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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06940-00

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06940-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Luz Emilia Jiménez por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06940-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá, D.C, 9 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06940-00
Demandante: Luz Emilia Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que, al resolver un recurso de
reposición, declaró no probada la excepción previa de indebida representación de la parte
ejecutante en un proceso ejecutivo.

De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Luz Emilia Jiménez, en
contra del Tribunal Administrativo de Santander.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 4 de noviembre 2025, Luz Emilia Jiménez, a través de apoderado
judicial, presentó una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
de Santander, por la aparente vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, el acceso a la administración y la seguridad jurídica, con
ocasión del Auto de 20 de octubre de 20252, proferido dentro del proceso
ejecutivo 68001-23-33-000-2019-00810-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica
y al acceso a la administración de justicia de la señora Luz Emilia Jiménez.

Que se deje sin efectos el Auto del 20 de octubre de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del proceso No. 680013333000-2019-00810-00.

Que se ordene al Tribunal Administrativo de Santander emitir una nueva decisión en la
que se reconozca la nulidad procesal derivada de la falta de poder debidamente
conferido y, en consecuencia, declare la ineptitud de la demanda ejecutiva.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo

80 de 2019 de esta corporación.
2 Notificado por estado de 21 de octubre de 2025.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06940-00
Demandante: Luz Emilia Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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Que se adopten las medidas necesarias para restablecer los derechos fundamentales
vulnerados.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) En 2019, Edwar Alberto Castellanos Toloza, quien manifestó que
actuaba como apoderado del Instituto de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana de Bucaramanga - INVISBU, presentó una demanda
ejecutiva en contra de Luz Emilia Jiménez, con la que se pretendía obtener el
pago de la obligación derivada de una condena proferida en un proceso de
repetición.

5. 2) El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo de Santander, y
se le asignó el radicado No. 68001-23-33-000-2019-00810-00. Mediante Auto
de 8 de mayo de 2023, se libró mandamiento de pago en contra de Luz Emilia
Jiménez y en favor de INVISBU por la suma de $9.599.234 por concepto de
capital e intereses moratorios adeudados, se corrió traslado de la demanda
a la parte ejecutada y al ministerio público, y se reconoció personaría para
actuar a Edwar Alberto Castellanos Toloza.

6. 3) El 1 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante auto, ordenó seguir adelante con la ejecución

7. 4) El 8 de septiembre de 2023, Luz Emilia Jiménez, por medio de
apoderado judicial, presentó una solicitud de nulidad de todo lo actuado,
con fundamento en la indebida notificación del auto que libró mandamiento
de pago.

8. 5) Mediante Auto de 12 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la nulidad de todas las actuaciones posteriores al Auto de
8 de mayo de 2023, en atención a que dicho auto no fue notificado a la
demandada, sino al que fue su apoderado en el proceso ordinario, tuvo por
notificada por conducta concluyente a la demandada y ordenó correr el
término para contestar la demanda, solicitar pruebas y formular excepciones.

9. 6) El 1 de agosto de 2024, Luz Emilia Jiménez contestó la demanda, y
propuso, entre otras, las excepciones previas de falta de legitimación activa
en la causa e indebida representación de la parte ejecutante, porque el
poder aportado por la autoridad demandante carecía de presentación
personal y no se acompañó de la resolución que acreditaba la calidad de
funcionario del poderdante.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06940-00
Demandante: Luz Emilia Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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10. 7) A través de Auto de 5 de mayo de 2025, el despacho sustanciador
se abstuvo de resolver las excepciones previas de falta de legitimación activa
en la causa e indebida representación de la parte ejecutante debido a que
no fueron propuestas mediante un recurso de reposición contra el Auto que
libró el mandamiento de pago. Además, requirió a INVISBU para que, en el
término de 5 días, constituyera un apoderado para la defensa de sus
intereses.

11. 8) El 12 de mayo de 2025, INVISBU allegó el poder conferido a César
Augusto Cordero Cáceres, para que representara los intereses de dicha
autoridad en el proceso ejecutivo.

12. 9) Contra el Auto de 5 de mayo de 2025, la parte ejecutada presentó
un recurso de reposición, en subsidio de apelación, con fundamento en las
irregularidades advertidas en el poder aportado con la demanda. A juicio de
la recurrente, aunque posteriormente se aportó un poder que sí reunía los
requisitos legales, esta circunstancia “no convalidaba los vicios procesales en
que se incurrió al momento de presentación de la demanda”.

13. 10) Mediante Auto de 20 de octubre de 2025, el Tribunal repuso
parcialmente la providencia y declaró no probada la excepción de indebida
representación, porque la irregularidad inicial fue subsanada con la
presentación posterior de un nuevo poder por la parte ejecutante y no se
advirtió ninguna afectación al debido proceso. Finalmente, rechazó por
improcedente el recurso de apelación.

14. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que el
Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto procedimental
absoluto por desconocer el artículo 74 del Código General del Proceso, pues
para la fecha de presentación de la demanda el poder requería de la
presentación personal y acreditación de la competencia del poderdante.
Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado la
ausencia de poder no podía convalidarse con actuaciones posteriores
porque se vulneraría “la preclusión procesal, el principio de legalidad y la
seguridad jurídica”.

15. También alegó la configuración de un defecto sustantivo por “la
interpretación arbitraría y […] contraria a la ley” del artículo 74 del Código
General del Proceso, al considerar que el poder constituía un presupuesto
habilitante del ejercicio del derecho de acción, por lo no que era una
irregularidad susceptible de ser saneada.

16. También sostuvo que se había vulnerado el debido proceso y la
seguridad jurídica, porque la actuación judicial trasgredió “los principios de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06940-00
Demandante: Luz Emilia Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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legalidad, certeza, y previsibilidad”, al permitir la posibilidad de presentar una
demanda sin “un poder debidamente conferido”.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3

17. El Tribunal Administrativo de Santander4 sostuvo que la providencia fue
proferida acorde con la Ley. Además, la accionante no podía convertir la
tutela en una tercera instancia.

18. El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de
Bucaramanga5 solicitó que no se accediera al amparo porque la tutela no se
dirigió en su contra, ni le era atribuible ninguna acción ni omisión que
vulnerara el debido proceso, la seguridad jurídica o el acceso a la
administración de justicia de la accionante.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

19. La Sala declarará improcedente esta solicitud de amparo al no
cumplirse con el requisito de relevancia constitucional, por las razones que
pasan a explicarse:

20. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional6.

21. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios

3 Mediante Auto de 10 de septiembre de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo; (2)

tener como accionado al Tribunal Administrativo de Santander; y (3) vincular al Instituto de Interés Social y Reforma
Urbana de Bucaramanga como tercero con interés en el asunto.
4 Índice 12 de SAMAI.
5 Índice 13 de SAMAI.

6 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06940-00
Demandante: Luz Emilia Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante que
explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de
tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto7; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario8; y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad9.

22. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202310,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

23. Bajo este entendido, la Sala evidenció que, si bien, la parte accionante
en el escrito de tutela expuso que la cuestión discutida era de relevancia
constitucional porque existía una afectación directa a los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica al desconocer “el
carácter esencial del poder judicial como requisito de existencia y validez”;
lo cierto es que pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una
situación definida y consolidada al insistir en la configuración de los defectos
sustantivo y procedimental con fundamento en la aparente interpretación
errónea del artículo 74 del Código General del Proceso. Así, buscó que, a
través de la acción de tutela, se estudiara nuevamente la procedencia de
una excepción previa, con el fin de obtener una interpretación y aplicación
favorable a sus intereses.

24. Los aspectos señalados en la acción de tutela son una reiteración de
los argumentos que expuso la parte accionante en el trámite del proceso
ejecutivo, específicamente, en el escrito de contestación de la demanda11 y
en el recurso de reposición12 que presentó en contra del Auto de 5 mayo de
2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander. El propósito de la
accionante en el proceso ejecutivo era que se revocara el Auto que libró el

7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.

No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
10 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
11 Índice 36 de SAMAI del proceso ejecutivo No. 68001-23-33-000-2019-00810-00.

12 Índice 44 de SAMAI del proceso ejecutivo No. 68001-23-33-000-2019-00810-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06940-00
Demandante: Luz Emilia Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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mandamiento de pago por la “indebida representación judicial de la
ejecutante” en los siguientes términos (se trascribe):

“En el auto cuestionado se reconoce personería al abogado Edwar Alberto
Castellanos Toloza, no obstante, al momento de la interposición de la
demanda ejecutiva, dicho profesional no ostentaba la calidad de
apoderado judicial debidamente acreditado. El poder allegado bajo el
nombre de archivo "009 poder.pdf", de 32 folios, carece de nota de
presentación personal, requisito de validez procesal exigido por el artículo 74
del Código General del Proceso –CGP–. Aunado a ello, no se acompañó
resolución de nombramiento ni documento que acredite la calidad del
otorgante del poder.
[…]
Finalmente, obra en el expediente poder otorgado al abogado Jaime
Eduardo Gómez Álvarez, el cual sí cumple los requisitos legales, incluyendo los
documentos que acreditan debidamente la calidad de la funcionaria
otorgante (Directora del INVISBU). Sin embargo, este poder fue allegado con
posterioridad al auto que libro mandamiento de pago, por lo que no
convalida los vicios procesales en que se incurrió al momento de la
presentación de la demanda, al haberse reconocido inicialmente personería
a un apoderado sin facultades legales suficientes.
[…]
Resulta inadmisible que el Despacho judicial considere subsanada la indebida
representación con la sola presentación posterior de poderes debidamente
torgados, cuando es claro que el mandamiento de pago se dictó en favor
de una parte que carecía de representación legítima al momento procesal
pertinente, y, además el yerro fue reiterado en distintas oportunidades
procesales, general un grave quebranto al principio de seguridad jurídica.”

25. Estos argumentos fueron analizados por parte del Tribunal
Administrativo de Santander, en el Auto 20 de octubre de 2025, en el que, “en
aras de garantizar el acceso de la administración de justicia”, se pronunció
de fondo sobre la excepción previa, a pesar de que la parte ejecutada no
recurrió la providencia que libró el mandamiento ejecutivo, con las
consideraciones que a continuación se trascriben:

“Examinado el expediente, se advierte que con la demanda ejecutiva se allegó
un documento identificado como poder, otorgado por quien se presentó como
jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INVISBU, y aunque inicialmente no contenía
la nota de presentación personal ni se aportó prueba de la calidad del otorgante,
dicha irregularidad fue subsanada con la posterior presentación de nuevos
poderes, debidamente autenticados y acompañados de los actos administrativos
que acreditan la competencia funcional de la directora de la entidad ejecutante
para otorgar el mandato judicial.

En este punto, debe recordarse que, las irregularidades formales en la
acreditación del poder pueden ser saneadas siempre que no comprometan
derechos sustanciales de las partes ni afecten la validez esencial de la actuación
procesal.

Para el Despacho, la finalidad del artículo 74 del CGP es asegurar la autenticidad
del mandato y la representación, no generar nulidades que desconozcan el
principio de instrumentalidad de las formas previsto en el artículo 228 de la
Constitución Política, en el que prevalece el derecho sustancial.

A renglón seguido, el artículo 100 numeral 4 del CGP consagra la indebida
representación como excepción previa, la cual debe declararse probada

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Demandante: Luz Emilia Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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únicamente cuando la falta de poder o representación resulte insubsanable y
afecte la validez de la actuación. En el caso concreto, la omisión inicial fue
subsanada antes de que el proceso avanzara a etapas sustanciales de decisión,
de modo que no se advierte afectación al debido proceso ni perjuicio para la
contraparte.

En consecuencia, no le asiste razón a la parte recurrente al afirmar que la
actuación es nula o que carece de validez, puesto que el defecto formal fue
oportunamente corregido, motivo por el cual se cumplen los requisitos del
mandato judicial y la garantía de la representación legítima de la parte
demandante.”

26. Conforme con lo expuesto, se advierte que el Tribunal determinó que,
en primer lugar, la parte ejecutada debió alegar la excepción previa
mediante la interposición de un recurso de reposición contra el Auto que libró
el mandamiento de pago y, en segundo lugar, el Tribunal consideró que la
irregularidad fue convalidada con la presentación posterior de un nuevo
poder.

27. En consecuencia, para esta Sala se encuentra acreditado que la
acción de tutela interpuesta no reviste relevancia constitucional, dado que
su objeto principal es reabrir un debate jurídico procesal relacionado con la
procedencia de la excepción previa de indebida representación de la parte
ejecutante, aspecto que fue resuelto en el proceso ejecutivo. Al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre controversias jurídicas
ordinarias o sobre la interpretación de normas procesales, salvo que se
evidencie una vulneración directa y clara de derechos fundamentales, lo
cual aquí no se demostró.

28. Se recuerda que la sola existencia de una discrepancia entre el criterio
del juez natural y el de la parte inconforme no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, máxime si se trata de una tutela contra providencia
judicial, mecanismo que tiene un carácter estrictamente excepcional y no
puede ser utilizado como instancia adicional13.

2.2. Conclusión

29. La Sala declarará improcedente la acción de tutela y se abstendrá de
analizar los demás requisitos de procedencia, al constatar que no se superó
el presupuesto de relevancia constitucional.

13 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Demandante: Luz Emilia Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Luz
Emilia Jiménez por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente

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