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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00803-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00803-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por Vilma del Carmen Marimon López, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos establecidos en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 10 Radicado: 11001-03-15-000-2024-00803-00 Accionante: Vilma del Carmen Marimon López Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00803-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

11 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00803-00
Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2024-00803-00
Accionante: Vilma del Carmen Marimon López
Accionado: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tesis: No es procedente la acción de tutela por incumplir el
requisito de subsidiariedad, cuando el proceso ordinario
aún está en curso y no se acredita un perjuicio
irremediable.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Vilma del
Carmen Marimon López en contra del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Atlántico.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

La señora Vilma del Carmen Marimon López, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Atlántico, con el fin que se le amparen sus derechos fundamentales “[…]
al debido proceso legal, al debido proceso administrativo, a la igualdad, a
la defensa material, a la propiedad privada, a la seguridad jurídica […] y
presunta violación a los derechos humanos, consagrados en la declaración
de los derechos humanos en su artículo 17 […]”, para lo cual formuló las
siguientes pretensiones:

«[…] PRIMERO: Solicitamos muy respetuosamente, al Juez
Constitucional de la causa fundamentada en el art.8 del Decreto
2591/1991, conceder como mecanismo transitorio, para evitar un
perjuicio irremediable; porque se presenta presunta violación al
debido proceso administrativo, el derecho constitucional a la igualad
y a la defensa material (consejo superior de la judicatura, sala de
jurisdicción disciplinaria M.S DR. RUBEN DARIO HENAO OROZCO
sentencia junio 18 del 2004, ref: expediente 2004019090174 ) estoy
aportando las pruebas que existen dos recursos por resolver ante
el superior jerárquico es decir el consejo de estado y el
accionado anticipa mediante auto proferido el 30 de noviembre
de 2023 y notificado por estado el 01 de diciembre de 2023,
dictar sentencia anticipada, violando derecho al debido proceso
administrativo y a la defensa material de los accionante y derecho a
la igualdad art 13 de la Constitución. […]

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00803-00
Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

SEGUNDO: Honorable Juez Constitucional, se encuentran dada (sic)
todos los estándares argumentativos probatorios y constitucionales,
que exige la estructuración de un perjuicio irremediable y que el
Magistrado accionado a omitido y desconocido los recursos que se
encuentran en alzada.

TERCERO: Pedimos muy respetuosamente se protejan y amparen
nuestros derechos constitucionales que han sido vulnerados por el
Magistrado accionado como es el derecho al debido proceso legal, al
debido proceso administrativo, a la igualdad, a la seguridad jurídica a
la propiedad privada, consagrados en los arts. 29, 58, 13, 228, 229
de Nuestra Carta Magna.

Cuando el accionado pierde competencia del art 121 pero el ultimo
parágrafo dice que se aplica a lo proceso contencioso administrativo y
además la ley 1437/2011 art 306 regula la competencia de los
magistrado o jueces contenciosos administrativo. [...]”» (Subrayas y
negrillas por fuera del texto original).

II. SITUACIÓN FÁCTICA

Relata la accionante que radicó ante el Tribunal Administrativo del
Atlántico demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Notariado
y Registro – Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, proceso
que se tramitó bajo el núm. 08-001-23-33-000-2020-00001-00.

Refiere que en la actualidad se encuentra pendiente por resolver por parte
del superior jerárquico del accionado dos medios de impugnación, el
primero, el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que revocó
el decreto de la medida cautelar y, el segundo, el recurso de queja
presentado contra el auto que negó el recurso de apelación contra el
proveído del 2 de febrero de 2023.

Manifiesta que el magistrado sustanciador del Tribunal vulneró su derecho
fundamental al debido proceso al proferir el auto de 30 de noviembre de
2023, por medio del cual corrió traslado a las partes para que presenten
sus alegatos de conclusión y una vencido el término dictar sentencia
anticipada, ya que dicha decisión no es procedente, pues, en su criterio,
desconoce los recursos que están en trámite en el Consejo de Estado.

Señala que el despacho sustanciador ha perdido competencia para
conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, desde el
“[…] 08 de septiembre del 2022, porque transcurrieron más de doce (12)
meses, para dictar sentencia de fondo porque el proferimiento de ese auto
del 30 de noviembre haciendo el ejercicio aritmético han transcurrido 14
meses, como lo ordena el art. 121 del Código General del Proceso y que
en el último parágrafo, dice que aplica y es procedentes aplicarlo a los
procesos contenciosos administrativos”.

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Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. El 23 de febrero de 2024, este despacho admitió la acción de tutela
y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico, así como
vincular al Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y
Registro – Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, por tener
interés en las resultas del proceso.

3.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través del magistrado
sustanciador del proceso que dio origen al presente trámite, solicitó se
niegue el amparo solicitado, al estimar que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia más del proceso ordinario, pues ello
desnaturaliza el fin que persigue.

Mencionó que mediante providencia de 23 de febrero de 2024 el Consejo
de Estado confirmó el auto que resolvió negar la medida cautelar
solicitada.

En cuanto al recurso de queja pendiente de resolución dentro del proceso
ordinario, precisó que el mismo no suspende el proceso, por lo cual ha
adelantado el trámite procesal correspondiente conforme a lo ordenado
en la Ley.

De otro lado, con relación a la pérdida de competencia, precisó que
mediante auto del 8 de febrero de 2024 se refirió a dicha solicitud
negando la misma por no ser procedente, para lo cual trascribió los
fundamentos expuestos en la citada providencia.

3.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó informe en el
que solicita se niegue la presente acción de tutela, de un lado, por no
existir vulneración de los derechos fundamentales invocados, y de otro,
por no acreditar el presunto perjuicio irremediable, ya que la accionante
habla de la existencia de dos recursos pendientes por resolver, pero no
explica su incidencia en el desarrollo del proceso ni en la decisión final.

Sobre los recursos que se encuentran pendientes de resolver, indica:

a) Recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto
de 2 de febrero de 2023, por medio del cual el Tribunal negó la medida
cautelar. El citado recurso de apelación que indica la actora está pendiente
por resolver, fue decidido por el Consejo de Estado el 1 de febrero de
2024, en el sentido de confirmar la decisión recurrida y notificado a las
partes electrónicamente el 19 de febrero de 2024, fecha en la que fue
presentada la acción de la referencia.

b) Recurso de queja interpuesto por la accionante contra la providencia
del 8 de febrero de 2024, que negó el recurso de apelación contra el auto
del 29 de noviembre de 2023, por el cual se corrió traslado para alegar
de conclusión. Señala que no le asiste razón a la accionante al asegurar
que su derecho al debido proceso fue vulnerado al correr traslado para
alegar de conclusión, estando pendiente de resolver por el Consejo de
Estado el recurso de queja, ya que el recurso se concede en el efecto

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Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

devolutivo, por lo cual el juez de la causa no está limitado para continuar
con las etapas procesales subsiguientes.

Respecto de la petición de la accionante de que se declare la pérdida de
competencia de la autoridad judicial accionada para continuar
conociendo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, señala
que resulta infundado el pedimento, toda vez que el término para proferir
la sentencia en el proceso que dio origen a la presente acción se encuentra
regulado por los artículos 179 al 182 del CPACA, por consiguiente, resulta
improcedente acudir a la aplicación del artículo 306 del Código General
del Proceso.

Agrega que ha sido la propia parte actora la que se ha encargado de
dilatar cada una de las etapas procesales desarrolladas, dado que ha
interpuesto injustificadamente recursos que le han sido negados
consecutivamente.

3.4. La Superintendencia de Notariada y Registro, presentó informe
en el que sostiene que la entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales reclamados por la accionante, además de señalar que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener un fallo
favorable a los intereses de la accionante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,
modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, numeral 5, así como
con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de negocios entre las secciones.

4.2. Hechos Relevantes

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.2.1. El 13 de enero de 2020 la accionante presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio de
Justicia y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina
de Instrumentos Públicos de Barranquilla, proceso radicado bajo el núm.
08-001-23-33-000-2020-00001-00, la cual fue admitida el 5 de marzo
de 2020.

4.2.2. Mediante auto del 11 de febrero de 2021, se corrió traslado a las
partes de la medida cautelar, decisión que fue recurrida por la
demandante mediante recurso de reposición, el cual fue rechazado por
improcedente por auto del 9 de septiembre de 2021.

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Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

4.2.3. El 3 de marzo de 2022, se decretó la medida cautelar solicitada
por la parte demandante.

4.2.4. El 8 de septiembre de 2022, en ejercicio del control de legalidad
dispuesto en el artículo 207 del CPACA, el despacho sustanciador procedió
al saneamiento del proceso.

4.2.5. El 2 de febrero de 2023, se resolvió un recurso de reposición contra
la decisión que decretó la medida cautelar, en el sentido de revocar el
auto del 3 de marzo de 2022 y, en su lugar, negar su decreto. La anterior
decisión fue recurrida por la parte demandante y mediante proveído del
2 de marzo de 2023 se concedió en efecto devolutivo el recurso de
apelación ante el Consejo de Estado.

4.2.6. El 27 de abril de 2023, el despacho decidió no reponer el auto
del 8 de septiembre de 2022, mediante el cual saneó el proceso y rechazó
por improcedente el recurso de apelación presentado subsidiariamente
por la parte demandante.

4.2.7. El 22 de junio de 2023, el despacho concedió el recurso de queja
interpuesto por la parte demandante contra el auto del 27 de abril de
2023.

4.2.8. El 29 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión1, decisión contra la cual la
parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, al
estimar que el magistrado ponente perdió competencia para
pronunciarse, toda vez que, de acuerdo con el artículo 121 del CGP, el
proceso se debe tramitar dentro del término de un año, y como no se ha
solicitado ampliación de dicho término, las actuaciones judiciales
posteriores son nulas.

4.2.9. El 1 de febrero de 2024 la Sección Primera del Consejo de Estado,
confirmó el auto proferido por el Tribunal el 2 de febrero de 2023, que
negó la medida cautelar solicitada.

4.2.10. El 8 de febrero de 2024, el Tribunal decidió no reponer el auto
del 29 de noviembre de 2023 y rechazó por improcedente el recurso de
apelación. Como fundamentos de la citada decisión expuso lo siguiente:

“(…) En el presente asunto, la parte demandante por intermedio de
apoderado solicita que se declare la pérdida automática de
competencia para conocer del presente proceso, con fundamento en
el artículo 121 del C.G.P. (…)

1
En el auto que corrió traslado para alegar de conclusión se indicó que las entidades
demandadas y los vinculados al proceso ordinario propusieron la excepción de
caducidad, por lo que “[…] De conformidad con el numeral 3º del artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, es posible en cualquier
estado del proceso dictar sentencia anticipada cuando se acredite cualquiera de las
excepciones allí enlistadas”.

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Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

Sin embargo, tal disposición normativa es incompatible e inaplicable
en esta jurisdicción, pues no existe vacío normativo en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo
que respecta a la duración del proceso y los términos en que se debe
proferir la sentencia, que sugiera acudir a otro cuerpo normativo para
resolver tal aspecto.

En efecto, el artículo 306 señala: “Aspectos no regulados. En los
aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo”.

Tratándose de los términos de instrucción del proceso, la etapa de
juzgamiento y el término para proferir la sentencia, éstos se
encuentran regulados expresamente en los artículos 179 al 182 del
CPACA, por consiguiente, resulta inapropiado acudir al Código General
del Proceso para regular estos aspectos que sí se encuentran
claramente establecidos en el CPACA.

Por otra parte, la Corte Constitucional, sobre el referido asunto ha
dicho que:

“(…) Se tiene entonces como principio general uno, según el cual,
las disposiciones que regulan la sustanciación y ritualidad del
juicio, prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en el
cual deben empezar a regir. En esta medida, entiende la Corte
Constitucional que, en la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
el CPACA al estar hoy en pleno vigor, regula la materia de la
expedición del fallo. Dicho sea de paso, el asunto no está
huérfano, pues si se revisan los procedimientos contemplados en
el CPACA, se observa como regla general en el artículo 181 un
término para llevar a cabo la audiencia de alegaciones y
juzgamientos y, en el artículo 182 se establecen los términos y
condiciones para la expedición del fallo”2.

En este sentido por la naturaleza del proceso no se puede aplicar
el artículo 121 del CGP como lo solicitó la actora, por lo que no
se repondrá el auto impugnado.”

4.3. Análisis de la Sala

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

4.3.1. Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, se tiene lo siguiente:

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

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Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable2.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Por lo tanto, uno de los requisitos que se debe cumplir es el de
subsidiariedad, en la medida que solo resulta procedente cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que
busque evitar un perjuicio irremediable3.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial4: (i) cuando el asunto
está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al
principio de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y
grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para
superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable5.

4.3.2. En el caso concreto, la accionante considera que sus derechos
fundamentales le han sido vulnerados con la decisión del Tribunal de
correr traslado para alegatos de conclusión y continuar con el trámite
dentro del proceso ordinario, ya que, en su criterio, dicha decisión no se
podía proferir en la medida en que estaba pendiente por resolver dos
recursos interpuestos por la actora, uno de apelación y otro de queja.

Adicionalmente, estima que se trasgreden sus derechos, en razón a que
el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Atlántico perdió
la competencia para conocer el medio de control de nulidad y
restablecimiento por haber transcurrido más de 12 meses sin que decida

2
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
3
Sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
5
Sentencia T-150 de 2016.

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Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

de fondo el asunto, lo anterior con fundamento en el artículo 121 del
CGP6.

4.3.3. Revisadas las pruebas aportadas por la apoderada del Ministerio de
Justicia y del Derecho, se advierte que el recurso de apelación que alega
la parte actora está pendiente por resolver dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, fue decidido por esta
Corporación el 1 de febrero de 2024, confirmando la decisión que negó el
decreto de la medida cautelar, notificada electrónicamente a las partes el
19 de febrero de 2024.

Así mismo, se observa que ésta pendiente por resolver el recurso de queja
interpuesto por la parte actora contra el auto que declaró improcedente
el recurso de apelación presentado contra el proveído del 27 de abril de
2023.

De otro lado, se encuentra que el argumento de pérdida de competencia
por parte de la autoridad judicial accionada fue formulado por la
accionante dentro del proceso ordinario como sustento del recurso de
reposición contra la providencia cuestionada, auto que corre traslado para
alegar de conclusión y, respecto del cual el tribunal accionado se
pronunció mediante providencia de 8 de febrero de 2024.

4.3.4. Pues bien, en el presente asunto, la Sala estima que no se cumple
el requisito de procedibilidad de subsidiariedad, en la medida en que en
principio la acción de tutela no procede contra providencias judiciales
cuando el asunto está en trámite, salvo se acredite un perjuicio
irremediable.

En efecto, del recuento de los hechos se advierte que la providencia
censurada, se profirió en el trámite de un medio de control de nulidad y
restablecimiento en el cual aún no se ha dictado sentencia, precisamente,
la decisión censurada es el auto que corre traslado para alegar de
conclusión por estimar que es procedente dictar sentencia anticipada.

6
“Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal,
no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o
única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o
mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo
para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a
partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.
Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la
providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para
conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o
magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia
dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará
directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial.
El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la
sentencia…”

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Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

Ahora, si bien en el proceso se agotaron los recursos ordinarios contra el
proveído cuestionado, lo que eventualmente entendería cumplido el
requisito de subsidiariedad, esta Sección7 ha indicado que en los casos en
lo que el proceso está en curso, la acción de tutela no es procedente para
cuestionar las decisiones adversas a las partes, cuando no se puede tener
certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso, como sucede en el caso concreto.

Por otra parte, la Sala no advierte que la accionante haya justificado la
configuración del perjuicio irremediable que de manera excepcional
permitiera estudiar el fondo del asunto.

En este asunto, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional
ha fijado los siguientes criterios a partir de los cuales se debe analizar si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un
perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del
mecanismo de amparo constitucional: (i) que el perjuicio se produce de
manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño
es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el
sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que
la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.

Pues bien, al revisar el contenido y alcance del escrito de tutela, se
observa que, aunque el actor alega en reiteradas oportunidades que
presenta la solicitud de amparo con el fin de evitar un perjuicio
irremediable, lo cierto es que más allá de indicar que con la actuación del
juzgado se vulneran sus derechos, no explica de manera clara y concreta
en qué consiste el supuesto perjuicio irremediable.

En efecto, el accionante se limita a indicar las razones por las cuáles, en
su criterio, la autoridad judicial accionada no podía continuar con el
trámite del proceso ordinario, de un lado, por estar pendiente la decisión

7
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación 11001031500020170300600. “[…] Es
necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se encuentra en
curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión
adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha
finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa
presunta irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso. || Lo
anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como una
tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite de los
procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable. || En este sentido, solo en el
evento en que las presuntas irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a
la administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte
accionante, y ésta carezca de medios judiciales de defensa al interior del proceso,
resultaría procedente asumir su estudio en sede de tutela, situación que no se presenta
en el caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en trámite. […]”.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de enero de 2022, C.P. doctor
Hernando Sánchez Sánchez, radicación 110010315000202111320-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00803-00
Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

de recursos que interpuso dentro de la actuación y, de otro, por la
supuesta falta de competencia del tribunal accionado, argumentos que
por sí solos no evidencian un daño o afectación cierta e inminente a un
derecho fundamental del accionante que demande de manera urgente e
inmediata la intervención del juez constitucional. Por el contrario, lo que
se advierte es que existe un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que actualmente se encuentra en curso, en
el cual se han hecho uso de diferentes mecanismos procesales para el
ejercicio de los derechos, en el que está pendiente de proferir una decisión
de primera instancia en donde se estudien las pretensiones, excepciones
y las pruebas allegadas por quienes intervienen en el proceso, y una vez
esta sea dictada, se podrán interponer los recursos ordinarios e incluso
extraordinarios que están previstos en el ordenamiento jurídico con el fin
de cuestionar las decisiones que allí se adopten.

Así las cosas, los argumentos expuestos en el escrito de demanda no
acreditan un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional en un proceso que aún no ha culminado, sino que, lo que
se avizora es la intervención de dicho juez para interpretar y aplicar
disposiciones que corresponden al juez natural de la causa.

Por lo anterior, para la Sala la solicitud de amparo es improcedente por
cuanto no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que
el proceso ordinario se encuentra en trámite y no se acreditó un
perjuicio irremediable, por lo que una intervención del juez
constitucional afectaría el principio de independencia judicial y juez
natural del caso.

En el anterior contexto, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por Vilma del Carmen Marimon López, al no cumplirse
el requisito de procedibilidad de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
promovida por Vilma del Carmen Marimon López, de conformidad a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia
en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, en los términos establecidos en
el inciso 2° del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00803-00
Accionante: Vilma del Carmen Marimon López

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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