Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2012-00238-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2012-00238-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-31-000-2012-00238-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
Demandada: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD –
Acción: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo
Tesis: La parte actora no logró acreditar que, al proferir los actos administrativos
objeto de demanda, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hubiera
incurrido en una indebida interpretación del artículo 9 de la Resolución CRA 351 de
2005; desconocido los requisitos previstos en el numeral 1 del artículo 79 de la Ley
142 de 1994 para el ejercicio de la facultad sancionatoria; o actuado por fuera del
término de caducidad establecido en el artículo 38 del CCA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida en primera instancia el 3 de octubre de 2019, por la Sala de
Decisión Escritural No. 5 del Tribunal Administrativo del Meta.
I.ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. La Sociedad Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P, en adelante la parte demandante o
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2
Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
BIOAGRÍCOLA DEL LLANO, presentó demanda1 contra la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, en adelante la parte demandada o SSPD, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho2, con las siguientes
pretensiones3:
“[…] 1. Que es nula la Resolución No. SSPD-20114400012715 de mayo 18 de
2011, expedida por la Superintendente Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, "POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN", que, entre
otras dispuso "Ordenar a la GERENTE de la empresa BIOAGRICOLA DEL
LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS que realice las siguientes
acciones: Dentro del mes siguiente a la ejecutoria del presente acto
administrativo de estricta aplicación a la metodología tarifaria prevista para el
servicio público de Aseo en la Resolución CRA 351 de 2005, ajustando el
parámetro NFC, con el valor del número de suscriptores con disponibilidad de
facturación conjunta de conformidad con la parte motiva presente acto
administrativo; orden cuyo cumplimiento deberá acreditar ante esta Entidad
mediante el cargue de la información respectiva al SUI dentro del plazo aquí
estipulado, so pena de que se apliquen las multas a que se refiere el Artículo
65 del CCA. De conformidad con lo previsto en la Resolución.
2. Que es nula la Resolución No. No. SSPD-20114400026785, expedida en
septiembre 14 de 2011 por la Superintendente Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, mediante la cual resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución No. SSPD-20114400026785 de mayo 18 de
2011, descartando por completo todos los argumentos alegados por
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E.S.P., en el escrito de reposición.
3. Que se declare que BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E.S.P. no está obligada
a pagar la multa impuesta, ni las devoluciones ordenadas en las resoluciones
solicitadas en nulidad
4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, en el evento que mi mandante haya efectuado los
pagos derivados de la multa y las devoluciones ordenadas en los actos
demandados en nulidad, se condene a la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS a pagar a favor de BIOAGRICOLA
DEL LLANO S.A. E.S.P. todos los dineros pagados injustamente, con la
correspondiente indexación.
1
Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)
NroActua 25 Folios: 1-24.
2
Previsto en el artículo 85 de la Ley 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por la cual se reforma el Código
Contencioso Administrativo […]”
3
Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL (pdf)
NroActua 25 Folios:1-2.
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3
Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
5. Que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, a través de su representante legal, o a quien haga sus veces,
dar cumplimiento de la Sentencia que ponga fin al presente proceso, dentro del
término establecido por el artículo 176 a 179 del Código Contencioso
Administrativo.
6. Que se condene en costas a la demandada. […]”.
2. Dentro del término establecido en el artículo 208 del C.C.A., la apoderada judicial
de la parte demandante presentó un primer escrito de “modificación de la
demanda”4, cuya pretensión 4 quedaría así:
“[…] 4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios a pagar a favor de BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A.
E.S.R., las sumas canceladas por concepto de multas y devoluciones en
cumplimiento de los actos administrativos demandados, debidamente
indexadas […].”
3. Posteriormente, la apoderada judicial de la demandante allegó un segundo
escrito de modificación de la demanda5, señalando que las pretensiones 2 y 4
quedarían así:
“[…] 2. Que es nula la Resolución No. SSPD-20114400026785, expedida en
septiembre 14 de 2011 por la Superintendente Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo mediante la cual resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución No. SSPD 20114400012715 de mayo 18 de
2011, descartando por completo todos los argumentos alegados por
BIOAGRÍCOLA DEL LLANO S.A. E.S.P. en el escrito de reposición."
"4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios a pagar a favor de BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A.
E.S.P. las sumas canceladas por concepto de multas y devoluciones en
cumplimiento de los actos administrativos demandados, debidamente
indexadas.[…]”.
4
Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)
NroActua 25 Folios: 56-58
5
Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)
NroActua 25 Folios: 168.175
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4
Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
1.2. Actos acusados
4. Los actos acusados son los siguientes:
5. La Resolución SSPD-20114400012715 del 18 de mayo de 2011, expedida por la
Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “[…] POR LA CUAL SE
IMPONE UNA SANCIÓN […]” que señaló6:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- imponer sanción de MULTA a la empresa
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS a
favor de la Nación, por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS
($20,000,000.00), la cual se hará efectiva en el término de 10 DIAS hábiles
contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, y
con el objeto de que el pago de la sanción se haga de acuerdo con los nuevos
procedimientos de la entidad informados por la Directora Financiera, una vez
en firme la presente Resolución, la sanción impuesta deberá ser consignada en
efectivo o cheque de gerencia. Para proceder al pago el prestador deberá
obtener el formato de pago de sanciones disponible en el sitio WEB de la
Superservicios https://www.superservicios.gov.co/ bajo el canal Servicios a
Empresas/Formatos de Pago. El prestador deberá acreditar el pago de la
sanción dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria
del presente acto administrativo La multa se debe pagar en efectivo o cheque
de gerencia en cualquiera de las siguientes instituciones financieras: Banco
Agrario de Colombia, BBVA, BANCAFE.
ARTÍCULO TERCERO. Ordenar a la GERENTE de la empresa BIOAGRICOLA
DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS que realice las
siguientes acciones:
✓ Dentro del mes siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo
dé estricta aplicación a la metodología tarifaria prevista para el servicio
público de Aseo en la Resolución CRA 351 de 2005, ajustando el
parámetro NFC, con el valor del número de suscriptores con posibilidad de
facturación conjunta de conformidad con la parte motiva del presente acto
administrativo; orden cuyo cumplimiento deberá acreditar ante esta
Entidad mediante el cargue de la información respectiva al SUI dentro del
6
Cfr. índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ANEXO III(.pdf) NroActua 25.
Folios: 2-55.
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Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
plazo aquí estipulado, so pena de que se apliquen las multas a que se
refiere el Artículo 65 del CCA.
✓ De conformidad con lo previsto en la Resolución CRA 294 de 2004
proceda a la devolución de las sumas cobradas a los usuarios por
concepto de los cobros no autorizados que realizó a los usuarios. Así las
cosas, la empresa en el término del mes siguiente a la ejecutoria de la
presente resolución, debe presentar a la Directora Técnica de Gestión de
Aseo de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y
Aseo un plan en el que establezca claramente un cronograma de las
devoluciones a efectuar y precise el valor a devolver a cada uno de los
usuarios afectados conforme la parte motiva del presente acto
administrativo. Tales devoluciones deben iniciarse a más tardar dentro del
mes siguiente a la fecha de presentación de dicho cronograma.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente la presente Resolución a la
Dra. LUZ MYRIAM BEJARANO LEÓN, en calidad de GERENTE de la empresa
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, o a
quien haga sus veces, quien puede ser citada en la CARRERA 36 No 34-71
BARZAL de la ciudad de Villavicencio – Meta haciéndole entrega de una copia
de la misma, y advirtiéndole que contra ésta Resolución procede el recurso de
reposición ante la Superintendente Delegada para Acueducto. Alcantarillado y
Aseo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
De no ser posible la notificación personal, se dará aplicación a lo previsto por el
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente Resolución a la Directora Técnica
de Gestión del Aseo de la Superintendencia Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo.
ARTÍCULO SEXTO. La presenta Resolución rige a partir de la fecha de su
notificación. […]”.
6. Y la Resolución SSP13-20114400026785, expedida el 14 de septiembre de 2011
por la Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, mediante
la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto mencionado en el
punto anterior, disponiendo su confirmación.
1.3. Presupuestos fácticos
7. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos:
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6
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Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
8. La Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la SSPD realizó durante los años
2008 y 2009, varios requerimientos a la parte demandada relacionados con el costo
de comercialización ajustado por factura cobra al suscriptor (CCSAJ),
específicamente en lo relativo con la metodología de costos y tarifas y la variable
NFC (número de suscriptores con facturación conjunta) de que trata el artículo 9° de
la Resolución 351 de 2005 expedida por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (en adelante CRA).
9. En abril de 2010, la Directora Técnica de Gestión de Aseo de la Delegada de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo solicitó a la Dirección de Investigaciones de la
misma Superintendencia, analizar la viabilidad de abrir una investigación en contra
de la parte demandante por el presunto incumplimiento de la Resolución 351 de
2005 expedida por la CRA y por presuntamente efectuar cobros no autorizados.
10. El 25 de noviembre de 2010, la Directora de Investigaciones de la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, profirió pliego
de cargos7 en contra de BIOAGRÍCOLA DEL LLANO S.A. E.S.P. por los siguientes
cargos:
“[…] CARGO PRIMERO. APLICACIÓN INCORRECTA DE LA METODOLOGÍA
DE COSTOS Y TARIFAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 148 DE
LA LEY 142 DE 1994 Y EN EL ARTÍCULO 9° DE LA RESOLUCIÓN CRA 351
DE 2005.
(…)
CARGO SEGUNDO. NO REALIZAR DEVOLUCIONES POR COBROS NO
AUTORIZADOS. PRESUNTA VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY
142 DE 1994 Y A LA RESOLUCIÓN CRA 294 DE 2004 […]”.
11. El 20 de diciembre de 2010 la apoderada de la parte demandante presentó
los descargos expresando las razones por las cuales discrepaba del contenido del
pliego de cargos.
7
Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado ANEXO I(.pdf) NroActua 25.
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12. El 18 de mayo de 2011 la Superintendente Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo expidió la Resolución No. SSPD-2011400012715, mediante la
cual resolvió imponer a BIOAGRICOLA DEL LLANO una multa por valor de veinte
millones de pesos y ordenar a su Gerente que dentro de mes siguiente a la
ejecutoria de la Resolución sancionatoria diera estricta aplicación a la metodología
tarifaria prevista para el servicio público de aseo en la Resolución CRA 351 de 2005,
ajustando el parámetro NFC con el valor del número de suscriptores con posibilidad
de facturación conjunta y devolviera las sumas por concepto de los cobros no
autorizados que realizó a los usuarios, en la forma prevista en la Resolución CRA
294 de 2004. Esta decisión fue notificada por edicto que se desfijó el 5 de julio de
2011.
13. Interpuesto oportunamente el recurso de reposición por la parte demandante en
contra de la Resolución No. SSPD-2011400012715 del 18 de mayo de 2011, la
Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo expidió la
Resolución SSP13-20114400026785, confirmando en todas sus partes el acto
recurrido.
14. El 9 de enero de 2012 la apoderada judicial de la parte demandante presentó
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitud de revocatoria
directa en contra de los actos demandados, la cual fue resuelta negativamente el
21 de marzo de 2012.
15. Igualmente, la apoderada de la demandante instauró el 29 de febrero de 2012
acción de tutela contra la entidad demandada, acción que fue negada el 16 de
marzo de 2012 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio; decisión
que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 2
de mayo de 2012 por considerar que no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable.
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Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
16. En septiembre de 2015 y en cumplimiento de las resoluciones aquí
demandadas, BIOAGRÍCOLA DEL LLANO presentó ante la SSPD un nuevo esquema
de devoluciones aumentando la cuota mensual de devoluciones y disminuyendo el
plazo inicialmente planteado de 156 a 124 meses.
1.4. Concepto de la violación
17. La parte demandante invocó como normas vulneradas el Preámbulo y los
artículos 2, 6, 29 y 209 de Constitución Política, los artículos 27 y 28 del Código Civil
y el artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005.
18. Indicó que la SSPD realizó una errada interpretación del artículo 9 de la
Resolución CRA 351 de 2005 en lo relativo a la variable NFC, cuando afirmó que
este corresponde a la cantidad de suscriptores del prestador de aseo con posibilidad
de facturación conjunta con el servicio de acueducto; cuando en realidad la variable
NFC es igual a una de las dos alternativas enunciadas en la norma, a saber: (i)
número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio
con posibilidad de facturación conjunta o (ii) número de suscriptores del prestador
de aseo en su área de prestación de servicio efectivamente facturados, con
personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano.
19. Adujo que la interpretación realizada por la SSPD agregó elementos que no se
encuentran en la norma, pues dispuso que la variable NFC es igual a la suma de
factores señalados en el párrafo tercero del artículo 9 de la Resolución 351 de 2005,
es decir, “Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación
de servicio con posibilidad de facturación conjunta, o efectivamente facturados, con
personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año
base” lo cual es una errada interpretación que fue sustentada en que la expresión
"o" es cumulativa y no disyuntiva.
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Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
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20. Sostuvo que la SSPD desconoció el sentido literal del artículo 9 de la Resolución
CRA 351 de 2005 y en su lugar optó por una serie de interpretaciones relacionadas
con el espíritu de la norma o el fin último de esta, cuando ello no era necesario dada
su claridad y precisión, todo lo cual condujo a la vulneración de su derecho al debido
proceso.
21. Argumentó que los actos administrativos demandados se expidieron ejerciendo
la facultad sancionadora de la SSPD, sin aplicar las condiciones establecidas en el
numeral 1° del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, esto es, sin que existiera
afectación en forma directa e inmediata a usuarios determinados, lo cual le impedía
a la entidad administrativa ejercer su competencia sancionatoria, a la vez que
produjo la vulneración de su derecho al debido proceso.
22. Indicó que los actos demandados vulneraron lo previsto en el artículo 38 del
C.C.A, el cual dispone que la facultad que tienen las autoridades administrativas
para imponer sanciones, caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlas. En el caso concreto, se indicó que “[…] los hechos sancionados
corresponden a enero de 2007 hasta diciembre de 2009, facultad sancionatoria que
estaría caducada para los hechos ocurridos durante el año de 2007, pues la facultad
sancionatoria caducó en diciembre de 2010, de igual manera sucede con lo corrido
de enero a julio 4 de 2008, para los cuales caducó la facultad sancionatoria en julio
4 de 2011. En consecuencia, la Resolución No. SSPD-20114400012715 solo tenía
capacidad de sancionar hechos ocurridos desde julio 5 de 2008 y no hechos
previos, como lo hizo la SSPD […]”.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
23. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de fecha 21 de febrero de
2018, tuvo por no contestada la demanda por parte de la SSPD, en razón a que el
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Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
documento de la contestación fue allegado en copia simple y no se aportó el original
dentro del término concedido por el Despacho para tal efecto8.
24. El escrito de contestación a la adición de la demanda fue tenido en cuenta por
haber sido allegada en forma oportuna9. En este escrito la demandada manifestó
su oposición a la nulidad de los actos acusados argumentando que estos fueron
expedidos en ejercicio de las competencias y facultades legalmente atribuidas a la
SSPD, conforme al régimen jurídico vigente en materia de servicios públicos
domiciliarios, y con base en el acervo probatorio obrante en la actuación
administrativa.
25. Sostuvo que en el evento en que se declarara la nulidad de los actos
demandados no sería procedente que la Superintendencia efectuara el pago de las
devoluciones ordenadas, toda vez que la Entidad no había sido la beneficiaria de
las sumas descontadas en las facturaciones hechas a los usuarios.
26. Con respecto a las multas, indicó que ante una eventual declaratoria de nulidad,
la Entidad procedería a efectuar la devolución de estas.
27. Finalmente, solicitó declarar la legalidad de los actos administrativos
demandados y denegar las súplicas de la demanda.
III. SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA
28. La Sala de Decisión Escritural No. 5 del Tribunal Administrativo del Meta,
mediante sentencia proferida el 3 de octubre de 201910, resolvió:
8
Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)
NroActua 25 Folios: 204-205.
9
Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)
NroActua 25. Folios: 204.205.
10
Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL (.pdf)
NroActua25. Folios. 240-257.
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Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho presentada por la empresa BIOAGRÍCOLA DEL
LLANO S.A. E.S.P., por las razones anteriormente expuestas.
SEGUNDO: Sin condena en costas. […]”
29. Previo a estudiar los cargos de nulidad en el caso concreto, el Tribunal abordó
los siguientes temas: derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas,
la caducidad de la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas, la
infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo como
causal de nulidad, y el marco general de las funciones de Inspección, Vigilancia y
Control de la SSPD.
3.1. Vulneración del artículo 38 del C.C.A. – Caducidad de la facultad
sancionatoria de la SSPD
30. En lo que tiene que ver con el cargo de caducidad de la facultad sancionatoria
de la SSPD, el Tribunal sostuvo que las conductas sancionadas consistieron en i)
realizar una aplicación incorrecta de la fórmula para calcular el costo de
comercialización ajustado por factura cobrada al suscriptor (CCSAJ), contemplada
en el artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005 (cargo primero); y ii) no efectuar
a los usuarios las devoluciones de lo cobrado en exceso por la indebida aplicación
de la formula mencionada en el cargo primero, conforme se determina en el artículo
20 de la Resolución CRA 294 de 2004 y artículo 148 de la Ley 142 de 1994 (cargo
segundo), conductas que se efectuaron por la demandante entre enero de 2007 y
diciembre de 2009 y cuyo análisis de caducidad debía realizarse de manera
separada.
31. Consideró que la primera conducta fue de ejecución continuada y que se
prolongó por el tiempo que duró la aplicación de un criterio diferente por parte de la
demandante, es decir, durante todo el periodo sancionado (enero de 2007 a
diciembre de 2009).
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12
Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
32. Indicó que teniendo en cuenta que el extremo temporal final de la facultad
sancionatoria se determina con la notificación del acto que impone la sanción y que
en el sub examine la sanción fue impuesta a través de la Resolución SSPD-
2011400012715 del 18 de mayo de 2011, notificada a la parte actora mediante
edicto fijado el 20 de junio de 2011 y desfijado el 05 de julio de 2011, la facultad
sancionatoria de la SSPD respecto de la conducta reprochada en el primer cargo
no caducó.
33. En cuanto a la segunda conducta, recogió la postura desarrollada por el Consejo
de Estado en la sentencia del 12 de julio de 201811, en la que se indicó que la
facturación es “[…] una actividad plenamente identificable como de ejecución
instantánea […]”, por lo que señaló que en principio podría decirse que para la fecha
en que se notificó del acto sancionatorio (05 de julio de 2011), la competencia de la
SSPD se encontraba caducada respecto de las actuaciones anteriores al 05 de julio
de 2008.
34. No obstante lo anterior, aclaró que la caducidad no tenía la virtualidad de afectar
la decisión de sanción frente a este cargo, por cuanto “[…] en la fijación del monto
de la multa la SSPD no tuvo en cuenta la cantidad de facturas emitidas por la
empresa prestadora del servicio; simplemente, analizó el hecho de vulnerar el
artículo 148 de la Ley 142 de 1994 que impide el cobro de tarifas no autorizadas y
la Resolución CRA 294 de 2004 que señala la obligación de la empresa prestadora
del servicio de devolver al suscriptor o usuario la diferencia de la tarifa cobrada
producto de una aplicación indebida de la norma, deber este que a juicio de la sala
no puede considerarse una sanción como para aplicarle las reglas de caducidad
[…]”.
11
Consejo De Estado, Sección Quinta - Descongestión. Sentencia del 12 de julio de 2018. Radicado
No. 25000-23-24-000-2012-00277-01 C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
3.2. Incumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 1° del
artículo 79 de la Ley 142 de 1994
35. Frente al cargo de nulidad consistente en la vulneración del debido proceso de
la demandante al imponerse una sanción sin que se cumplieran las condiciones
establecidas en el numeral 1° del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, esto es, la
afectación en forma directa e inmediata a usuarios determinados, sostuvo que el
cargo no estaba llamado a prosperar, por cuanto la demandante hacía una
interpretación restrictiva de la norma que a la luz del desarrollo jurisprudencial del
Consejo de Estado se encontraba errada.
36. En ese sentido, indicó que la facultad sancionatoria de la SSPD no podía
supeditarse “[…] a que en la actuación administrativa se acrediten todos y cada uno
de los casos en que los usuarios hayan sido perjudicados o, en otros términos, a
que se haga una identificación concreta y personalizada de cada uno de los
usuarios supuestamente afectados por la conducta del prestador, pues la ley lo que
exige para habilitar dicha potestad estatal es la existencia de una afectación directa
e inmediata de usuarios determinados[…]”12.
37. En todo caso, agregó que la indebida interpretación de la variable N FC empleada
en la fórmula para calcular el Costo de Comercialización Ajustado (CCS AJ), tenía
repercusión directa e inmediata en la tarifa cobrada a los usuarios del servicio, tal
como fue señalado por la SSPD en la Resolución objeto de reproche.
3.3. Indebida interpretación del artículo 9° de la Resolución CRA No. 351
de 2005
38. En lo que tiene que ver con el cargo de indebida interpretación del artículo 9° de
la Resolución CRA No. 351 de 2005, explicó que la discrepancia gravitaba en torno
12
Consejo De Estado, Sección Primera. Sentencia del 10 de octubre de 2012. Radicado No. 25000-
23-24-000-2004-00523-01 C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno (E).
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Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
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a la forma como la parte demandante y la parte demandada interpretaban la
expresión "o" contenida en el inciso tercero de la citada norma; expresión que define
la variable NFC empleada en el cálculo del costo de comercialización ajustado
(CCSAJ), pues mientras que para el demandante la expresión "o" es una expresión
disyuntiva, para la parte demandada es una expresión cumulativa.
39. Para desatar la cuestión, acudió a la postura jurisprudencial fijada por el Consejo
de Estado en la sentencia del 12 de julio de 201813, en la cual la Corporación se
pronunció específicamente sobre la interpretación del artículo 9 de la Resolución
CRA 351 de 2005, indicando lo siguiente:
“[…] “2.4.2.7. Quiere decir lo anterior, que a partir de una intelección gramatical
y de utilidad del enunciado normativo, el vocablo "o" que figura entre las
expresiones "con posibilidad de facturación conjunta" y "efectivamente
facturados", no corresponde a una conjunción disyuntiva, sino más bien a una
expresión de equivalencia que converge hacía la "posibilidad" -valga la
repetición- de que entre la empresa de aseo y una o varias de acueducto se
pueda convenir la facturación conjunta.
En otras palabras para que exista una posibilidad de facturación conjunta
para la empresa de aseo de facturar conjuntamente con una de acueducto, es
necesario que existan usuarios efectivamente facturados por una empresa de
acueducto en la misma área de prestación de la de aseo. […]”. (Negrillas del
texto).
40. Concluyó que la entidad demandada había realizado una interpretación
adecuada de la norma aplicable al caso, en total armonía con su utilidad y finalidad,
por lo que no le asistía razón a la parte actora respecto a la nulidad de los actos
demandados con fundamento en la indebida interpretación de la norma.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
13
Consejo De Estado, Sección Quinta - Descongestión. Sentencia del 12 de julio de 2018. Radicado
No. 25000-23-24-000-2012-00277-01 C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
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41. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, reiterando en esencia,
los argumentos planteados en el escrito de demanda, así14:
4.1. Frente a la causal de nulidad de indebida interpretación del artículo 9°
de la Resolución CRA 351 de 2005
42. Sostuvo que el Tribunal no tuvo en cuenta algunos apartes de la sentencia del
Consejo de Estado de 12 de junio de 2018 citada como sustento de la decisión,
pues de haberlo hecho se hubiera percatado que de ella se derivaba una tercera y
nueva interpretación de la norma [artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005],
que a su juicio, difiere de la aplicada por la SSPD en los actos administrativos
demandados y que ocasiona una afectación económica, pues el cálculo y las
condiciones de las devoluciones ordenadas corresponden a un criterio distinto al
fijado por el operador judicial.
43. Agregó que no se realizó una valoración integral y adecuada de las pruebas
allegadas al plenario, de las cuales se desprendía que la SSPD en un principio
compartía el criterio de interpretación jurídica del artículo 9 de la Resolución CRA
351 de 2005, y que fue hasta solo el año 2008 que empezó a cambiar dicha
interpretación, postura que solo se concretó en junio de 2009.
44. Arguyó que no es posible sancionar a una empresa prestadora del servicio de
aseo que actuó en forma transparente, que recibió aprobación de la autoridad que
la vigila, y que aplicó el contenido literal de la norma, con información veraz. Por lo
anterior, consideró que la sanción fue injusta pues se aplicó retroactivamente a la
evolución de la interpretación normativa.
14
Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)
NroActua 25. Folios: 352-372.
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45. Finalmente, indicó que hubo una errada interpretación judicial en tanto el fallo
del Consejo de Estado del 12 de julio de 2018 que se cita como fundamento de la
decisión del Tribunal, llega a la errada interpretación de señalar que la expresión
“posibilidad” y “efectivamente” contenidas en el artículo 9 de la Resolución CRA 351
de 2005 son equivalentes.
4.2. Respecto de la causal de nulidad - incumplimiento de las condiciones
establecidas en el numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994
46. Indicó que fue errada la interpretación del Tribunal, según la cual (i) el
incumplimiento normativo de los prestadores del servicio genera potencial
afectación a usuarios determinados y al señalar que (ii) no es necesario que la
SSPD individualice los usuarios, pues ello es desproporcionado.
47. Señaló que la interpretación del Tribunal desconoce la condición legal que indica
que la competencia sancionatoria de la SSPD respecto de los sujetos prestadores
de servicios públicos está condicionada a que esta se realice cuando quiera que el
incumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados.
4.3. En relación con la causal de nulidad por vulneración del artículo 38 del
C.C.A. – Caducidad de la facultad sancionatoria de la SSPD
48. En contraposición a la argumentación del Tribunal en relación con la caducidad
de la facultad sancionatoria respecto de la conducta consistente en no realizar las
devoluciones a los usuarios de las sumas cobradas en exceso producto de
calcularse mal el factor NFC , arguyó que si bien la SSPD no efectuó un análisis por
el número de las facturas objeto de devolución si existió una actuación irregular de
la demandada y un error en la decisión del ad quo al desligar la facultad
sancionatoria de la competencia para ordenar la devolución de recursos, por lo que
concluye existió “[…] una interpretación contraevidente, claramente irrazonable y
desproporcionada en la protección de las actuaciones erradas de las entidades
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públicas, dejando abandonada la justicia a los ciudadanos que actúan con amparo
en las mismas normas expedidas por las autoridades administrativas”.
V. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
49. El Despacho sustanciador mediante auto de 22 de septiembre de 202115,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida en primera instancia el 3 de octubre de 2019 por parte del
Tribunal Administrativo del Meta, Sección Primera, Sala de Decisión Escritural No.
50. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación el Despacho
sustanciador mediante auto proferido el 3 de noviembre de 2021, corrió traslado16 a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera el concepto.
5.1. Alegatos de conclusión parte demandante
51. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación17.
5.2. Alegatos de conclusión parte demandada
52. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.
5.3. Concepto del Ministerio Público
15
Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
3_AUTOADMITIENDORECURSO_ADMITEREC(.PDF) NroActua 5. Folios: 1-3
16
Cfr. Índice 12 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
8_TRASLADODE10DIASPARAALEGATOSDECONCLUSION_TRASLADOA(.PDF) NroActua 12.
Folios: 1-2.
17
Cfr. Índice 16 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
(.PDF) NroActua16.
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53. En la etapa procesal correspondiente a alegatos de conclusión, el Ministerio
Público guardó silencio.
5.4. Impedimento
54. Mediante comunicación del 30 de octubre de 2025, el doctor Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, Consejero de la Sección Primera de esta Corporación, manifestó
su impedimento en el presente asunto, con fundamento en la causal prevista en el
numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso que literalmente
establece:
“[…] ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de
recusación las siguientes:
[…] 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial
sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como
apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.
[…]” (negrilla fuera del texto).
55. Argumentó que, cuando se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamientos Básico – CRA emitió conceptos
sobre las Resoluciones CRA 294 de 2004 y 351 de 2005, y además suscribió la
Resolución CRA 853 del 29 de octubre de 2018 que derogó la Resolución CRA 351
de 2005. Como quiera que la controversia en el caso sub judice se refiere a la
aplicación e interpretación del artículo 9sde la Resolución CRA 351 de 20 de
diciembre de 2005 a juicio del Magistrado solicitante se encuentra incurso en el
impedimento.
56. Analizados los argumentos, encuentra la Sala que le asiste razón al doctor
Germán Eduardo Osorio Cifuentes en su petición y en esta medida así lo declarará
en la parte resolutiva del presente fallo.
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VI. CONSIDERACIONES
6.1. Competencia
57. De conformidad con el artículo 12918 del C.C.A. sobre la competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 308 19
de la Ley 1437 de 201120, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1321
del Acuerdo No. 80 de 12 de marzo de 2019 expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en segunda instancia.
58. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre
los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia proferida 3 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sección Primera, Sala de Decisión Escritural No. 5, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 32822 del Código General del Proceso, aplicable
por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A.
18
“[…] ARTICULO 129. EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de los siguientes asuntos:
1. De las apelaciones y consultas de las sentencias y de los autos sobre liquidación de condenas
en abstracto dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, y de los recursos de
queja cuando se deniegue el de apelación […]”.
19
“[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará
a regir el dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren
con posterioridad a la entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.
20
“Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
21
Modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
22
“Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.”
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6.2. Análisis del caso en concreto
59. Corresponde a la Sala determinar si los actos acusados fueron proferidos: (i)
con infracción de las normas en que deberían fundarse por una indebida
interpretación del artículo 9 de la Resolución CRA No. 351 de 2005; (ii) con
desconocimiento de los requisitos contemplados en el numeral 1 del artículo 79 de
la Ley 142 de 1994 para que la SSPD pudiera ejercer su facultad sancionatoria; o
(iii) por fuera del término de caducidad contemplado en el artículo 38 del C.C.A.
6.2.1. De la interpretación del artículo 9° de la Resolución CRA No. 351 de 2005
60. Para dar respuesta al primer problema, se debe establecer si el factor o
componente NFC que hace parte de la fórmula de los Costos de Comercialización
por factura cobrada al suscriptor ajustada CCSAJ, contenida en el artículo 9 de la
Resolución CRA 351 de 2005, se define únicamente a partir del número de
suscriptores del prestador de aseo que estén siendo efectivamente facturados por
personas prestadoras del servicio de acueducto, o si en cambio a esta cifra debe
adicionarse el número de suscriptores del prestador de aseo en su área de
prestación de servicio con posibilidad de facturación conjunta con empresas
prestadoras del servicio de acueducto.
61. El artículo 9 de la Resolución CRA No. 351 de 2005 y concretamente al factor
NFC de la fórmula a partir de la cual se define el Costo de Comercialización por
Factura Cobrada al Suscriptor Ajustada CCSAJ están regulados así:
“[…]Artículo 9. Costo de Comercialización por Factura Cobrada al
Suscriptor - CCS -. EI costo de comercialización por suscriptor será, como
máximo, de $668 (pesos de junio de 2004) mes.
El costo de comercialización por suscriptor podrá ajustarse a través de la
siguiente fórmula cuando la facturación de una parte o la totalidad de los
suscriptores de aseo no se realice conjuntamente con el servicio de acueducto:
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CCSAJ=CCS*(2- NFC)
N
Donde:
CCSAJ: Costo de comercialización ajustado.
NFC: Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de
prestación de servicio con posibilidad de facturación conjunta, o
efectivamente facturados, con personas prestadoras del servicio de
acueducto en el suelo urbano; para el año base.
N: Número de suscriptores del prestador del servicio de aseo en su área de
servicio, para el año base.
Parágrafo. La relación entre NFc y N se encontrará siempre acotada en el
intervalo [0.1].[…]”. (Negrilla de la Sala)
62. La Sala recalca al igual que lo hizo el ad quo, que esta Corporación ya se
pronunció sobre el alcance del artículo 9° de la Resolución CRA No. 351 de 2005 y,
concretamente, sobre la variable NFC, a través de la sentencia del 12 de julio de
201823, que se profirió dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado por la empresa Palmirana de Aseo S.A. E.S.P. contra la SSPD, y en la
que justamente se demandó la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales
la mencionada Superintendencia sancionó a la empresa Palmirana, entre otros
aspectos, por el incumplimiento del artículo 9° de la Resolución CRA 351 de 2005
(metodología tarifaria).
63. Con el fin de determinar si la sentencia del Consejo de Estado del 12 de julio de
2018, cuya parte considerativa fue tomada como referencia por el Tribunal
Administrativo del Meta para decidir en primera instancia, se ajusta o no al cargo
analizado en el sub lite, la Sala considera necesario transcribir in extenso el
contenido del capítulo 2.4.2. de dicho fallo24:
“[…] 2.4.2. Interpretación del artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C. P. LUCY
JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, sentencia del 12 de julio 2018, Radicación número: 25000-
23-24-000-2012-00277-01
24
Ibídem.
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22
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2.4.2.1. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA) expidió dicha resolución “Por la cual se establecen los regímenes de
regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del
servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo
de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras
disposiciones”.
En su artículo 9º prescribió:
“Artículo 9°. Costo de Comercialización por Factura Cobrada al
Suscriptor, CCS. El costo de comercialización por suscriptor
será, como máximo, de $668 (pesos de junio de 2004) mes.
El costo de comercialización por suscriptor podrá ajustarse a través
de la siguiente fórmula cuando la facturación de una parte o la
totalidad de los suscriptores de aseo no se realice
conjuntamente con el servicio de acueducto:
CCSAJ = CCS * [2 – NFC/N]
Donde: CCSAJ: Costo de comercialización ajustado.
NFC: Número de suscriptores del prestador de aseo en su área
de prestación de servicio con posibilidad de facturación
conjunta, o efectivamente facturados, con personas
prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para
el año base.
N: Número de suscriptores del prestador del servicio de aseo en su
área de servicio, para el año base.
Parágrafo. La relación entre NFC y N se encontrará siempre
acotada en el intervalo [0,1]”.
2.4.2.2. Lo primero que se advierte de tal disposición es que el “Costo de
Comercialización por Suscriptor” (CCS) es un valor estándar que equivale a
$668 para el servicio de aseo cuando este se facture conjuntamente con el
servicio de acueducto.
Ese costo de comercialización puede “ajustarse” (CCS AJ), de conformidad con
la fórmula establecida en la precitada norma, solo en el evento en que el servicio
de aseo no esté efectivamente facturado de forma conjunta con el servicio de
acueducto.
2.4.2.3. Es este supuesto el que habilita la aplicación de la antedicha ecuación
para tasar un costo de comercialización superior a $668 (CCS), como lo es la
suma de $1.336 que PALMIRANA asegura que tenía derecho a cobrar por
“Costo de comercialización ajustado” (CCSAJ), por el hecho de tener contratada
la facturación del servicio de aseo a su cargo con una empresa de energía
eléctrica (tercero que no es una empresa de acueducto).
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Tal vínculo entre estas dos compañías no está en discusión dentro de este
proceso, pues así lo reconocen las partes, se desprende de los actos
administrativos demandados y se corrobora del contrato suscrito entre la
sociedad accionante y la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO celebrado el
2 de agosto de 2007, junto con sus otrosí.
2.4.2.4. En el asunto bajo examen, la discrepancia radica en la forma en la que
se interpreta la variable “NFC”, que según el tenor literal del precitado artículo
corresponde al “Número de suscriptores del prestador de aseo en su área
de prestación de servicio con posibilidad de facturación conjunta, o
efectivamente facturados, con personas prestadoras del servicio de
acueducto en el suelo urbano; para el año base”.
Dicho esto, es menester precisar que, para la empresa accionante, para el NFC
se establecen unos componentes vinculados al número de suscriptores del
prestador de aseo en su área de prestación de servicio, que admiten dos
hipótesis excluyentes: (i) aquellos con posibilidad de facturación conjunta o (ii)
aquellos efectivamente facturados; pero ambos casos en función de los
prestadores del servicio de acueducto en el suelo urbano, para el año base.
2.4.2.5. Para la Sala esta postura carece validez, esencialmente por dos
razones, (i) una es que es insostenible desde el punto de vista gramatical, dado
que la expresión “o efectivamente facturados” se encuentra encerrada por
comas (,), lo que implica que se trata de un enunciado explicativo, o cuando
menos subordinado al texto dentro del cual se inserta, cual es la siguiente frase:
“con posibilidad de facturación conjunta (…) con personas prestadoras
del servicio de acueducto en el suelo urbano”.
Y (ii) la otra razón es que la postura que defiende la empresa accionante anula
el efecto útil que se precisa de las normas en el ordenamiento jurídico al que
pertenece la disposición en cuestión. Y ello es así porque, las hipótesis que
plantea PALMIRANA obedecen a las siguientes construcciones:
• Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de
servicio con posibilidad de facturación conjunta con personas prestadoras
del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el año base.
• Número de suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de
servicio efectivamente facturados con personas prestadoras del servicio de
acueducto en el suelo urbano; para el año base.
Como se indicó, el contenido de la variable NFC se encuentra condicionado por
el supuesto de que el servicio de aseo no se facture conjuntamente con el de
acueducto.
2.4.2.6. Véase, entonces que, sobre ese panorama, la primera forma
presentada por la parte actora responde al evento en que el “costo de
comercialización” (CCS) esté siendo facturado a los suscriptores que tiene en
su área de prestación de servicio, (i) directamente por la empresa de aseo o
indirectamente a través de un tercero que no sea empresa de acueducto, pero
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que, adicional a ello, (ii) esos mismos suscriptores sean usuarios de una o de
varias empresas de acueducto.
Esto último es lo que posibilita que tales costos puedan ser facturados de
manera conjunta por la empresa de aseo y la(s) de acueducto, es decir, es lo
que le da contenido a la expresión “con posibilidad de facturación conjunta”.
Nótese que el supuesto normativo descrito se delinea en términos de
potencialidad, pues de concretarse la facturación conjunta entonces no sería
viable acudir a la fórmula del CCSAJ y no habría lugar a la discusión sobre el
NFC por ser inviable la aplicación de la ecuación en cuestión.
Por su parte, la segunda forma trazada por la empresa demandante responde
al evento en que el “costo de comercialización” (CCS) esté siendo facturado a
los suscriptores que tiene en su área de prestación de servicio, (i) directamente
por la empresa de aseo o indirectamente a través de un tercero que no sea
empresa de acueducto, pero que, adicional a ello, (ii) estos costos sean
efectivamente facturados con personas prestadoras del servicio de acueducto
en el suelo urbano.
En punto a este segundo aspecto del párrafo anterior, habría que decir que se
trata de suscriptores a las que las empresas de acueducto le facturan ese
mismo servicio, pues de entenderse que lo hacen respecto del “costo de
comercialización” por aseo, tampoco se podría acudir a la fórmula de costos
“ajustados” que comprende el NFC, porque estarse, entonces, frente a una
facturación conjunta.
2.4.2.7. Quiere decir lo anterior, que a partir de una intelección gramatical y de
utilidad del enunciado normativo, el vocablo “o” que figura entre las expresiones
“con posibilidad de facturación conjunta” y “efectivamente facturados”, no
corresponde a una conjunción disyuntiva, sino más bien a una expresión de
equivalencia que converge hacia la “posibilidad” –valga la repetición– de que
entre la empresa de aseo y una o varias de acueducto se pueda convenir la
facturación conjunta.
En otras palabras para que exista una posibilidad de facturación conjunta
para la empresa de aseo de facturar conjuntamente con una de acueducto, es
necesario que existan usuarios efectivamente facturados por una empresa de
acueducto en la misma área de prestación de la de aseo.
2.4.2.8. Esto lo que traduce en la fórmula a la que se aplica el NFC es que a
menor número de empresas de acueducto con las que existiera la virtualidad
de que PALMIRANA celebrara acuerdos para la definición de costos de
comercialización, mayor sería la tarifa a cobrar por dicho concepto, en razón de
verse abocada la empresa a soportar mayores costos para cumplir con la carga
de facturación, lo cual entendió el regulador –con el artículo 9º de la Resolución
CRA 351 de 2005– que se atenuaba con ese tipo de alianzas, y no mediante
otras que tenían como destinatarios a corporativos de diferente naturaleza o
sectores –gas, energía, etc.–, intelección que está dentro de su margen de
configuración, además de encontrarse amparado por la presunción de
legalidad.
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De ahí que el hecho de que la sociedad accionante hubiera contratado la
facturación con una compañía energética no se opone a que el mismo costo
fuera “facturable” de manera conjunta con empresas de acueducto, pues era lo
que ordenaba la normativa en comento, vigente al momento de los hechos
sancionados y de la sanción misma.
2.4.2.9. Se trata de una condición objetiva que, contrario a lo esbozado en el
escrito de alzada, desborda las particularidades y características de orden
subjetivo de las prestadoras del servicio de aseo, que dado su carácter público
deben atenerse con mayor rigor a las exigencias del orden jurídico, que en este
caso se orientan, dentro del marco de la Ley 142 de 1994 a evitar abusos que
pudieran apalancarse en su posición dominante frente a los suscriptores o
usuarios.
2.4.2.10. Ahora, el hecho de que la entidad demandada en ciertos apartes de
su defensa, incluso basándose en conceptos y circulares de la CRA, haga
mención del “catastro de usuarios del servicio de acueducto a quienes se les
presta el servicio de aseo”, no implica el establecimiento de un criterio
diferenciable de la regla contenida en el artículo 9º de la Resolución CRA 351
de 2005 o de hermenéutica contra la exegesis de la norma –que incluso el actor
acusa de aplicarse de forma retroactiva a su caso–, habida cuenta que tal aserto
no es más que una forma empírica de ilustrar lo que la norma regulatoria
establece de forma genérica, sin apartarse de la literalidad de su contenido.
2.4.2.11. En ese orden de cosas, yerra la parte accionante cuando sostiene que
le era dable optar por la “segunda posibilidad” con la cual podía reemplazar la
variable NFC con el número cero “0”, equivalente, a su juicio, al número de
facturas en las que el costo de comercialización se canalizaba a través de
prestadoras de aseo. Ello, se insiste, por cuanto no es ese el parámetro de la
norma, comoquiera que este depende, más bien, de la existencia de empresas
de esa naturaleza contratables para dicha misión.
Fue con base precisamente en esto que la SUPERINTENDENCIA trajo a
cuento, tanto en el pliego de cargos como en el acto sancionatorio, que en el
municipio de Palmira “… los servicios de acueducto y alcantarillado son
prestados por la empresa Centroaguas ESP, así como en los municipios de
Vijes y Rio Frío por Acuavalle, de lo cual se concluye que el prestador tiene la
posibilidad de facturar conjuntamente el servicio de aseo con dichos servicios,
independientemente de que en la práctica así lo haga”.
Ello pone en evidencia la imposibilidad de emplear el número cero (o) en el
campo NFC como valor de referencia, tal como en efecto lo hizo PALMIRANA,
por lo menos no sin infringir el artículo 9º de la Resolución CRA 351 de 2005.
2.4.2.12. De conformidad con lo que se acaba de explicar, para esta
Colegiatura, emerge de forma diáfana la conclusión de que los argumentos que
soportan la censura analizada en el presente capítulo de este proveído carecen
de la aptitud necesaria para conducir a la nulidad de los actos administrativos
enjuiciados”. (Negrilla del texto)
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64. Del texto transcrito se evidencia que el Consejo de Estado en relación con el
artículo 9 de la Resolución CRA 351 de 2005, abordó los siguientes puntos:
• Por regla general el “Costo de Comercialización por Suscriptor CCS” es un
valor estándar que equivale a $668 (pesos de junio de 2004) para el servicio
de aseo cuando este se facture conjuntamente con el servicio de
acueducto.
• Excepcionalmente en el evento en que el servicio de aseo no esté
efectivamente facturado de forma conjunta con el servicio de
acueducto, el costo de comercialización puede ser ajustado con la fórmula
establecida en la norma, uno de cuyos componentes es el NFC.
• Para la empresa Palmirana -igual que para Bioagrícola del Llano-, la
aplicación de la variable NFC admitía dos hipótesis excluyentes: (i) número de
suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio, con
posibilidad de facturación conjunta con personas prestadoras del servicio
de acueducto en el suelo urbano, para el año base, o (ii) número de
suscriptores del prestador de aseo en su área de prestación de servicio
efectivamente facturados con personas prestadoras del servicio de
acueducto en el suelo urbano, para el año base.
• Para el Consejo de Estado interpretación prohijada por la empresa de
servicios no era válida por las siguientes razones: (i) Porque es insostenible
desde el punto de vista gramatical, dado que la expresión “o efectivamente
facturados” se encuentra encerrada por comas, lo que implica que se trata
de un enunciado explicativo o subordinado al texto dentro del cual se inserta,
y (ii) Porque la postura defendida por la accionante anularía el efecto útil que
se precisa de las normas en el ordenamiento jurídico al que pertenece la
disposición en cuestión.
• Esto condujo al Consejo de Estado a concluir que a partir de una intelección
gramatical y de utilidad del enunciado normativo, el vocablo “o” que figura
entre las expresiones “con posibilidad de facturación conjunta” y
“efectivamente facturados”, no corresponde a una conjunción disyuntiva,
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sino más bien a una expresión de equivalencia que converge hacia la
“posibilidad” de que entre la empresa de aseo y una o varias de acueducto
se pueda convenir la facturación conjunta.
62. En este orden de ideas, es claro que la posición del Consejo de Estado,
replicada por el Tribunal Administrativo del Meta, va en el sentido de indicar que la
expresión “o” contenida en el párrafo tercero del artículo 9° de la Resolución CRA
No. 351 de 2005 y que se encuentra entre las expresiones “con posibilidad de
facturación conjunta” y “efectivamente facturados”, equivale a la posibilidad de que
entre la empresa de aseo y una o varias de acueducto se pueda convenir la
facturación conjunta, pero en todo caso, no es una expresión disyuntiva, es decir,
que no le genera a la empresa demandante la posibilidad de elegir entre una y otra
opción, como equivocadamente lo entendieron Palmirana S.A. E.S.P. en aquella
ocasión y la empresa Bioagrícola S.A.E.S.P. en el sub examine.
63. Como lo evidencia la trascripción y el análisis anterior, entre el caso resuelto
por el Consejo de Estado a través de la sentencia de 12 de junio de 2018 y la
controversia actual existen grandes similitudes.
64. Conforme a lo anterior, era válido que el a quo acudiera a la ratio decidendi de
la sentencia del Consejo de Estado de 12 de julio del 2018 para sustentar el fallo de
primera instancia en lo que tenía que ver con la adecuada interpretación de la
definición y alcance de la variable NFC contenida en el artículo 9 de la ya mencionada
Resolución de la CRA.
65. Por lo anteriormente expuesto, el argumento del recurso de apelación según
el cual la decisión del Consejo de Estado abría las puertas a una tercera vía de
interpretación del artículo 9 de la Resolución 351º de 2005 no es de recibo, pues
como se evidencia en los párrafos anteriores la decisión del Consejo de Estado fue
claro y contundente en señalar el alcance de la definición del componente NFC el
cual se corresponde con el indicado por la SSPD.
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66. Otro de los argumentos planteados en el recurso de apelación, hace referencia
a la ausencia de valoración integral y adecuada de las pruebas allegadas al plenario,
las cuales evidenciaban a juicio de la recurrente que la SSPD en principio compartía
la interpretación de BIOAGRÍCOLA DEL LLANO sobre el artículo 9 de la Resolución
CRA 351 de 2005 y que solo fue hasta el año 2008 que empezó a cambiar dicha
interpretación, postura que se concretó hasta junio de 2009 y que termino por
aplicársele retroactivamente.
67. Al respecto la Sala encuentra que lo dicho por el recurrente en relación con la
valoración de las pruebas y el cambio de postura de la demandada, es un
argumento nuevo en sede de apelación, que no fue planteado ni expuesto en el
escrito de demanda. En efecto, en ninguno de los argumentos de la demanda se
desarrolló un cargo de nulidad por evolución o modificación del criterio de
interpretación de la SSPD frente a la norma cuya interpretación está sujeta a la
discusión.
68. Sobre el particular, esta Sección en diversas oportunidades ha puesto de
presente que “[…] el juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación,
a los planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no
fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede abordar
materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que no hacen
parte del concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió […]”25 (Negrillas de la Sala).
69. La Sala reitera que, en virtud de los principios de lealtad procesal, contradicción
y de defensa y la congruencia que debe existir entre el recurso, la sentencia
censurada, el concepto de violación de la demanda y los argumentos expuestos en
la contestación de la misma, al apelante le esté vedado exponer en el recurso de
25
Sentencia del 7 de mayo de 2015, Expediente: 2005-00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016,
Expediente 2006-00234, C.P. Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO.
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apelación hechos, cargos y presentar pretensiones nuevas que no alegó ni en la
demanda. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio de estos nuevos
reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa de la contraparte en el proceso26. Por lo anterior, el cargo no
será estudiado.
70. Sin perjuicio de lo anterior, es menester indicar que dentro del fallo de primera
instancia, específicamente en el capítulo VII referido al “caso concreto”, sí se
analizaron las pruebas allegadas y se realizó la trazabilidad de la actuación
administrativa de la SSPD, haciendo referencia a las comunicaciones cruzadas
desde febrero del año 2007 entre la empresa BIOAGRÍCOLA DEL LLANO y la CRA,
y las comunicaciones subsiguientes de los años 2008, 2009, 2010 entre la empresa
demandante y la SSPD, en las que esta última solicitaba a aquella aclarar
inconsistencias respecto del valor de la variable N FC empleada en la fórmula del
cálculo del costo de comercialización ajustado por factura cobrada al suscriptor
CCSAJ, lo cual dio lugar al inicio de la investigación administrativa, que a la postre
concluyó con la expedición de los actos administrativos demandados.
71. Adicionalmente, el Tribunal realizó un control de legalidad del procedimiento
administrativo sancionatorio adelantado por la SSPD en contra de BIOAGRÍCOLA
DEL LLANO, concluyendo que el acto administrativo por medio del cual se impuso la
sanción fue expedido en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio
reglamentado en el Capítulo II, Título VII de la Ley 142 de 1994 y en el que se
evacuaron en debida forma todas las etapas propias del mismo, en tanto que: (i) a
la demandante se le dio a conocer el pliego de cargos y se le otorgó la oportunidad
procesal para que realizara los descargos frente al mismo, (ii) en los descargos el
actor pudo presentar pruebas y controvertir las que sirvieron de fundamento al
pliego de cargos, (iii) los descargos fueron tenidos en consideración por la entidad
administrativa en el contenido del acto sancionatorio, (iv) el acto administrativo
26
Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Expediente: 08001-23-31-000-2009-01122-01 C.P. Dr.
Hernando Sánchez Sánchez.
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sancionatorio estuvo debidamente motivado y fue proferido por la entidad
competente, y (v) la Resolución fue notificada en debida forma al actor, quien tuvo
la oportunidad de interponer el recurso de reposición.
72. Finalmente, resulta importante señalar que el recurrente aduce que existió una
errada interpretación del Consejo de Estado en el fallo del 12 de julio de 2018, citado
anteriormente. En relación con este punto, es preciso resaltar que la sentencia que
es objeto de reproche es un fallo en firme cuyo alcance y aplicación a la presente
controversia es procedente en tanto lo discutido allí coincide con el tema que es
objeto de debate en el presente asunto, esto es, el alcance del factor NFC dentro de
la fórmula.
6.2.2. Del incumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 1° del
artículo 79 de la Ley 142 de 1994
73. La Sala debe determinar si los incumplimientos atribuidos a la demandante y
que motivaron el proceso sancionatorio en su contra, afectaron de manera directa
e inmediata a usuarios determinados según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo
79 de la Ley 142 de 1994 y, en esta medida, si la SSPD tenía competencia o no
para la expedición de los actos demandados.
74. Sobre el particular, debe indicarse que, de acuerdo con las prescripciones de la
Ley 142 de 1994, la SSPD se creó como un organismo de carácter técnico, que
ejerce funciones de policía administrativa por delegación del Presidente de la
República, las cuales, como lo ha sostenido esta Sección27, implican el ejercicio de
una potestad de mando y corrección. La primera, referida a propender por la
garantía en la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, en
términos de continuidad, oportunidad, calidad, entre otros; y la segunda, como
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 16 de
junio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Exp. número: 76-001-23-31-000-2008-00084-01.
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expresión propia de la intervención estatal, entendida como la obligación de actuar
ante la violación de la ley y los actos administrativos que regulan las actividades
antes referidas.
75. En lo concerniente a la potestad de corrección, el legislador en el artículo 79
numeral 1 de la Ley 142 de 1994, estableció la función de vigilar y controlar el
cumplimiento de las disposiciones a través de las cuales se regula la prestación de
los servicios públicos, en cuanto su desconocimiento, pueda afectar en forma
directa e inmediata a los usuarios. Dispone la norma lo siguiente:
“[…] Artículo 79. Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que,
en general, realicen actividades que las hagan sujetos de aplicación de las
Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la
Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes:
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los
que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el
cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios
determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no
sea competencia de otra autoridad.[…]” (Negrillas de la Sala)
76. Sobre el contenido y alcance de la norma referida, se ha pronunciado esta
Sección en el sentido de indicar que bajo el principio del efecto útil de las normas,
la competencia de la SSPD para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa
sobre la materia por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no
puede quedar supeditada a que en la actuación administrativa se acrediten todos y
cada uno de los casos en que los usuarios hayan sido perjudicados o, en otros
términos, a que se haga una identificación concreta y personalizada de cada uno de
los usuarios supuestamente afectados por la conducta del prestador, pues la ley lo
que exige para habilitar dicha potestad estatal es la existencia de una afectación
directa e inmediata de usuarios determinados por virtud del incumplimiento de la
normativa, pues debe diferenciarse entre el daño sufrido por los usuarios y la
facultad que tiene la SSPD para sancionar como órgano de supervisión estatal.
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77. En providencia del 10 de octubre de 201228, frente a la interpretación del
numeral 1° del artículo 79 de la Ley 142 de 1992, indicó esta Sección:
“[…] valga recordar que la interpretación de las normas jurídicas debe responder
al principio del efecto útil de la misma, conforme al cual si entre dos posibles
sentidos de un precepto, uno produce consecuencias jurídicas y el otro a nada
conduce, debe preferirse el primero. En este caso, el correcto entendimiento de
la norma legal que consagra la competencia de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para vigilar y controlar el cumplimiento de la
normativa a que se encuentran sometidos los prestadores de servicios públicos
domiciliarios, esto es, el que produce efectos jurídicos, es aquel que apunta a
que dicha potestad se activa, aun oficiosamente, a partir de la acreditación de
la afectación directa e inmediata de usuarios determinados por razón de
la conducta del prestador y no a partir de la detallada, concreta y
personalizada identificación de cada uno de los usuarios afectados dentro
del respectivo procedimiento, que solo se produciría si ante la Administración
se allegara una comunicación particular y concreta que diera cuenta de la
supuesta afectación, lo cual no necesariamente siempre ocurre.
La afectación directa e inmediata a usuarios determinados no supone que
exista una identificación personalizada o una individualización de los afectados
sino que, por el incumplimiento de la norma a que están sometidos los
prestadores del servicio, potencialmente resulten afectados unos usuarios
determinados 29, lo cual ocurre en este caso, pues es evidente que ante la
negativa de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá a suministrar a otros
operadores [entre ellos EPM Bogotá] el listado de todos sus usuarios y
suscriptores en forma sistematizada, en seguida resultarían afectados los
usuarios de aquellos, al no poder acceder debidamente al directorio telefónico
actualizado y al servicio de información del 113 que se alimenta con dicha
información.[…]”.
78. La anterior postura jurisprudencial, que por demás ha sido reiterada en
diversas oportunidades por esta Corporación30, permite concluir a esta Sala, tal
como lo hizo el a quo, que los argumentos del apelante devienen errados y
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia del 10 de
octubre de 2012; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Exp. número: 25000-23-24-000-2004-00523-
01.
29
Véase la sentencia del 22 de septiembre de 2011, proferida por la Sala en el proceso con radicado
núm. 1996-06880-01, actor: Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P., demandado: Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (Descongestión);
sentencia del 17 de mayo de 2018; C.P. Rocío Araújo Oñate; Exp. número: 76001-23-31-000-2007-
00465-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia
del 16 de junio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Exp. número: 76-001-23-31-000-2008-
00084-01.
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restrictivos al afirmar que se vulneró lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 79 de
la Ley 142 de 1994, por cuanto la SSPD no determinó cuáles eran los usuarios
directa e inmediatamente afectados por el incumplimiento de las normas que
motivaron el proceso sancionatorio en su contra. Lo anterior no solo porque como
se acaba de indicar en la providencia transcrita la afectación directa e inmediata a
usuarios determinados no supone que exista una identificación personalizada o una
individualización de los afectados, sino porque tal interpretación supondría que la
SSPD tan solo podría actuar a petición de parte a través de una queja o reclamación
individual por parte de un usuario determinado, desconociendo la naturaleza y el
papel que cumple la misma, que no es otro que el de asegurar la prestación del
servicio y la protección de los derechos de los usuarios.
79. Por lo anterior, este argumento tampoco está llamado a prosperar.
6.2.3. De la vulneración del artículo 38 del C.C.A. – Caducidad de la facultad
sancionatoria de la SSPD
80. La Sala debe definir si se configuró el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria de la SSPD en relación la conducta consistente en no realizar
las devoluciones por cobros no autorizados de acuerdo con lo señalado en el
artículo 148 de la Ley 142 de 1994 y la Resolución CRA 294 de 2004.
81. Para desatar este punto de la apelación, debemos recordar que dentro del
análisis realizado por el Tribunal se concluyó, que las conductas censuradas por la
SSPD dentro del proceso administrativo sancionatorio en contra de BIOAGRÍCOLA
DEL LLANO fueron dos, por lo que la caducidad debía analizarse respecto de cada
cargo en particular.
82. En efecto, dentro del pliego de cargos formulado en contra de la demandante
se plantearon los dos cargos, así:
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“[…]CARGO PRIMERO. APLICACIÓN INCORRECTA DE LA METODOLOGÍA
DE COSTOS Y TARIFAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.
PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 142
DE 1994 Y EN EL ARTÍCULO 9° DE LA RESOLUCIÓN CRA 351 DE 2005.
CARGO SEGUNDO. NO REALIZAR DEVOLUCIONES POR COBROS NO
AUTORIZADOS. PRESUNTA VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY
142 DE 1994 Y A LA RESOLUCIÓN CRA 294 DE 2004.[…]”
83. En lo que tiene que ver con la caducidad respecto del primer cargo, que no fue
objeto de apelación, baste recordar que el Tribunal indicó que al tratarse de una
conducta de ejecución continuada, el término de caducidad debía contabilizase a
partir del momento en que la conducta reprochada cesara, lo cual ocurrió en
diciembre de 2009. Dado que la Resolución SSPD- 2011400012715 del 18 de mayo
de 2011 se notificó por edicto que se desfijó el 5 de julio de 2011, la facultad
sancionatoria de la SSPD respecto de la conducta reprochada en el primer cargo
no estaba caducada.
84. Por su parte, al analizar el fenómeno de la caducidad respecto del segundo
cargo, el Tribunal indicó lo siguiente:
“[…] Sin embargo, en lo relativo a la segunda conducta objeto de sanción, o
sea, la no devolución a los usuarios de las sumas cobradas en exceso producto
de calcularse mal el factor NFC de la fórmula para el cálculo del valor del
CCSAJ, este Tribunal recoge la postura del Consejo de Estado en sentencia del
12 de julio de 2018 en la que al analizar un caso similar sostuvo que:
"(...) la facturación no responde a un supuesto genérico que ocupe
de manera trasversal la interpretación de una norma, sino a la
definición particular y concreta del cobro que la empresa materializa
en períodos uniformes -mensuales, bimensuales, etcétera- a cada
uno de sus suscriptores y/o usuarios, de conformidad con los
consumos en los que incurran, las cifras y variables legalmente
autorizadas por la autoridad pública reguladora del servicio prestado
y el respectivo contrato de condiciones uniformes, siendo entonces
una actividad plenamente identificable como de ejecución
instantánea." (Negrilla fuera de texto)
Por consiguiente, teniendo en consideración que la caducidad de la facultad
sancionatoria cuando se trata de conductas de ejecución instantánea debe
computarse desde la realización de la conducta, encuentra la sala que para la
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Número de radicación: 50001 23 31 000 2012 00238 01
Demandante: Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
fecha en que se notificó del acto sancionatorio (05 de julio de 2011), la
competencia de la SSPD se encontraba caducada respecto de las
actuaciones anteriores al 05 de julio de 2008.
Sin embargo, siguiendo el análisis realizado por el Alto Tribunal en la
sentencia en cita, la caducidad no tiene la virtualidad de afectar la decisión
que por este cargo se tomó frente a la demandada, toda vez que en la
fijación del monto de la multa la SSPD no tuvo en cuenta la cantidad de
facturas emitidas por la empresa prestadora del servicio; simplemente,
analizó el hecho de vulnerar el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 que
impide el cobro de tarifas no autorizadas y la Resolución CRA 294 de 2004
que señala la obligación de la empresa prestadora del servicio de devolver
al suscriptor o usuario la diferencia de la tarifa cobrada producto de una
aplicación indebida de la norma, deber este que a juicio de la sala no
puede considerarse una sanción como para aplicarle las reglas de
caducidad.[…]”. (Negrillas de la Sala).
85. Para el apelante si la SSPD no era competente para determinar el
incumplimiento del deber establecido en el segundo cargo, por razones de
caducidad, tampoco tenía competencia para ordenar la devolución como producto
del reproche realizado, pues “si bien es posible afirmar que la devolución no es una
sanción no puede desconocerse que es consecuencia de la respectiva aplicación
del trámite sancionatorio.”
86. La Sala se aparta del análisis realizado por el a quo en relación con la caducidad
potestad sancionatoria de la SSPD respecto del segundo cargo formulado a la
demandante, en tanto que la caducidad debe estudiarse en relación con el hecho
de no haberse realizado a los usuarios las devoluciones de los cobros no
autorizados por parte de BIOAGRÍCOLA DE LLANO, y no frente al hecho de haber
facturado unos cobros de tarifas no autorizadas, como lo consideró el Tribunal.
87. En efecto, resulta relevante recordar que el segundo cargo consistió en “[…] NO
REALIZAR DEVOLUCIONES POR COBROS NO AUTORIZADOS […]”, conducta
que a juicio de esta Sala corresponde a una de carácter continuado, respecto de la
cual la caducidad inicia su computo desde el momento en que ella cese o finalice
para el caso a partir del momento en el que BIOAGRÍCOLA DEL LLANO comenzó a
efectuar las devoluciones ordenadas.
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88. Dentro de los documentos que obran en plenario, se evidencian varias
certificaciones de la empresa BIOAGRÍCOLA DEL LLANO que dan cuenta de que el
cronograma de devoluciones a los usuarios fue presentado con algunos ajustes el
15 febrero de 2012 (Rad. SSPD 20125290073352), el cual estaba proyectado por
un periodo de 13 años y por un valor total de $8.099.923.149.31
89. Así las cosas, la caducidad para el segundo cargo debió comenzar a
contabilizarse por lo menos desde febrero de 2012, que fue cuando la empresa
demandante estableció un plan de pagos para devolver a los usuarios los valores
cobrados en exceso. Luego, como quiera que la Resolución SSPD- 2011400012715
del 18 de mayo de 2011 se notificó por edicto que se desfijó el 5 de julio de 2011,
quiere ello decir que la facultad sancionatoria de la SSPD respecto de la conducta
reprochada, se ejerció dentro del término de tres años establecido por la norma.
90. Por las razones expuestas en este acápite, no prospera el argumento de
vulneración del artículo 38 del C.C.A. por caducidad de la facultad sancionatoria de
la SSPD.
6.3. Conclusión de la Sala
91. La Sala considera que en el caso sub examine, los argumentos expuestos por
la parte demandante en el recurso de apelación no están llamados a prosperar, por
cuanto no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos
acusados y, por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia apelada.
6.4. Condena en costas
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Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO TRIBUNAL(.pdf)
NroActua 25. Folios 64-74
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Vistos el artículo 171 del C.C.A sobre la condena en costas y considerando la
conducta de las partes, la Sala no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Señor Consejero de
Estado doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia el 03 de
octubre de 2019 por la Sala de Decisión Escritural No. 5 del Tribunal Administrativo
del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Reconocer personería al doctor Yair Alfonso Mozo
Pacheco identificado con cédula de ciudadanía No. 1.079.913.966 de Pivijay
(Magdalena) y portador de la Tarjeta Profesional No. 230.717 del C.S. de la J. para
actuar en nombre y representación de la Superintendencia de Servicios Públicos.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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