Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-07071-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-07071-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-07071-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
24 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07071-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio
autónomo Fidecomiso Valparaíso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07071-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio autónomo
Fidecomiso Valparaíso
Accionados: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Zipaquirá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la
accionante en contra de la sentencia de tutela de 27 de febrero de 2025
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
I. LA SOLICITUD
La sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de vocera del patrimonio
autónomo Fidecomiso Valparaíso, promovió acción de tutela contra el
Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá1 y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca2, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de
los autos proferidos el 30 de marzo de 2023 y el 25 de septiembre de 2024,
respectivamente, mediante los cuales se rechazó por improcedente el
recurso de apelación interpuesto contra el proveído que decretó la medida
cautelar dentro del proceso de nulidad con número único de radicado 25899-
33-33-002-2021-00014-00/04, y se declaró bien denegado el citado recurso
al resolver el recurso de queja interpuesto contra dicha decisión.
Señaló que el Municipio de Sesquilé expidió el Acuerdo N° 004 de 2019,
mediante el cual realizó una modificación excepcional al Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio, incorporando 34 predios rurales al
perímetro urbano, entre ellos el inmueble denominado “Valparaíso”,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-47634 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá.
1 En adelante el Juzgado.
2 En adelante el Tribunal.
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Accionante: Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio
autónomo Fidecomiso Valparaíso
Indicó que la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de vocera del
patrimonio autónomo Fidecomiso Valparaíso, es propietaria del predio
mencionado.
Sostuvo que el 29 de enero de 2021, se interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad simple contra el Acuerdo N° 004 de 2019, en la
cual solicitó la suspensión provisional del citado acto.
Adujo que, una vez admitida la demanda, el Juzgado mediante auto del 7
de octubre de 2021 ordenó la suspensión provisional del Acuerdo, decisión
que fue revocada el por el Tribunal 24 de marzo de 2022.
Señaló que el 7 de diciembre de 2022, los demandantes presentaron una
nueva medida cautelar argumentando la existencia de hechos
sobrevinientes que justificaban la suspensión provisional del acto acusado,
la cual fue decretada por el Juzgado por auto del 26 de enero de 2023.
Aseguró que junto con el Municipio de Sesquilé interpusieron recurso de
apelación contra la anterior decisión, recurso que fue concedido mediante
proveído del 23 de febrero de 2023.
Expuso que el 1 de marzo de 2023, los demandantes formularon recurso de
reposición contra el auto que concedió la apelación, el cual fue decidido
mediante providencia del 30 de marzo de 2023, en el sentido de reponer y,
en consecuencia, rechazar por improcedente la apelación.
Reseñó que contra la anterior decisión interpuso recurso de queja, el cual
fue decidido por el Tribunal en proveído del 25 de septiembre de 2024,
declarando bien denegado el recurso de apelación contra el auto del 26 de
enero de 2023 que decretó la suspensión provisional del acto acusado.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto del 20 de enero de 2025, el magistrado sustanciador de
la Sección Cuarta admitió la acción de tutela interpuesta contra el Juzgado
y el Tribunal; vinculó al alcalde de Sesquilé y a los señores Édgar Antonio
Flórez Castro, Ernesto Sánchez Sánchez y María Diomar Casas González y;
se pronunció sobre las pruebas.
2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá
presentó informe en el que se opone a las pretensiones de la tutela, con
fundamento en los siguientes argumentos:
Indicó que no existe vulneración de los derechos fundamentales, ya que no
se transgredió los derechos al debido proceso y el acceso a la administración
de justicia de la accionante, pues todas las decisiones adoptadas en el
proceso de nulidad se ajustaron a la Ley 1437 de 2011 y a la jurisprudencia
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vigente, garantizando los principios de contradicción, doble instancia y
legalidad.
Precisó que la negativa de conceder el recurso de apelación contra la medida
cautelar solicitada con fundamento en hechos sobrevinientes se sustentó en
el inciso final del artículo 233 del CPACA, el cual establece que contra este
tipo de decisiones no procede recurso alguno.
Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, dado
que la parte accionante pretende reabrir un debate ya resuelto por las
instancias judiciales competentes dentro del medio de control de nulidad.
2.3. La Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca presentó informe en el que solicita se
niegue el amparo con sustento en las siguientes consideraciones:
Indicó que el presente asunto no tiene relevancia constitucional pues no se
configuró ninguna irregularidad procesal ni tampoco los defectos que
ameriten su procedencia. Agregó que el auto que declaró bien denegado el
recurso de apelación contra el auto del 26 de enero de 2023 se fundamentó
en las normas procesales aplicables, las cuales garantizan la materialización
del derecho al debido proceso en el trámite de las acciones judiciales.
Aseguró que, tras el análisis del caso concreto, se concluyó que el auto del
26 de enero de 2023 proferido por el Juzgado, mediante el cual se decretó
una medida cautelar, se basó en hechos sobrevinientes, lo que hacía
ineludible la aplicación del inciso final del artículo 233 del CPACA.
2.4. El alcalde del Municipio de Sesquilé y los señores Édgar Antonio
Flórez Castro, Ernesto Sánchez Sánchez y María Diomar Casas
González no se pronunciaron pese a que fueron debidamente notificados.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta de esta Corporación, mediante sentencia de 27 de febrero
de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Indica, después de realizar un recuento de las actuaciones que se surtieron
en el proceso ordinario que, tras su revisión, se constató que el proceso
judicial aún se encuentra en curso y que no se ha emitido una decisión
definitiva, por lo que no es procedente la intervención del juez constitucional
en la órbita del juez ordinario.
Resalta que en el presente caso no se acreditó la existencia de circunstancias
de urgencia, inminencia, impostergabilidad o gravedad que evidencien un
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perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora y que, por tanto, haga necesaria la intervención
del juez de tutela.
IV. LA IMPUGNACIÓN
La parte actora presentó impugnación contra la sentencia de primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:
Señaló que la acción de tutela cumple con el requisito general de
subsidiariedad, por cuanto se presentó luego de agotarse todos los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa. Indicó que los únicos
mecanismos procedentes para su defensa fueron los recursos de reposición
y queja, los cuales fueron ejercidos oportunamente.
Sostuvo que el a quo concluyó que la acción de tutela no era procedente,
dado que en el proceso de nulidad aún no se ha emitido una decisión
definitiva; no obstante, dicha interpretación desconoce que la tutela no
pretende sustituir el proceso ordinario, sino corregir un vicio de trámite que
limita el acceso a la administración de justicia.
Agregó que, la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela
procede contra providencias judiciales cuando se configuran defectos
procedimentales graves, como ocurre en el presente asunto en el que el
Juzgado y el Tribunal vulneraron el derecho a la doble instancia al negar
injustificadamente la apelación contra la medida cautelar. Resaltó que se
trata de una decisión procesal con efectos inmediatos, por lo que su revisión
no puede aplazarse hasta el fallo definitivo del proceso ordinario, pues para
entonces el perjuicio ya se habrá materializado de manera irremediable.
Manifestó que, contrario a lo sostenido en la decisión recurrida, sí se
configura un perjuicio irremediable, al estimar que:
“(...) • La medida cautelar impuesta afecta directamente los derechos
de mi representada sobre el predio Valparaíso, comoquiera que
suspende la condición de suelo urbano del mismo, lo que puede
repercutir en su desarrollo urbanístico y generar un daño patrimonial
significativo.
• No existe otro mecanismo eficaz dentro del proceso ordinario para
revisar la negativa del recurso de apelación.
• La incertidumbre jurídica derivada de la imposibilidad de controvertir
la medida cautelar genera una afectación grave y actual, que no puede
ser reparada con posterioridad.(...)”
Agregó que se configura un perjuicio inminente, toda vez que la declaratoria
de improcedencia del recurso de apelación contra la medida de suspensión
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provisional del Acuerdo No. 004 de 2019 impidió agotar los mecanismos
legales disponibles para obtener una decisión favorable sobre dicha medida
cautelar. Señaló que la negativa a estudiar el recurso de apelación, al ser
rechazado por improcedente, privó del derecho a impugnar efectivamente
la decisión adoptada, por lo que las providencias judiciales censuradas
vulneraron el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, al
fundamentar su actuación en el supuesto surgimiento de un hecho
sobreviniente de la medida cautelar, sin considerar el derecho fundamental
a una revisión en segunda instancia.
Manifestó que el perjuicio es grave, en la medida en que implica un
detrimento económico significativo para la sociedad accionante, dado que la
suspensión provisional del Acuerdo No. 004 de 2019 afecta directamente el
desarrollo de 34 predios rurales incorporados al perímetro urbano, entre
ellos el inmueble denominado “Valparaíso”, de propiedad del Fideicomiso
Valparaíso, representado por Alianza Fiduciaria S.A. Aseveró que la
imposibilidad de continuar con el desarrollo urbanístico de dicho predio
impacta la inversión realizada, perjudicando no solo a la sociedad
accionante, sino también a terceros interesados en la ejecución del
proyecto.
Concluyó que la adopción de medidas urgentes es impostergable, pues la
suspensión del acto administrativo le ha generado obstáculos significativos,
limitando su capacidad de acceder a créditos y financiamiento para el
desarrollo del predio “Valparaíso”. Resaltó que la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia se agrava por el hecho de que las providencias judiciales
impugnadas se encuentran ejecutoriadas, dado que el recurso de apelación
era el único mecanismo disponible para revisar la medida cautelar, su
rechazo por parte de los despachos accionados dejó a la parte accionante
en estado de indefensión.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
5.2. Hechos relevantes
5.2.1. El 29 de enero de 2021, los señores Edgar Antonio Flórez Castro,
Ernesto Sánchez Sánchez y María Diomar Casas González interpusieron
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demanda en ejercicio del medio de control de nulidad simple contra el
Acuerdo N.º 004 de 2019, en la cual solicitaron la suspensión provisional del
acto acusado. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Administrativo de Zipaquirá bajo el radicado número 25899-33-33-002-
2021-00014-00.
5.2.2. Mediante auto del 7 de octubre de 2021 el Juzgado ordenó la
suspensión provisional del acto demandado; no obstante, el 24 de marzo de
2022, el Tribunal revocó dicha decisión y negó la medida cautelar.
5.2.3. El 7 de diciembre de 2022, los demandantes presentaron una nueva
solicitud de medida cautelar, argumentando la existencia de hechos
sobrevinientes para justificar la suspensión provisional del Acuerdo No. 004
de 2019.
5.2.4. Por auto del 26 de enero de 2023 el Juzgado decretó la suspensión
provisional del acto acusado, decisión contra la cual se interpuso recurso de
apelación tanto por el Municipio de Sesquilé como por la accionante, recurso
que fue concedido mediante providencia del 23 de febrero de 2023.
5.2.5. El 1 de marzo de 2023, los demandantes dentro del proceso ordinario
interpusieron recurso de reposición contra el auto que concedió la apelación,
recurso que fue resuelto en auto del 30 de marzo de 2023, en el sentido
de reponer y, en consecuencia, rechazar por improcedente la apelación, al
considerar que:
“(...) Conforme a la normatividad antes señalada encuentra el Despacho
que si bien existe una norma general que consagra las providencias
susceptibles de apelación, de manera particular, el artículo 233 en el
inciso final estipula la situación particular cuando se ha negado la
medida cautelar y se solicita nuevamente por hechos sobrevinientes,
señalando que en este evento contra el auto que la resuelva no procede
recurso alguno (...)”
5.2.6. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de queja, el cual fue
decidido por el Tribunal en providencia de 25 de septiembre de 2024, en
el sentido de declarar bien denegado el recurso de apelación contra el auto
del 26 de enero de 2023, al estimar que:
“(...) En efecto, la nueva solicitud de medida cautelar que formuló el
demandante se basó en un hecho sobreviniente (ocurrido durante el
trámite procesal), esto es, una vez practicada una inspección judicial
con exhibición de documentos que concluyó en que la Resolución No.
053 de 2018 tenía dos versiones y que su contenido influyó en la
expedición del Acuerdo No. 004 de 2019, demandado.
En suma, como la medida cautelar decretada por auto del 26 de enero
de 2023 se fundamentó en hechos sobrevinientes y antes de tal solicitud
se había negado la primera petición de medida cautelar (porque el
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Tribunal revocó la del juzgado que accedió) el artículo 233 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es
la norma aplicable en la presente controversia y estipula que contra
dicho auto no procede ningún recurso.
Por lo tanto, el Despacho considera bien denegado el recurso de
apelación interpuesto por los apoderados de la sociedad Alianza
Fiduciaria S.A., vocera del Patrimonio Autónomo Valparaíso, y el
Municipio de Sesquilé, Cundinamarca, en contra del auto del 26 de enero
de 2023 (...)”
5.3. Análisis de la Sala
5.3.1. De acuerdo con lo expuesto, la parte accionante pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, los cuales estima le fueron vulnerados con
ocasión de las providencias del 30 de marzo de 2023 y 25 de septiembre de
2024, proferidas por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente, por medio
de las cuales se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto
contra el auto que ordenó la suspensión provisional de acto acusado dentro
del proceso de nulidad simple identificado con el número 2021-00014-00 y,
que declaró bien denegado el recurso de apelación al resolver el recurso de
queja.
El Juez de tutela de primera instancia declaró improcedente la presente
solicitud de amparo, al considerar que no se cumple con el requisito general
de procedibilidad relacionado con la subsidiariedad, dado que el medio de
control de nulidad aún se encuentra en trámite y no se ha emitido una
decisión definitiva. Adicionalmente, concluyó que no se evidencia la
existencia de un perjuicio irremediable que justifique la interposición de la
acción de tutela como mecanismo transitorio.
5.3.2. Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que, tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales, debe realizarse una
cuidadosa verificación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de
evitar que este mecanismo excepcional se convierta en una vía para
desconocer principios constitucionales como la cosa juzgada, el debido
proceso, la seguridad jurídica y la independencia judicial.
En relación con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
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judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable3.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, uno de los requisitos que se debe cumplir es el de
subsidiariedad, en la medida que solo resulta procedente cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque
evitar un perjuicio irremediable4.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial5: (i) cuando el asunto está
en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en
el ordenamiento jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de
los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y
grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para
superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional sea
impostergable6.
5.3.3. En el caso concreto, se observa que el punto de controversia se
centra en lo decidido mediante los autos del 30 de marzo de 2023 y del 25
de septiembre de 2024. En el primero, el Juzgado resolvió el recurso de
reposición rechazando, por improcedente, la apelación interpuesta por el
Municipio de Sesquilé y por la aquí accionante. En el segundo, el Tribunal
declaró bien denegado dicho recurso de apelación, el cual había sido
presentado contra el auto del 26 de enero de 2023, mediante el cual se
decretó nuevamente la suspensión provisional del Acuerdo No. 004 de 2019.
Ahora bien, de la revisión del proceso ordinario a través de la sede
3 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
4 Sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
6 Sentencia T-150 de 2016.
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electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (SAMAI), la
Sala observa que el proceso con número único de radicación 25899-33-33-
002-2021-00014-007 —dentro del cual se profirieron las decisiones objeto
de controversia— se encuentra vigente y aún no se ha dictado decisión
definitiva, pues actualmente se encuentra en etapa probatoria ante el
Juzgado.
En ese sentido, la Sala comparte la decisión adoptada por el juez de tutela
de primera instancia, en cuanto a declarar la improcedencia de la acción
constitucional por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, ya que, si bien
en el proceso se agotaron los recursos ordinarios contra el proveído
cuestionado, lo cual, en principio, haría pensar en el cumplimiento de dicho
requisito, esta Sección8 ha señalado que, cuando el proceso se encuentra
en curso, la acción de tutela no resulta procedente para controvertir
decisiones adversas a las partes, en aquellos eventos en los que no puede
establecerse con certeza la incidencia de la presunta irregularidad procesal
en la decisión que ponga fin al proceso, como ocurre en el caso concreto.
5.3.4. Por otra parte, la Sala no advierte que la accionante haya acreditado
la configuración de un perjuicio irremediable que, de manera excepcional,
habilite el estudio de fondo del caso.
En este asunto, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional ha
fijado los siguientes criterios a partir de los cuales se debe analizar si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un
perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional: (i) que el perjuicio se produce de manera cierta
y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es
inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
7
Ver expediente nro. 25899-33-33-002-2021-00014-00 link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=258993333
002202100014002589933
8
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, radicación 11001031500020170300600. “[…] Es necesario
reiterar que, por regla general, cuando el proceso se encuentra en curso la acción
de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del
proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se
puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal
en la decisión que pone fin al proceso. || Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad
de acudir a la acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que no convienen
a las partes en el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son
inciertos, y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable. || En
este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso del proceso
impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva de
la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de defensa al interior del proceso,
resultaría procedente asumir su estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en
el caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en trámite. […]”.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de enero de 2022, C.P. doctor
Hernando Sánchez Sánchez, radicación 110010315000202111320-00.
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producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el
sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
Ahora bien, el Juez de tutela de primera instancia consideró que en el caso
sub examine el perjuicio irremediable no se configura, toda vez que “no se
acreditó en el presente caso la existencia de circunstancias de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que evidencien un perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención del juez de tutela”.
Por su parte, el impugnante señaló que el perjuicio es grave, en tanto
implica un detrimento económico significativo para la sociedad accionante,
ya que la suspensión provisional del Acuerdo No. 004 de 2019 afecta
directamente el desarrollo de 34 predios rurales incorporados al perímetro
urbano, incluido el inmueble denominado “Valparaíso”. La imposibilidad de
continuar con el desarrollo urbanístico de este predio impacta
negativamente la inversión realizada, perjudicando no solo a la sociedad
accionante, sino también a terceros interesados en la ejecución del
proyecto.
Adicionalmente, argumentó que la adopción de medidas urgentes es
impostergable, pues la suspensión del acto administrativo ha generado
obstáculos relevantes para la sociedad accionante, limitando su capacidad
de acceso a créditos y financiación requeridos para la ejecución del proyecto.
Pues bien, a partir de lo expuesto por la accionante en el libelo introductorio
y en el escrito de impugnación, la Sala considera que no es posible
establecer la existencia de un perjuicio irremediable. Ello, por cuanto, de
una parte, no se advierte un perjuicio cierto y evidente sobre los derechos
fundamentales invocados, ya que, lo que se observa es que la parte actora
ha contado con las oportunidades procesales para pronunciarse sobre las
medidas cautelares solicitadas dentro del proceso ordinario, así como que
ha podido interponer los recursos que estima procedentes, los cuales han
sido objeto de pronunciamiento por el juez natural de la causa, aunque los
resultados le hayan sido desfavorables. En este punto, cabe señalar que un
pronunciamiento del juez competente no sólo corresponde a aquel que
acoge los argumentos de la accionante, sino también aquel que analiza y
decide porque los recursos interpuestos resultan o no procedentes con
fundamento en las normas que considera pertinentes.
De otra parte, los argumentos expuestos sobre el presunto perjuicio se
limitan a señalar efectos adversos derivados de las decisiones adoptadas en
el proceso ordinario, sin demostrar de forma suficiente que tales
consecuencias representen una afectación directa y actual a sus derechos
fundamentales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07071-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio
autónomo Fidecomiso Valparaíso
Por tal motivo, observa la Sala que: i) el proceso ordinario aún se encuentra
en trámite, sin que se haya proferido una decisión definitiva, lo cual hace
improcedente la presente acción en lo relativo al requisito general de
subsidiariedad; ii) no se configura un perjuicio irremediable, toda vez que
los argumentos expuestos por la accionante se orientan al presunto perjuicio
generado por las providencias cuestionadas dentro del proceso ordinario, y
no a una afectación directa de sus derechos fundamentales; y iii) no se
evidencia una gravedad de los hechos de tal magnitud que requiera la
intervención del juez constitucional para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales invocados, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, pues del análisis del trámite ordinario
se advierte que se han respetado las garantías procesales, y que la
accionante ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa aun
cuando las providencias dictadas le hayan resultado de manera
desfavorable.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por la sociedad
Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de vocera del patrimonio autónomo
Fideicomiso “Valparaíso”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de febrero de 2025 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado
Presidenta
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07071-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A. vocera del patrimonio
autónomo Fidecomiso Valparaíso
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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