.00)[…]”.
61. En este sentido, se debe señalar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
II.4. Hechos probados
62. LaSuperintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició investigación
administrativa dentro del expediente número: 2010440350600058E.
63. Mediante comunicación de fecha de 2 de marzo de 2010 28, formuló pliego de
cargos contra la sociedad Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo, por:
“[…] PRIMER CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ARTÍCULO 9º
DE LA RESOLUCIÓN CRA 351 DE 2005
[…]
SEGUNDO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 142 DE 1994
[…]
TERCER CARGO.- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN CRA 294 DE
2004 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 3 NUMERAL 9, INCISO
2° DE LA LEY 142 DE 1994 […]”. (Negrilla del texto)
64. Mediante escrito de 8 de abril de 2010, la sociedad Tulueña de Aseo S.A. E.S.P.
Tuluaseo presentó descargos y solicitó el decreto y la práctica de pruebas29.
26
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
27
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
28
Folios 55 a 68 del Cuaderno Antecedentes.
29
Folios 70 a 96 del Cuaderno de Antecedentes.
15
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
65. LaSuperintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución SSPD
20114400010785 del 2 de mayo de 201130, le impuso a la sociedad Tulueña de
Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo una multa equivalente a la suma de “[…] TREINTA
MILLONES DE PESOS (30.000.000.oo) […]”.
66. Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio de apelación31.
67. LaSuperintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución SSPD
20114400021295 de 1º de agosto de 201132, mediante la cual resolvió el recurso de
reposición.
II.5. Análisis del caso en concreto
II.5.1. Inexistencia del incumplimiento de las disposiciones legales que
fundamentaron la sanción
68. Las partes presentan diferencias en relación con la interpretación del factor “[…]
NFC […]” tenido en cuenta para el cálculo del Costo de Comercialización Ajustado,
CCSAJ previsto en el artículo 9° de la Resolución CRA 351 de 2005. Esta variable,
hace referencia al “[…] [n]úmero de suscriptores del prestador de aseo en su área
de prestación de servicio con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamente
facturados, con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo
urbano; para el año base […]”.
69. La sociedad actora adujo que la expresión “[…] [n]úmero de suscriptores del
prestador de aseo en su área de prestación de servicio con posibilidad de
facturación conjunta, o efectivamente facturados […]” incorpora dos (2) hipótesis
excluyentes entre sí, a saber: (i) aquellos con posibilidad de facturación conjunta
con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano o, (ii)
aquellos efectivamente facturados con personas prestadoras del servicio de
acueducto en el suelo urbano.
70. Explicó que esa sociedad optó por la segunda de estas alternativas, lo que llevó
a que el factor “[…] NFC […]” arrojara como resultado un valor de cero (0), toda vez
que el número de usuarios efectivamente facturados con personas prestadoras del
servicio de acueducto en suelo urbano era cero (0).
71. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tesis que a su vez comparte la
entidad demandada, sostuvo que el artículo 9° de la Resolución CRA 351 de 2005
30
“[…] Por la cual se impone una sanción […]”. Folios 228 a 383 del Cuaderno de Antecedentes 2.
31
Folios 395 a 411 del Cuaderno del dictamen pericial.
32
Folios 181 a 403 del Cuaderno de Antecedentes 2.
16
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
no define un criterio de prevalencia respecto de las dos hipótesis previstas en la
norma para dar aplicación al factor “[…] NFC […]”.
72. Explicó que, a pesar de que la sociedad demandante no facturaba a sus
suscriptores a través de una empresa de acueducto, sino mediante una empresa
de energía, sí tenía la posibilidad de facturar de manera conjunta con las empresas
de Aguas de Buga S.A. E.S.P., Sociedad de Acueducto y Alcantarillados del Valle
del Cauca y Acuaviva S.A. E.S.P. Por tal motivo, por no tratarse de opciones
excluyentes entre sí, el factor “[…] NFC […]” no podía ser igual a cero (0).
73. Debe señalarse, inicialmente, que la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 351 de 2005, que establece los
regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas
prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para
calcular las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios.
74. El artículo 9° de la Resolución CRA 351 de 2005 señaló lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 9o. COSTO DE COMERCIALIZACIÓN POR
FACTURA COBRADA AL SUSCRIPTOR, CCS. El costo de
comercialización por suscriptor será, como máximo, de $668 (pesos de
junio de 2004) mes.
El costo de comercialización por suscriptor podrá ajustarse a través de
la siguiente fórmula cuando la facturación de una parte o la totalidad de
los suscriptores de aseo no se realice conjuntamente con el servicio de
acueducto:
75. De conformidad con lo anterior, el “[…] Costo de Comercialización por Factura
Cobrada Al Suscriptor, CCS […]” es un valor constante que se refleja en la suma
de $668 (mes de junio de 2004).
17
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
76. El artículo 9 ibidem permite que el “[…] Costo de Comercialización por Factura
Cobrada Al Suscriptor, CCS […]” pueda ajustarse (CCSAJ). Para ello debe
cumplirse con la condición indicada en la norma, esto es, el que la facturación de
una parte o la totalidad de los suscriptores de aseo no se realice conjuntamente con
el servicio de acueducto.
77. Esta Sección, en sentencia de 19 de agosto de 202233, en un asunto similar
al ahora debatido, señaló que el factor “[…] NFC […]” incluye no solo a los usuarios
que efectivamente son facturados sino también, a aquellos que tienen la
posibilidad de una facturación conjunta con el servicio de acueducto, pues dicha
interpretación es la que más se acompasa con los postulados de la Carta Política
y los principios de eficiencia, suficiencia financiera y de protección de los derechos
de los usuarios que inspiran el régimen tarifario. En dicha oportunidad, se dijo lo
siguiente:
“[…] De acuerdo con lo manifestado por la Corte, si bien la Carta Política
no prohíbe que las empresas de servicios públicos ocupen una posición
dominante, sí impone al Estado la obligación de prevenir abusos. Por ello,
el Legislador consagró que, en los casos en los que, en la prestación de
un servicio público domiciliario, una empresa cuente con posición
dominante, ésta no puede fijar libremente las tarifas, sino que debe
someterse al régimen de regulación, en el que se calculan de acuerdo con
los parámetros, métodos o fórmulas definidas periódicamente por la
Comisión de Regulación respectiva, como organismo o dependencia
altamente especializada en la materia.
[…]
Para la Corte es válido entonces que la ley busque que las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios sean cada vez más
eficientes, mediante el otorgamiento de incentivos como la
obtención de mayores beneficios que se generen y que se justifique
por el mayor grado de eficiencia.
Siendo así, las comisiones reguladoras, al desarrollar la metodología para
el cálculo de las tarifas, deben tener en cuenta los costos eficientes
asociados a la prestación de los servicios. Es decir, deben generar
incentivos para las empresas que hagan un mejor uso de los recursos, de
manera que ellas se beneficien con la obtención de un mayor monto de
ganancias y que también se beneficien los usuarios, en virtud de la
disminución de las tarifas debido al menor costo de operación.
Bajo la perspectiva normativa descrita, lo que halla la Sala es que el
artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 200534, en la manera en que fue
aplicada por la SSPD, guarda estrecha consonancia con el designio
que la Carta Superior determinó y que luego desarrolló el Congreso
de la República, pues allí se prevé un sistema de equilibrio que opera
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de agosto de 2022, MP:
Oswaldo Giraldo López, radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02, actor: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P. En igual sentido,
ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (en descongestión), sentencia de 12 de julio
de 2018, MP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado: 25000-23-24-000-2012-00277-01.
34
“[…] Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras
del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos
ordinarios y se dictan otras disposiciones […]”.
18
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
mediante un ajuste al costo de comercialización por suscriptor para
las empresas prestadoras del servicio de aseo que no puedan
facturar de manera conjunta con un prestador del servicio de
acueducto. El ajuste reconocido por la disposición en cita cubre el mayor
costo en que incurre el prestador en dicho escenario.
[…]
De acuerdo con el artículo citado, la aplicación que de la norma
reglamentaria hace la Superintendencia, permite generar
proporcionalmente la mayor compensación para las empresas de aseo
que tengan un mayor número de usuarios a los que no les puedan facturar
con una empresa de acueducto. Para esto, es necesario que el factor
NFC de la fórmula corresponda al número total de suscriptores
respecto de los cuales la empresa esté en la posibilidad de facturar
de manera conjunta con el servicio de acueducto o de aquellos a los
que en efecto les facture de esa manera.
[…]
Vale reiterar que lo que busca la regulación es propiciar que el prestador
acuda a los métodos que generen un uso eficiente de los recursos, lo cual,
en este caso, en criterio de la Comisión Reguladora, se concretó en la
facturación con las empresas de acueducto.
La entidad demandada actuó en consecuencia con la anterior
interpretación, al evidenciar que Bugaseo S.A. E.S.P. había incorporado
un mayor costo en la facturación del servicio prestado por no incluir en la
fórmula de ajuste el NFC los usuarios que podría facturar conjuntamente
con la empresa de acueducto, de acuerdo los respectivos catastros de
suscriptores.
Así, el valor obtenido fue superior al que pudo resultar de tener en
cuenta el número de suscriptores de servicio de aseo con
fundamento en la posibilidad de facturación conjunta con la empresa
de acueducto, valor que tuvo que asumir el suscriptor y que implicó
no sólo la desatención a la disposición reglamentaria sino una
actuación al margen de los principios de eficiencia económica y
suficiencia financiera, que inspiran la figura allí contenida […]”.
(Negrilla fuera del texto)
78. Así las cosas, del aparte jurisprudencial antes transcrito, debe señalarse que
el factor “[…]NFC […]” debe incluir a los usuarios con posibilidad de ser facturados
conjuntamente junto con el servicio de acueducto, así como los usuarios que
actualmente están siendo facturados; con esto se asegura que se cumplan los
principios que rigen el sistema tarifario como la eficiencia económica y la suficiencia
financiera.
79. La citada sentencia ejemplificó la aplicación correcta de la fórmula, así:
“[…] Lo anterior se refleja en los siguientes ejemplos:
a) Para una empresa de aseo que cuente con un total de 1.000 usuarios
y todos tengan la posibilidad de facturación con el servicio de acueducto
19
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
o efectivamente facturen con el servicio de acueducto, la fórmula sería la
siguiente:
CCSAJ = CCS * (2 – NFC/N)
CCSAJ = 668 * (2 – 1000/1000)
CCSAJ = 668 * (2 – 1)
CCSAJ = 668 * 1
CCSAJ = 668
b) Para una empresa que tenga 1.000 usuarios, de los cuales solo 700
cuenten con la posibilidad de facturación con el servicio de acueducto o
facturen efectivamente con el servicio de acueducto, la aplicación de la
fórmula sería así:
CCSAJ = CCS * (2 – NFC/N)
CCSAJ = 668 * (2 – 700/1000)
CCSAJ = 668 * (2 – 0.7)
CCSAJ = 668 * 1.3
CCSAJ = 868,4
Obsérvese cómo la fórmula arroja un mayor costo de comercialización
para la empresa que tiene un porcentaje menor de usuarios con
posibilidad de facturación conjunta o que facturen efectivamente con
dicho servicio. Esto ocurre justamente porque la metodología genera una
mayor compensación para la empresa que tiene menores posibilidades
de acudir a ese tipo de facturación, la cual, se insiste, acarrea menores
costos. […]”.
80. En el sub examine, conforme lo evidenció la parte demandada en los actos
demandados, la sociedad Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo para ajustar el
“[…] Costo de Comercialización por Factura Cobrada Al Suscriptor, CCS […]”
otorgó un valor numérico de cero (0) a la variable “[…]NFC […]”. Esto trajo como
resultado un valor de “[…]$1336 […]”, esto es, por encima del valor que se hubiera
obtenido de haber incluido a los suscriptores con posibilidad de facturación
conjunta, tal y como se ilustra en el siguiente gráfica35:
35
Cfr. Folios 91 del cuaderno 2.
20
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
81. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en la
Resolución SSPD 20114400010785 del 2 de mayo de 2011, reflejó la forma
correcta en que debió hacerse el cálculo, del siguiente modo36:
“[…] A modo de ejemplo, si un prestador tiene un área de prestación
determinada, de la cual surgen mil usuarios (1000), tal y como se muestra
en el siguiente diagrama:
ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ASEO CON 1000 USUARIOS
Dentro de esa misma área puede existir que sólo 800 de los anteriores
1000 usuarios tengan la posibilidad de facturación conjunta con el servicio
de acueducto o que efectivamente estén facturados, la diferencia de 200
usuarios es el resultante de aquellos que no tienen esa posibilidad que
puede darse en casos tales como hay predios desocupados o predios en
donde no llega efectivamente el servicio de acueducto y por lo tanto no es
correcto contabilizarlos dentro del cálculo que debe hacer la empresa del
ejemplo.
Así las cosas tenemos que conforme a la explicación anterior el diagrama
quedaría así:
ÁREA DE PRESTACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ASEO CON 200 SERVICIO DE ASEO CON 800
USUARIOS (No tienen el servicio de USUARIOS (tienen la posibilidad
aseo o son predios desocupados) de facturación conjunta o se
factura efectivamente con el
servicio de acueducto, en otras
palabras, existe una empresa
prestadora de éste último
servicio en la misma área con
quien pueden facturar).
Con este valor es que
efectivamente puede
completarse la fórmula prevista
en el artículo 9° de la Resolución
CRA 351 de 2005.
[…]”.
36
Cfr. Folios 89 a 91 del cuaderno 2.
21
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
82. Así las cosas, la parte demandante, al haber interpretado de manera
incorrecta la variable “[…] NFC […]”, generó un mayor costo en la facturación al
margen de los principios que inspiran el régimen tarifario como son la eficiencia
económica y suficiencia financiera.
83. En estas condiciones, la Sala encuentra que la interpretación de la
Superintendencia de Servicios Públicos en los actos acusados en relación con la
citada variable resulta acorde con el ordenamiento jurídico, razón por la cual el
motivo de la alzada carece de vocación de prosperidad.
II.5.2. Estudio del segundo motivo de alzada. La ilegalidad de la orden de
devolución
84.La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios goza de la facultad para imponer sanciones y ordenar, con carácter
general o erga omnes, el reembolso a los usuarios de las sumas cobradas en
exceso, conforme se desprende de la Resolución CRA 294 de 2004.
85. Por su parte, la sociedad actora argumentó que si bien la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios tiene competencia para ordenar la devolución de
las sumas pagadas en exceso, esta potestad solo puede ejercerse al resolver los
recursos de apelación, según lo dispuesto en los artículos 152 a 159 de la Ley 142
de 1994, esto es, cuando se ejerce el control funcional contra actos de negativa del
contrato, facturación, suspensión y corte del servicio, y no, por vía de un proceso
sancionatorio
86. Subrayó que la orden emitida por la entidad demandada, que no identifica de
manera plena a los destinatarios con derecho al reembolso, permite un
enriquecimiento sin justa causa. Además, explicó que la sociedad actora estaría
obligada a pagar indistintamente al suscriptor o usuario sin contar con la prueba
de quién fue el responsable del pago de la factura.
87. Como premisa normativa, del artículo 365 de la Constitución Política se
desprenden varios contenidos: (i) la prestación de los servicios públicos es
inherente a la finalidad social del Estado dada su estrecha relación con la
satisfacción de los derechos fundamentales de las personas como la vida y la salud;
(ii) el Estado debe proporcionar las condiciones necesarias para garantizar la
prestación eficiente de los servicios a todos los habitantes del territorio nacional, es
decir, es un deber estatal y, (iii) el legislador debe fijar las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
su cobertura, calidad y financiación así como el régimen tarifario37.
37
“[…] ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos
al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas,
o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones
de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por
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88. Para la protección de los derechos de los usuarios, la Ley 142 de 1994, otorgó
a la SSPD la facultad de control, inspección y vigilancia, además de la potestad
sancionatoria por la violación o desconocimiento del ordenamiento jurídico en
materia de servicios públicos.
89. La potestad sancionatoria confiada a esa superintendencia ha sido entendida
como una manifestación del Ius Puniendi del Estado que surge como respuesta a
la inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y
mandatos generales o específicos previstos por el ordenamiento jurídico38. En
efecto, el artículo 79 ibidem enlista las siguientes funciones:
“[…] Artículo 79. Modificado por el art. 13 de la Ley 689 de
2001. Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. Las
personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general,
realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente Ley,
estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia. Son
funciones especiales de ésta las siguientes:
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos
administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios
públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a
usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando
esta función no sea competencia de otra autoridad
[…]” (Negrilla fuera del texto)
“[…] Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las
normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad
de la falta:
[…]
81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos
mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto
de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al
infractor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años,
el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número
de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para
determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento
que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén.
Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de
programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en
el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se
multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u
omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria
cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90
de la Constitución […]”. (Negrilla fuera del texto)
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa
y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. […]”. (Negrilla
fuera del texto)
38
La Corte Constitucional, Sentencia C-957 de 2014, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
90. La jurisprudencia uniforme de esta Sección consignada, entre otras, en
sentencias de 21 de agosto de 201439, de 26 de noviembre de 201540, de 9 de julio
de 202041 y de 19 de agosto de 202242 ha señalado que, junto a la facultad
sancionatoria, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios goza de
atribuciones para adoptar las medidas necesarias para restablecer el orden jurídico
de cara a la protección de los derechos de los usuarios.
91. Esta Sección, en sentencia de 26 de noviembre de 201543, señaló lo siguiente:
“[…] En efecto, el numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1992
(sic), define la regulación de los servicios públicos domiciliarios como la
facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos
de la Constitución y la ley, para someter la conducta de las personas que
prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, disposiciones,
principios y deberes establecidos en el ordenamiento jurídico.
En este sentido, el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 establece la
prohibición referente a que en la factura no es posible el cobro de servicios
no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las
condiciones uniformes de los contratos.
Aunado a lo anterior, la Sala recuerda que el artículo 1.524 del Código
Civil prescribe que no puede haber obligación sin causa real y licita,
además que el artículo 2.313 preceptúa que “el que por error ha hecho un
pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado” y,
finalmente, que el artículo 2.315 dispone que se podrá repetir lo pagado
por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una
obligación puramente natural. El Código de Comercio, por su parte, señala
en el artículo 831 que nadie podrá enriquecerse sin justa causa a
expensas de otro.
La anteriores disposiciones guardan coherencia y deben interpretarse en
el marco de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 79 ibídem (sic),
subrogado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, “Por la cual se
modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”, en el sentido que a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le corresponde
evitar la afectación en forma directa e inmediata de los derechos de los
usuarios a través de la vigilancia y control del cumplimento del
ordenamiento jurídico.
En desarrollo de ésta (sic) función de control la entidad cuenta con
amplias facultades para ordenar los correctivos necesarios con el fin
de subsanar las situaciones de los vigilados que transgredan, por
acción u omisión, el orden jurídico vigente. Debe advertirse que dicha
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2014, MP:
Guillermo Vargas Ayala, radicado: 25000-23-24-000-2008-00350-01.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2015, MP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 25000-23-24-000-2005-01325-01.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, MP: Roberto
Augusto Serrato Valdés, radicado: 68001-23-31-000-2007-00514-01.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de agosto de 2022, MP:
Oswaldo Giraldo López, radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2015, MP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado: 25000-23-24-000-2005-01325-01.
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función se realiza con la finalidad de proteger los derechos de los
usuarios, los cuales además de gozar de una especial protección resultan
ser el pilar fundamental en la prestación de los servicios públicos.
[…]
En este contexto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
se encontraba facultada no sólo para imponer una sanción de multa a
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, empresa prestadora de
servicios públicos domiciliarios, sino también ordenar rembolsar a los
usuarios el monto pagado de lo cobrado sin autorización con carácter
general o erga omnes, porque si bien la misma no constituye una sanción,
si (sic) genera una consecuencia necesaria ante el incumplimiento
de la obligación de acatar lo previsto en el régimen de servicios
públicos, en el marco de los derechos de los usuarios y la facultad
consagrada en el referido artículo 79.
Ahora bien y en cuanto a que el numeral 31 del artículo 79 de la Ley 142
de 1994 limitó el reintegro a aquellos casos en que un usuario ha
interpuesto un recurso de apelación en los términos de los artículos 154 y
159 de la Ley 142 de 1994, ante tal autoridad, y no como resultado de una
investigación administrativa oficiosa por supuesto incumplimiento
normativo, la Sala considera que tal interpretación supondría que la
Superintendencia tan solo podría actuar a petición de parte,
desconociendo la naturaleza y el papel que cumple la misma, que no
es otro, que el de asegurar la prestación del servicio y la protección
de los derechos de los usuarios […]”. (Negrilla fuera del texto)
92. Resulta evidente, entonces, que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios no solo está investida de la facultad para imponer sanciones, sino
también, para ordenar la restitución de las tarifas cobradas en exceso a los usuarios
“[…] con carácter general o erga omnes44[…]”, como una medida correctiva
tendiente a la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos.
Esta competencia encuentra sustento normativo en lo dispuesto en el numeral 1.°
del artículo 79.1 de la Ley 142 de 1994.
93. Por otro lado, el argumento según el cual, la facultad para ordenar la
devolución de las sumas cobradas en exceso se encuentra reservada para aquellos
casos en los que esa entidad resuelve los recursos de reposición y de apelación a
que tienen derecho los usuarios según lo dispuesto en los artículos 152 a 159 de la
Ley 142 de 1994, parte de una premisa equivocada pues llevaría a aceptar que esta
entidad solo podría adoptar esta clase de correctivos a petición de parte.
94. Esta tesis, se insiste, no se acompasa con la naturaleza y el papel que está
llamada a cumplir esta entidad en la prestación de los servicios públicos para la
protección de los derechos de los usuarios.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2014, MP:
Guillermo Vargas Ayala, radicado: 25000-23-24-000-2008-00350-01.
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Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
95. Nótese que la facultad a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios prevista en el artículo 79.31 de la Ley 142 de 199445, tiene ocurrencia
cuando los suscriptores presentan recursos contra los actos de negativa del
contrato, suspensión, corte y facturación, previo agotamiento del recurso de
reposición. Es decir, obedece a un trámite administrativo diferente.
96. En síntesis, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios goza de
precisas facultades para adoptar esta clase de correctivos “[…] con el fin de
subsanar las situaciones de los vigilados que transgredan, por acción u omisión, el
orden jurídico vigente46[…]”.
97. Por otro lado, y contrario a lo sostenido por la parte actora, resulta importante
señalar que, los usuarios y destinatarios sí resultan determinables. En efecto, de
conformidad con el Decreto 1713 de 200247, norma vigente para la fecha en que se
expidieron los actos acusados, los “[…]multiusuarios del servicio público domiciliario
de aseo[…]” comprende el conjunto de “[…] usuarios agrupados en unidades
inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o
similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros
comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta
sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los términos del
presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que
hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición sea la base de la
facturación del servicio ordinario de aseo. La persona prestadora del servicio
facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo con la
regulación que se expida para este fin48[…]”.
98. Además, el artículo 115 del citado decreto, en relación con la facturación y los
cobros oportunos indicó:
“[…] Artículo 115. Facturación y cobros oportunos. La persona
prestadora del servicio público de aseo, tendrá la obligación de facturar
el servicio de forma tal que se identifique para usuarios residenciales
la frecuencia y valor del servicio, y para usuarios no residenciales la
producción y el valor del servicio. Así mismo, está obligada a entregar
oportunamente las facturas a los suscriptores o usuarios, de conformidad
con las normas vigentes y los duplicados cuando haya lugar.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).
45
“[…] ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de
2001. Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos
de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios
Públicos. Son funciones de esta las siguientes: […] 31. Podrá ordenar en el acto administrativo que resuelva el recurso de
apelación de que tratan los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, la devolución de los dineros que una empresa de
servicios públicos retenga sin justa causa a un usuario, dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación de la
decisión respectiva […]”.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2015, MP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 25000-23-24-000-2005-01325-01.
47
“[…] Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación
del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de
Residuos Sólidos[…]".
48
Artículo 1 del Decreto 1713 de 2002. Esta norma fue modificada por el Decreto Nacional 838 de 2005, a su vez derogado
por el artículo 120 del Decreto Nacional 2981 de 2013.
26
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Demandante: Tulueña de Aseo S.A. E.S.P. Tuluaseo
99. En esta medida, y dado que los usuarios se encuentran debidamente registrados,
resulta posible identificar quiénes tienen derecho al reembolso.
100. Finalmente, a fin de desatar la censura relativa al enriquecimiento sin justa
causa, la Sala reitera lo dicho por esta Sección en sentencia de 19 de agosto de
202249, citada supra, cuando al resolver idéntico argumento al planteado en esta
oportunidad, indicó:
“[…] [L]a Sala estima necesario aclarar que el articulado de la Resolución
CRA 294 de 200450, que resulta pertinente invocar por ser esta norma la
que, se reitera, fijó el procedimiento para la devolución de los cobros no
autorizados para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, como
criterio de protección de los derechos de los usuarios, no se remitió a los
requisitos consagrados en el artículo 2313 del Código Civil para
determinar la viabilidad correspondiente, sino que definió un
procedimiento especial, dentro del marco establecido por la Ley 142 de
1994.
[…]
Entonces, la regulación específica sobre devoluciones en materia de
servicios públicos no exige la declaratoria de un enriquecimiento sin
causa, pues no es el escenario idóneo para eso. Solo exige la
configuración del cobro de servicios no prestados o de tarifas y de
conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los
contratos. Por tal razón, no era exigible a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios la verificación de los presupuestos consagrados en
el Código Civil ni en el Código de Comercio en relación con el
enriquecimiento sin justa causa […]”. (Negrilla fuera del texto)
101. En síntesis, siguiendo los distintos desarrollos jurisprudenciales en esta
materia, la Sala encuentra que el motivo de la alzada que cuestiona la falta de
competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para
ordenar la devolución de dineros cobrados en exceso en el marco de los
procedimientos sancionatorios no está llamado a prosperar.
102. Por las razones precedentes, la Sala confirmará la sentencia de 8 de julio de
2021, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las pretensiones
de la demanda.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de agosto de 2022, MP:
Oswaldo Giraldo López, radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02, actor: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.
50
“[…] Por la cual se establece la devolución de cobros no autorizados para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
como criterio general de protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a la factura […]”.
27
Radicación núm.: 25000-2324-000-2012-00224-02
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II.6. Condena en costas
103. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 9 de julio de 199851, no condenará en costas en segunda instancia a la
parte vencida, esto es, a la parte demandante, puesto que su conducta no estuvo
precedida de mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
51
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
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