Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11320-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11320-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11320-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202111320-00
Actores: Deltec S.A. y Gesinso Power & Energy Engineering S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
de subsidiariedad
Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: i) Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Deltec S.A. y Gesinso Power &
Energy Engineering S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de Caldas, porque, a
su juicio, al proferir los autos de 5 de noviembre de 2021 y 25 de noviembre de 2021,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 170012333000201800293-00, vulneró su derecho fundamental
invocado supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202111320-00
Actores: Deltec S.A. y Gesinso Power & Energy Engineering S.A.S.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, a través de apoderado1, presentaron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Caldas, porque, a su juicio, al proferir los autos de 5 de
noviembre de 2021 y 25 de noviembre de 2021, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
170012333000201800293-00, vulneró su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, el 3 de octubre de 2017, Gestión Energética S.A. E.S.P. – Gensa
dio apertura a una convocatoria pública, con el objeto de contratar el suministro de
energía a favor de dicha empresa por el período de 10 años2, la cual se rigió por el
régimen de derecho privado, el reglamento de contratación de Gensa y se debía
llevar a cabo bajo los principios de la contratación pública.
4. Expuso que, a la referida convocatoria se presentaron 5 oferentes, entre ellos,
las promesas de sociedades futuras Sol de Inírida S.A.S. E.S.P. y Solar Power
S.A.S. E.S.P. (sus integrantes son las sociedades tutelantes). Precisó que, en el
pliego de condiciones se estableció que uno de los “[…] documentos jurídicos […]”
exigidos a los oferentes era constituir a favor de Gensa una garantía de seriedad
de la oferta, la cual debía ir acompañada del correspondiente recibo de pago y, se
advirtió que este requisito sería subsanable “[…] siempre y cuando la garantía haya
sido cancelada con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta […]”.
1 Documento denominado “ED_ACCIONDETUTELAD(.pdf) NroAc tua 2”. Archivo aportado en forma digital.
2 Para lo cual el contratista se obligaría a construir una granja solar, incluyendo todas las obras y suministros
de equipo bajo su propio costo y responsabilidad, “debiéndola integrar al sistema hibrido solar – diesel que
funcionará en Inírida, además deberá operar, administrar y mantener las instalaciones, bajo su propio costo y
entera responsabilidad”.
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Actores: Deltec S.A. y Gesinso Power & Energy Engineering S.A.S.
5. Manifestó que, dos de los proponentes (promesas de sociedades futuras Sol
de Inírida S.A.S. y Energía Solar Rural S.A.S.) incumplieron con el requisito de
aportar el recibo de pago de la póliza de seriedad de la oferta, razón por la cual, el
27 de noviembre de 2017, en el informe preliminar de evaluación Gensa se les
solicitó subsanar sus ofertas, para lo cual debían aportar el mencionado recibo de
pago o, de lo contrario, sus ofertas serían rechazadas.
6. Sostuvo que, Sol de Inírida S.A.S., con el fin de evitar el rechazo de su oferta,
aportó una certificación expedida por Seguros del Estado S.A. que decía que el 14
de noviembre de 2017 realizó el pago de la póliza de garantía de seriedad de la
oferta, información que resultó contraria a la realidad, toda vez que esa fecha no
correspondía con la de la realización del pago, situación que Solar Power le puso
de presente a Gensa y, como consecuencia, el 14 de diciembre de 2017, Seguros
del Estado S.A., mediante un correo electrónico que remitió al corredor de seguros
de Gensa, reconoció que Sol de Inírida realizó el pago de la garantía de seriedad
de la oferta el 16 de noviembre de 2017 y no el 14 de ese mismo mes y año -fecha
de cierre de la convocatoria- como lo había indicado inicialmente en la certificación
que esa sociedad futura aportó para subsanar su oferta.
7. Explicó que, pese a lo anterior, el 18 de diciembre de 2017, la Secretaría
General de Gensa profirió el memorando núm. SEG-079, a través del cual
determinó que Sol de Inírida S.A.S. había subsanado debidamente la oferta y
rechazó la presentada por la sociedad futura Energía Solar Rural S.A.S. E.S.P.,
argumentando que ese oferente no había acreditado que, para el 14 de noviembre
de 2017, hubiese pagado la póliza de garantía de seriedad de la oferta.
8. Señaló que, Gensa realizó la evaluación técnica y económica de las ofertas
presentadas por Sol de Inírida S.A.S. y Solar Power, configurándose un empate en
la asignación de puntajes en la evaluación económica, por lo cual se aplicaron los
criterios de desempate regulados en el pliego de condiciones. Precisó que,
mediante memorando núm. GGEN-152 de 18 de diciembre de 2017 se “[…]
recomendó aceptar la oferta de la PROMESA SOL DE INÍRIDA para suscribir el
contrato objeto de convocatoria […]”, decisión que fue controvertida por Solar
Power “[…] por posible violación de la ley […]”.
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9. Mencionó que, el 20 de diciembre de 2017, Gensa profirió la comunicación
núm. PRE-0031322017, a través de la cual aceptó la oferta presentada por Sol de
Inírida S.A.S. para celebrar el contrato de la referencia.
10. Indicó que, el 31 de mayo de 2018, las sociedades Deltec S.A. y Gesinso Power
& Energy Engineering S.A.S., integrantes de la promesa de sociedad futura Solar
Power S.A.S. E.S.P., interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra Gensa y Sol de Inírida S.A.S. E.S.P.,
al considerar que la comunicación núm. PRE-0031322017 desconoció que la oferta
de Sol de Inírida no cumplió con todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones. Manifestó que, para tal efecto, formularon las siguientes pretensiones:
“[…] DECLARATIVAS:
“1. Que se declare que el documento denominado ‘Carta Aceptación Convocatoria
Pública Granja Solar’, del 20 de diciembre de 2017, mediante el cual la sociedad
GENSA S.A. E.S.P., procedió a aceptar la propuesta presentada por la PROMESA
DE SOCIEDAD FUTURA SOL DE INÌRIDA S.A.S. E.S.P. en el marco de la
Convocatoria Pública cuyo objeto es ‘CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
A FAVOR DE GENSA DURANTE EL PERIODO DE 10 AÑOS…’, es un Acto
Administrativo.
“2. Que se declare que la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SOL DE INÌRIDA
S.A.S. E.S.P., integrada por las sociedades ANDITEL S.A.S., GRANSOLAR DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN SL y XANTIA –XAMUELS S.A.S., no cumplió con los requisitos
necesarios para que su oferta fuera evaluada y aceptada por GENSA S.A. E.S.P. en
el marco de la Convocatoria Pública cuyo objeto es ‘CONTRATAR EL SUMINISTRO
DE ENERGÍA A FAVOR DE GENSA DURANTE EL PERIODO DE 10 AÑOS…’
“3. Que se declare que GENSA S.A. no debió haber evaluada (sic) y aceptada y por
tanto no debió haber tenido en cuenta, la oferta presentada por la PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA SOL DE INÌRIDA S.A.S. E.S.P.
“4. Que se declare que la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SOLAR POWER
S.A.S. E.S.P., integrada por GESINSO S.A. y DELTEC S.A. fue la única que cumplió
los requisitos de la Convocatoria Pública referida en la primera pretensión y que
presentó la mejor oferta válida dentro de dicha convocatoria.
“5. Que se declare, como Acto Administrativo que es, la nulidad del documento
denominado ‘Carta de Aceptación Convocatoria Pública Granja Solar’
“DE CONDENA:
“6. Que se condene a GENSA S.A. E.S.P. al restablecimiento del derecho de
GESINSO S.A.S. y DELTEC S.A., esto es, al pago de los perjuicios ocasionados a
estas, según como quede probado en el proceso […]”.
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11. Sostuvo que, admitida la demanda3 y su reforma4, fueron contestadas por
las demandadas.
12. Expuso que, en la audiencia inicial de 28 de enero de 2020, el Tribunal
Administrativo de Caldas declaró no probada la excepción de inepta demanda
propuesta por las demandadas, al considerar que, entre otras razones, la
comunicación núm. PRE-0031322017 de 20 de diciembre de 2017 si era un acto
pasible de ser demandado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
13. Mencionó que, contra la anterior decisión, el apoderado de Gensa interpuso
y sustentó recurso de apelación en la audiencia inicial; en tanto que, el apoderado
de Sol Inírida S.A.S. coadyuvó la apelación presentada por Gensa.
14. Adujo que, mediante auto de 15 de octubre de 2020, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió:
“[…] PRIMERO: MODIFICAR el auto proferido en la audiencia inicial del 28 de enero
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: Se ADECÚA el medio de control de reparación directa para continuar
con el conocimiento del proceso de la referencia, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión del tribunal de declarar no probada la
excepción de inepta demanda por carencia de poder, así como la de agotamiento de
la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad de la demanda […]”.
14.1. Como fundamento de su decisión dicha autoridad judicial manifestó lo
siguiente:
“[…] Determinada la jurisdicción de conocimiento y la naturaleza y régimen jurídico
de la comunicación PRE-0031322017 del 20 de diciembre de 2017, “Carta
Aceptación Convocatoria Pública Granja Solar”, debe establecerse cuál es el medio
de control por medio del cual se deben encauzar las pretensiones de la demanda.
Para ello, los medios de control han encontrado el fundamento de su distinción en si
la controversia se refiere a actos, hechos, omisiones, operaciones o contratos
administrativos; en este contexto, no resulta tan claro enmarcar un litigio que se rige
3 Mediante auto de 9 de octubre de 2018.
4 Mediante auto de 24 de mayo de 2019.
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por el derecho privado en la lógica conceptual que detentan los medios de control
de actos administrativos que se encuentran previstos en el CPACA.
Bajo este escenario, se tiene que: i) si el daño proviene de la ilegalidad de un acto
administrativo particular, el medio de control procedente será el de nulidad y
restablecimiento del derecho, ii) si se origina en un contrato del Estado, las partes
contratantes, el Ministerio Público o un tercero con interés directo podrán ejercer el
medio de control de controversias contractuales y iii) si el origen del daño es un
hecho jurídico, una omisión o una operación administrativa, el idóneo será el de
reparación directa. Este último medio de control, también será el adecuado para
eventos en los cuales la fuente del daño sea un acto administrativo legal, cuya
validez no se cuestiona, o cuando el daño provenga de la renuencia por parte de la
administración de celebrar un contrato ya adjudicado, hipótesis que no están
comprometidas en el asunto estudiado.
Así las cosas, en términos generales, el medio de control a elegir por el demandante
depende de la fuente u origen del daño que el actor reclame que le sea reparado y
de la naturaleza del acto que pretenda controvertir.
Teniendo en cuenta lo expuesto y una vez en claro que el acto precontractual
demandado constituye un acto jurídico de carácter privado, se concluye que el
daño alegado por el actor no tuvo origen en la presunta ilegalidad de un acto
administrativo y, por ende, el medio de control idóneo para estudiar esta
controversia corresponde al de reparación directa, contemplada en el artículo 140
del CPACA.
Lo anterior, por cuanto de la redacción de la citada disposición, se comprende que el
medio de control de reparación directa no se circunscribe a controversias que
encuentren causa en hechos, omisiones y operaciones administrativas, sino que se
extiende a “cualquier otra causa” […]”. (Resaltado por la Sala)
15. Indicó que, en la audiencia inicial de 10 de agosto de 2021, el Despacho
decretó la prueba documental solicitada por la parte actora, la cual consistió en
ordenar a Sol de Inírida que aportara lo siguiente:
“[…] • Copia del contrato Granja Solar suscrito por las partes.
• Copia de toda la correspondencia y documentos cruzados entre las sociedades
integrantes de la Promesa Sol de Inírida con Seguros del Estado, relacionada con el
pago y expedición de la póliza de seguro de seriedad de la oferta presentada dentro
de la Convocatoria Pública, desde el inicio de la Convocatoria Pública hasta la
adjudicación del Contrato a favor de la sociedad Sol de Inírida S.A.S. E.S.P.
• Copia de todas las comunicaciones internas cruzadas entre funcionarios de las
sociedades integrantes de al (sic) PROMESA SOL DE INÍRIDA respecto del pago de
la póliza de seriedad de la oferta, desde el inicio de la Convocatoria Pública hasta la
adjudicación del contrato a favor de la sociedad Sol de Inírida […]”.
16. Explicó que, de conformidad con lo señalado en la audiencia de pruebas
realizada el 6 de octubre de 2021, el Despacho dejó constancia de que la prueba
fue atendida por la sociedad Sol de Inírida, según la documentación visible en los
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archivos digitales: “21RadicadoDocumentosSolDeInírida”;
“22CartaRemisoriaPruebasSolicitadas”; “23CorreosInternosRelaciónPóliza” y
“24LíneaDeTiempo”, así como la copia del contrato Granja Solar (aportado en la
audiencia); documentos de los cuales se corrió traslado a las partes.
17. Señaló que, Deltec S.A. y Gesinso Power & Energy Engineering S.A.S. se
pronunciaron frente a la prueba mencionada supra en el sentido de indicar que
estos documentos no representaban todas las comunicaciones cruzadas
solicitadas, por lo cual solicitaron que se aportara:
“[…] a. Todas las comunicaciones físicas o electrónicas cruzadas directamente entre
SOL DE INÍRIDA S.A. E.S.P. o su corredor de seguros si actuó a través de él y la
compañía aseguradora Seguros del Estado y/o el corredor de seguros autorizado por
GENSA S.A. E.S.P.
b. Los correos electrónicos cruzados entre funcionarios de las sociedades integrantes
de la PROMESA SOL DE INÍRIDA, y entre tales sociedades con Seguros del Estado,
entre el 12 y el 15 de noviembre de 2017.
c. Los correos precedentes (desde el mensaje original) y subsiguientes al correo
electrónico del 16 de noviembre de 2017 (17:32) reenviado por la señora Catalina
Villegas al señor Juan Carlos Guzman (sic), que se observa en la página 10 del
archivo “23CorreosInternosRelaciónPóliza.pdf”.
d. Las respuestas otorgadas por el señor Felipe Restrepo a los correos que se
encuentran en las páginas 11 y 12 del archivo
“23CorreosInternosRelaciónPóliza.pdf”.
e. Los correos precedentes (desde el mensaje original) y subsiguientes al correo
electrónico del 1 de diciembre de 2017 (19:24) reenviado por la señora Catalina
Villegas a los señores Juan Carlos Guzman (sic), Edgardo Batista y a la señora
Daniela Villegas, que se observa en la página 20 del archivo
“23CorreosInternosRelaciónPóliza.pdf”.
f. El correo precedente (completo) al correo electrónico de respuesta, con fecha 6 de
diciembre de 2017 (14:09), enviado por el señor Mauricio Cabrera al señor Juan
Carlos Guzman (sic) con copia a otros, que se observa en la página 21 del archivo
“23CorreosInternosRelaciónPóliza.pdf
g. Los correos precedentes (desde el mensaje original) y subsiguientes al correo
electrónico del 26 de diciembre de 2017 (12:00) que responde el señor Juan Carlos
Guzman (sic) al señor Mauricio Cabrera y otros, con asunto “Re: [FWD:
Tutela_convocatoria_pública_Granja_Solar_Inírida], que se observa en la página 26
del archivo “23CorreosInternosRelaciónPóliza.pdf”. Los siguientes correos
electrónicos. La columna “ítem” se refiere a la numeración original de la lista enviada
por SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P. en la línea de tiempo contenida en el archivo en
PDF denominado “24.LíneaDeTiempo.pdf.
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Núm. único de radicación: 110010315000202111320-00
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i. Por último, en la medida que no se aportó hasta el momento ninguna comunicación
física (solo correos electrónicos), se solicita que el representante legal de SOL DE
INÍRIDA S.A., bajo la gravedad de juramento, previa advertencia de sus
implicaciones, manifieste si no existen documentos o comunicaciones físicas, o de
otro tipo, distintas a correos electrónicos, cruzadas entre dicha sociedad o su corredor
de seguros si actuó a través de él o sus accionistas, y Seguros del Estado y/o el
corredor o de GENSA, que tengan relación con la expedición y pago de la póliza de
seriedad de la oferta de la que trata este proceso” […]”.
Auto proferido el 5 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Caldas dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 170012333000201800293-00
18. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto de 5 de noviembre de
2021, resolvió:
“[…] Primero: Negar la solicitud presentada por la parte demandante.
Segundo: Incorporar como prueba hasta donde la Ley lo permita, los documentos
aportados, visibles en los archivos digitales: “21RadicadoDocumentosSolDeInírida”;
“22CartaRemisoriaPruebasSolicitadas”; “23CorreosInternosRelaciónPóliza” y
“24LíneaDeTiempo”, así como la copia del contrato Granja Solar (aportado en la
audiencia).
Tercero: Correr traslado a las partes y al Ministerio Público para la presentación por
escrito de los alegatos de conclusión y concepto respectivamente, dentro de los diez
(10) días siguientes al vencimiento de la ejecutoria de providencia, ello según lo
dispuesto en el artículo 181 del CPACA […]”.
18.1. Como fundamento de su decisión manifestó que:
“[…] De acuerdo a lo anterior, la parte actora refuta la prueba documental aportada
por la sociedad Sol de Inírida, por considerar que la misma está incompleta.
Al respecto, encuentra el despacho que la prueba documental allegada por Sol de
Inírida en principio se ajustó a los términos señalados en la audiencia inicial,
concretamente en la subetapa de decreto de pruebas.
No obstante, los argumentos expuestos por el apoderado de la parte actora,
serán tenidos en cuenta al momento de proferir sentencia con el fin de evaluar
la conducta procesal de la entidad demandada Sol de Inírida, y de ser el caso
imponer los efectos procesales en caso de renuencia, -se tendrán por ciertos
los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar o como indicio en
contra en caso de no proceder la confesión-, lo anterior al tenor del artículo 267
del Código General del Proceso […]”.
[…]
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Núm. único de radicación: 110010315000202111320-00
Actores: Deltec S.A. y Gesinso Power & Energy Engineering S.A.S.
“[…] Respecto a la solicitud de que el representante legal de Sol de Inírida rinda
testimonio, por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el señor Juan
Carlos Guzmán Celis, en su calidad de representante legal de esa sociedad, rindió
interrogatorio planteado por el mismo apoderado de la parte demandante, no es de
recibo esa solicitud.
Cabe señalar que, la Sala de Decisión, de considerarlo pertinente, podrá hacer
uso de sus facultades oficiosas en caso de ser necesaria la complementación
de la prueba.
Por todo lo anterior, será negada la solicitud presentada por la parte demandante
frente al traslado de la prueba documental y, como consecuencia de ello, serán
incorporados como pruebas dentro del expediente digital, dándose por concluida la
etapa probatoria en el presente asunto […]”. (Resaltado por la Sala)
19. Afirmó que, contra el auto mencionado, el apoderado de la parte demandante
solicitó aclaración del auto e interpuso recurso de reposición.
Auto proferido el 25 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Caldas dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 170012333000201800293-00
20. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto de 25 de noviembre de
2021, resolvió:
“[…] Primero: Negar la solicitud de aclaración.
Segundo: Confirmar el auto del 5 de noviembre de 2021.
Tercero: Correr traslado a las partes y al Ministerio Público para la presentación por
escrito de los alegatos de conclusión y concepto respectivamente, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación es esta providencia, ello según lo dispuesto en
el artículo 181 del CPACA […]”.
20.1. En cuanto a la solicitud de aclaración expuso que:
“[…] 2. Sobre la solicitud de aclaración
Depreca la parte demandante la aclaración del apartado “hasta donde la Ley lo
permita”, puesto que considera que dicha frase ofrece un verdadero motivo de duda
en cuanto no queda claro cuáles de los documentos exhibidos por Sol de Inírida se
incorporarán al expediente, lo cual también apareja la duda sobre qué elementos de
prueba tendrá en cuenta el Despacho para proferir sentencia en el presente asunto.
Señaló que dicha frase arroja un verdadero motivo de duda, pues la ley en materia de
prueba de exhibición de documentos no prevé ni dispone que los documentos objeto
de exhibición e incorporación tengan una suerte de límite a efectos de que sean
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integrados al expediente cuando han sido exhibidos libre y espontáneamente por la
parte que los presenta, como sucedió en el presente caso; siendo entonces necesario
que se aclare dicha expresión, y en concreto, las partes puedan conocer qué
documentos integran el acervo probatorio que será útil para resolver este caso.
Al respecto, debe señalar el Despacho que no es de recibo la solicitud de aclaración
de la providencia, toda vez que, la incorporación de la prueba documental, hace
referencia a la ritualidad procesal de que las pruebas decretadas y aportadas serán
incorporadas al expediente conforme fueron allegadas y que las mismas en su
integralidad serán valoradas junto con los demás medios de pruebas aportados,
conforme a la Ley y la sana crítica.
Por lo anterior, se considera que la providencia no ofrece manto de duda alguno y por
ende se negará la solicitud de aclaración […]”.
20.2. En relación con el recurso de reposición se pronunció en los siguientes
términos:
“[…] El apoderado de la parte demandante argumenta que, existen documentos
faltantes en los que allegara Sol de Inírida, por lo que solicitó que sean aportados y
adicionalmente, elevó petición “especial” en cuanto a que el representante legal de
Sol de Inírida S.A. manifestara bajo la gravedad de juramento que no existían
documentos físicos por exhibir; aduciendo que esa sociedad se limitó a exhibir correos
electrónicos, pero que nunca manifestó que no existían comunicaciones físicas por
exhibir al momento del decreto de la prueba […]”.
[…]
“[…] De acuerdo con lo desarrollado hasta el momento, se tiene que i) en materia de
pruebas, existe la libertad probatoria que las partes ejercen en virtud al derecho a la
prueba, el cual encuentra amparo en la Constitución Política de Colombia; ii) compete
a la parte interesada demostrar los hechos que fundamentan su tesis o pretensiones
dentro de un ligio; iii) no obstante, merced a la carga dinámica de la prueba, es posible
invertirse y que sea ordenado a la contra parte que aporte o practique la prueba, por
encontrarse en su poder o estar en mejor posición para demostrar determinado hecho
y, iv) finalmente, se tiene que ese derecho a la prueba no es absoluto, es decir, si bien
se busca en un litigio encontrar la verdad, esa necesidad encuentra límites en la
Constitución y la Ley.
La parte actora argumenta que, existen documentos faltantes en los que allegara Sol
de Inírida, frente a ese argumento se debe indicar que, tal cual fue indicado en el auto
recurrido, en principio, la documentación aportada se ajustó a los términos señalados
en la audiencia inicial. Como fue señalado en la consideración antecedente, la carga
de probar los supuestos que dan base al litigio se encuentra en cabeza de quien los
alega, de tal suerte que, si la parte actora considera que la documentación aportada
no (sic) es deficiente, le corresponde demostrarlo y, no es dable como lo pretende,
que se reitere la orden para aportar una documentación que “supone” o “deduce” se
encuentra en poder de Sol de Inírida.
En todo caso, será al momento de dictar la sentencia que, se analizaran los
documentos aportados, así como la conducta procesal de la Sociedad Sol de
Inírida y de ser el caso imponer los efectos procesales en caso de verificarse la
renuencia, al tenor del artículo 267 del CGP.
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Núm. único de radicación: 110010315000202111320-00
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Ahora bien, respecto a la solicitud “especial” en cuanto a que el representante legal
de Sol de Inírida S.A. manifestara bajo la gravedad de juramento que no existían
documentos físicos por exhibir; la misma no es de recibo, toda vez que, se constituye
en una solicitud probatoria que no fue pedida dentro de las oportunidades descritas
en el artículo 212 del CPACA; además que, en el escrito de traslado del recurso, el
apoderado de dicha entidad informó que, aportó la totalidad de los documentos
solicitados por el Despacho, que se encontraban en su poder.
Finalmente, considera la parte demandante que, no hay lugar al cierre de la etapa
probatoria, dado que sigue estando pendiente el agotamiento completo de la prueba
de exhibición de documentos que las demandantes solicitaron oportunamente a cargo
de Sol de Inírida S.A.
Encuentra el Despacho que el argumento anterior, está estrechamente relacionado
con la solicitud adicional de prueba y complementación referido en precedencia, de
tal suerte que, no es de recibo, por cuanto, como ya se indicó, la solicitud de
complementar los correos electrónicos y demás documentos aportados no es
procedente, por lo que deviene en consecuencia que no se encuentran más pruebas
por practicar y es diáfano concluir que el periodo probatorio ha culminado […]”.
(Resaltado por la Sala)
La solicitud de tutela
Pretensiones
21. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] Que se tutele el derecho al debido proceso, y con ello, el derecho a probar de
las demandantes, revocando los autos del 5 de noviembre de 2021 y del 25 de
noviembre de 2021.
En su reemplazo, deberá ordenarse a SOL DE INIRIDA (sic) S.A.S. E.S.P., exhibir
los documentos solicitados en el memorial del 11 de octubre de 2021 identificados
en tal memorial, con los literales C, E, F, G y H.
Solamente una vez sean exhibidos los documentos faltantes y se tenga como
agotada en debida forma la prueba de exhibición de documentos, ordénese al H.
Tribunal Administrativo dar lugar al cierre de la etapa probatoria y dar lugar al
traslado a las partes para que presenten su s alegatos de conclusión […]”.
22. Los actores señalaron que la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto fáctico, el cual sustentaron en los siguientes términos:
“[…] Dicho lo anterior, para claridad de lo que se expondrá a continuación y del
alcance de esta acción de tutela, resulta útil indicar que existen tres grupos de
documentos que a juicio de DELTEC y GESINSO no fueron exhibidos:
i. Correos electrónicos que podrían o deberían existir. Estos se refieren a correos
que se esperaba que se hubieran cruzado entre determinadas personas, y a correos
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que podrían haberse enviado o recibido en un periodo de tiempo específico. En
relación con este grupo de documentos -que serán identificados más adelante-, si
bien el suscrito tiene reparos frente a lo decidido por el Tribunal, igualmente
considera que no existe arbitrariedad, pues ciertamente la posibilidad de existencia
de estos documentos obedece a una suposición lógica. Por tanto, en aras del debido
uso de esta acción de tutela, no se pretende insistir en la exhibición de este grupo
de documentos.
ii. Correos electrónicos de cuya existencia, dan cuenta los propios documentos
exhibidos por SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P. Dicha sociedad exhibió unos correos
electrónicos que corresponden a RESPUESTAS a otros correos que no fueron
aportados. Igualmente, exhibió cadenas de correos, REENVIADOS, sin aportar los
correos que dieron origen a esas cadenas. En este caso, sí se presenta una
vulneración de derechos fundamentales, en la medida que no se exhibieron correos
electrónicos que necesariamente existen, pues son los correos que dan origen a los
que sí fueron exhibidos.
iii. Correos electrónicos relacionados por SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P., pero que
no fueron exhibidos. Dicha sociedad presentó una relación de los documentos que
puso a disposición; sin embargo, comparada la lista con los correos exhibidos, se
evidencia que hacen falta algunos. En este caso, también se presenta una
vulneración de derechos fundamentales, en la medida que es la propia demandada,
SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P., la que afirma la existencia de los documentos cuya
exhibición reclaman DELTEC y GESINSO.
Conforme a lo anterior, en lo que respecta a los documentos indicados en los
numerales (ii) y (iii), no le asiste razón al Tribunal al indicar que no existe prueba de
su existencia. Y no solo no le asiste razón, sino que su razonamiento es
completamente alejado, y diametralmente opuesto, a la verdad procesal, al punto de
comportar una violación a las garantías fundamentales de mis representadas dentro
de dicho trámite judicial […]”.
[…]
“[…] claramente existe prueba de la existencia de los documentos cuya exhibición
no se ha realizado, pues la prueba proviene de la misma sociedad que realizó la
exhibición y de su propio dicho: SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P. […]”.
[…]
“[…] Como se vio previamente, la decisión del Tribunal implica que mis
representadas no tengan acceso a unas pruebas documentales, que existen y que
son objeto de una prueba oportuna y debidamente solicitada, pero que devino en
una prueba indebidamente practicada. Así las cosas, es indudable que la afectación
al derecho a probar es absoluta.
Ahora bien, esa violación al debido proceso que se alega en esta acción de tutela es
producto de un defecto fáctico. Obsérvese que el Tribunal afirma que no hay prueba
de la existencia de los documentos cuya exhibición solicitan DELTEC y GESINSO.
Sin embargo:
(i) Obra en el expediente la relación de documentos que SOL DE INÍRIDA S.A.S.
E.S.P. dijo exhibir. Contrastada esa relación, con los documentos efectivamente
exhibidos, se encuentra que no todos fueron puestos a disposición en el proceso.
Luego, la prueba de la existencia de los documentos “faltantes” es el propio dicho de
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la sociedad encargada de realizar la exhibición y que ella misma afirmó existen y
obran en su poder.
En ese contexto, es la propia SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P. la que afirma que tales
documentos existen, por lo que, bajo ninguna perspectiva lógica es posible afirmar
que no hay prueba de la existencia de los documentos que solicitan mis
representadas.
(ii) Los correos electrónicos exhibidos por SOL DE INÍRIDA S.A. E.S.P. dan cuenta
de la existencia de más correos, pues obedecen a respuestas a otros correos, no
aportados, o a reenvíos ausentes del correo original. Al igual que en el caso anterior,
bajo ninguna perspectiva lógica es posible afirmar que no existe prueba de la
existencia de los documentos que solicitan mis representadas […]”.
Actuación
23. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 2021; i)
admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Caldas; iii) negó la medida provisional solicitada por los actores;
y iv) vinculó a Gestión Energética S.A. E.S.P. – Gensa, Sol de Inírida S.A.S. E.S.P.,
y a Seguros del Estado S.A., como terceros con interés, a quienes concedió el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
24. Gestión Energética S.A. E.S.P. – Gensa solicitó declarar la improcedencia
de la solicitud de amparo. Para tal efecto, manifestó que:
“[…] el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, no ha violado los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, por el contrario del relato de los
hechos y las pruebas presentadas por las sociedades mencionadas, se concluye
que las mismas han ejercido su derecho de defensa sin violación alguna. Este
despacho judicial ha agotado todas las etapas procesales conforme a derecho y al
procedimiento existente. A su vez que ha resuelto los recursos interpuestos por los
demandantes, fundamentando jurídica y fácticamente la adopción de las decisiones
[…]”.
[…]
“[…] En este sentido, la acción de tutela no es un instrumento que permita a las
partes sustraerse del proceso para plantear en sede constitucional debates sobre
cuestiones reservadas exclusivamente al conocimiento de los jueces naturales, pues
en últimas, cuando de actuaciones jurisdiccionales se trata, la ley tiene previstos
diversos mecanismos de defensa que han de ser agotados por las partes, en aras
de lograr la protección de sus derechos, de tal suerte que el amparo constitucional,
cuyo trámite no constituye una tercera instancia, solo tiene cabida cuando irrumpe
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una vía de hecho, es decir un proceder arbitrario o caprichoso del juez que lleve
algún quebrantamiento de algún derecho fundamental, siempre que el afectado no
disponga de otro medio efectivo de defensa judicial, situación que no ocurre en este
caso […]”.
[…]
“[…] Con fundamento en los anteriores pronunciamientos jurisprudencial de los
máximos Tribunales, en contraste con los argumentos fácticos y jurídicos expuestos
en líneas precedentes, es absolutamente claro que lo perseguido por los accionantes
es que el Juez Constitucional se inmiscuya sin razón alguna en los ámbitos propios
del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas como juez de instancia para
tramitar y dirigir el proceso, dentro del proceso radicado bajo el número 17001-23-
33-000-2018-00293-00, teniendo en cuenta que no se encuentra vulneración alguna
del debido proceso a las hoy accionantes, pues han tenido las oportunidades
probatorias para defender su causa, sin que el sentido de una prueba pueda
constituir causal de procedibilidad del mecanismo constitucional incoado, pues no se
incurre en defectos sustancial, fáctico y procedimental […]”.
25. Sol de Inírida S.A.S. E.S.P. solicitó declarar la improcedencia del amparo,
por cuanto, en su criterio, no se cumple con el requisito de subsidiariedad.
25.1. Afirmó que:
“[…] Es cierto que la entidad accionante radicó un memorial solicitando la
complementación de la exhibición; sin embargo, es preciso hacer mención a que el
Despacho de conocimiento mediante auto ordenó a la Sociedad Sol de Inírida que,
remitiera los correos electrónicos internos cruzados entre funcionarios de las
sociedades integrantes de PROMESA SOL DE INIRIDA y la aseguradora y/o
corredor de seguros, respecto del pago de la póliza de seriedad de la oferta, desde
el inicio de la Convocatoria Pública hasta la adjudicación del contrato a favor de la
sociedad Sol de Inírida, y precisamente, ante ese requerimiento, la Sociedad que
represento procedió a realizar un trabajo dispendioso en el que se relacionó toda la
información solicitada, de acuerdo a los documentos encontrados en relación con lo
solicitado por el señor Magistrado; sin embargo, es preciso hacer mención que,
cuando se realizan los trámites para la consecución y pago de pólizas las
comunicaciones no solo se dan por escrito, sino que también existen otro tipo de
circunstancias bajos las cuales se llega a los acuerdos entre las compañías de
seguros y los tomadores de dichas pólizas, como es el caso de llamadas telefónicas
y reuniones presenciales de las cuales no quedan soportes documentales, es por
ellos que si lo que los demandantes pretenden es que se allegue la totalidad de
comunicaciones, esto se torna en un imposible, dado que la totalidad de
comunicaciones para llegar al pago de la póliza, no fueron de carácter escrita o por
correos electrónicos, sino por otros medios como se refirió, por estas razones no se
puede obligar a mis representados se les ordene a suministrar una información
inexistente, dado que como se refirió al Despacho, se hizo allegar la totalidad de la
información requerida y que reposa en la Sociedad […]”.
[…]
“[…] en ningún momento se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues tal y
como se refirió la información que se tiene en poder de la sociedad fue suministrada,
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ya será al momento de proferirse la correspondiente sentencia en donde el señor
Magistrado hará una valoración del material probatorio y definirá la validez de cada
uno y así lo advirtió el Despacho en las providencias recurridas […]”.
[…]
“[…] Ahora bien de lo analizado, se observa que lo que pretende la parte demandante
es que se aporten unas supuestas pruebas que están en poder de la Sociedad
vinculada a este trámite constitucional; sin embargo, se hace imposible que se aporte
información en los términos y condiciones que pretenden los accionantes, pues
precisamente, tal y como lo advirtió el Señor Magistrado Sustanciador del proceso
ordinario que se tramita en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será al
momento de la sentencia en la cual se hará la valoración probatoria respectiva,
aunado a que si no se está de acuerdo con lo decidido por la Corporación, será a
través del recurso de apelación en el que manifestará su inconformismo. Y es que
es el mismo estatuto procesal civil el que establece que cuando no hay una
valoración probatoria adecuada será en la segunda instancia donde el a-quem podrá
hacer un nuevo análisis, e incluso solicitar la práctica de nuevas pruebas […]”.
[…]
“[…] En el presente asunto, la primera instancia no se ha finalizado, apenas estamos
en etapa de alegatos de conclusión, razón por la cual, el mecanismo de la tutela se
torna en improcedente, ello por cuanto, la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas, no ha hecho la respectiva valoración probatoria, por lo que
hasta el momento no se puede evidenciar vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados en la demanda de tutela […]”.
26. Seguros del Estado S.A. solicitó negar la acción de tutela al considerar que
no existe vulneración alguna al derecho fundamental de los actores.
26.1. Advirtió que:
“[…] Como bien se sabe, se duele la parte accionante de que la sociedad demandada
no aportó mediante la exhibición de documentos, todos los correos electrónicos que
se gestaron para la época de los hechos narrados en la demanda. Sin embargo, se
considera que la sociedad demandada aportó todos los documentos que tenía a su
disposición y así lo concluyó el Magistrado Ponente en el auto recurrido en su
oportunidad.
A más de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Caldas consideró y así se lo hizo
saber a las partes, que el despacho encargado haría la valoración probatoria
pertinente de donde podría llegar a concluir que sí se presentaron todos los
documentos o que no, y que eso conllevaría las consecuencias del caso.
No solo se consideró por el Tribunal que la documental aportada fue la solicitada y
decretada, sino que también consideró que con la misma es suficiente para generar
el fallo de fondo […]”.
27. El Tribunal Administrativo de Caldas guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
28. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 7
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
29. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si
se cumplió con el requisito de la subsidiariedad.
31. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver
el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
32. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
33. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
34. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
35. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.
36. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
37. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
38. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 200514,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela
39. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 15, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
40. Asimismo, esta Sección16 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
señalado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201317, advirtió que al analizar
el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o
está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está
en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite18; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios19; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”20”.21
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir
las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera
oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el
derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a
las garantías procesales […]”.
15 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
17 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
19 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones
de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
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41. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de
tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro
medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese
inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado22:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.
42. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra
la excepción si el juez constitucional logra determinar que los mecanismos y
recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados;
y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
43. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño
o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene
que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
44. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
22 Sentencia T-030 26 de enero de 2015
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“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
45. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Análisis del caso concreto
46. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
47. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
23 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
48. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
48.1. Copia digital del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 170012333000201800293-00.
Solución del caso concreto
49. Los actores señalaron que la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto fáctico.
50. Al respecto, manifestaron que:
“[…] Dicho lo anterior, para claridad de lo que se expondrá a continuación y del
alcance de esta acción de tutela, resulta útil indicar que existen tres grupos de
documentos que a juicio de DELTEC y GESINSO no fueron exhibidos:
i. Correos electrónicos que podrían o deberían existir. Estos se refieren a correos
que se esperaba que se hubieran cruzado entre determinadas personas, y a correos
que podrían haberse enviado o recibido en un periodo de tiempo específico. En
relación con este grupo de documentos -que serán identificados más adelante-, si
bien el suscrito tiene reparos frente a lo decidido por el Tribunal, igualmente
considera que no existe arbitrariedad, pues ciertamente la posibilidad de existencia
de estos documentos obedece a una suposición lógica. Por tanto, en aras del debido
uso de esta acción de tutela, no se pretende insistir en la exhibición de este grupo
de documentos.
ii. Correos electrónicos de cuya existencia, dan cuenta los propios documentos
exhibidos por SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P. Dicha sociedad exhibió unos correos
electrónicos que corresponden a RESPUESTAS a otros correos que no fueron
aportados. Igualmente, exhibió cadenas de correos, REENVIADOS, sin aportar los
correos que dieron origen a esas cadenas. En este caso, sí se presenta una
vulneración de derechos fundamentales, en la medida que no se exhibieron correos
electrónicos que necesariamente existen, pues son los correos que dan origen a los
que sí fueron exhibidos.
iii. Correos electrónicos relacionados por SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P., pero que
no fueron exhibidos. Dicha sociedad presentó una relación de los documentos que
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puso a disposición; sin embargo, comparada la lista con los correos exhibidos, se
evidencia que hacen falta algunos. En este caso, también se presenta una
vulneración de derechos fundamentales, en la medida que es la propia demandada,
SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P., la que afirma la existencia de los documentos cuya
exhibición reclaman DELTEC y GESINSO.
Conforme a lo anterior, en lo que respecta a los documentos indicados en los
numerales (ii) y (iii), no le asiste razón al Tribunal al indicar que no existe prueba de
su existencia. Y no solo no le asiste razón, sino que su razonamiento es
completamente alejado, y diametralmente opuesto, a la verdad procesal, al punto de
comportar una violación a las garantías fundamentales de mis representadas dentro
de dicho trámite judicial […]”.
[…]
“[…] claramente existe prueba de la existencia de los documentos cuya exhibición
no se ha realizado, pues la prueba proviene de la misma sociedad que realizó la
exhibición y de su propio dicho: SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P. […]”.
[…]
“[…] Como se vio previamente, la decisión del Tribunal implica que mis
representadas no tengan acceso a unas pruebas documentales, que existen y que
son objeto de una prueba oportuna y debidamente solicitada, pero que devino en
una prueba indebidamente practicada. Así las cosas, es indudable que la afectación
al derecho a probar es absoluta.
Ahora bien, esa violación al debido proceso que se alega en esta acción de tutela es
producto de un defecto fáctico. Obsérvese que el Tribunal afirma que no hay prueba
de la existencia de los documentos cuya exhibición solicitan DELTEC y GESINSO.
Sin embargo:
(i) Obra en el expediente la relación de documentos que SOL DE INÍRIDA S.A.S.
E.S.P. dijo exhibir. Contrastada esa relación, con los documentos efectivamente
exhibidos, se encuentra que no todos fueron puestos a disposición en el proceso.
Luego, la prueba de la existencia de los documentos “faltantes” es el propio dicho de
la sociedad encargada de realizar la exhibición y que ella misma afirmó existen y
obran en su poder.
En ese contexto, es la propia SOL DE INÍRIDA S.A.S. E.S.P. la que afirma que tales
documentos existen, por lo que, bajo ninguna perspectiva lógica es posible afirmar
que no hay prueba de la existencia de los documentos que solicitan mis
representadas.
(ii) Los correos electrónicos exhibidos por SOL DE INÍRIDA S.A. E.S.P. dan cuenta
de la existencia de más correos, pues obedecen a respuestas a otros correos, no
aportados, o a reenvíos ausentes del correo original. Al igual que en el caso anterior,
bajo ninguna perspectiva lógica es posible afirmar que no existe prueba de la
existencia de los documentos que solicitan mis representadas […]”.
51. La Sala advierte que lo que pretenden los actores es que se dejen sin efectos
los autos de 5 de noviembre de 2021 y 25 de noviembre de 2021, proferidos por el
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Tribunal Administrativo de Caldas dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 170012333000201800293-00.
52. La Sala considera que, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en la medida en que, de
conformidad con el material probatorio obrante en el expediente y el recuento
procesal que se realizó al inicio de esta providencia, se observa que el medio de
control de la referencia se encuentra en trámite, es decir, este no ha sido definido
por el juez natural de la causa, razón por la cual se desconoce la incidencia que
eventualmente podría llegar a tener la presunta irregularidad que señalaron los
actores frente a la valoración probatoria que realizará el Tribunal Administrativo de
Caldas al momento de proferir la respectiva sentencia.
53. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección24 no se cumple el
requisito de subsidiariedad, en la medida que el proceso se encuentra en trámite:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como
una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite
de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además,
no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de
tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite. […]”.
54. Al respecto, esta Corporación25 ha indicado que:
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201326, advirtió
que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso
ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite27; (ii) no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios28; y (iii) se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”29”.30 […]”.
[…]
“[…] Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se
reitera, luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance de
las partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)
55. En ese orden de ideas, en el caso sub examine no se cumple el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que aún se encuentra en trámite el medio de control
cuestionado por los actores, por lo que se desconoce la incidencia que
eventualmente podría llegar a tener la presunta irregularidad que se advirtió en el
escrito de tutela.
Análisis del perjuicio irremediable
56. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
26 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
28 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
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57. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional31:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”32[…]”.
58. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los actores se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
59. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conclusiones de la Sala
60. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo que presentaron los actores, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
31 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentaron
Deltec S.A. y Gesinso Power & Energy Engineering S.A.S. contra el Tribunal
Administrativo de Caldas, por el no cumplimiento del requisito de subsidiariedad,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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