Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00234-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00234-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2025-00234-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de junio de 2025
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00234-01
Accionante: Eduardo Colmenares Torres y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00234-01
Accionantes: Eduardo Colmenares Torres y otros1
Accionado: Juzgado 28 Administrativo del Distrito Judicial de
Bogotá D.C. y otros
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por los accionantes contra la
sentencia de tutela de 30 de abril de 2025, proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, mediante
la cual se declaró la improcedencia de la presente solicitud de amparo.
I. LA SOLICITUD
Los accionantes promovieron acción de tutela en contra del Juzgado 28
Administrativo de Bogotá3, la Alcaldía Local de Usaquén y el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 4 por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la confianza legitima, presuntamente
vulnerados con ocasión a la diligencia de recuperación del espacio público
comprendido entre la carrera 7D calles 153 a 153 A en la ciudad de Bogotá
D.C., realizada el día 7 de abril de 2025 por la Alcaldía Local de Usaquén y
el DADEP, en el marco de las actividades de cumplimiento de las sentencias
proferidas en el expediente de acción popular con número único de
radicación 11001-33-31-028-2011-00278-00/01.
Como pretensiones de la acción de tutela se tienen las siguientes:
“(...) PRIMERA. En providencia de fondo y a título transitorio se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso, la
1 Marisol Colmenares Buitrago, Blanca Marina Colmenares Buitrago, Edilma Colmenares Buitrago,
Marcelo Colmenares Alarcón, María Matilde Colmenares Alarcón, Sandra Milena Colmenares Alarcón,
Elizabeth Colmenares Alarcón, Leonor Pérez Colmenares, Gladis Pérez Colmenares, Aurora Pérez
Colmenares, Luis Alfonso Pérez Colmenares, José Francisco Pérez Colmenares, Mary Luz Pérez
Colmenares y María del Carmen Pérez Colmenares.
2 En adelante el Tribunal.
3 En adelante el Juzgado.
4 En adelante DADEP.
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Accionante: Eduardo Colmenares Torres y otros
efectividad en el acceso a la administración de justicia y la
confianza legitima en la misma, así como la seguridad jurídica de
los tutelantes y de quienes vayan a transitar por la vía KRA 7 D entre
la Calle 153 y 153 A, derechos que conculcados cuando los accionados,
desobedeciendo y/o desconociendo, a ciencia y paciencia, el
procedimiento, etapas y el orden a seguir o trazabilidad de los
actos administrativos que permitan poner en funcionamiento y
al público la vía KRA 7 D, ordenadas por el H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA,
SUBSECCIÓN C. [M.P.Dr. FABIO INVAN AFANADOR GARCIA] en la parte
resolutiva de la sentencia de segunda instancia, aprobatoria de la
dictada por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá en el Proceso Acción
Popular incoada por PEDRO ELIAS NIÑO, Rad. No:
11001333102820210027800, abrieron al público de manera indebida y
forzada el área dispuesta para la vía, dejando expuestos a múltiples e
inminentes peligros a transeúntes y residentes, hecho que amerita la
concesión del amparo constitucional implorado.
SEGUNDO.-Para cesar la vulneración de derechos y precaver posibles
tragedias a futuro, se ORDENE a los accionados cerrar el área
donde debe construirse la vía KRA 7D, que apresurada e
ilegalmente abrió al público el 07-04-2025 la Alcaldía Local de
Usaquén y el DADEP, previa aprobación del Juzgado 28
Administrativo de Bogotá, hasta que se ejecuten y cumplan, en
su totalidad, las órdenes de trazabilidad impartidas en la
Sentencia de segunda instancia de 04 de octubre de 2023 [M.P.Dr.
FABIO INVAN AFANADOR GARCIA], numeral PRIMERO de la parte
resolutiva de la sentencia en lo que concierne a la modificación
de los numerales QUINTO Y SEPTIMO de la misma, a saber:
A. Realizar el procedimiento administrativo de formalización del
área conforme al art. 502 del Decreto Distrital 551 de 2021 y el
Decreto Distrital 63 de 2015, particularmente en lo que tiene que ver
con el Plano U56/4.
B. "previo estudio y garantía de las condiciones de seguridad y
viabilidad para el tránsito, al menos peatonal, de los miembros
de la comunidad mientras se realizan las actuaciones administrativas
previamente indicadas"
C. "un cronograma de actividades para la adecuación de la zona
de manera que los miembros de la comunidad puedan circular
libremente por los espacios públicos".
D. "Para lo anterior, las administraciones distrital y local presentarán
al comité de verificación de cumplimiento del fallo un
cronograma de actividades que contenga el plazo y actividades de
planeación del contrato, el término para la apertura y desarrollo del
proceso de selección de contratistas que corresponda conforme a la
normatividad vigente, el plazo de ejecución del contrato y el término
dispuesto para la entrega de la obra a satisfacción de la entidad
ejecutora."
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E. Adelantar la obra pertinente de la KRA. 7D por el contratista
seleccionado, conforme al cronograma establecido en la
convocatoria, previo a haber formalizada el área por parte de la
Secretaría de Planeación Distrital y se tenga a mano el estudio de las
condiciones de viabilidad y seguridad para el tránsito, al menos
peatonal.
TERCERO. Las demás que resulten procedentes y pertinentes para
garantizar los derechos fundamentales de transeúntes y tutelantes
vulnerados y expuestos a peligros inminentes en razón a que, el
tramo abierto al público de facto por la Alcaldía local y el Departamento
Administrativo del Espacio Público, como KRA. 7 D, no solo no cuenta
con las condiciones de infraestructura vial y seguridad idóneas para el
tránsito vehicular, ni de personas, sino que, quienes residen en las
viviendas colindantes (los tutelantes), entre ellos niños y adultos
mayores, al quedar sin andenes las viviendas y en espacio vial tan
reducido, al ingreso o salida de la casa, se exponen a ser atropellados
por los vehículos; hay postes de luz en funcionamiento en el área a
transitar, contadores de agua, redes de servicios públicos expuestas,
rejillas para recolección de aguas lluvias. Además, residentes y
tutelantes quedaron expuestos a grande inseguridad por falta de
iluminación del tramo abierto al público por la Alcaldía, dado que, en la
calle 153 existe un caño utilizado sistemáticamente por habitantes de
calle y consumidores de drogas. (...)”
La parte actora, en su escrito de tutela, expuso en síntesis los siguientes
hechos:
Indicaron que el señor Pedro Elías Niño, a través del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra
el Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Usaquén,
la Secretaría Distrital de Planeación, el DADEP y el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU), por la presunta vulneración de los derechos colectivos
previstos en los literales a), d), m) y l) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998,
por la no ejecución de la obra de prolongación de la carrera 7D entre calles
153 y 153 A, generando afectaciones al acceso y la comunicación de los
habitantes del barrio Barrancas en la ciudad de Bogotá D.C.
Señalaron que la acción popular se tramitó por el Juzgado accionado bajo el
radicado 11001-33-31-028-2011-00278-00 quien mediante sentencia de 16
de noviembre de 2022 amparó los derechos colectivos solicitados por el
actor popular.
Adujeron que, al no contar con defensa técnica durante el trámite de la
acción popular, y ante la ausencia de una investigación rigurosa sobre los
antecedentes registrales, incluido el bloque de matrículas inmobiliarias al
que pertenece el área en controversia, las autoridades judiciales accionadas
consideraron que la servidumbre privada de la cual eran titulares
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correspondía a espacio público presuntamente invadido, y que debía ser
entregado y recuperado al Distrito de Bogotá.
Contra la decisión de primera instancia, el Distrito Capital de Bogotá
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal mediante
sentencia del 4 de octubre de 2023, en el sentido de confirmar la sentencia
apelada, con excepción de los numerales quinto y séptimo de la parte
resolutiva, los cuales modificó.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto del 21 de abril de 2025, el magistrado sustanciador del
Tribunal admitió la acción de tutela; ordenó la vinculación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría de
Gobierno, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, la Secretaría Distrital de
Movilidad, la Empresa de Energía de Bogotá y Cundinamarca – ENEL S.A.
E.S.P., la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P., y
Vanti S.A. E.S.P. y; se pronunció sobre las pruebas.
2.2. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público -DADEP5 presentó informe en el que manifestó que no ha
incurrido, por acción u omisión, en ninguna conducta que haya vulnerado
los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
Señaló que la solicitud de amparo es improcedente, toda vez que los actores
no agotaron los mecanismos judiciales ordinarios disponibles, lo cual
contraviene el carácter subsidiario de este medio constitucional.
Manifestó que las pretensiones deben ser debatidas ante la administración
y, eventualmente, ante la jurisdicción contencioso administrativa, donde
actualmente cursa el proceso respectivo.
2.3. El Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito de
Bogotá D.C.6, presentó informe en el que indica que no ha desconocido
ningún derecho fundamental y que las actuaciones realizadas responden al
cumplimiento de las órdenes judiciales proferidas en el marco de la acción
popular, dirigidas a garantizar la recuperación del espacio público y el
derecho de libre circulación.
Adujo que la recuperación de la zona de cesión, que se encontraba
indebidamente cerrada, fue responsabilidad del Distrito Capital, a través de
la Alcaldía Local de Usaquén y el DADEP, pero también de los propios
accionantes, quienes no facilitaron el acceso de manera voluntaria. El
Tribunal no condicionó la recuperación al agotamiento del trámite
5 Ver índice SAMAI nro. 7 del expediente 25000-23-15-000-2025-00234-00.
6 Ver índice SAMAI nro. 8 del expediente 25000-23-15-000-2025-00234-00.
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administrativo invocado por los accionantes, sino que ordenó su realización
en un plazo máximo de tres meses desde la ejecutoria de la sentencia, plazo
que no fue cumplido oportunamente.
Sostuvo que la diligencia de recuperación del 7 de abril de 2025 se enmarca
en esas órdenes judiciales y corresponde exclusivamente a las entidades
distritales competentes. Precisó que las presuntas irregularidades en su
ejecución escapan al ámbito de decisión del Juzgado, cuyas providencias
han sido debidamente publicitadas y controvertidas por las partes.
Solicitó se niegue el amparo solicitado, dado que no se configura un defecto
que afecte los derechos fundamentales invocados ni se cumple con el
requisito de relevancia constitucional exigido para la procedencia de la
acción de tutela.
2.4. Enel Colombia S.A. E.S.P.7 presentó informe en el que solicita su
desvinculación del proceso, argumentando que carece de legitimación en la
causa por pasiva, además de que hay ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
2.5. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU8 presentó informe en el
que solicita se declare la improcedencia de la tutela, de un lado, por que los
accionantes no han agotado los recursos ordinarios, por lo que no se cumple
con el requisito de subsidiariedad y, de otro, porque los cuestionamientos
de las providencias judiciales no cumplen con el requisito de relevancia
constitucional.
Asimismo, luego de citar jurisprudencia constitucional, solicitó su
desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación en la causa
por pasiva.
Finalmente, adujo que se opone a todas las peticiones formuladas por la
parte actora, pues carecen de fundamento técnico, de hecho y de derecho
que permitan demostrar la violación de derechos constitucionales
fundamentales.
2.6. La Alcaldía Mayor de Bogotá9 presentó informe en el que solicita su
desvinculación del presente asunto, argumentando que carece de
legitimación en la causa por pasiva y señalando que:
“(...) ha actuado de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y en ningún momento ha sido sujeto activo de vulneración de
derechos fundamentales, por el contrario, ha realizado todas las
gestiones y trámites necesarios para poder garantizar los derechos
fundamentales y garantías procesales y constitucionales de los
7 Ver índice SAMAI nro. 11 del expediente 25000-23-15-000-2025-00234-00.
8 Ver índice SAMAI nro. 12 del expediente 25000-23-15-000-2025-00234-00.
9 Ver índice SAMAI nro. 13 del expediente 25000-23-15-000-2025-00234-00.
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particulares y/o administrados, siempre en la búsqueda de la garantía
del interés general y debido proceso en el desarrollo de sus funciones
(...)”.
Adicionalmente, indicó que se debe declarar la improcedencia de la acción,
dado que los demandantes no lograron demostrar la existencia de un
perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela.
Asimismo, adujo que los accionantes han utilizado este mecanismo
constitucional para plantear una tercera instancia en el análisis del asunto
en controversia.
2.7. Vanti S.A. E.S.P.10 presentó informe en el que indica que no se
configura la legitimación en la causa por pasiva, dado que no existe un nexo
causal, ya que la controversia planteada se suscita entre los accionantes y
la Alcaldía Local de Usaquén. Por tal motivo, solicitó su desvinculación del
proceso.
En relación con las afirmaciones sobre supuestas redes de distribución y
conexiones de gas natural, señaló que la empresa no ha sido notificada de
dicha situación y que, en las fotografías allegadas con la acción de tutela,
no se observa tubería visible que corresponda a su infraestructura.
Además, aclaró que no se adelanta ninguna intervención en el lugar
reportado y que, en todo caso, se realizó una visita técnica el 23 de abril de
2025, en la que se verificó que la red de distribución se encuentra ubicada
dentro del parámetro del andén, conforme a la normativa vigente, y que
cada predio cuenta con su respectiva acometida y conexión.
2.8. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá11 presentó
informe en el que solicita que no prosperen las pretensiones de la acción de
tutela, argumentando que no ha desconocido los derechos fundamentales
invocados como vulnerados.
Señaló que los hechos relatados en la demanda de tutela están relacionados
con una acción popular en curso ante el Juzgado 28 Administrativo de
Bogotá, en la cual la EAAB-ESP no tiene competencia para pronunciarse. Por
tal motivo, solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por
pasiva y se ordene su desvinculación del trámite.
No obstante, informó que, tras una visita realizada el 23 de abril de 2025,
se verificó la prestación normal de los servicios de alcantarillado pluvial y
sanitario en la Carrera 7D y en las calles 153 y 153A, sin presentarse
afectaciones.
10 Ver índice SAMAI nro. 14 del expediente 25000-23-15-000-2025-00234-00.
11
Ver índice SAMAI nro. 16 del expediente 25000-23-15-000-2025-00234-00.
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2.9. La Secretaría Distrital de Planeación12 presentó informe en el que
solicita se declare improcedente la acción, en razón a que no hay vulneración
de los derechos fundamentales reclamados.
Indicó que las actuaciones adelantadas por la Alcaldía Local de Usaquén y
el DADEP, incluyendo el desmonte de estructuras metálicas el 7 de abril de
2024, se realizaron en cumplimiento de una orden judicial relacionada con
la recuperación del espacio público en una vía contemplada en el plano de
legalización U56/4.
Adujo que, aunque la Secretaría del Hábitat emitió un concepto de no
viabilidad para el trámite de legalización del desarrollo Barrancas, dicho
sector cuenta con espacio público consolidado y accesible. Asimismo, indicó
que esta no es la primera acción de tutela promovida contra la sentencia de
la acción popular radicada bajo el No. 2021-00278, la cual ya fue objeto de
revisión por el Consejo de Estado, que declaró improcedente una solicitud
similar.
Reiteró que las medidas adoptadas buscan cumplir la sentencia judicial, la
cual es de obligatorio acatamiento por parte de autoridades y particulares,
y permitir la adecuación de la vía en defensa de los derechos colectivos
protegidos.
Señaló, posterior a un recuento jurisprudencial, que no ha puesto en riesgo
ni ha vulnerado derecho fundamental alguno de la parte accionante. En
consecuencia, solicitó negar la acción constitucional interpuesta en su
contra, toda vez que, si bien el cumplimiento de las sentencias recae en
distintas entidades distritales, los hechos narrados por el accionante no
fueron ejecutados por esa Secretaría, sino que corresponden al DADEP y a
la Alcaldía Local de Usaquén.
2.10. La Alcaldía Local de Usaquén13 presentó informe en el que
manifiesta su oposición a las pretensiones de la demanda, argumentando
que no generó vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados
por los accionantes.
Indicó que la controversia se centra en que los accionantes afirman que la
Alcaldía ejecutó de forma indebida una orden judicial de recuperación del
espacio público, proferida en el marco de una acción popular. Sin embargo,
sostuvo que no les asiste legitimación en la causa, dado que los hechos que
motivan la tutela no derivan directamente del proceso judicial original, sino
de su cumplimiento administrativo posterior.
Además, afirmó que no se aportaron pruebas que demuestren una
afectación concreta y directa a los derechos fundamentales de los
12
Ver índice SAMAI nro. 19 del expediente 25000-23-15-000-2025-00234-00.
13
Ver índice SAMAI nro. 20 del expediente 25000-23-15-000-2025-00234-00.
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Radicación: 25000-23-15-000-2025-00234-01
Accionante: Eduardo Colmenares Torres y otros
tutelantes, ni se identificaron de manera clara los derechos supuestamente
vulnerados. En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente por
no acreditarse la vulneración de derechos subjetivos ni el cumplimiento de
los requisitos mínimos de legitimación y especificidad.
Reiteró que en el caso concreto no se evidencia afectación alguna al derecho
fundamental alegado, ya que ha actuado en cumplimiento de las órdenes
emitidas en la acción popular radicada bajo el No. 2011-00278, proferidas
por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente. Por ello, insistió en que su
actuación no puede calificarse como arbitraria, en virtud del principio de
tutela judicial efectiva.
Sostuvo que los accionantes no acreditaron los hechos que sustentarían la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales, ni demostraron la
existencia de un perjuicio irremediable o la ineficacia de los mecanismos
ordinarios dentro de la acción popular. En consecuencia, alegó la
improcedencia de la tutela, pues aún está pendiente la resolución de un
recurso presentado en el proceso ordinario ante el Juzgado.
Agregó que tampoco se acreditó que los accionantes sean sujetos de
especial protección constitucional ni que exista un perjuicio irremediable
individualizado. La demanda de tutela carece de pruebas que demuestren
razonablemente la vulneración de derechos fundamentales, dado que los
hechos invocados son meras conjeturas sin sustento probatorio.
Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso por configurarse una falta
de legitimación en la causa por pasiva.
2.11. La Secretaría Distrital de Movilidad y los demás sujetos procesales
que conforman la acción popular del expediente 11001-33-31-028-2011-
00278-00 guardaron silencio, a pesar de haber sido debidamente
notificados.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal, mediante sentencia proferida el 30 de abril de 2025, resolvió las
solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa, tanto por
activa como por pasiva, en los siguientes términos:
“(...) 5.1. Frente a la falta de legitimación en la causa por activa de
Eduardo Colmenares Torres, Marisol, Blanca Marina y Edilma
Colmenares Buitrago, Marcelo, María Matilde, Sandra Milena y Elizabeth
Colmenares Alarcón, Leonor, Gladys, Aurora, Luis Alfonso, José
Francisco, Mary Luz y María del Carmen Pérez Colmenares, alegada por
la Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Usaquén, la Sala
considera que la condición de sujetos procesales en la acción popular
No. 11001- 33-31-028-2011-00278-00 los habilita para iniciar la tutela
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porque controvierten los actos de ejecución de la sentencia emitida
dentro de ese proceso.
Respecto a la falta de legitimación por pasiva invocada por la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., la Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local
de Usaquén y el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, el Tribunal estima
que en atención a sus competencias e incidencia en el cumplimiento de
las decisiones de fondo adoptadas en la pluricitada acción popular, su
participación en este trámite de tutela es necesaria por haber actuado
en el proceso que dio origen a esta acción de tutela. Por consiguiente,
se negarán las solicitudes de desvinculación.
Por el contrario, se accederá a la petición de desvincular del trámite
constitucional a Enel Colombia S.A. E.S.P., Vanti S.A. E.S.P. y Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D. C., debido a que no les asiste
interés en las resultas del proceso por no integrar la litis en las
actuaciones de cumplimiento de los fallos de acción popular.(...)”
Así mismo, declaró la improcedencia de la acción, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Luego de relacionar las actuaciones adelantadas por el Juzgado en el
expediente con número único de radicación 11001-33-31-028-2011-00278-
00, posteriores al cumplimiento de la sentencia de segunda instancia dictada
por el Tribunal, indicó que aún se encuentra pendiente el pronunciamiento
del Juzgado sobre un recurso de reposición y, en subsidio de apelación,
interpuesto por la apoderada judicial de los accionantes. En ese sentido,
señaló el juez de primera instancia que:
“(...) Bajo ese orden de ideas, los actores desplegaron el mecanismo
judicial ordinario idóneo en el sistema jurídico para la defensa de sus
derechos en el trámite de cumplimiento de la acción popular, que está
pendiente de ser resuelto por el Juez competente. Siendo así, en el sub-
lite no se satisfizo el requisito de la subsidiariedad, porque, además de
lo anterior, los actores no invocaron ni acreditaron la existencia de un
perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional para intervenir
en el trámite de un proceso ordinario en curso.(...)”
Precisó que, aunque en la acción de tutela se hace referencia a la diligencia
de recuperación del espacio público llevada a cabo el 7 de abril de 2025 en
el sector de la carrera 7D entre calles 153 y 153A, dicha actuación fue
ejecutada por la Alcaldía Local de Usaquén, con el acompañamiento del
Personero Local, la Policía y el DADEP, en cumplimiento del cronograma
aprobado por el juez competente mediante auto del 20 de febrero de 2025,
confirmado mediante providencia del 21 de marzo de 2025. Además, se
indicó que los recursos interpuestos por los accionantes frente a estas
decisiones aún no han sido resueltos.
Sostuvo que las entidades accionadas remitieron al expediente 11001-33-
31-028-2011-00278-00 un informe detallado sobre la diligencia realizada el
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Accionante: Eduardo Colmenares Torres y otros
7 de abril de 2025, por lo que corresponde al juez de conocimiento
pronunciarse al respecto, dentro del marco del fallo emitido y en garantía
de los derechos fundamentales de las partes. Por ello, concluyó que los
accionantes disponen de otro mecanismo judicial eficaz para la defensa de
los derechos que consideran vulnerados.
IV. LA IMPUGNACIÓN
Los accionantes presentaron impugnación contra la sentencia de primera
instancia, con base en los siguientes argumentos:
Sostuvieron que la providencia mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela por ausencia del requisito general de subsidiariedad ha
perdido vigencia, toda vez que el Juzgado, mediante providencia del 9 de
mayo de 2025 dictada dentro del expediente de acción popular No. 11001-
33-31-028-2011-00278-00, resolvió lo siguiente:
“(...)PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición
contra el auto del 21 de marzo de 2025, formulado por la apoderada de
las personas naturales integrantes del extremo pasivo, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Negar por improcedente el recurso de apelación conforme
con lo expuesto.(...)”
Afirmaron que no existe otro recurso judicial disponible contra las
actuaciones del Juzgado, de la Alcaldía Local de Usaquén y del DADEP, por
lo cual consideran satisfecho el requisito de subsidiariedad. Indicaron que
sus solicitudes dirigidas a garantizar el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fueron rechazadas sin posibilidad
de apelación.
Solicitaron, por tanto, que al resolver el recurso interpuesto se profiera un
pronunciamiento de fondo sobre la acción de tutela y se ordene a las
entidades accionadas dar cumplimiento a la sentencia de segunda instancia
de 4 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal. Alegaron que dichas
autoridades han evadido su ejecución, actuando de hecho al habilitar una
vía para tránsito vehicular sin cumplir las condiciones exigidas, exponiendo
así a la comunidad a riesgos y peligros.
Expusieron que las entidades accionadas incumplieron lo dispuesto por el
Tribunal en cuanto a la planeación, ejecución conforme a cronogramas,
elaboración de estudios técnicos y adopción de medidas de mitigación.
Dicho incumplimiento, sostienen, configura un desacato a una orden
judicial.
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Agregaron que la situación actual configura un perjuicio irremediable,
debido al riesgo constante para la vida y seguridad de residentes y
transeúntes. Además, manifestaron su inconformidad con la sentencia de
primera instancia, al considerar que esta no analizó las pruebas fotográficas
allegadas ni se pronunció sobre el incumplimiento de las órdenes previas
impartidas por el Tribunal.
Recalcaron que el pronunciamiento judicial que supuestamente faltaba para
agotar el principio de subsidiariedad ya fue emitido por el Juzgado, en el
que negó las solicitudes presentadas. Por tanto, afirmaron que no existe
impedimento fáctico ni jurídico para acudir al mecanismo excepcional de la
acción de tutela.
En ese contexto, solicitaron que se ordene la realización de los estudios
técnicos requeridos y, con base en ellos, se lleve a cabo la construcción
adecuada de la vía antes de habilitarla para el tránsito vehicular, a fin de
proteger la integridad y seguridad de la comunidad.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
5.2. Hechos relevantes
5.2.1. El señor Pedro Elías Niño, a través del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra el Distrito
Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Usaquén, la
Secretaría Distrital de Planeación, el DADEP y el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU), por la presunta vulneración de los derechos colectivos
previstos en los literales a), d), m) y l) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998,
por la no ejecución de la obra de prolongación de la carrera 7D entre calle
153 y calle 153 A, generando afectaciones al acceso y la comunicación de
los habitantes del barrio Barrancas en la ciudad de Bogotá D.C.
5.2.2. La acción popular en mención fue tramitada por el Juzgado accionado
bajo el radicado 11001-33-31-028-2011-00278-00, el cual, mediante
sentencia del 16 de noviembre de 2022, amparó los derechos colectivos
invocados por el actor popular.
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5.2.3. Contra la anterior decisión el Distrito Capital interpuso recurso de
apelación el cual fue decidido por El Tribunal mediante sentencia del 4 de
octubre de 2023, en el sentido de confirmar el fallo apelado, con excepción
de los numerales quinto y séptimo de su parte resolutiva, los cuales fueron
modificados. La decisión adoptada fue del siguiente tenor:
“(...) PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de
noviembre de 2022 por el Juzgado Veintiocho Administrativo de Bogotá,
salvo los numerales QUINTO y SÉPTIMO de la parte resolutiva de la
sentencia indicada, los cuales se modifican así:
“QUINTO: ORDENAR a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, en
coordinación con las demás entidades distritales, especialmente de
la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, para que lleve a cabo
en el término máximo de diez (10) meses, siguientes a la ejecutoria
de esta sentencia, el procedimiento administrativo de formalización
de que trata el artículo 502 del Decreto Distrital 551 de 2021 y
Decreto Distrital No. 63 de 2015 o aquel que lo sustituya, modifique
o adicione, particularmente en lo que tiene que ver con el plano
U56/4 y/o el que lo adicione, aclare o modifique, atinente a las
áreas públicas necesarias para la construcción y habilitación de la
carrera 7D entre calles 153 y 153A, como quedó expuesto en la
parte motiva de esta sentencia. En cualquier caso, se deberá
resolver sobre el espacio público comprometido como área de
cesión para la construcción de vía vehicular. Por otra parte, las
entidades encargadas, deberán rendir informes mensuales sobre el
avance del procedimiento.
Durante los dos (2) meses iniciales del término concedido, las
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ junto con la ALCALDÍA LOCAL DE
USAQUÉN prepararán y presentarán al comité de verificación de
cumplimiento del fallo el cronograma de ejecución de actividades y
preparará las actuaciones que sean necesarias para dar inicio al
proceso de formalización urbanística aquí ordenado, el cual, en los
términos de la reglamentación aplicable, tendrá que desarrollarse
entre los meses tercero y décimo del término aquí concedido. (...)
“SÉPTIMO: En los doce (12) meses siguientes a la culminación del
procedimiento administrativo de regularización, la ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ, en coordinación con la ALCALDÍA LOCAL DE
USAQUEN deberá adelantar la obra pertinente para garantizar el
espacio público, esto es, una VÍA VEHICULAR como venía planeada
desde un inicio. En caso de no ser procedente esta obra por razones
del espacio público cedido al Distrito Capital, deberán indicarse las
razones técnicas por las cuales no se procede de conformidad, pero
de todas maneras deberá habilitarse el espacio público por la
carrera 7D, evitando cualquier obstáculo que pueda afectar la
circulación del colectivo que reside en el barrio y cualquier
transeúnte que circule por allí. Por parte de las entidades
encargadas, deben rendirse informes mensuales sobre el avance
del procedimiento.
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Para lo anterior, las administraciones distrital y local presentarán
al comité de verificación de cumplimiento del fallo un cronograma
de actividades que contenga el plazo y actividades de planeación
del contrato, el término para la apertura y desarrollo del proceso
de selección de contratistas que corresponda conforme a la
normatividad vigente, el plazo de ejecución del contrato y el
término dispuesto para la entrega de la obra a satisfacción de la
entidad ejecutora.”
SEGUNDO.- ADICIONAR a la parte resolutiva de la sentencia indicada
un numeral el cual quedará así:
“CATORCE: ORDENAR a los propietarios de los predios que
componen las áreas públicas previstas en el plano U56/4 y/o aquel
que lo modifique, aclare, adicione o complemente que permitan y/o
no impidan la libre circulación de los vecinos y demás ciudadanos
por estas áreas, para lo cual se deberá ejecutar por parte del
Distrito y/o de la Alcaldía Local de Usaquén el desmonte de los
portones y/o construcciones que se hayan realizado como
cerramiento del área, previo estudio y garantía de las condiciones
de seguridad y viabilidad para el tránsito, al menos peatonal, de
los miembros de la comunidad mientras se realizan las actuaciones
administrativas previamente indicadas.
Para los efectos de esta orden, los propietarios de los predios
circunvecinos al área pública indicada deberán permitir el acceso
de los funcionarios y/o contratistas del distrito o de la localidad que
sean necesarios para adelantar los estudios de seguridad y garantía
para el acceso al público de esta zona.
En tal sentido, las autoridades aquí indicadas deberán desarrollar
visita técnica de inspección dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de esta providencia con el fin de
determinar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo
ordenado.
Con posterioridad a ello, presentarán a la autoridad judicial, dentro
de los cinco (5) días siguientes a cumplimiento del término
anterior, un cronograma de actividades para el desmonte y/o
demolición de los cerramientos y para la adecuación de la zona de
manera que los miembros de la comunidad puedan circular
libremente por los espacios públicos, cronograma que, en todo
caso, no podrá superar el término de tres (3) meses posteriores a
los plazos aquí indicados.
En caso de que las condiciones de seguridad y garantía del espacio
público impidan el acceso inmediato de la comunidad a las zonas
indicadas, las autoridades públicas deberán justificar técnicamente
tal situación y establecer un plan de acción con cronogramas y
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actividades que determine la forma de permitir el acceso al público
de estos bienes dentro del menor tiempo posible”.
TERCERO.- SIN condena en costas en esta instancia. (...)”
5.2.4. En cumplimiento de la anterior sentencia, el Juzgado mediante
providencia de fecha 13 de junio de 202414, incorporó al expediente de la
acción popular el informe presentado por la Secretaría Jurídica Distrital de
Bogotá, en el cual se detallan las gestiones adelantadas para dar
cumplimiento a las decisiones judiciales dictadas en el marco de dicho
proceso, particularmente en lo concerniente a la recuperación del espacio
público y la construcción de una vía vehicular en la carrera 7D, entre las
calles 153 y 153A.
Así mismo, el Juzgado valoró el cronograma de intervención contenido en la
Resolución No. 018 del 27 de febrero de 2024, “Por medio de la cual la
Alcaldía Local de Usaquén dispone acatar la decisión proferida dentro de la
acción popular No. 1100133310282011-00278-01 y, en consecuencia, se
dictan disposiciones para su cumplimiento”, expedida por la Alcaldesa Local
de Usaquén (E)15, el cual establece:
5.2.5. Mediante providencia de 16 de enero de 202516, el Juzgado requirió
a las entidades demandadas con el fin de que informaran las acciones
adelantadas para el cumplimiento de las sentencias proferidas dentro de la
acción popular.
14 Ver índice SAMAI nro. 215 del expediente de acción popular nro. 11001-33-31-028-2011-00278-
00.
15 Ibidem.
16
Ver índice SAMAI nro. 222 del expediente de acción popular nro. 11001-33-31-028-2011-00278-
00.
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5.2.6. En auto de 20 de febrero de 202517, el Juzgado consideró el nuevo
cronograma de actividades aportado por el DADEP y la Alcaldía Local de
Usaquén y ordenó requerir a las entidades demandadas para que rindieran
informe semanal sobre el cumplimiento de los precitados fallos, el cual se
relacionó así:
La parte resolutiva de la referida providencia es del siguiente tenor:
“(...) PRIMERO: TENER en cuenta el cronograma de actividades
aportado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público-DADEP y la Alcaldía Local de Usaquén, que se citó en
precedencia.
La Secretaría Jurídica Distrital, rendirá informe semanal sobre el
cumplimiento estricto del cronograma citado y los avances en la
recuperación de las zonas de cesión.
SEGUNDO: REQUERIR por segunda vez a la Secretaría Distrital de
Planeación, para que en el término de cinco (5) días, se pronuncie sobre
la incidencia del no cumplimiento del fallo. Ofíciese
Si no se brindan las explicaciones solicitadas, se dará apertura al
incidente sancionatorio respectivo. (...)”
5.2.7. Contra la decisión anterior, el Distrito Capital interpuso recurso de
reposición, en el cual sostuvo que no resultaba necesario rendir informes
semanales sobre las actividades adelantadas para el cumplimiento de los
fallos proferidos en el marco de la acción popular, en la medida en que, de
manera voluntaria, ya se había aportado un cronograma destinado a
17
Ver índice SAMAI nro. 227 del expediente de acción popular nro. 11001-33-31-028-2011-00278-
00.
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atender las obligaciones a su cargo. Dicho recurso fue resuelto por el
Juzgado mediante auto de fecha 21 de marzo de 202518, en el que se
expusieron los siguientes argumentos:
“(...) Obsérvese que el numeral catorce adicionado a la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia, precisó que en un término máximo
de veinte (20) días siguientes a la notificación de ese fallo, debía
presentarse un cronograma de actividades para el desmonte y/o
demolición de los cerramientos, pero de todas maneras garantizar el
acceso inmediato del público por la zona, lo que hasta la fecha no ha
ocurrido pese a los múltiples requerimientos que ha realizado el
Despacho.
Y es que de conformidad con el inciso final del artículo 34 de la Ley 472
de 1998, la autoridad judicial puede requerir a las entidades a cargo del
cumplimiento de las órdenes citadas, los informes necesarios para
determinar los avances en las cargas impuestas.
2. Es por lo anterior, que se torna necesario que la entidad demandada
rinda informes semanales sobre el desarrollo de las actividades fijadas
en el cronograma citado en el auto atacado del 20 de febrero de 2025 y
si bien, dicha programación fue aportada por la Secretaría Jurídica
Distrital, no se trata de una actuación oficiosa, como lo sugiere el
recurrente, sino el acatamiento tardío e injustificado de una decisión
judicial.
En nada contribuye la convocatoria a la audiencia de verificación de
cumplimiento, como lo solicita el censor, cuando las entidades a cargo
de las diversas actividades para la recuperación del espacio público no
han cumplido con las cargas que se les ha impuesto.
Por un lado, la Alcaldía Local de Usaquén no ha adelantado las
actividades pertinentes para recuperar el espacio público y, por otra
parte, la Secretaría Distrital de Planeación no ha informado sobre la
incidencia de no dar curso al procedimiento administrativo de
formalización de que trata el artículo 502 del Decreto Distrital 551 de
2021, que fue ordenado en la citada sentencia, lo que justifica la decisión
atacada.
3. Por lo tanto, considera el Despacho que es pertinente que rindan los
informes con la frecuencia anotada en los que se evidencie gestión
tendiente a acatar las órdenes judiciales previamente citadas, razón por
la cual el auto atacado no se revocará (...)”
5.2.8. El 7 de abril de 2025 se llevó a cabo la diligencia de recuperación del
espacio público comprendido entre la carrera 7D calles 153 a 153 A en la
ciudad de Bogotá D.C., por parte de la Alcaldía Local de Usaquén y el
DADEP.
18
Ver índice SAMAI nro. 234 del expediente de acción popular nro. 11001-33-31-028-2011-00278-
00.
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5.2.9. Mediante providencia del 9 de mayo de 202519, el Juzgado rechazó
por improcedente el recurso de reposición interpuesto por los aquí
accionantes contra el auto del 21 de marzo de 2025 y negó por
improcedente el de apelación, por las siguientes razones:
“(...) 3. Los integrantes del extremo pasivo incluyendo a los
recurrentes, desde un principio, debían dar cumplimiento a la
sentencia de segunda instancia (numeral 14 de la parte
resolutiva de la misma), garantizando la circulación peatonal por
el sector y si en efecto, se hubiera atendido oportunamente esa
decisión judicial, la Alcaldía Local, no hubiera tenido que recurrir
a una operación administrativa que en efecto adelantó, el 7 de
abril de 2025, removiendo los obstáculos que bloqueaban la
carrera 7D.
Pese a la improcedencia del recurso de reposición, conviene anotar que
las órdenes de la sentencia proferida en segunda instancia, transcritas
en el escrito contentivo del recurso, en stricto sensu no corresponden a
lo que se resolvió en ese fallo, porque la recuperación física del espacio
público y la garantía de libre circulación por la zona, no se supeditó al
agotamiento de procedimientos previos no se establecieron obligaciones
interdependientes, sino que se ordenó que se hicieran las visitas
necesarias para establecer las condiciones de seguridad de los peatones
y de todas formas, en el término de tres (3) meses siguientes a la
notificación de esa decisión, retirar las barreras que impedían el libre
tránsito, salvo que la entidad pública a cargo, determinara de manera
justificada que no estaban dadas las condiciones de seguridad para el
efecto, lo que en este caso no ocurrió.
Fueron dos cronogramas elaborados por la Alcaldía Local de Usaquén
para la recuperación del espacio público formulados con espacios de un
año (atendiendo las fechas establecidas en cada cronograma que se citó
en precedencia), el fallo de segunda instancia data del 4 de octubre de
2023 y las barreras que obstaculizaban el espacio público, se retiraron
hasta el 7 de abril de 2025, como fue informado por el Distrito Capital,
poco más de dieciocho (18) meses, tardó la Alcaldía Local de Usaquén
en recuperar el espacio público.
4. En este sentido, este Juzgado rechazará el recurso de reposición
propuesto por improcedente. Respecto del recurso de apelación
subsidiario, el mismo se negará por improcedente atendiendo lo
dispuesto en la misma norma citada. (...)” (Negrita y subrayas fuera del
texto original)
5.3. Análisis de la Sala
5.3.1. De acuerdo con lo expuesto, se advierte que la parte accionante
pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
19
Ver índice SAMAI nro. 245 del expediente de acción popular nro. 11001-33-31-028-2011-00278-
00.
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acceso a la administración de justicia y a la confianza legítima,
presuntamente vulnerados con ocasión a la diligencia de 7 de abril de 2025
donde se efectuó la recuperación del espacio público comprendido entre la
carrera 7D, calles 153 a 153 A, en la ciudad de Bogotá D.C., realizada por
la Alcaldía Local de Usaquén y el DADEP, en el marco de las actividades de
cumplimiento de las sentencias proferidas en el expediente de acción
popular con número único de radicación 11001-33-31-028-2011-00278-
00/01.
El juez de primera instancia declaró la improcedencia de la acción de tutela,
al considerar que no se cumplía con el requisito general de subsidiariedad,
dado que, al momento de proferirse el fallo, aún se encontraba pendiente
de resolución por parte del juez de la acción popular un recurso de reposición
interpuesto por los accionantes. Por tal motivo, estimó que correspondía al
juez de conocimiento pronunciarse en el marco del cumplimiento del fallo
emitido en dicha acción popular y respecto de la protección de los derechos
fundamentales de las partes. Adicionalmente, indicó que no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia de la
acción como mecanismo transitorio de protección.
A su turno, los accionantes en el escrito de impugnación, solicitaron que al
resolverse el recurso interpuesto se emita un pronunciamiento de fondo
sobre la acción de tutela, y se ordene a las entidades demandadas cumplir
con lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia del 4 de octubre de
2023, proferida por el Tribunal en la acción popular precitada.
5.3.2. Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que revisado el estado
de la acción popular a través de la sede electrónica de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo (SAMAI), se advierte que el proceso identificado
con el número único de radicación 11001-33-31-028-2011-00278-00, en el
cual el Juzgado accionado adelanta el trámite de verificación del
cumplimiento de las sentencias de primera y segunda instancia, continúa en
curso.
Ahora bien, alega la parte actora que presentó sus inconformidades ante el
juez popular a través de los recursos de reposición y en subsidio apelación,
medios de impugnación que ya fueron objeto de decisión de manera
desfavorable a sus intereses, lo que habilita la intervención del juez
constitucional para que emita un pronunciamiento de fondo respecto de las
irregularidades que se presentaron en la diligencia para dar cumplimiento a
las sentencias proferidas en el marco de la acción popular.
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto se hizo uso de mecanismos
para controvertir las decisiones adoptadas por el juez popular en el trámite
de verificación de cumplimiento de las sentencias dictadas dentro de dicho
medio de control, lo que eventualmente entendería cumplido el requisito de
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subsidiariedad, esta Sección20 ha señalado que, cuando el proceso se
encuentra en curso, la acción de tutela no resulta procedente para
controvertir decisiones adversas a las partes, en aquellos eventos en los que
no puede establecerse con certeza la incidencia de la presunta irregularidad
procesal en la decisión que ponga fin al proceso, como ocurre en el caso
concreto.
En este punto, se debe resaltar que, a pesar de que ya se profirió sentencia
de primera y segunda instancia en el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos, aún continúa el trámite dirigido a verificar
el cumplimiento de las órdenes proferidas en el fallo hasta culminar con su
ejecución, procedimiento donde el juez popular conserva la competencia
para conocer y verificar las actuaciones dirigidas a obtener dicho
cumplimiento, así como las observaciones o reparos a ese cumplimiento por
quienes intervinieron en el trámite.
En ese orden de ideas, subsiste el incumplimiento del requisito general de
subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que es el juez popular, juez
natural de la causa, quien detenta la competencia para continuar con la
verificación del cumplimiento de las sentencias proferidas el 16 de
noviembre de 2022 y el 4 de octubre de 2023, conforme con el cronograma
establecido para tal fin.
Adicionalmente, se observa que las sentencias dictadas en la acción popular
han sido objeto de seguimiento por parte del Juzgado, quien ha realizado
requerimientos a los demandados dirigidos a materializar las órdenes
impartidas en dichas providencias. En este contexto, la intervención del juez
constitucional en sede de tutela implicaría una injerencia que desborda su
competencia, al sustituir al juez ordinario en el ejercicio de una función que
le es propia, en contravía del carácter subsidiario y excepcional del
mecanismo de amparo.
Por último, cabe señalar que si lo que pretende la parte actora es cuestionar
la operación administrativa realizada por las autoridades demandadas en
cumplimiento de las ordenes emitidas en la acción popular, por considerar
20
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, radicación 11001031500020170300600. “[…] Es necesario reiterar que, por regla
general, cuando el proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para
cuestionar cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos que
contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha
finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta
irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso. || Lo anterior atiende, además,
a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que no
convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son
inciertos, y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable. || En este
sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso del proceso impidan el
acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante,
y ésta carezca de medios judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir
su estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio
de control aún está en trámite. […]”. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de enero
de 2022, C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez, radicación 110010315000202111320-00.
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que les causó un perjuicio, se debe señalar que tampoco es la acción de
tutela el mecanismo procedente, ya que si, en su criterio, se les ha causado
un daño antijurídico deberán acudir al mecanismo de reparación directa.
5.3.3. De otro lado, los accionantes manifestaron la existencia de un
perjuicio irremediable, por cuanto:
“(...) La situación actual configura un perjuicio irremediable, dado el
riesgo constante para la vida y seguridad de los residentes y también de
los transeúntes. La decisión de tutela guardó silencio absoluto sobre lo
que evidencia el registro fotográfico, sobre las órdenes precedentes del
Tribunal administrativo. EL PRONUNCIMIENTO QUE ESPERABA DEL
JUZGADO 28 ADMINISTRATIVO, como faltante para que se cumpliera el
requisito de subsidiariedad, ya se dio y fue negado. Ya no existe razón
fáctica ni jurídica que nos impida acudir a este recurso excepcional, para
que los tutelados no desacaten una sentencia ejecutoriada, compete al
Juez de tutela de segunda instancia proveer, ORDENANDO LA
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y EN CONFORMIDAD,
DISPONER QUE SE CONSTRUYA LA VIA, ANTES DE ABRIR PARA EL
TRANSITO PUBLICO UN ESPACIO QUE IMPLIGA PELIGRO PARA
RESIDENTES Y TRANSEUNTES. (...)”
Sobre este asunto, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional
ha fijado los siguientes criterios a partir de los cuales se debe analizar si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de
amparo constitucional: (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii)
que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que
resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los
hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales.
En el caso concreto, de la lectura y alcance de la demanda inicial como del
escrito de impugnación, no se logra acreditar la existencia de un perjuicio
irremediable, ya que no se evidencia un daño cierto, grave e inminente que
afecte los derechos fundamentales invocados. Por el contrario, se observa
que la parte actora se limita a controvertir la forma en que las autoridades
administrativas han dado cumplimiento a las ordenes impartidas en la acción
popular, así como a cuestionar las órdenes y la forma en que la autoridad
judicial a adelantado la labor de verificación de cumplimiento de las órdenes
proferidas dentro de dicho trámite.
Por último, de lo expuesto por la impugnante no se evidencia que en la
diligencia de recuperación del espacio público ubicada entre la carrera 7D y
las calles 153 a 153A en Bogotá D.C., realizada por la Alcaldía Local de
Usaquén y el DADEP, se amenace o se vulnere alguna garantía fundamental
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que justifique la procedencia transitoria de la presente acción de tutela, ya
que, se insiste, lo que se observa es un desacuerdo en la ejecución de una
orden judicial y en el cumplimiento de un cronograma establecido para la
recuperación del espacio público en acatamiento de dicha orden,
cuestionamientos que corresponden conocer al juez popular y que, por
tanto, escapan de las facultades del juez de tutela.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por las
razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de abril de 2025 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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