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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00295-02

Fecha
19 de agosto de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00295-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER: el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala el 19 de agosto de 2022.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00295-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de agosto de 2022

1

Radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02
Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00295 02
Actor: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD
Tesis: No es nula la decisión que impone una sanción a una empresa prestadora del
servicio público de aseo, si para calcular el costo de comercialización por suscriptor,
el factor NFC fue determinado en cero (0), toda vez que esa empresa no factura con
otra prestadora del servicio de aseo sino con una prestadora del servicio de energía.
No son nulos por falta de competencia los actos administrativos expedidos por la SSPD
por medio de los cuales se ordenó la devolución de los recursos cobrados de más
como consecuencia del cálculo incorrecto del costo de comercialización por factura
cobrada al suscriptor del servicio de aseo, si tales actos se expidieron en el marco de
un procedimiento administrativo sancionatorio.
No son nulos por violar una norma superior, los actos administrativos emitidos en un
procedimiento administrativo sancionatorio, si al ordenar la devolución de las sumas
pagadas de más por parte de los usuarios a una empresa prestadora del servicio de
aseo, no se determinó previamente el enriquecimiento injustificado de ésta y el
correlativo empobrecimiento de aquellos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 12 de marzo de 20201, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que denegó las pretensiones de la
demanda.

I.LA DEMANDA

1
Visible a folios 325 a 348 del cuaderno del Tribunal.

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2

Radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02
Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), la sociedad
Bugueña de Aseo S.A. E.S.P. (en adelante Bugaseo S.A. E.S.P.), interpuso demanda
en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante
SSPD)2.

1.1. Pretensiones

La demandante formuló las siguientes pretensiones:

“Solicito que la sentencia que dirima la controversia sobre la legalidad de los actos
administrativos atacados y el restablecimiento del derecho de mi poderdante, acoja
las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Declare la nulidad de la Resolución NO. SSPD 20114400010805 del
tres (3) de mayo de 2.011.

SEGUNDA: Declare la nulidad de la Resolución SSPD 20114400021285 del
primero (1º) de agosto de 2.011.

TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos de que trata las pretensiones primera y segunda y a título de
restablecimiento del derecho disponga que BUGUEÑA DE ASEO S.A. E.S.P.
BUGASEO S.A. E.S.P. no está obligada a pagar la sanción impuesta en las
Resoluciones precedentes.

CUARTA: De forma subsidiaria a la pretensión precedente, como consecuencia de
la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de que trata las pretensiones
primera y segunda y a título de restablecimiento del derecho, en caso que
BUGUEÑA DE ASEO S.A. E.S.P. BUGASEO S.A. E.S.P. hubiese pagado la
sanción, se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS la devolución de lo cancelado en un término prudencial.

QUINTA: Que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS actualizar y pagar el monto dinerario de que trata la
pretensión cuarta, con la variación del índice de precios al consumidor, desde el
día del pago efectuado por parte de BUGASEO, hasta la fecha de su efectiva
devolución si esta fecha no supera el término dispuesto por el Tribunal.

SEXTA: Que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS a reconocer y pagar intereses moratorios a la máxima tasa legal
permitida, calculados respecto del monto de capital de que trata la pretensión
cuarta, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido para su
devolución y hasta la fecha en que efectivamente se cancele.

2
Visible a folios 1 a 32 ibídem.

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3

Radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02
Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

SÉPTIMA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos de que trata las pretensiones primera y segunda y a título de
restablecimiento del derecho, disponga que BUGUEÑA DE ASEO S.A. E.S.P.
BUGASEO S.A. E.S.P. no está en la obligación de devolver a sus suscriptores o
usuarios el valor de la tarifa supuestamente cobrado indebidamente.

OCTAVA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos de que tratan las pretensiones primera y segunda a título de
restablecimiento del derecho, ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS pagar en un término prudencial a BUGUEÑA DE
ASEO S.A. E.S.P. BUGASEO S.A. E.S.P. una suma de dinero igual a la cuantía
de la totalidad de los montos dinerarios que BUGASEO, en Cumplimiento de los
actos administrativos proferidos por la SSPD, se vio obligado a devolver por haber
sido supuestamente cobros en exceso

NOVENA: Que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS actualizar y pagar los montos dinerarios de que trata
la pretensión octava, con la variación del índice de precios al consumidor desde el
día del pago efectuado por parte de BUGASEO hasta la fecha de su efectiva
devolución si esta no supera el término dispuesto por el Tribunal.

DECIMA: Que se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS a reconocer y pagar intereses moratorios a la
máxima tasa legal permitida, calculados respecto del monto de capital de que trata
la pretensión octava, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido
para su devolución y hasta la fecha en que efectivamente se cancele.

DECIMA PRIMERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos de que trata las pretensiones primera y segunda y a título de
restablecimiento del derecho, ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS pagarle a BUGUEÑA DE ASEO S.A. E.S.P.
BUGASEO S.A. E.S.P. la sumatoria de la totalidad de las sumas de dinero dejadas
de cobrar por la mencionada E.S.P. por concepto de Costo de Comercialización
Ajustado de que trata el artículo 9º de 1a Resolución CRA 351 de 2.005 hasta la
fecha en la cual CRA autorizó la modificación del citado costo de comercialización
por suscripción.

DECIMA SEGUNDA: Se condene en costas a la demandada”3.

1.2. Los actos cuestionados

La Resolución SSPD - 2011440010805 del 3 de mayo de 2011 en su parte resolutiva
dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO. Imponer sanción de MULTA a la empresa BUGUEÑA DE
ASEO S.A. E.S.P., a favor de la Nación, por la suma de TREINTA MILLONES DE
PESOS ($30, 000,000.00), la cual se hará efectiva en el término de 10 DÍAS días
hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución.

3
Visible a folios 4 a 6 del cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02
Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con el objeto que el pago de la sanción se haga de
acuerdo con los nuevos procedimientos de la entidad informados por la Directora
Financiera, una vez en firme la presente Resolución, la sanción impuesta deberá
ser consignada en efectivo o cheque de gerencia. Para proceder al pago el
prestador deberá obtener el formato de pago de sanciones disponible en el sitio
WEB de la Superservicios https://www.superservicios.gov.co/ bajo el canal
Servicios a Empresas/ Formatos de Pago. El prestador deberá acreditar el pago
de la /sanción dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
ejecutoria del presente acto administrativo. La multa se debe pagar en efectivo o
cheque de gerencia en cualquiera de las siguientes instituciones financieras:
Banco Agrario de Colombia, BBVA, BANCAFE.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar al representante legal de la empresa BUGUEÑA
DE ASEO S.A. E.S.P., lo siguiente, so pena que se de aplicación a lo previsto en
el Artículo 65 del Código Contencioso Administrativo:

A. Dentro del Mes siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo deberá
hacer el recalculo del componente CCS y ajustar la fórmula a la normatividad
vigente informando, a través del cargue en el Sistema Único de Información SUI,
el nuevo estudio de costos actualizado.

B. Que de conformidad con lo previsto en la Resolución CRA 294 proceda a la
devolución de las sumas cobradas en exceso a los usuarios por concepto del cobro
de un valor producto de la alteración de la estructura tarifaria definida para el
servicio domiciliario de aseo. Así las cosas, Ia empresa en el término de Veinte 20
días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, debe
presentar a la Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la Superintendencia
Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo un plan en el que establezca
claramente un cronograma de las devoluciones a efectuar y precise el valor a
devolver a cada uno de los usuarios afectados conforme la parte motiva del
presente acto administrativo. Tales devoluciones deben iniciarse a más tardar
dentro de un (1) mes siguiente a la fecha de presentación de dicho cronograma.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente la presente Resolución al Doctor
HÉCTOR GIRALDO ÁVILA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la
empresa BUGUEÑA DE ASEO E.S.P. o a quien haga sus veces, quien para el
efecto puede ser citado en la CARRERA 9 No 3 12 del municipio de Guadalajara
de Buga Valle del cauca, haciéndole entrega de una copia de la misma, y
advirtiéndole que contra ésta Resolución procede el recurso de Reposición ante la
Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

De no ser posible la notificación personal, se dará aplicación a lo previsto por el
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar, una vez en firme, el contenido de la presente
decisión a la Directora Técnica de Gestión de Aseo de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación”4.

4
Visible a folios 7 a 151 del cuaderno de Anexos No. 1

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Radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02
Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

Por su parte, en la Resolución SSPD - 2011440021285 del 1º de agosto de 2011 la
entidad demandada decidió lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO. - CONFIRMAR en su totalidad la Resolución
20114400010805 del 2011-05-03, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar personalmente la presente Resolución al Dr.
HÉCTOR GIRALDO ÁVILA, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la
empresa BUGUEÑA DE ASEO S.A. E.S.P., o a quien haga sus veces, quien puede
ser citado en la CARRERA 9 No 3, 12 del municipio de Guadalajara de Buga Valle
del cauca, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno en la vía
gubernativa por encontrarse agotada.

De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente resolución a la Dirección Técnica
de Gestión de Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ARTICULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación”5.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas, se señalaron los artículos 38 de CCA; 148 y 152 a 159 de la
Ley 142 de 1994; numeral 31º del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el
artículo 13 de la Ley 689 de 2001; 1524, 2313 y 2315 del Código Civil; 813 del Código
de Comercio; 9 de la Resolución CRA 351 de 2005 y 2 de la Resolución CRA 294 de
2004.

Es necesario precisar que la demandante formuló los cargos de “Inexistencia del
incumplimiento de las disposiciones legales, lo cual es fundamento de la sanción”,
“caducidad de la facultad sancionatoria administrativa de la SSPD” e “ilegalidad de la
orden de devolución, por prohibir exigir los documentos que acreditan quién es el titular
del derecho”.

Sin embargo, el cargo de caducidad de la facultad sancionatoria ya fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante
sentencia del 28 de octubre de 2013, y por esta Sala, a través de providencia del 5 de

5
Visible a folio 159 a 381 ibídem.

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Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

diciembre de 2019. Por lo tanto, en esta ocasión solo nos referiremos a los dos
restantes cargos de nulidad.

1.3.1. Inexistencia del supuesto incumplimiento de las disposiciones legales
que sirvieron a la entidad demandada como sustento de la sanción

Alegó que los actos administrativos demandados carecen de motivación, pues en la
parte resolutiva impusieron una sanción sin hacer referencia al incumplimiento de
alguna norma en específico.

No obstante, dijo que pasaría a analizar cada uno de los cargos esgrimidos en la
actuación administrativa, a efectos de demostrar que no había lugar a la expedición de
los actos sancionatorios.

1.3.1.1. Expuso que el punto de la controversia surgía respecto de la interpretación del
artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005, en lo que tiene que ver con la
contabilización del factor NFC para poder calcular el Costo de Comercialización
Ajustado (CCSAJ). El mencionado artículo prescribe:

“Artículo 9°. Costo de Comercialización por Factura Cobrada al Suscriptor,
CCS. El costo de comercialización por suscriptor será, como máximo, de $668
(pesos de junio de 2004) mes.

El costo de comercialización por suscriptor podrá ajustarse a través de la siguiente
fórmula cuando la facturación de una parte o la totalidad de los suscriptores de
aseo no se realice conjuntamente con el servicio de acueducto:

CCSAJ = CCS* (2 - Nfc / N)

Donde: CCSAJ: Costo de comercialización ajustado.

NFC: Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de
servicio con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamente facturados, con
personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año
base.

N: Número de suscriptores del prestador del servicio de aseo en su área de
servicio, para el año base.

Parágrafo. La relación entre NFC y N se encontrará siempre acotada en el intervalo
[0,1].” (Subrayas de la Sala)

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De acuerdo con la lectura de la norma, existen dos opciones para calcular el número
de suscriptores de la empresa prestadora del servicio público de aseo, siendo estos:
“(i) Con posibilidad de facturación conjunta con personas prestadoras del servicio
de acueducto en el suelo urbano o (ii) Efectivamente facturados con personas
prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano”6. (Negritas y subrayas del
original).

Sostuvo que la empresa optó por la segunda de las mencionadas alternativas, razón
por la cual su factor NFC era cero (0), dado que no facturaba con empresas prestadoras
del servicio de acueducto en el suelo urbano; por ende, le asistía el derecho de obtener
el máximo valor del reajuste; además, indicó que ese rango era factible de acuerdo
con el parágrafo del citado artículo. Al respecto, sostuvo:

“De manera que optando BUGUEÑA DE ASEO S.A. ESP. BUGASEO S.A. ESP.
por la segunda posibilidad, el número de usuarios efectivamente facturados con
personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano que es ninguna,
es decir 0, rango factible de acuerdo con el parágrafo de la norma que dice que
este valor puede arrojar entre 0 y 1, se obtiene el valor máximo de cobro permitido
por la regulación, que equivale a multiplicar por dos (2) el costo de facturación
permitido cuando se factura a través de personas prestadora del servicio de
acueducto en el suelo urbano.

Lo anterior resulta apenas lógico, pues corresponde al reconocimiento del valor
tope de la fórmula, en la medida que si no se factura con personas prestadoras del
servicio de acueducto en el suelo urbano, lo cual ha considerado el regulador
tienen un menor costo, le asiste el derecho para obtener el valor máximo asignado
y en tanto aumente el número de usuarios a los que les factura por intermedio de
las empresas de acueducto, disminuye la retribución de manera proporcional, por
cuanto justamente en sentido de la CRA, son menos las personas en las que se
ha incurrido en sobrecostos, lo cual es consistente con el hecho de que las tarifas
remuneran los costos en los que se incurre, en este caso por la facturación” 7.

Agregó que tal interpretación no ha sido compartida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios ni por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (en adelante CRA), quienes, en concepto proferido en el mes de
diciembre de 2007, sostuvieron:

“El hecho de facturar con otro servicio público domiciliario diferente al de acueducto
no excluye la posibilidad de facturación conjunta con éste último, es decir, el ajuste
reconocido en la metodología cubre el mayor costo en que se incurre solamente
por aquellos suscriptores a quienes se les deba facturar directamente o con otro

6
Visible a folio 9 del cuaderno del Tribunal.
7
Folio 10 del cuaderno del Tribunal.

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servicio público domiciliario, ya no disponen del servicio de acueducto. El
parámetro Nfc hace referencia a los suscriptores del prestador de aseo que tienen
la posibilidad de facturación conjunta con el servicio de acueducto, o que
efectivamente la tienen, es decir, se refiere al catastro de usuarios del servicio de
acueducto, a quienes se les presta el servicio de aseo y por lo tanto tienen la
posibilidad de facturación conjunta”8.

Alegó que si la CRA buscaba que la norma dijese que N FC significa “Catastro de
usuarios del servicio de acueducto a quienes se les presta el servicio de aseo”, así
debió decirlo y no expresarlo de la forma tan ambigua en que lo hizo, pues es la
disposición la que genera confusión.

Expuso que, si se entiende que la posibilidad de facturación conjunta se da por el
hecho de que el prestador del servicio de acueducto le preste ese servicio al suscriptor
de la empresa de aseo, el agregado “o efectivamente facturado”, traído en el artículo
en cita, sobraría, “puesto que es obvio que el usuario al que ya se le factura está
contabilizando como uno de los que cuenta con posibilidad de que se le facture”9.

Precisó que como la letra “o” tiene naturaleza disyuntiva impone la necesidad de
distinguir entre dos posibilidades, esto es, la posibilidad de facturación conjunta o la
efectivamente facturada; y que si lo pretendido fue excluir a todos aquellos con
“posibilidad de facturación conjunta” entendiendo esto último como el “catastro de
usuarios del servicio de acueducto a quienes se les presta al servicio de aseo”, no
debió plasmarse, “o efectivamente facturados”, pues como ha sido demostrado la
única manera de darle sentido a la coma y a la “o”, es comprendiendo que tiene una
distinción.

A renglón seguido manifestó que, si la posibilidad para la CRA era que una empresa
de acueducto le preste el servicio al usuario de la empresa de aseo, no debió permitir
que el regulado tenga que interpretar el sentido de la norma, sino debió decirlo
claramente y sin rodeos. Agregó: “si quiere excluir el servicio de catastro de usuarios
del servicio de acueducto a quienes se les presta el servicio de aseo sin importancia
de si se utiliza a esta empresa o no para facturar, debió haberlo regulado de esa

8
Visible a folio 12 ibídem.
9
Visible a folio 13 ibídem.

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manera y en tal caso, hubiese sido evidente que esta disposición no debía aplicarse
por abierta contradicción con la Ley y la Constitución”10.

Así las cosas, la única forma de darle aplicabilidad a la distinción entre aquéllos con
posibilidad de facturación y facturables, es no comprender la expresión “con posibilidad
de facturación” como lo expresa la CRA, sino atendiendo aquellas verdaderas
circunstancias de cada operador que permitan concluir si ciertamente cuenta con la
factibilidad de esa opción o no, para lo cual es pertinente un análisis de naturaleza no
exclusivamente económica sino también jurídica, pues no se puede afirmar que una
empresa cuenta con la posibilidad de contratar el servicio de facturación con empresas
de acueducto, cuando como se demostró en el expediente, con anterioridad a la
expedición de la disposición regulatoria que la actora había celebrado acuerdo de
facturación conjunta con una empresa de energía, lo cual es ley para las partes e
impide que la opción de contratar con una empresa de acueducto sea posible.

Aseguró que, cuando el regulador interpreta artículo 9 de la Resolución CRA 351 de
2005 en la forma expuesta en los actos acusados, es decir, indicando que la tarifa se
fija sin importar el costo en el cual se incurrió en la facturación, pues no es relevante
cuánto costó sino cuánto le pudo costar, vulnera lo dispuesto en los artículos 34.1 y
34.2 de la Ley 142 de 1994, pues en tales preceptos se consagra como una restricción
indebida a la competencia el cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación
de un servicio o la prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo de
servicios adicionales a los que contempla la tarifa.

1.3.1.2. Finalmente, adujo que el cálculo de la CCSaj, que se encuentra determinado
en el artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005, es realizado mensualmente por
esa entidad, aplicando la Circulares Conjuntas SSPD- CRA 003 y 006 de 2006 que
determinan el reporte de actualización de variables para el cálculo tarifario. Siendo ello
así, Bugaseo S.A. E.S.P. efectuó ese cálculo en la forma en que comprendió las
normas a partir de enero de 2007 (fecha de entrada en vigor del nuevo régimen) y
hasta el mes de mayo de 2008, como lo reconoce el mismo pliego de cargos, cuando
se dedica a transcribir la información reportada en el Sistema Único de Información
(en adelante SUI).

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Folio 14 ibídem.

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Radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02
Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

Bajo tal escenario, le fue impuesta una sanción con fundamento en la trasgresión de
una interpretación adoptada con posterioridad a la ocurrencia de la mayor parte de las
conductas censuradas, circunstancia que es a todas luces reprochable judicialmente.
Así lo entendió literalmente:

“La SSPD toma un concepto de la CRA del mes de diciembre de 2007, esto es,
casi un año después de entrada en vigencia del nuevo régimen tarifario, el cual
pretende cambiar por completo el artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005,
para censurarle al investigado no haber aplicado el sentido de dicho concepto
desde el mes de enero de 2007, por cuanto ese concepto en compañía con la
sanción, se torna en “posición institucional” a partir de la sanción, lo que parece
entender la SSPD, se encuentra por encima de la misma Resolución 351, a punto
que efectivamente dicen cosas diametralmente distintas, pero que para ella
prevalecen.

De manera que a mí representada en estricto sentido se le sanciona por no acatar
premonitoriamente, la posición institucional en cuanto a la interpretación de la
norma, pues debía conocerla desde antes de que existiese, y no propiamente por
la trasgresión al texto de la regulación misma, que como se ha visto, de este quien
se aparta es la CRA, para exponer en sus conceptos lo que quiso y no supo decir,
pero en todo caso resulta contrario a la ley.

En conclusión, BUGUEÑA DE ASEO S.A. ESP. BUGASEO S.A. ESP., sí aplicó el
artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005 de conformidad con el tenor de su
texto y no puede ser sancionada por no haberlo hecho. Es la CRA, quien vía
conceptos y circulares pretende modificar la regulación, lo cual no resulta acertado
en un estado social de derecho que posee una jerarquía de sus normas, en el cual
los conceptos no son vinculantes y las circulares son meramente informativas y no
derogatorias de las Resoluciones”11.

1.3.2. Al respecto de la orden de devolución de las sumas supuestamente
cobradas en exceso a los usuarios

Explicó tal cargo diferenciando las siguientes dos situaciones:

1.3.3.1. Indicó que la orden de devolución de los dineros recaudados a los usuarios o
suscriptores al amparo del contrato de servicios públicos, bajo el argumento de que es
suficiente la información interna con que cuenta la Empresa para hacer la devolución
sin que tenga que exigir ningún requisito, viola lo dispuesto en la Ley 142 de 1994
(artículos 154 y 159), por cuanto las órdenes que la SSPD puede dar en la órbita del
marco del contrato de servicios públicos que rige las relaciones de la Empresa

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Folios 15 y 16 ibídem.

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Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

usuario/suscriptor, está delimitada única y exclusivamente bajo aquellas facultades
atinentes al control funcional que ejerce a través de la solución del recurso de
apelación que presenten los usuarios y suscriptores, contra los actos de negativa del
contrato, facturación, suspensión y corte del servicio.

En otras palabras, bajo el marco de un procedimiento sancionatorio como el
adelantado contra Bugaseo S.A. E.S.P. no era procedente declarar el incumplimiento
de un contrato suscrito entre la ESP y el usuario/suscriptor, pues no existe facultad en
ese sentido otorgada a la SSPD por parte del Legislador.

Precisó que el mencionado control funcional puede traducirse en la orden de
correcciones en temas de facturación, pero que, de cualquier forma, para que ello
proceda, obligatoriamente debe avocar conocimiento a través de la resolución del
recurso de apelación que interpongan los suscriptores o usuarios. Así pues, como en
el presente caso no se surtió ese trámite, la orden de devolución de sumas de dinero
basada en aspectos que conciernen al contrato de servicios públicos es abiertamente
violatoria de la Ley de Servicios Públicos y de lo previsto en la Resolución No. 294 de
2004.

Así las cosas, la ilegalidad no radica en que las empresas de servicios públicos de
aseo no puedan hacer uso de los mecanismos de devolución de que trata la
Resolución 294 de 2004 cuando, por vía de la solución de un recurso de apelación, se
le ordena por la SSPD hacer ajustes a la facturación de un usuario específico. En lo
que se advierte el vicio es en que el trámite que se surtió para imponer la orden de
devolución no fue ese, y por ello, la SSPD no obtuvo competencia alguna para exigir
tal aspecto de la demandante.

1.3.3.2. Agregó a lo dicho que, permitir la orden de devolución sin acreditar el escenario
planteado, supone que nos ubiquemos en la otra causa que la origina, es decir, la
ocurrencia de un enriquecimiento sin justa causa, circunstancia que obliga a la SSPD
probar que determinado usuario o suscriptor es el titular del derecho a obtener la
respectiva devolución.

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Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

Sobre el particular afirmó que no era factible que la demandada ordene a Bugaseo
S.A. E.S.P. que se abstenga de verificar a quién en concreto debe resarcir el daño o
devolver el dinero, toda vez que la Resolución 294 de 2004 somete la devolución al
cumplimiento de los postulados que para ese efecto prevé el ordenamiento civil
(artículo 2313 del Código Civil) y comercial colombiano, estos son: el enriquecimiento
del patrimonio de una persona, el empobrecimiento del patrimonio de otra, el cual es
correlativo al enriquecimiento del primero y que las anteriores situaciones se hayan
presentado sin una causa jurídica eficiente.

Pues bien, como no obra prueba alguna de que hayan acontecido tales supuestos o,
en otras palabras, la entidad demandada no acreditó que esa empresa se hubiere
enriquecido sin causa en virtud de las sumas cobradas indebidamente, ni tampoco que
los usuarios específicos se hayan empobrecido, no procedía entonces la orden de
devolución y, por ende, no se comprobaron los elementos necesarios para acreditar la
figura de enriquecimiento sin justa causa.

Finalizó su aserto estimando que:

“Por ello, la “orden” de la SSPD de devolver sumas dinerarias indistintamente a
los suscriptores o usuarios actuales sin determinar si éstos fueron quienes se
empobrecieron o no, se torna ilegal, pues ello en sí mismo conlleva un (Sic)
eventual afectación económica a mi poderdante, quien al verse obligada a pagar
indistintamente al que hoy es suscriptor o usuario, sin tener la prueba de que fue
quien efectivamente pagó la factura, supuestamente mal cobrada años atrás, se
puede ver avocada a incurrir en un doble pago, si con posterioridad otra persona
acredita que fue ella quien efectivamente canceló los valores mal tarificados.

La “orden” dada por la SSPD en el sentido de prohibir que mi prohijada exija
prueba de que la persona a quien le hará la devolución del supuesto cobro injusto,
es la que efectivamente hizo el pago del mismo no sólo viola la ley sobre esa
materia, sino que contradice las consideraciones de la Resolución 294 de 2004
que establece textualmente que el Código Civil, en el artículo 2313, determina que
quien por error ha hecho un pago “y prueba que no lo debía”, es el único que tiene
derecho para repetir lo pagado y de ahí que mi representada deba exigir tal
prueba”12(Negrita y subrayas del original).

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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Folios 27 y 28 ibídem.

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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contestó la demanda en
los siguientes términos13:

2.1. Al respecto del primer cargo del libelo introductorio, sostuvo que el artículo 9 de
la Resolución CRA 351 de 2005 hace referencia a dos conceptos diferentes a efectos
de que sea ajustado el costo comercial de facturación por suscriptor, siendo estos: (i)
que el mismo sea determinado con una constante que, como máximo, será de
seiscientos sesenta y ocho pesos ($668) para el 2 de junio de 2004, y (ii) a través de
la formula prevista en la citada disposición normativa, cuando la facturación de una
parte o la totalidad de suscriptores de aseo no se realice conjuntamente con el servicio
público de acueducto. En ese orden de ideas, precisó que la inconformidad de la actora
recae respecto de la interpretación del criterio N FC previsto en la fórmula de los costos
comerciales ajustables que es traída en la segunda opción de la norma en comento.

Ahora, ubicados en ese contexto y en lo que hace a la primera de las hipótesis allí
prevista, es decir, a la de la facturación conjunta, señaló que no era cierto que la norma
supeditara su aplicación a factores subjetivos como los de índole técnico, financiero,
económico y contractual, dado que lo único que se exige en la mencionada Resolución
CRA 351 de 2005, es que la empresa prestadora del servicio de aseo indique el
número de suscriptores de su área de prestación de servicio con posibilidad de
facturación conjunta con personas prestadoras del servicio de acueducto.

De otro lado, aseveró que tampoco era cierto que la aplicación de ese primer supuesto
registraría cero (0), como quiera que, para el área de prestación del servicio de aseo
en el que se desenvuelve Bugaseo S.A. E.S.P., es decir, los Municipios de Zarzal, El
Cerrito, Guacarí, Anadalucía, La Unión Vijes, San Pedro, Buga, Calima, Palmira,
Pradera, Trujillo, Bugalagrande, Río Frío, Ginebra, Sevilla, Tuluá, existe un prestador
de servicio de acueducto, lo que de suyo genera la existencia de suscriptores con la
posibilidad de facturación conjunta.

En lo concerniente al segundo escenario, es decir, lo efectivamente facturado, señaló
errónea la interpretación que le otorga la actora, según la cual su resultado sería
igualmente cero (0), por cuanto la empresa no tiene suscriptores facturados con

13
Visible a folios 55 a 77 del cuaderno del Tribunal.

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acueducto sino con la empresa de energía; indicó que se trata de hipótesis excluyentes
y no facultativas para la Empresa Prestadora de Servicios Públicos, puesto que, ante
la imposibilidad de tener suscriptores efectivamente facturados con personas
prestadoras del servicio de acueducto, la única alternativa con la que contaba era la
de calcular cuántos de sus suscriptores conforme a su catastro estaban efectivamente
en la posibilidad de ser facturados de forma conjunta con el servicio de acueducto.

Concluyó que:

“se puede afirmar que la norma en cita claramente definió la situación en la que
puede encontrarse una empresa y sobre ella efectivamente hacer el cálculo
correspondiente. En otras palabras, se reitera, si la empresa no tenía
efectivamente facturados a sus suscriptores con una empresa de acueducto, pues
como ya vimos estaba facturando con la empresa de energía: EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACÍFICO S.A. ESP., su única alternativa para este caso era
calcular cuántos de sus suscriptores conforme a su catastro estaban efectivamente
ante la posibilidad de ser facturados de forma conjunta con el servicio de
acueducto, tal y como lo dispone la norma al explicar el componente de la fórmula
Nfc.”14

Explicó que, pese a que la sociedad demandante se encontraba facturando
conjuntamente con una sociedad de servicio de energía, lo cierto era que, en virtud de
lo expuesto en aludida disposición legal, esa sociedad debía reportar la posibilidad de
recaudo con empresas que presten el servicio de acueducto, sin importar que las
rentas no fueran cobradas de forma mancomunada con tales entidades. En ese orden
de ideas, alegó que, como en el área de influencia de Bugaseo S.A. E.S.P. existía la
posibilidad de facturación asociada con empresas que prestan este último servicio
público, la sanción era ajustada a derecho.

En tal virtud, expresó que, para la correcta interpretación del artículo 9 de la Resolución
CRA 351 de 2005 en el asunto sub examine, la empresa demandante debió calcular
cuántos de sus suscriptores estaban efectivamente ante la posibilidad de ser
facturados de forma conjunta con el servicio de acueducto, tal y como dispone el factor
NFC.

Arguyó que la CRA, a través de oficio radicado No. SSPD No. 20007290463052 del 5
de diciembre de 2007, precisó que la finalidad de la citada fórmula de costos

14
Folio 67 ibídem.

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comerciales es precisamente que se les reconozca un mayor costo a las empresas
que no puedan facturar el servicio de aseo conjuntamente con el de acueducto, a fin
de que no se vean forzadas a realizarlo con otros prestadores o deban hacerlo
directamente, al no tener facilidades propias. Contrario sensu, y atendiendo a la
afirmación que en este sentido hace la demandante para indicar que lo dispuesto en
el artículo 9 de la resolución 351 de 2005 contiene dos alternativas, significaría
reconocer a la prestadora un mayor costo injustificado en su costo de comercialización
a usuarios que pueden ser facturados a través del prestador de acueducto, lo cual
resultaría inequitativo y ciertamente contraría el objetivo perseguido por la regulación.

Advirtió que la norma en cuestión no puede ser interpretada como propone la
demandante, ya que vulneraría el principio de neutralidad, en cuanto los usuarios
tienen derecho al mismo tratamiento tarifario si las características de costos de las
empresas prestadoras son iguales. Por lo tanto, no sería válido que el ajuste del costo
de comercialización permitido en el mencionado artículo 9 beneficiara a unos usuarios
y perjudicara a otros cuando están en la misma situación, esto es, que son usuarios
incluidos en el catastro del prestador de acueducto, pero que, según el prestador de
aseo, podrían ser objeto de un costo diferencial sin que medie ninguna lógica frente a
la finalidad del costo.

2.2. En lo que tiene que ver con el segundo cargo, explicó que la Sala Plena del
Consejo de Estado, en providencia del 29 de septiembre de 2009, unificó los criterios
de interrupción del término para que la administración pueda ejercer oportunamente
su potestad sancionatoria, en el sentido que tal evento se produce cuando se expide
y notifica el acto administrativo principal que impone la sanción.

Manifestó que en el caso en concreto el término de tres (3) años al que se refiere el
artículo 38 del CCA debe ser contado a partir de la ocurrencia de los hechos objeto de
reproche o del último acto u omisión que cesa dicha conducta.

En tal virtud, indicó que se encuentra acreditado que transcurrieron dos (2) años, once
(11) meses y veintiséis (26) días desde que la empresa demandante realizó su último
incumplimiento en el mes de mayo de 2008, hasta que fue notificada la resolución

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sancionatoria a través de edicto que se desfijó el 26 mayo de 2011, circunstancia que
deja incólume la potestad sancionadora de la SSPD.

2.3. Finalmente, sobre el último cargo, explicó que la Resolución CRA 294 de 2004
determinó que las devoluciones por cobros no autorizados proceden cuando se
identifique que se han realizado dichos cobros y el usuario ha pagado por ellos; por lo
tanto, no es necesario que se surta el trámite vía apelación.

Agregó que la norma trae dos formas claras para hacer la devolución que pueden ser
adoptadas por la empresa sancionada, siendo la primera la de los abonos al suscriptor
o usuario en la siguiente factura de aseo del valor que sea resultado del recálculo
previsto en el artículo 1 de la enunciada Resolución de la CRA. La segunda forma es
la devolución pura y simple, siendo necesario que informe de inmediato a su suscriptor
la voluntad de hacer el pago de esa forma.

Explicó que, de acuerdo con el citado acto, las decisiones y correctivos sobre
devoluciones de dinero por cobros indebidos deben ser tomadas en el menor tiempo
posible; por ende, no es de recibo la exigencia de documentos que no sean
estrictamente necesarios.

Aclaró que los desembolsos deben hacerse a quien corresponda sin que para ello
puedan elevarse solicitudes adicionales, en la medida que el cobro de las tarifas
obedece a una consecuencia del contrato de condiciones uniformes, cuya naturaleza
es bilateral, en tanto las empresas se obligan a suministrar el servicio ofrecido, y por
su parte, los usuarios o suscriptores a pagar la precio correspondiente, sin que en el
mismo puedan incorporarse elementos que estén mal calculados como ocurrió en el
presente asunto.

Por todo lo dicho, y teniendo en cuenta que la sancionada es quien conoce a sus
usuarios y el valor cobrado indebidamente a cada uno de ellos, le era posible
establecer el valor a devolver a cada uno según el caso en particular, sirviéndose para
ello de su catastro de usuarios.

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Aseveró que, “analizados los obstáculos de la Empresa sancionada para la devolución
de lo cobrado en exceso, valdría la pena plantearse dos preguntas ¿Por qué la
Empresa a la hora de recibir el pago por el consumo del servicio nunca pregunta si el
que cancela es el propietario o no, o si tiene contrato de arrendamiento etc?, y ¿por
qué ahora que son dineros a favor de los usuarios por cobro en exceso si los exige?,
a mi modo de entender no hay ninguna justificación de tanta tramitomanía para la
entrega de lo que no le pertenece”15.

Aseguró que los artículos 154 a 159 de la Ley 142 de 1994 regulan situaciones fácticas
distintas a las traídas por la Resolución CRA 294 de 2004, pues aquella se refiere al
evento en el cual los suscriptores reclaman ante la empresa prestadora del servicio
público con quien tiene contratada la prestación de un servicio de esa naturaleza, a
efectos de que devuelvan los dineros que la misma ha retenido sin justa causa.

Dicha actuación tiene como propósito que la empresa, a solicitud del suscriptor, revise
ciertas decisiones que afectan tanto la prestación del servicio como la ejecución del
contrato, pero referidos, tal y como lo indican las normas, a la negativa del contrato,
suspensión, corte y facturación y previo el agotamiento del recurso de reposición.

Por lo anterior, cuando la Superintendencia, en ejercicio de sus atribuciones legales,
resuelve un recurso subsidiario de apelación que interpuso un usuario contra una
decisión empresarial, en el acto correspondiente puede ordenar la devolución de los
dineros que la empresa retenga sin justa causa.

De otra parte, y como un argumento adicional, indicó que la Resolución CRA 294 de
2004 debe ser aplicaba preferentemente al asunto, al regular, de modo especial, lo
concerniente al trámite devoluciones por cobros indebidos.

III.LA SENTENCIA APELADA

15
Visible folio 20

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Mediante sentencia del 12 de marzo de 2020, Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, denegó las pretensiones de la
demanda.

3.1. Definió el problema jurídico de la siguiente manera:

“Los problemas jurídicos a resolver son los siguientes:

a) Si se realizó una interpretación errónea de los artículos 9 de la Resolución CRA
351 de 2005, 2 de la Resolución CRA 294 de 2004, 3 y 148 de la Ley 142 de 1994
en cuanto a la tarifa aplicada a los usuarios del servicio público de aseo, en
especial lo que tiene que ver con la contabilización del factor NFC para poder
calcular CCSAJ, esto es, el costo de comercialización ajustado puesto que según
la parte actora la interpretación de la SSPD sobre el asunto conlleva la
imposibilidad de recuperar los costos de facturación.

b) Si operó la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración regulada
en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo puesto que, del según la
parte actora, desde la ocurrencia de las conductas censuradas y momento en que
tuvo conocimiento la parte demandada de los hechos, los que deben ser
considerados como únicos e instantáneos, hasta el momento en que se notificó la
decisión que desató la vía gubernativa transcurrieron más de tres años.

c) Si la entidad demandada ordenó reintegrar unos montos a los suscriptores
afectados con el supuesto indebido cobro del servicio público domiciliario de aseo,
sin estar facultada para ello toda vez que, según la parte actora esa potestad le
está dada únicamente al resolver el recurso de apelación promovido contra
decisiones empresariales, además, prohibió la exigencia de cualquier soporte con
el fin de verificar si a quien se le devuelve el dinero es el llamado a recibirlo,
situación que permitiría el enriquecimiento sin justa causa de esas personas”16.

3.2. Analizó el artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005 y explicó que el costo de
comercialización por factura cobrada al suscriptor tenía el valor constante de $668
pesos del año 2004, pero que podía ser ajustado, de acuerdo con una fórmula allí
contenida, por las empresas que se encuentren en la circunstancia de que “la
facturación de una parte o la totalidad de los suscriptores de aseo no se realice
conjuntamente con el servicio de acueducto”.

3.2.1. En cuanto al cargo de “Inexistencia del incumplimiento de las disposiciones
legales, lo cual es fundamento de la sanción”, adujo que, en las comunicaciones SSPD
• 20084300152981 del 25 de marzo de 2008 y SSPD - 20094310081153 del 25 de
septiembre de 2009, la directora técnica de gestión de aseo de la Superintendencia de

16
Visible a folios 337 del cuaderno del Tribunal

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Servicios Públicos Domiciliarios manifestó que Bugaseo S.A. E.S.P., por una decisión
empresarial, emitía la facturación de manera conjunta con la Empresa de Energía del
Pacífico - EPSA S.A. E.S.P., y no con una empresa prestadora del servicio de
acueducto, por lo que podía ajustar el costo de comercialización aplicando la fórmula
CCSAJ = CCS* (2 - NFC/N).

Expuso que, si la empresa demandante no tenía suscriptores a los que les facturara
conjuntamente con el servicio de acueducto, debía calcular cuántos de ellos, conforme
al catastro, estaban en la posibilidad de ser facturados de manera conjunta con una
empresa que preste dicho servicio en el mismo lugar.

Invocó el concepto 20075290463052 del 5 de diciembre de 2007, emitido por la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico17, que señaló que el
hecho de facturar con un servicio diferente al acueducto no excluye la posibilidad de
facturar con este, y que “el ajuste reconocido por la metodología cubre el mayor costo
en que incurre solamente por aquellos suscriptores a quienes se les deba facturar
directamente o con otro servicio público domiciliario, ya que no disponen del servicio
de acueducto. El parámetro NFC hace referencia a los suscriptores del prestador de
aseo que tienen la posibilidad de facturación conjunta con el servicio de acueducto, o
que efectivamente la tienen, es decir, se refiere al catastro de usuarios del servicio de
acueducto, a quienes se les presta el servicio de aseo y por lo tanto tienen la
posibilidad de facturación conjunta”. (Subrayas de la Sala).

Dijo que, en el caso concreto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
tenía conocimiento de que Bugaseo S.A. E.S.P. podía facturar mancomunadamente
con la empresa de acueducto Aguas de Buga S.A. E.S.P., con la sociedad de
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. y con Acuaviva S.A.
E.S.P., las cuales prestan el servicio en su área de influencia. Por lo tanto, en su caso
el factor NFC no podía ser igual a cero (0).

Sostuvo que el artículo 9 de la de la Resolución CRA 351 de 2005 no contiene un
criterio de prevalencia entre las dos hipótesis que contempla la definición del factor

17
Para el efecto, se remitió al folio 81 de los antecedentes administrativos, que corresponden a la página 74 de la
Resolución SSPD 20114400010805 del 3 de mayo de 2011, en la que se citó el concepto aludido.

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NFC, pero que eso, en todo caso, no es necesario, porque la aplicación de una u otra
dependía de la situación en la que se encontrara la empresa prestadora del servicio
de aseo. Agregó que, en este caso, las dos hipótesis son excluyentes y no facultativas,
pues, reiteró, al no tener usuarios efectivamente facturados con una empresa de
acueducto, la única opción de la demandante era calcular cuántos suscriptores,
conforme al catastro, tenían esa posibilidad. Y, como no lo hizo así, la sanción
impuesta por los actos demandados se encontraba justificada.

Señaló que la interpretación que la demandante pretende que se dé al artículo 9 de la
de la Resolución CRA 351 de 2005 resulta inequitativa y contraria al objetivo
perseguido por la regulación. En efecto, pese a que había usuarios a los que les podía
facturar conjuntamente con un prestador del servicio de acueducto, no lo hacía así por
falta de gestión, por lo que el mayor costo de comercialización resultaría injustificado.
En consecuencia, al facturar un mayor valor a esos usuarios, la demandante vulneró
el artículo 148 de la Ley 142 de 1994.

3.2.2. En relación con el cargo de “ilegalidad de la orden de devolución, por prohibir
exigir los documentos que acreditan quién es el titular del derecho”, advirtió que el
artículo 1 de la Resolución CRA 294 de 2004 señala que, cuando el organismo de
control o el propio prestador encuentren que se han realizado cobros no autorizados,
el prestador recalculará el valor de la factura y, en caso de tratarse de errores en la
aplicación de las tarifas, el monto a devolver al suscriptor o usuario sería la diferencia
que resulte de aplicar la estructura tarifaria ajustada a la normativa aplicable, junto con
los intereses y ajustes de subsidios a que haya lugar.

Adujo que el artículo 2 de la misma resolución establece que, en caso de haberse
efectuado pagos por cobros no autorizados, el prestador tendrá que abonar a la
siguiente factura del respectivo servicio el monto a devolver al suscriptor o pagarle el
monto correspondiente en forma pura y simple. Y que, en caso de permanecer un
saldo, este debe ser abonado a la siguiente factura.

De acuerdo con lo anterior, dijo que, para la empresa demandante, el valor pagado en
exceso por cada usuario era determinable con base en el catastro de éstos. Por lo
anterior, no era aceptable que la demandante hubiera publicado aviso en prensa en el

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que indicaba que para la devolución era necesaria una solicitud del suscriptor o
usuario, copia de la factura del impuesto predial o copia del contrato de arrendamiento,
según se tratara de propietario o arrendatario.

Por otra parte, advirtió que a la demandante no le asistió la razón al alegar que la orden
de devolución solo tenía lugar por vía del recurso de apelación. Estos asuntos, aclaró
el a quo, no corresponden a los regulados por los artículos 152 y siguientes de la Ley
142 de 1994, en los que la Superintendencia, por vía de ese recurso subsidiario, puede
ordenar que la empresa de servicios públicos devuelva una suma de dinero el usuario
o suscriptor, sino a una acción de vigilancia y control que la entidad lleva a cabo de
manera oficiosa, de acuerdo con la regulación contenida en la Resolución CRA 294 de
2004, que la faculta para determinar si se realizaron pagos no autorizados y ordenar
que se ajuste la tarifa a la regulación vigente y que se hagan las restituciones del caso.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Bugaseo S.A. E.S.P. interpuso oportunamente recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia18. Los fundamentos se sintetizan así:

4.1. Insistió en los argumentos expuestos en la demanda para sustentar el cargo de
“Inexistencia del incumplimiento de las disposiciones legales, lo cual es fundamento
de la sanción”, que ya fueron resumidos en esta providencia.

4.2. También reiteró los argumentos que sustentaron el cargo de “ilegalidad de la orden
de devolución, por prohibir exigir los documentos que acreditan quién es el titular del
derecho”, e insistió en que la competencia de la SSPD para ordenar devolución de
sumas pagadas en exceso solo está dada por las normas que consagran el recurso
de apelación, en el que la entidad ejerce el control funcional, que puede traducirse en
órdenes de corrección en temas de facturación.

4.2.1. Sobre el particular, precisó que en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, que
consagra las funciones de la SSPD, solo se encontraba la de ordenar la devolución de

18
Visible a folios 351 a 360 del cuaderno del Tribunal.

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sumas de dinero por vía del recurso de apelación de que tratan los artículos 154 y 159
de la misma ley. Y que, si bien la norma le permite imponer sanciones, no consagra
que de manera concomitante con éstas puedan ordenar la devolución de sumas de
dinero.

Como fundamento de lo anterior, invocó el concepto del 16 de junio de 1997, emitido
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que señaló que la SSPD
no tenía competencia para ordenar devoluciones como parte de las atribuciones
sancionatorias.

4.2.2. Además, señaló que el parágrafo del artículo 79 de la Ley 142 de 1994
establecía que la superintendencia no estaba habilitada para emitir actos de carácter
general que se orientaran a crear obligaciones a los sujetos de su vigilancia, y que, por
tanto, tampoco podía ordenar devoluciones de manera general, sin identificar los
destinatarios de éstas.

4.2.3. Finalmente, reiteró que los considerandos de la Resolución 294 de 2004, al
referirse al enriquecimiento sin justa causa, remiten a los postulados del Código Civil
y del Código de Comercio, lo que quiere decir que las devoluciones solo tienen lugar
previa acreditación del enriquecimiento injustificado de Bugaseo S.A. E.S.P. y del
correlativo empobrecimiento de los usuarios afectados, lo que involucra la
identificación de cada uno de ellos, verificaciones que no agotaron las resoluciones
atacadas.

Con base en lo anterior, insistió en que los actos demandados le prohibieron
injustificadamente exigir pruebas de la titularidad del derecho de cada uno de los
usuarios o suscriptores a los que debían hacérseles las devoluciones.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

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23

Radicado: 25000 23 24 000 2012 00295 02
Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

5.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentó escrito de
alegatos de conclusión en el que reiteró los argumentos de la contestación de la
demanda19.

5.2. Bugaseo S.A. E.S.P. presentó escrito de alegatos de conclusión en el que reiteró
los argumentos del recurso de apelación20.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el presente proceso.

VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes.

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de
la referencia.

8.2. Cuestiones previas

8.2.1. En el presente proceso, mediante sentencia del 28 de octubre de 2013, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró la

19
Visible en el índice 16 del sistema de gestión SAMAI.
20
Visible en el índice 17 del sistema de gestión SAMAI.

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Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

nulidad de las Resoluciones SSPD - 2011440010805 del 3 de mayo de 2011 y SSPD
• 2011440021285 del 1º de agosto del mismo año, al encontrar probado el cargo de
caducidad de la facultad sancionatoria, y se relevó de estudiar los demás alegatos de
la demanda.

No obstante, mediante fallo del 5 de diciembre de 2019, esta Sala revocó la anterior
decisión y ordenó devolver el expediente al Tribunal, para que se pronunciara sobre
los otros cargos de la demanda y se garantizara frente a estos el principio de doble
instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
mediante fallo del 12 de marzo de 2020, objeto de apelación, resolvió los argumentos
de nulidad restantes y denegó las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue
apelada por Bugaseo S.A. E.S.P., cuestión que ocupa la atención de la Sala en esta
oportunidad.

8.2.2. Por otra parte, se advierte que, en el recurso de apelación, Bugaseo S.A. E.S.P.
señaló que el parágrafo del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 prohíbe a la SSPD emitir
actos de carácter general para crear obligaciones a los sujetos de su vigilancia, lo que,
a su juicio, quiere decir que el acto acusado no podía emitir una orden de devolución
genérica, sin determinar los usuarios específicos a los que debía efectuárseles, so
pena de vulnerar el principio de legalidad.

Sin embargo, el anterior argumento no fue expuesto en la demanda, por lo que es claro
que se trata de un nuevo cargo, que no podrá ser tenido en cuenta al resolver la alzada,
so pena de desconocer el principio de congruencia consagrado en el artículo 281 del
Código General del Proceso, que reza:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”.

8.3. Hechos

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Demandante: Bugueña de Aseo S.A. E.S.P.

8.3.1. Desde el mes de enero de 2007 hasta el 1º de junio de 2008, la sociedad
Bugaseo S.A. E.S.P. facturó a sus usuarios la tarifa de servicio de aseo con el costo
de comercialización ajustado, acudiendo para ello al artículo 9 de la Resolución CRA
351 de 2005.

8.3.2. Como consecuencia de la citada actuación, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios abrió investigación sancionatoria en contra de la empresa
demandante, a efectos de determinar si tal cobro era violatorio de lo dispuesto en los
artículos 148 de la Ley 142 de 1994, 2 de la Resolución CRA 294 de 2004, en
concordancia con el inciso segundo del numeral 9º del artículo 3 de la Ley 142 de
1994, y el artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005.

8.3.3. Luego de surtido el procedimiento administrativo, a través de la Resolución
SSPD - 2011440010805 del 3 de mayo de 2011, la entidad demandada sancionó a la
empresa Bugaseo S.A. E.S.P. con una multa de treinta millones de pesos
($30.000.000), tras acreditar que esa sociedad había realizado cobros injustificados
en la tarifa del servicio de aseo a los usuarios, situación que vulneraba las normas
antes mencionadas.

Asimismo, le ordenó devolver a los suscriptores las sumas de dinero que había
recaudado y la conminó a recalcular el costo de comercialización por factura. Tal acto
fue notificado por edicto el 26 de mayo de 2011.

8.3.4. Inconforme con la anterior decisión, la sociedad Bugaseo S.A. E.S.P. impetró
recurso de reposición.

8.3.5. Mediante Resolución No. 20114400021285 del 1 de agosto de 2011, la entidad
resolvió el recurso en sentido adverso a las pretensiones de la demandante.

8.4. Planteamiento

Para resolver el debate planteado en esta instancia, la Sala observa que la
demandante y el Tribunal presentan acuerdo en parte del alcance de lo dispuesto en

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el artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005 expedida por la CRA, como quiera
que, tanto Bugaseo, como la SSPD, afirman que allí se define el costo de
comercialización por factura cobrada al suscriptor de dos (2) maneras: (i) en la suma
de seiscientos sesenta y ocho pesos ($668), o (ii) que el mismo puede ajustarse
dependiendo de si la facturación del servicio de aseo se lleva a cabo conjuntamente
con el servicio de acueducto o no, para lo cual deben tenerse en cuenta, entre otros
factores, el Nfc o número de suscriptores con posibilidad de facturación conjunta con
personas prestadoras del servicio de acueducto. También coinciden en que el asunto
bajo examen se enmarca en la segunda forma de calcular dicho costo.

La discrepancia entonces surge, de un lado, en la interpretación del factor NFC, pues,
para Bugaseo S.A. E.S.P., la frase “con posibilidad de facturación conjunta, o
efectivamente facturados”, contenía dos criterios a los que ella podía acudir
optativamente; esto es: (i) el número de suscriptores con posibilidad de facturación
conjunta con personas prestadoras del servicio de acueducto, o (ii) el número de
suscriptores a los que efectivamente les factura en conjunto con dicho servicio. Así,
como no facturaba efectivamente a ninguno de sus suscriptores con una empresa de
acueducto, sino con una de energía, se encontraba en el segundo supuesto y por ello
el factor NFC en su caso era igual a cero (0), valor que aplicó en la fórmula para
reajustar el costo de comercialización. De esa manera, a su juicio, la norma le permitía
obtener el máximo valor de reajuste, y una interpretación distinta vulneraba los
artículos 34.1 y 34.2 de la Ley 142 de 1994. Entre tanto, para el Tribunal, el caso de
Bugaseo se ajustaba a la primera hipótesis enunciada, pues, aun cuando no facturaba
efectivamente con una de acueducto sino con una empresa que prestaba el servicio
de energía, sí se encontraba en la posibilidad de hacerlo conjuntamente con la primera
de ellas, dado que en su área de cobertura se prestaba este servicio.

Adujo la actora que la SSPD estaba dando prevalencia a la interpretación que de la
mencionada norma efectuaba la CRA por encima de lo que la misma Resolución CRA
351 de 2005 establecía, y además que esa interpretación correspondía a un concepto
emitido en diciembre de 2007, que la entidad había aplicado a hechos ocurridos en
enero de ese año, esto es, de manera retroactiva.

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El segundo aspecto en el cual no concuerdan las partes es el relacionado con la
competencia de la demandada para ordenar la devolución de los recursos cobrados
de más como consecuencia del cálculo incorrecto del costo de comercialización por
factura cobrada al suscriptor en el marco de un procedimiento administrativo
sancionatorio, dado que, para la demandante, la Superintendencia no ostenta esa
atribución, debido a que los artículos 154 a 159 de la Ley 142 de 1994 y la Resolución
294 de 2004 sólo autorizan ese proceder a la luz de los recursos de apelación que
promueven los suscriptores para la revisión de las facturas emitidas por la empresas
de Servicios Públicos; en tanto que, para el extremo pasivo del litigio, es precisamente
la Resolución 294 de 2004 la que permite la orden de devolución por cobros no
autorizados, por lo que las disposiciones de la Ley 142 de 1994 que se invocan como
violadas no son pertinentes al caso.

Asegura la actora que, para que proceda una devolución en la forma que lo ordenó la
SSPD en los actos acusados, debe acreditarse previamente el enriquecimiento
injustificado de Bugaseo y el correlativo empobrecimiento de los usuarios; y entonces,
como ello no fue verificado, por esa razón también debía declararse la nulidad de las
resoluciones impugnadas.

Vistas así las cosas, la Sala abordará en el orden formulado los problemas a resolver.

8.5. De la determinación del factor NFC para calcular el ajuste del costo de
comercialización por factura cobrada al suscriptor del servicio de aseo

Corresponde entonces determinar si es nula la decisión que impone una sanción a una
empresa prestadora del servicio público de aseo, si, para calcular el costo de
comercialización por suscriptor, el factor NFC fue determinado en cero (0), toda vez que
esa empresa no factura con otra prestadora del servicio de aseo sino con una
prestadora del servicio de energía.

8.5.1. Resolver tal cuestión impone traer a colación lo dispuesto en el artículo 365 de
la Constitución Política, según el cual “los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a
todos los habitantes del territorio nacional”. (Subrayas de la Sala).

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Tal mandato fue objeto de desarrollo a través de la Ley 142 de 199421, que, en su
artículo 87, precisó:

“Artículo 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario
estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad,
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

87.1. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que
éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las
fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de
productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los
usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias
no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir
que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas
restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas
tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los
costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste.

(…)

87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán
la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la
expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de
los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa
eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y
sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad
a sus usuarios.” (Subrayas de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, el régimen tarifario en materia de servicios públicos está
orientado, entre otros, por los criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera.

Sobre la interpretación de este artículo, es necesario tener en cuenta lo manifestado
por la Corte Constitucional en la sentencia C-150 del 25 de febrero de 200322, que, al
analizar su constitucionalidad, sostuvo:

“4.5.2.2.3. La razón que lleva a un productor en un mercado competitivo a disminuir
sus costos radica en que por esta vía puede acrecentar sus utilidades. No obstante,
la teoría observa que, en condiciones de mercado competitivo, todos los
productores suelen guiarse por el mismo propósito, es decir, que todos los
productores intentarán disminuir sus costos, lo cual permite en el largo plazo que
reduzcan sus precios de venta al tiempo que incrementa sus utilidades. Así pues,
en condiciones de competencia, en teoría la mayor eficiencia del productor
conlleva a un beneficio tanto para él –pues obtiene mayores utilidades por la

21
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
22
Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

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reducción se sus costos– como para el comprador o usuario –quien puede adquirir
el mismo servicio a menor precio.

4.5.2.2.4. En un mercado competitivo el incremento del precio como resultado de
la ineficiencia, conlleva un riesgo, a saber, que el productor pierda participación en
el mercado debido a que sus precios serán superiores a los de sus competidores.
En este orden de ideas, la disposición según la cual ‘las fórmulas tarifarias no
pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente’ pretende que
los usuarios no paguen el costo de las ineficiencias de las empresas, tal como no
lo harían en un mercado competitivo.

(…)

4.5.2.2.6. En conclusión, el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994
contiene algunos de los elementos que, de acuerdo con la teoría económica de un
mercado competitivo, caracterizan un mercado eficiente y las implicaciones que de
éste se derivan. En este orden de ideas, la Corte encuentra que el criterio de
eficiencia descrito en la norma en cuestión, desarrolla la prescripción del artículo
365 Superior, según el cual ‘es deber del Estado asegurar su prestación eficiente
a todos los habitantes del territorio nacional’. Si bien el legislador habría podido
definir eficiencia en otros términos, se encuentra dentro de su margen de
configuración hacerlo siguiendo teorías económicas sobre la eficiencia en un
mercado económico competitivo. La Constitución no impone, como ya se anotó,
un modelo económico y por lo tanto permite que el legislador tenga en cuenta
diferentes teorías sobre qué es la eficiencia y cómo se logra que la autoridad de
regulación propenda por ella, siempre que no adopte decisiones manifiestamente
irrazonables o contrarias a mandatos o prohibiciones contenidos en la Carta. (…).

4.5.2.3. El numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, por su parte, indica
que (…).

De acuerdo con esta definición, la suficiencia financiera consiste en que las
fórmulas tarifarias: (i) garanticen la recuperación de los costos y gastos propios de
operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; (ii) permitan
remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y (iii)
permitan utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor
calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. (…).

4.5.2.3.1. Dice la norma que las fórmulas tarifarias han de garantizar a las
empresas la recuperación de los costos y gastos de la operación, de la expansión,
de la reposición y del mantenimiento, es decir, de los recursos económicos que
deben utilizar las empresas para proporcionar el servicio al mayor número posible
de usuarios para alcanzar el principio de universalidad consagrado en el artículo
365 de la Carta. La medición de los costos y gastos que se requieren para la
prestación del servicio, ha de tener como referencia los costos y gastos que tendría
una empresa encargada de prestar el mismo servicio en un mercado competitivo,
es decir, bajo condiciones de eficiencia con el mismo nivel de riesgo.

Ello implica que las fórmulas tarifarias deben contener criterios sobre la adecuada
administración de los recursos, que no podrán incluir gastos innecesarios o
suntuosos y que cada costo o gasto sólo podrá ser contabilizado una vez,
independientemente del concepto al que corresponda según los parámetros
técnicos aplicables. La recuperación de costos y gastos impide que un mismo costo
o gasto sea contabilizado dos o más veces, puesto que en dicho evento, no habría
sólo recuperación sino beneficios obtenidos en condiciones ineficientes, lo cual

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sería contrario al principio de eficiencia que, de acuerdo con el artículo 365 de la
Constitución, ha de orientar la prestación de los servicios públicos. (…)”. (Subrayas
de la Sala).

Entonces, el numeral 87.1 establece que, en virtud del criterio de eficiencia económica,
el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de
un mercado competitivo, y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los
usuarios los costos de una gestión ineficiente ni permitir que las empresas se apropien
de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia.

El numeral 87.4, que consagra el criterio de suficiencia financiera, señala que las
fórmulas para calcular las tarifas deben garantizar la recuperación de los costos y los
gastos propios de operación.

Para la Corte, las disposiciones de la Ley 142 de 1994, que consagran la eficiencia
económica y la suficiencia financiera como criterios del régimen tarifario, buscan, en
desarrollo del artículo 365 de la Carta, la reducción de los costos asociados a la
prestación de los servicios públicos, como una medida equivalente a las que se aplican
en los mercados competitivos y que permite que en el largo plazo se reduzcan los
precios de venta y se incrementen las utilidades.

En tal sentido, la Corte Constitucional estimó que es válido que el Legislador se
fundamente en la teoría económica, que indica que la mayor eficiencia del productor
conlleva a su propio beneficio pues le confiere mayores utilidades, y también beneficia
al usuario, para quien se presentan menores precios.

La regulación, para la Corte, no puede convalidar el incremento de los precios que se
produzca como consecuencia de la ineficiencia de los productores. Es esa la razón por
la cual las fórmulas que se establezcan para calcular las tarifas no pueden trasladar a
los usuarios los costos de una gestión económicamente negligente.

Asimismo, para la Corte, la suficiencia financiera, como criterio orientador del régimen
tarifario, indica que las fórmulas para el cálculo de las tarifas deben garantizar la
recuperación de los costos de operación, al tiempo que generen remuneración para
los prestadores, de la misma manera en que se remunerarían si se tratase de un

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mercado competitivo. Al respecto, la Corte señaló que las fórmulas tarifarias deben
contener criterios que propicien la adecuada administración de los recursos, evitando
la obtención de beneficios en condiciones de ineficiencia.

En este orden, el artículo 88 de la Ley 142 de 1994 establece:

“Artículo 88. Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, las empresas
de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir
las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad,
de acuerdo a las siguientes reglas:

88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la
respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales que se
enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora
podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento
por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para
determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o
vigilada”.

El artículo que acaba de citarse indica que la fijación de las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios se somete al régimen de regulación, el cual puede incluir las
modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad. El
numeral 88.1 señala que los prestadores deben ceñirse a las fórmulas que defina
periódicamente la respectiva Comisión para el cálculo de las tarifas.

Sobre la interpretación de esta norma, es pertinente tener en cuenta lo manifestado
por la Corte Constitucional en la sentencia C-389 del 22 de mayo de 200223:

“[S]i en la prestación de un servicio público domiciliario predomina la posición
dominante, las empresas no podrán fijar libremente las tarifas por los servicios que
prestan sino que estarán sometidas a un régimen de regulación de conformidad
con lo dispuesto en el inciso primero, numeral primero, del mencionado artículo 88,
caso en el cual, las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina
periódicamente la respectiva comisión, salvo las excepciones dispuestas en la ley,
y acoger los topes máximos y mínimos tarifarios establecidos por ella de acuerdo
con los estudios de costos que realice, quedando sometidas de tal manera a un
control directo. Además, en estos casos, según también lo dispone la norma bajo
revisión, la comisión igualmente podrá definir las metodologías para la
determinación de tarifas si conviene en aplicarles un régimen de libertad regulada
o vigilada.

La Constitución no prohíbe que las empresas ocupen una posición dominante en
un mercado determinado. Lo que impone al Estado es la obligación de evitar o

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Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

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controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de ella en el mercado
nacional (CP art. 333 inc. 4°).

(…)

Esta doble connotación del concepto de posición dominante se refleja en el
régimen tarifario que se les aplica a tales empresas al impedírseles que en ejercicio
de su posición privilegiada señalen libremente las tarifas de los servicios públicos,
quedando sometidas a un régimen de regulación o de libertad regulada o vigilada,
en los cuales, la comisión respectiva al señalar los parámetros, métodos o fórmulas
a que deben sujetarse estas empresas para evitar que abusen de su posición
dominante debe hacerlo de tal manera que los usuarios queden protegidos.

Por lo anterior, el numeral primero del artículo 88 en examen resulta constitucional,
por cuanto en este caso la actuación de las comisiones de regulación está
orientada a desarrollar la finalidad social de la intervención del Estado en los
servicios públicos evitando que las empresas prestadoras abusen de su posición
dominante. Además, en desarrollo de su facultad de configuración en esta materia,
el legislador consideró que se requería la presencia de organismos o
dependencias altamente especializadas como son las comisiones de regulación,
para que en desarrollo de un trabajo interdisciplinario adopten medidas
administrativas de intervención policiva que el mercado requiera, función que
ejercen por delegación de acuerdo a la Constitución, la ley, el reglamento y las
directrices presidenciales.

En síntesis, bajo un régimen de regulación puede existir control directo a las tarifas,
modalidad en la cual las empresas no tienen libertad para determinarlas ni para
modificarlas pues esta labor está a cargo de la comisión de regulación respectiva,
sistema aplicable a los mercados donde existe una posición dominante. Las
empresas están sometidas a un régimen de libertad regulada cuando para fijar y
modificar las tarifas deben someterse a los criterios y metodologías señaladas por
las comisiones de regulación respectivas, régimen que también puede ser
aplicable a las empresas que tengan una posición dominante si así lo conviene la
correspondiente comisión de regulación; y, en el régimen de libertad vigilada las
empresas pueden determinar libremente las tarifas por los servicios que prestan
con la obligación de informar por escrito a la comisión de regulación respectiva
sobre las decisiones tomadas en esta materia, régimen que se aplica a las
empresas que no tienen una posición dominante en su mercado o cuando existe
competencia entre proveedores”. (Subrayas de la Sala).

De acuerdo con lo manifestado por la Corte, si bien la Carta Política no prohíbe que
las empresas de servicios públicos ocupen una posición dominante, sí impone al
Estado la obligación de prevenir abusos. Por ello, el Legislador consagró que, en los
casos en los que, en la prestación de un servicio público domiciliario, una empresa
cuente con posición dominante, ésta no puede fijar libremente las tarifas, sino que
debe someterse al régimen de regulación, en el que se calculan de acuerdo con los
parámetros, métodos o fórmulas definidas periódicamente por la Comisión de
Regulación respectiva, como organismo o dependencia altamente especializada en la
materia.

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Por otro lado, el artículo 92 ibídem señala:

“Artículo 92. Restricciones al criterio de recuperación de costos y gastos de
operación. En las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación garantizarán a
los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la reducción promedio de costos
en las empresas que prestan el servicio; y, al mismo tiempo, darán incentivos a las
empresas para ser más eficientes que el promedio, y para apropiarse los beneficios
de la mayor eficiencia.

Con ese propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de
operación de las empresas de servicios públicos, las comisiones utilizarán no solo
la información propia de la empresa, sino la de otras empresas que operen en
condiciones similares, pero que sean mas <sic> eficientes.

También podrán las comisiones, con el mismo propósito, corregir en las fórmulas
los índices de precios aplicables a los costos y gastos de la empresa con un factor
que mida los aumentos de productividad que se esperan en ella, y permitir que la
fórmula distribuya entre la empresa y el usuario los beneficios de tales aumentos”.

De acuerdo con esta disposición, en las fórmulas para el cálculo de tarifas, las
Comisiones de Regulación garantizarán a los usuarios los beneficios de la reducción
de los costos. Al mismo tiempo, darán incentivos a las empresas prestadoras para que
actúen con mayor eficiencia y puedan apropiarse de los beneficios de ésta.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo en la sentencia C-150 del 25 de febrero
de 2003:

4.5.2.6. El demandante sostiene que el artículo 92 de la Ley 142 de 1994, que
versa sobre la determinación de la mayor eficiencia que deberán observar las
empresas en el largo plazo y las reglas que habrán de regir el reparto de los
beneficios obtenidos por tal concepto, favorece los intereses de éstas y no los
derechos de los consumidores. La Corte estima, por el contrario, que la reducción
de la tarifa como resultado de la aplicación de un factor de eficiencia en el largo
plazo favorece al usuario en la misma medida en que exige a las empresas que
obtengan niveles crecientes de eficiencia de acuerdo con el transcurso del tiempo.
De igual manera, no es inconstitucional que la norma incentive a las empresas
para que obtengan niveles de eficiencia superiores al promedio; en efecto, ello es
lo que se busca al permitírseles que se apropien de los beneficios de la mayor
eficiencia obtenida. Este estímulo se revela idóneo para alcanzar un fin legítimo
compatible con al Carta pues conlleva a la mayor eficiencia obtenida por algunas
empresas sirva para establecer los parámetros a los cuales deben sujetarse las
demás en los períodos siguientes. En este orden de ideas, la Corte declarará la
exequibilidad del artículo 92 de la Ley 142 de 1994 por el cargo analizado”.
(Subrayas de la Sala).

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Para la Corte es válido entonces que la ley busque que las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios sean cada vez más eficientes, mediante el
otorgamiento de incentivos como la obtención de mayores beneficios que se generen
y que se justifique por el mayor grado de eficiencia.

Siendo así, las comisiones reguladoras, al desarrollar la metodología para el cálculo
de las tarifas, deben tener en cuenta los costos eficientes asociados a la prestación de
los servicios. Es decir, deben generar incentivos para las empresas que hagan un
mejor uso de los recursos, de manera que ellas se beneficien con la obtención de un
mayor monto de ganancias y que también se beneficien los usuarios, en virtud de la
disminución de las tarifas debido al menor costo de operación.

Bajo la perspectiva normativa descrita, lo que halla la Sala es que el artículo 9 de la
Resolución CRA 351 de 200524, en la manera en que fue aplicada por la SSPD, guarda
estrecha consonancia con el designio que la Carta Superior determinó y que luego
desarrolló el Congreso de la República, pues allí se prevé un sistema de equilibrio que
opera mediante un ajuste al costo de comercialización por suscriptor para las
empresas prestadoras del servicio de aseo que no puedan facturar de manera conjunta
con un prestador del servicio de acueducto. El ajuste reconocido por la disposición en
cita cubre el mayor costo en que incurre el prestador en dicho escenario.

Para ilustrar de mejor manera lo dicho, convienen reiterar la literalidad del artículo 9
ibídem:

“Artículo 9°. Costo de Comercialización por Factura Cobrada al Suscriptor,
CCS. El costo de comercialización por suscriptor será, como máximo, de $668
(pesos de junio de 2004) mes.

El costo de comercialización por suscriptor podrá ajustarse a través de la siguiente
fórmula cuando la facturación de una parte o la totalidad de los suscriptores de
aseo no se realice conjuntamente con el servicio de acueducto:

CCSAJ = CCS* (2 - Nfc / N)

Donde: CCSAJ: Costo de comercialización ajustado.

24
“Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas
prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio
de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones”. Derogada por la Resolución CRA 853 de 2018.

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NFC: Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de
servicio con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamente facturados, con
personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año
base.

N: Número de suscriptores del prestador del servicio de aseo en su área de
servicio, para el año base.

Parágrafo. La relación entre NFC y N se encontrará siempre acotada en el intervalo
[0,1].” (Subrayas de la Sala)

De acuerdo con el artículo citado, la aplicación que de la norma reglamentaria hace la
Superintendencia, permite generar proporcionalmente la mayor compensación para
las empresas de aseo que tengan un mayor número de usuarios a los que no les
puedan facturar con una empresa de acueducto. Para esto, es necesario que el factor
NFC de la fórmula corresponda al número total de suscriptores respecto de los cuales
la empresa esté en la posibilidad de facturar de manera conjunta con el servicio de
acueducto o de aquellos a los que en efecto les facture de esa manera.

Lo anterior se refleja en los siguientes ejemplos:

a) Para una empresa de aseo que cuente con un total de 1.000 usuarios y todos tengan
la posibilidad de facturación con el servicio de acueducto o efectivamente facturen con
el servicio de acueducto, la fórmula sería la siguiente:

CCSAJ = CCS * (2 – NFC/N)
CCSAJ = 668 * (2 – 1000/1000)
CCSAJ = 668 * (2 – 1)
CCSAJ = 668 * 1
CCSAJ = 668

b) Para una empresa que tenga 1.000 usuarios, de los cuales solo 700 cuenten con la
posibilidad de facturación con el servicio de acueducto o facturen efectivamente con el
servicio de acueducto, la aplicación de la fórmula sería así:

CCSAJ = CCS * (2 – NFC/N)
CCSAJ = 668 * (2 – 700/1000)
CCSAJ = 668 * (2 – 0.7)

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CCSAJ = 668 * 1.3
CCSAJ = 868,4

Obsérvese cómo la fórmula arroja un mayor costo de comercialización para la empresa
que tiene un porcentaje menor de usuarios con posibilidad de facturación conjunta o
que facturen efectivamente con dicho servicio. Esto ocurre justamente porque la
metodología genera una mayor compensación para la empresa que tiene menores
posibilidades de acudir a ese tipo de facturación, la cual, se insiste, acarrea menores
costos.

Vale reiterar que lo que busca la regulación es propiciar que el prestador acuda a los
métodos que generen un uso eficiente de los recursos, lo cual, en este caso, en criterio
de la Comisión Reguladora, se concretó en la facturación con las empresas de
acueducto.

La entidad demandada actuó en consecuencia con la anterior interpretación, al
evidenciar que Bugaseo S.A. E.S.P. había incorporado un mayor costo en la
facturación del servicio prestado por no incluir en la fórmula de ajuste el N FC los
usuarios que podría facturar conjuntamente con la empresa de acueducto, de acuerdo
los respectivos catastros de suscriptores.

Así, el valor obtenido fue superior al que pudo resultar de tener en cuenta el número
de suscriptores de servicio de aseo con fundamento en la posibilidad de facturación
conjunta con la empresa de acueducto, valor que tuvo que asumir el suscriptor y que
implicó no sólo la desatención a la disposición reglamentaria sino una actuación al
margen de los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera, que inspiran
la figura allí contenida.

Por lo tanto, la forma en que fue entendido el artículo 9 de la Resolución CRA 351 de
2005 en los actos cuestionados resulta coherente con la normativa que establece el
régimen tarifario en materia de servicios públicos, si se tiene en cuenta que es ésta la
que genera un incentivo para la mayor eficiencia económica del sector, al motivar a las
empresas prestadoras del servicio de aseo para que adelanten las gestiones
pertinentes con el fin de facturar de manera conjunta con empresas de acueducto,

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pues, en criterio del regulador, es esa la forma más eficiente desde el punto de vista
económico en que pueden disminuir costos y al mismo tiempo prestar con esa misma
calificación el respectivo servicio.

8.5.2. Por otro lado, Bugaseo S.A. E.S.P. alegó que la Superintendencia había
aplicado el artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005, de acuerdo con la
interpretación que de éste había efectuado la CRA en el concepto 20075290463052
del 5 de diciembre de 2007, el cual, a su juicio, tenía un alcance totalmente distinto al
contenido de la propia norma y que, además, era posterior a los hechos.

Contra lo alegado por la demandante, la Sala considera que la interpretación que
efectuó la CRA en el mencionado concepto, que es la misma que se concretó en los
actos demandados, es coherente con el contenido de esa disposición y, en especial,
con el artículo 365 de la Constitución Política y con la Ley 142 de 1994, disposiciones
que ya estaban vigentes en el momento de los hechos, por lo que mal podría afirmarse
que la empresa de aseo fue sorprendida con un entendimiento nuevo o ajeno al
contenido de la regulación.

8.6. De la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para ordenar la devolución de los pagos no autorizados

El siguiente problema a resolver consiste en establecer si son nulos por falta de
competencia los actos administrativos expedidos por la SSPD por medio de los cuales
se ordenó la devolución de los recursos cobrados de más como consecuencia del
cálculo incorrecto del costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor del
servicio de aseo, si tales actos se expidieron en el marco de un procedimiento
administrativo sancionatorio.

8.6.1. Pues bien, el artículo 367 de la Constitución Política establece que, en materia
de servicios públicos domiciliarios, la ley debe fijar, entre otros, “el régimen tarifario
que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y
redistribución de ingresos”.

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Por su parte, el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 establece que las empresas de
servicios públicos no pueden cobrar “servicios no prestados, tarifas, ni conceptos
diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá
alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario” (Subrayas
de la Sala).

El artículo 79 de la misma ley consagra las funciones de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, así:

“Artículo 79. Funciones de la superintendencia. Las personas prestadoras de
servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga
sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y
vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las
siguientes:

1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte
en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones,
siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.

(…)

31. Podrá ordenar en el acto administrativo que resuelva el recurso de apelación
de que tratan los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, la devolución de los
dineros que una empresa de servicios públicos retenga sin justa causa a un
usuario, dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación de la decisión
respectiva.” (Subrayas de la Sala).

Con respecto al alcance de las normas precitadas, esta Sección se pronunció en
sentencia del 21 de agosto de 201425 así:

“Ciertamente, mediante concepto SSPO-OJ-2003-0236 de la Oficina Jurídica
expresó lo siguiente:

(…)

‘De conformidad con la Ley 142 de 1994, corresponde a la Superintendencia
de manera general vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos
administrativos a que estén sujetos quienes presten servicios, y en particular
las relativas al régimen tarifario, dentro del sistema de protección de los
usuarios de los servicios públicos. A este respecto conviene recordar que
según el profesor Hugo Palacios Mejía, la Ley 142 de 1994 se orienta a la
protección del usuario. Pues bien, una de las principales preocupaciones de
la ley 142 en materia de protección al usuario tiene que ver con que los
cobros que las empresas de servicios públicos hagan a los usuarios

25
Consejo de Estado, Sección Primera, Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala. Rad.: 2008 – 00350.

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correspondan a los servicios, tarifas y conceptos que la ley y el contrato de
servicios públicos autoricen. (Artículo 146]’:

‘Si la Superintendencia de Servicios Públicos en su condición de autoridad
competente en materia de protección de los derechos de los usuarios de
servicios públicos y ente encargado del control de la correcta aplicación del
régimen tarifario por parte de las empresas prestadoras, encuentra que una
empresa de servicios públicos incurrió en error al fijar sus tarifas y ese error
lesiona injustamente los intereses de los usuarios, la Superintendencia
podrá, previó el procedimiento previsto en el artículo 106 y s. s. de la Ley 142
de 1994, ordenar a la persona prestadora del servicio público la devolución
de los dineros cobrados demás sin que medie necesariamente la imposición
de sanción alguna (se subraya y resalta).

(…)

De no poder la Superintendencia emitir orden para la devolución, no tendría
sentido el control tarifario; como tampoco sería útil dicho control, si sólo
sirviera como apoyo para que el usuario sustentara y presentara la
reclamación ante la empresa. Así mismo, carecería de racionalidad jurídica
y práctica tener que resolver las empresas tantos reclamos como usuarios
afectados resulten, y otro tanto tuviera que hacer la Superintendencia en la
instancia de apelación, cuando revisadas las tarifas por el órgano de control
se establezca en qué consistió el error y cómo debe ser corregido de manera
general a todos los usuarios.

En conclusión, la efectiva protección de los derechos de los usuarios
derivada del ejercicio de la función del control tarifario a las empresas de
servicios públicos, carece de contenido jurídico si no se emite orden de
devolver lo cobrado en exceso.

En otras palabras, lo que persigue la vigilancia y control de la correcta
aplicación del régimen tarifario es precisamente que ante una situación
irregular, la empresa corrija su conducta conforme a lo que señale el órgano
de control, con la condición que la empresa puede dar las explicaciones que
estime pertinente y se respete el debido proceso administrativo, en desarrollo
del articulo 106 y s.s. de la Ley 142 de 1994. Es que de otra manera, la
función de vigilancia y control, sobre todo en materia tarifaria, desprovista de
la aplicación de correctivos, no sería nada’.

Sobre lo expresado en el concepto vale la pena destacar el aparte que habla sobre
la posibilidad de dar una orden de devolución de dineros sin que necesariamente
se imponga una sanción.

El punto se reduce a que, según lo expresó en su oportunidad la Oficina Jurídica,
y según se reitera en este recurso, la orden de devolución no es una sanción. En
efecto, la orden de devolución es una consecuencia obvia, resultante de la captura
de una renta que tuvo origen en la violación de una disposición legal, regulatoria o
de ambos tipos, que no está encaminada a obtener la reparación de perjuicios
causados a usuarios o suscriptores ni se trata de proveer indemnizaciones.

Adicionalmente, resulta oportuno para el caso puntual hacer especial mención al
artículo 2318 del Código Civil, el cual expresa:

‘El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía es obligado a la
restitución de otro tanto del mismo género y calidad.

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Si ha recibido de mala fe, también los intereses corrientes’.

Quien paga lo que no debe tiene derecho a repetir lo pagado. Esta previsión legal
se encuentra estrechamente ligada con el enriquecimiento sin justa causa,
principio universalmente aceptado que señala, conforme lo expresa el tratadista
Luis Ernesto Guevara López, que el mismo tiene un fundamento moral y que
‘...nadie puede enriquecerse injustamente, sin que medie una causa, en detrimento
de otro. En virtud de tal principio aquel que experimente un incremento en su
patrimonio, ya porque efectivamente ingresa un activo o bien o porque disminuye
su pasivo a expensas de otro patrimonio está obligado a restablecer ese
desequilibrio que no cuenta con una justa causa que lo respalde…’

Adicionalmente, el artículo 6 del C.C., dispone:

‘La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa; es el bien
o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus
mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones.

En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de
la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la
validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes
penas y recompensas, aparte de las que se estipulan en los contratos’.

El artículo 79.1. menciona que la afectación se produce directamente a usuarios
determinados. Cabe preguntarse ¿por qué la norma se refiere a ‘usuarios
determinados’? La respuesta es sencilla: justamente, porque si a raíz de un
incumplimiento de un acto administrativo o legal los suscriptores o usuarios de un
servicio sufren un detrimento, por ejemplo patrimonial, se espera que como
resultado de la acciones de control y vigilancia se corrija dicha anomalía y no que
simplemente se limite a señalarla y a imponer una multa.

En consecuencia, limitar las funciones de vigilancia y control de la
Superintendencia como facultades exclusivamente sancionatorias, equivale a
asumir que las funciones otorgadas a esta entidad sólo estarían encaminadas a
detectar conductas, sin que exista la posibilidad de que estas sean corregidas.

Así las cosas, los prestadores sujetos al control y vigilancia de esta entidad
tendrían incentivos para transgredir las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos, siempre que la ganancia esperada por estos con el despliegue de
dicha conducta, sea mayor a la sanción impuesta. La misma Ley ha previsto este
hecho, por cuanto el numeral 1 del artículo 79 establece que es función de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilar y controlar el
cumplimiento de las leyes y actos administrativos y sancionar sus violaciones,
luego no se puede entender la función sancionatoria como la única, siendo que la
ley expresa claramente que la sanción complementa las funciones de control, de
las cuales la devolución de dineros es una forma de ellas.

De esta forma, es evidente para la Sala que la competencia de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios para vigilar y controlar el cumplimiento de la
normativa a que se somete la Empresa actora como prestadora del servicio público
domiciliario de telefonía y para sancionar las violaciones a ella, se limitó al cargo
imputado.

Por ello, frente a la acusación objeto de la apelación procede entender que la
Superintendencia de Servicios Públicos sí actuó con competencia, en los términos

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del artículo 79.1 de la Ley 142 de 1998, en cuanto se refiere al incumplimiento de
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de efectuar la liquidación de las tarifas de
los estratos 1 y 2 acorde con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 812 de 2003 y
la resolución 996 de 2004 que precisó la fórmula para el efecto”. (Negrillas de la
Sala).

Entonces, de conformidad con el numeral 1º del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le corresponde vigilar y
controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos que rigen el sector, para
evitar la afectación directa e inmediata de los derechos de los usuarios. De acuerdo
con el razonamiento de la Sección, la potestad de policía administrativa prevista en la
disposición bajo estudio comprende una facultad sancionatoria y también una
correctiva. La primera tiene una función preventiva, que busca que los vigilados no
incurran nuevamente en las mismas infracciones. La segunda, por su parte, busca
restablecer el orden jurídico, con medidas de protección a los usuarios.

Tal posición ha sido reiterada y desarrollada en su alcance por esta Corporación
cuando ha sostenido que, en ejercicio de la función de vigilancia y control, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “cuenta con amplias facultades
para ordenar los correctivos necesarios con el fin de subsanar las situaciones de los
vigilados que transgredan, por acción u omisión, el orden jurídico vigente”26, y que esto
no solo es una facultad sino “un deber legal en función de los derechos de los usuarios
del servicio de cara a la regulación aplicable y las infracciones cometidas”27.

Es decir que, para el efectivo cumplimiento de sus competencias, la Superintendencia
puede ordenar los correctivos necesarios, de manera que los vigilados subsanen las
situaciones que transgredan la normativa vigente.

Ahora, como se vio, el artículo 148 de la misma Ley impone el respeto por el régimen
tarifario en materia de servicios públicos domiciliarios, deber que asimismo compete
ser vigilado por la SSPD, si se tiene en cuenta que una de sus principales finalidades
es lograr que los cobros que realizan las empresas a los usuarios correspondan a las
tarifas que la ley autoriza.

26
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Consejero ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés, radicación número: 25000-23-24-000-2005-01325-01.
27
Consejo de Estado, Sección Quinta – Descongestión, sentencia del 15 de febrero de 2018, Consejero ponente:
Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 25000-23-24-000-2008-00509-01.

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En tal sentido, en caso de evidenciar que una empresa de servicios públicos incurre
en errores al fijar las tarifas y con ello lesiona los derechos de los usuarios, le debe
ordenar la devolución de los dineros cobrados demás, sin perjuicio de las sanciones a
que haya lugar.

De acuerdo con lo anterior, la potestad correctiva que faculta a la SSPD para ordenar
la devolución de los recursos cobrados en exceso puede ejercerse de manera
independiente del trámite del recurso de apelación de que tratan los artículos 154 y
159 de la Ley 142 de 1994, pues corresponde a una función restablecedora del orden
jurídico que, por tanto, no está supeditada al ejercicio de una solicitud en interés
particular, sino que puede emitirse en escenarios en los cuales ese ente ejerce la
función de policía administrativa a propósito de procedimientos sancionatorios.

Para la Sala, la interpretación que propone la sociedad demandante, que indica que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solo puede actuar a petición de
parte, vía recurso de apelación, desconoce la naturaleza y el papel que cumple esa
entidad, esto es, el de asegurar la prestación adecuada de los servicios y la protección
de los derechos de los usuarios. Sobre el particular, la Sala sostuvo en la sentencia
del 26 de noviembre de 201528:

“En este sentido y atendiendo el efecto útil de las normas, para la Sala no resulta
posible interpretar que el numeral 31 del artículo 79 contiene una regla general en
la cual sólo en el acto administrativo que resuelva el recurso de apelación es
posible ordenar la devolución de los dineros que una empresa de servicios públicos
ha retenido sin justa causa a un usuario cuanto, sino que en el marco de su
actuación oficiosa y ejerciendo su función de control consagrada en el artículo 79
numeral 1º, la Superintendencia de Servicios Públicos puede adoptar dichos
correctivos”. (Subrayas del original).

8.6.2. Por otro lado, la actora cuestionó la facultad de la entidad demandada para
prohibirle exigir acreditaciones o trámites para las devoluciones, concretamente, los
necesarios para identificar a los beneficiarios de estas.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que esta Sección, en la sentencia del 21 de agosto

28
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Consejero ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés, radicación número: 25000-23-24-000-2005-01325-01.

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de 2014, arriba citada, señaló que una eventual orden de la SSPD consistente en la
devolución de recursos cobrados de más por las prestadoras de servicios públicos
domiciliarios no puede estar subordinada al inicio de las reclamaciones en interés
particular por cada uno de ellos. En el mismo sentido, en la sentencia del 10 de octubre
de 201229, esta Sección sostuvo que tal facultad tampoco debía estar supeditada a la
individualización previa de cada uno de los usuarios o suscriptores afectados:

“[L]a competencia de la Superintendencia para vigilar y controlar el cumplimiento
de la normativa sobre la materia por parte de los prestadores de servicios públicos
domiciliarios no puede quedar supeditada, como lo entiende el juez colegiado de
primera instancia, a que en la actuación administrativa se acrediten todos y cada
uno de los casos en que los usuarios hayan sido perjudicados o, en otros términos,
a que se haga una identificación concreta y personalizada de cada uno de los
usuarios supuestamente afectados por la conducta del prestador, pues la ley lo
que exige para habilitar dicha potestad estatal es la existencia de una afectación
directa e inmediata de usuarios determinados.

En efecto, la lectura que hace el a quo del artículo 79.1 de la Ley 142 de 1994 deja
a ésta norma vaciada de contenido, pues según dicha interpretación se requeriría
siempre que se haya acudido de manera previa a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios a través de una queja o reclamación individual [en la que se
hubiera puesto de presente a la Administración por parte de un usuario
determinado que requirió del servicio respectivo y que no pudo acceder a él]. Esta
condición, que no prevé la ley, supondría que la Superintendencia solo podría
actuar a petición de parte, lo cual desconoce claramente el papel que el Estado
cumple a través de esta entidad, que no es otro que el de intervenir en la economía
para asegurar que los servicios públicos, entre éstos los domiciliarios -como
medios a través de los cuales se concreta el Estado Social de Derecho-, sean
prestados eficientemente. Se trata, pues, de una intervención que se materializa a
través del control y la vigilancia sobre los prestadores de los servicios públicos,
como un poder que retiene el Estado para ejercer en forma permanente, que no
puede estar condicionado a la existencia de una petición previa por parte del
usuario del servicio.

Además, valga recordar que la interpretación de las normas jurídicas debe
responder al principio del efecto útil de la misma, conforme al cual si entre dos
posibles sentidos de un precepto, uno produce consecuencias jurídicas y el otro a
nada conduce, debe preferirse el primero. En este caso, el correcto entendimiento
de la norma legal que consagra la competencia de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para vigilar y controlar el cumplimiento de la
normativa a que se encuentran sometidos los prestadores de servicios públicos
domiciliarios, esto es, el que produce efectos jurídicos, es aquel que apunta a que
dicha potestad se activa, aun oficiosamente, a partir de la acreditación de la
afectación directa e inmediata de usuarios determinados por razón de la conducta
del prestador y no a partir de la detallada, concreta y personalizada identificación
de cada uno de los usuarios afectados dentro del respectivo procedimiento, que
solo se produciría si ante la Administración se allegara una comunicación particular

29
Consejo de Estado, Sección Primera, Magistrado Ponente: Dr. Doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Rad.: 2004
– 00523.

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y concreta que diera cuenta de la supuesta afectación, lo cual no necesariamente
siempre ocurre.

La afectación directa e inmediata a usuarios determinados no supone que exista
una identificación personalizada o una individualización de los afectados sino que,
por el incumplimiento de la norma a que están sometidos los prestadores del
servicio, potencialmente resulten afectados unos usuarios determinados”.
(Subrayas de la Sala).

Por lo expuesto, una orden de la SSPD orientada a la devolución de recursos cobrados
de más por las prestadoras de servicios públicos domiciliarios no puede estar
subordinada a la individualización de cada uno de los usuarios o suscriptores
afectados ni a que cada uno de ellos inicie las reclamaciones en interés particular. En
consecuencia, el acto demandado se ajustó a derecho al señalar que la empresa de
aseo no estaba facultada para exigir requisitos adicionales a los usuarios que debían
recibir las devoluciones.

8.6.4. Por otra parte, debe la Sala resolver si los actos enjuiciados son nulos por violar
una norma superior, si al ordenar la devolución de las sumas pagadas de más por
parte de los usuarios a una empresa prestadora del servicio de aseo, no se determinó
previamente el enriquecimiento injustificado de ésta y el correlativo empobrecimiento
de aquéllos, siendo que no fueron debidamente identificados.

Al respecto, la Sala estima necesario aclarar que el articulado de la Resolución CRA
294 de 200430, que resulta pertinente invocar por ser esta norma la que, se reitera, fijó
el procedimiento para la devolución de los cobros no autorizados para los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo, como criterio de protección de los derechos de los
usuarios, no se remitió a los requisitos consagrados en el artículo 2313 del Código Civil
para determinar la viabilidad correspondiente, sino que definió un procedimiento
especial, dentro del marco establecido por la Ley 142 de 1994.

En efecto, los artículos 1, 2 y 4 de la mencionada resolución prescriben:

“Artículo 1°. Identificación de los cobros no autorizados. Cuando los
organismos de control o el prestador del servicio, de oficio o a petición del
suscriptor o usuario encuentren que se han realizado cobros no autorizados, el
prestador del servicio recalculará el valor cobrado, con el propósito de corregir el

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“Por la cual se establece la devolución de cobros no autorizados para los servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo, como criterio general de protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a la factura”.

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valor de la factura del servicio o ajustar la tarifa a la normatividad y regulación
vigentes según sea el caso.

Los cobros no autorizados pueden tener su origen en servicios no prestados,
tarifas que no corresponden a la regulación y cobros de conceptos no previstos en
la ley y en los contratos de condiciones uniformes.

En el caso de cobros no autorizados motivados en la factura, el monto a devolver
al suscriptor o usuario será la diferencia entre la factura cobrada y la factura
correctamente liquidada, para el estrato o sector al que pertenece el suscriptor o
usuario, junto con los intereses y los ajustes de subsidios y contribuciones a que
haya lugar.

En el caso de cobros no autorizados motivados por errores en la aplicación de las
tarifas, el monto a devolver al suscriptor o usuario será la diferencia que resulte de
aplicar la estructura tarifaria ajustada a la normatividad y regulación, frente a la
tarifa aplicada por el prestador, junto con los intereses y los ajustes de subsidios y
contribuciones a que haya lugar durante el tiempo en que ocurrió el cobro no
autorizado.

La identificación de errores en la determinación de las tarifas no causará la
suspensión de la facturación”. (Subrayas de la Sala).

“Artículo 2°. Forma y plazo para la realización de la devolución de los cobros
no autorizados. En el evento de encontrarse que se ha efectuado un cobro no
autorizado, de existir pago por parte del suscriptor o usuario cuya causa sea tal
cobro, el prestador deberá abonar a la siguiente factura del servicio público que se
trate, el monto a devolver al usuario o suscriptor, obtenido en los términos del
artículo 1° de la presente resolución.

En el evento en que el monto a devolver sea superior al que debiera cobrarse en
la siguiente factura, el prestador abonará el remanente en la próxima factura y así
sucesivamente hasta cubrir la totalidad de dicho monto.

Igualmente, el prestador podrá pagar al suscriptor o usuario el monto adeudado en
forma pura y simple, caso en el cual deberá informar de inmediato al usuario su
voluntad de realizar el pago de esta forma.

Parágrafo. Cuando se haya producido la terminación del contrato de servicios
públicos y exista un monto a devolver a un suscriptor o usuario, el prestador deberá
pagar la totalidad de dicho monto a quien fuera suscriptor o usuario”. (Subrayas de
la Sala).

“Artículo 4°. Las devoluciones de los cobros no autorizados proceden sin perjuicio
de las sanciones y de las demás actuaciones que adelanten los organismos de
control y vigilancia”. (Subrayas de la Sala).

Entonces, la regulación específica sobre devoluciones en materia de servicios públicos
no exige la declaratoria de un enriquecimiento sin causa, pues no es el escenario
idóneo para eso. Solo exige la configuración del cobro de servicios no prestados o de
tarifas y de conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los
contratos. Por tal razón, no era exigible a la Superintendencia de Servicios Públicos

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Domiciliarios la verificación de los presupuestos consagrados en el Código Civil ni en
el Código de Comercio en relación con el enriquecimiento sin justa causa.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia del 12 de marzo de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, se ajustó a derecho al denegar las pretensiones de la demanda
instaurada por Bugaseo S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, razón por la cual la confirmará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de marzo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que
denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER: el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la
presente providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 19 de agosto de 2022.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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