Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06940-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06940-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06940-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 06940 01
Accionante: Luz Emilia Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirmar la providencia impugnada que declaró
improcedente la solicitud de amparo, pero por no cumplir
con el requisito general de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 9 de diciembre de 2025, por la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Luz Emilia Jiménez, actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
1. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
jurídica y al acceso a la administración de justicia de la señora Luz Emilia Jiménez.
2. Que se deje sin efectos el Auto del 20 de octubre de 2025, proferido por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso No. 680013333000-
2019-00810-00.
3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Santander emitir una nueva
decisión en la que se reconozca la nulidad procesal derivada de la falta de poder
debidamente conferido y, en consecuencia, declare la ineptitud de la demanda
ejecutiva.
4. Que se adopten las medidas necesarias para restablecer los derechos
fundamentales vulnerados.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06940 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06940 01
Accionante: Luz Emilia Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que el Instituto de Interés Social y Reforma Urbana2, presentó
demanda ejecutiva en su contra, aparentemente representada por un profesional del
derecho que no allegó poder debidamente conferido, pues el documento carecía de
presentación personal y no se acreditó la calidad del funcionario otorgante, en contravía
de lo previsto en el artículo 74 del Código General del Proceso3.
Adujo que, pese a esta irregularidad, el despacho de conocimiento del Tribunal
Administrativo de Santander libró mandamiento de pago, razón por la cual, propuso
oportunamente excepciones previas por falta de legitimación en la causa por activa e
indebida representación, así como la excepción de prescripción y/o caducidad.
Sostuvo que, mediante providencia del 5 de mayo de 2025, el despacho de conocimiento
se abstuvo de resolver las excepciones previas y dio trámite a la sentencia anticipada, al
considerar que no fueron planteadas mediante recurso de reposición contra el
mandamiento de pago.
Indicó que, con posterioridad, mediante providencia del 20 de octubre de 2025, el
despacho de conocimiento del tribunal declaró no probada la excepción de indebida
representación y sostuvo que la irregularidad había sido subsanada con la presentación
posterior de nuevos poderes.
Manifestó que la anterior decisión vulnera su derecho fundamental al debido proceso y el
principio de seguridad jurídica, al pretender sanear de manera ex post un vicio sustancial
e insubsanable que afectaba la validez del proceso desde su inicio.
Como fundamento de la acción de tutela, la accionante sostuvo que se cumplen los
requisitos generales de procedencia y que la providencia acusada incurre en los defectos
procedimental absoluto y sustantivo.
En relación con el defecto procedimental absoluto, afirmó que el Tribunal Administrativo
de Santander, al admitir y mantener una demanda presentada sin poder debidamente
conferido, vulneró el artículo 74 del CGP, toda vez que la ausencia de poder constituye
un vicio sustancial e insubsanable que afecta la validez del proceso y los derechos
fundamentales de la parte ejecutada.
En cuanto al defecto sustantivo, indicó que la providencia acusada interpretó de manera
arbitraria el citado artículo 74 del CGP, al considerar subsanable la falta inicial de poder,
pese a que este constituye un presupuesto esencial para el ejercicio válido de la acción,
lo cual configura una aplicación contra legem y vulnera derechos fundamentales.
Finalmente, señaló que la actuación judicial vulnera los principios de legalidad y
seguridad jurídica, al permitir que el proceso avance con una demanda presentada sin
poder debidamente conferido y convalidar posteriormente dicha irregularidad, lo que
genera incertidumbre sobre la validez de las actuaciones procesales y afecta la
previsibilidad del sistema judicial.
2 En adelante INVISBU.
3 En adelante CGP.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06940 01
Accionante: Luz Emilia Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 5 de noviembre de 20254 y correspondió por reparto a la
Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación que, por auto de 10 de
noviembre de 20255 la admitió y dispuso notificar6 al Tribunal Administrativo de
Santander, como parte accionada; así como vincular al Instituto de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga – INVISBU.
De igual forma, requirió al Tribunal para que allegara copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 68001 33 33 000 2019
00810 00.
3.2. El Tribunal Administrativo de Santander7 allegó informe en el que señaló que la
providencia cuestionada se ajusta a la Constitución y a la ley, por cuanto se fundamentó
en los principios de autonomía e independencia judicial y garantizó el acceso a la
administración de justicia de la entidad ejecutante para hacer efectiva una obligación
previamente ordenada.
En consecuencia, sostuvo que no se configura vulneración de derechos fundamentales
y que la acción de tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para controvertir
las decisiones de los jueces.
3.3. El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de
Bucaramanga –INVISBU8 presentó informe en el que solicitó que se declarara que no
vulneró derecho fundamental alguno; que la representación procesal fue oportunamente
saneada; y que se denegara la acción de tutela, por no configurarse ninguno de los
defectos alegados ni evidenciarse ausencia de motivación en la providencia cuestionada.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
9 de diciembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.
Al respecto, adujo la parte accionante pretende reabrir un debate procesal ya resuelto en
el proceso ejecutivo, relativo a la indebida representación y la interpretación del artículo
74 del CGP, sin demostrar una vulneración directa de derechos fundamentales, utilizando
la tutela como una instancia adicional para controvertir decisiones del juez natural de la
causa.
4 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06940 00.
5 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06940 00.
6 Esta orden se cumplió el 13 de noviembre de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06940 00.
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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8
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06940 01
Accionante: Luz Emilia Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, la accionante presentó impugnación
donde manifestó lo siguiente:
Adujo que la acción de tutela no tuvo como finalidad reabrir una excepción previa ya
resuelta, obtener una tercera instancia ni controvertir una interpretación razonable del
artículo 74 del CGP; por el contrario, sostuvo que el mecanismo de amparo se dirigió a
denunciar un vacío estructural y orgánico consistente en que la jurisdicción fue activada
sin que existiera un demandante legítimamente representado, lo que impidió la
conformación válida de la relación jurídico-procesal y convirtió la actuación en una
apariencia de proceso carente de existencia jurídica.
Señaló que la providencia impugnada incurre en un error al considerar que la tutela busca
reabrir un debate procesal sobre una excepción previa, cuando en realidad se cuestiona
la inexistencia misma del proceso por falta de legitimación en la causa por activa, asunto
que trasciende la mera discusión de legalidad y compromete la validez de la relación
jurídico-procesal.
Finalmente, indicó que la decisión que tuvo por subsanada la falta inicial de poder incurre
en un error jurídico estructural, pues la ausencia de representación válida al momento de
presentar la demanda no constituía una simple irregularidad formal, sino un vicio que
impedía el nacimiento mismo del proceso; por ello, no era susceptible de saneamiento
posterior, y su convalidación vulneró directamente el debido proceso, sin que la acción
de tutela pretendiera convertirse en una instancia adicional.
5.2. Por auto proferido el 20 de enero de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 30 de enero de 202610.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
9 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06940 00.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06940 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
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Accionante: Luz Emilia Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
6.2.1. El INVISBU, presentó demanda ejecutiva con el propósito de que se librara
mandamiento de pago a su favor y en contra de la aquí accionante. Dicho proceso le
correspondió al Tribunal Administrativo de Santander y se le asignó en número único de
radicación 68001 23 33 000 2019 00810 00.
6.2.2. Mediante auto del 8 de mayo de 2023, el tribunal libró mandamiento de pago contra
la aquí accionante.
6.2.3. A través de providencia del 1 de septiembre de 2023, el tribunal ordenó seguir
adelante con la ejecución del mandamiento de pago.
6.2.4. La accionada mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 2023, presentó
incidente de nulidad de todo lo actuado por indebida notificación.
6.2.5. Mediante auto del 12 de julio de 2024, el tribunal resolvió de manera favorable el
incidente de nulidad y tuvo por notificada por conducta concluyente a la aquí accionante.
6.2.6. Con providencia del 5 de mayo de 2025, el tribunal se abstuvo de resolver las
excepciones previas presentadas por la aquí accionante y procedió a anunciar sentencia
anticipada. Contra dicha decisión la accionante interpuso recurso de reposición en
subsidio de apelación.
6.2.7. A través de providencia del 20 de octubre de 2025, el Tribunal resolvió lo siguiente:
Primero. Reponer parcialmente el auto del 5 de mayo de 2025, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Declarar no probada la excepción previa de indebida representación de
la parte ejecutante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. Rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Confirmar en los demás aspectos, el auto del 5 de mayo de 2025, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
6.2.8. Mediante providencia del 13 de noviembre de 2025, el Tribunal decidió lo siguiente:
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 68001 23 33 000 2019 00810
00/01.
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Primero. Declarar no probada la excepción de «prescripción de la obligación y/o
caducidad de la acción ejecutiva», de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Ordenar seguir adelante con la ejecución, en la forma ordenada en el
mandamiento de pago.
Tercero. Ordenar que una vez ejecutoriada esta decisión, cualquiera de las
partes del proceso presente la liquidación del crédito con especificación del capital
y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, de acuerdo con lo
señalado en el mandamiento de pago. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 446 del CGP.
Cuarto Condenar en costas en esta instancia a la parte ejecutada y a favor de
la parte ejecutante, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
6.2.9. Contra la anterior decisión la accionante presentó recurso de apelación el cual fue
rechazado por extemporáneo mediante providencia de 29 de enero de 2026.
6.2.10. Contra la anterior decisión la accionante mediante memorial de 5 de febrero de
2026, interpuso recurso de reposición el cual se encuentra pendiente de decisión.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que, tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales, debe realizarse una cuidadosa verificación de los presupuestos
de procedibilidad, con el fin de evitar que este mecanismo excepcional se convierta en
una vía para desconocer principios constitucionales como la cosa juzgada, el debido
proceso, la seguridad jurídica y la independencia judicial.
En relación con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable16.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, uno de los requisitos que se debe cumplir es el de subsidiariedad, en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable 17.
16 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”
17 Corte Constitucional, Sentencia T-441 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Accionante: Luz Emilia Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial18: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento
en que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y
(iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico. (Destaca el Despacho)
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de un perjuicio irremediable, el cual debe ser
inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para
superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional sea impostergable19.
En el caso concreto, se observa que el punto de controversia se centra en lo decidido
mediante providencia de 20 de octubre de 2025, a través de la cual se resolvió, entre
otros aspectos, declarar no probada la excepción previa de indebida representación de
la parte ejecutante.
Ahora bien, de la revisión del proceso ejecutivo en la sede electrónica de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo (SAMAI), la Sala advierte que el expediente con número
único de radicación 68001-23-33-000-2019-00810-0020, dentro del cual se profirió la
decisión objeto de controversia, se encuentra vigente y aún no ha culminado. En ese
sentido, si bien se dictó sentencia de primera instancia y se rechazó por extemporáneo
el recurso de apelación interpuesto contra esta, se encuentra pendiente de resolver el
recurso de reposición formulado contra el auto que dispuso dicho rechazo.
En ese contexto, la Sala concluye que la presente solicitud de amparo es improcedente
por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad, toda vez que esta Sección 21
ha señalado que, cuando el proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no resulta
procedente para controvertir decisiones adversas a las partes, en aquellos eventos en
los que no puede establecerse con certeza la incidencia de la presunta irregularidad
procesal en la decisión que ponga fin al proceso, como ocurre en el caso concreto.
18 Corte Constitucional. Sentencia T -396 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-150 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20 Se puede observar en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=6800123330002019008100
06800123
21 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, radicación 11001031500020170300600. “[…] Es necesario reiterar que, por regla
general, cuando el proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para
cuestionar cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos que contra
ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto,
no se puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión
que pone fin al proceso. || Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite de los procesos,
cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no generan ningún perjuicio ius
fundamental irremediable. || En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el
curso del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría
procedente asumir su estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por
cuanto, el medio de control aún está en trámite. […]”. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de
27 de enero de 2022, C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez, radicación 110010315000202111320-00.
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Por otra parte, si bien la accionante manifiesta que la decisión cuestionada afecta real y
actualmente el derecho al debido proceso, lo cierto es que no acredita la configuración
de un perjuicio irremediable que, de manera excepcional, habilite el estudio de fondo en
el presente caso.
Sobre este asunto, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional ha fijado los
siguientes criterios a partir de los cuales se debe analizar si, efectivamente, en un caso
concreto, se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la
procedencia transitoria del mecanismo de amparo constitucional: (i) que el perjuicio se
produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es
inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que
resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud
que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
En el anterior contexto, de la lectura integral del escrito de tutela y de la impugnación no
es posible acreditar la existencia de un perjuicio irremediable, en tanto no se advierte un
daño cierto, grave e inminente respecto del derecho fundamental invocado.
Por el contrario, se observa que la parte actora ha contado con las garantías procesales
necesarias para controvertir la providencia cuestionada y ejercer los recursos que estimó
procedentes, los cuales han sido resueltos por el juez natural, aunque con resultados
adversos a sus intereses.
En conclusión, la Sala constata que: (i) el proceso ejecutivo aún se encuentra en trámite,
sin que se haya proferido decisión definitiva, lo que torna improcedente la acción por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad; (ii) no se configura un perjuicio
irremediable que permita afirmar una afectación directa de los derechos fundamentales
invocados; y (iii) no se evidencia una situación de gravedad tal que justifique la
intervención excepcional del juez constitucional para la protección inmediata de los
derechos a la igualdad y al debido proceso.
Ello, por cuanto del análisis del trámite ordinario se concluye que se han respetado las
garantías procesales y que la accionante ha contado con la oportunidad efectiva de
ejercer su derecho de defensa.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de subsidiariedad, por lo que se confirmará el fallo
proferido el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en esta providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
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Accionante: Luz Emilia Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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